LA CONVENCION DE OCAÑA 1828

Luis Javier Caicedo, Alicia Trujillo de Epps y María Victoria Anzola de Pineda
(Compiladores)

Tomos I, II y III (Obra completa)

ISBN: 958-643-000-6 (Obra completa)

Nota de la Edición: Tomado de la Edición de la Fundación para la Conmemoración del Bicentenario del Natalicio y el Sesquicentenario de la Muerte del General Francisco de Paula Santander; Biblioteca Presidencia de la República. Administración César Gaviria Trujillo. Santafe de Bogotá, 1993.

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Tomo I
1. Presentación XIII-XXI
2. Índice Onomástico 342-372
3. Índice Toponímico 373-381
4. Índice Temático 382-394
5. Cronología 395-405

Tomo II
1. Presentación XIII-XXI
2. Índice Onomástico 304-313
3. Índice Toponímico 314-319
4. Índice Temático 320-332
5. Cronología 333-343

Tomo III
1. Presentación XIII-XXI
2. Índice Onomástico 306-318
3. Índice Toponímico 319-3
25 4. Índice Temático 326-337
5. Cronología 339-349

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TABLA DE CONTENIDO


PRIMERA PARTE
Actas de las sesiones de la gran convención, 2 de marzo a 11 de junio de 1828
Registro oficial de los actos de la gran convención de la República de Colombia
Acta
Sesión del día 3 de marzo
Sesión del día 4 de marzo
Sesión del día 5 de marzo
Sesión del día 6 de marzo
Sesión del día 7 de marzo
Sesión del día 8 de marzo
Sesión del día 10
Sesión del día 10 de marzo
Sesión del día 12 de marzo
Sesión extraordinaria de la noche del 17 de marzo
Sesión del día 18 de marzo
Sesión del 22 de marzo
Sesión del 26 de marzo
Sesión del 28 de marzo
Sesión del miércoles 2 de abril
Sesión del 9 de abril
Acta de la instalación
Acta de la sesión del 10 de abril
Acta del día 11 de abril
Acta del día 8 de mayo
Sesión del día 6 de junio
Acta de la sesión del día 7 de junio
Sesión del día 9 de junio
Acta de la sesión del día 11 de junio
Acta del 11 de junio

SEGUNDA PARTE
Documentos antecedentes, concomitantes y posteriores a la gran convención, 21 de agosto de 1826 a 4 de abril de 1828
1. Sobre las actas de Quito y Guayaquil
2. Sobre los sucesos de Quito y Guayaquil
3. Refutación a la rebelión de Venezuela
4. Notas de la Gaceta sobre las municipalidades
5. Notas de la Gaceta de Colombia sobre los negocios políticos del día
6. Acta de Guayaquil
7. Acta de Panamá
8. Refutación del acta de Guayaquil
9. Acta de Ibagué
10. Acta de la villa de Margarita
11. Acta de Zulia
12. Acta de Caracas
13. Acta de Puerto Cabello
14. El Libertador somete a sus ordenes unos departamentos de Venezuela y promete la gran convención
15. José Antonio Páez acata la autoridad del Libertador y suspende la convención de Venezuela
16. Guayaquil apoya la gran convención
17. Indicaciones para el bien público
18. Mensaje del vicepresidente de Colombia, encargado del gobierno, al congreso de 1827 17°
19. Se publica El conductor
20. Oposición a las reformas
21. Proclama del Libertador
22. Proyecto de ley que convoca a la gran convención. Objeciones de Santander
23. El congreso convoca a la gran convención
24. Reglamento de las elecciones de los diputados a la gran convención
25. Circulares a los intendentes
26. Resolución sobre la reunión del congreso de 1828. Cámara de representantes
27. Acta de la provincia de Manaví
28. Sobre la reunión del congreso en 1828. Comunicación del senado al presidente encargado
29. Indice de las leyes y decretos expedidos por el congreso en la sesión del año de 1827 y sancionadas por el presidente encargado
30. Cálculo en leguas para pago de viáticos a los diputados
31. Elección de diputados por las diferentes provincias
32. Dificultades de los representantes de Ecuador para concurrir a Ocaña
33. Memorial de Quito a la gran convención
34. Excusa del diputado Vélez
35. Dificultades de los diputados de Quito para concurrir a Ocaña
36. Exposición de la división del Magdalena del ejército a la gran convención
37. La convención requiere la concurrencia inmediata de los diputados
38. Memorial de Caracas a la gran convención
39. Representación del jefe y oficialidad de la columna ligera de auxiliares de Caracas
40. Representanción del comandante de Victoria
41. Representación del jefe y oficiales del regimiento de caballería de húsares de Valencia
42. Representación del batallón de milicias de San Felipe
43. Representación del jefe y oficiales del escuadrón número 1, granaderos a caballo de La Guaira
44. Representación de los jefes y oficiales del batallón de milicias regladas del cantón de Quibor
45. Acta de la municipalidad de San Felipe
46. Exposición del comandante del circuito y oficiales del batallón número 6
47. Exposición de los padres de familia y patriotas de Valencia a la gran convención
48. Exposición del comandante y oficiales del 8° batallón de Nirgua
49. Padilla se dirige a la convención
50. Decreto del Libertador sobre las facultades extraordinarias
51. Representación del general Páez a la gran convención
52. Acta de la municipalidad de Cumaná
53. El director de la comisión de la gran convención de Colombia remite al poder ejecutivo copias de las actas de la comisión
54. Oficio del director Soto a Padilla
55. Representación de los vecinos y empleados de Bogotá a la gran convención
56. Representación de los habitantes de Boyacá a la gran convención
57. Representación de la corte de Popayán a la gran convención

58. Representación de la municipalidad y habitantes de Popayán a la gran convención
59. Mensaje del Libertador para el presidente de la convención, relativo a la calificación del doctor Miguel Peña
60. Mensaje del Libertador a la gran convención referente a Padilla
61. Opinión de Francisco de Paula Santander sobre la calificación del doctor Miguel Peña
62. Representación de dos diputados de Tunja al Libertador respecto de sus credenciales
63. Representación dirigida por los militares del departamento del Cauca a la gran convención
64. La gran convención declara la necesidad de reformar la constitución y elige dignatarios
65. Representación de Cartagena a la gran convención
66. Alocución dirigida por la convención a los habitantes de la República
67. Lista de los sujetos notables del centro de Popayán y Cartagena, que no han firmado las actas que se dirigieron de esa ciudad a la gran convención
68. Comunicación dirigida por la gran convención al Libertador presidente
69. Comunicación a los intendentes de la instalación de la gran convención
70. Representación de Cuenca a la gran convención
71. Oficio del presidente de la convención al Libertador presidente
72. Representación del ejército del sur a la gran convención
73. Representación de Guayaquil al Libertador
74. Reglamento para la gran convención nacional
75. Reelección de José Ignacio Márquez a la presidencia de la convención
76. Oficio del presidente de la convención al Libertador presidente
77. Opinión de Francisco de Paula Santander sobre la invitación al Libertador para que viaje a Ocaña
78. Representación de Otabalo a la gran convención
79. Representación del Chimborazo a la gran convención
80. Circular del secretario del interior al intendente de Venezuela
81. Acta de la municipalidad de Valencia respecto a la calificación de Miguel Peña
82. Comisión para formar el proyecto de constitución
83. Informe de la comisión de reformas a la constitución al presentar su trabajo
84. Proyecto de constitución del 21 de mayo de 1828
85. Observación al proyecto de constitución formado por el señor Castillo
86. Representación del cantón de Daule a la gran convención
87. Acuerdo de la corte superior de justicia de Venezuela para que se examine su desempeño
88. Proyecto de constitución del 28 de mayo de 1828
89. Calificación del diputado Suárez
90. Opinión de Francisco de Paula Santander acerca de la reforma del gobierno
91. Retiro de diputados de la gran convención
92. Santander, Soto y Azuero solicitan separarse de la gran convención
93. Memorial de varios diputados para evitar la disolución de la gran convención
94. Proyecto de reforma a la constitución del 6 de junio de 1828
95. Opinión de algunos diputados sobre el retiro de Santander, Soto y Azuero
96. Contestación de Santander
97. Veinte diputados se retiran de la gran convención
98. El Libertador consulta al consejo de gobierno
99. Proclama del general Herrán en Bogotá
100. Acta de pronunciamiento de Bogotá que desconoce la convención de Ocaña
101. Acta del cantón de Zipaquirá
102. Aviso de los intendentes de Venezuela sobre la disolución de la gran convención
103. El consejo de gobierno responde al Libertador
104. El Libertador presidente se dirige a Bogotá
105. Informe del secretario del Libertador sobre los sucesos de Ocaña

106. Juramentos sobre el acta de Bogotá
107. Noticia sobre el acta del 13 de junio de 1828
108. El Libertador aprueba el acta de Bogotá
109. Nota de envío de documentos sobre la disolución de la gran convención
110. Acta de la municipalidad del cantón del Socorro
111. Acta de la municipalidad de Chiquinquirá
112. Acta de la parroquia de Viotá
113. Acta de la municipalidad de Piedecuesta
114. Recomendación de los intendentes para mantener el orden
115. Acta de la parroquia de Guateque
116. Acta de la parroquia de Nilo
117. Acta de la municipalidad de Cartagena
118. Acta del cantón de Bucaramanga
119. Acta de Mariquita
120. Acta del cantón de Guaduas
121. Proclama del intendente del Cauca
122. Acta de la municipalidad de Ríohacha
123. Acta de la municipalidad de Marinilla
124. Acta de la municipalidad de Mérida
125. Adhesión de los eclesiásticos al acta de Mérida
126. Acta de la ciudad de Antioquia
127. Acta de la municipalidad de Panamá
128. Acta de la municipalidad de Barinas
129. Acta de la ciudad de Pasto
130. Acta de la municipalidad de Guayaquil
131. Acta de la municipalidad de Ibarra
132. Proclama del jefe superior del sur
133. Proclama del jefe superior de Venezuela
134. Acta de la municipalidad del Chimborazo
135. Acta de la municipalidad de Santiago
136. Acta de la municipalidad de Cuenca
137. Acta de la municipalidad de Portoviejo
138. Acta de la municipalidad de Loja
139. Acta de la municipalidad de Puerto Cabello
140. Comunicación del intendente de Azuay
141. Acta de San Martín
142. Proclama del comandante general del Orinoco
143. Oficio sobre expulsión de Martín Tovar y Tovar
144. Nota del general Páez al secretario del interior
145. Acta de la municipalidad de La Grita
146. Pronunciamiento de la capital de Cumaná invistiendo de la autoridad suprema a su excelencia el Libertador
147. Decreto que debe servir de ley constitucional del estado hasta el año de 1830
148. Martín Tovar pide se revoque su expulsión, la que se confirma
149. Proclama del gobernador de Apure
150. Proclama del comandante de Cartagena
151. Proclama del intendente de Cartagena

TERCERA PARTE
Correspondencia oficial y privada referente a la gran convención, 18 de agosto de 1827 a 9 de junio de 1828
1. De J. Padilla a Santander. 1827 (18/7), Cartagena
2. De José Fernández Madrid a Santander. 1827 (6/12), sin lugar
3. De Antonio José de Sucre a Santander. 1827 (20/12), Chuquisaca
4. De Santander a Rufino Cuervo. 1827 (22/12), Hacienda de Hato Grande
5. De Alejandro Vélez a Santander. 1827 (26/12), Filadelfia
6. De Santander a P.A. García. 1827 (29/12), Bogotá
7. De Felipe S. Perdomo a Santander. 1827 (30/12), Pore
8. De J. Elias Puyana a Santander. 1827 (30/12), Pamplona
9. De José María Céspedes a Santander. 1827 (31/12), Neiva
10. De J.J. Patria a Santander. 1828 (1/1), Nunchía
11. De Andrés M. Gallo a Santander. 1828 (2/1), Tunja
12. De Cristóbal de Vergara a Santander. 1828 (7/1), Tunja
13. De Santander a Rufino Cuervo. 1828 (8/1), Bogotá
14. De Santander a José Fernández Madrid. 1828 (14/1), Bogotá
15. De Juan N. Tojiano a Santander. 1828 (2/1), Pamplona
16. De Santander a Juan Madiedo. 1828 (18/1), Bogotá
17. De Santander a Vicente Azuero. 1828 (18/1), Bogotá
18. De Santander a un miembro de la gran convención, sin fecha, sin lugar
19. De Santander a Juan Madiedo, 1828 (19/1), Bogotá
20. De Juan M. Ortega a Santander. 1828 (21/1), Tunja
21. De Santander a Estanislao Vergara. 1828 (26/1), Bogotá
22. De Bolívar a José Antonio Páez. 1828 (30/1), Bogotá
23. De Alejandro Vélez a Santander. 1828 (4/2), Filadelfia
24. De Santander a Rufino Cuervo. 1828 (8/2), Bogotá
25. De J. Padilla a Santander. 1828 (9/2), Cartagena
26. De la municipalidad de Santa Marta a Santander.1828 (24/2), Valledupar
27. De Santander a Juan Madiedo. 1828 (29/2), Ocaña
28. De J.J. Gori a José Manuel Restrepo. 1828 (3/3), Ocaña
29. De Santander a señores de la comisión. 1828 (10/3), Ocaña
30. De Santander a Juan Madiedo. 1828 (10/3), Ocaña
31. De J.J. Gori a José Manuel Restrepo. 1828 (10/3), Ocaña
32. De Santander a señores de la comisión. 1828 (11/3), Ocaña
33. De Florentino González a Santander. 1828 (13/3), Bogotá
34. De Arganil a Santander, sin fecha, sin lugar
35. De Santander a Juan Madiedo. 1828 (17/3), Ocaña
36. De Santander a Alejandro Vélez. 1828 (17/3), Ocaña
37. De J.J. Gori a José Manuel Restrepo. 1828. (17/3), Ocaña
38. De Santander al arzobispo de Bogotá, 1828 (24/3), Ocaña
39. De J.M. del Castillo a José Manuel Restrepo. 1828 (24/3), Ocaña
40. De J.J. Gori a José Muel Restrepo. 1828 (24/3), Ocaña
41. De José Manuel Restrepo a Santander. 1828 (29/3), Bogotá
42. De J.J. Gori a José Manuel Restrepo. 1828 (1/4), Ocaña
43. De Francisco Montoya a José Manuel Restrepo. 1828 (10/4), Ocaña
44. De J.J. Gori a José Manuel Restrepo. 1828 (10/4), Ocaña
45. De Francisco Montoya a José Manuel Restrepo. 1828 (10/4), Ocaña
46. De Santander a Rufino Cuervo. 1828 (17/4), Ocaña
47. De J.J. Gori a José Manuel Restrepo. 1828 (17/4), Ocaña
48. De Santander a Vergara. 1828 (24/4), Ocaña
49. De J.J. Gori a José Manuel Restrepo. 1828 (24/4), Ocaña
50. De Santander a los colombianos. 1828 (28/4), Ocaña
51. De Santander a Rufino Cuervo. 1828 (1/5), Ocaña
52. De Santander a los miembros de la convención. 1828 (1/5), Ocaña
53. De J.J. Gori a José Manuel Restrepo. 1828 (1/5), Ocaña
54. De Francisco Montoya a José Manuel Restrepo. 1828 (1/5), Ocaña
55. Resultado de una votación. 1828 (2/5), véase nota
56. De Santander a Juan J. Flores. 1828 (10/5), Ocaña
57. De J.M. del Castillo a José Manuel Restrepo. 1828 (10/5), Ocaña
58. De J.J. Gori a José Manuel Restrepo. 1828 (10/5), Ocaña
59. De Pedro Briceño Méndez a Bolívar. 1828 (13/5), Ocaña
60. De J.J. Gori a José Manuel Restrepo. 1828 (17/5), Ocaña
61. De J.J. Gori a José Manuel Restrepo. 1828 (24/5), Ocaña
62. De Francisco Montoya a José Manuel Restrepo. 1828 (24/5), Ocaña
63. De J.J. Gori a José Manuel Restrepo. 1828 (1/6), Ocaña
64. De Santander al presidente y honorables diputados de la gran convención. 1828 (5/6), Ocaña
65. De Santander a la gran convención. 1828 (6/6), Ocaña
66. De Santander a los honorables diputados de la gran convención. 1828 (9/6), Ocaña
67. De J.J. Gori a José Manuel Restrepo. 1828 (9/6), Ocaña

 




PRIMERA PARTE

Actas de las sesiones de la Gran Convención, 2 de marzo a 11 de junio de 1828.


REGISTRO OFICIAL DE LOS ACTOS DE LA GRAN CONVENCION DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

1

Aviso oficial

      El gobierno ha dispuesto, de acuerdo con lo determinado por la gran convención, que las actas y resoluciones de aquel cuerpo se publiquen por separado. Así es que en lo sucesivo se irán imprimiendo las actas y otros documentos que se nos remitan en un papel destinado a este solo objeto, que titularemos: "Registro oficial de los actos de la gran convención de la República de Colombia". Los que ya se han dado a luz se reimprimirán también en la misma forma de este número, para que reunidos hagan una colección completa de los actos de la convención nacional, y den una idea exacta del resultado de los trabajos de esa asamblea. El registro se publicará numerado y no tendrá día fijo, pero en lo posible procuraremos que salgan los jueves de cada semana, a no ser que otra cosa exija la abundancia o falta de documentos de la gran convención.

   República de Colombia. Ocaña, 3 de marzo de 1828.


   Al excelentísimo señor Libertador presidente de la República.

   Excelentísimo señor:

      Ayer a las once de la mañana, reunidos en la sala municipal los diputados a la gran convención, quienes nos hallábamos presentes en esta ciudad, hemos tenido el honor de dar principio al cumplimiento de los deberes que nos impone la ley de 29 de agosto del año último, procediendo a la instalación de la comisión que ha de examinar los registros de todas las asambleas electorales y extender informes sobre cada una de las elecciones; así como también dictar providencias para compeler a los ausentes para su pronta venida a esta ciudad.

   Procedemos igualmente, con la debida oportunidad, a la elección de director cuyo nombramiento recayó en el que suscribe esta comunicación.

      Los diputados reunidos han juzgado uno de sus principales deberes poner esta noticia en conocimiento del gobierno, esperando habrá de tener vuestra excelencia la bondad de prevenir se le dé la publicidad posible por los medios acostumbrados.

   Dios guarde a vuestra excelencia. Excelentísimo señor.

Francisco Soto.


ACTA

      En la ciudad de Ocaña, a 2 de marzo de 1828 18°, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 37 de la ley de 29 de agosto de 1827, se reunieron en la sala de la municipalidad, por no estar concluido el local destinado para las sesiones de la gran convención, los diputados que se hallan presentes en esta ciudad, a saber:

      Los señores Francisco de Paula Santander, Luis Vargas Tejada y José Félix Merizalde, diputados por la provincia de Bogotá; Valentín Espinal, por la de Caracas; Rafael Hermoso, por la de Coro; Juan Bautista Quintana, por la de Mompós; José Concha, por la de Pamplona; Santiago Mazenet y José María Salazar, por la de Santa Marta; Manuel Baños, por la del Socorro; Francisco Soto y Ezequiel Rojas, por la de Tunja, y resultando que no existía el número requerido por el artículo 38 de la ley citada para instalarse la gran convención, se procedió a la elección de director, con arreglo al artículo 37, y hecho el escrutinio de la votación que produjo 12 votos, número igual al de los diputados presentes, resultaron aquellos distribuidos en esta forma: nueve en el señor Francisco Soto y uno en cada uno de los señores Valentín Espinal, Francisco de P. Santander y Luis Vargas Tejada. En consecuencia, se declaró electo director al expresado señor Soto, quien tomó posesión, dando las gracias por el honor que acababa de conferirle la diputación y seguidamente manifestó la necesidad de que se nombrase un diputado encargado de llevar el registro de los procedimientos de esta, cuya indicación fue aprobada por los señores diputados, y practicada la votación resultó electo el diputado Luis Vargas Tejada, por diez votos, estando los dos restantes distribuidos en los señores Espinal y Quintana.

      El señor director expuso luego que supuesto que se halla presente el número de diputados requerido por el artículo 35 de la sobredicha ley para formar la comisión que debe examinar los registros de las elecciones practicadas por las asambleas electorales, debía proceder la diputación en calidad de tal comisión al desempeño de sus funciones, y al efecto hizo la proposición "de que se dirigiese a la municipalidad de esta ciudad una comunicación pidiéndole los pliegos que contienen los expresados registros con un índice de aquellos", y aprobada que fue esta proposición, se presentó el proyecto de comunicación, y obtuvo igualmente la aprobación de los señores diputados, previo un ligero debate. También se convino, por votaciones expresas, en que dicha comunicación se firmase por todos los diputados presentes, por el orden alfabético de las provincias que representan, observándose el mismo orden en todos los casos semejantes.

      Finalmente se resolvió, en conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 ya citado, que se oficiase a las autoridades competentes con el objeto de acelerar la marcha de los respectivos diputados; y que se tenga sesiones desde las nueve hasta las dos de la tarde; comenzando desde el día de mañana. Con esto levantó la sesión el señor director, firmando esta acta todos los diputados presentes. El director, Francisco Soto, diputado por Tunja; Francisco de Paula Santander, diputado por Bogotá; Luis Vargas Tejada, diputado por Bogotá; José Félix Merizalde, diputado por Bogotá; Valentín Espinal, diputado por Caracas; Rafael Hermoso, diputado por Coro; Juan Bautista Quintana, diputado por Mompós; José Concha, diputado por Pamplona; Santiago Mazenet, diputado por Santa Marta; José María Salazar, diputado por Santa Marta; Manuel Baños, diputado por Socorro; Ezequiel Rojas, diputado por Tunja; los señores diputados Joaquín Gori, Romualdo Liévano y Francisco López Aldana, por la provincia de Bogotá; Angel María Flórez, por la del Socorro, y Diego Fernando Gómez, por la de Tunja, se han incorporado hoy a la comisión, y se expresa por acuerdo de la misma, para la debida constancia.

   Ocaña, 2 de marzo de 1828 18°.

El director,

Francisco Soto.


   República de Colombia. Ocaña, 10 de marzo de 1828 18°.

   El señor secretario de Estado del despacho del interior.

   La comisión encargada de presentar a la próxima gran convención informes sobre las elecciones de diputados hechas por las asambleas electorales de las provincias de la República, ha acordado lo siguiente:

   "Que se remitan al supremo poder ejecutivo copias de las actas de la comisión para su inmediata publicación por medio de la imprenta".

   En consecuencia, tengo el honor de acompañar a vuestra señoría cinco copias de las indicadas actas, esperando se sirva obtener del supremo poder ejecutivo la orden conveniente para que se cumpla con la resolución preinserta.

   Dios guarde a vuestra señoría.

El director,

Francisco Soto.


SESION DEL DIA 3 DE MARZO

      Reunidos los señores diputados presentes en esta ciudad, a saber: los señores director Francisco Soto, Francisco de Paula Santander, Luis Vargas Tejada, Joaquín Gori, Romualdo Liévano, Francisco López Aldana, José Félix Merizalde, Valentín Espinal, Rafael Hermoso, Juan Bautista Quintana, Santiago Mazenet, José María Salazar, Angel M. Flórez, Diego Fernando Gómez, Ezequiel Rojas, faltando el señor Concha que se halla enfermo y el señor Baños. Abrió el señor director la sesión y se leyó y aprobó el acta de la precedente. El señor López Aldana expuso que él y sus compañeros, los señores Gori, Liévano. Flórez y Gómez habían hecho todo cuanto había estado de su parte para hallarse en esta ciudad el día designado por la ley para la instalación de la gran convención, y que aunque los obstáculos que habían encontrado en su marcha no les habían permitido llegar a tiempo oportuno para concurrir a la reunión de ayer, sin embargo se habían presentado en esta ciudad en el discurso del mismo día, y suplicaban se expresase en el acta para la debida constancia en todo tiempo. En consecuencia de esta exposición, fijó el diputado Vargas Tejada la proposición siguiente: "Que por una adición al acta de la sesión de ayer se exprese la llegada a esta ciudad, en el mismo día, de los señores Gori, Liévano, López Aldana, Flórez y Gómez"; y apoyada por los señores Santander y Espinal, se puso a votación y quedó resuelta afirmativamente.

      En seguida se enteró la diputación de una comunicación de la municipalidad de esta ciudad, en que contestaba a la que se le dirigió ayer pidiéndole los pliegos de elecciones, y acompañaba dichos pliegos con el índice de ellos, por el cual se manifiesta que existen los registros de las provincias de Antioquia, Apure, Barcelona, Barinas, Bogotá, Buenaventura, Carabobo, Cartagena, Casanare, Coro, Cuenca, Cumaná, Chocó, Imbabura, Maracaibo, Mariquita, Mérida, Mompós, Neiva, Pamplona, Panamá, Pasto, Pichincha, Popayán, Riohacha, Santa Marta, Socorro, Tunja y Veraguas, y se acordó, a moción del señor Merizalde, apoyada del señor Santander, "que se dirigiesen inmediatamente comunicaciones pidiendo los que faltan". El señor director hizo presente la necesidad absoluta que había de un reglamento provisorio para conservar el orden en los procedimientos de la comisión, e indicó que se podía adoptar, con aquella calidad, el que acordó para su régimen interior el congreso constituyente. El señor Santander, apoyado por los señores Merizalde y Espinal, redujo esta indicación a una proposición que se votó y quedó aprobada en estos términos: "Se adopta el reglamento del congreso constituyente como provisorio para el régimen parlamentario de la comisión, en cuanto sea compatible con las funciones que la ley le atribuye". El señor director presentó el proyecto de comunicación que se ha de dirigir al poder ejecutivo dándole noticia de la instalación de la comisión, y este proyecto fue aprobado; como también el de la comunicación que se propuso al intendente del Magdalena, pidiéndole a la mayor brevedad la imprenta y taquígrafos, que se supone habrá recibido orden del gobierno para remitir a esta ciudad, y se resolvió además, a moción del señor Merizalde, apoyada de los señores López Aldana y Gori, que se oficiase igualmente con urgencia al poder ejecutivo sobre el mismo objeto, con el fin de que si no ha dado aquella orden, disponga la remisión de una de las imprentas de Bogotá.

      Luego presentó el señor director otro proyecto de oficio al gobernador de Mompós, pidiéndole los enseres que necesita la comisión y la próxima convención, y fue igualmente aprobado, acordándose, a moción del diputado Vargas Tejada, apoyada por los señores Hermoso y Merizalde, autorizar al señor director para que tome por sí las providencias ulteriores que sean necesarias para la consecución de dichos enseres. Finalmente, se dio cuenta de la minuta de la comunicación circular que, con arreglo a lo acordado ayer, debe pasarse a los gobernadores de las provincias con el objeto de que aceleren la marcha de los diputados que no han concurrido a esta ciudad.

      El señor Merizalde, apoyado del señor López Aldana, propuso que se modificase el proyecto, adicionando la disposición de que se compela con las multas que expresa la ley a los diputados que no tengan excusa legítima; esto dio lugar a una considerable discusión, durante la cual propuso el señor Santander, apoyado de varios señores, que se resolviese, como cuestión previa, si la facultad de compeler con multas compete al director o a la diputación mediante a [puesto] que el artículo 37 del reglamento de elecciones ha sido entendido de diverso modo por algunos diputados, y fijada la moción sobre el particular, quedó acordada en estos términos: "Cualesquiera providencias que se dicten sobre multas a los diputados no concurrentes, corresponde a la diputación". Resuelta la cuestión previa, se procedió a votar la principal, es decir, la adición de los señores Merizalde y López Aldana, reducida a una proposición general, en estos términos: "¿En caso de que se dirijan comunicaciones a los gobernadores con el objeto de hacer venir a los ausentes se autorizará a aquellos para compelerlos con multas?", y la resolución fue negativa por nueve votos contra seis. Seguidamente fue aprobada la primitiva minuta de comunicación con la adición propuesta por el señor Gómez de las palabras siguientes: "dando cuenta inmediata del resultado". Al tiempo de procederse a la apertura de los registros, manifestó el señor Rojas: que supuesto que las funciones que iban a desempeñarse eran peculiares de la comisión que ha de examinar dichos registros, debía resolverse previamente si son miembros de ella todos los miembros que concurran a Ocaña, además de los 12 que asistieron a la instalación, pues el artículo 35 del reglamento de elecciones da margen a dudas sobre el particular. En virtud de esta indicación fijó el diputado Vargas Tejada, apoyado del señor Santander, la moción siguiente: "Los diputados que llegaren en adelante a esta ciudad, además de los 12 que se hallaron en la sesión de ayer, son miembros de la comisión que debe extender los informes sobre las elecciones". El señor Gómez la modificó en estos términos: "En observancia del artículo 35 de la ley de 20 de agosto del año último, que no limita al número de 10 individuos la comisión que ha de extender los informes sobre las elecciones, se declara que deben concurrir a ella los diputados que se hallan y se hallaren en adelante en esta ciudad", y apoyada por el diputado Vargas Tejada se puso a votación y fue aprobada, sin contarse los votos de los señores que se incorporaron hoy y a quienes se eximió de votar en la materia, a su propia solicitud.

      El señor director, apoyado de varios señores, hizo la moción para que ningún diputado pueda estar presente en la discusión y votación sobre el informe relativo a su propia elección, y fue aprobada por unanimidad. Luego se tuvo un corto debate sobre si debía extenderse su disposición a los actos que versen sobre la elección en general de la provincia en que haya sido elegido el diputado respectivo; y finalmente, con arreglo a las indicaciones hechas en la discusión, modificó la moción el diputado Vargas Tejada, apoyado del señor Gómez, en estos términos: "Ningún diputado podrá hallarse presente en el examen de los registros de la provincia que representa", y puesta a votación, resultó aprobada.

      A moción del señor Santander se acordó que el señor director designase dos diputados que al tiempo de examinarse los registros en la comisión lleven el cómputo de los sufragios y comparen las sumas con el resultado de las elecciones. El señor director nombró a los señores Liévano y López Aldana, y se dio principio a la apertura de los registros por el de Antioquia, según el orden alfabético adoptado por regla general en la sesión de ayer. Pero antes que se entrase en su examen, se suscitó la cuestión de si los informes de la comisión deben limitarse a las formalidades de la elección, como sostuvo el señor Espinal, o si pueden extenderse a las cualidades del individuo electo, según opinaron otros tres diputados. Esto dio lugar a un largo debate y, una vez terminado, lo sometió el señor director a votación, en estos términos: "los informes que acuerde la comisión sobre las elecciones se extenderán a las fórmulas de las mismas y a las cualidades del electo", y resultó afirmada por 14 votos contra dos, salvando el suyo el señor Espinal en cuanto a la segunda parte. Con lo cual, siendo ya tarde, levantó la sesión el señor director.

El director,

Francisco Soto.

El diputado encargado de la redacción,

Luis Vargas Tejada.


SESION DEL DIA 4 DE MARZO

      Abierta la sesión por el señor director, con el número suficiente de diputados, habiéndose incorporado además el señor Manuel Cañarete, nombrado por la provincia de Mompós, se leyó y aprobó el acta de la sesión precedente. El señor director hizo moción para que se pidiese a la municipalidad de esta ciudad una persona de su confianza que desempeñe provisionalmente las funciones de portero de la diputación, con advertencia de que la convención le asignara la gratificación que corresponda; y apoyada esta moción por los señores Santander, Liévano y López Aldana, se votó y fue aprobada. El señor Santander hizo dos proposiciones: primera, que los informes sobre las cualidades de los diputados electos que han de presentarse a la convención, conforme a lo resuelto en la sesión precedente, se limiten a las cualidades que el reglamento de elecciones exige para ser diputado. Segunda, que por cada correo se remitan al supremo poder ejecutivo copias de las actas de la comisión, para su publicación en la Gaceta del gobierno. La primera proposición fue apoyada por el señor Merizalde y se aprobó por unanimidad. La segunda fue también apoyada por el señor director con la supresión de las palabras "en la Gaceta del gobierno", lo que sostuvieron varios señores; y finalmente se votó la moción con otras modificaciones que se hicieron en el debate, y quedó acordada en esta forma: "Que por cada correo se remitan al supremo poder ejecutivo copias de las actas de la diputación para su inmediata publicación por medio de la imprenta".

      El diputado Vargas Tejada propuso que, en consecuencia de este último acuerdo, se nombrasen dos diputados encargados de revisar y corregir las actas, antes de remitirse para su publicación, y expuso las razones en que se fundaba para hacer esta proposición; pero no habiendo sido apoyada, se procedió a examinar la que hizo el señor director, apoyado por el señor Rojas, de que se nombrasen algunos diputados encargados de redactar un proyecto de reglamento de debates para la próxima gran convención; y que el señor Santander, apoyado del señor Merizalde, presentó modificada en estos términos.

      "Que pudiendo la diputación preparar a la gran convención algunos trabajos que le faciliten sus operaciones, se nombren algunos diputados para redactar un reglamento interior de procedimiento de la misma convención, a cuyo examen debe presentarse; y que se aumente el número de los nombrados con los diputados que fueren llegando". Túvose un considerable debate sobre esta moción, y se propusieron varias modificaciones, hasta que el diputado Vargas Tejada hizo la de que se difiriese para la noche de este día, invitándose a los señores diputados a una reunión en el lugar que designe el señor director con el exclusivo objeto de resolver sobre el asunto en cuestión, y apoyada por varios señores diputados, se votó y quedó resuelta afirmativamente.

      Se procedió al orden del día con el examen de la elección del señor Juan de Dios Aranzazu, diputado nombrado en primer lugar por la provincia de Antioquia, y verificadas las comparaciones correspondientes, de las cuales resultó haberse hecho con arreglo a la ley de la materia, interrogó el señor director a la diputación si se informaba a la gran convención que en la dicha elección del señor Aranzazu se habían observado las fórmulas prescritas por la ley de 29 de agosto de 1827, y la resolución fue afirmativa por unanimidad. Procedióse a explorar el concepto de la diputación sobre la concurrencia en el señor Aranzazu de todas las cualidades requeridas por la citada ley, pues aunque algunos señores opinaban que debía reservarse esta operación para cuando se hubiese terminado el examen de todo el registro, y esto dio lugar a un corto debate sobre la cuestión de orden, el señor director la decidió en virtud de la atribución que le concede el reglamento provisorio. Y no habiéndose opuesto reparo alguno sobre las indicadas cualidades, enunció el señor director la proposición en estos términos: "Si se informa a la convención que la comisión no encuentra ningún reparo que oponer a la elección de diputado hecha por la provincia de Antioquia en la persona del señor Juan de Dios Aranzazu, con respecto a las cualidades personales que la ley exige". Los señores Cañarete, Merizalde y Espinal propusieron la sustitución de la palabra "no sabe" en lugar de "no encuentra", y los señores Baños y Liévano modificaron la sustitución poniendo la palabra "no tiene" en lugar de las expresadas; y con esta última modificación se votó la proposición, y fue unánimemente aprobada. Iguales resoluciones recayeron sobre las fórmulas de las elecciones y cualidades legales de los señores Manuel A. Arrubla, Francisco Montoya y Manuel Antonio Jaramillo, diputados principales, y Francisco Antonio Obregón, Carlos Alvarez, Estanislao Gómez y José María de la Torre, suplentes por la expresada provincia de Antioquia, habiendo observado la comisión los trámites arriba indicados, en el examen de cada una de estas elecciones.

      Terminado el examen del registro de la provincia de Antioquia, se abrió el pliego de la de Apure, y resultó que habían sido electos, diputado principal por aquella provincia, el señor Juan José Pulido, y suplente el señor Pedro Briceño Méndez. La comisión, previo el correspondiente examen, declaró por votaciones distintas y sucesivas, deberse informar a la gran convención que en cada una de estas elecciones se habían observado las fórmulas prescritas por la ley y que la comisión no tiene reparo que oponer en cuanto a las calidades personales de los electos.

      Iguales acuerdos recayeron sobre los diputados electos por la provincia de Barcelona, según el respectivo registro, a saber: los señores Diego Bautista Urbaneja y Pedro Vicente Grimon, diputados principales y Francisco Vicente Parejo y Matías Lobera, suplentes.

      Abrióse el registro de las elecciones de la provincia de Barinas y se halló que contenía: primero una nota del intendente del departamento del Orinoco, su fecha en Barinas a 21 de enero del corriente, dirigida al jefe político de aquella ciudad y en donde hace varias reflexiones dirigidas a demostrar que deben reunirse las asambleas parroquiales y electorales, aunque haya pasado el día designado por el reglamento de elecciones, siempre que haya motivos muy graves para ello, como es el de no haberse recibido en tiempo oportuno el expresado reglamento; segundo un acuerdo del mismo jefe político municipal, cuyo tenor es el siguiente: (aquí el acuerdo). Resultando de estos documentos que las elecciones de diputados se celebraron en Barinas el día 22 de enero del presente año, y no el 30 de diciembre, como previene el artículo 22 de la citada ley reglamentaria; hizo moción el señor López Aldana, apoyado del señor Gómez, para que se informase a la convención que deben declararse nulas. El señor Santander la modificó, proponiendo que el informe se contrajese a manifestar que no se guardaron en aquellas las fórmulas legales en cuanto al día de la reunión; y en el discurso de la discusión se hicieron a la moción diversas modificaciones, siendo finalmente aprobada en los términos que la propuso el señor Gori, apoyado de los señores Santander, Espinal y Vargas Tejada, y es como sigue: "Infórmese a la convención que en la provincia de Barinas no se celebraron las asambleas parroquiales y electorales en los días que determinan los artículos 4 y 22 de la ley de 29 de agosto de 1827". Acordado de este modo sobre el hecho, se trató del que debe darse sobre el punto de derecho, y el diputado Vargas Tejada fijó la moción siguiente: "que se informase a la convención que aunque las elecciones de la provincia de Barinas no se celebraron en los días prefijados por la ley, deben declararse válidas en fuerza de las razones de justicia y de conveniencia que se han tenido presentes en la discusión y que se especificarán en el informe". Esta moción fue apoyada por los señores Santander, Hermoso, Merizalde y Mazenet; y el señor Gómez, apoyado de otros señores, la modificó sustituyendo a las palabras "en fuerza de las razones, etc.", las siguientes: "atendida la imposibilidad de reunirse las asambleas en dichos días, según resulta del cuaderno de registros", y fue aprobada con esta modificación.

      Procedióse al examen de la elección del señor diputado nombrado en primer lugar, y se halló que en la primera votación no había obtenido la mayoría ningún individuo; que los que tenían mayor número de votos eran los señores Pedro Briceño Méndez con 14, Miguel Guerrero y Antonio Cordero con cuatro cada uno, y finalmente, que la segunda votación se había contraído a los señores Briceño y Guerrero, sin que se expresase haberse hecho entre los señores Guerrero y Cordero el sorteo que previene el reglamento en el parágrafo único del artículo 18. En consecuencia, a moción del señor Santander, apoyada del señor Merizalde y previa una discusión considerable, se acordó lo siguiente: "Infórmese a [la] gran convención que no habiéndose hecho entre los señores Guerrero y Cordero el sorteo que previene el artículo 18, parágrafo único del reglamento de elecciones para saber cuál de los dos debía entrar en competencia en la segunda votación con el señor Briceño, se ha faltado al reglamento en esta elección". Luego fijó el señor director esta moción: "Infórmese a la convención que, en concepto de la comisión, la infracción del citado artículo anula la elección de que se trata". Durante el largo debate que se suscitó sobre esta proposición, se presentaron otras, entre ellas la siguiente del señor Gori, apoyada de varios señores: "Que se informe a la gran convención que para decidir si es válida o nula la elección hecha en el señor Briceño Méndez, es necesario se pida un informe del presidente de la asamblea electoral de Barinas y de los escrutadores y demás miembros de aquella asamblea, que estén presentes, sobre el hecho de haberse o no sorteado a los señores Guerrero y Cordero, que tenían igual número de votos". Habiéndose objetado esta moción y las modificaciones que a ella se hicieron, que eran contrarias a la última que se había aprobado, propuso la revocación de ella el señor Gori, apoyado de los señores Espinal y Merizalde; pero siendo la hora, levantó el señor director la sesión, quedando pendiente la moción de revocación que acaba de exponerse.

El director,

Francisco Soto.

El redactor de las actas,

Luis Vargas Tejada.


SESION DEL DIA 5 DE MARZO

      Abrió el señor director la sesión con el competente número de diputados, habiendo concurrido por primera vez el señor Concha y faltado el señor Gori que se halla enfermo y el señor Baños; y fue leída y aprobada el acta de la sesión precedente. En seguida propuso el señor director, apoyado del señor Santander, "Que se nombren por el director dos o más diputados que se encarguen de extender los informes sobre cada una de las elecciones, conforme a los acuerdos de la comisión, teniendo para ello a la vista las actas respectivas; y con obligación de presentar dichos informes a la comisión para que sean firmados por todos los miembros que han concurrido al examen y decisión del respectivo registro", y esta moción fue aprobada por la comisión, nombrando el señor director para extender los informes sobre los registros examinados en la sesión de ayer, a los señores Gómez, Quintana y Flórez.

      Procedióse al orden del día, tomándose en consideración la moción pendiente, de que se revocase el acuerdo por el cual se determinó informar a la convención que en la primera elección de diputados hecha por la asamblea de la provincia de Barinas no se hizo el sorteo que previene la ley entre los señores Guerrero y Cordero, que tenían igual número de votos, para saber cuál debía entrar en competencia con el señor Briceño Méndez en la segunda votación. Túvose un corto debate sobre si era preciso hacer la expresada revocación, para tomar en consideración algunas proposiciones que se indicaron y que modifican aquel acuerdo; y finalmente se puso a votación la cuestión, conforme a la moción del señor Gómez, apoyado de los señores director, Santander y López Aldana, en estos términos: "Se revoca la resolución de informar a la convención que en la primera elección de diputados hecha por la asamblea de la provincia de Barinas no se hizo el sorteo que previene la ley entre los señores Guerrero y Cordero, que tenían igual número de votos, para saber cuál debía entrar en competencia con el señor Briceño Méndez en la segunda votación, con el objeto de tomar luego en consideración la materia con toda la libertad posible"; y la resolución fue afirmativa por una mayoría excedente de las dos terceras partes de los votos. Entonces presentó por escrito el señor director, apoyado de los señores Santander y Gómez, la proposición siguiente: "¿Se informa a la gran convención que en los registros de la provincia de Barinas no consta que se haya practicado el sorteo prevenido por el artículo 18, parágrafo único de la ley de 29 de agosto de 1827, entre los señores Guerrero y Cordero, que habla de igualdad de votos?". Esta moción fue puesta a votación y resultó por la afirmativa.

      En seguida presentó el señor Gómez la siguiente: "¿Se informa igualmente a la convención que la comisión cree que no debe calificarse de legal dicha elección, mientras no se acredite que se ha verificado aquel sorteo?". Y apoyada por varios señores se votó y quedó también resuelta afirmativamente, salvando su voto el señor Hermoso, según lo había protestado en la discusión. Resuelta de este modo la cuestión acerca de las fórmulas de la elección, pidió el señor López Aldana, apoyado de los señores Merizalde y Vargas Tejada, y convino la comisión en que constase en el acta que no se tomó en consideración el examen de las cualidades legales del señor Briceño Méndez, porque ya se había declarado por la comisión que no tiene reparo que oponerle, cuando se trató en su elección para suplente de la provincia de Apure. El señor Santander, apoyado del señor Flórez, presentó la moción siguiente: "que los diputados que disientan de la mayoría deban presentar a la convención por escrito las razones en que han fundado su voto". El señor López Aldana, apoyado del diputado Vargas Tejada, la modificaron en estos términos: "El diputado que disienta del voto de la mayoría, puede presentar el suyo por escrito a la convención, fundándolo precisamente en las razones que ha alegado en la discusión". Algunos señores observaron que esta disposición era innecesaria, supuesto que está contenida en el artículo 42 del reglamento provisorio adoptado por la comisión, y suscitándose la cuestión de orden sobre este punto, la decidió el señor director con arreglo a la atribución que le concede el mismo reglamento, declarando que los miembros de la comisión que en las votaciones sobre calificación de elecciones o de personas, o de cualquier otro negocio importante que haya de someterse por vía de informe a la gran convención, hayan protestado su voto, lo deben expresar con exposición de las razones, a continuación del informe resuelto por la mayoría.

      No habiéndose reclamado contra esta resolución, se procedió al examen de la elección del segundo diputado, nombrado en la referida provincia de Barinas, y resultó que se hallaba en el mismo caso que la anterior, pues habiendo obtenido en el primer escrutinio 12 votos el señor Miguel M. Pumar y cuatro cada uno de los señores Miguel Guerrero y Francisco Conde, se contrajo la votación a los señores Pumar y Conde, sin que conste del registro que se hubiese verificado el sorteo entre este último y el señor Guerrero, y resolvió la comisión que el informe sobre esta elección fuese igual al que se ha acordado con respecto a la elección precedente.

      Sucesivamente se examinaron las elecciones de los señores Francisco Conde y Juan de Dios Méndez, diputados principales nombrados por la mencionada provincia, y la comisión acordó informar que en estas elecciones se habían guardado las fórmulas y que no tiene reparo que oponer en cuanto a las cualidades legales de los individuos electos. Examinada la elección de primer suplente hecha en el señor Juan Ramón Burgos se observó que siendo 29 los votos de los electores que habían concurrido a la elección, sólo había obtenido 15 dicho señor Burgos; y, en consecuencia, hizo el diputado Vargas Tejada, apoyado de los señores Espinal y Merizalde, la moción siguiente: "Infórmese a la convención que el señor Juan Ramón Burgos, nombrado primer suplente por la provincia de Barinas, no obtuvo un voto más sobre la mitad de los que concurrieron a la elección según exige el artículo 25 del reglamento", y previo un corto debate fue aprobada esta proposición, en el concepto, según expresaron varios señores diputados, de que se consigne en el informe la demostración matemática en que se apoya la aserción que contiene. El señor director propuso "que se informe igualmente a la convención que, en concepto de la comisión, este inconveniente anula dicha elección, y cree que así debe declararse". El señor Santander opinó que debía usarse de las mismas palabras que se acordaron para el informe relativo a las elecciones de los señores Briceño Méndez y Miguel M. Pumar; y el señor Liévano modificó la moción del señor director en esta forma: "y que, en consecuencia, cree la comisión que esta elección debe declararse nula", en cuyos términos se puso a votación y fue aprobada.

      Continuando el examen del mismo registro, se acordó informar que se han observado las fórmulas en las elecciones de los señores Miguel Unda, Miguel Palacios y Pedro Antonio Roca, primero, segundo y tercer suplentes nombrados por la expresada provincia; y que la comisión no tiene reparo alguno que oponer en cuanto a las cualidades legales de aquellos individuos.

      Terminado el examen de este registro, se procedió a la apertura del que contiene las elecciones de la provincia de Bogotá, habiéndose retirado los señores Santander, Liévano, López Aldana, Merizalde y Vargas Tejada, que representan aquella provincia. El señor director nombró a los señores Juan Bautista Quintana, Angel M. Flórez y Manuel Cañarete, los dos primeros para escrutadores en lugar de los señores López y Liévano, y el tercero para secretario, en lugar del señor Vargas Tejada. Antes de procederse al examen del registro manifestó el señor director que creía hallarse también en el caso de retirarse, en razón de que había sido igualmente electo diputado por la provincia de Bogotá, y que aunque actualmente no representaba sino la de Tunja, podría suceder quizá que esta elección fuese nula y entonces debería entrar por aquella. El señor Diego F. Gómez expuso que se hallaba en iguales circunstancias, por lo que el señor Flórez recordó que el punto estaba decidido, pues la proposición que se había votado afirmativamente en uno de los días anteriores. Sólo se contraía a que no estuviesen presentes en la sesión aquellos diputados que representaban a la provincia cuyo registro se examinase, en cuyo caso no estaban los señores director y Diego F. Gómez. Se procedió inmediatamente a la lectura del registro, y resultó que el señor Francisco de P. Santander había sido electo primer diputado principal por mayoría absoluta de votos, y como ninguno tomase la palabra, el señor director redujo a votación la proposición siguiente: "la comisión informa a la convención que en la elección del señor Francisco de P. Santander se han observado las formas prescritas por la ley reglamentaria de la materia", la cual fue afirmada unánimemente. Se propuso luego otra proposición concebida en estos términos: "Informa la comisión que no tiene reparo que oponer en la elección de que se trata, respecto a las cualidades personales que exige la ley para ser diputado a la gran convención, y se afirmó también.

      Continuándose el examen del registro resultaron electos para diputados principales los señores Vicente Azuero, Luis Vargas Tejada, Francisco Soto, Diego Fernando Gómez, Joaquín Gori, Domingo Caicedo y Romualdo Liévano, y para diputados suplentes los señores Francisco López Aldana, José Félix Merizalde, Mariano Escobar, Leandro Ejea, Angel Lastra, Bernardino Tobar, Francisco de P. Vélez y Sebastián Esguerra; y sobre cada una de estas elecciones recayó la afirmativa en las dos proposiciones que antes se han enunciado, con lo cual, habiéndose concluido la lectura del registro de Bogotá, se restituyeron y ocuparon sus puestos respectivos los señores diputados que por representar a dicha provincia se habían retirado. Abrióse el pliego de las elecciones de la provincia de Buenaventura y se halló que contenía una copia del registro autorizada por las firmas originales del presidente y escrutadores de la asamblea y del secretario municipal respectivo; pero que sólo se expresaba en ella haber sido electos canónicamente diputado principal el señor Joaquín Mosquera, y suplente el señor Jerónimo Torres, sin que se expresase de ningún modo la distribución de los votos, ni el número de los que obtuvo cada uno de los señores nombrados, fijándose varias proposiciones sobre el particular, y finalmente se sometió a votación por partes la siguiente: "infórmese a la convención que en el registro de las elecciones de la provincia de Buenaventura no se han escrito los votos con el debido orden y separación, de que resulta no saberse el número de votos que obtuvieron los que se dicen electos, contraviniéndose al artículo 27 del reglamento; y que por consiguiente, en concepto de la comisión, deben declararse nulas dichas elecciones; la primera parte, hasta la palabra separación, fue aprobada por unanimidad, y las restantes por considerable mayoría, negándose unánimemente la adición que en la discusión se había propuesto, de las palabras siguientes: "mientras no se haga constar que los votos se escribieron en el registro con el debido orden y separación", a consecuencia de haberse observado que la copia del registro, cuyo examen se ha hecho, tiene todos los requisitos de un testimonio auténtico, y por supuesto, no puede hallarse en el original sino lo que consta de ella. Luego se declaró por unanimidad de votos que en cuanto a las cualidades legales de los individuos que se dicen nombrados, no tiene la comisión reparo alguno que oponer; y que así se informe a la comisión. Siendo la hora, levantó la sesión el señor director.

El director,

Francisco Soto.

El diputado encargado de la redacción,

Luis Vargas Tejada.


SESION DEL DIA 6 DE MARZO

      Abierta la sesión con asistencia de todos los señores diputados presentes en esta ciudad, a excepción de los señores Santander y Gori que se hallan enfermos, y habiéndose incorporado además los señores Juan de la Cruz Gómez Plata, diputado por la provincia del Socorro, y Salvador Camacho, por la de Casanare, se leyó y aprobó el acta de la sesión precedente. El señor Hermoso presentó por escrito el voto que había salvado ayer en la resolución sobre el informe que debe darse acerca de la elección de primer diputado por la provincia de Barinas; y leído que fue, convino la diputación en que se agregase al acta. El mismo señor Hermoso presentó por escrito la moción siguiente: "que recibiendo las sanciones de cualquier cuerpo tanta mayor fuerza cuanto mayor sea el número de votos por que sean acordadas, se exprese en las actas el número de votos que sancionen las proposiciones de importancia, y el de los que las hayan negado, expresándolos nominalmente"; pero habiendo observado el señor doctor Gómez que era innecesaria la resolución que se proponía, supuesto que el artículo 41 del reglamento provisorio de debates previene que sea nominal la votación, siempre que convenga en ello la quinta parte de los miembros presentes, se procedió al orden, habiendo nombrado el señor director a los señores Cañarete, Espinal y Rojas para que extiendan el informe sobre los registros que se examinaron en la sesión de ayer. El señor Hermoso pidió que constase en el acta que estará negativo en todas las votaciones en que se resuelva dar informes a la convención sobre cualidades de las personas y sobre puntos de derecho, pues según ha manifestado desde el principio, las decisiones en esta parte corresponden exclusivamente a las respectivas asambleas electorales, salvo el recurso a la gran convención, conforme al artículo 4° del reglamento.

      Abrióse el pliego que contenía el registro de elecciones de la provincia de Carabobo, y previo el examen correspondiente, resolvió la comisión por unanimidad informar a la convención que se han observado las fórmulas en las elecciones de los señores Salvador Mesa, Francisco Aranda, Vicente Michelena y Miguel Peña, diputados principales, y que no tiene reparo alguno que oponer respecto de las cualidades legales de los tres primeros. Acerca del cuarto, es decir, del señor Miguel Peña, manifestó el señor Camacho que aunque le era sensible el que la indicación que iba a hacer recayese sobre aquel individuo, no podía menos que exponer que no debía ser calificado conforme al reglamento; y para fundar su aserción pidió que el diputado Vargas Tejada, como secretario que ha sido del senado de la República, informara si es cierto que el señor Peña tiene causa criminal pendiente ante aquella cámara, y dicho diputado evacuó el informe, manifestando que en 1826 la cámara de representantes acusó ante la del senado al expresado señor Peña, por usurpación de caudales públicos, y que el senado admitió la acusación; que el poder ejecutivo, en cumplimiento del decreto de esta cámara, dio las órdenes correspondientes para que el acusado compareciese ante la comisión nombrada para sustanciar el proceso, y que esta comparecencia no llegó a verificarse, quedando pendiente el negocio. Añadió que siéndole notorios estos hechos, se creía en el caso de apoyar la indicación del señor Camacho, y la fijó por escrito en los términos siguientes: "Infórmese a la gran convención que el señor Miguel Peña no puede ser diputado porque se halla en el caso del parágrafo 3° del artículo 13 de la constitución a que se refieren los artículos... del reglamento". En el curso de la discusión propuso el mismo diputado Vargas Tejada, apoyado por los señores Hermoso, Merizalde y Flórez, que la moción se dividiese en dos partes, y presentó la primera en esta forma: "Infórmese a la convención que el señor Miguel Peña se halla en el caso del parágrafo 3°, artículo 13, de la constitución a que se refieren los artículos...del reglamento". El señor Concha, apoyado por el señor Merizalde, propuso que, antes de resolver sobre la materia, se pidiesen y trajesen a la vista los documentos que acrediten que fue admitida por el senado la indicada acusación contra el señor Peña, y en el acto presentó el señor Rojas un ejemplar del número 238 de la Gaceta de Colombia, en cuya parte oficial se halla inserto el decreto por el cual se declara admitida dicha acusación.

      Entonces modificó el señor director la moción anterior del modo que sigue: "Infórmese a la gran convención que el señor doctor Peña tiene causa criminal pendiente", y apoyada de este modo por el señor López Aldana, se sometió a votación nominal, por haberlo pedido así el señor Gómez Durán y convenido más de la quinta parte de los miembros presentes; y la resolución fue afirmativa por 17 votos contra uno, siendo afirmativos los de los señores director, Camacho, Gómez Plata, Hermoso, Concha, Salazar, Mazenet, Merizalde, Gómez Durán, Flórez, Rojas, Cañarete, Baños, Quintana, López Aldana, Liévano y Vargas Tejada; y negativo el señor Espinal, quien manifestó procedía consecuente con la opinión que había sostenido desde el principio, de que los informes de la comisión no deben extenderse a las cualidades legales de los individuos electos. El señor director modificó la segunda parte de la proposición en estos términos: "Y que, por consiguiente, no debe ser diputado conforme al artículo del reglamento", y apoyada por varios señores se sometió a votación nominal, cuyo resultado fue quedar aprobada por 17 votos contra uno, siendo afirmativos los de los señores director, Camacho, Gómez Plata, Espinal, Concha, Salazar, Mazenet, Merizalde, Gómez Durán, Flórez, Rojas, Cañarete, Baños, Quintana, López Aldana, Liévano y Vargas Tejada, y negativo el señor Hermoso, quien manifestó igualmente que su voto debía entenderse con arreglo a la explicación que tenía hecha, y se halla consignada al principio de esta acta.

      Continuado el examen del registro de la misma provincia de Carabobo, se resolvió por votaciones unánimes y sucesivas informar a la convención que se han guardado las fórmulas en las elecciones de los señores Ignacio Díaz, Juan José Romero y José Santiago Rodríguez, diputados principales, y Juan Chaves, Diego Bautista Urbaneja, Valentín Osío, Alejo Fortique, Antonio Delgado, Juan Toro y Bonifacio Arteaga, suplentes por la expresada provincia. No existiendo en poder de la comisión el registro de la provincia de Caracas, que seguía en el orden alfabético adoptado, se abrió el de Cartagena, y resultó que la asamblea de aquella ha nombrado seis diputados y seis suplentes, por cuyo motivo expuso el señor Mazenet que en una gaceta en que se había publicado el cómputo de los diputados que corresponden a cada provincia se asignaba sólo cuatro a la de Cartagena; y en virtud de esta indicación convino la comisión en que se difiera hasta mañana el examen de dicho registro para que pueda tenerse a la vista el documento de que hace mención el señor Mazenet. Continuóse el examen de los registros de las provincias siguientes, según el orden indicado, y previas las formalidades usuales, declaró la comisión por votaciones sucesivas, que se han guardado las fórmulas en las elecciones, y que no tiene reparo que oponer respecto de las cualidades legales de los señores Francisco de Paula Santander, diputado principal; Salvador Camacho, suplente por la provincia de Casanare; Rafael Hermoso, diputado principal, y José María Villavicencio, suplente por la de Coro; Manuel Avilés, Apolinario Ramírez y José Matías Orellana, principales; Fermín Villavicencio, Francisco Espinosa y Pedro López Argudo, suplentes por la provincia de Cuenca; Domingo Brusual y Fernando Peñalver, principales; José M. Rodríguez y Francisco Avendaño, suplentes por la de Cumaná; Hilario López, principal, y Mariano Escobar, suplente por la provincia del Chocó. Siendo la hora, nombró el señor director a los señores Gómez Plata, Camacho y Merizalde, para extender los informes sobre los registros examinados hoy y levantó la sesión.

El director,

Francisco Soto.

El diputado encargado de la redacción,

Luis Vargas Tejada.

SESION DEL DIA 7 DE MARZO

      Abierta la sesión con el competente número de diputados, se leyó y aprobó el acta de la precedente, despues de lo cual se incorporaron a la comisión los señores diputados Vicente Grimon, por la provincia de Barcelona, Domingo Brusual, por la de Cumaná, Manuel Muñoz, por la de Panamá, Juan de Dios Aranzazu, Francisco Montoya y Manuel Antonio Arrubla, por la de Antioquia. Se dio cuenta de una comunicación de la municipalidad de esta ciudad, en que contestando a la que se le dirigió ayer por el señor director, manifiesta que ha nombrado al ciudadano Miguel Antonio Barranco para que sirva provisoriamente de portero de la comisión, bajo la garantía que se le ha indicado por la misma. Leyóse otra comunicación dirigida al señor director por la persona encargada por el gobierno del departamento, de preparar el local para las sesiones de la gran convención, en que manifiesta que le es imposible desempeñar cumplidamente con este encargo si no le suministran $ 150 que se necesitan para hacer la balaustrada del salón y trasladar los muebles y enseres del puerto nacional a esta ciudad, y pide se disponga que el jefe político libre esta cantidad de los fondos públicos con calidad de reintegro. La comisión tomó en consideración la materia, y acordó, a moción del señor director, apoyado del señor Gómez Durán, lo siguiente: "Remítase al jefe político municipal de esta ciudad, como la primera autoridad del cantón, el original o copia de la comunicación que ha dirigido el sujeto encargado de la preparación del local, a fin de que tomándola en consideración, y en vista de todas las circunstancias, se sirva proveer los fondos que se reclamen, como que sin este auxilio no podrá concluirse la obra de que se trata".

      Procedióse al examen del registro de elecciones de la provincia de Cartagena, que se había diferido para hoy a consecuencia de la indicación hecha por el señor Mazenet sobre el número de diputados nombrados en ella; y tomado el punto en consideración resolvió la comisión, a propuesta del señor Gómez Durán, apoyado de los señores Santander, Merizalde y López Aldana, informar a la convención lo que se ha informado sobre el particular, a saber: que conforme al censo de la población calculado en 1825 y publicado en la Gaceta de Colombia, sólo correspondían cuatro diputados a la provincia de Cartagena, y que del registro aparecen nombrados seis, no sabiéndose si se ha formado en ella un nuevo censo. Practicóse luego el examen de cada una de las elecciones de diputados principales y se declaró que se habían guardado las fórmulas en las de los señores José M. del Castillo y Rada, José M. del Real, Manuel Benito Rebollo, José Joaquín Gori y Vicente Ucrós; que la comisión no tiene reparo alguno que oponer en cuanto a las cualidades legales de los individuos nombrados.

      Respecto de la elección del señor Antonio Baena se declaró también haberse guardado las fórmulas; pero observó el diputado Vargas Tejada que, según constaba en el registro, antes de practicarse la última votación en que resultó la elección; había objetado un elector a dicho señor Baena la falta de la residencia que exige el artículo 29 del reglamento en el territorio de la República, a cuyo reparo había satisfecho otro elector, que no podía darse por interrumpida la residencia del señor Baena por un viaje que hizo a la República de Haití con el único objeto de traer a su familia, que se hallaba en aquel país; que la asamblea no había decidido sobre esta controversia, sino que remitiendo su decisión a la gran convención, había procedido a perfeccionar la elección; y que, por consiguiente, se hallaba la comisión en el caso de dar a la misma convención algún informe sobre esta ocurrencia. En virtud de esta indicación presentó el señor Santander, apoyado por el señor Merizalde, la moción siguiente: "Infórmese a la gran convención que la asamblea electoral de Cartagena, no resolviendo la duda que se promovió acerca de la residencia del señor Baena, ha faltado al deber que le impone el artículo 32 del reglamento". Túvose una corta discusión sobre esta moción, y el señor Gómez Durán apoyado por los señores director y Espinal, le adicionó el adverbio "explícitamente" después de las palabras "no resolviendo", con cuya adición se votó y resultó aprobada. El diputado Vargas Tejada, apoyado del señor Gómez Durán, presentó como adicional a la anterior, la proposición siguiente: "pero que habiéndose decidido tácitamente aquella duda por la elección posterior, hecha en la misma persona acerca de la cual se había promovido, cree la comisión que la falta indicada no anula dicha elección", y sometida esta adición a votación, resultó igualmente aprobada.

      Constaba además del registro que después de haber resultado electo el señor Baena, le había opuesto el mismo elector el reparo de que no tenía la propiedad, renta o usufructo que el reglamento exige en el artículo 15 para poder ser diputado; que otro elector había contradicho este denuncio; y que la asamblea no había resuelto sobre esta controversia, reservando igualmente su decisión a la gran convención, a la cual había protestado ocurrir con documentos el elector denunciante. El señor director, apoyado del señor Rojas, propuso que se adopte para este caso la misma resolución que se acordó respecto del anterior, en cuanto a la primera parte, a saber: "que se informe a la gran convención que la asamblea electoral de Cartagena, no resolviendo la duda que se suscitó sobre la propiedad del señor Baena, ha faltado al deber que le impone el artículo 32 del reglamento", y votada esta proposición, la resolución fue afirmativa. El señor Gómez Durán presentó la siguiente adicional: "pero que considerando la comisión que a la vez que se le objetó al señor Baena la falta de propiedad por un elector, se contradijo por otro esta aserción; y que además protestó el primero, que presentaría sus pruebas ante la gran convención, se informe que la elección debe declararse válida, a menos que al tiempo de la calificación se acredite dicha falta de propiedad en el electo", y después de un considerable debate se puso a votación por partes, por haberlo pedido así varios señores, y resultaron aprobada la primera y negada la segunda desde las palabras "a menos que se acredite, etc". Seguidamente se puso a votación si se informa a la convención que la comisión no tiene reparo alguno que oponer en cuanto a las cualidades legales del señor Baena, y la resolución fue afirmativa.

      Continúose el examen del registro de Cartagena y se declaró que se habían observado las fórmulas en las elecciones de los seis suplentes, señores Juan Fernández de Sotomayor, Anastasio García, Pedro Juan Visbal, José M. Burgos, Remigio Márquez y Miguel Gregorio Gómez; que la comisión no tiene reparo alguno que oponer en cuanto a las cualidades legales de los señores nombrados. Abrióse el registro de la provincia de Imbabura y, previo el examen correspondiente, declaró la comisión que se habían guardado las fórmulas en las elecciones y que no tiene reparo alguno que oponer en cuanto a las cualidades de los individuos electos, que son los señores Vicente Aguirre y Salvador Murgueitio, principales, y Manuel Alomia y José Maya, suplentes.

      Abierto el pliego que contenía el registro de la provincia de Maracaibo, se halló que constaba en él haberse verificado las elecciones el día 3 de enero, sin que se expresase de ningún modo el motivo de este retardo. En consecuencia, fijaron los señores Camacho y López Aldana la moción siguiente: "que se informe a la gran convención que las elecciones de la provincia de Maracaibo deben declararse nulas, porque no se verificaron el día prefijado por el reglamento". El diputado Vargas Tejada modificó esta moción, presentándola dividida en tres partes por el orden siguiente: "1a, infórmese a la gran convención que las elecciones de la provincia de Maracaibo no se verificaron el día prefijado por el artículo 22 del reglamento; 2a, y que, por consiguiente, cree la comisión que deben declararse nulas; 3a, a menos que se acredite que hubo imposibilidad absoluta de reunirse la asamblea en dicho día". El señor Muñoz, que presidía provisoriamente, apoyó esta división; pero habiéndose hecho varias observaciones en la discusión por los señores Gori, Espinal y otros señores con arreglo a ellas, modificó el autor de la moción, apoyado del señor López Aldana, la última parte en estos términos: "a menos que se acredite que hubo motivos bastantemente poderosos, a juicio de la gran convención, para no verificarse las elecciones en el día prefijado por el reglamento". Los señores Santander, Merizalde y Gori manifestaron que este retardo había sido causado por la controversia que se suscitó sobre la existencia de la provincia de Trujillo, que [fue] agregada a la de Maracaibo por el presidente de la República, cuando ejercía facultades extraordinarias en los departamentos del nordeste, cuya disposición ha quedado subsistente en virtud del decreto del último congreso constitucional, que dispone la continuación de los arreglos hechos en aquellos departamentos. Previa esta explicación y la de todas las circunstancias del caso, fijó el señor Santander, apoyado por el señor Gori y otros señores la proposición en estos términos: "que constando a la comisión que ha habido imposibilidad de reunirse la asamblea de Maracaibo el día prefijado por la ley, cree que deben declararse válidas". Habiéndose objetado a esta proposición el que no podría tomarse en consideración mientras no se dispusiese de la que se estaba examinando, convino en retirar aquella el diputado que la había presentado, y en efecto la retiró con permiso de la comisión, quedando en discusión la del señor Santander. El señor Liévano, apoyado del señor Rojas, la modificó en esta forma: "pero en concepto de la comisión deben declararse válidas dichas elecciones; y el señor Flórez, apoyado de los señores Santander y Merizalde, la submodificó como sigue: "pero que en concepto de la comisión aquella falta no anula la elección, por las razones que se expresarán en el informe"; y puesta a votación por partes en estos términos, resultó aprobada, previa la exposición que hizo el señor director de que las razones a que se refiere deben ser únicamente las que se fundan en la exposición de los señores Santander, Gori y Merizalde. Siendo la hora, nombró el señor director a los señores López Aldana, Concha y Hermoso, para extender los informes sobre los registros examinados en este día y levantó la sesión.

El director,

Francisco Soto.

El diputado encargado de la redacción,

Luis V. Tejada.


SESION DEL DIA 8 DE MARZO

      Abierta la sesión con el número suficiente de diputados, habiéndose incorporado además los señores Joaquín Mosquera, diputado por la provincia de Buenaventura, Manuel Pardo, por la de Panamá, y Mariano Echesuria, por la de Caracas, se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior. Se dio cuenta de una comunicación dirigida desde Bogotá, con fecha 22 de febrero último, por los señores Francisco Javier Cuevas, Joaquín Suárez y Miguel Saturnino Uribe, diputados nombrados por la provincia del Socorro, en que manifiestan no han podido ponerse en camino para esta ciudad a llenar las obligaciones que les impone la ley, porque no se les han suministrado los auxilios que ella designa, a pesar de que han ocurrido repetidas veces a las autoridades competentes. La diputación, en vista de esta nota y a moción del señor Gómez, apoyada del señor director, acordó la resolución siguiente: "requiérase a la autoridad competente para que inmediatamente, y bajo la responsabilidad que impone la ley de 29 de agosto del año último, suministre a los diputados Cuevas, Suárez y Uribe los auxilios de viático que la misma ley señala, así como también a los demás diputados que se hallen en igual caso, o que hayan concurrido a esta ciudad sin haber recibido oportunamente los indicados auxilios".

      A consecuencia de un oficio de los alcaldes parroquiales de Morales, en que piden se determine de qué fondos deben costearse las postas que sean necesarias en lo sucesivo para conducir pliegos de la diputación, se acordó, a moción del señor director, apoyada y adicionada por los señores Hermoso y Espinal, lo siguiente: "Diríjase una comunicación al poder ejecutivo, por conducto de la secretaría correspondiente, pidiéndole que inmediatamente se sirva dar órdenes para que se ponga a disposición de la diputación en la tesorería de Ocaña, la cantidad que se conceptúe necesaria para ocurrir a los precisos gastos de la secretaría, y para satisfacer las dietas a los diputados que no las hayan recibido".

      Continuóse el examen de los registros de elecciones de la provincia de Maracaibo: y la comisión acordó informar: que se han guardado las fórmulas y que no tiene reparo alguno que oponer en cuanto a las cualidades legales de los nombrados, que son los señores Antonio María Briceño y Antonio Febres Cordero, principales, y Juan Evangelista González y Ricardo Labastida, suplentes. En este acto el señor jefe municipal de esta ciudad, comisionado de poner en manos de la comisión los pliegos de los registros, presentó los de Guayaquil y Loja, recibidos por el último correo; y examinado el de Guayaquil, acordó la comisión informar que se han guardado las fórmulas en la elección de primer diputado principal, que recayó en el señor Joaquín Olmedo. Respecto de las cualidades legales de este individuo, informaron los señores Santander y Mosquera que hay motivo de duda si se ha naturalizado en el Perú, porque fue miembro del congreso constituyente de aquella nación en 1823; que posteriormente regresó a Colombia, y que cuando el Libertador presidente ejercía el mando supremo en el Perú fue nombrado ministro plenipotenciario de aquella República en Londres, y ocurrió a la legislatura de Colombia por conducto del gobierno, solicitando permiso para aceptar dicho nombramiento; cuyo permiso no se le concedió, porque el congreso se hallaba ocupado a la sazón en varios asuntos de importancia a que había contraído exclusivamente sus tareas, según informó el diputado Vargas Tejada. A consecuencia de esta exposición, fijó el señor Aranzazu, apoyado por señor Flórez, la moción siguiente: "Que mediante a que el señor Olmedo ha admitido destinos en otra nación sin permiso del congreso de Colombia, ha perdido los derechos de ciudadano de esta República y no puede ser diputado conforme al artículo 29 del reglamento de elecciones"; pero habiéndose observado en el debate que el artículo 16, parágrafo 1°, de la constitución, sólo priva de los derechos de sufragante parroquial a los colombianos que admiten destino de otro gobierno, a tiempo que ejerzan alguno lucrativo o de confianza en Colombia; y que no consta que el señor Olmedo fuese empleado en esta República cuando se le confirieron en el Perú los que se han indicado, retiró su moción el señor Aranzazu con permiso de la comisión.

      Suscitóse la duda sobre la falta de residencia del mismo señor Olmedo en el territorio de la República, y después de un considerable debate, en que los señores director y Santander sostuvieron que dicho señor se hallaba comprendido en la disposición de una cláusula del parágrafo 1° del artículo 29 del reglamento, que exceptúa del caso de la no residencia a los ausentes con permiso del gobierno, fijó el mismo señor director, apoyado de los señores Espinal, Hermoso y Vargas Tejada, la moción siguiente: "Infórmese a la gran convención que la comisión no tiene reparo alguno que oponer en cuanto a las cualidades legales del señor Olmedo, no obstante las objeciones que se han hecho sobre la falta de residencia de este individuo en el territorio de Colombia, y sobre los empleos que pueda haber obtenido en el Perú, por las razones que se expresarán en el informe". La votación se hizo por partes y fue aprobada la primera. El señor Espinal, apoyado por los señores Mosquera y Gori, hizo moción para que se suprimiesen las tres últimas desde las palabras "no obstante", y puesta a votación se resolvió por la afirmativa, protestando sus votos el señor Santander y el diputado Vargas Tejada. El mismo señor Santander reclamó el cumplimiento de la resolución general acordada por la comisión que los informes se extiendan con presencia de las actas, insertando en ellos todas las razones en que se haya fundado la comisión para acordarlos; lo cual dio lugar a una cuestión de orden sobre la oposición entre el acuerdo, cuyo cumplimiento se reclamaba y el que resulta de la supresión hecha últimamente; y el señor director, en uso de la atribución que concede el reglamento, decidió conforme a la reclamación del señor Santander. Pero habiendo sido objetada esta decisión por los señores Espinal y Gori, la sometió el señor director a la resolución definitiva de la comisión que la aprobó por votación expresa.

      Sucesivamente se examinaron las elecciones de los señores Francisco Marces y Pablo Merino, diputados principales, Martín Santiago de Icaza, Juan Ignacio Pareja y Manuel José Roca, suplentes por la misma provincia de Guayaquil; y se acordó informar que se han guardado las fórmulas y que la comisión no tiene reparo alguno que oponer en cuanto a las calidades legales de los nombrados. Iguales resoluciones recayeron sobre la elección hecha por la provincia de Loja en el señor Félix Valdivieso para diputado principal; y examinada la del suplente hecha en el señor José A. Eguiguren, se halló que de 9 votos sólo había obtenido 5; en virtud de lo cual hizo el señor Rojas, apoyado del diputado Vargas Tejada, la proposición siguiente: "Infórmese a la gran convención que el señor Eguiguren no ha obtenido un voto más sobre la mitad del total, según exige el artículo 25 del reglamento". El señor Cañarete, apoyado de varios señores, la modificó en estos términos: "que en la elección del señor Eguiguren no ha recaído el número de votos que exige el artículo 25 del reglamento", y previo un largo debate, se puso a votación y resultó aprobada. El mismo señor Cañarete, apoyado del diputado Vargas Tejada, presentó la adición siguiente: "y que, por consiguiente, en concepto de la comisión, debe declararse nula", pero sometida a votación resultó negada. El señor López Aldana, apoyado de los señores Santander, Espinal y Mazenet, hizo la siguiente:
   "pero que en concepto de la comisión la elección no debe declararse nula", y el señor Mosquera le adicionó estas palabras: "por la imposibilidad de darse un voto sobre la mitad, en un número impar de votos", y fue aprobada en todas sus partes por la comisión, protestando sus votos el señor director y el diputado Vargas Tejada. Se procedió al examen del registro de la provincia de Mariquita, y habiendo observado el señor Aranzazu que resultaban nombrados tres diputados, cuando, conforme al censo de población hecho en 1825, sólo le corresponden dos, sin que conste haberse hecho nuevo censo; se resolvió que en el informe se haga mención de esta observación. Seguidamente acordó la comisión informar que se han guardado las fórmulas en las elecciones de los señores José M. del Castillo y Rada, Alejandro Osorio y Pedro Carrasquilla, diputados principales, Luis Vargas Tejada, Casimiro Calvo y Romualdo Liévano, suplentes, por la dicha provincia de Mariquita. Iguales resoluciones recayeron respecto de [los] señores Cristóbal Mendoza e Ignacio Fernández Peña, principales, Juan de Dios Picón y Antonio M. Briceño, suplentes, por la provincia de Mérida. Y siendo la hora nombró el señor director a los señores Mosquera y Aranzazu para extender los informes sobre los registros examinados hoy y levantó la sesión.

El director,

Francisco Soto.

El diputado encargado de la redacción,

Luis Vargas Tejada.


SESION DEL DIA 10

      Abrió el señor director la sesión con el número competente de diputados, y se leyó y aprobó el acta de la precedente, mandándose agregar a ella los votos particulares siguientes: primero, de los señores Santander y Vargas Tejada contra el acuerdo de la comisión, por el cual se suprimió una proposición dirigida a que se expresasen en el informe sobre la elección del señor Joaquín Olmedo, diputado por Guayaquil, las razones que tuvo presente la comisión para opinar a favor de su calificación; segundo, de los señores director y Vargas Tejada contra la resolución de que se informe a la convención que debe declararse válida la elección del señor José Antonio Eguiguren, suplente por la provincia de Loja. La lectura de este último voto dio ocasión a que el señor Liévano observase que la resolución que había recaído sobre el particular había sido contradictoria con la que se acordó en una de las sesiones pasadas, respecto de un caso igual ocurrido en la elección de primer suplente por la provincia de Barinas, en atención a lo cual, y para que no parezca la comisión inconsecuente en sus informes, hizo moción de que se revocase el indicado acuerdo de la última sesión, cuyos términos son los siguientes: "pero que, en concepto de la comisión, la elección no debe declararse nula, por la imposibilidad de darse un voto más sobre la mitad en un número impar de votos". Esta moción fue apoyada por los señores Santander y Gómez, y puesta por último a votación nominal a solicitud del señor Mosquera, apoyada de un número considerable de diputados, resultó negada por 12 votos contra nueve afirmativos, siendo aquellos los de los señores Aranzazu, Arrubla, Montoya, Grimon, Gori, López Aldana, Mosquera, Echezuria, Camacho, Mazenet, Salazar y Baños; y afirmativos los de los señores director, Santander, Liévano, Brusual, Cañarete, Concha, Gómez Plata, Gómez Durán, Flórez, Rojas y Vargas Tejada.

      El señor Gómez Durán pidió se expresase que no había asistido a la sesión en que se acordó la resolución cuya revocación ha apoyado. No resultando esta revocada, se continuó el despacho dándose cuenta de un oficio del jefe político municipal de esta ciudad, al cual acompaña otro del tesorero de la misma, reducido a manifestar que no hay en la tesorería de su cargo dinero alguno disponible para el suplemento de los $150 que faltan para concluir el local de la gran convención, conducir los muebles y enseres que están en el puerto nacional. Tomando en consideración este asunto, hizo el señor Santander la moción siguiente: "Que se dirija una comunicación al jefe político de esta ciudad, con el objeto de que de cualesquier fondos que tenga a su disposición, o tomando las providencias que estén en el esfera de sus atribuciones, y en vista de las circunstancias actuales, provea de la cantidad que se solicita al comisionado para la composición del local". Esta proposición fue apoyada, como también la adición que propuso el señor Camacho de que se indicase al jefe político, como uno de los medios para conseguir aquella cantidad, el solicitarla de particulares por vía de suplemento, bajo las correspondientes garantías. El señor Aranzazu, apoyado de varios señores, propuso que este suplemento se hiciese entre los mismos diputados presentes, y al efecto se redactaron varias proposiciones; pero habiéndose observado que no podía recaer un acuerdo de la comisión sobre un acto que era puramente espontáneo de parte de los diputados que quisiesen contribuir, manifestó el señor director que estos mismos diputados podían ponerse de acuerdo para colectar entre sí la cantidad indicada y entregarla al comisionado; y se procedió al orden del día. En este acto se recibió una comunicación suscrita por los señores Andrés Narvarte, Martín Tobar, José de Iribarren, José M. Manrique y Manuel Ruiz, diputados por la provincia de Caracas, y Juan José Romero y Juan Nepomuceno Chaves, por la de Carabobo, en que dan noticia de que han llegado a esta ciudad y que esperan las órdenes que la diputación tenga a bien comunicarles.

      La diputación convino en que se contestase a dichos señores que le ha sido satisfactoria la noticia de su llegada y que se les invitase a concurrir a las sesiones. Continuóse la apertura de los registros de elecciones y examinado el de la provincia de Mompós, acordó la comisión informar que se han guardado las fórmulas y que no tiene reparo alguno que oponer respecto a las cualidades legales de los individuos nombrados, que son los señores Manuel Cañarete y Juan Bautista Quintana, principales, y Vicente Vargas y José Quintana Navarro, suplentes. Iguales resoluciones recayeron sobre las elecciones de los señores Francisco de P. Santander y Francisco de Paula Vélez, diputados principales por la provincia de Neiva, y sobre la observancia de las fórmulas en la del primer suplente, señor Francisco de Rieux. Pero habiéndose procedido al examen de las calidades legales de este señor, se promovió la cuestión de si podía ser diputado conforme al artículo 29, parágrafo 2°, del reglamento, siendo así que cuando se practicó su elección era intendente del departamento a que pertenece la expresada provincia. El señor Santander pidió que el señor Gori, como oficial mayor que ha sido de la secretaría del interior, informase sobre este asunto, y dicho señor lo verificó, manifestando que el señor general Rieux era intendente en propiedad del departamento de Cundinamarca cuando se hizo su elección, aunque no estaba en actual ejercicio, pues se hallaba ausente de la capital con licencia. En esta virtud fijó el señor Gómez Plata, apoyado del señor Santander, la moción siguiente; "Infórmese a la gran convención que el señor Rieux se halla en el caso del artículo 29, parágrafo único, del reglamento, y, por consiguiente, no puede ser diputado por la provincia de Neiva"; y puesta a votación, se resolvió por la afirmativa.

      Se examinó la elección de segundo suplente hecha en el señor Manuel Bernardo Alvarez, y la comisión acordó informar que en ella se han guardado las fórmulas y que no tiene reparo alguno que oponer respecto de las cualidades legales del nombrado. En tal estado se observó que en el registro de esta provincia constaba haberse nombrado secretario por la asamblea y no se expresaba el motivo por el cual no parecía el acto autorizado por el de la municipalidad, ni tampoco aparecía el nombramiento de escrutadores; y a moción del señor Santander, apoyada de varios señores, se acordó exponer esta ocurrencia en el respectivo informe. El señor director propuso se añadiese que, en concepto de la comisión, esta informalidad no anula la elección; y apoyada la adición por el señor Aranzazu, se votó y fue aprobada, no contándose el voto del señor Santander, que pidió se le excusase de darlo en esta votación, por ser uno de los diputados nombrados por la provincia de Neiva, aunque no la representaba.

      Examináronse los registros de la provincia de Pamplona, y la comisión acordó informar que no tiene reparo alguno que oponer respecto de las calidades legales de los nombrados, que son los señores Francisco de P. Santander, Francisco Soto y José Concha, principales, y Vicente Azuero, Miguel Valenzuela y Facundo Mutis, suplentes. El señor Santander se excusó de votar por las mismas razones que lo hizo en la votación sobre las elecciones de Neiva. Cuando se examinó la elección, del señor Concha manifestó el mismo señor Santander que había llegado a su noticia que algunas personas la censuraban, fundándose en que este señor había interrumpido su residencia con un viaje que hizo a Jamaica en 1825, y que para desvanecer todo reparo presentaba los documentos originales que acreditaban que la ausencia del señor Concha y su residencia fuera de Colombia había sido con licencia expresa del gobierno. Leyéronse estos documentos, y quedó satisfecha la comisión.

      Abriéronse los registros de la provincia de Panamá, y verificado su examen, acordó la comisión informar que se han guardado las fórmulas y que no tiene reparo alguno que oponer en cuanto a las cualidades legales de los señores José Vallarino y Manuel Pardo, diputados principales nombrados en primero y segundo lugar. También se declaró que se habían guardado las fórmulas en la elección del señor Manuel Muñoz para tercer diputado; pero en cuanto a las cualidades legales de este señor, manifestó el señor Cañarete que en el número 41 de un periódico intitulado El Amanuense Patriótico se le objetaban la falta de naturaleza y vecindad en el departamento del Istmo, y la de cinco años de residencia en el territorio de la República; en cuanto a lo primero satisfizo el señor Santander, exponiendo que el señor Muñoz había manifestado de un modo oficial, antes de su elección, su resolución de avecindarse en aquel departamento cuando quedó en libertad para elegir domicilio por habérsele expedido letras de cuartel. Relativamente al punto de la residencia, expuso el señor director que el señor Muñoz había llegado a la Guaira el día 2 de noviembre de 1823, y, por consiguiente, tenía cuatro años y dos meses de residencia, que equivalen a cinco años computados legalmente, por la regla de que el año principiado se tiene por completo. La misma opinión sostuvieron varios señores; pero habiendo sido impugnada por otros muchos, se tuvo un largo debate sobre la proposición fijada por el señor Gori, apoyado por el señor Cañerete, en estos términos; "que resultando de la exposición del señor director que el señor Muñoz no tiene cinco años de residencia en el territorio de la República, se informe que la elección del señor Muñoz debe declararse nula", y finalmente se puso a votación y resultó aprobada, salvando sus votos los señores director, Santanter, López Aldana, Rojas, Brusual y Vargas Tejada. El señor director quiso que constase que lo que había informado era que el señor Muñoz no tenía cinco años completos de residencia. En este acto, se incorporaron a la comisión los señores diputados de Caracas y Carabobo, que habían dirigido la comunicación de que se hace mención al principio de esta acta; y se continuó el examen del expresado registro de Panamá.

      La comisión acordó informar que se han guardado las fórmulas en las elecciones de los dos primeros suplentes, señores José María Herrera y Mariano Arosemena, y que no tiene reparo alguno que oponer en cuanto a las cualidades legales de los nombrados. La elección de tercer suplente, resultaba del registro que había obtenido la mayoría relativa de votos en el primer escrutinio los señores J. José Argote, Pedro Obarrio y Marcelino Vega, el primero con siete votos y los segundos con dos cada uno; que se habían sorteado estos últimos, y había resultado excluido el señor Obarrio; que, en consecuencia, se habia contraído la segunda votación: a los señores Argote y Vega, y en esta había obtenido igual número de votos cada uno de los dos candidatos; y que se habia procedido a un tercer escrutinio en el que resultó electo el señor Vega por nueve votos contra siete. Apareciendo de estos hechos que no se hizo el sorteo entre los señores Argote y Vega, cuando resultaron con igualdad de votos, fijó el señor Liévano, apoyado del señor Aranzazu, la moción siguiente: "Que se informe a la gran convención que en la elección de tercer suplente por la provincia de Panamá se ha faltado al artículo 25, parágrafo 2°, del reglamento de elecciones; y que, por consiguiente, debe declararse nula". Esta moción se votó por partes, y fue aprobada la primera, negándose la segunda por 17 votos contra 13.

      Examinado el registro de la provincia de Pasto, se halló que solo expresaba que el número de electores había sido nueve y que el señor Manuel María Quijano había resultado electo diputado principal por la mayoría absoluta de votos, y el señor José Manuel Valdéz, suplente por ocho votos contra uno que obtuvo el señor Urrutia. En consecuencia, hizo el señor Santander, apoyado por el señor Montoya, la moción siguiente: "Infórmese a la gran convención que en el registro de la elección de la provincia de Pasto no se escribieron los votos con debido orden y separación, faltándose al artículo 27 del reglamento"; y puesta a votación resultó aprobada, siéndolo también la adición que presentó el mismo señor Santander en estos términos: "pero que, en concepto de la comisión, esta informalidad no anula la elección". El señor Mosquera se excusó de votar en esta última proposición, porque recayendo sobre un acto igual al ocurrido con respecto a la provincia que representa, manifestó que se creía personalmente interesado en la resolución, aunque de un modo indirecto. En tal estado, manifestaron los señores diputados de Caracas y Carabobo, incorporados hoy a la comisión, que sus votos no debían contarse en las votaciones, pues no habiendo presentado aún sus credenciales, habían asistido por pura formalidad en virtud de la invitación del señor director. Con esta advertencia se continuó el examen del registro de Pasto, el diputado Vargas Tejada observó que no es el original sino una copia en papel común autorizada por el presidente de la asamblea y el secretario municipal e hizo la moción siguiente: "que se pidan con urgencia a la municipalidad de Pasto los registros originales de las elecciones de su provincia, suspendiéndose entretanto los efectos de los acuerdos de la comisión acerca de las mismas elecciones". El señor Espinal apoyó esta moción, y puesta a votación por partes se aprobó la primera y se resolvió diferir la segunda para el día de mañana, a moción del señor director. Siendo la hora, nombró el mismo señor director a los señores... para extender los informes sobre los registros examinados, hoy y levantó la sesión.

El director,

Francisco Soto.

El diputado encargado de la redacción,

Luis Vargas Tejada.


Señores de la comisión:

      He protestado contra la votación de esta comisión, sobre que se suprimiese o desechase la proposición de "informar a la junta general de la gran convención, calificadora de sus diputados, los motivos que se han tenido presentes para resolver que debiera informarse que la elección del señor Olmedo en Guayaquil es legítima". Las razones de mi proceder en la materia son las siguientes:
   Público y notorio es en Colombia que el señor Olmedo reside actualmente en Londres en calidad de agente público del Perú, y es también público y notorio que ha obtenido y desempeñado el destino de miembro del congreso del Perú en 1822 o 23. Parece absurdo que después de estos hechos notorios se vea que esta comisión informe a favor de la calificación del señor Olmedo, sin explicar claramente las razones en que funda su procedimiento, y en mi humilde concepto, la nación colombiana, ante la cual somos responsables de la rectitud y justicia de nuestros procedimientos, no tendría dato ninguno en qué fundar su opinión respecto de ellos, careciendo de esta explicación o declaración, que yo he visto de menos en la supresión de la enunciada proposición. He sido de opinión que debe calificarse la elección del señor Olmedo por todas las razones que expuse en la discusión, y lo he hecho en satisfacción a la justicia, y porque desearía ver en la gran convención un ciudadano lleno de luces, íntegro y decidido amigo de la causa de la libertad, como puedo asegurar que es la persona de que se trata; pero he deseado también que al pronunciarse la calificación sepa Colombia, con vista del informe de esta comisión, cuáles han sido las razones que se han tenido presentes para fundar esta opinión, en despecho de las apariencias de falta de residencia y ciudadanía, que algunos menos impuestos en los hechos pudieran objetarle.

   Ocaña, 10 de marzo de 1828.

El diputado de Bogotá,

Francisco de P. Santander.

   Suscribo al voto que precede, en todas sus partes, como he protestado el mío por las mismas razones.

   Ocaña, 10 de marzo de 1828.

El diputado de Bogotá,

Luis Vargas Tejada.


Señores de la comisión:

   En la sesión del día 8 del corriente salvamos nuestros votos en la resolución de informar a favor de la validez de la elección de diputado suplente hecha por la provincia de Loja en la persona del señor Juan Antonio Eguiguren.

      Según consta del registro, este individuo sólo obtuvo cinco votos, de nueve que concurrieron a la elección; y como cinco, en nuestro concepto, no son la mitad y uno más de nueve, si se hace el cómputo aritméticamente, creemos que no ha habido en esta elección el número que exige el artículo 25 del reglamento. Se ha objetado que el legislador en este artículo no puede haber exigido una cosa imposible, como lo es el que se dé un número definido que represente la mitad, y uno más de un número impar compuesto de unidades indivisibles; pero a esto se responde:
   1°. Que el legislador no exige para la elección aquel número sino como el mínimum de los votos, pues de lo contrario serían nulas todas las que se han verificado por una pluralidad ascendente, lo cual envuelve un absurdo en todo sentido.

      2°. Que no exigiéndose sino como mínimum, puede cumplirse y se cumple realmente el precepto del legislador, siempre que en la elección concurra un número cualquiera que comprenda aquella cantidad inconmensurable; pero no cuando sólo se reúna una mayoría que no comprenda dicha cantidad.

      En el caso presente, la mitad y uno más de nueve votos es un número inconmensurable mayor que cinco y menor que seis; por consiguiente, no puede estar comprendido en el primero, y es preciso confesar que este está bajo el mínimum designado por la ley, y no puede causar elección legítima.

      Casi todas las razones que se han aducido en contra de nuestra opinión serían muy convincentes si se tratase de reformar la definición dada por la ley de las palabras "mayoría absoluta"; pero por cuanto la ley ha establecido esta definición buena o mala, creemos que la comisión debe someterse a ella; y que la convención tampoco podría reformarla respecto de los actos de que se trata, porque ningún cuerpo puede establecer, ni por consiguiente derogar, las leyes de que dimana su propia existencia, y porque cualquiera decisión sobre el particular, no siendo una interpretación sino una verdadera reforma, como lo sería en el caso presente, tendría un efecto retroactivo.

      Tampoco puede hacerse objeción fundada en la imposibilidad que se toque en la práctica, pues el caso se ha realizado ya en la elección del séptimo diputado de Cartagena, y aquella asamblea repitió las votaciones hasta que un individuo reunió la mayoría en los términos que el reglamento la exige.

      Por estas razones, que desenvolveremos más por extenso en el informe separado que hemos de presentar a la convención, con arreglo a lo acordado en una de las sesiones precedentes, hemos opinado que la elección del señor Eguiguren, así como todas las que se hallen en igual caso, deben declararse nulas.

Ocaña, 10 de marzo de 1828.

El diputado por Tunja,

Francisco Soto.

El diputado por Bogotá,

Luis Vargas Tejada.


SESION DEL DIA 10 DE MARZO

      Abierta la sesión con el competente número de diputados, se leyó y fue aprobada el acta de la precedente, mandándose agregar a ella los votos que presentaron por escrito los señores director, Santander, Rojas y Vargas Tejada, contra la resolución acordada ayer de informar a la gran convención que debe declararse nula la elección de diputado hecha por la provincia de Panamá en el señor Manuel Muñoz. El señor Gómez Durán observó que, según constaba del acta que acababa de leerse, la proposición de informar que la elección del señor Marcelino Vega para tercer suplente por la expresada provincia era nula, a consecuencia de no haberse verificado el sorteo que previene la ley se había tenido como negada, por 17 votos contra 12, contándose entre los negativos los de los siete señores diputados de Caracas y Carabobo que se incorporaron ayer a la comisión; pero que apareciendo de la misma acta que estos señores habían manifestado posteriormente que sus votos no debían computarse en las resoluciones acordadas en aquella sesión por las razones que expresaron, debía declararse cuál ha sido el resultado de aquella votación, en que se hizo regulación equivocadamente. En consecuencia, hizo el mismo señor Gómez, apoyado del señor Flórez, la proposición "de que se repitiese aquella votación", cuya proposición fue modificada por el señor Liévano, apoyado de varios señores, en estos términos: "Resultando que los siete señores diputados de Caracas y Carabobo que se incorporaron no dieron sus votos en la proposición de informar que es nula la elección de que se trata, y sin embargo se computaron como negativos para formar la mayoría de 17 contra 13, se declara que aquella votación fue afirmativa". La comisión aprobó esta moción y se procedió a tomar en consideración lo que se había diferido para hoy, de que se suspendan los efectos de las resoluciones acordadas con respecto a las elecciones de la provincia de Pasto, hasta que se reciban los registros originales; pero el diputado que había presentado esta moción, pidió permiso para retirarla, y la diputación se lo concedió.

      Abrióse el pliego de elecciones de la provincia de Pichincha, y previo el competente examen acordó la comisión informar que se han guardado las fórmulas en las de los señores Antonio Pontón, Luis de Saa, Antonio Ante y José Jesús Clavijo, diputados principales, y que no tienen reparo alguno que oponer en cuanto a las cualidades legales de los electos. Igual resolución recayó respecto de las fórmulas de la elección del señor Miguel Alvarado, electo en quinto lugar; pero constando de un acta agregada al registro que el día 5 de enero se reunió nuevamente la asamblea electoral, con el objeto de resolver sobre la reclamación que hizo el mismo señor Alvarado de que su elección era nula, por no ser natural ni vecino del departamento del Ecuador; y que la asamblea anuló en efecto la elección y nombró otro diputado en su lugar, se tomó en consideración la materia, y el señor director hizo la moción siguiente: "Infórmese a la gran convención que el señor Miguel Alvarado no puede ser diputado por la provincia de Pichincha, por no ser natural ni vecino del departamento a que esta pertenece". El señor Santander la modificó en estos términos: "Infórmese a la gran convención que, en concepto de la comisión, debe confirmarse la resolución de la asamblea electoral de Pichincha sobre la nulidad de esta elección". Y finalmente, el señor director, apoyado por el señor López Aldana, presentó la moción en la forma siguiente: "Infórmese a la gran convención el que constando a la comisión, por la atestación de los electores de Pichincha, que el señor Miguel Alvarado no es natural ni vecino del departamento a que pertenece esta provincia, cree la comisión que su elección debe declararse nula". Y puesta a votación se resolvió afirmativamente. El señor López Aldana, apoyado del señor Aranzazu, propuso luego la adición que sigue: "y que también debe declararse nula la elección posterior hecha por la dicha asamblea en la persona del señor Manuel Zambrano para remplazar al señor Alvarado"; y después de una larga discusión se puso a votación y resultó negada por 12 votos contra 10, salvando los suyos los señores Gómez Durán, Cañarete, Flórez, López Aldana, Liévano y Vargas Tejada.

      La comisión declaró luego que no tiene reparo alguno que oponer en cuanto a las cualidades legales del expresado señor Zambrano; y continuando el examen del mismo registro de Pichincha, se acordó informar que se han guardado las fórmulas en las elecciones del último diputado principal, señor Ignacio Escobar, y de los siete suplentes, señores Vicente Merino, José María Salazar, Salvador Murgueitio, Fermín Orejuela, Miguel Ceballos y Agustín Dávila, y que la comisión no tiene reparo alguno que oponer en cuanto a las calidades legales de los nombrados. Iguales resoluciones recayeron, previo el correspondiente examen, acerca de las elecciones de la provincia de Popayán, resultando haber sido nombrados en ella diputados principales los señores José Rafael Mosquera, Manuel María Quijano, Fortunato Gamba y José Antonio Borrero, y suplentes los señores Manuel José Castrillón, Rafael Diago, José Cornelio Valencia y Miguel Domínguez. Examinado el registro de elecciones de la provincia de Riohacha, resultó que el diputado principal nombrado era el señor Juan de Francisco Martín; y después de haberse declarado que se habían guardado las fórmulas en su elección, objetó el señor Arrubla, respecto de las calidades legales del individuo, que carecía de uno de los requisitos que exige el artículo 29 del reglamento en su parágrafo 2° para poder ser diputado, a saber, un patriotismo notorio, y expuso algunas razones para fundar su aserción. El señor Santander la sostuvo igualmente, y ambos señores fijaron la siguiente proposición: "Infórmese a la gran convención que hasta tanto que no se acredite que el señor Juan de Francisco Martín es de un patriotismo notorio, no puede calificársele diputado a la gran convención". El señor Gómez Durán manifestó que para poder formar su concepto sobre la materia necesitaba oír informes más por extenso de los señores diputados que estuviesen impuestos de los hechos, pues por su parte nada le constaba respecto de la persona de que se trata; a cuyo efecto, y para que los demás diputados tuviesen algún tiempo para tomar informes sobre el particular, hizo la moción para que se difiera para mañana la proposición pendiente; y apoyada por muchos señores, la de diferir, se puso a votación y quedó resuelta afirmativamente. En seguida resolvió la comisión informar que se han guardado las fórmulas en la elección y que no tiene reparo alguno qué oponer en cuanto a las cualidades legales del señor Nicolás Barros, suplente nombrado por la expresada provincia de Riohacha; y siendo la hora, nombró el señor director a los señores Narvarte y Grimon para extender los informes sobre los registros examinados hoy, y levantó la sesión.

El director,

Francisco Soto.

El diputado encargado de la redacción,

Luis Vargas Tejada.


VOTOS SALVADOS

Corresponden al acta del 10 de marzo

      Cuando en la sesión de ayer estuve por la negativa y salvé mi voto en la resolución de que se informase a la asamblea calificadora ser nula la elección que recayó en el señor Manuel Muñoz para diputado por Panamá, he sido guiado por las razones siguientes:
   El señor Muñoz desembarcó en La Guaira el 3 de noviembre de 1823; por consiguiente, contaba ya cuatro años y muy cerca de dos meses de residencia continuada en Colombia; y como la ley no exige que los cinco años sean completos, he creído que la designación de este término, o más claro, que la computación de estos años, debe hacerse en sentido legal; y en tal sentido, el año principiado se tiene por concluido.

      Afiancé mi creencia primero, que tratándose de un acto cuya validación importa más que su nulidad, debe procurarse sostener aquella y no establecer la otra en caso de duda; segundo, que las leyes, adoptando este sistema, han establecido que cuando se trata de recompensas o favores, el año principiado se tenga por completo, como sucede respecto de los menores que pasan a la edad mayor; tercero, que la comisión, en varias ocasiones ha convenido que a pesar de algunas informalidades cometidas en lo material y formal, se informe sosteniendo las respectivas elecciones. Urgido por los argumentos contrarios, procuré satisfacerlos, diciendo: primero, que las palabras por lo menos y continuada no determinaban la computación de los años en el sentido riguroso del calendario, y que ellas quedaban cumplidas, siempre que el candidato contara los cuatro primeros años y principio del quinto; segundo, que el sentido legal era el único en que debía entenderse la ley, y no en el común que quisiera darle el público; en razón de que las leyes presuponen la obligación que tienen todas de saberlas y observarlas, y de que la ignorancia del derecho no excluye de culpa al que lo quebranta; y tercero, en fin, porque a pesar de que la comisión no sea un cuerpo de abogados, que trate de sutilizar, es una reunión de hombres que tienen el deber de informar sobre el hecho y el derecho en este género de cuestiones.

   Y con el objeto de que se agregue esta protesta al registro de ayer, la presento en Ocaña, a 11 de marzo de 1828.

Francisco Soto.


Señores de la comisión:

      He votado por la negativa en la resolución dictada acerca de la elección de diputado de Panamá, verificada en el ciudadano Manuel Muñoz, por las razones que voy a exponer y que consigno en este papel, en observancia del reglamento de proceder y en virtud de haber protestado hacerlo.

      La cuestión ventilada en la comisión se reducía a saber si el coronel Muñoz, por no haber residido en Colombia cinco años completos antes de su elección, como se dice que lo exige el reglamento de la materia, podía ser diputado a la convención. El reglamento, me atrevo a decir, no está claro y terminante en esta disposición, puesto que varios señores de la comisión han dudado, como yo, que él exija una residencia continua de cinco años completos. Las palabras del reglamento son estas: "que por lo menos haya tenido una residencia continuada de cinco años". No puedo comprender que las palabras por lo menos y continuada equivalgan a la voz completo; y si se me convence de que son equivalentes, idénticas o semejantes, seré el primero que votaré por la nulidad de la elección del señor Muñoz, no obstante sus distinguidas y notorias cualidades personales y cívicas; pero, repito, que no lo puedo comprender. Tal vez yo conduciré a la comisión a convertirse en academia de la lengua castellana por estas dudas; mas tratándose de conocer cuál es el verdadero sentido del reglamento, por el examen de la exactitud de las palabras que ha usado, no es culpa mía semejante transformación. La palabra continua no puede ser equivalente a la de completo; y no faltará quien demuestre que la otra por lo menos tampoco quiere decir expresamente que sean cinco años completos. Si el legislador hubiera querido exigir la residencia de tantos días cuantos forman cinco años, así lo habría determinado sin dejar el menor motivo de duda; pero habiendo dejado abierta la puerta a que se aplicase esta disposición por las reglas de derecho común y leyes antiguas, que otro señor diputado ha aducido, mi opinión es que la residencia continuada del señor Muñoz por el tiempo de cuatro años y dos meses antes de su elección, es bastante para llenar la disposición del reglamento y legitimar aquella.

      Corroborase esta opinión con la decisión favorable, que he oído decir, dictó la asamblea electoral de Panamá, que parece consultó con dos letrados acerca de la validez de la elección del señor Muñoz por la duda de la residencia. Veo que no consta del registro esta resolución; pero si es cierto que ella se ha dictado, la elección del señor Muñoz ya tiene en su favor la decisión de la autoridad, a quien el reglamento confiere primeramente esta facultad, salvo el recurso a la convención.

   Ocaña, 11 de marzo de 1828.

F. de P. Santander.


Señores de la comisión:

      En la resolución acordada el día de ayer por la comisión, de que se informase a la convención que la elección que recayó en la persona del señor Manuel Muñoz en la provincia de Panamá es nula, por no tener la residencia que exige el reglamento, he salvado mi voto, fundado en las razones siguientes:
   El hecho que ha servido de base a la resolución se ha referido por un solo diputado, quien ha dicho que el señor Muñoz llegó a Colombia el 2 de noviembre del año de 23, sin aducir en prueba de esta aserción razón alguna, ni referirse a documento de ninguna clase; y el dicho de un solo diputado no es, en mi modo de entender, bastante para informar que el hecho es cierto y que, por lo mismo, la elección deba declararse nula; porque si esta práctica se sancionase con este ejemplo, en adelante cualquier diputado podrá asegurar que yo tengo causa criminal pendiente, y con esto ya habría bastante motivo para que se informase que el hecho era verdadero y que, en consecuencia, no debía ser calificado, hollando de este modo los principios, puesto que se carga al acusado la obligación de probar lo que él niega, que por todo derecho siempre corresponde al que acusa o denuncia. Pero aun en el caso que el hecho llegase a probarse, las razones alegadas en la discusión, y que seguramente aducirán en sus votos que han salvado los señores Soto, Santander y Vargas Tejada, han inclinado mi entendimiento en favor de la validación de la dicha elección.

   Ocaña, 11 de marzo de 1828.

Ezequiel Rojas.


Señores de la comisión:

      En la sesión de ayer estuve por la negativa, cuando se acordó informar a la diputación plena, encargada de calificar las elecciones de los diputados, que debe declararse nula la del señor Manuel Muñoz, nombrado por la provincia de Panamá; y las razones en que he fundado mi voto, son las siguientes:
   De los informes que ha oído la comisión, resulta que el señor Muñoz ha permanecido en Colombia desde el día 2 de noviembre de 1823, es decir, que cuando se verificó su elección contaba cuatro años y casi dos meses de continua residencia, y es bien notorio el principio de derecho, aducido en la discusión por varios señores diputados, de que el año principiado se tiene por completo en materia favorable.

      No se opone, en mi concepto, a la aplicación de este principio en la cuestión presente, las palabras "por lo menos", de que usa el artículo del reglamento de elecciones, que exige para ser diputado los cinco años de residencia en el territorio de la República, pues dichas palabras no tienen otro objeto que el de fijar el mínimum de años, sin que determinen si se deben computar del modo vulgar o con arreglo a los principios generales del derecho común; y la diputación plena, que va a ejercer las funciones de juez en las calificaciones, debe, en caso de duda, adherirse a estos principios, y entender la ley conforme a ellos, para no incurrir en la arbitrariedad que resultaría de lo contrario.

      Se ha dicho que el cómputo debe hacerse por el método vulgar, porque es de suponerse que las asambleas electorales no se han compuesto de juristas, y, por consiguiente, no han debido entender las palabras de la ley conforme a derecho sino en su acepción vulgar; pero yo he contestado que la ignorancia del derecho en los que ejecutan un acto no es motivo suficiente para que los jueces dejen de aplicar el derecho cuando se trata de calificar el mismo acto; y no he oído rebatir esta última proposición con razones que me convenzan.

      También se ha objetado a la opinión que sostengo, que la interpretación de que se trata, o más bien, la inteligencia de la ley no es una materia favorable, porque para los diputados nombrados es un gravamen la representación. Esta razón me parece poco sólida, porque no se trata del interés del individuo nombrado, sino del de la provincia que ha puesto en él sus ojos para confiarle el importante cargo de representarla en la asamblea nacional; porque aun cuando se atendiese al interés del individuo, no es creíble que haya un solo colombiano en cuyo ánimo pesen más las molestias de un viaje, sean cuales fueren, que el alto honor que le resulta de desempeñar con honradez y rectitud los deberes que le impone una demostración tan relevante de confianza, recibida de parte de sus conciudadanos; y, finalmente, porque en el presente caso no sería aplicable de ningún modo la consideración que impugno, aun cuando fuese sólida, supuesto que el señor Muñoz emprendió su marcha, ha llegado a esta ciudad, y, por consiguiente, es de creerse que ya ha sufrido cuanto la representación puede tener de penoso.

   Por estas razones, y por las que adujeron otros señores en sus luminosos discursos, he sido de la opinión que consigno en este voto, conforme a las reglas adoptadas por la comisión para el orden de sus procedimientos.

   Ocaña, 11 de marzo de 1828.

El diputado por Bogotá,

Luis Vargas Tejada.


SESION DEL 12 DE MARZO

         Abierta por el señor director la sesión con el competente número de diputados y aprobada el acta de la precedente, se tomó en consideración la proposición que se había suspendido para hoy, respecto de la elección de diputado hecha por la provincia de Riohacha en el señor Juan de Francisco Martín. El señor Santander manifestó que tomaba la palabra, no para presentar ningún derecho sino en su acepción vulgar; pero yo he contestado que la ignorancia del derecho en los que ejecutan un acto no es motivo suficiente para que los jueces dejen de aplicar el derecho cuando se trata de calificar el mismo acto; y no he oído rebatir esta última proposición con razones que me convenzan.

      También se ha objetado a la opinión que sostengo, que la interpretación de que se trata, o más bien, la inteligencia de la ley no es una materia favorable, porque para los diputados nombrados es un gravamen la representación. Esta razón me parece poco sólida, porque no se trata del interés del individuo nombrado, sino del de la provincia que ha puesto en él sus ojos para confiarle el importante cargo de representarla en la asamblea nacional; porque aun cuando se atendiese al interés del individuo, no es creíble que haya un solo colombiano en cuyo ánimo pesen más las molestias de un viaje, sean cuales fueren, que el alto honor que le resulta de desempeñar con honradez y rectitud los deberes que le impone una demostración tan relevante de confianza, recibida de parte de sus conciudadanos; y, finalmente, porque en el presente caso no sería aplicable de ningún modo la consideración que impugno, aun cuando fuese sólida, supuesto que el señor Muñoz emprendió su marcha, ha llegado a esta ciudad, y, por consiguiente, es de creerse que ya ha sufrido cuanto la representación puede tener de penoso.

   Por estas razones, y por las que adujeron otros señores en sus luminosos discursos, he sido de la opinión que consigno en este voto, conforme a las reglas adoptadas por la comisión para el orden de sus procedimientos.

   Ocaña, 11 de marzo de 1828.

El diputado por Bogotá,

Luis Vargas Tejada.


SESION DEL 12 DE MARZO

      Abierta por el señor director la sesión con el competente número de diputados y aprobada el acta de la precedente, se tomó en consideración la proposición que se había suspendido para hoy, respecto de la elección de diputado hecha por la provincia de Riohacha en el señor Juan de Francisco Martín. El señor Santander manifestó que tomaba la palabra, no para presentar ningún cargo contra dicho señor, ni tampoco para defenderlo, supuesto que por su delicadeza se abstenía de votar en la cuestión, y sólo había apoyado la proposición en cuestión con el objeto de que se examinase para hacer algunas explicaciones sobre lo que en su concepto debe entenderse por el patriotismo notorio que exige la ley reglamentaria de elecciones para poder ser diputado. Procedió a hacer estas explicaciones en abstracto, sin hacer ninguna referencia a la persona de que se trataba, y luego que hubo terminado su discurso, tomó la palabra el señor Gori y adujo varias razones en contra de la proposición, fundándose, principalmente, en que la ley no puede exigir sino una notoriedad relativa, y que esta debe suponerse en el caso presente por el testimonio de la provincia que ha elegido al individuo en cuestión por medio de su asamblea. Añadió que el señor Juan de Francisco Martín había dado pruebas de su patriotismo, haciendo dos viajes tan largos y penosos, como lo es de Cartagena a Bogotá, con el objeto de desempeñar el destino de representante que le había confiado la provincia de Cartagena, siendo la elección para ese destino otra prueba nada equívoca de la notoriedad de su patriotismo, pues aunque la constitución no exige esta cualidad de un modo explícito, debe presuponerse necesariamente como una de las más esenciales para ocupar un puesto en la representación nacional.

      El señor Montoya dijo, que aunque debía abstenerse de votar por tener resentimientos personales con el individuo de que se trata, quería dar una prueba de su imparcialidad, manifestando su opinión de que por las razones aducidas no sólo no estaba comprobado el patriotismo del individuo en cuestión, sino que podía creerse que no existía, o a lo menos revocarse a duda; pero que siendo tan vaga y tan indefinida la cualidad de notorio patriotismo que exigía el reglamento, y no pudiendo fijarse de un modo positivo, estaba por la calificación, reservando vengar en otro lugar sus resentimientos. Que al dar este voto hacía esta explicación para que en ningún tiempo pudiese creer que tenía miras de conciliación.

      El diputado Vargas Tejada expuso: que habiéndose indicado ayer la existencia de hechos que comprueban que el señor de Francisco carece del requisito de un patriotismo notorio, y habiéndose diferido para hoy el negocio, con el objeto de recibir informes sobre estos hechos, deseaba se expresasen, pues por su parte no tenía conocimiento alguno en la materia para fundar su opinión. Igual manifestación hizo el señor Gómez, añadiendo que sólo había oído indicar a un señor diputado, fuera de la sesión, que el señor de Francisco había obtenido la cruz llamada de Isabel la Católica, y que siempre que se probase ser cierto este hecho, no votaría por la calificación, porque aquella condecoración no se concedía sino a los que habían hecho servicios distinguidos al gobierno español contra los americanos independientes. El señor Cañarete expuso que, según había oído decir, el señor de Francisco tiene sus relaciones de familia y de intereses en los dominios del rey de España, que fue adicto a la causa de este e hizo positivos servicios contra la independencia, y que no ha dado pruebas posteriores de haber mudado de opinión; y que mientras no se pongan en claro estos hechos y se desvanezcan o se confirmen, no puede votar con seguridad en la cuestión precedente. Como no se hubiese adelantado ningún otro informe sobre el particular, propuso el señor director, apoyado por el señor López Aldana: "que se difiriese el asunto para la última sesión que tenga la comisión con el objeto de acordar los informes que debe dar sobre las elecciones"; y puesta a votación esta moción, se resolvió afirmativamente, no contándose el voto del señor Santander, que se excusó de darlo, según había manifestado al principio.

      Abrióse el pliego de elecciones de la provincia del Socorro, y se halló que en él constaba haberse reunido la asamblea el día 30 de diciembre de 1827, pero que la sesión de aquel día se había consumido en cuestiones sobre calificación de electores y otras que se suscitaron; que el día siguiente sucedió lo mismo, y que, finalmente, la elección de los diputados se hizo el tercero, es decir, el día 1° de enero del presente año, recayendo la primera en el señor Juan de la Cruz Gómez Plata. En consecuencia, de esto hizo el señor Gómez Durán la moción siguiente: "Infórmese a la gran convención que, aunque la asamblea electoral del Socorro se reunió el día 30 de diciembre de 1827 conforme previene la ley, no se verificó la elección del señor Gómez Plata hasta el día 1° de enero"; y apoyada por el diputado Vargas Tejada, se votó y resultó aprobada, siendo también "la de que se informe que, en concepto de la comisión, dicha elección debe declararse válida y que no tiene la comisión reparo alguno que oponer en cuanto a las cualidades legales del electo". Como la elección del segundo diputado había recaído en el señor Diego Fernando Gómez Durán, se retiró de la sala dicho señor, aunque no representa a la provincia del Socorro; y la comisión, verificado el correspondiente examen, acordó informar que se han guardado las fórmulas y que no tiene reparo alguno que oponer en cuanto a las cualidades legales del electo, recayendo iguales resoluciones respecto del señor Francisco Javier Cuevas, diputado nombrado en tercer lugar.

      Luego que se acordó informar que se han guardado las fórmulas en la elección del señor Joaquín Suárez, quien ocupa el quinto lugar, expuso el señor Gori que, en cumplimiento del deber que tiene cada diputado de comunicar a la comisión las noticias que tenga sobre las cualidades legales de los individuos electos, manifestaba que, habiendo dado órdenes el poder ejecutivo para que se investigase si el señor Suárez era deudor a las rentas públicas, había resultado en realidad un alcance en su contra en el manejo de la renta de diezmos, según el documento que el mismo señor Gori había visto. Que no dudaba que el señor Suárez hubiese desvanecido el cargo; pero para proceder con más seguridad pedía se difiriese el acordar el informe hasta que llegue dicho señor o remita los documentos que acrediten que no es deudor a los fondos públicos. El señor Santander apoyó esta moción, pero al mismo tiempo hizo algunas explicaciones para manifestar que le parecía que el señor Suárez no era responsable de cantidad alguna a la expresada renta, lo cual confirmaron también los señores director y López Aldana; pero no habiendo oposición a la moción de diferir, se votó y fue aprobada.

      Examináronse las elecciones de los señores Angel María Flórez y Manuel Baños, últimos diputados principales, y de los señores Miguel Uribe y Uribe, Juan Nepomuceno Toscano, Juan Nepomuceno Parra, Juan Tejada, Miguel Reyes Pradilla y Juan Bautista Estévez, suplentes; y se acordó informar que se han guardado las fórmulas y que la comisión no tiene reparo alguno que oponer en cuanto a las calidades legales de los nombrados. Terminado este registro, se abrió el de la asamblea electoral de la provincia de Tunja, habiéndose retirado el señor director, que la representa, y ocupado la silla por su designación el señor Aranzazu; resultó en primer lugar que la asamblea había dudado si el artículo 25 del reglamento de elecciones disponía que las de todos los diputados se hiciesen en una sesión permanente, o si este requisito era sólo para cada uno, y que la asamblea había decidido afirmativamente en este último sentido por unanimidad de votos; que, en consecuencia, se habían hecho las elecciones de los tres primeros diputados en la mañana del día 30 de diciembre; y que suspendiéndose la sesión a la una, se había continuado a las tres de la tarde del mismo día, en la cual se habían nombrado los cinco diputados restantes, verificándose en el día siguiente la elección de los ocho suplentes. También se observó que en el registro sólo se expresa el número de votos con que había resultado electo cada uno de los diputados, sin hacer mención de las personas que en cada votación obtuvieron los restantes; y, finalmente, que en la conclusión se expresa que en la votación principal u original queda firmada por el presidente y los escrutadores. El señor Santander pidió que no se contase su voto en las resoluciones sobre el contenido del registro presente; pues aunque no representaba a la provincia de Tunja, obtuvo en ella la elección de diputado en primer lugar. Procedióse al examen de los puntos indicados, por el orden inverso de aquel en que se han referido, y primeramente fijó el diputado Vargas Tejada la siguiente moción: "que se suspenda el acordar los informes sobre las elecciones de la provincia de Tunja, hasta que se reciban los registros originales, los que se pedirán inmediatamente a la municipalidad de aquella ciudad". Los señores Gómez, Liévano y Espinal la modificaron suprimiendo la primera parte; y puesta a votación, quedó aprobada en estos términos: "Que se pidan inmediatamente a la municipalidad de Tunja los registros originales de las elecciones de aquella provincia".

      Seguidamente acordó la comisión, a moción del señor Espinal, apoyada y modificada por varios señores, informar "que en el registro expresado no aparecen los votos escritos con el debido orden y separación, aunque sí consta quiénes son las personas que han obtenido la pluralidad de votos requerida por la ley; que, en concepto de la comisión, la falta indicada no anula estas elecciones". Procedióse al examen de la cuestión sobre la sesión permanente que había decidido la asamblea en los términos arriba indicados, y el señor Gori, apoyado del señor Espinal hizo la siguiente moción: "que se informe a la convención que las elecciones de la provincia de Tunja no se hicieron en una sesión permanente, pero que, sin embargo, cree la comisión que no deben declararse nulas". Y después de un largo debate en que se propusieron algunas modificaciones que no fueron apoyadas se votó esta moción por partes, y fue aprobada, salvando su voto en la última los señores López Aldana y Cañarete, no contándose el del señor Santander por las razones arriba expresadas. Sucesivamente acordó la comisión, procediendo por los trámites ordinarios, informar a la gran convención que se han guardado las fórmulas en cada una de las elecciones de los diputados principales, señores Francisco de Paula Santander, José Ignacio Márquez Barreto, Francisco Soto, Antonio Malo, Diego Fernando Gómez Durán, José María Ramírez del Ferro, Francisco Javier Cuevas y Andrés María Gallo. Examinadas las elecciones de suplentes y resultando que había recaído la primera en el ciudadano Luis Vargas Tejada, expuso este diputado que, aunque no podía llegar el caso de que se le requiriese para representar como suplente a la provincia de Tunja, porque ha obtenido el nombramiento de diputado principal por la de Bogotá, sin embargo, para que los informes de la comisión tuviesen toda la exactitud posible, se creía en el deber de manifestar que no es natural ni vecino del departamento de Boyacá, comprobando lo primero con la certificación de su partida de bautismo que presentó, y lo segundo por la notoriedad pública y por el nombramiento de elector que obtuvo por el cantón de Bogotá. Retiróse de la sala y, tomada en consideración la materia, previa la declaración de haberse guardado en su elección las fórmulas, acordó la comisión, a propuesta del señor Gori, apoyada del señor Aranzazu, informar "que dicha elección debe declararse nula, por el resultado de la exposición y documento presentado por el individuo en quien ella ha recaído".

      Seguidamente se examinó la elección del señor Manuel Joaquín Ramírez para segundo suplente, y la comisión declaró que se han guardado las fórmulas y que no tiene reparo alguno que oponer en cuanto a las cualidades legales de este señor. En la de tercer suplente, hecha en la persona del señor José Escarpeta, resultaba que este individuo había obtenido 30 votos contra 29, siendo 59 el total de los que había producido el escrutinio; y a moción del señor Flórez, apoyada por el diputado Vargas Tejada, se acordó informar a la convención de este hecho en los términos que se han expresado. El señor Mosquera, apoyado por el señor Santander, adicionó lo siguiente: "Pero que en concepto de la comisión debe declararse válida la elección, por la imposibilidad de darse un voto más sobre la mitad en un número impar de votos"; y después de un largo debate modificó esta adición el señor López Aldana, apoyado por los señores Narvarte y Echezuria, en los términos que siguen: "Que, en concepto de la comisión, el señor Escarpeta, habiendo obtenido 30 votos contra 29, ha reunido la pluralidad absoluta que exige la ley"; y puesta a votación resultó aprobada, salvando sus votos los señores Liévano, Gómez Plata, Cañarete y Vargas Tejada.

      Constaba igualmente en el registro, que se habían suscitado dudas sobre la residencia del señor Escarpeta, y que la asamblea había decidido el punto favorablemente. El señor Gori añadió que el poder ejecutivo había mandado practicar averiguaciones sobre el hecho de tener el señor Escarpeta causa criminal pendiente, pero que no sabía que aquellas hubiesen tenido algún resultado. El señor Santander informó que, según había oído decir, el señor Escarpeta tenía certificación de la curia eclesiástica, de haber sido absuelto del cargo de herejía que se le había formado, y que lo mismo le habían asegurado el señor provisor del arzobispado de Bogotá y otras personas que debían estar impuestas en los hechos. El señor Mosquera observó también que el cargo de que se ha hablado no está calificado como delito por las leyes civiles de Colombia, y, por consiguiente, nada puede influir en la cuestión. En consecuencia, retiró el señor Gori, con permiso de la comisión, la moción que había hecho, de que se difiriese la resolución, y se acordó informar que la comisión no tiene reparo que oponer en cuanto a las cualidades legales del expresado señor Escarpeta. Siendo la hora nombró el señor Aranzazu, que presidía a la sazón, a los señores Manrique y Romero para que redacten los informes sobre los registros examinados hoy y levantó la sesión.

El director,

Francisco Soto.

El diputado encargado de la redacción,

Luis Vargas Tejada.


Señores de la comisión:

   Cuando ayer se afirmó que la elección de diputados para la gran convención, verificada en la provincia de Tunja en sesiones distintas, era válida, salvé y protesté mi voto negativo, y la razón que tuve para ello fue la siguiente:

      El artículo 25 del reglamento de elecciones dispone terminantemente "que los diputados se elijan de uno en uno en sesión permanente", lo cual no se practicó, pues del registro consta que se eligieron tres diputados en una sesión, y que suspendida esta se procedió por la tarde en otra sesión a elegir los demás; para mí es absolutamente claro que se faltó a lo que prescribe el artículo citado, y que, por consiguiente, la elección verificada en la segunda sesión es nula.

   Ocaña, 13 de marzo de 1828.

Manuel Cañarete.


   República de Colombia, Ocaña, 1° de abril de 1828 18°. Al señor secretario de Estado del despacho del interior.

   Acompaño a vuestra señoría copias de cuatro actas de la comisión, para que se sirva disponer se impriman, conforme al acuerdo que tuve el honor de comunicar a vuestra señoría anteriormente.

      Falta la copia del acta del 18 del próximo pasado, que no se pudo sacar oportunamente porque hasta hoy no se ha proporcionado el local para la secretaría de la comisión, y los enseres no se recibieron sino por el último correo, de suerte que no ha sido posible regularizar las operaciones de dicha secretaría. Sin embargo, en primera ocasión se remitirá dicha copia, a fin de que si es posible se inserte en su respectivo lugar.

   Dios guarde a vuestra señoría.

El director,

Francisco Soto.


SESION EXTRAORDINARIA DE LA NOCHE DEL 17 DE MARZO

      En virtud de citación hecha por el señor director, se reunieron en el local acostumbrado los señores diputados presentes en esta ciudad en número de 38, inclusos los señores Vicente Azuero, diputado por la provincia de Bogotá; Francisco Aranda y Santiago Rodríguez, por la de Carabobo; Juan José Pulido, por la de Apure; Francisco Conde, por la de Barinas, e Hilario López, por la del Chocó, que tomaron asiento en la diputación por primera vez; y se dio lectura de los documentos, cuyo tenor es el siguiente:

   República de Colombia. Gobierno de la provincia. Mompós, a... de 1828.

   Al señor secretario de la gran convención.

      En este momento acaban de llegar a esta, por la vuelta de Tolú, el señor general de marina José Padilla, y el señor doctor Ignacio Muñoz, que dejaron a Cartagena el 8 del corriente a las doce de la noche, y traen por noticia que, habiéndose suscitado algunas efervescencias entre la tropa y el pueblo, con el objeto de restablecer la tranquilidad, habían tenido por prudente dicho señor general, el señor intendente y el señor presidente de la corte superior de justicia, se pasase el mando militar de la plaza, que tenía el señor coronel José Montes, en el señor comandante Juan Antonio Piñeres; que descansados en esta medida y en otras oportunas que se tomaron, se creyó asegurado el orden público; pero que la noche del 5 la guarnición abandonó todos los puntos de la plaza, la sala de armas, la prisión, etc., y siguió a Turbaco, en donde se puso al frente de ella el general Montilla; que el señor general Padilla, sabedor de esta ocurrencia, y de acuerdo con el señor intendente, pusieron sobre las armas a la milicia que pudo formarse en aquellos apuros, y con ella se cubrieron los puntos principales; que en este estado se recibieron comunicaciones del señor general Montilla, en que desconocía el nombramiento hecho en el señor comandante Piñeres, y que él, en virtud de las instrucciones especiales que tenía la comandancia de su excelencia el Libertador, era el llamado para el mando del departamento, en el caso de que las circunstancias críticas lo exigiesen. Con esta manifestación, y con objeto, tanto de que no continuase más expuesta la seguridad de la plaza, como el que al regreso de las tropas no se cometiesen desórdenes, que la prudencia debía recelar, se envió una diputación al señor general Montilla, compuesta del expresado señor doctor Muñoz y del señor Juan de Francisco, siendo uno de los objetivos de esta misión pedir explicaciones al señor general sobre sus ideas y las de la tropa de su mando, con respecto a la gran convención; que la contestación de este fue completamente satisfactoria a los deseos de los diputados, así en orden al sostén de aquel cuerpo como a las garantías que se le pedían, nombrando en el acto un oficial para que pasase a esa a informar al señor presidente de lo ocurrido, y a protestarle las mejores seguridades de obedecimiento y respeto a las deliberaciones de esa asamblea nacional. Que después de esto fueron despachados con un pliego para el señor general Padilla, en que creyeron que iban las ratificaciones por parte del señor general Montilla de las protestas y ofertas; pero que sólo apareció en dicho pliego un desconocimiento del carácter del general Padilla, que últimamente se había encargado del mando, y que él (el general Montilla) sólo reconocía por autoridad legítima, para entenderse, al señor intendente del departamento, nombrado por el poder ejecutivo; que, en su virtud, los señores Padilla y Muñoz, desconfiados ya por una parte, y por la otra deseando evitar un lance o comprometimiento que pudiese acarrear desórdenes de mayor consecuencia, habían ambos tomado el partido de dejar la plaza antes de la ocupación de las tropas.

   Y es cuanto en globo puedo informar a vuestra señoría en cumplimiento de lo que creo de mi deber, para que se sirva ponerlo en conocimiento del cuerpo nacional.

   Dios guarde a vuestra señoría,

Francisco de Troncoso.

Mompós, 12 de marzo de 1828.

   Señor director de la comisión de calificación:

      Con esta fecha dirijo a su excelencia, el presidente de la República, original, el parte oficial que en copia acompaño. Por él se impondrá la comisión de los justos motivos de celo por la inviolabilidad del soberano cuerpo nacional, que dieron lugar a los desagradables sucesos que se refieren, y que deben llamar la atención de la comisión, o del soberano congreso, si estuviese reunido, sin perjuicio de presentarme personalmente en esa ciudad, a ofrecer mi persona, mi poco influjo y cuanto pueda pertenecerme, en defensa de la convención, siempre que pueda ser atacada.

   Dios guarde a vuestra señoría,

José Padilla.

   Mompós, 12 de marzo de 1828.
   (Al señor director de la comisión de calificación)

   Excelentísimo señor:

      Es bien sensible para mi corazón verme forzado a ser el órgano de la comunicación más desagradable que ha podido recibir su excelencia de los sucesos de este departamento. La historia militar de las naciones no había dado un modelo de crímenes tan espantosos como los provocados y efectuados en estos días por el benemérito señor general Mariano Montilla, quien sin embargo de hallarse con letras de cuartel en Turbaco, se titula hoy comandante general del departamento con facultades extraordinarias, y con ellas ha debido entrar a esta fecha a la mísera Cartagena, de quien se cree el árbitro, o mejor diré, el soberano absoluto.

      Desde principios de febrero del presente año, que se presentó su señoría en el pie de la Popa a celebrar las fiestas de la Candelaria, en unión del señor general Manuel Valdez, se oyeron a este las amenazas más imponentes contra la gran convención, siempre que no adoptase el gobierno militar porque suspiran , y se acordasen al ejército qué sé yo qué infinidad de recompensas, que ni la gran convención, en medio de su opulencia, ha podido ofrecer a sus leales servidores.

      Por fin, al concluirse dicho mes, se apareció en la plaza el mismo señor Montilla con su caja de Pandora o tea de la discordia; es decir, con la indicada representación, que por medio del comandante general in nomine, benemérito señor coronel José Montes, propuso, para que la firmasen tumultuariamente, a la oficialidad de los cuerpos. El de artillería -cuyos jefes son notoriamente devotos de la tiranía y de las pretensiones del expresado general Montilla- no dudó firmar en el acto. La de Tiradores, en parte circunspecta, honrosa y valiente, desdeñó también en parte suscribirse a ese crimen militar, que echa por tierra la ley primera de la milicia, que es la subordinación, la cual queda de hecho atacada por los súbditos, que en mayor número de tres representan al superior, aunque sea para pedir el pan y prest a que son legítimamente acreedores.

      Nada diré de la violación del decreto de su excelencia el Libertador presidente, porque confío en que vuestra excelencia, teniéndole a la vista, convendrá con mi humilde opinión. Por consecuencia de este suceso quedó dividido de hecho el batallón Tiradores, insultándose a la vez los oficiales firmantes y no firmantes, y poco faltó para que llegasen a las manos. Como el comandante general y el de este cuerpo fueron firmantes, trataron de perseguir a los no firmantes, quienes se acogieron a mi protección, a fin de que los relevase de la persecución. Constante en mis principios liberales, no tuve embarazo de hacerlo entender así a dichos comandantes general y del cuerpo de Tiradores. Por este mismo tiempo, como vuestra excelencia habrá advertido por los varios impresos que han corrido, se ha tratado igualmente de perseguir a los escritores públicos que defendían los principios liberales, hasta ofrecerles una mortaja de cáñamo, que se aseguró se trabajaba en la maestranza de artillería. Me pidieron estos también protección, y se la ofrecí del mismo modo, conforme a la ley. No es de pasarse en silencio antes de este lugar la deserción escandalosa del batallón Tiradores, inclusas las compañías de marina, que se habían agregado en número de 25, 30, etc., llevándose hasta los cornetas que, no aparecieron en ningún lugar de la provincia, y que ahora se ha sabido iban en derechura a la estancia de Aguasvivas del general Montilla, que está a las cercanías de Turbaco, cuyo jefe los recibía con aplauso, dándoles un corto entretenimiento y buena ración. Con pretexto de perseguir a estos desertores, suponiendo iban a reunirse a otro oficial desertor y al rebelde Acosta, se hizo marchar un cuerpo de caballería, por Sabanas hacia Sinú, para apoderarse de antemano del granero de la plaza en caso de sitio, cuyas medidas tomadas anticipadamente a todos los sucesos, hacen hoy palpar el plan de la revolución que ha estallado por último, y que acaso se tendrá de atribuir a miserables inocentes.

      Se supo por otra parte, y es público y notorio hoy, que desde principios de febrero el señor general Montilla había mandado construir, en dicha parroquia de Turbaco, cuartel para recibir tropas, que no podían ser otras que las desertadas y resto del ejército de que hablaré después.

      Por tan justos motivos, el pueblo de la mísera Cartagena se ha hallado en una continua alarma y espanto desde principios del presente mes, en que ya se descubrieron las miras del tirano. Llegó por último el aciago miércoles 5 de la anterior semana, y de repente, en la lista de las seis de la mañana, se dio el grito en el cuartel de artillería, victoriando al Libertador presidente, benemérito Simón Bolívar, y condenando a la execración y a la muerte al vicepresidente de la República, benemérito general Francisco de Paula Santander, cuyo gritos obligaron al pacífico patriota Juan de Dios Amador a reconvenir también a gritos a su comandante Joaquín M. Tatis, haciéndole palpar su crimen. Agitado el pueblo, y particularmente los escritores, con tan horrendo delito que daba a entender las miras bien conocidas de los traidores, envolviéndonos, con el augusto nombre del Libertador, en los horrores de la guerra, suponiendo a los del partido contrario a sus ideas, amigos del general Santander, creí de mi deber acercarme, como lo hice, al señor intendente del departamento, encargado de la seguridad pública y manifestarle el estado de alarma; indicándole, como un remedio de calmar los ánimos, la separación de su cuñado del mando de las armas del departamento, a lo que accedió, después de haber oído el consejo del señor presidente de la corte superior de justicia, doctor Enrique Rodríguez y del señor juez letrado de hacienda, doctor Ramón Ripoll, cuyo mando no pudo recaer, por la misma sospecha de desconfianza, en el señor coronel Julio Augusto de Reimbolt, ni en el comandante Joaquín M. Tatis, que lo es de la brigada de artillería, solicitándose al efecto al señor coronel graduado Juan Antonio Piñeres, ministro de la superior corte marcial, que reunía por lo menos el prestigio de la imparcialidad. En el momento que el señor general Montilla supo en Turbaco esa determinación, que a nadie podía ofender, dio órdenes secretas a los comandantes Reimbolt y Tatis para que se le uniesen en su cuartel general, que ya tenía establecido, con el jefe del estado mayor, y ala media noche del mismo día 5, cometiendo la felonía de no haber entregado las llaves de la plaza al nuevo comandante general nombrado, se escaparon todo el cuerpo de artillería y la mayor parte del de Tiradores con el mayor de la plaza, que se llevó todas los guardias, dejándonos vendidos y en los brazos sanguinarios de la anarquía, poniendo en libertad hasta los reos de muerte de sus dichos cuerpos y en abandono los presidiarios, que pudieron entregarse al saqueo y demás violencias.

      Al partir los traidores dejaron preso al segundo comandante de Tiradores, Mariano Gómez, y al capitán Francisco Escarras, quienes rompieron la puerta del almacén, pudieron escapar y vinieron a mi casa, a avisarme de lo ocurrido. En el acto me puse a caballo y fui personalmente a avisar al señor presidente de la corte, al señor intendente, al señor administrador de tabacos, y, en fin, a todas las oficinas públicas, mientras que por otra parte dí órdenes de recoger a los soldados que se habían quedado, y de desembarco, de los que había a bordo de las fragatas nacionales; con los cuales volví a cubrir los puestos de guardia y restablecer el orden en toda la ciudad, poniendo en ronda a todos los jueces. Amaneciendo el día se me acercaron los cónsules de su majestad británica y los Estados Unidos, pidiéndome les asegurase las propiedades de sus súbditos, y aunque no era obligado yo a ello, porque ni era intendente ni comandante general, en honor de Colombia dí mi palabra de honor que así sería, y al efecto, redoblé todos mis esfuerzos. Llegó entretanto comunicación oficial del benemérito señor general Mariano Montilla desconociendo por comandante general al señor coronel Piñeres e intimando a la plaza a que se le rindiese y entregase a su señoría, que era el comandante general, revestido de facultades extraordinarias por una orden que aseguró tener reservada de su excelencia el Libertador presidente. A pesar de la clandestinidad de la orden, que no se había comunicado anteriormente a la comandancia general, ni a los cuerpos por el conducto de ordenanza, el señor coronel Piñeres, movido siempre de sus sentimientos de paz, o debilidad, mandó reconocer en el acto por comandante general con facultades extraordinarias al enunciado señor general Mariano Montilla. He aquí, señor excelentísimo, el momento del estrago, porque todos los que temían las injustas persecuciones del señor general Montilla se avocaron al palacio de la intendencia y le pidieron con más o menos energía la seguridad de sus personas y sus intereses, habiendo entre ellos varios de los que, en la época pasada, cuando la guerra civil del señor Castillo y Bolívar, fueron víctimas de ese mismo señor general Montilla, como mayor general, o director del citado difunto general Manuel Castillo. No siendo decisiva la respuesta del señor intendente, sino la de "ahí veremos", "se tomarán providencias", etc., que han sido las de las ventas de todo el mundo, enfurecidos los concurrentes se han ido a los cuarteles y me han proclamado comandante general e intendente, supuesto que no había comandante general legal, ni el señor intendente aseguraba, como debía, las vidas y los intereses de los que se consideraban proscritos.

      Por calmar la efervescencia, ofrecí a los que me proclamaron me haría cargo de ambas magistraturas; pero observando que en cierto modo se atacaba a la autoridad de un magistrado constitucional, cual era el señor intendente, aunque no había correspondido a la confianza pública, nunca quise hacerme cargo de dicha intendencia, y sí sólo de la comandancia general, para sostener y mantener el orden en la plaza y exigir explicaciones terminantes al general sitiador. Con este objeto envié en clase de emisarios al honorable señor Juan de Francisco Martín y al doctor Ignacio Muñoz, escogiendo uno de los que merecían más confianza en los respectivos partidos, pues aunque era cierto que el señor Muñoz no se había pronunciado hasta el viernes en la tarde, lo hizo perorando a la tropa, por cuyo motivo les merecía la mejor confianza. Acostumbrado el señor general Montilla a burlarse de los hombres y de los negocios, después de haber rehusado entrar en conferencias, desconociendo mi autoridad de hecho, que no era menos legítima que la suya, por autorizarme la ordenanza a tomar el mando en caso semejante de no haber ningún jefe en la plaza, convino por último en entrar en dicha conferencia; y ofreció de palabra las garantías que se le exigieron, y fueron las siguientes: primera, que no atacaría directa ni indirectamente la libertad de la gran convención; segunda, que restituido el señor intendente al ejercicio libre de sus funciones, y el comandante general que se tuviese a bien, cesasen las facultades extraordinarias de que se había revestido y se retirase a su hacienda; tercera, que se asegurase la vida y propiedades de todos los individuos del pueblo que de ninguna manera habían tenido parte en las disensiones de los oficiales.

      El mismo general Montilla se hizo honor de cumplir tan sagradas estipulaciones, que a nadie podían perjudicar, sino a sus miras de arruinar a esos miserables habitantes, y ofreció estamparlas por escrito en respuesta al oficio credencial que se le había entregado; pero cuál fue mi sorpresa y la de uno de los comisionados, que no estaba en el ardid, cuando me dirigió un oficio reiterando el desconocimiento de mi autoridad, y que sólo debía entenderse con el señor intendente sobre el modo de entrar en la plaza. Viendo, por último, que no había medio para hacer entrar en razón al general sitiador, consulté el negocio con el mismo señor presidente de la corte, quien me aconsejó evitase de todos modos el derramamiento de sangre. Para este tiempo, que fue el sábado 8, yo había entregado la plaza al referido señor coronel Piñeres, en calidad de comandante de armas; y retirándome a mi casa, sólo esperaba el resultado de la negociación del señor intendente, que se había acercado hasta Ternera a tener una entrevista con el enunciado general sitiador. La nueva respuesta del señor intendente, traída a las seis de esa propia tarde, me dio mucho más qué sospechar, pues me aseguró que el general Montilla entraría con facultades extraordinarias, solamente hasta mudar los cuerpos de guardias. En vista de tantas felonías combinadas mutuamente, temiendo por una parte que se pudiese atentar contra mi persona y empleo -que nunca ha podido depender de la comandancia general de armas-, y por otra, que en este caso era forzoso el derramamiento de sangre, porque con sólo la gente de la maestranza y las fuerzas sutiles podía muy bien disputarle el ejércicio de la tiranía, resolví salir de la plaza y cortar sus puestos de guardias, como lo conseguí por Tolú, hasta llegar a esta valerosa ciudad a dar parte a vuestra excelencia de lo relacionado.

      Como para atravesar a la ligera toda la provincia de Cartagena no me era posible cargar con todo el archivo y documentos, en circunstancias de que una partida del general Montilla hacía fuego sobre el baluarte de Santa Catalina, sin duda por el placer de hacer abortar las embarazadas, no acompaño a vuestra excelencia otro documento que el adjunto, que es su última indicada respuesta.

      Cuando reciba la de vuestra excelencia en este mismo punto, y vuelva a Cartagena al ejercicio de mis funciones, o como el gobierno tenga a bien, procuraré enviarle todos los demás documentos e instruir una información pública que desmienta las calumnias con que acaso me denigrará en este correo el mismo señor general Montilla, autor solito de su revolución, y que puede gloriarse que solo la concibió, la alimentó en su pecho, la vigorizó y la arrojó sobre la miserable Cartagena, para sacar víctimas de los comprometidos en contra, seguro del triunfo de las armas y de la dulzura de ese heroico y valeroso pueblo.

   Mompós, 12 de marzo de 1828.

José Padilla.


Adición

      Para satisfacer desde ahora el cargo de desertor, que no dudo me hará el señor general Montilla, a pesar de que estoy dentro de los límites del departamento de mi mando, manifiesto a vuestra excelencia haber encargado el mando, durante mi ausencia, al mayor general del cuerpo, benemérito capitán de navio Rafael Tono, participándoselo a todas las demás autoridades, incluso el señor general Mariano Montilla, desde Tolú.

Mompós, fecha ut supra

José Padilla.


      Yo, el infrascrito escribano público de cabildo, minas, visitas y registros, en propiedad de esta ciudad de Mompós, por el supremo poder ejecutivo de la República de Colombia, y secretario de gobierno en la provincia. Certifico: que el benemérito señor general de marina José Padilla me ha puesto de manifiesto para su compulsa el oficio del tenor siguiente:

   Comandancia general del Magdalena. Cuartel general de Turbaco, a 7 de marzo de 1828.

   Al benemérito señor general José Padilla.

      Ni las leyes, ni el gobierno, ni el decoro del mando que ejerzo en este departamento, me permiten enterderme sobre ninguna clase de negocios públicos, sino con la intendencia; y estando esta autoridad cometida por el poder ejecutivo al señor Vicente Ucrós, será con él que trataré sobre los particulares que vuestra señoría me indica en su comunicación de hoy, a que contesto.

   Dios guarde a vuestra señoría,

Mariano Montilla.

Mompós, marzo de 1828.

   Está conforme con el oficio que comprende, a que me remito, en poder del expresado señor general, y en fe de ello la signo y firmo.

   De oficio,

Domingo de Arce.

      Concluida la lectura de estas piezas, presentó el señor director, apoyado de varios señores, la moción siguiente: "Que el director conteste al general Padilla que la diputación ha quedado impuesta de su comunicación de 12 del corriente y documentos que la acompañan; y que al propio tiempo le manifieste la gratitud de la diputación por el celo en favor del orden público, observancia de las leyes y seguridad de la convención, que ha desplegado en los días 5, 6 y 7 del corriente, según lo que aparece de la citada comunicación y documentos". Y puesta a votación por partes esta moción, previo un considerable debate, se aprobó por unanimidad la primera hasta la palabra "acompañan", y el resto fue también aprobado por 26 votos contra 11, protestando el suyo el señor Aranda. Seguidamente presentó el señor director esta otra moción: "Contéstese al señor gobernador de Mompós acusándole el recibo de la comunicación que se ha leído y manifestándole que la diputación la ha recibido con aprecio"; y apoyada por varios señores, se discutió y se votó afirmativamente. El señor Santander fijó luego la proposición siguiente: "Que se dirija al poder ejecutivo de parte de la diputación una exposición con los documentos que se han recibido, requiriéndolo para que emplee todo el poder que le dan las leyes, a fin de que sea protegida la seguridad de los diputados a la gran convención". Varios señores apoyaron esta proposición, y el señor Espinal modificó su última parte en esta forma: "manifestándole que la diputación espera que emplee todo el poder que le dan las leyes, a fin de que sea protegida la seguridad de los diputados y se haga efectiva la absoluta libertad en las deliberaciones de la gran convención". Esta modificación fue apoyada y también lo fueron las submodificaciones que se presentaron por el orden siguiente: " Primera, (del señor Santander) la sustitución de la palabra exigiéndole" en lugar de "manifestándole que la diputación espera"; Segunda, (del señor Aranda) la subrogación de las palabras "para que la convención pueda deliberar con toda libertad" en lugar de la última cláusula propuesta por el señor Espinal; Tercera, (del señor Narvarte) la reforma de todo el segundo miembro de la proposición en estos términos: "a fin de que se deje a la convención en absoluta libertad para deliberar"; Cuarta, (del señor Rodríguez) la adición de esta cláusula, al fin: "caso de ser cierto lo que se insinúa en dichos documentos". Cerrada la discusión, se puso a votación por partes la proposición con arreglo a las últimas modificaciones y quedó aprobada en los términos siguientes: "Que se dirija al poder ejecutivo de parte de la diputación una exposición con los documentos que se han recibido, exigiéndole que emplee todo el poder que le dan las leyes, a fin de que se deje a la convención en absoluta libertad para deliberar; caso de ser cierto lo que se insinúa en dichos documentos". El señor Espinal manifestó que deseaba se reformase la segunda parte de la proposición acordada con respecto a la contestación al general Padilla; y al efecto hizo moción de que se revocase dicha segunda parte; la cual fue apoyada; y el señor Santander le hizo la adición siguiente: "para tomarla de nuevo en consideración". Comenzóse a discutir esta moción; pero siendo tarde, se convino en diferirla para mañana y levantó el señor director la sesión.

El director,

Francisco Soto.

El diputado encargado de la redacción,

Luis Vargas Tejada.


SESION DEL DIA 18 DE MARZO

      Abierta la sesión por el señor director con el número de 40 diputados, se leyeron y fueron aprobadas con algunas ligeras correcciones las actas de las sesiones ordinarias del día 13 del corriente, y extraordinaria de la noche anterior; después de lo cual se dio cuenta de haberse recibido por el conducto de la municipalidad de esta ciudad los pliegos que contienen los registros de elecciones de las provincias de Chimborazo y Manabí y un oficio dirigido a la misma municipalidad por el presidente de la asamblea electoral de la provincia de Buenaventura, en el cual exponía que después de remitido el registro de sus elecciones, se había observado que por un olvido no se expresaba en él el número de votos que habían obtenido los diputados nombrados principal y suplente; y para subsanar este defecto manifestaba que uno y otro lo habían sido por la totalidad de votos de los nueve electores que compusieron la asamblea, y pedía se agregase este oficio al registro respectivo. El señor Mosquera, diputado que representa la provincia, se retiró de la sala, y tomado en consideración el asunto se acordó, a moción del señor director, apoyada de los señores López Aldana, Espinal y Aranzazu, lo siguiente: "Supuesto que ya han desaparecido los motivos que tuvo la comisión para acordar su informe en la sesión del día 5 del corriente, sobre las elecciones de la provincia de Buenaventura, resuelve hoy informar a la gran convención que, en su concepto, se han guardado las fórmulas en dichas elecciones".

      Examinóse consecutivamente el registro de las de Chimborazo, y la comisión resolvió informar que en ellas se han guardado las fórmulas y que no tiene reparo alguno que oponer respecto de las calidades legales de los nombrados, que son los señores Rafael Ricaurte y Calixto Próspero Vascones, José Moreno de Salas, Tomás Viteri y Francisco Montúfar, diputados principales, Manuel Neira, Martín Bucheli, Joaquín Mendizábal, Juan José Rodríguez y Ramón Albornoz, suplentes.

      Examinado el registro de las elecciones hechas por la provincia de Manabí, se halló que aquella asamblea había consignado en él una protesta contra el artículo 40 del reglamento de elecciones, por el cual se prescribe el juramento que deben prestar el presidente y miembros de la gran convención, y que seguidamente había elegido diputado principal al señor Cayetano Ramírez Lafita, y suplente al señor Martín Santiago de Icaza. La comisión no tomó en consideración la referida protesta, y contrayéndose únicamente a lo relativo a cada una de estas elecciones, acordó informar que en ellas se han guardado las fórmulas, y que no tiene reparo alguno que oponer en cuanto a las calidades legales de los individuos nombrados. Adjunta al mismo registro se hallaba otra acta en la cual constaba que, teniendo noticia la asamblea de que había sido nombrado suplente, por la provincia de Guayaquil, con mayor número de votos, el referido señor Icaza, se había reunido el día 12 de enero, y había hecho nueva elección de suplente en el señor Francisco Javier de Garaicoa, y tomada esta ocurrencia en consideración, acordó la comisión, a moción del señor López Aldana, modificada por el señor Aranda, lo siguiente: "Infórmese a la gran convención que en la elección de suplente, verificada por la asamblea electoral de la provincia de Manabí, ha habido un exceso de facultades y, por consiguiente, debe declararse nula". Con lo cual, terminado el examen de los registros que hasta el presente se han recibido, nombró el señor director, para extender los informes sobre las que se han considerado hoy, a los señores Aranda, Rodríguez y López Valdez, y procedió a tomar en consideración la moción que había quedado pendiente en la precedente sesión extraordinaria, y de que se revocase la segunda parte de la proposición acordada en ella, relativamente a la contestación que ha [de] darse a la nota dirigida a la comisión por el general Padilla. Puesta en discusión dicha moción, presentó el señor Aranda como previa la siguiente: "Que todo lo relativo a la contestación al general Padilla se trate por los diputados fuera de sesión de la comisión y como en ejercicio de los derechos de ciudadanos". Esta moción fue apoyada por el señor Iribarren, quien, apoyado del señor Tobar, presentó luego como modificación la siguiente: "Que se conteste al general Padilla que la comisión, atendiendo a sus estrictas facultades, no ha tenido por conveniente entrar en los pormenores de su comunicación de 12 del corriente; pero que los diputados individualmente han encargado al señor director le manifieste su gratitud, por el celo que ha desplegado por la conservación del orden público, observancia de las leyes y seguridad de la gran convención". Pero observándose que esta última moción no era modificación sino que presuponía el acuerdo de las dos anteriores y no siendo apoyada la que hizo el señor Gori de que se declarase que la comisión no tenía facultad para dar al general Padilla la contestación acordada, se puso a votación por partes la primitiva moción previa del señor Aranda, y la primera resultó negada por 29 votos contra nueve, salvando el suyo el señor Gori, y no contándose el del señor Concha, que se excusó de votar por no haberse hallado presente a la discusión.

      Se suscitó la cuestión sobre si debía votarse la segunda parte, supuesto que dependía de la primera y no podía tener lugar después de negada esta, siendo diversas las opiniones en este particular, convino el señor Aranda en retirar dicha segunda parte, lo que verificó con permiso de la comisión. Resuelta de este modo la moción previa, se continuó la discusión sobre la principal, que estaba concebida en los términos siguientes: "Que se revoque la segunda parte de la proposición relativa a la contestación al general Padilla, con el objeto de tomarla de nuevo en consideración", y después de un largo debate se puso a votación y quedó resuelta afirmativamente por una mayoría de votos, excedente de las dos terceras partes que exige el reglamento, para las revocatorias. El señor Espinal propuso entonces que a la proposición revocada se sustituyese por la siguiente: "y que al mismo tiempo se manifieste al general Padilla el aprecio con que ha visto la comisión los sentimientos que expresa en su comunicación de 12 del corriente". El señor Narvarte, apoyado por varios señores, adicionó, después de la palabra "sentimientos", las siguientes: "en favor de la constitución y del orden público, y de respeto a la gran convención", y habiéndose pedido que la votación fuese por partes, se hizo la división votando la moción sin las palabras "en favor de la constitución y del orden público", y resultó aprobada. Luego se votaron dichas palabras y la resolución fue negativa por 38 votos contra 17, quedando por consiguiente toda la proposición acordada en estos términos: "que el señor director conteste al general Padilla acusándole el recibo de su comunicación de 12 del corriente y documentos que la acompañan, y manifestándole al mismo tiempo el aprecio con que la comisión ha visto los sentimientos de respeto a la gran convención que expresa en dicha comunicación", No habiendo ningún otro asunto de qué tratar, levantó el señor director la sesión.

El director,

Francisco Soto.

El diputado encargado de la redacción,

Luis Vargas Tejada.


SESION DEL 22 DE MARZO

      Reunidos en el salón destinado para las sesiones de la gran convención los señores diputados presentes en esta ciudad, en número de 43, inclusos los señores Juan Fernández de Sotomayor, diputado por la provincia de Cartagena, Rafael Diago y Fortunato Gamba, por la de Popayán, Antonio María Briceño, por la de Maracaibo, Pablo Merino, por la de Guayaquil, José Es-carpeta, por la de Tunja, y Facundo Mutis, por la de Pamplona, que tomaron asiento en la diputación por la primera vez, se leyó y fue aprobada el acta de la sesión precedente. Los señores a quienes se había comisionado para redactar la comunicación que debe dirigirse al poder ejecutivo relativamente a los sucesos de Cartagena, conforme a lo acordado en la sesión extraordinaria de la noche del 17 del corriente, presentaron redactada dicha comunicación, y tomándose en consideración, hizo el señor Gómez Durán, apoyado de varios señores, la moción de que se desistiese del acuerdo de remitirla. Después de un corto debate, modificó el señor director esta moción en los términos siguientes: "Que se suspenda indefinidamente la remisión de la nota que se acordó dirigir al poder ejecutivo, sobre las ocurrencias de Cartagena", y puesta a votación resultó aprobada por una considerable mayoría. En seguida propuso el señor director que, supuesto que no se había recibido el registro de las elecciones de la provincia de Caracas y era de temerse que se hubiese extraviado, se pidiese a los señores diputados de aquella provincia el testimonio auténtico de dicho registro, que se sabe tienen en su poder, para proceder en su vista a informar sobre aquellas elecciones. Esta indicación fue apoyada por varios señores; pero el señor Santander propuso que se difiriese el asunto hasta la llegada del próximo correo, por el cual puede recibirse dicho registro, y, en caso contrario, se proceda a examinar el indicado testimonio. La comisión, conviniendo con esta última proposición, resolvió diferir el negocio para el día 24 del corriente, y no habiendo otro asunto de qué tratar, levantó el señor director la sesión.

El director,

Francisco Soto.

El diputado encargado de la redacción,

Luis Vargas Tejada.


SESION DEL 26 DE MARZO

      Abierta la sesión con el número de 36 diputados, habiendo concurrido por la primera vez el señor José María del Castillo y Rada, diputado por la provincia de Cartagena, se leyó y aprobó el acta de la sesión del 22 del corriente. Luego se leyeron, un testimonio competentemente autorizado del registro de elecciones de la provincia de Caracas, que han traído consigo los señores diputados de aquella provincia, y los oficios dirigidos a los mismos señores por el presidente de la asamblea electoral, en que les participa su elección. Retirándose de la sala estos señores y tomado en consideración el negocio, presentó el señor director, apoyado por el señor Aranzazu, la moción siguiente: "Que en consecuencia de que no se ha recibido el registro de elecciones de la provincia de Caracas, cuya remisión se previene por el artículo 34 del reglamento, se proceda a informar sobre las expresadas elecciones, en vista de los documentos que se han presentado a la comisión"; y puesta a votación, fue aprobada por unanimidad. Nombrados escrutadores los señores Aranzazu y Quintana, por no hallarse presentes en este acto los señores que habían desempeñado este destino en las sesiones precedentes, se dio principio al examen del referido registro; y resultando de él que la asamblea electoral de Caracas, reunida el día 30 de diciembre, había empleado la primera sesión en algunas cuestiones preliminares, por lo cual no había podido practicar las elecciones hasta el día siguiente, 31 del mismo, hizo el señor Santander, apoyado por los señores director y Gómez Plata, la moción siguiente: "Infórmese a la convención que la asamblea electoral de Caracas, aunque se reunió el día prefijado por la ley, no verificó las elecciones hasta el siguiente; pero que, en concepto de la comisión, esta circunstancia no anula dichas elecciones"; y puesta a votación esta moción, resultó unánimemente aprobada.

      Consecutivamente acordó la comisión, por votaciones distintas y sucesivas, informar a la convención que se han guardado las fórmulas en las elecciones de los señores Martín Tobar, Andrés Narvarte, José de Iribarren, Mariano Echezuria, Juan Manuel Manrique, Diego Bautista Urbaneja y Manuel Vicente Huizi, diputados principales por la mencionada provincia, y que la comisión no tiene reparo alguno que oponer en cuanto a las calidades legales de dichos señores. Se procedió al examen de las elecciones de suplentes, y constando del acta, que se había suscitado en la asamblea la duda de sí conforme al artículo 29, parágrafo 2°, del reglamento, podía ser electo el señor Ramón Ayala, en atención a que a la sazón ejercía la comandancia militar de La Guaira, que la asamblea había decidido por la afirmativa y nombrado en efecto primer suplente al referido señor Ayala, tomó la comisión en consideración este punto, y después de un corto debate acordó, a moción del diputado Vargas Tejada, apoyado de varios señores, la resolución siguiente: "Infórmese a la convención que la decisión de la asamblea electoral de la provincia de Caracas, en la duda suscitada sobre si podía el señor Ramón Ayala ser nombrado diputado por dicha provincia, ha sido arreglada al artículo 29, parágrafo 2°, del reglamento de elecciones, y que, por consiguiente, es válida la que recayó en el expresado señor Ayala". Previamente había acordado la comisión informar que se habían guardado las fórmulas en aquella elección, e igual resolución recayó respecto de las de los otros seis suplentes, señores Francisco Avendaño, José Santiago Rodríguez, Valentín Espinal, Manuel Quintero, Francisco Vicente Parejo y Manuel Escurra, declarándose igualmente que la comisión no tiene reparo alguno que oponer en cuanto a las calidades legales de los individuos nombrados. Con lo cual, y no habiendo ningún otro asunto de qué tratar, levantó el señor director la sesión.

El director,

Francisco Soto.

El diputado encargado de la redacción,

Luis Vargas Tejada.


SESION DEL 28 DE MARZO

      Abierta la sesión con suficiente número de diputados, habiendo concurrido por primera vez los señores Manuel Avilés y Matías Orellana, diputados por la provincia de Cuenca, y Rafael Mosquera, por la de Popayán, se leyó y aprobó el acta de la sesión [...]1 precedente. Se dio cuenta de haberse recibido, por el correo que llegó ayer a esta ciudad, el pliego que contiene los registros originales de las elecciones de la asamblea de Caracas, y en cuya cubierta se halla anotado que fue puesto en la estafeta de aquella ciudad el día 7 de enero último; y habiendo leído dichos registros y confrontado con el testimonio que se tuvo presente en la anterior sesión para acordar los informes sobre las indicadas elecciones, según consta del acta respectiva, fijó el señor director la moción siguiente: "Resultando la identidad de los documentos que acaban de leerse, con el testimonio que se examinó en la sesión del día 26 del corriente, pásense a los señores encargados de redactar los informes acordados en dicha sesión, con el objeto de que se forme un solo expediente"; y apoyada esta moción se puso a votación y quedó resuelta afirmativamente. En seguida nombró el señor director a los señores Jaramillo, Pulido y Conde para extender los indicados informes, y se procedió a examinar el registro de las elecciones de la provincia de Margarita, recibido igualmente por el correo de ayer, para lo cual fueron nombrados escrutadores los señores Iribarren y López Valdez. Verificado el examen del modo acostumbrado, acordó la comisión informar que se han guardado las fórmulas en estas elecciones, y que no tiene reparo alguno que oponer en cuanto a las calidades legales de los nombrados, que son los señores Francisco Esteban Gómez, diputado principal, y Juan Bautista Arismendi, suplente. No habiendo ningún otro asunto de qué tratar, levantó el señor director la sesión.

El director,

Francisco Soto.

El diputado encargado de la redacción,

Luis Vargas Tejada2

Nota:

1. No están completos los microfílmes del Archivo Restrepo correspondientes al Registro oficial de la convención, y por esta razón se continúa la transcripción con base en la Gaceta de Colombia, (nota del editor).

   República de Colombia. Secretaría de la junta calificadora para los diputados a la gran convención. Ocaña, 17 de abril de 1828 18°.

   Señor secretario de Estado y del despacho del interior:

   Tengo la honra de incluir a vuestra señoría copia del acta de la instalación de la junta calificadora de los diputados a la gran convención nacional, para que se sirva hacerla imprimir en papel destinado a este solo objeto, según acuerdo de la misma corporación.

   Dios guarde a vuestra señoría.

Luis Vargas Tejada.


SESION DEL MIERCOLES 2 DE ABRIL

      Abierta la sesión con el competente número de diputados, se dio lectura y aprobación al acta de la precedente, y en seguida se impuso la diputación de una comunicación en que el tesorero de hacienda de esta ciudad contesta a la que se le dirigió con el objeto de que suministrase $100 para los gastos de la secretaría; y la hace, manifestando que no tiene orden para prestar auxilio alguno pecuniario a la gran convención.

      No habiendo otro asunto de qué dar cuenta, y hallándose presentes en la sala el número competente de diputados para instalar la junta plena que debe hacer la calificación de las elecciones, conforme al reglamento, se procedió a la indicada instalación, en los términos que constan del acta respectiva.

      En la ciudad de Ocaña, a 2 de abril de 1828 18°, reunidos en el salón destinado para las sesiones de la gran convención los diputados a ella, que se hallan presentes en esta ciudad, a saber: los señores director Francisco Soto, diputado por la provincia de Tunja; Juan de Dios Aranzazu, Manuel Antonio Arrubla, Francisco Montoya y Manuel Antonio Jaramillo, por la de Antioquia; Juan José Pulido, por la de Apure; Pedro Vicente Grimon, por la de Barcelona; Pedro Briceño Méndez, Miguel M. Pumar y Francisco Conde, por la de Barinas; Francisco de Paula Santander, Vicente Azuero, Luis Vargas Tejada, Joaquín Gori, Romualdo Liévano, Francisco de P. López Aldana y José Félix Merizalde, por la de Bogotá; Joaquín Mosquera, por la de Buenaventura; Salvador Mesa, Francisco Aranda, Vicente Michelena, Miguel Peña, Juan José Romero, Santiago Rodríguez y Juan Nepomuceno Chaves, por la de Carabobo; Martín Tobar Ponte, Andrés Narvarte, José de Iribarren, Mariano Echezuria, Juan Manuel Manrique, Manuel Vicente Huizi y Valentín Espinal, por la de Caracas; José María del Castillo y Rada, José María del Real, Manuel Benito Rebollo, José Ucrós, Antonio Baena y Juan Fernández de Sotomayor, por la de Cartagena: Salvador Camacho, por la de Casanare; Rafael Hermoso, por la de Coro; Manuel Avilés y José Matías Orellana, por la de Cuenca; Domingo Brusual, por la de Cumaná; Hilario López Valdez, por la del Chocó; Pablo Merino, por la de Guayaquil; Antonio María Briceño, por la de Maracaibo; Juan de Dios Picón, por la de Mérida; Manuel Cañarete, por la de Mompós; José Concha y Facundo Mutis, por la de Pamplona; Manuel Pardo y Manuel Muñoz, por la de Panamá; Rafael Mosquera, Fortunato Gamba y Rafael Diago, por la de Popayán; Juan de Francisco Martín, por la de Riohacha; Santiago Paerez Mazenet y José María Salazar, por la de Santa Marta; Juan de la Cruz Gómez Plata, Angel María Flórez y Manuel Baños, por la del Socorro; y Diego Fernando Gómez Durán, José M. Ramírez del Ferro, Andrés María Gallo, Manuel Joaquín Ramírez, José Escarpeta y Ezequiel Rojas, por la de Tunja; no habiendo concurrido, por hallarse indispuesto, el señor Juan Bautista Quintana, diputado por Mompós, y resultando que los diputados nominados componen el número de 67, excedente de la pluralidad absoluta de los 108 que corresponden a toda la República, y con cuya pluralidad puede instalarse la gran convención desde este día en adelante, conforme a lo dispuesto por el artículo 41 de la ley reglamentaria de 29 de agosto de 1827, se declaró, con arreglo al artículo 36 de la misma ley, instalada la junta plena que debe hacer la calificación de diputados con vista de los informes de la comisión encargada de examinar los registros de las elecciones.

      Acto continuo manifestó el diputado Vargas Tejada que la expresada comisión lo había nombrado para llevar la redacción del registro de sus sesiones, y que terminadas estas, como también las funciones de dicha comisión, creía concluidas las de su cargo, con presentar, como presentó, las actas de las indicadas sesiones, los registros de las elecciones, con sus respectivos informes, y los demás papeles pertenecientes a la secretaría. Con motivo de esta exposición, hizo el señor director la moción siguiente: "que el señor Vargas Tejada continúe desempeñando las funciones de secretario en la junta calificadora, como lo ha hecho en la comisión informante". El señor Castillo, apoyado del señor Azuero, la modificó en estos términos: "que se continúe en la junta calificadora el mismo orden que se ha guardado en la comisión, y subsistiendo el mismo secretario", y puesta a votación, se resolvió afirmativamente.

      Procedióse a dar cuenta de los informes sobre las elecciones, por el orden alfabético de las provincias, adoptado desde el principio por la comisión, y siendo la primera la de Antioquia, manifestó el señor Aranzazu que él y sus compañeros, los otros señores diputados, que representan aquella provincia, se creían en el deber de no concurrir al examen y decisión sobre sus elecciones, y pedían permiso para retirarse entretanto a su casa. Tomado en consideración este punto, hizo el señor Espinal la siguiente moción: "que los diputados puedan estar presentes a sus respectivas calificaciones, pero sin voto". Esta moción fue apoyada, y también lo fueron las siguientes, que se presentaron en el discurso de la discusión: primera, del señor Santander: "Cuando no haya vicio ni nulidad en el conjunto de las fórmulas de una elección, podrán estar presentes los miembros que representan la respectiva provincia, excepto aquel de cuya elección se tratase en particular". Segunda, del señor Narvarte: "Que se retiren todos los diputados que representan la provincia, cuyas elecciones se estén calificando". Tercera, del señor Rafael Mosquera: "Que se retiren los diputados cuyas elecciones se examinen, y si se declara que se encuentra falta de alguna cualidad personal en un diputado, se le oiga antes de decidir definitivamente". Cuarta, del señor de Francisco Martín: "Que a la calificación de las elecciones de la provincia se retiren los diputados de toda ella; y que al examinarse la elección de cada diputado sobre sus cualidades, se retire el interesado, después de haberlo oído sobre las tachas que se le opongan".

      Algunos señores manifestaron que, habiéndose adoptado para el régimen interior de la junta calificadora las reglas que se observaron en la comisión informante, y siendo una de ellas la de que dicha comisión acordó, en sesión de 3 de marzo último, en estos términos: "Ningún diputado podrá hallarse presente en el examen de los registros de la provincia que representa", no podía tomarse en consideración la materia mientras no se propusiese revocatoria de aquel acuerdo y debía procederse al orden del día. Entonces el señor Real, apoyado del señor Hermoso, hizo la moción "de que se revocase dicho acuerdo en la parte extensiva a que se retiren los diputados de cuya elección no se trata en particular"; pero habiéndose suscitado la cuestión de orden, sobre si la disposición de aquel acuerdo es aplicable al procedimiento de la junta, y, por consiguiente, si es necesario revocarlo, para poder tomar en consideración y resolver acerca de las proposiciones presentadas sobre la materia, fijó el diputado Vargas Tejada la siguiente moción previa: "se declara que para tomar en consideración este asunto es necesario revocar la resolución de la comisión informante del 3 de marzo último, sobre "que se retiren los diputados, cuando se examinen las elecciones de la provincia que representan"; y apoyada por el señor Gómez Durán y otros señores, se puso a votación y quedó resuelta negativamente. Decidida así la cuestión de orden, y quedando por consiguiente sin lugar la revocación propuesta por el señor Real, se procedió a resolver sobre las proposiciones pendientes, considerándose la del señor de Francisco como última modificación; y los señores Gómez Durán y Briceño Altuve le adicionaron, el primero, las palabras "en una sola exposición", después de las palabras "haberlo oído", y el segundo la palabra "solo", antes del "interesado". Los señores director, Azuero, Narvarte y otros señores, hicieron a la moción nuevas adiciones y alteraciones, y, por último resultado, quedó concebida en los términos siguientes: "que a la calificación de las elecciones de la provincia se retiren los diputados de toda ella, y que al examinarse la elección del diputado sobre sus cualidades, sea oído sobre cada uno de los cargos que se le formen, y se retire antes de la deliberación y votación"; y votada esta moción por partes, quedó aprobada en su totalidad.

      No habiéndose presentado ninguna otra cuestión previa, se leyó el informe de la comisión, sobre las elecciones de la provincia de Antioquia, en que manifiesta que se han guardado las fórmulas en dichas elecciones, y que no tiene reparo alguno que oponer en cuanto a las cualidades legales de los nombrados, que son los señores Juan de Dios Aranzazu, Manuel Antonio Arrubla, Francisco Montoya y Manuel A. Jaramillo, diputados principales, y Francisco Antonio Obregón, Carlos Alvarez, Estanislao Gómez y José María de la Torre, suplentes; y opina que deben ser calificados.

      En este estado se promovió la duda sobre el modo de proponer la votación, acerca de las calificaciones; el señor Santander indicó que cuando no hay ningún reparo en el informe de la comisión, como sucede en el presente caso, la cuestión sea si se aprueba el mismo informe; el señor Aranda, que se vote siempre como previo "si se han guardado las fórmulas en la totalidad de la elección", y otros señores, que la cuestión se proponga sobre cada individuo en particular, en estos términos: "¿se declara al señor N diputado por la provincia de N?". El señor director, usando de la facultad que le atribuye el reglamento, decidió en favor de la proposición últimamente indicada; y contraída sucesivamente a cada uno de los referidos diputados y suplentes nombrados por la provincia de Antioquia, la resolución fue afirmativa en todas las votaciones.

      Del mismo modo, y en vista de los respectivos informes de la comisión, fueron declarados diputados principal y suplente por la provincia de Apure los señores Juan José Pulido y Pedro Briceño Méndez; y por la de Barcelona, principales los señores Diego Bautista Urbaneja y Pedro Vicente Grimon, y suplentes los señores Francisco Vicente Parejo y Matías Lobera.

      Respecto de las elecciones de la provincia de Barinas, informaba la comisión, en primer lugar, que no se habían verificado en el día prefijado por la ley; pero que este hecho no induce nulidad, por las razones que expresaba en el informe. Tomado en consideración este punto, acordó la junta, de conformidad con el dictamen de la comisión, la resolución siguiente: "Se declara que el no haberse reunido la asamblea electoral de Barinas el día prefijado por la ley, no anula las elecciones de aquella provincia". La comisión continuaba su informe manifestando que para la elección del primer diputado hecha en el señor Pedro Briceño Méndez, no constaba [que] del registro se hubiese verificado el sorteo prevenido por la ley entre los individuos que se hallaban con igual número de votos, para entrar en competencia con dicho señor Briceño Méndez en la segunda votación; y que, en su concepto, esta elección no podía declararse válida mientras no se acredite que se verificó dicho sorteo. El señor Pulido expuso que, habiendo sido casualmente uno de los espectadores cuando la asamblea de Barinas practicó la elección del señor Briceño Méndez, había visto verificar la operación del sorteo y, por consiguiente, si no se expresaba en el registro, sería por una omisión del que lo redactó. En virtud de este informe hizo moción el señor Santander, apoyado de otros señores, para que se declarase diputado por la provincia de Barinas al expresado señor Pedro Briceño Méndez; y puesta a votación, se resolvió por la afirmativa. La elección del segundo diputado, señor Miguel María Pumar, se hallaba en igual caso que la precedente, y aunque el señor Pulido dijo no haberse hallado presente cuando se verificó, observó el señor Santander que todas las presunciones eran de que se había guardado la fórmula del sorteo y no se expresaba en el registro por un descuido semejante del que ya constaba haberse cometido respecto de la primera elección; y la junta, a moción del mismo señor Santander, declaró diputado por Barinas al referido señor Pumar, como también a los señores Francisco Conde y Juan de Dios Méndez, principales nombrados en tercero y cuarto lugar. Sobre la elección del suplente, señor Juan Ramón Burgos, observaba la comisión que se había verificado por la asamblea compuesta por 29 individuos, y que el nombrado no había obtenido sino 15 votos, que computados matemáticamente no son la mitad y uno más que exige la ley, para que se entienda que hay mayoría absoluta; y que, por consiguiente, dicha elección debe declararse nula. El señor López Aldana hizo presente que la comisión, compuesta posteriormente de mayor número de miembros, había acordado informes contrarios al presente en otros casos iguales, y propuso que, con vista de las razones expuestas en ellos, y que se manifestaron ahora, se declarase primer suplente por Barinas al referido señor Burgos. Esta moción fue apoyada, y puesta a votación, se resolvió afirmativamente. También fueron declarados diputados suplentes por dicha provincia, de conformidad con el informe de la comisión, los señores Miguel Unda, Miguel Palacio y Pedro Antonio Roca.

      Habiéndose procedido luego a tomar en consideración el informe de las elecciones de la provincia de Bogotá, se retiraron sus respectivos diputados, y entre ellos el señor Vargas Tejada, ocupando el señor Romero en su lugar la secretaría, por designación del director. En seguida, según la fórmula antes propuesta, se declararon sucesivamente diputados de aquella provincia, después de aprobado el informe de la comisión, los señores Francisco de Paula Santander, Vicente Azuero, Luis Vargas Tejada, Francisco Soto, Diego Fernando Gómez, Joaquín Gori, Domingo Caicedo y Romualdo Liévano. En este estado, antes de proceder la diputación a declarar por legítimo el nombramiento de los suplentes por la misma provincia, fijó el señor Real la proposición "de que se omitiese la calificación de los suplentes ausentes, a fin de no emplear en vano el tiempo, pues es probable que los más de ellos no llegaran a concurrir". El señor Narvarte adicionó esta proposición del modo siguiente: "se omite la calificación de los suplentes ausentes hasta que comparezcan"; y luego el señor director en estos términos: "se omite la calificación de los suplentes ausentes hasta que llegue el caso de ser llamados". Por último, la diputación, de común acuerdo, uniendo ambas adiciones, aprobó como sigue la proposición: "se omite la calificación de los suplentes ausentes hasta que comparezcan o llegue el caso de ser llamados por la gran convención, con sujeción a este acuerdo". Estando ya presentes los señores Francisco de P. López Aldana y José Félix Merizalde, y en camino, para esta ciudad, el señor Mariano Escobar, tomó la diputación en consideración sus nombramientos, y por unanimidad, de acuerdo con el informe de la comisión, fueron declarados suplentes por la provincia de Bogotá. Restituidos a la sala el señor director y el secretario, se leyó el informe sobre las elecciones de la provincia de Buenaventura, y, en su virtud, declaró la junta diputado principal por aquella provincia al señor Joaquín Mosquera, no tomándose en consideración la del suplente, conforme a lo que acababa de acordarse en el particular.

      Respecto de las elecciones de la provincia de Carabobo, informaba la comisión que deben calificarse sus diputados, a excepción del señor Miguel Peña, que no puede serlo conforme a la ley, porque tiene causa criminal pendiente ante la cámara del senado, a consecuencia de acusación introducida contra él por la cámara de representantes, por atribuírsele usurpación de caudales públicos. La junta declaró diputados principales por la expresada provincia de Carabobo a los señores Salvador Mesa, Francisco Aranda y Vicente Michelena; y tomada en consideración la elección del señor Peña, este señor, en uso de la facultad que concede al diputado a quien se objetan algunas tachas personales, la resolución acordada en la presente sesión, y que se halla en el parágrafo 3° de esta acta, hizo una corta exposición, reducida a manifestar que, habiendo hecho presente al Libertador presidente el obstáculo que oponía a la aceptación de destinos que había querido confiarle, la circunstancia de hallarse encausado ante el senado, su excelencia lo había indemnizado de aquel juicio, según constaba de un documento original que presentó, y cuyo tenor es el siguiente:

   "Secretaría de Estado y general del Libertador. Cuartel general en Caracas y 12 de abril de 1827 17°.

   Al señor doctor Miguel Peña.

   "Señor.

      De acuerdo con lo que el Libertador ha dicho a usía esta mañana, me ordena su excelencia repetir aquí que los cargos que en otras circunstancias habrían podido hacerse a usía por ofensas verdaderas o falsas, que sólo conciernan o se refieran al Estado, desaparecieron a consecuencia del decreto de primero del año. Fue demasiado importante su objeto para que de ningún modo haya de exponerse a peligro; y lo correría grande desde que, sujetando a la menor interpretación aquella saludable medida, se diese lugar a la desconfianza, y a que en su consecuencia se turbase de nuevo la tranquilidad pública. Así, debe usía creerse exonerado de todo cargo de aquella especie.

   Soy de usía con perfecto respeto, muy obediente servidor.

José Rafael Revenga"
(Firmado).


      Retiróse de la sala el señor Peña y, antes de procederse a la deliberación, pidió el señor Gori que se le eximiese de concurrir a ella, porque había tenido intervención como conjuez en la alta corte en la causa que se promovió a dicho señor Peña en 1825 ante la cámara del senado, a consecuencia de queja introducida en la de representantes por aquel tribunal.

      El señor Azuero manifestó que tenía igual motivo de delicadeza para excusarse de intervenir en este negocio; y los señores director y Santander expusieron que si se hubiesen de tener como legítimas estas excusas para no votar en el asunto en cuestión [sic], propondrían a su tiempo que se les eximiese igualmente de hacerlo por motivos semejantes; pero habiéndose sometido a la decisión de la junta la solicitud de los expresados señores Gori y Azuero, la resolución fue unánimemente negativa, no contándose los votos de estos dos señores.

      El señor director excitó a los señores diputados a que manifestaran si había algún otro cargo o reparo respecto de la elección del señor Peña, y no habiéndose presentado ninguno, hizo la siguiente moción: "que se declare concluida la cuestión de cargos y respuestas, y se proceda a la deliberación"; y apoyada del diputado secretario, se votó y quedó resuelta afirmativamente. Se tomó en consideración el dictamen de la comisión, y después de un corto debate propuso el señor Castillo lo siguiente: "que se proceda a la calificación de los otros diputados de la provincia de Carabobo, y se reserve la del señor Peña para cuando se reúna la gran convención, pasándose a este cuerpo todos los documentos y decretos que se han citado, relativos a este asunto". Esta proposición fue apoyada, y como ella incluía la cuestión previa sobre si tiene facultad la actual junta para hacer esta calificación, presentó el señor Narvarte, apoyado de varios señores, la moción siguiente: "Se declara que la junta tiene la facultad necesaria para decidir sobre calificación del señor Peña, sin reservar recurso a la gran convención". El señor Gómez Durán, apoyado por el diputado secretario, la modificó, sustituyendo a las palabras "tiene facultad necesaria para decidir", las siguientes: "tiene el deber de decidir"; y puesta a votación por partes, resultó aprobada en su totalidad. También se aprobó la proposición que hizo el señor director, apoyado de varios señores, "de que se declarase la junta en sesión permanente hasta resolver definitivamente el asunto del señor Peña"; y después de un largo debate, en que muchos señores diputados hablaron detenidamente, unos en favor y otros en contra del dictamen de la comisión, como no hubiese sido apoyada la moción que hizo el señor Aranda en estos términos: "declárese que el documento presentado por el señor Peña es bastante para acreditar que no tiene causa criminal pendiente", ni hubiese ninguna otra proposición, se declaró cerrada la discusión y se sometió a votación nominal (a petición del señor Santander, apoyada de una considerable mayoría) la cuestión de estilo en estos términos: "¿se declara diputado por la provincia de Carabobo al señor Miguel Peña?" y la resolución fue negativa por 42 votos contra 21, estando por la afirmativa los señores Grimon, Briceño Méndez, Aranda, Michelena, Rodríguez, Chaves, Manrique, Huizi, Castillo, Real, Rebollo, Ucrós, Hermoso, Avilés, Arellana, Brusual, Merino, de Francisco, Baños, Ramírez del Ferro y Gallo; y por la negativa los señores director, Aranzazu, Arrubla, Montoya, Jaramillo, Pulido, Conde, Santander, Azuero, Vargas Tejada, Gori, Liévano, López Aldana, Merizalde, Joaquín Mosquera, Mesa, Romero, Tobar, Ponte, Narvarte, Iribarren, Espinal, Baena, Sotomayor, Camacho, López Valdez, Briceño Altuve, Picón, Cañarete, Concha, Mutis, Pardo, Muñoz, Rafael Mosquera, Gamba, Diago, Mazenet, Salazar, Gómez Plata, Flórez, Gómez Durán, Escarpeta y Rojas; los señores Pumar, Echezuria y Manuel Joaquín Ramírez se hallaban ausentes de la sala al tiempo de la votación.

      Terminado este asunto, y siendo más de las cuatro de la tarde, se reservó para la próxima sesión una indicación hecha por el señor Narvarte sobre revocación del acuerdo relativo a la calificación de los diputados suplentes, se convino en que no haya reuniones en los días de mañana y pasado mañana por ser jueves y viernes santos, y levantó el señor director la sesión.

El director,

Francisco Soto.

El diputado secretario,

Luis Vargas Tejada.


   Oficio del presidente de la convención

   República de Colombia, Ocaña, 10 de abril de 1828.

   A su excelencia, el poder ejecutivo de la República.

   Excelentísimo señor:

      La gran convención ha acordado, en sesión de ayer, que se comunique a vuestra excelencia su instalación, verificada el mismo día, para que haga trascendental este suceso a toda la República; a cuyo efecto tengo la honra de acompañar a vuestra excelencia copia auténtica del acta respectiva, de la cual consta la forma en que dicha instalación se ha verificado.

      Al cumplir, como presidente de esta suprema asamblea, con el honroso deber de dirigir a vuestra excelencia esta comunicación, me aprovecho de la oportunidad que ella me presenta para ofrecer a vuestra excelencia los sentimientos de la más distinguida consideración.

   Tengo la honra de ser de vuestra excelencia muy obediente servidor. Excelentísimo señor.

J. M. del Castillo.

FUENTE EDITORIAL:
   Gaceta de Colombia, N° 345, Bogotá. 1828 (1°/3), p. 1-2.

SESION DEL 9 DE ABRIL

      Habiéndose reunido en la sala de las sesiones los señores diputados presentes en esta ciudad para instalar la gran convención, conforme a lo dispuesto en el artículo 41 del reglamento de elecciones, y a lo acordado en la sesión extraordinaria de la noche presente, se dirigieron a la iglesia parroquial de esta ciudad, donde asistieron a la celebración de una misa solemne de invocación del Espíritu Santo; y después de terminada esta función religiosa, se restituyeron a la misma sala de las sesiones, donde se leyeron y aprobaron las dos actas de las dos últimas sesiones ordinaria y extraordinaria. Seguidamente se pasó lista nominal de los miembros presentes, y resultando que no faltaba ninguno de los señores diputados que se hallan en esta ciudad, se procedió a instalar la gran convención en la forma que constará de la siguiente acta.


ACTA DE LA INSTALACION

      En la ciudad de Ocaña, a 9 de abril de 1828 18°, reunidos en el salón destinado para las sesiones de la gran convención los señores diputados a ella, que están calificados y se hallan presentes en esta ciudad, a saber: los señores Francisco Soto, diputado por la provincia de Tunja, presidió el acto; Juan de Dios Aranzazu, Manuel Antonio Arrubla, Francisco Montoya y Manuel Antonio Jaramillo, diputados por la provincia de Antioquia; Juan José Pulido, por la de Apure; Pedro Vicente Grimon, por la de Barcelona; Pedro Briceño Méndez, Miguel María Pumar y Francisco Conde, por la de Barinas; Francisco de P. Santander, Vicente Azuero, Luis Vargas Tejada, Diego Fernando Gómez, Joaquín Gori, Romualdo Liévano, Francisco López Aldana y José Félix Merizalde, por la de Bogotá; Joaquín Mosquera, por la de Buenaventura; Salvador Mesa, Francisco Aranda, Vicente Michelena, Juan José Romero, Santiago Rodríguez y Juan N. Chaves, por la de Carabobo; Martín Tobar Ponte, Andrés Narvarte, José de Iribarren, Mariano Echezuria, Juan Manuel Manrique, Manuel Vicente Huizi y Valentín Espinal, por la de Caracas; José María del Castillo Rada, José María del Real, Manuel Benito Rebollo, José Ucrós y Juan Fernández de Sotomayor, por la de Cartagena; Salvador Camacho, por la de Casanare; Rafael Hermoso, por la de Coro; Manuel Avilés y José Matías Orellana, por la de Cuenca; Domingo Brusual, por la de Cumaná; Hilario López Valdez, por la del Chocó; Pablo Merino, por la de Guayaquil; Antonio María Briceño Altuve, por la de Maracaibo; Juan de Dios Picón, por la de Mérida; Manuel Cañarete y Juan Bautista Quintana, por la de Mompós; José Concha y Facundo Mutis, por la de Pamplona; José Vallarino y Manuel Pardo, por la de Panamá; Rafael Mosquera, Fortunato Gamba y Rafael Diago, por la de Popayán; Juan de Francisco Martín, por la de Riohacha; Santiago Paerez Mazenet y José María Salazar, por la de Santa Marta; Juan de la Cruz Gómez Plata, Angel María Flórez y Manuel Baños, por la del Socorro; Ignacio Márquez Barreto, Manuel Joaquín Ramírez y José Escarpeta, por la de Tunja; y resultando que había presentes 64 miembros, número excedente de la pluralidad absoluta de 108 que corresponden a toda la República, puso el señor director a votación si se declaraba instalada la gran convención, y la resolución fue afirmativa casi por unanimidad de votos. Entonces el señor director pronunció el siguiente discurso:

   "Señores:

      "Acaba de instalarse la gran convención de la República de Colombia. ¡Qué motivo de consuelo para todos los amigos de la libertad del género humano, de confianza recíproca para todos los que ansiosamente deseamos ver restablecida la concordia entre los hijos de una misma patria y asegurados para siempre los derechos de todos los colombianos! ¡Y qué desengaño tan convincente para los que habían llegado a formar esperanzas de engrandecimiento propio sobre las disensiones pasadas, de la destrucción de nuestras garantías sobre el aniquilamiento del amor de la República! Bendigamos, pues, a la Providencia que en compensación de tantas penas con que ha querido probar la virtud del pueblo colombiano, nos ha reunido en este lugar para cicatrizar las heridas que ha recibido la patria, y afianzar de nuevo el goce de sus derechos, después de haber enterrado en el sepulcro del olvido la cruel memoria de las anteriores desgracias.

      "Para conseguir este laudable objeto, no os disimularé, señores, que es larga y muy penosa la marcha que debemos emprender. Obstáculos graves, y de una ramificación inmensa, se opondrán a nuestro paso. Injustas pretensiones tendréis que combatir y desechar. Esperanzas lisonjeras vendrán a tentar nuestro ánimo para que sacrifiquemos los intereses del pueblo colombiano; y tal vez no será imposible que este sacrificio se intente revestir con el terrible pero augusto ropaje del imperio de las circunstancias y el mayor bien de Colombia. Mas yo aguardo, porque ya conozco a todos mis respetables compañeros, que la seducción y el terror no podrán penetrar en este recinto, y que todos nosotros, sintiendo y aun manifestando esa firmeza que inspira la santidad de la causa, cuya defensa se ha cometido a nuestro cuidado, seremos siempre tan impasibles como lo son la libertad y la justicia. Que abandonen, pues, su temeraria empresa los que hayan podido creer que la gran convención, dominada de pasiones, burlaría la confianza del pueblo, y llegaría hasta vender sus más caros intereses.

      "Dos son, señores, los gritos de la gran mayoría de los colombianos: independencia y libertad; aquella como el medio indispensable para conseguir la otra que es inseparable de la felicidad de las naciones; o más bien, como que todos deseamos ser felices, queremos ser libres; y como que no pudiéramos ser libres, siendo esclavos del sanguinario rey de España, queremos ser independientes para gozar de libertad y felicidad. Nuestra misión, pues, se reduce a asegurar a los colombianos todos sus derechos civiles y políticos, y a darles la garantía que demanda la opinión general, puesto que ya el ejército, esa reunión de héroes que tiene asombrado al mundo, apoyado en la decisión y sacrificios del pueblo, ha derrocado para siempre el poder de los españoles. Correspondamos al clamor de toda la República, y afiancemos sobre bases indestructibles la seguridad, la libertad y la propiedad de los colombianos. De otro modo, os lo denuncio, señores, con toda la sinceridad de mi conciencia, nosotros vamos a cargar con la execración general, a ser el ludibrio de los unos y el objeto de horror de los demás... Pero yo no debo indicar temores que turban mi espíritu. Lejos de eso, lo repito, como conozco a los dignos representantes de Colombia, firmemente creo que la independencia de la República y la libertad de los ciudadanos quedarán irrevocablemente garantidas para todas las generaciones futuras.

      "Después de haberos indicado, señores, los peligros que nos cercan y la confianza que tengo en la probidad e ilustración de mis respetables compañeros, y el placer que inunda mi alma por la instalación del cuerpo encargado de la salvación de Colombia, sólo tengo que suplicaros que disculpéis mi falta de pericia en la dirección de la diputación general, y os persuadáis que sólo he procurado el bien en las decisiones que he podido pronunciar contra la opinión de algunos miembros, la cual, sin embargo de eso, es para mí sumamente respetable. He dicho".

      Debiendo, conforme al artículo 38 del reglamento, procederse a las elecciones de presidente y vicepresidente de la convención, propuso el señor Santander que se fíjase previamente el tiempo que deben durar en estos destinos los diputados que resulten nombrados para ellos; y a consecuencia de esta indicación, presentó el señor López Aldana, apoyado de varios señores, la moción siguiente: "Que la duración del presidente y vicepresidente de la convención sea de 15 días". El señor Rafael Mosquera la adicionó después de las palabras presidente y vicepresidente, "que se van a nombrar ahora"; y apoyada esta adición, se votó la proposición con ella y quedó aprobada.

      A moción del mismo señor Rafael Mosquera, apoyada y adicionada por varios señores, se acordó lo siguiente: "Que si en la primera votación de las que van a hacerse, no resultare a favor de ninguno la mayoría absoluta, se proceda a nuevo escrutinio, contraído a los dos que hayan obtenido mayor número de votos, y que en caso de igualdad en este segundo escrutinio se decida por la suerte". Y también se aprobó la adición hecha por el señor Gómez Durán, en estos términos: "Observándose en todo lo demás el reglamento que ha regido en la junta calificadora, mientras no se disponga otra cosa".

      El señor director nombró escrutadores a los señores Aranzazu, Iribarren, Rafael Mosquera y Michelena, y practicada la primera votación para el nombramiento de presidente, resultaron los 64 votos de los miembros presentes, distribuidos de este modo: en el señor Santander, 25 votos; en el señor Castillo, 26; en el señor Soto, seis; en el señor Narvarte, cuatro; en el señor Joaquín Mosquera, dos, y uno en el señor Aranzazu; no habiendo por consiguiente elección, se procedió a segunda votación, contraída a los señores Santander y Castillo, que en la precedente habían obtenido mayor número de votos; y de su escrutinio resultó electo el señor Castillo por 33 votos, habiendo obtenido los 31 restantes el señor Santander; la convención declaró electo presidente al señor Castillo; y se procedió a la elección de vicepresidente, para cuyo destino resultó nombrado en el primer escrutinio el señor Narvarte, por 41 votos, estando los restantes distribuidos en esta forma: siete en el señor Briceño Méndez, nueve en el señor Joaquín Mosquera, dos en el señor Santander, dos en el señor Márquez y uno en cada uno de los señores Soto, Conde y Orellana. Declarado vicepresidente dicho señor Narvarte, y debiéndose proceder a la elección de secretarios, hizo el señor director la moción de que se nombrasen tres; y el señor Joaquín Mosquera, apoyado de varios señores, proponiendo "que sean cuatro y que los escrutinios se hagan de uno en uno"; esta moción fue aprobada, y antes que se procediese a la votación, presentó el señor presidente, apoyado del señor de Francisco, la proposición siguiente: "Que se declare que no es conveniente nombrar secretarios de fuera del cuerpo"; pero puesta a votación se resolvió negativamente, procediéndose a la votación del primer secretario, cuyo escrutinio produjo sólo 58 votos, por hallarse fuera de la sala algunos señores, y la distribución es como sigue: 45 en el diputado Luis Vargas Tejada, 11 en el diputado Santiago Rodríguez, uno en el diputado Juan de Francisco Martín, y otro en el señor Ezequiel Rojas.

      La convención declaró electo secretario al expresado Vargas Tejada; y, hecha la votación por el segundo, resultaron 63 votos en esta forma: 30 por el señor Manuel Muñoz, 26 por el señor diputado Rodríguez, cinco por el señor Mariano Escobar y uno por cada uno de los señores Gori y de Francisco; no habiendo elección, se hizo el segundo escrutinio, contraído a los señores Rodríguez y Muñoz, que dio 64 votos; y de él resultó electo y fue declarado secretario el expresado señor Muñoz, que obtuvo 39 votos, estando los restantes, 24 por el señor Rodríguez y uno en blanco; de la votación para tercer secretario resultaron 32 votos por el señor Mariano Escobar, 26 por el señor diputado Rodríguez, dos por el señor Rafael Domínguez, uno por el señor diputado Gori, otro por el señor diputado Avilés, y otro en blanco: total 73; y obteniendo la pluralidad absoluta el señor Escobar, se le declaró electo secretario. En este estado hizo moción el señor director, apoyado de otros señores, "para que se suspendiese la provisión de cuarto secretario, hasta que la necesidad acredite la necesidad [sic] de proveerla"; pero puesta a votación resultó negada, y, en consecuencia, se procedió a la cuarta elección, cuyo escrutinio produjo 60 votos, repartidos de este modo: 27 en el señor diputado Rodríguez, 24 en el señor Rafael Domínguez, tres en el señor Aquilino Jácome, uno en cada uno de los señores diputados Santander, R. Mosquera, Márquez y Gori, otro en el coronel Wilson, y otro en blanco. No resultando la mayoría a favor de ninguno, se hizo la segunda votación, contraída a los señores Rodríguez y Domínguez, y resultó electo este último por 34 votos, habiendo obtenido los 21 restantes el señor Rodríguez.

      Terminadas con esto las sesiones, durante las cuales había presidido el señor Soto como director, conforme al artículo 38 de la ley reglamentaria de 29 de agosto de 1817, dejó dicho señor la silla presidencial, que fue ocupada por el señor presidente nombrado, quien manifestó que era llegado el caso de cumplir el deber que impone dicha ley, sin que hubiere obtenido la mayoría de votos, para presidir esta asamblea, prestando en presencia de ella el juramento que previene el artículo 4° y poniéndose de pie (lo mismo que hicieron todos los señores diputados), y con la mano derecha sobre los Santos Evangelios, pronunció dicho juramento, según la fórmula designada en dicho artículo, en los términos siguientes: "Juro a Dios Nuestro Señor sobre estos Evangelios, y prometo a la República de Colombia cumplir fiel y exactamente con los deberes de mi encargo, y no promover nada que sea contrario a su integridad e independencia de otra potencia o dominación extranjera, ni que sea en tiempo alguno el patrimonio de ninguna familia ni persona, y antes bien sostendré, en cuanto esté de mi parte, la soberanía de la nación, la libertad civil y política, y la forma de gobierno popular, representativo, electivo y alternativo; que sus magistrados y oficiales investidos de cualquiera especie de autoridad sean siempre responsables de su conducta pública, y que el poder supremo se conserve siempre dividido para su administración en legislativo, ejecutivo y judicial".

      Seguidamente fueron llamados por lista nominal uno a uno todos los señores diputados para que prestasen el juramento en la misma forma, en manos del señor presidente, y en efecto lo prestaron todos los que se han expresado al principio de esta acta, a excepción del señor Baños, que se había ausentado de la sala, a quien se mandó llamar a petición de un considerable número de diputados. Concluida la ceremonia de la prestación del juramento, resonaron, en medio de música y salvas, vivas a la gran convención de Colombia, prorumpiendo el público espectador en aclamaciones y demostraciones de regocijo y entusiasmo.

      Restablecido el orden y hallándose presentes dos de los señores secretarios nombrados de fuera del cuerpo, a saber, los señores Muñoz y Domínguez, fueron llamados a ocupar sus asientos, y como no estaba prescrita por la ley la fórmula del juramento que debían prestar, se acordó, a propuesta del señor presidente, que fuese el de cumplir bien y fielmente los deberes de su destino. En consecuencia, prestaron dicho juramento en manos del señor presidente y entraron en el desempeño de sus funciones. Entonces tomó el señor presidente la palabra, y dirigió a la asamblea un discurso, en que le presentó el homenaje de gratitud por el honor que le había conferido, recordó los objetos para que ha sido convocada la convención, y encareció la necesidad de que en las actuales circunstancias sean la prudencia y el patriotismo la única guía en las discusiones, para que todo se dirija a poner de manifiesto la razón pública, de la cual deben emanar los medios que aseguren la felicidad de la nación; y concluyó haciendo ver la necesidad de un reglamento para el régimen interior del cuerpo. El señor Soto apoyó esta última indicación y la redujo a una proposición en estos términos: "Que se nombre una comisión para que presente el proyecto del reglamento que debe observarse en la gran convención, y que entre tanto continúe rigiendo el del congreso constituyente que adoptó la comisión calificadora". Esta proposición fue apoyada en todas sus partes, y puesta a votación resultó aprobada.

      El señor presidente propuso: "Que se determine cuál es la forma en que debe comunicarse a los pueblos la instalación de la gran convención"; y habiendo hecho diversas indicaciones sobre el particular, presentó el señor Soto dos mociones en estos términos: "La gran convención de la República de Colombia decreta: Primero. Con copia del acta de instalación de la gran convención el presidente comunicará al poder ejecutivo de la República, que dicha instalación se ha verificado en este día para que lo haga transcendental a los pueblos. Segundo. Se nombrará una comisión que presente el proyecto de un manifiesto que debe dirigirse a la nación"; estas mociones fueron apoyadas, y en el discurso del debate se hicieron varias modificaciones; siendo la principal la de que se suprimiesen las primeras palabras, a saber: "la gran convención de la República de Colombia decreta:"; en consecuencia de esta última modificación, y no habiéndose fijado los precisos términos de la redacción de la moción principal, la puso el señor presidente a votación sustancialmente sin las indicadas palabras, y quedó aprobada. Siendo pasada la hora, quedó suspensa la segunda moción del señor Soto; y el señor presidente levantó la sesión.

El diputado secretario,

Luis Vargas Tejada.

El secretario,

Rafael Domínguez.

El secretario,

Manuel Muñoz.

FUENTE EDITORIAL:
   Blanco, José Félix y Azpurúa, Ramón. Documentos para la historia de la vida pública del Libertador. Caracas, La Opinión Nacional, 1877. Edición facsimilar. Presidencia de la República de Venezuela. 1979, t. 12. doc. 3644 p. 373-377.
OTRAS EDICIONES:
   Gaceta de Colombia. N° 341 (Suplemento), Bogotá. 1828 (27/4). p. 1-2.

ACTA DE LA SESION DEL 10 DE ABRIL

      Abierta la sesión con el competente número de diputados, se leyó el acta del día anterior, y hechas algunas ligeras correcciones por varios señores, el señor Narvarte presentó la siguiente moción: "Que se suprima del acta el discurso que pronunció el señor Soto al momento de la instalación". Después de un considerable debate, el propio señor Narvarte pidió permiso para retirar su proposición, lo que fue apoyado, y la diputación se lo concedió, aprobándose el acta como se había presentado.

      Seguidamente tomó la palabra el señor Liévano, y presentó la moción que sigue: "Que se nombre una comisión para que impuesta de los documentos que remitan algunos señores diputados, que aún no han llegado a esta ciudad, informe a la gran convención". Esta proposición fue apoyada, aunque con la modificación que presentó el señor Gómez Durán, a saber: "Que la misma comisión manifieste su parecer acerca de los señores diputados que no han venido, ni se han excusado, teniendo a la vista la lista de la totalidad de diputados", cuya moción y modificación fueron apoyadas y aprobadas, y, en consecuencia, se mandaron pasar a la indicada comisión varias representaciones de algunos diputados ausentes, y también el registro de elecciones de Guayana, que se ha recibido hoy.

      Después el señor Rafael Mosquera presentó un proyecto de decreto, apoyado por los señores Aranzazu, Arrubla, Montoya, Azuero, Picón, Jaramillo, Gómez, Plata, Vargas Tejada, Chaves, Manrique, Espinal, Santander, Iribarren, Conde, Tobar y Michelena, al que se adhirieron posteriormente los señores Aranda, Cañarete, Vallarino, Merizalde, Gómez Durán, Joaquín Mosquera y otros muchos señores, cuyo proyecto se reduce a que ninguno de los diputados nombrados por las provincias de Colombia, para la presente gran convención nacional, y que hayan concurrido a sus sesiones, pueda admitir empleo ni gracia alguna del poder ejecutivo durante dichas sesiones, ni en los cuatro años siguientes. Después de un corto debate, se procedió a votar sobre si se admitía a discusión, y la votación que resultó fue por la afirmativa.

      En consecuencia de esta resolución, el señor Soto pidió que se declarase la discusión del proyecto de decreto como urgente, y su moción fue apoyada. Se presentaron varias reflexiones para sostener la urgencia de semejante discusión, y otras porque la convención no precipitase sus deliberaciones, sino que se procediese con la calma y madurez que eran convenientes. En este estado, el señor presidente hizo la observación previa de que este decreto y cualesquier otros de igual naturaleza eran ajenos de la gran convención, que debía ceñirse únicamente a los constitucionales. Se discutió largamente este punto; y el resultado fue que el señor Soto, que había propuesto la discusión del proyecto como urgente, retiró su proposición con permiso de la asamblea. En consecuencia, el señor presidente procedió a señalar el día de mañana para la primera discusión del enunciado decreto.

      Sucesivamente se levantó el señor Merino haciendo presente que, de 22 diputados que le correspondían a las provincias del sur, apenas habían llegado tres a esta ciudad, y fijó la siguiente proposición, que fue apoyada: "Que se difiera la resolución de toda cuestión grave sobre reformas hasta que se reúna por lo menos la mitad y uno más de los representantes del sur". Esta proposición fue discutida detenidamente, y el señor Azuero hizo la moción de que debía procederse al orden del día. Se procedió a la votación de la moción principal propuesta por el señor Merino, y resultó negada, con la excepción de sólo dos votos. En este acto protestó el nominado señor Merino contra la nulidad de todo lo que se actuase en la gran convención por la falta de representación indicada; tomó su sombrero y quiso retirarse; en vista de lo cual muchos señores diputados reclamaron el orden, y restituido a su asiento el señor Merino, pidió el señor Soto que se acordase la reprensión que debe dársele conforme al reglamento. El señor Merino trató entonces de retirarse, fue llamado [por] segunda vez al orden, y pidiéndosele explicaciones sobre el sentido de su protesta, manifestó últimamente que sólo había tratado de salvar su voto para poner a cubierto su responsabilidad en la decisión que se había acordado, y su acción de ausentarse por segunda vez había sido porque se iba a deliberar sobre un asunto que le tocaba personalmente. A pesar de esta explicación, declaró el señor presidente, por reclamación de la asamblea, que había faltado al orden cuando trató de retirarse, y la reprensión que se le dio, a propuesta del mismo señor presidente, fue prevenirle que se abstuviese en lo sucesivo de semejante conducta.

      Después de esto el señor Aranda reclamó también el orden, creyéndose ofendido del señor Santander, por haber pasado hasta sus manos un papel en que aparecía un jeroglífico, figurando una balanza, en cuyo fiel estaba inscrito bien público; en un plato de la balanza, en que aparecía preponderante, decía libertad, y en el otro se leía poder absoluto. Sin embargo de que muchos señores hicieron los mayores esfuerzos por cortar cuestión tan desagradable, se continuó hasta el punto de haberse propuesto por el mismo señor Aranda, y fue apoyado:"Que la convención decidiese si le habían inferido una ofensa directa". Los señores Pulido y Brusual, que estaban inmediatos al señor Santander, manifestaron que este señor no había tenido la menor parte en que el jeroglífico pasase a manos del señor Aranda; y, votada la proposición, se decidió que el señor Santander no había ofendido al señor Aranda. Siendo la hora, se levantó la sesión.

El presidente de la gran convención,

José María del Castillo.

El diputado secretario,

Luis Vargas Tejada.

El secretario,

Rafael Domínguez.

FUENTE EDITORIAL.
   Blanco. José Félix y Azpurúa, Ramón. Documentos para la historia de la vida pública del Libertador. Caracas, La Opinión Nacional, 1877. Edición facsimilar, Presidencia de la República de Venezuela, 1979, t. 12, doc. 3645, p. 377-379.

ACTA DEL DIA 11 DE ABRIL

      Reunido el suficiente número de diputados se abrió la sesión con la lectura del acta del día anterior, que fue aprobada. Después presentó el señor Aranzazu, apoyado del señor Azuero, un proyecto de decreto, que se leyó, y cuya parte dispositiva dice así: "Es necesario y urgente que la constitución sea reformada. Por tanto, la gran convención nacional procederá a ocuparse de este objeto". Siguió una detenida discusión y al cabo se fijó la proposición siguiente, que también fue apoyada: "Se admite a discusión el proyecto presentado"; y tomada a votación resultó por la afirmativa. Admitido, pues, a discusión el proyecto, opinaron varios señores que debía fijarse día para su primera discusión, y otros que se procediese desde luego a ella, hasta que el señor Gori se contrajo a la proposición siguiente, que fue apoyada: "Se fija el día de mañana para la primera discusión del proyecto". Pero habiéndose observado que según el reglamento, el señor presidente debía fijar el día, quedó señalado para el de mañana.

      Seguidamente tomó el señor Concha la palabra, y manifestó que los señores diputados que no habían asistido a la sala debían ser llamados para que expusiesen las razones por qué no habían concurrido, e indicó al señor Baños en particular que no ha prestado el juramento prevenido por el decreto de convocatoria. Esta proposición fue apoyada, y la modificó el señor Soto en los términos siguientes: "Que la gran convención compela en este momento al señor Baños, por todos los medios que estén al alcance del señor presidente, a que concurra a la sesión"; que apoyada y puesta a votación, después de un corto debate, resultó por la afirmativa. En consecuencia, el señor presidente dispuso que se citase y emplazase en el acto al señor Baños a que comparezca en la sala.

      Sucesivamente se procedió al orden del día, reclamado por varios señores, y se repitió la lectura del proyecto de que se habló en el acta anterior, dándose principio a su primera discusión, que se había señalado en aquella para este día. Se pronunciaron varios discursos y opiniones análogos al proyecto citado, que se reduce a que los diputados de la gran convención no puedan admitir, ni el poder ejecutivo conferir, empleos con goce de sueldo a dichos señores durante las sesiones, ni cuatro años después. Se propusieron varias modificaciones, que fueron sucesivamente apoyadas, y con ellas pasó a segunda discusión, que señaló el señor presidente para el lunes próximo.

      Inmediatamente después el señor Santander propuso la siguiente moción, que fue apoyada: "La gran convención declara que los diputados que han venido a esta ciudad, y no hayan sido calificados, han devengado el viático de venida y regreso". Se hicieron algunas observaciones sobre las dietas y medias dietas que también hubiesen devengado, y se presentaron diversas modificaciones. El señor Azuero hizo la moción y fue apoyada: "De que se diese noticia al poder ejecutivo de los señores diputados que se hallen en el caso indicado, para los efectos que convengan". Retirada esta moción por el señor su autor, con permiso de la asamblea y negada la que hizo el señor diputado secretario, "de que este asunto se pasase a la comisión de excusas", hizo el señor Gori la de "Que se declarase que la gran convención no debe tomar en consideración este negocio". El señor Soto presentó la siguiente: "La gran convención se abstiene de tomar en consideración este asunto". Apoyada esta última moción, se tomaron los votos y resultó por la afirmativa. Entonces el señor Santander, autor de la primera moción, pidió que se salvase su voto.

      Posteriormente, el señor diputado secretario propuso: "Que se remitan por cada correo copias de las actas de la convención, para que se publiquen inmediatamente por la imprenta". El señor Azuero adicionó "y en papel destinado a este solo objeto"; la proposición y modificación fueron apoyadas, y después de haberse pedido que se votasen por todas partes, ambas resultaron por la afirmativa. Siendo la hora, se levantó la sesión.

El presidente de la gran convención,

José María del Castillo.

El diputado secretario,

Luis Vargas Tejada.

El secretario,

Rafael Domínguez.

FUENTE EDITORIAL:
   Blanco, José Félix y Azpurúa, Ramón. Documentos para la historia de la vida pública del Libertador. Caracas, La Opinión Nacional, 1877. Edición facsimilar, Presidencia de la República de Venezuela, 1979, t. 12, doc. 3647, n. 379-3.
OTRAS EDICIONES:
   Gaceta de Colombia, N° 348, Bogotá. 1828 (25/5), p. 1.

ACTA DEL DIA 8 DE MAYO

   Abierta la sesión con el competente número de diputados, se leyó y fue aprobada el acta de la sesión precedente.

      Seguidamente se leyeron tres contestaciones en que el señor secretario general del Libertador presidente acusa a la secretaria de la convención el recibo de otras tantas comunicaciones que se dirigieron al Libertador por el señor presidente de esta asamblea, incluyéndole el decreto sobre la urgente necesidad de las reformas, participándole la elección de presidente y vicepresidente hecha el día 23 de abril último en los señores Márquez y Tobar, y la admisión de la renuncia del secretario Vargas Tejada.

      Se dio cuenta del informe de una comisión especial a [la] que se había pasado la exposición en que el señor Santander solicitó de la convención interpusiese su augusta representación en favor de todo ciudadano que pueda estar en riesgo de ser juzgado de otra manera que por las leyes anteriores a sus faltas, y por los tribunales que ellas designen. La comisión opinaba en resumen que no siendo del resorte de la convención el objeto de la solicitud en cuestión, quedase la representación sobre la mesa, al menos por ahora, dándose al señor autor de ella las certificaciones que pide. Tomado en consideración el asunto y no habiendo ninguna proposición apoyada, puso el señor presidente a votación si se aprobaba el informe de la comisión, y la resolución fue afirmativa por 30 votos contra 26. Estando señalado el día de hoy para el examen de la moción presentada ayer por el señor Briceño Méndez en estos términos: "Que se tome en consideración la renuncia hecha por el Libertador presidente en su mensaje de 29 de febrero, y que se acuerde lo conveniente sobre ella", se puso en discusión esta moción, y en el discurso del largo debate a que dio lugar, se presentaron varias proposiciones, de las cuales fueron apoyadas las siguientes: Primera, del secretario Vargas Tejada: "Que se difiera indefinidamente la moción del señor Briceño Méndez". Segunda, del señor Castillo: "Que se tome una resolución definitiva sobre este asunto". Tercera, del señor Narvarte: "Que se difiera la moción en discusión hasta que la comisión a que se pasó el mensaje del Libertador presidente informe sobre la parte del mismo mensaje a que se refiere la moción". Cuarta, del señor Soto: "Que se declare que la convención se abstiene de tomar en consideración la moción del señor Briceño Méndez". Terminado el debate, fijó el señor presidente, conforme al reglamento, el orden por el cual debían votarse estas proposiciones, a saber: en primer lugar la del señor Narvarte, en segundo la del secretario Vargas Tejada, en tercero la del señor Soto, y en cuarto la del señor Castillo; en efecto, se sometieron sucesivamente a la votación por este orden, y en todas fue la resolución negativa. Finalmente se votó la moción primitiva del señor Briceño Méndez, y también resultó negada. Con lo cual, y no habiendo otro asunto de qué tratar, levantó el señor presidente la sesión.

FUENTE EDITORIAL:
   Blanco, José Félix y Azpurúa, Ramón. Documentos para la historia de la vida pública del Libertador. Caracas, La Opinión Nacional, 1877. Edición facsimilar, Presidencia de la República de Venezuela, 1979. t. 12, doc. 3715, p. 559-560.

SESION DEL DIA 6 DE JUNIO

   Abierta la sesión con el competente número de diputados se leyó y aprobó el acta del día precedente.

      En seguida presentó el señor Gómez Durán una exposición firmada por él mismo y por los señores Santander, Soto, Romero, Azuero, Vallarino, Gómez Plata, López Valdez, Vargas Tejada, López Aldana, Mutis, Concha, Picón, Gómez Moreno, Toscano, Camacho, Ramírez, Quintana, Tobar, Cañarete, Márquez, Flórez, Liévano y Escarpeta, en que manifiesta el riesgo en que se halla la convención de disolverse, porque hace cuatro días que no concurre a ella un número considerable de diputados, lo cual ha producido graves y notorias dificultades para reunir el número apenas suficiente para abrir las sesiones, aun haciendo el sacrificio de concurrir algunos diputados notoriamente enfermos. Que en tal situación, y hallándose sin recursos para subsistir más tiempo en esta ciudad dos señores, que ya lo han expuesto así a la convención, y otros de los que suscriben, no les queda otro partido que tomar después de los pasos confidenciales que han dado también algunos de los señores diputados suscritos, que el de introducir esta exposición contraída a los dos puntos siguientes:

      . Protestar solemnemente ante Dios, ante Colombia y los hombres, que no son responsables de los males que puedan resultar a la República, de la disolución de la gran convención, así por causa de la no concurrencia de los diputados, que sin justo motivo calificado por la convención hayan dejado de asistir a las sesiones, como por otra cualquier causa.

      . Presentar a la convención un proyecto de acto adicional a la constitución de 1821, que, discutiéndose y aprobándose en tres debates, conforme al reglamento, pueda quedar sancionado en pocos días, para que con él reciba el pueblo colombiano el bien que apenas permiten proporcionarle las circunstancias actuales, y queden a cubierto el honor nacional y la responsabilidad de los que suscriben. Leyóse dicho proyecto que está firmado por los señores Gómez Durán, Santander y Soto, y apoyado con las firmas de los señores Gómez Plata, Merizalde, Pardo, Liévano, Vargas Tejada, Azuero, Vallarino, Escarpeta, López Valdez, Romero, López Aldana, Mutis, Concha, Toscano, Diago, Picón, Gómez Moreno, Camacho, Ramírez, Quintana, Tobar, Cañarete, Espinal, Márquez, Flórez, Gamba y Quijano; y el señor Pulido presentó la siguiente moción: "Que se difiera tomar en consideración el proyecto de acto adicional que han presentado hoy varios señores diputados; que se invite a todos los que no han concurrido para la primera sesión, y que esta sea secreta y en comisión general". Esta moción fue apoyada; pero habiendo decidido el señor presidente la cuestión de orden, declarando que no podía tomarse en consideración hasta que se resuelva sobre la admisión del proyecto, se contrajo a este punto la atención de la asamblea, y el señor Soto hizo la siguiente proposición: "Que suspendiéndose la discusión de los proyectos de constitución, señale el señor presidente día para el primer debate del proyecto presentado hoy por el señor Gómez Durán". Esta moción fue apoyada; y puesta a votación, quedó aprobada por una mayoría de 50 votos contra cuatro, señalando el señor presidente el día de mañana para el expresado primer debate. En seguida hizo el señor Quijano, apoyado de varios señores, una moción en estos términos: "Que se cite nominalmente para mañana a todos los señores diputados que no han concurrido, y que no tengan impedimento grave para venir". El señor presidente observó que estaba pendiente la proposición del señor Pulido, y declaró que la discusión debía contraerse a la segunda parte de ella, pues la primera ya no tenía lugar, estando señalado día para tomar en consideración el proyecto del señor Gómez Durán; y en cuanto a la tercera, a saber, que haya mañana sesión secreta, no debía recaer resolución de la asamblea, supuesto que, conforme al reglamento, debe procederse a sesión secreta cuando llegue el caso de que así lo pida cualquier señor diputado. En consecuencia, se examinó dicha segunda parte de la moción del señor Pulido, a saber: "Que se invite a todos los señores diputados que no han concurrido para la primera sesión"; el señor Gómez Durán sustituyó las palabras se llame en lugar de se invite; el señor Soto submodificó con las palabras se convoque, y el secretario Vargas Tejada adicionó las palabras por escrito. Propusiéronse otras variaciones de redacción; y finalmente se puso a votación la proposición por partes, y quedó aprobada en estos términos: "Que a los señores que no han asistido hoy se les convoque por escrito para que concurran mañana, a menos que tengan algún impedimento grave". El señor Narvarte propuso que lo que restaba de la sesión de hoy se emplease en continuar discutiendo el proyecto de constitución; pero habiéndose promovido la cuestión de orden, sobre si esto era contrario a la moción de suspensión que se había acordado, fijó el señor Gómez Durán la proposición siguiente: "Declárese que la suspensión del proyecto de constitución es hasta que se disponga del proyecto de acto adicional presentado hoy", y puesta a votación, resultó por la afirmativa. Por tanto, y no habiendo otro asunto en el orden del día, levantó el señor presidente la sesión.

El presidente.

Joaquín Mosquera.

El diputado secretario,

Juan de Dios Aranzazu.

El diputado secretario,

Luis V. Tejada.

El secretario,

Rafael Domínguez.

FUENTE EDITORIAL:
   Blanco, José Félix y Azpurúa, Ramón. Documentos para la historia de la vida pública del Libertador. Caracas. La Opinión Nacional, 1877. Edición facsimilar. Presidencia de la República de Venezuela. 1979, t. 12, doc. 3724, p. 576-577.
OTRAS EDICIONES
   Gaceta de Colombia. N° 356. Bogotá. 1828 (17/7). p. 1-2.

ACTA DE LA SESION DEL DIA 7 DE JUNIO

      Abierta la sesión con el competente número de diputados, y aprobada el acta del día precedente, se dio cuenta de la contestación dada por los señores diputados no concurrentes a la citación que se les hizo para que asistiesen a la sesión de este día. El señor Fernández Peña contestaba que, continuando enfermo, según es notorio a la mayor parte de los señores diputados, le era imposible concurrir; pero que lo verificaría tan pronto como lo permitiese el estado de su salud. El señor Castillo decía que no pudiendo llenar el objeto de su diputación, ni ver cumplidos sus más puros deseos en bien de la República, no le era dable volver a las sesiones, en que nada más haría que contradecir sin fruto, o guardar un profundo silencio. Los señores Merino, Icaza, Villavicencio, Orejuela, Valdivieso, Montúfar, Gori, Ucrós, de Francisco, Aranda, Briceño Méndez, Orellana, Avilés, Pumar y Moreno de Salas, manifestaban que habían consignado los motivos de su no concurrencia en una exposición que dirigían a la convención. Los señores Grimon y Brusual no dieron ninguna contestación. Dejáronse estas notas sobre la mesa, y se leyeron dos exposiciones, una de esta fecha, y otra de 2 del corriente, en que los dichos señores Castillo, Merino, Gori, Aranda, Montúfar, Icaza, Villavicencio, Orejuela, Valdivieso, Ucrós, de Francisco, Briceño Méndez, Orellana, Avilés, Pumar, Moreno de Salas, Brusual y Grimon, y también el señor Hermoso, que ya se ha ausentado de esta ciudad con licencia de la convención, manifiestan los motivos que en su concepto les obligan a separarse de la convención, y devolver a los pueblos la representación que les han confiado. El señor Gómez Durán propuso que se procediese al orden del día; pero el señor Aranzazu, apoyado de varios señores, hizo moción para que se pasasen las exposiciones a una comisión especial. El señor Pulido adicionó lo siguiente: "Encargándosele que presente su informe esta noche si es posible"; y puesta a votación la proposición por partes, se aprobó la primera y se negó la segunda, es decir, la adición del señor Pulido. El señor presidente manifestó la necesidad de completar la comisión de la mesa, que se halla reducida a tres individuos, por la no concurrencia del señor Castillo, y por ser el mismo señor presidente actual uno de los tres miembros adjuntos que antes se habían nombrado para ella; y sometió a la consideración de la asamblea la cuestión siguiente: "¿Se procede a llenar la comisión de la mesa?". El señor Soto y otros señores pidieron que se dividiese la cuestión, proponiendo: primero, el reemplazo del señor presidente Mosquera; y después el del señor Castillo. En consecuencia se votó la primera cuestión con la adición de la palabra temporalmente, propuesta por el señor Gómez Durán, y la resolución fue afirmativa. La segunda cuestión se resolvió negativamente; y, procediéndose a la elección del miembro que debe subrogar al señor Mosquera, conforme a lo acordado, se nombraron escrutadores [a] los señores Vallarino, Iribarren, Romero y Toscano. Verificado el escrutinio, resultaron 52 votos distribuidos como sigue: 18 por el señor Sotomayor, 11 por el señor Rebollo, seis por el señor Briceño Altuve, cuatro por el señor Márquez, tres por el señor Aranzazu, dos por el señor García de Frías, 2 en blanco y uno por cada uno de los señores Pulido, Quintana Vallarino, Mazenet, Real y Michelena; obteniendo el señor Sotomayor la mayoría relativa que exige el reglamento, se le declaró electo miembro de la comisión.

      Se leyó para primer debate el proyecto de acto adicional a la constitución del año 11° y no habiendo tomado la palabra ningún señor diputado para impugnar el proyecto, se pasó a segundo debate, para el cual señaló el señor presidente el lunes próximo 9 del corriente. El señor Rebollo pidió se expresase su voto negativo.

      Seguidamente se leyeron y se mandaron archivar las siguientes comunicaciones: Primera, del señor secretario del interior, acusando recibo de la comunicación que se le dirigió participándole la reelección del señor Márquez, y la elección del señor Sotomayor para presidente y vicepresidente de la convención. Segunda y tercera, del mismo señor secretario, acusando recibo de las copias de actas que se le remitieron para su publicación e incluyéndole 80 ejemplares de los cuatro primeros pliegos del registro oficial de los actos de la convención. Cuarta, del gobernador de la provincia de Mariquita, participando que el señor P. Carrasquilla, diputado por la misma, no puede concurrir a esta ciudad por hallarse enfermo. Quinta, del gobernador de la provincia de Imbabura, manifestando los inconvenientes que han impedido la concurrencia a Ocaña de los diputados principales y suplentes por aquella provincia.

      También se leyó una comunicación del señor secretario de la guerra con que acompañaba copia autorizada por el mismo señor secretario de la comunicación dirigida al general Padilla por el señor director de la diputación existente en Ocaña el día 14 de marzo último, en virtud de resolución acordada en aquel día por la misma diputación; y se resolvió, a moción del señor Sotomayor, que pasase a la comisión que ha de nombrarse para examinar la exposición de los señores diputados no concurrentes, de que se ha hecho mención al principio; en lo cual expresó el señor Rebollo su voto negativo. No habiendo ningún otro asunto de qué tratar, levantó el señor presidente la sesión.

FUENTE EDITORIAL:
   Blanco, José Félix y Azpurúa, Ramón. Documentos para la historia de la vida pública del Libertador. Caracas. La Opinión Nacional, 1877. Edición facsimilar. Presidencia de la República de Venezuela, 1979, t. 12. doc. 3727. p. 580-581.

SESION DEL DIA 9 DE JUNIO

      Abierta la sesión con el competente número de diputados, y aprobada el acta del día 7 del corriente, se leyó una representación del señor Santander, en que exponía los hechos relativos a las conferencias privadas tenidas por el mismo señor Santander y los señores Soto, Azuero y Gómez Durán con el señor Castillo, y de que hacen mérito los señores diputados no concurrentes en la exposición que dirigieron ayer a la convención; y concluye pidiendo que se resolviese sobre la solicitud que antes había introducido pidiendo permiso para retirarse. Pidió también verbalmente que si a algún señor diputado le constaba alguna cosa contraria a lo que exponía en la representación, tomase la palabra y lo manifestase; y ninguno lo verificó, antes bien los señores Rafael Mosquera, Narvarte y Gómez Durán, confirmaron la exposición en la parte de que tenían conocimiento; pero añadiendo el señor Narvarte, por vía de aclamación, que en la conferencia en que se había hablado sobre el nombramiento de los miembros del consejo de gobierno no había expresado su opinión el mismo señor Narvarte; y advirtiendo el señor Rafael Mosquera que en realidad no se había hecho un convenio expreso, aunque sí podía suponerse que lo había habido tácito, de continuar dichas conferencias. Hechas estas explicaciones se resolvió, a moción del señor López Aldana, que se pasase la exposición del señor Santander a la comisión a que se han remitido las de los señores diputados no concurrentes. El señor secretario Aranzazu hizo presente que faltaban algunos documentos de los que se pasaron a la cuarta comisión de constitución, y que quedaron sobre la mesa de la secretaría donde trabajaba dicha comisión, lo cual indicaba para que se devolviesen si los tenía algún señor diputado; y en todo caso quede a cubierto la responsabilidad de los secretarios, a cuyo efecto pidió se expresase en el acta. El señor Iribarren presentó luego la siguiente moción que fue apoyada: "Que por una sucinta exposición de los hechos ocurridos, que pueden haber motivado la exposición de los miembros no concurrentes, y que se sabe hallarse en marcha para fuera de esta ciudad, se imponga al supremo poder ejecutivo de la nación de la necesidad de compeler a dichos miembros para que vuelvan a asistir a las sesiones, por cuya omisión dimanaría la disolución de esta asamblea, y de esto dolorosamente la disociación de la República". El señor Narvarte hizo la siguiente proposición: "Difiérase la moción del señor Iribarren hasta que la comisión presente su informe sobre la exposición de los señores diputados no cuncurrentes"; y fue apoyada; pero puesta a votación después de un considerable debate, resultó negada, expresando sus votos afirmativos los señores Rebollo y Rodríguez. En consecuencia, continuó la discusión de la expresada moción del señor Iribarren, y el señor Soto pidió que se examinase y se votase por partes, a cuyo efecto modificó el principio en estos términos: "Que sedirija al supremo poder ejecutivo una sucinta exposición, etc.". El señor Gómez Durán submodificó toda la primera parte en esta forma: "Que se dirija al poder ejecutivo una comunicación, manifestándole lo acaecido en la convención desde el día 2 de este mes, relativamente a la separación de los señores diputados no concurrentes"; y puesta a votación resultó aprobada. La segunda parte de la moción del señor Iribarren se votó en seguida y se resolvió negativamente. Procedióse a examinar una moción propuesta por el señor Liévano en estos términos: "Intímese inmediatamente a todos los señores diputados que han representado para ausentarse, que no salgan de esta ciudad hasta que la convención resuelva sobre su representación"; y fue aprobada, expresando sus votos negativos los señores Rebollo y García de Frías, y afirmativos los señores Santander y Gómez Plata. Luego se votó por partes la siguiente adición propuesta por el señor Romero: "Apercibiéndoles con la multa de $3.000 y con la responsabilidad de los males que por su contravención ocasionaría a la República"; y resultó negada; pidiendo se expresasen sus votos afirmativos en la primera los señores Espinal, López Aldana, Cañarete, Gómez Plata, Azuero y Tobar; y en la segunda los señores López Valdez y Toscano: y se acordó que la intimación se hiciese por un oficio a cada uno de los señores no concurrentes, negándose la proposición hecha por el secretario Vargas Tejada de que se les exigiese la inmediata contestación; en lo cual expresó su voto afirmativo el señor López Valdez.

      Estando designado el día de hoy para el segundo debate del proyecto de acto adicional a la constitución del año 11, se leyó dicho proyecto; pero antes de procederse a tomar en consideración el artículo 1°, presentó el señor Jaramillo, apoyado de varios señores, la siguiente moción: "Que se emplace la convención para Bogotá el año de 31, declarando que la constitución del año 11 queda vigente". El señor Briceño Altuve propuso como modificación la siguiente: "Que si por una fatalidad llegase a faltar el número necesario para continuar las sesiones de la convención, quede por el mismo hecho emplazada para la capital de Bogotá el día 2 de enero del año de 1830". Habiéndose suscitado la cuestión sobre el modo de proceder, fijó el secretario Vargas Tejada esta proposición: "Que se difiera la moción del señor Jaramillo hasta que termine el segundo debate del acto adicional, y que para este segundo debate se declare la sesión permanente". El señor Quijano y otros señores pidieron que se procediese al orden del día, y continuándose la discusión sobre las cuestiones de orden modificó el secretario Vargas Tejada su anterior proposición en la forma siguiente: "Que las mociones presentadas hoy por los señores Jaramillo y Briceño Altuve, se discutan y resuelvan en la presente sesión, terminado el segundo debate del proyecto de acto adicional, para todo lo cual se declara la sesión permanente". También fue apoyada esta modificación; pero el señor presidente decidió que no podía hacerse ninguna proposición relativa a las mociones a que aquella se refiere, pues conforme al reglamento, una moción nueva no puede tomarse en consideración el mismo día que se presenta, a menos que la asamblea declare expresamente que no es necesario este requisito. En consecuencia, hizo el señor Gómez Durán esta proposición: "Que se tome hoy mismo en consideración con preferencia la moción del señor Briceño Altuve"; y puesta a votación, previo el suficiente debate, se aprobó por unanimidad, a excepción de un voto que fue negativo. Sometida, pues, a discusión la expresada moción del señor Briceño Altuve, le hizo el señor Soto la adición siguiente: "Declarándose desde ahora para entonces que la constitución del año 21 rige en toda la República". El señor presidente observó que no podía admitirse ninguna modificación ni adición en el primer debate, cuyo objeto, según el reglamento, es examinar la conveniencia o no conveniencia de la moción o proyecto en general, a no ser que también se declarase previamente, conforme al mismo reglamento, que en la presente moción no es necesario el requisito de los tres debates; entonces el señor Soto hizo formal proposición al efecto; y el señor presidente decidió que esta debía examinarse y votarse con prioridad a cualquiera otra, y que en tal estado no era admisible la que propuso el señor Picón, apoyado de otros señores, en los términos que siguen: "Que se suspenda la moción en cuestión hasta que se pregunte a cada uno de los 55 diputados presentes si su intención y deseo es permanecer hasta que se concluya la sanción del acto adicional". Conforme a esta decisión se discutió la moción del señor Soto, y puesta a votación se resolvió por la afirmativa, quedando por consiguiente resuelto que no necesita de los tres debates la del señor Briceño Altuve. Contraída la discusión a esta última, y siendo ya la hora, acordó la convención, a propuesta del secretario Vargas Tejada, lo siguiente: "Que la sesión sea permanente para resolver sobre la proposición del señor Briceño Altuve". En el progreso del debate pidió el señor Márquez que se difiriera para mañana; pero habiéndose reclamado sobre que esta proposición era revocatoria de la precedente resolución de que la sesión fuese permanente, y que, por consiguiente, se necesitaban para acordarla las dos terceras partes, se sometió este punto de orden a votación y se decidió negativamente, expresando sus votos afirmativos los señores Echezuria, Gómez Durán y Vargas Tejada. Luego se votó la moción del señor Márquez; y resultando aprobada, quedó diferido el asunto en cuestión y el señor presidente levantó la sesión.

El presidente,

Joaquín Mosquera.

El diputado secretario,

Juan de Dios de Aranzazu.

El diputado secretario,

Luis Vargas Tejada.

El secretario,

Rafael Domínguez.

   República de Colombia. Gran convención. Ocaña, 13 de junio de 1828.

   Al excelentísimo señor Libertador presidente de la República, etc.

   Excelentísimo señor:

      En cumplimiento de lo resuelto por los señores diputados a la gran convención en el acta de 11 del corriente, la incluyo a vuestra excelencia para que vea por ella las razones por que se han suspendido las sesiones; y para que vuestra excelencia se sirva mandar que se imprima en la Gaceta del gobierno.

   Aprovecho esta oportunidad para reiterar a vuestra excelencia los sentimientos del más profundo respeto con que soy de vuestra excelencia muy obediente servidor.

Joaquín Mosquera.

FUENTE EDITORIAL:
   Blanco, José Félix y Azpurúa, Ramón. Documentos para la historia de la vida pública del Libertador. Caracas, La Opinión Nacional, 1877. Edición facsimilar, Presidencia de la República de Venezuela, 1979, t. 12, doc. 3731, p. 584-586.
OTRAS EDICIONES
   Gaceta de Colombia, N° 360. 1828 (17/7), p. 1-2.

ACTA DE LA SESION DEL DIA 11 DE JUNIO

      Abierta la sesión con la concurrencia de todos los señores diputados presentes en esta ciudad, a excepción del señor Fernández Peña, que se halla enfermo, se leyeron y aprobaron las actas de las sesiones del día de ayer y de la noche del 9 del corriente.

      El señor Briceño Altuve y otros señores reiteraron la moción que se había hecho ayer, de que se llamase al señor Escobar para que concurra como suplente que es por la provincia de Bogotá, en lugar del señor Gori; y durante el debate que sobre esto se tuvo, se recibió una comunicación oficial del jefe político de esta ciudad, en que manifiesta que se han practicado ya las diligencias que se le encargaron para averiguar si existía en Ocaña alguno de los 19 diputados que se han separado de la convención, y que de ellas resulta que todos los dichos señores se han puesto en camino para la parroquia de la Cruz, el señor Montúfar el día 9, y los demás señores el día de ayer. En consecuencia, hizo el señor Flórez la moción de que se declarasen suspensas las sesiones de la gran convención. Varios señores apoyaron esta moción, y el señor Soto la presentó redactada en estos términos: "Habiéndose comprobado legalmente que los señores diputados Pedro Briceño Méndez. Francisco Aranda, José M. del Castillo, Juan de Francisco Martín, José Joaquín Gori, José Ucrós, Domingo Brusual, Pedro Vicente Grimon, José Félix Valdivieso. Fermín Villavicencio, José Matías Orellana, Pablo Merino, Francisco Montúfar, Manuel Avilés, Martín Santiago de Icaza, Fermín Orejuela, José Moreno de Salas y Miguel María Pumar, se han ausentado de esta ciudad sin licencia de la convención, y contra la expresa resolución que dictó para que permaneciesen en Ocaña, hasta que acordase la convención sobre la nota o representación que habían introducido el día 7 del corriente; y habiendo sólo en Ocaña 54 diputados, por lo cual la convención no puede continuar sus sesiones conforme al artículo 84 del reglamento interior, que para el efecto exige el número de 55 diputados, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 41 de la ley de 29 de agosto de 1827, se declara que la convención suspende sus sesiones. Dese cuenta al excelentísimo señor Libertador presidente de la República".

      El señor Rafael Mosquera presentó una modificación en esta forma: "Los infrascritos, diputados a la gran convención, reunidos en la sala de sesiones en virtud de lo acordado en el acta del día de ayer; y habiéndose comprobado que se han ausentado de hecho los señores diputados Pedro Briceño Méndez, Francisco Aranda, José María del Castillo, Juan de Francisco Martín, José Joaquín Gori, José Ucrós, Domingo Brusual, Pedro Vicente Grimon, José Félix Valdivieso, José Matías Orellana, Pablo Merino, Francisco Montúfar, Manuel Avilés, Martín Santiago de Icaza, Fermín Orejuela, José Moreno de Salas y Miguel María Pumar, y que sólo existen en esta ciudad 54 diputados, por lo cual la convención no puede continuar sus sesiones conforme al artículo 84 del reglamento que para el efecto exige el número de 55, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 41 de la ley de 29 de agosto de 1827, reconocemos que de hecho se hallan suspendidas las sesiones de la gran convención, y encargamos al señor presidente de la convención lo comunique al poder ejecutivo". Apoyada por varios señores esta modificación, se tomó en consideración, y el señor Soto la adicionó antes de la cláusula que comienza con las palabras "y que sólo existen en Ocaña, etc.", las siguientes: "Sin licencia de la convención, y contra la expresa resolución que dictó para que permaneciesen en Ocaña, hasta que acordase lo conveniente sobre la nota o representación que habían introducido el 7 del corriente, y que se ha ausentado también sin licencia el señor García de Frías". Fueron igualmente apoyadas esta adición y la supresión que hizo el señor Gómez Durán de las palabras de hecho en la penúltima cláusula de la proposición; y en el debate se hicieron otras varias indicaciones, pero no se presentó ninguna otra por escrito y el señor presidente manifestó que primero debía disponerse de la moción pendiente. Varios señores sostuvieron que no debían declararse suspensas las sesiones, pues existe en esta ciudad el señor Escobar, que es el suplente a quien toca reemplazar al señor Gori, y que con él están completos los 55 miembros, por lo cual instaron en que se acordase previamente la medida de llamarle para que concurra a tomar posesión. Otros señores se opusieron a esto, fundándose principalmente en que el señor Gori no ha sido legalmente excusado de concurrir a la convención para que pudiese llamarse al suplente, que si falta actualmente, es porque de hecho se ha ausentado y puede regresar: que sobre este punto se necesitaría una declaratoria que sólo puede hacer la convención, y por consiguiente presupone su existencia, y que sería ilegal todo acto que se tuviese, completando el número en virtud de una declaratoria dada por un número incompetente.

      Fue muy largo el debate que se tuvo sobre este punto, y finalmente pidieron el señor Espinal y otros señores que se votase como previa la indicada moción de llamar al señor Escobar; el señor presidente declaró que no era previa, y habiendo reclamado el señor Espinal, confirmó la asamblea la decisión del señor presidente, pidiendo que se expresasen sus votos en contrario los señores Cañarete y Gómez Plata. En virtud de esta resolución se procedió a resolver sobre la moción del señor Rafael Mosquera con las adiciones y reformas hechas por los señores Soto y Gómez Durán; y habiéndose pedido que se votase por partes y nominalmente, se sometió a la votación nominal en los términos prescritos por el reglamento la primera parte, que es la que contiene la exposición del hecho de haberse ausentado los 18 señores diputados que se expresan, sin licencia de la convención, y contraviniendo a su resolución, y el señor García de Frías también sin licencia; y esta parte resultó afirmada por 49 votos contra uno, estando por la afirmativa los señores presidente, vicepresidente, Arrubla, Montoya, Jaramillo, Pulido, Santander, Soto, Gómez Durán, Liévano, López Aldana, Merizalde, Michelena, Romero, Rodríguez, Chaves, Tobar, Narvarte, Iribarren, Echezuria, Manrique, Huizi, Espinal, Sotomayor, Camacho, López Valdez, Picón, Cañarete, Briceño Altuve, Quintana, Concha, Mutis, Vallarino, Pardo, R. Mosquera, Gamba, Diago, Mazenet, Salazar, Gómez Plata, Ramírez, Escarpeta, Márquez, Gómez Moreno, Cuevas, Toscano, y secretarios Aranzazu y Vargas Tejada; por la negativa el señor Azuero. Los señores Rebollo, Real y Conde se hallaban fuera de la sala al tiempo de esta votación y de las siguientes. La segunda parte de la moción que decía "y que sólo existen en esta ciudad 54 diputados, por lo cual la convención no puede continuar sus sesiones, etc.", resultó afirmada por 37 votos contra 12, estando por la negativa los señores Azuero, Romero, Manrique, Espinal, Picón, Cañarete, Concha, Mazenet, Salazar, Gómez Plata, Escarpeta y Toscano, y por la afirmativa todos los demás señores arriba expresados. La tercera parte, a saber: "reconocemos que se hallan suspendidas las sesiones de la gran convención", se afirmó por 41 votos contra ocho, siendo negativos los de los señores Azuero, Manrique, Espinal, Cañarete, Romero, Mazenet, Salazar y Escarpeta. Finalmente, la última parte, que decía "y encargamos al señor presidente de la convención que lo comunique al poder ejecutivo", resultó aprobada por 45 votos afirmativos, contra cuatro negativos, que fueron los de los señores Azuero, Manrique, Cañarete y Salazar. En consecuencia, quedó la proposición acordada en los términos siguientes: "Los infrascritos diputados a la gran convención, reunidos en la sala de las sesiones, en virtud de lo acordado en el acta del día de ayer, y habiéndose comprobado que se han ausentado de hecho los señores diputados Pedro B. Méndez, Francisco Aranda, José M. del Castillo, J. de F. Martín, J. J. Gori, José Ucrós, Domingo Brusual de Beaumont, Pedro V. Grimon, José Félix Valdivieso, Fermín Villavicencio, José Matías Orellana, Pablo Merino, Francisco Montúfar, Manuel Avilés, Martín Santiago de Icaza, Fermín Orejuela, José Moreno de Salas y Miguel M. Pumar, sin licencia de la convención y contra la expresa resolución que dictó para que permaneciesen en Ocaña hasta que acordase lo conveniente sobre la nota o representación que habían introducido el 7 del corriente; que también se ha ausentado sin licencia el señor García de Frías, y que sólo existen en esta ciudad 54 diputados, por lo cual la convención no puede continuar sus sesiones, conforme el artículo 84 del reglamento, que para el efecto exige el número de 55, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 41 de la ley de 29 de agosto de 1827, reconocemos que se hallan suspendidas las sesiones de la gran convención; y encargamos al señor presidente de la convención lo comunique al poder ejecutivo. En virtud de este acuerdo levantó el señor presidente la sesión.


Adición

      Al tiempo de aprobarse esta acta por los señores diputados presentes el día 12 de junio, acordaron los mismos señores que, al remitir dicha acta a su excelencia el Libertador presidente de la República, se le encargue que la haga imprimir con preferencia en la Gaceta de Colombia.

      El presidente de la gran convención, Joaquín Mosquera. El vicepresidente, Manuel María Quijano, M. A. Arrubla, F. Montoya, Manuel A. Jaramillo, Juan José Pulido, José de Iribarren, F. de P. Santander, diputado por Bogotá. Diego Fernando Gómez. El diputado por Tunja, Francisco Soto, José María Salazar, Hilario López Valdez, Juan José Romero, Romualdo Liévano, Francisco L. Aldana, Manuel Cañarete, Juan B. Quintana, J. I. Márquez, Antonio M. Briceño, J. Vallarino, Juan Manuel Manrique, J. de Dios Picón, Juan de la Cruz Gómez, Angel M. Flórez, José Escarpeta, Andrés Narvarte, Manuel Huizi, Vicente Michelena, F. Mutis, Santiago Paerez, Mazenet, J. Concha, J. N. Toscano, Fortunato M. de Gamba y Valencia, Valentín Espinal, Francisco J. Cuevas, Rafael Diago, J. F. Merizalde, Mariano Echezuria y Echeverría, J. N. Chaves, J. Rafael Mosquera, M. J. Ramírez, Francisco Gómez, Juan Fernández de Sotomayor, Vicente Azuero, J. Santiago Rodríguez, Salvador Camacho, Manuel B. Rebollo, Manuel Pardo, Francisco Conde, J. M. del Real, El diputado secretario, Luis Vargas Tejada. El diputado secretario, J. de Dios Aranzazu. El secretario, Rafael Domínguez.

FUENTE EDITORIAL:
   Blanco, José Félix y Azpurúa, Ramón. Documentos para la historia de la vida pública del Libertador. Caracas, La Opinión Nacional, 1877. Edición facsimilar. Presidencia de la República de Venezuela, 1979, t. 12, doc. 3736, p. 596-599.
OTRAS EDICIONES
   Gaceta de Colombia, N° 356, Bogotá, 1828 (3/7), p. 1-2.

ACTA DEL 11 DE JUNIO

      En la ciudad de Ocaña, a 11 de junio de 1828 18°, los diputados a la gran convención que abajo suscriben, reunidos en la sala que ha servido para las sesiones de ella, en vista de no haber quedado ya en Ocaña el número legal requerido para continuar las sesiones, que es de 55, como la mayoría absoluta del total de los diputados de todas las provincias de la República, han resuelto informar a la nación que representan, de los hechos que han producido la suspensión de las sesiones de la convención.

   El día 9 de abril se instaló esta augusta asamblea con el número de 64 miembros, previa y debidamente calificados, el cual subió hasta 74 el día 2 del corriente, con la incorporación sucesiva de otros diputados.

      El mismo día 2 dejaron de asistir los señores diputados Pedro Briceño Méndez, Francisco Aranda, José M. del Castillo, Juan de Francisco Martín, José Joaquín Gori, José Ucrós, Domingo Brusual, Pedro Vicente Grimon, José Félix Valdivieso, Fermín Villavicencio, José Matías Orellana; Pablo Merino, Francisco Montúfar, Manuel Avilés, Martín Santiago de Icaza, Fermín Orejuela, José Moreno de Salas y Miguel M. Pumar, excusándose al presidente del cuerpo con que estaban indispuestos, y la falta continuó en los días 3, 4, 5, 6 y 7, en términos de que se tenían las sesiones con mucha dificultad, y aun asistiendo varios diputados enfermos.

   El día 5 solicitaron los señores diputados Santander, Soto y Azuero, permiso para retirarse de Ocaña por las causales que constan en sus respectivos memoriales, y pasaron a una comisión que no ha informado todavía.

      El día 6 introdujeron 31 diputados un proyecto de acto adicional a la constitución del año 11, junto con una representación en que exponían los motivos de su procedimiento; la convención lo admitió a discusión, y hasta la noche del 2 del corriente en que hubo sesión, se admitieron en segundo debate varios de sus artículos, con las adiciones que constan en el acta respectiva.

      El mismo día 6 propuso un diputado una convocación general de todos los miembros de la convención, y acordada por la asamblea se llamó a los expresados diputados no concurrentes por medio de un oficio que se dirigió a cada uno; y su respuesta fue enviar el día 7 dos exposiciones con fecha la una de 2 y la otra del mismo 6 del corriente, en que presentaban los motivos que tenían para no concurrir más a las sesiones; la convención pasó estas exposiciones a una comisión que hasta ahora no ha abierto su concepto.

      El día 9 resolvió la convención intimar a estos diputados que habían manifestado su resolución de ausentarse de la ciudad, que no saliesen de ella mientras que no se hubiese resuelto sobre sus representaciones, y el 10 se dio cuenta de su respuesta, reducida a desconocer la autoridad de la convención para ordenarles que permaneciesen en esta ciudad, y a insistir en su resolución de ausentarse. En la misma sesión se leyó un oficio del señor diputado Anastasio García de Frías, manifestando que estaba próximo a retirarse de la ciudad de Ocaña, porque creía inútil su permanencia en ella. Todos estos hechos están comprobados con los documentos que se acompañan, y que son los siguientes: el acta de la sesión en que se decretó la convocación general de diputados, las respuestas de los 18 que resolvieron ausentarse de Ocaña, la exposición que en consecuencia hizo el señor diputado Santander, los memoriales en que el mismo diputado y los señores Soto y Azuero pidieron sus licencias, la representación con que fue presentado el acto adicional firmado por 31 diputados, y el mismo acto, el acta de la sesión en que se determinó que los expresados 18 diputados no saliesen de Ocaña, y la respuesta que dieron, el oficio del señor García de Frías manifestando su resolución de ausentarse, y, en fin, el acta última en que se han declarado suspensas las sesiones de la convención.

      Los infrascritos diputados dan cuenta a la nación que representan, de los sucesos que han precedido a la dolorosa interrupción de las sesiones de la convención, para que juzgue de ellos en la calma de las pasiones, en justicia y razón. Los infrascritos han abandonado sus hogares y sus familias para venir a Ocaña a desempeñar la confianza que los pueblos les encargaron, hasta donde les era posible, sin que hayan dejado de prestar a su patria en esta ocasión como en otras los servicios que les ha exigido. Su conciencia les grita que han llenado sus deberes con exactitud; y si algunos de los infrascritos han sostenido opiniones políticas que tal vez no se acordaban con las de los diputados que han abandonado la sala de las sesiones, su entendimiento se las presentaba como necesarias al bien público, y su voluntad las admitía sin ánimo de perjudicar a los intereses bien entendidos de Colombia, ni de violentar de ningún modo a que las adoptasen los que no se conformaban con ellas. Los infrascritos se someten voluntaria y gustosamente al juicio imparcial de la opinión pública, y protestan ante el Supremo Juez de los hombres, ante el mundo culto, y ante los colombianos, que no son responsables de la interrupción de las sesiones de la gran convención, que han cumplido todos sus deberes como representantes del virtuoso pueblo colombiano, y que jamás se les deben imputar con razón y justicia los males que puedan sobrevenir de tan inesperado acontecimiento.

      Diputado por la provincia de Popayán, Manuel M. Quijano. El diputado por Bogotá, Luis Vargas Tejada. José de Iribarren, por Caracas. José Escarpeta, diputado por Tunja. José Hilario López Valdez, por el Chocó. El diputado por Carabobo, Juan José Romero. El diputado por Tunja, Francisco Soto. El diputado por Panamá, José Vallarino. El diputado por Pamplona, F. Mutis. El diputado por Pamplona, José Concha. Diputado por Caracas, Manuel Huizi. Diputado por Caracas, Andrés Narvarte. Diputado por Carabobo, Juan N. Chaves. Diputado por Carabobo, Vicente Michelena. Diputado por Caracas, J. M. Manrique. Diputado por Santa Marta, Santiago Paerez Mazenet. El diputado por Santa Marta, José M. Salazar. El diputado por Caracas, M. Tobar. El diputado por el Socorro, Juan de la Cruz Gómez Plata. El diputado por Bogotá, Francisco de Paula Santander. El diputado por la Isla de Margarita, Francisco Gómez. El diputado por Bogotá, José Félix Merizalde. El diputado por Antioquia, Manuel Antonio Jaramillo. El diputado por Bogotá, Diego Fernando Gómez. El diputado por Maracaibo, Antonio M. Briceño. El diputado por Antioquia, Francisco Montoya. El diputado por Mérida, Juan de Dios Picón. El diputado por la provincia de Popayán, Fortunato M. de Gamba y Valencia. El diputado por Antioquia, M. A. Arrubla. El diputado por la provincia de Antioquia, J. de D. Aranzazu. El diputado por la provincia de Caracas, Mariano de Echezuria y Echeverría. El diputado por Cartagena, Juan Fernández de Sotomayor. El diputado por la provincia de Apure, Juan José Pulido. El diputado por Buenaventura. Joaquín Mosquera. Vicente Azuero, diputado por Bogotá. Angel María Flórez, diputado por el Socorro. El diputado por la provincia de Popayán, Rafael Diago. El diputado por la provincia de Mompós, Manuel Cañarete. Francisco de P. López Aldana, diputado por Bogotá. El diputado por Tunja, José I. Márquez. El diputado por la provincia de Popayán, J. Rafael Mosquera. El diputado por la provincia de Bogotá, Romualdo Liévano. Valentín Espinal, diputado por Caracas. Manuel Benito Rebollo, diputado por Cartagena. Francisco Javier Cuevas, diputado por el Socorro. El diputado por la provincia de Mompós, Juan B. Quintana. Diputado por el Socorro, Juan N. Toscano. El diputado por la provincia de Panamá, Manuel Pardo. El diputado por Casanare, Salvador Camacho. El diputado por Cartagena, José María del Real. Diputado por Barinas, Francisco Conde. Manuel J. Ramírez, diputado por Tunja. El diputado por Mérida. Ignacio Fernández Peña.

FUENTE EDITORIAL:
   Blanco, José Félix y Azpurúa, Ramón. Documentos para la historia de la vida pública del Libertador. Caracas, La Opinión Nacional, 1877. Edición facsimilar, Presidencia de la República de Venezuela, 1979, t. 12, doc. 3735, p. 594-596.

FUENTES

1 Archivo Restrepo. Registro oficial de la convención de Ocaña, año de 1828, fondo 2, caja 30, v. 35, f. 1 - 35.

2 Gaceta de Colombia, N° 343, Bogotá, 1828 (4/5), p. 1-2.

SEGUNDA PARTE

Documentos antecedentes, concomitantes y posteriores a la Gran Convención, 21 de Agosto de 1826 a 4 de abril de 1828.


1
SOBRE LAS ACTAS DE QUITO Y GUAYAQUIL

República de Colombia Secretaría de guerra. Palacio del gobierno en Bogotá, a 21 de agosto de 1826.

Al señor comandante general del departamento del Ecuador.

      Recibí el papel de vuestra señoría de 21 de julio último, número 284, en que da cuenta de lo ocurrido en la capital del departamento el 14 del mismo mes, incluyendo un impreso que contiene el acta de la municipalidad, adhiriéndose al voto expresado por la de Guayaquil, sobre que se adelante la reunión de la gran convención al período fijado en el artículo 191 de la constitución. De todo he impuesto al supremo poder ejecutivo. Vuestra señoría obró arreglado a la ley cuando negó su voto en la discusión sobre aquel asunto; pero no al asegurar al pueblo la libertad para deliberar acerca de él, si esta seguridad fue entendida hasta para proceder en sus deliberaciones contra la constitución y las leyes. La constitución de la República es tan clara en los medios y términos que presenta para su parcial reforma o para su revisión total, como en el modo según los pueblos han de ejercer la soberanía que les es inherente, y hacer oír su voz, sus necesidades y sus deseos ante el cuerpo de los representantes de la nación, y ante los depositarios de la autoridad pública. No cabe duda sobre ninguno de estos puntos; y la línea entre lo lícito e ilícito, entre lo legal y lo ilegítimo se halla tan claramente trazada en ella que parece imposible equivocarse, aun sin otra guía que la simple lectura de la misma constitución. Bajo este supuesto y recordando que vuestra señoría como ciudadano está ligado con los deberes que le impone su artículo 5.° que como jefe de las armas del departamento se ha comprometido más explícitamente, según su artículo 185, a sostenerla y defenderla y a cumplir fiel y exactamente los deberes de su empleo; y, en fin, que los objetos de la fuerza armada nacional no sólo son los de defender la independencia y libertad de la República, sino también los de mantener el orden público y sostener el cumplimiento de las leyes, vuestra señoría tuvo y tiene para en adelante bien señalada la extensión de sus obligaciones en casos como el ocurrido en Quito el 14 de julio anterior, y en el destino que en ellos da la ley a la fuerza armada. Esto es lo que su excelencia el vicepresidente de la República encargado del poder ejecutivo me ha mandado contestar a la citada comunicación de vuestra señoría.

   Dios guarde a vuestra señoría.

Carlos Soublette.

FUENTE EDITORIAL:
Gaceta de Colombia, N° 261, Bogotá. 1826 (15/10), p. 1. 26, p. 1.

2
SOBRE LOS SUCESOS DE QUITO Y GUAYAQUIL

República de Colombia. Secretaría de guerra. Palacio de gobierno en Bogotá, a 21 de agosto de 1826.

   Al señor comandante general del departamento de Guayaquil.

      He dado cuenta a su excelencia el vicepresidente de la República encargado del poder ejecutivo del papel de vuestra señoría de 14 de julio último, número 201, en que da cuenta de lo ocurrido en Guayaquil el 5 del mismo mes, acompañando copia del acta de la municipalidad en que se expresa el voto de que se adelante la reunión de la gran convención al período fijado en el artículo 191 de la constitución. Añade vuestra señoría que en nada ha tomado parte, ni se cree responsable de las resultas, puesto que los deseos de Guayaquil no son contra la libertad e independencia que sostenemos, y en este acto padece vuestra señoría grande equivocación. La Constitución de la República es tan clara en los medios y términos que presenta para su parcial reforma, o para su revisión total, como en el modo, como los pueblos han de ejercer la soberanía que les es inherente, y hacer oír su voz, sus necesidades y sus deseos ante el cuerpo de los representantes de la nación, y ante los depositarios de la autoridad pública. No cabe duda sobre ninguno de estos puntos, y la línea entre lo lícito e ilícito, entre lo legal y lo ilegítimo, se halla tan claramente trazada en ella, que parece imposible equivocarse, aun sin otra guía que la simple lectura de la misma constitución. Bajo este supuesto, y recordando que vuestra señoría como ciudadano está ligado con los deberes que le impone su artículo 5.°; que como jefe de las armas del departamento se ha comprometido más explícitamente, según su artículo 185, a sostenerla y defenderla y a cumplir fiel y exactamente los deberes de su empleo; y, en fin, que los objetos de la fuerza armada nacional no sólo son los de defender la independencia y libertad de la República sino también los de mantener el orden público y sostener el cumplimiento de las leyes. Vuestra señoría tuvo, y tiene para en adelante, bien señalada la extensión de sus obligaciones en casos como el ocurrido en Guayaquil el 5 de julio anterior, y el destino que en ellas da la ley a la fuerza armada. Esto es lo que su excelencia el vicepresidente de la República encargado del poder ejecutivo me ha mandado contestar a la citada comunicación de vuestra señoría.

Dios guarde a vuestra señoría.

Carlos Soublette.

FUENTE EDITORIAL:
Gaceta de Colombia, N°. 260, Bogotá. 1826 (8/10), p. 1.

3
REFUTACION A LA REBELION DE VENEZUELA

Victoriosa y perentoria refutación de los motivos que alegan los perturbadores de Venezuela para justificar la actual rebelión

   El pueblo de Venezuela, dicen, estaba afligido con la fatal y tortuosa política del poder ejecutivo, en términos que le era insoportable su administración.

      Refutación: La cámara de representantes tiene el derecho exclusivo de acusar, ante el senado, al presidente de la República, al vicepresidente y a los ministros de la alta corte de justicia, en todos los casos de una conducta manifiestamente contraria al bien de la República 1 y a los deberes de sus empleos, o de delitos graves contra el orden social (artículo 89 de la constitución). ¿Por qué no se han quejado los cabildos, las corporaciones y el pueblo de Venezuela durante cinco años del gobierno del general Santander en cuyo período se han reunido cuatro congresos?

      Todos los colombianos tienen el derecho de escribir, imprimir y publicar libremente sus pensamientos y opiniones sin necesidad de examen, revisión o censura alguna anterior (artículo 156 de la constitución). ¿Por qué no han denunciado los escritores de Caracas la conducta del poder ejecutivo que fuera manifiestamente contraria al bien de la República o a los deberes del empleo? ¿Por qué el congreso no ha levantado la voz para refrenar estos excesos?

      La libertad que tienen los ciudadanos de reclamar sus derechos ante los depositarios de la autoridad pública con la moderación y respeto debidos, en ningún tiempo será impedida ni limitada (artículo 157 de la constitución). ¿Por qué no han reclamado los venezolanos ante el ejecutivo, ante el congreso, o ante la opinión pública contra las infracciones contra la ley cometidas por el vicepresidente de la República, en vez de aguardar a que el senado admitiese la acusación contra el general Páez?

   El pueblo de Venezuela (agregan los facciosos) deseaba algunas reformas en la constitución y en las leyes que mejoraran su condición, y ahora se le ha venido la ocasión a las manos.

      Refutación: En cualquier tiempo en que las dos terceras partes de cada una de las cámaras juzguen conveniente la reforma de algunos artículos de esta constitución, podrá el congreso proponerla para que de nuevo se tome en consideración, cuando se haya renovado por lo menos la mitad de los miembros de las cámaras que propusieron la reforma, y si entonces fuera también ratificada por los dos tercios de cada una, procediéndose con las formalidades prescritas en la sección 1a del título 4°, será válida y hará parte de la constitución (artículo 190). Si han sido tan urgentes los deseos del pueblo venezolano de mejorar de condición, haciendo algunas reformas constitucionales, ¿por qué no las han propuesto sus diputados en las cuatro sesiones pasadas, o por qué no las ha pedido el pueblo al congreso, de modo que el año entrante pudieran verificarse, sin pasar por el escándalo de despedazar la República, romper las leyes, insubordinar la fuerza armada y burlar los juicios del senado?

   Se ha de revisar la constitución inmediatamente -repiten los revoltosos- como el término de los males de Venezuela.

      Refutación: Cuando ya libre toda o la mayor parte de la República (como ahora lo está) y después de una práctica de diez o más años se hayan descubierto todos los inconvenientes o ventajas de la presente constitución, se convocará por el congreso una gran convención de Colombia autorizada para examinarla o reformarla en su totalidad (artículo 191). No han pasado más que cinco años de los diez prefijados, y una insurrección militar, cuyo origen es la infracción de la misma constitución, y la impunidad de faltas más o menos graves, no es el modo racional de preparar la gran convención. Desde que se dé gusto a los facciosos de hoy, puede contarse con que no hay estabilidad ni seguridad en ningún sistema, porque cualquiera que tenga prosélitos levantará después la cabeza de la rebelión y pedirá reformas y variaciones según le convenga.

      La constitución de Colombia, formada con poderes suficientes por los representantes de la parte libre de la República en 1821, publicada en 1822, admitida solamente por los pueblos que sucesivamente se fueron libertando, obedecida por todos sin contradicción, reclamada constantemente su observancia y ratificada del modo más completo por medio de los actos libres explícitos verificados en las pasadas elecciones, no puede ser la burla y la befa de un club de pertubadores ni de una mínima parte de la nación. El pueblo entero, todo el pueblo colombiano es el único que tiene poder sobre sus propias leyes, sin faltar a las estipulaciones en que libremente hubiere convenido, porque sólo de la masa general de un estado puede emanar este acto tan interesante.

FUENTE EDITORIAL:
Gaceta de Colombia, N°. 254, Bogotá. 1826 (27/8), p. 2 - 3.

4
NOTAS DE LA GACETA SOBRE LAS MUNICIPALIDADES

      En una de nuestras columnas hemos publicado la objeción del poder ejecutivo al proyecto de ley que disponía que las municipalidades fuesen nombradas por las asambleas primarias. A los dos años de haber escrito el ejecutivo esta nota, estamos recogiendo el amargo fruto de la tendencia de algunas municipalidades a la usurpación de los derechos y funciones de los verdaderos representantes del pueblo.

      La de Valencia ha sido la primera que en 30 de abril último se erigió en legislador, alteró la constitución y dio la primera puñalada al régimen político. Como el mal ejemplo es contagioso y la fuerza armada imponía temor, sigueron detrás de la municipalidad de Valencia la de Maracay, Caracas, Achaguas, Calabozo, etc., y de repente nos han establecido un orden de cosas absolutamente nuevo y en oposición a las leyes fundamentales. En el norte, las municipalidades de Venezuela de hecho rompen la unión de Colombia y se presentan en insurrección; las del departamento de Maturín se oponen tenazmente a la conducta ilegal de aquellas; la de Maracaibo, expresa que para evitar la guerra civil debe acelerarse la época de la convención; las de Barinas, Guanare y Ospino, ofrecen paz y amistad a Venezuela, y permanecen obedientes al régimen constitucional; en el sur, la de Guayaquil, alegando que la fortaleza del gobierno y la unión central han libertado al país más pronto de lo que se esperaba, y que es menester preservar la nación de la anarquía, y prepararla en defensa contra los preparativos de los enemigos en Cuba, desea que se acelere la convención, quizá para privar a la nación y al gobierno de la fortaleza que le conceden; la de Quito, instigada por la de Guayaquil, se adhiere a sus votos, aunque protestando ambas sostener la constitución actual; las de Cartagena y Mompós emiten opiniones del todo contrarias, calificando justamente de ilegal cualquier paso que no sea dado conforme a la constitución; las del Socorro y San Gil ofrecen obediencia y sumisión a las leyes y al gobierno. ¿Puede verse una divergencia mayor de opiniones, incapaces de conciliarse? ¡A qué estado tan lastimoso nos ha conducido un acto ilegítimo de una municipalidad! Y si, como es natural, cualquiera que sea el éxito de esta disputa, no puede contentar a todos, siempre habrá reclamaciones, siempre solicitudes de reformas, siempre convocatorias de convenciones, y siempre actas de municipalidades, insurrecciones, anarquía y... tras de todo esto ESPAÑOLES.

      En nuestra humilde opinión, ninguna municipalidad ha tenido, ni tiene derecho de creer que ha llegado la época de acelerar la convocatoria de la gran convención; esta no es facultad ni función de las municipalidades. Pertenece sólo al congreso de la nación, y este no puede excederse una línea de los términos prescritos en las leyes fundamentales. Cuando el pueblo colombiano tuvo derecho de constituirse, tuvo también el de prever y determinar la duración de su código, el modo de reformarlo, variarlo y añadirlo. Entonces pudieron los ciudadanos y las municipalidades emitir sus opiniones; pero no ahora, que ya el pueblo entero se constituyó en el modo que creyó conveniente la mayor parte, y consignó en la constitución la facultad y los términos de adicionarla, alterarla y reformarla parcial o totalmente. ESOS SON LOS PRINCIPIOS: por los principios hemos hecho la revolución de 1810; por los principios se han inmolado millares de víctimas; por los principios se ha derramado inmensa sangre colombiana; por los principios se han hecho innumerables sacrificios; y por los principios los pueblos contribuyen a sostener la República.

      Las municipalidades de Cartagena y Mompós, y las del Socorro y San Gil han expresado sus sentimientos, después de haber recibido comunicaciones de las autoridades competentes, y como en respuesta a la excitación que les han hecho de que ayuden a conservar el régimen constitucional, la obediencia a las leyes y al gobierno nacional. Esto nada tiene de irregular; al contrario, de plausible tiene mucho, porque tales corporaciones demuestran que conocen sus deberes, y que están firmemente adheridas a los principios. El mejor medio y la mayor prueba que en nuestro concepto pueden dar todas las municipalidades de la República, y cualquiera otra corporación, de obediencia a la ley y de adhesión al régimen actual, es seguir pacíficamente contrayendo sus funciones a los términos prescritos en las leyes, sin arrogarse la autoridad ajena y sin impedir a cada empleado el uso pleno de las suyas. Así lo han hecho hasta ahora las municipalidades de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Cauca, Asuay y el Istmo. Al fin, es muy digno de consuelo que las municipalidades de Barinas, Maracaibo, Guayaquil y Quito, que desean ver acelerada la reunión de la gran convención, hayan condenado los escándalos y atentados de Venezuela, renovando, como renuevan, las solemnes protestas de sumisión legal al gobierno, de adhesión a la constitución y de amor al orden que actualmente rige en la República.

FUENTE EDITORIAL:
Gaceta de Colombia, N°. 255, Bogotá. 1826 (3/9), p. 3 - 4.

5
NOTAS DE LA GACETA DE COLOMBIA SOBRE LOS NEGOCIOS POLITICOS DEL DIA

   ¿Puede el Libertador convocar la gran convención según lo desean algunas municipalidades?

      No puede de ninguna manera legal. Como Libertador de su patria y digno objeto del amor, respeto y gratitud de los colombianos, la ley no le da facultad de dirigir tal convocatoria. Sería nula la convención de diputados por falta de poder legal, nula la elección por falta de autoridad competente en el que convocaba, nula la reunión de los diputados por la ilegitimidad de su elección y nulas las deliberaciones que tomara, por la nulidad de todos los actos anteriores. Mañana o al otro día en que algunos descontentos con las leyes, con la forma de gobierno que se adoptara, o con la administración, levantaran la voz solicitando reformas, se apoyarían en la fuerza armada, con ella intimidarían los pueblos y las municipalidades y se insubordinarían al gobierno, alegando las nulidades del origen, medio y término de la gran convención.

      Nuestra constitución de 1821, que es el pacto en que han convenido los pueblos para unirse en esta sociedad que llamamos República de Colombia, sólo al congreso concede la facultad de convocar dicha convención y ninguna otra autoridad puede sustituirse arbitrariamente a él.

      El Libertador, en calidad de presidente de la República, o ejerce el gobierno, o no. Si lo ejerce, tiene obligación de ajustar sus procederes a las reglas prefijadas en la constitución que ha jurado cumplir y sostener [desde] el día fausto en que se acercó a la mesa a tomar posesión de la presidencia de Colombia. Si no lo ejerce, entonces es un individuo particular, que no goza de otra prerrogativa que de la inmortal y justa de Libertador de sus compatriotas, y sin más derecho que al amor, gratitud y veneración de sus conciudadanos, en cuyo corazón positivamente ha fundado el general Bolívar un imperio sólido y permanente.

Estos son los principios

      ¿Puede el poder ejecutivo convocar esta gran convención? Tampoco puede legalmente. Al formarse la República de Colombia convino al pueblo colombiano en que hubiese una persona encargada del poder que llamó ejecutivo, y expresamente le designó funciones y deberes, poniéndole una valla, de la cual si pasaba, cometería traición y serían nulos sus mandatos. En ninguna parte de la constitución se encuentra concedida al poder ejecutivo la facultad de convocar la gran convención. De aquí resulta que la convocatoria por dicho poder sería nula por falta de autoridad, y siendo nula por este capítulo induciría nulidad en todos los actos subsiguientes de elección de diputados, reunión y deliberaciones. El edificio levantado sobre bases tan deleznables caería en tierra al primer terremoto político que produjera el descontento, la malignidad o la fuerza.

Estos son los principios

      Y una vez que algunas municipalidades desean que se haga por el gobierno o por el Libertador la convocatoria de la gran convención, ¿no parece que el pueblo mismo les concede la autoridad que les niega la ley fundamental? De ninguna manera. El pueblo colombiano no está en disociación; por el contrario, existe una ley fundamental convenida y sancionada por sus legítimos representantes legalmente convocados y congregados, y después recibida y ratificada por actos solemnes, libres y frecuentes del pueblo entero durante cinco años. Conforme a este pacto solemne, se crearon las municipalidades sin más atribuciones que las que después les señaló la ley orgánica, de manera que cualquier función extraña a sus deberes es ilegal y nula. La ley no les permite expresar si conviene o no convocar la convención, y menos si sean necesarias las reformas políticas. Injerirse en esto las municipalidades es tan absurdo y tan irregular como si se reuniesen a ejercer la facultad de administrar justicia aplicando las leyes civiles y criminales. Por consiguiente, cualquier expresión de una o muchas municipalidades, en orden a que el gobierno o el Libertador presidente convoque la gran convención, emana de un origen ilegítimo, y no puede conceder autoridad legal.

Estos son los principios

      El pueblo colombiano ha estatuido en las leyes fundamentales que sus verdaderos representantes para dictar leyes orgánicas y civiles, cuidar de su interés común y aumentar o restringir las funciones de los empleados, son los ciudadanos elegidos simultáneamente por las provincias y departamentos en cierto período y bajo ciertas reglas, los cuales, tomando el nombre de senadores o de representantes, deben reunirse anualmente a ejercer el poder que se les ha señalado en la misma constitución. A estos ciudadanos y no a las municipalidades les ha dejado la nación la facultad de dar leyes al congreso, y no a las municipalidades les ha concedido el derecho de dar al poder ejecutivo esta o la otra autoridad, en virtud de lo cual sean válidos y dignos de obediencia los actos del gobierno. No sólo sería ridículo y absurdo que la nación, por una parte, entregase el ejercicio de la soberanía en el orden legislativo a sus representantes en [el] congreso y que por otra reservase también a las municipalidades este mismo ejercicio, sino que es contra el derecho político o constitucional. Luego, no teniendo las municipalidades la representación del pueblo, que sólo tiene el congreso, no pueden conceder poder legal a ningún funcionario para que desempeñe un deber que la constitución señala a otro. Luego, no pueden conceder al poder ejecutivo ni al Libertador el derecho de convocar la gran convención nacional.

Estos son los principios

   ¿Pero una municipalidad no tiene derecho de petición?

      Lo tiene, como cualquier ciudadano; pero así como los ciudadanos individualmente cometerían una falta grave dirigiendo peticiones contra las disposiciones terminantes de la constitución, las corporaciones la cometen mayor cuando intentan que se quebrante la ley fundamental, porque no es paradoja la doctrina de un apóstol de la libertad que enseña que los ciudadanos tienen derechos, y los funcionarios públicos deberes. Aparte de esto, la soberanía del pueblo no es ilimitada, como lo demuestra sabia y profundamente, entre otros, el escritor del día2, y si el pueblo en masa no ejerce un poder ilimitado, ¿lo podrán ejercer los ciudadanos individualmente, o las municipalidades?

Estos son los principios

   ¿Y el congreso venidero podrá convocar la convención?

      Tampoco puede. Si la soberanía del pueblo tiene justos y debidos límites, como lo acabamos de indicar, sus representantes necesariamente deben ejercer poderes limitados; lo uno, porque sus comitentes ejercen el suyo bajo ciertas limitaciones, y lo otro, porque el pueblo puede restringir los términos de la comisión de sus representantes. El congreso venidero se reúne y desempeña el poder legislativo, y son válidas sus deliberaciones, porque hay una constitución que le da estas facultades; pero así como si el congreso ejerciera alguna función del poder ejecutivo o de los tribunales de justicia se usurparía una atribución extraña, metiendo la mano en mies ajena y no sería válida ni digna de obediencia su deliberación, así sería nula y merecedora de desobediencia legal cualquier determinación que tomara fuera de los términos a que el pueblo colombiano ha querido sujetarlo. Nuestra constitución da al congreso el derecho de tomar en consideración la conveniencia o perjuicio de convocar la gran convención después que hayan pasado diez o más años de ensayo de la actual. Cualquier convocatoria antes de este término es ilegítima y contraría el pacto fundamental, y bajo tal concepto puede ser desobedecida por el poder ejecutivo, por todos sus agentes, por todos los tribunales y corporaciones y por todo el pueblo. La elección de diputados para dicha convención, su congregación y deliberaciones, serían tan nulas en este caso, como hemos demostrado que lo son convocándola el poder ejecutivo, y traería por consiguiente las mismas funestas consecuencias.

Estos son los principios

      Por estos principios emprendimos la transformación en 1810; por ellos se ha combatido con gloria, por ellos han quedado cubiertos los campos de batalla de cadáveres colombianos, por ellos el pueblo ha corrido a ofrecer inmensos sacrificios en el altar de la independencia; por ellos ha perecido en los patíbulos y mazmorras una parte ilustre y benemérita de nuestros conciudadanos, y por ellos hay viudas, huérfanos y mendigos; por estos principios hemos sido aplaudidos en el mundo civilizado, por ellos tenemos reputación, y por ellos nos han admitido en su amistad dos naciones poderosas y liberales. ¿Y por ellos no nos sacrificamos gustosos antes que hacer manchar la gloria de 16 años? Sí, sí, sí.

FUENTE EDITORIAL:
Gaceta de Colombia, N° 256, Bogotá. 1826 (10/9), p. 3 - 4.

6
ACTA DE GUAYAQUIL

      En la ciudad de Guayaquil, a 28 de agosto de 1826, 16° de la independencia, se presentaron en la sala capitular los señores intendente y comandante general del departamento, un número considerable de propietarios, y un pueblo numeroso, que espontáneamente se había reunido en medio del orden y del silencio. El señor intendente hizo la lectura de un discurso que fijaba el carácter de la reunión, contrayéndose a decir: que las últimas noticias recibidas en esta capital habían llenado de sentimiento a todos sus habitantes, y producido aquella agitación que es consecuente a la meditación de tremendos males; que todos los ciudadanos respetables habían convenido en la necesidad de reunirse y convocar al pueblo para que cada uno depositase sus necesidades y sus deseos en el seno de una sociedad legítima y numerosa, y que ella resolviese sobre el remedio de nuestros males, en un acuerdo fundado sobre la base indestructible de la opinión pública; que esta debía conciliar los intereses, los pensamientos y los corazones todos, dar al departamento el sosiego y la tranquilidad necesarios a su conservación, y salvarse, en fin, de los horrores de la anarquía que siempre es consecuente a un estado semejante de agitación. El señor intendente hizo ver que el ejemplo del desorden y de la guerra civil que la desgracia ha introducido en diferentes puntos de la República, era muy peligroso; que él sería sin duda imitado si no se acordaban con la anterioridad prudente aquellos elementos que mal dirigidos pudieran traer el infortunio sobre los pueblos, y que estando combinados le aseguran el goce del orden y la felicidad. En seguida expuso: que habiendo visto pronunciada la opinión por el proyecto de reunir una junta general, no había podido sino seguir a la voluntad del departamento; que había convocado a todas las autoridades para que con su asistencia se solemnizase el acto, y al mismo tiempo emitieran sus opiniones y conservaran el orden. Suplicó por último a la junta el mantenimiento de la tranquilidad y de la madurez que debía conservar, para decidir en la calma de las pasiones y en la quietud de la prudencia.

      Un gran número de los ciudadanos concurrentes tomó la voz, a su turno, y después de haber analizado perfectamente el estado actual del país, y todos los elementos que lo componen, convinieron felizmente en los puntos principales que se habían propuesto. Algunos ciudadanos presentaron, a consecuencia de las opiniones que se habían emitido, un bosquejo de la grande acta que debía presentar al mundo el estado del departamento, justificar su conducta y marcar definitivamente su resolución. El pueblo entero aprobó las bases de este proyecto por una aclamación general, y sancionó el acta en los términos siguientes.

   El departamento de Guayaquil, con todas sus autoridades y corporaciones al frente, ha examinado, para tomar una resolución definitiva sobre su suerte, las razones siguientes:

      Que según las noticias más justificadas, el gobierno de la España ha añadido al número de los 15. 000 soldados que tenía en la isla de Cuba 7. 000 más, y tiene decretado otro envío de 18. 000; que la escuadra española de aquella isla, ya superior a la nuestra, ha sido reforzada con un navio y cinco fragatas; y que de los puertos de la península deben salir algunos buques más, y entre ellos otro navio y otras tres fragatas; que una parte de esta escuadra cruza sobre nuestras costas, bloquea nuestros puertos, hace pequeños desembarcos, roba el país, impide el comercio, intercepta las comunicaciones y hostiliza, en fin, amenazando con mayores fuerzas mayores males. Que la tenacidad sostenida de nuestros enemigos se niega a todo convenio y a toda transición con la América. Que últimamente acababa de rehusar los buenos oficios que algunos gobiernos respetables han empleado para cortar la guerra, desengañándoles con el propósito invariable de sostenerla. Que a este fin hace en el día toda clase de sacrificios, y que reunidas ya fuerzas tan respetables, no puede dudarse del ataque que sufrirá la República. En tal estado, el departamento de Guayaquil cree que esta se halla amenazada exteriormente de una manera más fuerte de lo que jamás estuvo; y que se encuentra próxima a entrar en una lid con fuerzas muy superiores a las que antes de ahora nos han invadido; que necesita incorporarse y prevenirse para una guerra, que no podría menos de ser funesta si no se emplea toda la energía necesaria; y sobre todo, si no se crea una autoridad eminentemente vigorosa que reviva el ejército, arbitre recursos y organice los elementos que deban rescatarnos.

      Las razones expuestas reciben una doble fuerza al examinar el estado interior de la República, y por más doloroso que pueda este cuadro ser a los ojos patrióticos del departamento, él no puede menos que presentarlo al mundo, como el testimonio de su justificación y como producto de una política franca y bien entendida.

      Los departamentos de Venezuela, armados ya, se han pronunciado de un modo terminante contra el orden actual de la República, y según la expresión del guerrero que está a su cabeza, ha desenvainado su espada para establecer un sistema que combine los interese y esté de acuerdo con nuestros elementos. La parte oriental de aquel mismo país se ha declarado en asamblea, y se ha pronunciado resueltamente contra la voluntad de sus vecinos. El Magdalena encierra terribles combustibles, que se encienden ahora con el movimiento limítrofe. En Panamá existen pretensiones que se llevarán a efecto en el momento de una división en el territorio. Las provincias del centro se hallan agitadas por opiniones, intereses, y pasiones opuestas; el gobierno mismo, colocado al frente de diversas ideas, se presenta como resuelto a entrar en una lid armada, cuando todas las circunstancias demuestran que la divergencia es universal, y cuando a la verdad no hay un partido que pueda llamarse nacional. El sur de la República ha demostrado, ya por sus reuniones, y por los documentos que ha publicado, el estado en que se encuentra de contrariedades, lo creeríamos muy próximo a los males de la anarquía, si el patriotismo de sus habitantes no estuviera tan bien justificado.

      Guayaquil en tal estado, ve renacer a los elementos del mal, y a desenvolversen rápidamente en todo el territorio. El desorden se apodera de los pueblos y las provincias son la presa de la división. Por más que un partido quiera fascinar a los demás, y presentar la República como segura, esto nunca es probable; cuando vemos los pueblos agitados, divididos entre sí, y algunos armados ya; cuando la insuficiencia de las instituciones parece probada, y cuando su reforma es el voto general. Después del no hay dos opiniones, no hay dos intereses que concuerden en un punto: nuestros generales, nuestros los próceres de la revolución se hallan discordantes; en fin, todos los materiales de la destrucción crecen y se multiplican en atmósfera del desorden.

      Cuando todos estos males son la consecuencia de las instituciones, y de un sistema equivocado, y cuando bajo el influjo del gobierno constitucional se han desenvuelto, y nos han traído al estado presente, sería un absurdo esperar el remedio del sistema mismo que los ocasiona. Es necesario un resorte grande y extraordinario que vuelva a combinar las partes para organizar de nuevo el todo. La convención nacional ha llegado a ser una necesidad imperiosa; y ni el gobierno actual, y ni aun el congreso mismo, pueden decretarla; a lo que se añade que este no se reunirá probablemente en el año próximo por la fuerza de las circunstancias. En tal estado, el pueblo mismo es el único que en el ejercicio de su soberanía puede atender a satisfacer estas necesidades, y Guayaquil penetrado íntimamente de todo lo expuesto, ha resuelto.

Resoluciones:

   . Consignar, como consigna desde este momento, el ejercicio de su soberanía, por un acto primitivo de ella misma, en el padre de la patria, en Bolívar, que es el centro de sus corazones.

   . El Libertador, por estas facultades dictatoriales, y por las reglas de su sabiduría, se encargará de los destinos de la patria, hasta haberla salvado del naufragio que la amenaza.

   3°. Libre ya de sus peligros, el Libertador podrá convocar la gran convención colombiana, que fijará definitivamente el sistema de la República, y de ahora para entonces, Guayaquil se pronuncia por el código boliviano.

      . Que se dirija a su excelencia un tanto de esta acta, para que se sirva admitir los votos de este departamento y encargarse de su destino, dándole al mismo tiempo toda la publicidad y toda la solemnidad que merece un acto sagrado y primitivo de soberanía.

      . Que se circule a todos los departamentos de la República, invitándolos a abrazar este partido como el único medio de rescate que el genio de la felicidad puede presentarles; y que se haga saber al ejecutivo de la República para su conocimiento.

      . Entretanto que su excelencia llega a este departamento y se encarga de la dictadura, las autoridades actuales continuarán en el mismo orden y estado en que se hallan, conservando a toda costa la tranquilidad pública por el sistema actual, hasta que su excelencia dicte lo que convenga.

   El departamento de Guayaquil, resuelto a sostener este acuerdo, cree cumplir con los deberes más sagrados de la naturaleza y de la política; y se entrega en las manos de su redentor.

   Acordado todo, se concluyó el acto entre los trasportes de un exaltado entusiasmo, y firmaron las autoridades y ciudadanos que siguen:

      El intendente, Tomás C. Mosquera. El comandante general, Manuel Valdés. El comandante general de marina, Tomas C. Wright. Los ministros de la corte de justicia, doctor Bernabé Cornejo, doctor Francisco de P. Icaza, doctor Joaquín Salazar. El secretario, P. N. Barroterán. El secretario, Francisco Cornejo. El contador departamental, Diego Novoa. El juez letrado de hacienda, doctor Manuel J. Roca. El jefe político municipal, Pedro José Galarza. El alcalde 1.° municipal, E. J. Amador. El general Juan Paz del Castillo. El general J. L. Silva. El alcalde 2.° municipal, José Mascote. Municipales, J. P. Moreno, J. L. Indaburu, M. M. Monblanc, Manuel Paredes, Ignacio Galecio, F. M. de Frías, M. Mariscal, Juan Antonio Cabrera, A. Vargas. El coronel jefe de estado mayor distrital, Antonio Elizalde. El coronel, J. M. León. El coronel de milicias, José Carbo y Unsueta. El procurador general, A. A. López. El secretario municipal, J. C. Correa. El tesorero departamental, Angel Tola. El secretario de la intendencia, Francisco de P. Gutiérrez. El vicario, doctor Francisco Javier de Garaicoa. Doctor Ignacio Olazo. El rector del colegio, doctor Pedro Benavente. El vicerrector, M. Aguirre. El catedrático de leyes, V. Espantoso. Doctor P. Merino. Doctor Joaquín Pareja. Doctor Francisco Marcos. El administrador de aduana, José Joaquín Ponce. El administrador de correos, Francisco de P. Lavayen. El administrador de tabacos, Miguel Cosilari. El capitán del puerto, Manuel A. Luzárraga. El comandante del resguardo, Martín Rodríguez Plaza.

Siguen dos mil y más firmas de los demás empleados y propietarios de esta capital.

FUENTE EDITORIAL:
Gaceta de Colombia. Bogotá. N° 262. 1826 (22/10) p. 2 - 4. N° 263. 1826 (29/10) p. 1.

7
ACTA DE PANAMA

      En la ciudad de Panamá, a 13 de septiembre de 1826, reunidos en la sala de la municipalidad los señores, intendente del departamento, Juan José Argote; general y comandante general José María Carreño; jefe político municipal, bachiller José María Belis; alcaldes municipales, Juan Bautista Fersud y Remigio Lazo; municipales Antonio Jiménez, Juan Manuel Berguido, Maximino Pérez, Juan de Dios Rey, Domingo Obaldía, Antonio González y Pedro Obarrio; juez letrado de hacienda, doctor Pedro Jiménez; contador departamental, Juan José de los Reyes; señores del venerable cabildo eclesiástico, doctor Juan José Cabarcas y Manuel José Calvo; coronel y comandante de armas Francisco Picón; tesorero departamental, Alejo Larroque; administradores de aduana, correos y tabaco, Andrés Mejía, Manuel María García de Paredes y Ramón Vallarino; comandantes de caballería, infantería y artillería. Mariano Arosemena, Lorenzo Moyano, Carlos Robledo, Mauricio Tarmak, Juan de la Cruz Pérez y un número infinito de ciudadanos, para conferenciar sobre la situación política de la República con motivo de los pronunciamientos de los departamentos de Guayaquil, Asuay y Quito, a consecuencia del de Venezuela, por la influencia que puedan tener en el orden interior y en la seguridad del territorio, que tal vez desarrollaría males que amenazan la tranquilidad interior y exterior de la República, han presentado sus deseos en la forma siguiente:

   1°. Que no se rompa bajo pretexto alguno el vínculo que une a los pueblos de Colombia.

      2°. Que su excelencia, el vicepresidente encargado del poder ejecutivo, no adopte medidas hostiles sobre ningún departamento de los agitados, sino que con la prudencia que le caracteriza sostenga el orden, y que pasos y providencias de conciliación y fraternidad corten y transijan las diferencias que agitan aquellos pueblos.

      3°. Que su excelencia el Libertador presidente venga sin pérdida de instantes a Colombia, que a costa de tantos desvelos y fatigas consiguió organizar; pues los que hablan están íntimamente convencidos de que su sola presencia será bastante para tranquilizar todos los ánimos, cortar todas las diferencias y restablecer la unión con la cual se logrará desterrar los pesares y angustias que causan la desunión. Que su excelencia no olvide que le llaman sus hijos y que ante Dios y la posteridad tiene que responder del pueblo colombiano, cuya salvación está en sus manos con su sola presencia.

      4°. Que cuando se reúna la gran convención nacional para decidir las diferencias que agitan una parte de la República y arreglar los intereses comunes, se tenga presente que el Istmo no ha tenido ni tendrá jamás pretensiones que puedan turbar el orden ni alterar la marcha majestuosa de las leyes; pero si emiten su opinión los supradichos, que el bienestar de este departamento y el general de la República exigen, bajo cualquier aspecto que se vea, que el territorio del Istmo sea un país anseático.

      5°. Desean por último que entre tanto continúe este departamento fiel a la constitución, a las leyes y al gobierno, y que el señor intendente trasmita copia de esta manifestación al supremo poder ejecutivo de la República por el primer correo y a su excelencia el Libertador por medio de un comisionado que vaya a Guayaquil o Lima si fuere necesario.

      Con lo cual se concluyó esta acta que firmaron. Juan José Argote; José María Carreño; doctor José María Beliz; Juan Bautista Feraud; Remigio Lazo; Antonio Jiménez; Juan Manuel Berguido; Maximino Pérez; Juan de Dios Rey; Domingo Obaldía; Antonio González; Pedro Obarrio; doctor Pedro Jiménez; Juan José de los Reyes; doctor Juan José Cabarcas; Manuel José Calvo; Francisco Picón; Andrés Mejía; Manuel María García de Paredes; Ramón Vallarino; Mariano Arosemena; Lorenzo Moyano; Carlos Robledo; Mauricio Tarmak; Juan de la Cruz Pérez. Siguen multitud de firmas.

FUENTE EDITORIAL:
Gaceta de Colombia. N° 263. 1826 (29/10), p. 1 - 2.

8
REFUTACION DEL ACTA DE GUAYAQUIL

      Hoy cumplímos nuestro ofrecimiento de refutar el proceder de Guayaquil consignado en el acta de 28 de agosto, y al hacerlo protestamos a la faz del mundo culto e imparcial, que no nos guía sino el bien público, el sostenimiento de los principios del orden social, el honor de Colombia y la reputación que justamente ha adquirido el Libertador presidente. No comprendemos al pueblo del departamento de Guayaquil en nuestra censura, porque sería injusto culparle de lo que no ha hecho, como sería injusto culpar a toda la población de la misma capital del departamento. Nuestras observaciones no se entenderán sino con los autores y promovedores del acta. La ilegalidad del acto de Guayaquil empieza desde que se convocó una junta de todos los funcionarios y del pueblo sin autoridad de la ley, y sin objeto legítimo. Lo que pudo hacerse el día en que sacudió Guayaquil el yugo español y proclamó su independencia, se ha hecho el día 28 de agosto en que existía una constitución solemnemente aceptada y cumplida por aquella ciudad, y gobernaban autoridades nombradas conforme al pacto que reconoció y juró el pueblo guayaquileño. Faltó el intendente a sus deberes reuniendo y presidiendo semejante junta, una vez que en la ley de sus atribuciones no se le concede semejante facultad, y que cualquier deliberación de la reunión popular debía herir la constitución; faltó el comandante general de las armas, infringiendo la ley, que prohibe a la fuerza armada ser deliberante, y declara ser delito de alta traición trastornar las bases establecidas en la constitución; faltaron los ministros de la corte de justicia excediéndose de los límites de sus funciones, que sólo se extienden a aplicar las leyes entre los particulares en los casos que ellas prescriben; faltaron los municipales, traspasando la valla que la ley ha señalado a las facultades de las municipalidades; y faltaron cuantos, en cada punto resuelto en la junta, despedazaron el código fundamental, que la nación entera se ha dado libre y espontáneamente. Los principios que vamos a exponer en refutación de los alegatos consignados en el acta, nos conducirán indefectiblemente al convencimiento de que la República de Colombia no ha estado en anarquía, estando como están vigentes las leyes fundamentales, y que estando ellas vigentes, no ha habido urgencia, ni necesidad, ni esa ley de salud pública tan malamente proclamada, para que en Guayaquil se echase un borrón sobre el buen nombre que ha sabido granjearse por toda su conducta anterior.

      Empiézase por ponderar la magnitud de las noticias recibidas allí, y el amargo sentimiento en que habían sumido a sus habitantes, para justificar la reunión popular y, por supuesto, las absurdas resoluciones que emitió, seguramente en el atolondramiento que le produjo el imaginario inminente peligro en que se pintaba la República. Si los corazones de aquellos señores no están a prueba de todos los reveses, ni son capaces de resistir con firmeza las oscilaciones de los estados republicanos, quédanos el temor de que si en Guayaquil reciben alguna vez noticias sobre el progreso de las armas reales, se haga otra junta popular y se decrete su sometimiento a manos de los españoles. ¿Qué habría hecho Guayaquil el año de 15 si en lugar de Cartagena hubiese sido amenazada por el poderoso ejército y armada de Morillo?; ¿o el año de 16 y 17, en lugar de las gloriosas selvas de Casanare, Apure y Orinoco? Si por lo que ahora ha hecho la junta del 28 de agosto, para salvarse de los grandes peligros que se figuró, hubiéramos de juzgar de lo que habría hecho entonces, es menester convenir en que no se habría cubierto de la gloria de que supieron cubrirse Cartagena y los llanos de Casanare, Apure y Orinoco. Para los días de prosperidad no se necesita de hombres firmes y enérgicos; cuando las leyes llevan su curso pacífico y sólido, no se ha menester de celosos defensores de ellas. Para libertar a Tebas se necesitó del brazo de Trasíbulo; para castigar los cómplices de Tarquino, de la firmeza de Bruto; para contener las águilas cartaginesas bajo Aníbal, de la prudencia de Fabio; y para oponerse a los ambiciosos triunviros, un Catón. ¿Piensan los autores de la junta de Guayaquil que los departamentos del Magdalena, Istmo, Cauca, Boyacá, Cundinamarca, Maturín, Orinoco, etc., tienen menos interés que el de Guayaquil en la salvación de la patria, y en la gloria del Libertador presidente cuando no han tomado medidas extraordinarias, si la República se hubiera encontrado en el pie en que la han pintado? Pues se engañan mucho. Los mencionados departamentos habrían sabido ocurrir a su seguridad, si no hubiera existido un código que respetan, un gobierno que obedecen, y unos principios que guían su conducta. La junta de Guayaquil ha agraviado a estos beneméritos departamentos al ponerse a la vanguardia de los salvadores de una imaginaria patria a tiro de perderse.

      Las razones que se han alegado para justificar el acto son las siguientes, que por parte iremos combatiendo: primera, "que según las noticias más justificadas, el gobierno de España ha añadido al número de 15. 000 soldados que tenía en la isla de Cuba, 7. 000 más, y tiene decretado otro envío de 18. 000 y que la escuadra española ha sido reforzada, etc. ".

      Por esta cuenta tiene el gobierno español 22. 000 hombres en Cuba y pronto tendrá hasta 40. 000. No es pequeña la fuerza que la junta de Guayaquil ha dado a nuestros enemigos; ¿y en dónde habrán visto los estados de ella? Hasta ahora, lo que se sabe es que en La Habana hay 8. 000 hombres para defender la isla, que es el número a que han ascendido las tropas de su antigua guarnición, y las columnas enviadas de España y Canarias. Es, pues, enteramente falso el primer fundamento de la mencionada acta.

      Si los españoles han elevado su escuadra en Cuba a una fuerza respetable, también el gobierno de Colombia ha elevado la de la República, sin necesidad de otras facultades que las ordinarias de la ley, y actualmente con ellas mismas se ocupa de alistarla ¿Sabe Guayaquil que el gobierno no pueda contar con otra escuadra auxiliar?, ¿o cuáles sean los planes y combinaciones que tenga entre manos? Del modo de proceder de Guayaquil y de su eco, Quito, lo que se infiere es que no tenemos necesidad de congreso, ni de ejecutivo, porque las municipalidades y las poblaciones pueden ocurrir a su seguridad en casos urgentes y peligrosos ¡oh tiempos felices de Atenas y de Roma en que un hipócrita o un verboso demagogo hacía en una hora una revolución!

      Prosigue el acta afirmando: que parte de la escuadra española cruza sobre nuestras costas, lo cual es falso; que bloquea nuestros puertos, también falso; que hace pequeños desembarcos, absolutamente falso; que roba el país, más falso; intercepta las comunicaciones, mucho más falso; y hostiliza, en fin, amenazando con mayores fuerzas mayores males, lo cual también pone fin a la serie de falsedades alegadas por la junta popular. Los obstáculos que se dice sufre el comercio colombiano tampoco son del todo ciertos, pues la bandera americana cubre la propiedad enemiga conforme al tratado existente entre Colombia y los Estados Unidos, y las banderas inglesa, francesa y holandesa, saben defender las propiedades que llevan a su bordo, que por lo regular son de sus respectivos súbditos. Ya se deja conocer que con tantos datos exagerados y aun supuestos las consecuencias han debido ser absurdas y falsas.

      La tenacidad sostenida con que nuestros enemigos se niegan a todo convenio con la América es otra de las razones que se leen en el acta para destruir el actual sistema y crear una dictadura. Si este fundamento fuera de tanto peso como se supone, nunca debió establecerse un gobierno, ni formarse la constitución del Estado, porque el gobierno español se ha mostrado tenaz contra la América en todas circunstancias y sucesos. ¡Qué felices seriamos con una dictadura tan eterna como la obstinación española! Pero dicen vulgarmente que entre gustos no hay disputas, y acaso los autores del acta de Guayaquil querrán ser gobernados por dictadores en vez de serlo por leyes. Ya otro pueblo en Europa había dado tan ignominioso ejemplo.

      De la conducta del gobierno español deduce el acta "que la República va a ser invadida como nunca lo ha sido, que tiene que entrar en una lid con fuerzas muy superiores, y que la guerra no podrá menos que serle funesta si no se crea una autoridad eminentemente vigorosa, que reviva el ejército, arbitre recursos y organice los elementos que deban rescatarnos". Son de aplaudirse seguramente los buenos deseos emitidos en la precitada acta, aunque el camino que se ha tomado no nos parece de acuerdo con nuestro pacto social. Los que han creído que nuestra constitución no ha provisto al gobierno de una autoridad vigorosa para casos de peligro, han estudiado muy poco: ábranla y lean en la sección segunda del título cuarto, artículo 55, número 25, que una de las atribuciones del congreso es conceder durante la presente guerra de independencia al poder ejecutivo aquellas facultades extraordinarias que se juzguen indispensables, etc. Sigan un poco más adelante y lean en el artículo 128, que en los casos de conmoción interior a mano armada o de una invasión exterior y repentina puede el poder ejecutivo hacer por sí solo todo cuanto podrá hacer con acuerdo y consentimiento del congreso (si estuviese reunido), en todo cuanto no esté comprendido en la esfera natural de sus atribuciones. ¿Todavía se quiere más? El congreso puede elevar un dictador, según sea la extensión de autoridad que le conceda en la ley que supone el artículo citado; pero esta elevación será legal porque emana de la constitución. El pueblo soberano inmediatamente no lo puede hacer, menos una fracción suya, y mucho menos una ciudad.

      De la parte externa pasa el acta a hablar de la parte interna de la República, y empieza por afirmar denodadamente "que los departamentos de Venezuela armados ya se han pronunciado contra el orden actual de la República". ¿Y cuáles departamentos? ¿Maturín? No; sus beneméritas provincias están a la vanguardia de los sostenedores y defensores de la constitución. ¿Barinas y Guayana? Tampoco; sus pueblos han prometido ser fieles a su pacto primitivo, a despecho de las promesas y amenazas de los perturbadores. ¿El Zulia? No. Mérida, Trujillo y Coro no han manchado la noble conducta constitucional, que admiran sus hermanas; y si en Maracaibo se dio un paso precipitado y ligero, obra de corazones débiles y de cabezas atemorizadas, el orden nunca se ha turbado, ni las leyes han perdido su vigor. Venezuela misma, ese país desgraciado bajo el poder de la rebelión, empieza a mostrar de un modo claro y evidente que no aborrece el sistema actual, y que el nombre de sus pueblos se ha tomado en boca por los facciosos para atemorizar a los pueblos limítrofes y ganar prosélitos. Se ha engañado medio a medio la junta popular de Guayaquil en suponer que el sistema actual de Colombia estaba combatido por muchos departamentos. El Cauca, Magdalena, Istmo, Boyacá, Cundinamarca, Orinoco, Maturín y Zulia lo sostienen con firmeza y honor; y los cinco primeros departamentos, junto con el de Maturín y las provincias de Mérida, Trujillo, Coro y Guayana, tienen la inmarcesible gloria de no haber emitido hasta ahora acto alguno que pueda deshonrarlos ni a los ojos de los más exaltados y severos amigos del orden social3.

      "El Magdalena encierra terribles combustibles -dice el acta- que se encienden ahora en los movimientos limítrofes". ¡Qué falsedad tan injuriosa al benemérito departamento del Magdalena! La capital del departamento, la heroica Cartagena, dio el ejemplo más solemne de adhesión y obediencia al gobierno constitucional en un acto público, y lo han imitado la valerosa Mompós, Santa Marta, etc. El pueblo del Magdalena sabe que en la misma constitución tiene los medios de proponer cualquier reforma útil al procomunal, que anualmente se reúne el congreso donde asisten sus representantes, y que puede emplear el eco de la imprenta para denunciar los abusos de la administración, los vacíos de las leyes y el modo de hacer el bien público. El departamento del Magdalena sostendrá siempre su puesto en el camino de las leyes junto con los demás departamentos fieles a su propio pacto social.

      También asegura el acta: "que en Panamá existen pretensiones que se llevarán a efecto en el momento de una división en el territorio". Nosotros no conocemos cuáles sean esas pretensiones; lo único que sabemos es que hasta el 9 de septiembre aquel departamento se mantenía fiel a las leyes y sus hijos mostraban la lealtad correspondiente a sus antiguas espontáneas promesas. El mejor medio de provocar una división del territorio es el que propone la junta de Guayaquil en su acta, y el de conservar la unidad de la República bajo el régimen actual es el de que cada departamento y provincia se mantenga fiel a la constitución. No es buen medio de salvar una nave en el naufragio romperle de intento una tabla, ni para apagar un incendio es conveniente arrimarle un barril de pólvora.

      Los fundamentos con que concluye el acta de Guayaquil son: que las provincias del centro se hallan agitadas por opiniones, intereses y pasiones opuestas, y que el gobierno, colocado al frente de diversas ideas, se presenta como resuelto a entrar en una lid armada, cuando todas las circunstancias demuestran que la divergencia es universal, y cuando a la verdad no hay un partido que pueda llamarse nacional, etc. La junta popular de Guayaquil demuestra que no sólo conoce muy poco el estado interior de todas las naciones del mundo, sino aun el de la misma República a que pertenece. Opiniones, intereses y pasiones opuestas existen en todas las sociedades, y existirán mientras que ellas se compongan de hombres, y sean hombres los que forman las leyes y las ejecutan. Las hay en Francia, en Rusia, en la Inglaterra y en los mismos Estados Unidos del Norte; las hay también en las repúblicas mejicana, argentina, peruana y chilena; pero no es por medio de revoluciones, ni de la disolución del pacto social como se concilian los intereses opuestos, se sofocan las pasiones exaltadas y se uniforman las opiniones contrarias: las leyes han previsto esta divergencia de opiniones y han señalado los medios de mantener el equilibrio. Si cada vez que se nota alguna oscilación política hubiera de ocurrirse a medidas tan violentas y tan escandalosas como las de abolir el pacto primitivo, crear dictadores y adoptar un nuevo código, ¿cuándo sería que habría orden permanente, estabilidad, confianza pública y carácter nacional? Ese mismo código boliviano por el cual la junta de Guayaquil y la de Quito han mostrado tanto entusiasmo duraría muy poco tiempo, porque él no es capaz de crear entendimientos iguales, voluntades uniformes, pasiones nobles e intereses unísonos. Actualmente estamos palpando que en el Magdalena y en Cundinamarca se hacen libres, y quiza racionales, censuras al precitado código.

      Si el gobierno se presenta como resuelto a entrar en una lid armada al ver trastornado el orden constitucional en un departamento, no hace más que cumplir con sus deberes y con la solemne promesa que hizo a toda la nación al tomar el ejercicio de la autoridad suprema. ¿Fue acaso una mera ceremonia el juramento que se le exigió delante del congreso constituyente? Y el mandato del artículo 185 de la constitución de sostenerla y defenderla, haciéndole el sacrificio de su vida y fortuna, ¿es por ventura una vana fórmula?. No pensamos que la junta de Guayaquil esté en tan falsa creencia, porque hemos visto constantemente a la imprenta de Guayaquil denunciar los abusos de algunos empleados, y reclamar enérgicamente el cumplimiento de las leyes. El deber del poder ejecutivo es mantener el orden interior sosteniendo las reglas fundamentales, y para dicho objeto se le ha confiado la fuerza armada. Disimular el ejecutivo el trastorno de la tranquilidad interna, no empleando los medios legales para restablecer el orden constitucional, le haría tan delicuente como si disimulase una invasión exterior. La nación colombiana, al depositar en el poder ejecutivo el ejercicio respectivo de la parte de su soberanía, ha confiado en que el encargado de esta comisión la cumpliría fielmente, sin arredrarse por ningún movimiento de aquellos a que frecuentemente están expuestos los estados republicanos, aun los más antiguos. Si Guayaquil no lo esperaba así, el desengaño que acaba de recibir le habrá mostrado la injusticia de sus esperanzas.

      ¿Y cómo es que se asegura que en Colombia no hay un partido que pueda llamarse nacional? ¿Qué especie de cataratas han cegado los ojos de los autores del acta de Guayaquil que no les han dejado ver, que todos, todos los doce departamentos colombianos sostienen las instituciones republicanas, y que la mayor parte de la República sostiene el régimen político actual? La aserción de que no hay un partido nacional, no sólo es falsa sino en alto grado ignominiosa. Los españoles han repetido constantemente lo mismo, para sostener que la independencia americana era obra de cuatro facciosos ambiciosos, y ahora pueden valerse de las expresiones emitidas por la junta de Guayaquil, para alegar ante los gabinetes extranjeros que la causa de la independencia y de la libertad no tiene en Colombia un partido nacional. Pero la experiencia desmiente a Guayaquil, y cuando allá en 28 de agosto soñaban que la República de Colombia estaba en anarquía, las leyes constitucionales sin vigor, el gobierno sin fuerza moral, y los partidos luchando por devorarnos, acá 12.000 valientes del ejército, guiados por jefes ilustres, sostenían y sostendrán el pacto y las leyes colombianas, Venezuela daba pruebas irrefragables de que su opinión pertenece a la constitución y al gobierno constitucional; 444.000 habitantes del departamento de Boyacá, 240.000 del Magdalena, 194.000 del Cauca, 100.000 del Istmo, 391.000 de Cundinamarca, 125.000 de Barinas y Guayana, 163.000 del Zulia y 135.000 de Maturín se han mantenido fieles al sistema, y obedientes al gobierno supremo, sin que se lea acto alguno ilegal de esta fuerte masa de población fuera del acta intempestiva de la ciudad de Maracaibo4.

   Hasta aquí los fundamentos del acta de Guayaquil; veremos en la siguiente gaceta las resoluciones que ellos produjeron, y su respectiva refutación fundada en los más obvios principios del derecho político.

      Muy poco podremos añadir a las profundas y juiciosas observaciones de dos periódicos contemporáneos5 acerca de la irregularidad de la mencionada acta. La junta popular de Guayaquil, en su primera resolución, consigna el ejercicio de su soberanía, por un acto primitivo de ella, en el general Bolívar. No podían ignorar todos los miembros de la junta, que el pueblo en masa es el que debe ejercer la soberanía de la asociación a que pertenece, y que ella no puede estar en toda la sociedad con toda la extensión de poder, y en una mínima parte de ella. El pacto colombiano reservó a todo el pueblo el ejercicio de su soberanía en las elecciones primarias, y nada más; de manera que cualquier expresión ajena de este objeto y aun fuera del período prescrito en la ley fundamental es ilegítima y nula. Si cada fracción de la sociedad pudiera hacer lo que le acomodara con la parte de soberanía que debe ejercer en unión con todo el pueblo del Estado, la sociedad sería un caos y no se conseguirían los objetos con que los hombres se reúnen en el estado social. Guayaquil hoy consigna el ejercicio de su soberanía en el general Bolívar, que felizmente reúne el amor, respeto y gratitud de todos los colombianos; el Cauca podría consignarla en otro; Cundinamarca en un tercero; Boyacá en un cuarto, y cada departamento, y cada provincia, y cada cantón y aun cada parroquia en la persona que le acomodara, y el resultado sería que habría tantos jefes supremos como poblaciones. Porque si Guayaquil, abrogándose la representación del departamento ha creído que puede ejercer un acto primitivo de su soberanía, cualquier provincia tiene derecho de creer otro tanto, y lo mismo un cantón y cada parroquia.

      Aparte de esto, el ejercicio de la soberanía, como lo saben ya hasta los niños, comprende el ejercicio del poder legislativo, del poder ejecutivo y del judicial, y la reunión de todos estos tres poderes en una persona constituye la tiranía. Guayaquil, pues, con un rasgo de pluma ha abolido el poder legislativo que existe en el congreso, el ejecutivo y todos los tribunales de justicia, creados por 35 provincias de la República, y ha delegado al general Bolívar una tiranía que cien veces ha dicho que aborrece con todo su corazón, y contra la cual ha combatido 16 años en diferentes secciones de América, hasta ganar el glorioso renombre de Libertador. Dos o tres mil personas, entre las cuales la mayor parte no sabe a fondo lo que ha firmado, han querido deshacer de un modo ignominioso la obra de tres millones de colombianos. Es por tanto más que evidente que el primer capítulo de las deliberaciones de la junta de Guayaquil es absurdo y contrario, no sólo a las leyes colombianas sino a los principios del derecho político constitucional.

      El Libertador de Colombia y del Perú, para colocarse al frente de la República y aterrar a sus enemigos comunes, restablecer el orden constitucional, reprimir las facciones, mantener la integridad de la nación y dar vida a todos los ramos de la administración pública, que se suponen moribundos por falta de sistema, no necesita del poder de un dictador, ni de las vergonzosas actas de Guayaquil y Quito; los colombianos, cuando por ministerio de la ley ejercieron libre y pacíficamente su soberanía, le llamaron a presidir la República conforme a las leyes fundamentales, en las cuales encuentra el presidente todas las extraordinarias facultades que requiera o una invasión exterior, o una conmoción interior a mano armada. Cualquiera que sea el poder absoluto e ilimitado que ejerza el presidente de la República en virtud de la constitución, es un poder legítimo, porque emana de la fuente legítima, deja voluntad escrita de toda la nación, en vez de que admitiendo la dictadura, que tan generosamente le han concedido dos poblaciones reunidas tumultuariamente, recibe un poder ilegítimo y absurdo. ¿Pero cómo habrán olvidado los autores de aquellas actas que el Libertador de Colombia, entre otras muchas ocasiones, ha expresado al congreso del Perú su horror a la dictadura, hasta felicitar a los peruanos porque en Ayacucho terminó este poder terrible?

      Los romanos, cuando nombraban dictador no lo hacían tumultuariamente, ni jamás una fracción del pueblo-rey se abrogó la facultad del senado. Se hubiera guardado mucho una tribu sola, o una parte del pueblo, de usurpar las atribuciones de las respectivas autoridades; los celosos defensores de sus libertades habrían castigado semejante usurpación con el mismo ardor y energía con que precipitaron de la roca Tarpeya a Espurio Casio, que valiéndose de la voz popular quiso alterar la forma gubernativa, a Espurio Melio, que a fuerza de liberalidades con el pueblo pretendió ganarse un influjo y usurpar la autoridad suprema, y al mismo defensor del capitolio contra los galos por ambicioso y enemigo de las leyes. No hacemos tan poco favor a los miembros de la junta de Guayaquil que todos ignorasen estos hechos y se expusiesen a una seria refutación con la conducta del pueblo en donde nacieron los dictadores.

      Por la segunda resolución encarga la junta de Guayaquil al Libertador de los destinos de la patria, y como sobre esta quedan hechas las suficientes observaciones, pasamos a la tercera, que es la de que se pueda convocar la gran convención para que fije definitivamente el sistema de la República; añadiéndose, que Guayaquil desde ahora se pronuncia por el código boliviano. La primera pregunta que ocurre al leer esta deliberación es la de que ¿cuál gran convención se debe convocar? Si es la de que trata el artículo 191 de nuestra constitución, nos sorprendemos de que considerándose abolido este código por la resolución del acta, quede vigente la convocatoria de una convención, que ella emplaza para cierto tiempo. O la constitución rige para Guayaquil o no rige; si rige, la gran convención no puede ser convocada sino por el congreso, luego que se terminen los diez años que ella prescribe; si no rige, no hay necesidad de reunir gran convención. Basta que cada ciudad, contando con la fuerza armada, vaya expidiendo sus actos y decidiéndose por el código que le guste; y como es natural que cada departamento cuente con sus propios recursos y proteste también a imitación de Guayaquil, que está resuelto a sostener su acuerdo, será muy fácil encender una guerra civil y levantar una borrasca en la cual naufrague de veras la nave de la República. Guayaquil pudo omitir el paso de que se convocara la gran convención, porque si su soberanía es tan extensa e ilimitada que ha podido abolir tácitamente la constitución, desentenderse del gobierno nacional y crear un dictador sin tiempo ni regla alguna, mejor pudo decretar de una vez la adopción del código boliviano, publicarlo, hacer las elecciones y proceder con toda la plenitud de su soberanía, porque ella daba lugar para todo.

      Ni Guayaquil, ni Quito reunida a él, ni todas las municipalidades de la República asociadas a la fuerza armada, pueden dar al Libertador una facultad que el pueblo entero dio al congreso, prefijando el tiempo en que debiera ejercerla. El pacto de una nación no es juego de muchachos, que está expuesto a las versatilidades de una mínima fracción del pueblo. La constitución de Colombia es la expresión de la voluntad general de la República, y sobreponerse a ella no es permitido en derecho, ni a la misma nación fuera de las fórmulas en que una vez convino, y menos a la parte menor. Esto en derecho, porque de hecho, Breno, al frente de los galos, decía que el derecho de un valiente era su espada. Con este derecho Nápoles fue invadida por el ejército austriaco, y el duque de Angulema dio cuenta de la constitución española. También los conquistadores de América lo ejercieron para someterla al poder de los reyes católicos; y muchas de nuestras actas son la obra de la fuerza armada.

      Mucho se engaña Guayaquil si cree que la gran convención ha de fijar definitivamente los destinos de la patria. El ejemplo actual no se olvidará por los ambiciosos, descontentos y perturbadores. Con la facilidad con que ahora se han juntado las municipalidades y algunos hombres a decretar reformas sustanciales y hollar el pacto social, se juntarán después contra el sistema que hubiere. Lograda una vez la variación de la ley fundamental por los medios violentos e ilegales que ahora se emplean, será bien fácil variarla cada vez que un general tenga poder para ello, o que a un departamento o alguna ciudad se le antojase. El general Bolívar no es inmortal ¡y ojalá que lo fuera! El código boliviano no tiene más garantías que la palabra de los magistrados encargados de su cumplimiento, la obediencia de los ciudadanos militares y no militares y la ilustración pública: las mismas garantías que tiene nuestra constitución. Si hombres han de observarlo y ejecutarlo, hombres han de hacer las leyes, y hombres han de disponer de los empleos y recompensas, el descontento y la ambición atacarán al código boliviano como han atacado ahora nuestro código sancionado en Cúcuta. ¿Y será entonces definitivo el arreglo político que hiciere la gran convención? El tiempo dará la respuesta, y entonces se convencerán de que teníamos razón los que hemos sostenido los principios del orden social contra los innovadores y ambiciosos. El pueblo hará justicia a los primeros y execrará los nombres de los últimos.

      Por el cuarto punto de la deliberación de Guayaquil se confía en que el Libertador admita los votos del departamento, y se manda publicar "un acto tan sagrado y primitivo de la soberanía". Nosotros, juzgando de su excelencia el Libertador presidente por su larga y gloriosa conducta política y por sus repetidos ofrecimientos al mundo liberal, esperamos que despreciará los tumultuarios e inconstitucionales votos de la junta de Guayaquil, que a la par de la sandez con que llama sagrado y primitivo acto de la soberanía su escandalosa resolución, ha tenido el gusto de abrogarse el nombre y representación de todo el departamento.

      En el quinto capítulo se dispone que se circule a todos los departamentos de la República, incitándoles a abrazar el partido tomado por Guayaquil, como el único medio de rescate, etc. No nos meteremos a profetas, pronosticando el éxito de la invitación. El Cauca ha respondido ya con toda la cordura y juicio que era de esperar de sus habitantes, siempre fieles a la constitución, y el respetable público de Bogotá ha mostrado la indignación que le ha merecido la irregular conducta de Guayaquil y Quito.

      La junta de Guayaquil ha sido esta vez el payaso del congreso del Perú de 1824. Allá donde 20. 000 soldados españoles, coronados de laureles y amaestrados en el arte de vencer bajo jefes experimentados, ocupaban casi toda la República a la vez que la discordia civil se había apoderado de la parte libre del país, los usurpadores hacían la guerra a la representación nacional y se traslucían las defecciones, donde no existía un código político aceptado y reconocido por los pueblos, el congreso peruano entregó su moribunda patria en manos del general Bolívar con la investidura de dictador. ¿En qué se parece hoy Colombia al Perú al principio del año de 1824, para que Guayaquil haya renovado las escenas de Lima? Pero supongamos que Colombia esté hoy idénticamente en el mismo estado que el Perú, cuando el congreso depositó en el Libertador toda la plenitud de autoridad que quiso trasmitirle; entre el acto del congreso peruano y el acto de Guayaquil hay la más esencial diferencia: el congreso del Perú pudo hacer legítimamente lo que hizo, porque en él residían los poderes del Perú y la verdadera representación de los pueblos. ¿Pero quién, en dónde, por qué título las autoridades de Guayaquil y unos pocos vecinos ejercen la representación nacional y el derecho de crear una magistratura desconocida en la constitución política que ha cinco años que nos rige?

   La junta de Guayaquil cuidó de que se participase al poder ejecutivo su ilegal acta para su conocimiento, y una acción tan cortés aumenta la irregularidad de su conducta.

      En la única parte en que se mostró la junta de Guayaquil menos ciega y extraviada de sus deberes fue en el capítulo 6°, mandando no hacer novedad en la administración actual del departamento, hasta que el Libertador dispusiese lo conveniente. Si el Libertador ha dispuesto, como lo esperamos, lo que conviene al honor colombiano, a la seguridad pública, a la futura suerte del país, a la estabilidad de Colombia y a su propia reputación, Guayaquil se habrá arrepentido de haber procedido con tanta ligereza a tomar unas deliberaciones que deshonrarán a sus autores perpetuamente.

      Concluimos renovando la protesta solemne de que no hemos hablado en lo que queda escrito, sino de la junta popular de Guayaquil, y de ninguna manera de toda la población de la ciudad, y mucho menos del departamento. Se sabe que muchas personas de Guayaquil no han tomado parte en aquel acto inconstitucional, y de las que tomaron cartas, muchas han firmado alucinadas o engañadas. La intervención del intendente, la del comandante general de armas, y la de otros empleados de categoría es lo que más ha sorprendido a todos los buenos patriotas, porque los que debían dar el ejemplo de obediencia a las leyes, de exactitud en el cumplimiento de sus deberes, y de firme adhesión a la constitución, son los que primero han faltado a la confianza nacional, y a la del gobierno por cuya voluntad ejercían los destinos que obtienen.

      Aún no es tarde para que Guayaquil y Quito reconozcan su error y borren la mancha que han echado sobre sí con las ignominiosas actas de 28 de agosto y 6 de septiembre. Todo el mundo liberal tiene clavados los ojos en Colombia, y si perdemos la vanguardia en el mundo moral, el honor adquirido por nuestras instituciones y orden, la gloria de 16 años de combates por la libertad, mejor nos estuviera haber nacido en Constantinopla.

FUENTE EDITORIAL:
Gaceta de Colombia. No. 262, Bogotá. 1826 (22/10), p. 3-4; No. 263, Bogotá. 1826 (29/10), p. 3-4.

9
ACTA DE IBAGUE

      En la sala capitular de Ibagué, a 2 de octubre de 1826, reunidos ordinariamente los señores que componen esta municipalidad, y suscriben, a excepción del señor alcalde municipal primero Saturnino Ortiz, ausente con licencia del gobierno, y el municipal José María Montalvo, con el fin de tratar lo ocurrente, y en ejecución y cumplimiento de sus atribuciones, se leyó un oficio del gobierno de la provincia, su fecha 13 del pasado, en que excita el señor gobernador, por conducto del señor jefe municipal, a esta municipalidad a que emita su voto o concepto, en orden a los acontecimientos de Venezuela, el que leído con la debida atención, y considerada detenidamente la materia, de común acuerdo convinieron todos los miembros en que jamás ha creído este cuerpo estar en la esfera de sus atribuciones, tocar ni de paso un negocio que en el mismo hecho se haría cuestionable, y se infringirían las leyes y la constitución, faltando al sagrado [rito] del juramento y a la obediencia a las autoridades constituidas; que las municipalidades no representan el pueblo por falta de poderes, sin los cuales todo acto que desdiga de la marcha actual constitucional es atentado usurpatorio y desconocido entre los políticos, y en los gobiernos bien ordenados; que para anticipar la gran convención y tratar de reformas esenciales, es necesaria la voluntad general de los pueblos que hoy constituyen la República; porque las cosas por las mismas causas qu6e nacen, o se crían, por las mismas se disuelven; que, finalmente, teniendo esta municipalidad jurada la constitución, las leyes y la obediencia a las autoridades, que por fuerza de ellas gobiernan, no le toca más que seguir esta marcha, pues cualquiera otra sería el presagio ruinoso de nuestra República, que llenaría de gozo y contento a los enemigos de nuestro sistema, y de lisonjeras esperanzas a la nación española. Con lo que se concluyó esta acta de que acordaron se compulse copia, y se remita al señor gobernador por el conducto del presidente, de que certifico.

Pedro Acosta, Rafael Buenaventura,

Miguel Carvajal, Carlos Guzmán,

Gabriel Carón, Juan Antonio Pérez,

Indalecio Hernández, secretario.

FUENTE EDITORIAL:
Gaceta de Colombia, N° 265, Bogotá. 1826 (12/11), p. 3.

10
ACTA DE LA VILLA DE MARGARITA

      En la ciudad de La Asunción, capital de la provincia de Margarita, a 3 de octubre de 1826 años, reunidos como 2. 000 hombres armados en la plaza pública y sala de acuerdos de la ilustre municipalidad, una asamblea general de las autoridades y personas notables de ellas, acordaron: primero, que impelidos del ardiente deseo de salvar a esta isla de los horrores de la guerra civil que la amenaza por los acontecimientos de los departamentos vecinos; segundo, que aunque el 10 del mes próximo pasado, en una reunión que tuvo lugar en esta isla se dispuso, por menos número de personas, se suplicase al supremo poder ejecutivo para que propendiese a la reunión de la gran convención de Colombia, a fin de evitar aquellos males, no es suficiente para precaver en estos momentos las desgracias que pueden sobrevenir, porque sus efectos son dilatados; y tercero, porque lo que hace más penosa su existencia es la independencia del departamento de Maturín, porque su comandante, general benemérito, señor general José Francisco Bermúdez, ha reasumido todas las autoridades, por exponer [sic] se halla con facultades extraordinarias, incomunicando de hecho esta isla con la capital de Cumaná y puerto de Carúpano, con motivo de que representaron sus derechos y trataron de salvarse de la tempestad en que fluctúan; porque puso esta provincia fuera de la ley el año de 24, en momentos en que propendía a su conservación; y porque de todos modos ha provocado la guerra civil entre los pueblos de este departamento, íntimamente dispuestos a obedecer al gobierno y esperar sus sabias disposiciones, según lo tienen manifestado. En consideración de todo lo expuesto, y atendiendo a que la salud pública es la suprema ley, se separaban y separaron desde el momento de la capital del departamento de Maturín y se agregaban y agregaron al de Venezuela, como el más inmediato, a cuyas autoridades se dará cuenta con copia de esta resolución, para que por su conducto llegue al supremo poder ejecutivo de la República para su conocimiento, comunicándose asimismo a las provincias de Cumaná y Barcelona, con quienes se mantendrá la mejor inteligencia, buena armonía y recíproca unión, que no deben alterar este paso, pues sólo es hijo de la necesidad.

      Acto continuo, y en virtud de que las tropas despojaron del empleo de comandante de armas al señor Policarpo Mata, que lo obtenía por el gobierno, por exponer era peligrosa su permanencia en tal destino, a causa de haber sido el ejecutor de las providencias del señor general Bermúdez, fue nombrado a pluralidad de votos de la fuerza armada y padres de familia el señor general Rafael de Guevara, gobernador de la provincia, para que reasumiese igualmente la comandancia de armas hasta la disposición del supremo gobierno, cuya medida se tomó para no entorpecer la marcha política de este pueblo, y calmar las borrascas que lo agitan, y por considerarlo capaz para tan importante desempeño. Seguidamente se presentó el referido señor general Guevara, y expuso que por obedecer a la fuerza armada que está a la vista, como a la respetable corporación de personas notables, admitía el destino de comandante de armas y seguiría en el ejercicio de gobernador de la provincia, por considerar que no verificándolo quedaban en anarquía y podía probablemente sobrevenir su entera disolución; pero que protestaba solemnemente, bajo su palabra de honor, no permanecer en uno ni en otro empleo, sino mientras el gobierno supremo resuelve lo que sea de su agrado, o la capital de Venezuela dispone lo mejor y encarga la dirección de esta isla a otro ciudadano más apto, rogándole encarecidamente todos, tanto sobre el particular como para que acoja a este virtuoso e infeliz pueblo de Margarita, y lo presente sumiso y obediente ante la primera autoridad de la nación, con la promesa de sus sentimientos y la solemne oferta que repite, de morir por la República de Colombia, con lo cual se concluyó y firmaron.

      Bernardo Fles, Pablo José Morales, Juan José Tabares, Francisco Marcano, José Ceferino González, José Antonio Silva, José María Carantoña, Pedro Marcano, José María Moreno, Manuel Rodríguez, Pedro Sánchez, Pedro Botino, Mateo Guerra, Dionisio Lares, Manuel Maneiro, Francisco Berusoht, José Maneiro, José Jesús Guevara, Juan Uban, Juan Miguel de Lares, Laureano García, José Rafetty, Ambrosio Marcano, Pedro González, Julián de la Rosa, Domingo Jiménez, José Marcano, Gabriel Silva, José Caraballo, Francisco Alfonso, Domingo Rojas, Juan Agreda, Domingo Navarro, José Rosario, Calixto Rojas, José María Ramírez, Manuel Tineo, Francisco Río, José Morao, José María Narváez, Francisco Rojas, Domingo Rosa, José Sinforiano Facutes, Antonio Malaret, Antonio de Mata, Francisco Vásquez, José Arcay, José Marcelino Boadas, José Felipe Rivera, Juan de la Cruz Vásquez, José Mariu, Pablo Villarroel, José Birvian, José Vásquez, Francisco Amil, José Brito, Santiago Bausa, Félix Bastardo, Hilario Fierro, Juan González, Juan José Vásquez, Miguel Marcano, José Espinosa, Manuel Guerra, Francisco Guerra, Felipe Caraballo, Juan de León, Simón de Irala, José Rafael Marcano, Luis Marcano, José Prieto, Manuel Salazar, Juan Intriago, José Gabriel Defis, Juan de Rojas, Pablo Lares, Miguel Méndez, Juan Plaza, Juan José Silva, Antonio Boadas, Juan Fernando Fermín, José González, Antonio Lares, José Dolores Salazar, Marcos García, Juan Antonio Silva, Ventura Salazar, José Rafael Reyes, Manuel Narváez, José Lares, José Méndez, Pedro Campo, Juan Brito, Juan Antonio Hernández, José Moreno, Juan Duven, José Rojas, Francisco Cedeño, Vicente Guerra, Juan Aguilera, Juan Domingo Marcano, Antonio Marcano, Domingo José Carrasco, Juan Nicolás Salazar, Nicario Salazar, Francisco Higuerey, José Francisco Aguilera, José Jesús Campo, Julián Méndez, Juan Salazar, Pedro Bejarano, José Rafael Fermín, Francisco Rondón, Juan Rivera, Rafael de Guevara.

   Es copia,

Francisco Mejía.

FUENTE EDITORIAL:
Gaceta de Colombia. N° 271 (Suplemento), Bogotá. 1826 (24/12), p. 6.

11
ACTA DEL ZULIA

      En la ciudad de Maracaibo, a 20 de octubre de 1826, en la sala capitular, convocados los señores de la ilustre municipalidad, a saber: el señor jefe político Miguel Antonio Baralt, alcalde 1°; Juan Atalaya, ídem 2°; Juan Celis; regidores José Gregorio Osorio, Juan Reyes y Teodoro Robles; con asistencia del síndico municipal Lucas Palmar; y sin la de los demás municipales por no haber concurrido, como la del secretario por estar enfermo, expuso el señor jefe municipal que con acuerdo de la intendencia accidental había convocado a todas las autoridades civiles y militares, y venerables curas, como igualmente a todos los notables de esta ciudad; y en efecto, concurrieron los señores que abajo suscriben, y habiéndose leído el oficio del señor intendente con fecha de ayer, tomó la palabra el citado señor intendente y dijo: que eran constantes las noticias recibidas por la goleta de guerra Telégrafo, que no dejan duda del pronunciamiento que han hecho los departamentos a favor de la gran convención, depositando su soberanía en el Libertador presidente, para que como padre de la patria corte los males que puede ocasionar la crisis en que nos hallamos; y habiéndose leído el oficio del señor intendente, y oyéndose a varios señores que han emitido su opinión con la mayor circunspección, y tomando en consideración:

   1°. Que cuando la municipalidad y los notables del pueblo con su voluntad propia, y de la generalidad de los demás ciudadanos, pronunció su acta de 22 de julio a favor de la convención, fue bajo la persuasión de que sin la menor demora se hubiese verificado la reunión del congreso, como lo dispone el artículo 128 de la constitución;

   2°. Que habiéndose diferido la reunión del congreso para el mes de enero próximo, sin duda que no se verificará, porque los departamentos de Guayaquil, Ecuador, Azuay, Istmo y Magdalena, no mandarán sus representantes hasta no saber las disposiciones del Libertador presidente, que debe obrar con la lenitud de la soberanía de aquellos pueblos;

3°. Que aun concediendo la reunión del congreso, quedaríamos expuestos a los mayores peligros por la divergencia de opiniones, y porque nos vemos amenazados de los españoles que se reúnen en La Habana;

   4°. Que si en aquella época hicimos aquel pronunciamiento, fue en ocasión de los primeros movimientos de Venezuela y Apure, y con el presentimiento de que todos los pueblos irían siguiendo con motivo de los disgustos, como lo vemos ya realizado, pues se cuentan nueve departamentos que están pronunciados, y son: Venezuela, Apure, Maturín, Zulia, Magdalena, Ecuador, Azuay, Guayaquil y el Istmo;

   5°. Que siendo cierto que Guayaquil, Ecuador, Azuay y Magdalena han puesto su suerte y felicidad en el Libertador presidente, y que es consiguiente que harán lo mismo todos los departamentos, precisamente es el tiempo más oportuno para nosotros rendir al padre de la patria nuestra libre voluntad, entregándonos a su dirección para que nos libre del presente naufragio;

   6°. Que constándonos que por momentos estará entre nosotros el Libertador presidente, y no debiendo esperar la menor ventaja del congreso, porque no se penetrará del sistema equivocado que nos ha reducido al estado más lastimoso; o porque el artículo 191 de la constitución presenta reparos para que se instale la gran convención, como lo ha dicho el mismo gobierno; o ya, en fin, porque sin podernos unir no nos salvará de los males que son de esperarse que proyectan los españoles;

Por lo tanto,

      Hemos resuelto por la generalidad de sufragios consignar, como consignamos, el ejercicio de nuestra soberanía nacional en el Libertador presidente, Simón Bolívar, para que convocando la gran convención nacional, que fije el sistema de nuestra República, y encargándose de los destinos de la patria, la salve del naufragio que la amenaza. Y para que su excelencia el Libertador se penetre, lo hemos determinado de nuestra libre y única voluntad, diríjasele testimonio de este acuerdo para que se sirva admitir nuestros votos y se encargue del destino del departamento.

      Circúlese el contenido de esta acta por medio de la prensa a los cantones de la provincia, y a las provincias del departamento del Zulia, e igualmente a los departamentos, provincias y pueblos de la República, para que conforme a su voluntad, adopten nuestra determinación como único remedio que podemos encontrar en el héroe del siglo, dando cuenta con testimonio al poder ejecutivo, de que este departamento, mientras llegue a la capital el Libertador presidente y se ponga en posesión, se mantiene en toda tranquilidad, y sin hacer la menor novedad en el régimen constitucional. Con lo que se concluyó esta acta que firman dichos señores, ante mí, de que doy fe.

      Intendente interino, José Ignacio Balbuena. Jefe político municipal, Miguel Antonio Baralt. Alcalde 1°, Juan Atalaya. Idem 2°, Juan Celis. Regidores, José Gregorio Osorio, Juan Reyes, Teodoro Robles, Francisco T. Rincón. Síndico municipal, Lucas Palmar. Comandante general, B. Rafael Urdaneta. General de batallón, L. F. de Rieux. Coronel Mauricio Encinoso. Coronel Justo Briceño. Jefe de estado mayor, José M. Delgado. Cura provincial, Gregorio Luzardo; ídem, José Joaquín Veira [sic]. P. J. Prov. (?), Manuel J. Amador, Mayor de plaza, Miguel Crespo. Comandante, Juan Ferrias; ídem, José Vargas. Administrador adjunto, Diego A. Caballero. Comandante, Diego José Jugo. Policarpo Farías. Comandante de marina, James Bluck. Tesorero, Manuel Benítez. Administrador de tabacos, Bartolomé Osorio. Administrador de correos, José Dionisio Arriaga. Cont. vista, Pedro Jugo. Mayor, Natividad Villamil. Teniente coronel José M. Urdaneta; ídem, José de Mesa, A. Minchin, Juan Lanagan, Ruperto Gordon, José Luis Bracho. Comandante del puerto, Francisco Padilla. Juan Ramírez.

   Siguen multitud de firmas

El escribano,

Blas Roldán.

FUENTE EDITORIAL:
Gaceta de Colombia. N° 268, Bogotá. 1826 (3/12), p. 3.

12
ACTA DE CARACAS

      En la ciudad de Caracas, a 7 de noviembre de 1826, 16° de la independencia, se reunió en la iglesia del convento de San Francisco la asamblea popular convocada el día de ayer por bando y carteles públicos, en virtud de orden de su excelencia el jefe civil y militar de Venezuela, benemérito general José A. Páez, para tomar en consideración la actual crisis a que ha llegado el gobierno general de la República, según ha manifestado el síndico procurador municipal de este cantón, ciudadano José de Iribarren, en la representación que ha dirigido a su excelencia con fecha 5 del corriente. Presidió su excelencia el acto, a que concurrieron el señor intendente departamental, doctor Cristóbal Mendoza, los señores presidente y ministros de la corte superior de justicia, la ilustre municipalidad, varias personas respetables de todos [los] estados, y en copioso número de ciudadanos de diferentes profesiones; y para proceder con el orden y formalidades de costumbre se nombró de secretario de esta corporación al señor doctor Andrés Narvarte, y de auxiliar al señor Pedro José Esetoquera.

      Abierta por su excelencia la sesión con la lectura de un discurso en que manifestó la situación actual de los departamentos, cuyo mando se le ha confiado, y ratificó las promesas que antes tiene hechas de auxiliar a los pueblos en la causa de las reformas que han proclamado, se instruyó al público de la representación del síndico que había provocado la asamblea, como también el decreto en que se accedió a su solicitud; en la cual se expresa, entre otras cosas, que ha caducado el gobierno de Colombia, por que el de Bogotá no es más que un gobierno de su mismo departamento, y de los de Boyacá y el Cauca, únicos que caminan en una propia línea.

      Ocupó en seguida la tribuna el señor José Núñez Cáceres, y pronunció un discurso, relativo a persuadir que el pacto social de Colombia se hallaba disuelto por la separación de nueve departamentos, y que era necesario atarlo con una nueva forma, invitando por conclusión al pueblo a constituirse.

      El señor doctor Mariano Echezuría pidió la palabra, y desde su asiento expuso: que no habiendo actualmente en la República un gobierno colectivo, o compuesto de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, puesto que las cámaras estaban en receso, y probablemente no se reunirían en el período constitucional, y que faltando por consiguiente el cuerpo a quien había de dirigirse la representación acordada en la reunión popular del 5 de octubre anterior; debían constituirse estos pueblos; añadió que en caso de que así lo declarase esta asamblea, adoptando el sistema federal, por el que se ha decidido la opinión pública, creía conveniente que los departamentos en que está dividida hoy la antigua Venezuela, formasen un solo estado, o dos cuando más.

      El señor Juan Francisco del Castillo dijo: que estando ya pronunciados por el sistema federal representativo se invitase a las demás provincias a seguir el mismo ejemplo, permaneciendo entretanto el excelentísimo señor general en jefe José A. Páez en el desempeño de las funciones de jefe civil y militar.

      El señor presidente de la corte, doctor Juan Martínez, anunció: que no se oponía a la federación, pero que para establecerla en la actualidad tocaba un inconveniente, cual era la necesidad que había de convocar para ello a los demás pueblos; concluyó expresando que su opinión era que continuase en el ejercicio de su autoridad su excelencia el jefe civil y militar, y que para constituirse Venezuela debía esperarse a que se reuniese la gran convención, con cuyo objeto se dirigiese la petición de que antes se ha hecho mérito al presidente Libertador, y no al gobierno residente en Bogotá.

   Manifestó el señor Echezuría su oposición al voto del señor Martínez, y ratificó el que antes había emitido.

   El señor Núñez Cáceres insistió en que el gobierno de la República estaba disuelto, corroborando su aserto con esta expresión del presidente Libertador: la República ha vuelto al estado de creación.

   El señor Martínez sostuvo su anterior opinión en orden a que Caracas sola no podía constituirse sin convocar a los otros pueblos que han proclamado el sistema federativo.

      El señor Pedro Machado, citando por ejemplo a los Estados Unidos de la América del Norte al celebrar su confederación, sentó que debíamos constituirnos, porque ni hay convención con arreglo al código constitucional, ni otro medio de subvenir a nuestras actuales necesidades; y que se invitase a los demás departamentos para formar un gobierno análogo a las circunstancias.

      El señor alcalde 2°, Jerónimo Pompa, opinó que debíamos proveer a nuestra felicidad, pues habiéndose separado varios departamentos del gobierno de Bogotá, Caracas no podía permanecer tranquila; que era necesario constituir un gobierno en Venezuela, y que después se invitaría a los demás pueblos para que se uniesen; que el mando que tiene su excelencia el jefe civil y militar no era un obstáculo para estas medidas, que creía debía tomar forzosamente Venezuela en uso de su soberanía.

      El señor licenciado Pablo Arroyo Pichardo: que cuando su excelencia el jefe civil y militar, ofreció estar con los pueblos, Venezuela no había llegado al estado en que hoy se encuentra; que el mismo Libertador había dicho que estamos disueltos, según acababa de oír; que en el concepto del opinante, no existía ya la constitución, pues la habían roto varios departamentos; que ella era también incompatible con las circunstancias, y que por consiguiente, era indispensable formar un gobierno y una constitución, y presentarla a los demás pueblos para que la adoptasen, si fuese de su agrado, y a la gran convención, cuando se reúna.

      Tomó en este estado la palabra su excelencia el jefe civil y militar para encarecer lo arduo y delicado del punto que se trataba, manifestando que al conferírsele el mando en 30 de abril último, había jurado sostener la libertad de los pueblos, y nunca oprimirlos; y que el día en que deponga su bastón ante la autoridad que se establezca, será el primero de sus glorias.

      El señor Lope Buroz: que siendo posible la reunión de la gran convención, y estando ella invocada por otros departamentos, no era regular que Caracas sola se separase de esta senda, y que, en su concepto, debía dirigirse la representación, de que fueron encargados los diputados municipales, al Libertador presidente, para que reúna la gran convención.

      El señor Machado sostuvo: que no había inconveniente para que constituyéndose el estado de Venezuela, se reuniese la convención; y que aunque el excelentísimo señor jefe civil y militar había sido encargado del mando de este departamento y del de Apure, su excelencia mismo acababa de asegurar que se gloriaría de abdicarlo.

   El señor Pompa: que no creía necesaria nueva invitación al presidente Libertador, puesto que por el acta de 16 de mayo próximo pasado se le suplicó viniese a reunir la gran convención.

      El señor Machado: que así como los Estados Unidos de la América del Norte formaron sus constituciones particulares y las presentaron después al gobierno de la Unión, así nosotros podemos constituirnos y presentar nuestra constitución al gobierno general de Colombia.

      El señor síndico: que la opinión estaba ya pronunciada en favor de los puntos a que se contraía su representación; que en una borrasca cada cual se salvaba como podía, sin esperar consejo de otro; que pues no había un gobierno nacional, Caracas debía abrazar las reformas capaces de salvarla, y que lejos de usurpar con esto los derechos de los otros pueblos, los invita por este medio a que se le reúnan.

      El señor Mendoza, en un largo discurso, trajo a la memoria varios sucesos de los ocurridos en los días anteriores, y señaladamente en el primero del mes que rige, en que manifestó que las circunstancias habían variado con respecto a las del 5 de octubre, motivo porque había invitado a los concurrentes a pensar con seriedad sobre el asunto; y contrayéndose a la entidad del negocio que se discutía, opinó que no podía decidirse sin ventilarse más detenidamente, precediendo una convocación especial de las municipalidades o cantones que no se hallaban presentes; que estaba de acuerdo con los preopinantes en cuanto a la sustancia, y sólo discordaba en el orden, o en el modo de llevarla a efecto; que cuando se reúna la gran convención, sea cual fuere la autoridad que la convoque, se le presenten los votos de estos pueblos acerca del sistema de federación que se han propuesto abrazar; y, por último, que se invite a los otros que puedan unirse para que remitan diputados, que tomando en consideración lo arduo de la materia, decidan sobre sus intereses.

      Su excelencia, el jefe civil y militar, expuso: que no podía menos que recordar que se prolongaba la época de nuestra felicidad; que desde el 30 de abril había jurado no obedecer al gobierno de Bogotá, y estaba resuelto a cumplir su juramento; que si el pueblo de Caracas lo estaba igualmente a tomar medidas para su constitución u organización, la autoridad que se le había confiado no debía presentar el menor obstáculo, pues que solo anhelaba por el momento de renunciarla; pero que si no se encontraba este pueblo con el poder y facultades suficientes para proporcionarse su felicidad, su excelencia convocaría las municipalidades para devolverles la autoridad de que le habían investido, y se iría a buscar la libertad donde quiera que la encontrase. Propuso luego a la asamblea que si la resolución de este pueblo era constituirse y sostener con su sangre su constitución, lo demostrase levantando la mano. Todos al momento lo hicieron así, entre aplausos y aclamaciones que denotaron una complacencia general.

   Terminado de este modo el debate, hizo el síndico procurador las proposiciones siguientes:

      " Primera. Que se consignen en esta acta los poderosos fundamentos que ha tenido Venezuela para promover su organización interior; que su excelencia, el jefe civil y militar, expida un decreto convocando las asambleas primarias para la elección de diputados, por cada una de las provincias que se hallan unidas en este movimiento, y de las demás que puedan unirse, con inclusión de las que forman los mismos departamentos divergentes, y procurando la celeridad posible en la convocación y elecciones, a fin de que la reunión del cuerpo constituyente se verifique el día primero del próximo diciembre, sin perjuicio de que si antes se hallasen reunidas las dos terceras partes de los diputados, se proceda a la instalación.

      "Segunda. Que se invite por esta asamblea a todos los pueblos de la antigua Venezuela, para que concurran con el número de representantes que les corresponde a formar la corporación que se encargará de redactar el reglamento provisional que debe servir para estos pueblos".

      Apoyadas estas proposiciones por varios de los concurrentes, y tomadas en consideración por la asamblea, resolvió: que para dar al cuerpo constituyente de Venezuela el mayor grado posible de popularidad y legitimidad en su representación, se recomiende a su excelencia el jefe civil y militar, libre por sí las órdenes convenientes para la reunión de los colegios electorales existentes, y que deben formarse donde no los haya, de las provincias que están bajo sus órdenes, en el modo y términos que estime oportunos, a fin de que arreglándose aquellos a la constitución y leyes vigentes en orden a las calidades y número de los representantes que debían formar el congreso de Colombia, elijan otros tantos para que concurran al lugar y en el día que se les designe por su excelencia; que igual invitación se haga a todas las provincias que están comprendidas en el territorio de la antigua Venezuela, para que si tuvieren a bien unirse bajo un mismo pacto a la nueva organización del Estado, envíen sus representantes, que serán recibidos como hermanos, aun después que se hayan principiado las sesiones. Hizo entonces el síndico su tercera proposición en estos términos: Venezuela, cualquiera que sea la situación política y rango que ocupe entre los estados de América, será siempre fiel a las obligaciones contraídas con las naciones o individuos extranjeros, por tratados diplomáticos, o por contratos pecuniarios, en la parte que proporcionalmente le quepa con los demás pueblos de Colombia. Apenas fue percibida esta proposición por el numerosísimo concurso, cuando sin necesidad de discusión ni examen, fue aprobada por aclamación general; testimonio que da Venezuela al universo entero de la fidelidad con que cumplirá siempre sus pactos y promesas, del respeto con que se somete a las leyes de los estados, y de la gratitud con que recuerda la generosidad de las naciones y hombres libres que han prestado auxilios a Colombia en sus conflictos.

      Pidió el señor Mendoza en este acto, que se explicase a qué gobierno quedaban sujetos estos pueblos entretanto se reunían los diputados, y se acordó por unanimidad que no se hiciese alteración alguna en cuanto al gobierno que rige y establecieron los mismos pueblos después del 30 de abril último, quedando en observancia la constitución y leyes de Colombia, en lo que no se opongan al objeto de las reformas a que se dirige la marcha actual. Se acordó también que el nuevo orden de cosas que se ha propuesto no impida que el Libertador presidente pueda convocar la gran convención de Colombia, a que concurrirá el Estado de Venezuela por medio de sus representantes.

      El síndico propuso: que de todo lo obrado en la materia de que ahora se ocupa esta corporación se forme un expediente que quedará archivado en la ilustre municipalidad, y fue aprobada la proposición, añadiéndose que para calificar en todo tiempo la autenticidad de aquellas actas, se rubriquen por el secretario de la misma municipalidad, que se halla presente, poniendo al fin de ellas la nota que acredite los folios de que se componen y la obligación en que se constituye de custodiarlas en el archivo de su cargo. Por último se dispuso, a petición del señor síndico, que esta acta se estampe en un libro que deberá permanecer a cargo del secretario de la ilustre municipalidad, para que lo manifieste a las personas que en su presencia quieran expresar su conformidad con lo acordado, por medio de sus firmas; con lo que se concluyeron los trabajos de esta asamblea.

   José A. Páez, C. Mendoza, Juan Martínez, Francisco Iga, Alvarado Serrano, Jerónimo Pompa, José de Iribarren, Pablo Arroyo Pichardo, Mariano de Echezuría, Juan Francisco del Castillo, Carlos Padrón, Eduardo Stuphord, Felipe Estévez, J. M. Delgado Correa, Cayetano Gabante, José Tomás Mais [sic], Mariano Salias [sic], José Pérez, José Espinosa, Pedro Machado, M. de la Plaza, capitán Francisco Solias, Antonio Cabrera, Francisco Ribas, Juan A. Lutasa, Manuel Echandía, José Julián Ponce, Martín Tobar, Antonio Díaz, J. M. Delgado, E. S. Molovuny, José A. Díaz, P. P. Díaz, Felipe P. de Paúl, José López, J. J. Hernández, J. Vicente Mercader, F. de Barrutia, J. Rafael Uncien, J. José Romero, Bartolomé Manrique, Francisco Díaz, José A. García Castillo, doctor José A. Anzola, doctor José de los Reyes Piñal, A. Cala, J. M. Lugo, J. Lindo, J. I. Rojas, Francisco Lugo, Miguel Rola, Felipe Velásquez, Francisco Arroyo, Antonio Reverán, J. Ciriaco de Iriarte, José Juan Arias, J. Francisco Machado, Francisco Núñez y J. M. de Rojas.

FUENTE EDITORIAL:
Gaceta de Colombia. N° 272, Bogotá. 1826 (31/12). p. 3 - 4.

13
ACTA DE PUERTO CABELLO

      En la ciudad de Puerto Cabello, a 21 de noviembre del año de 1826, 16° de la independencia, reunidos en la iglesia parroquial la ilustre municipalidad presidida por el señor jefe político municipal, Francisco de Roo, venerable cura y vicario, un numeroso concurso compuesto de padres de familia, personas notables y casi todos los habitantes, sin excepción de profesiones, ciudadanos y extranjeros, en virtud de la invitación hecha por aquella corporación por medio de un bando, a consecuencia de un oficio del señor capitán de navio Sebastián Bogüier, como comandante de armas, en que bosquejaba el pronunciamiento de la guarnición de esta plaza al amanecer de este propio día, a cuya hora no se oyó otro eco que el no interrumpido de viva el Libertador, padre de la patria, Simón Bolívar, para que el pueblo francamente y con cuantas garantías fuesen apetecibles, lo aprobase o contradijese.

      El señor presidente abrió la sesión, en cuyo acto se estimó oportuna y aun necesaria la presencia del señor comandante del batallón Granaderos para que hiciese una explanación de cuáles eran los términos del pronunciamiento, cuáles sus causales y cuáles las razones de justicia que estimularon a la enunciada guarnición a adoptar esta medida, igualmente que la del señor comandante militar de esta plaza al propio fin; y nombrada una comisión compuesta de dos señores municipales, se presentaron en la asamblea el señor coronel Sebastián Bogüier, proclamado comandante de armas, y el teniente coronel graduado Simón García, que obtiene la comandancia del batallón Granaderos por ausencia del propietario, teniente coronel señor Pedro Celis. Hechas las preguntas que quedan indicadas, el último tomó la palabra y expuso: que hace algunos días que la mayoría de la guarnición, observando la senda tortuosa en la que actualmente se encuentra la causa de las reformas, desviada del todo de la que se nos ofreció seguiría, había desplegado su celo patrio, y recordádole el más augusto de sus deberes, que era libertar al pueblo de la opresión; que cuando contrajeron sus nuevos comprometimientos se les hizo entender que nada se innovaría hasta la venida de su excelencia el Libertador presidente, nuestro único mediador; y que las últimas resoluciones de las asambleas reunidas en las capitales de las provincias de Caracas y Carabobo, obras exclusivas no sólo de la seducción sino del temor, habían contradicho aquellas protestas y ofrecimientos; que habían descorrido el velo que nos hacía creer que la buena fe nos animaba en grado igual en la causa de las reformas; y, por último, que impelidos de estas razones, habían deliberado pronunciarse para que el pueblo igualmente lo hiciese con libertad, protestando que, penetrados como están de las ventajas y de la necesidad de reformas, esperaban acanzarlas por la mediación del general Bolívar, como al principio nos propusimos, siendo él el depositario de la confianza de los colombianos, y el más infatigable por la dicha y felicidad de la patria que formó, proclamando al señor coronel Sebastián Bogüier por comandante de armas, por la probable presunción de que el señor coronel Cala se opondría a tan justas miras. El señor Sebastián Bogüier tomó sucesivamente la palabra y manifestó que, habiéndosele hecho la narración que acababa de oír esta asamblea, y coincidiendo por su parte con los deseos de la guarnición, por presentársele como los de la mayoría de la República, había aceptado gustoso y con sentimientos de gratitud el encargo de que se le había investido, él que ofreció desempeñar, no perdonando desvelo alguno por conservar esta plaza hasta la resolución del Libertador. Con una moderación envidiable, y con un placer que no podía ocultarse en los rostros de todos, el pueblo aprobó, aplaudió y se unió al pronunciamiento de la guarnición. Varios ciudadanos tomaron sucesivamente la palabra, y todos los discursos no tuvieron otro objeto que convencer la necesidad de esta medida. Tan animados como ellos fueron, no dejó de recordarse con dolor la nulidad a que los pueblos estaban reducidos, y la dificultad que diariamente crecía de adquirir legalmente las reformas, objeto, sin duda, de ansia para los venezolanos, y aun para la República entera; que mayor era el dolor cuando observaban que su excelencia el general en jefe, benemérito José A. Páez, se desvelase en consultar la voluntad de los pueblos para protejerla, y sus garantías eran ilusorias por el influjo de algunos que, o sedientos de venganza, o por otras miras subalternas, obraban directamente contra ellas, llegando al extremo de presentarnos al autor de nuestro ser político como un objeto odioso; que violadas las promesas, se nos devolvieron también nuestros comprometimientos; que ningún temor debía asistirnos cuando un pueblo se había pronunciado con tanta libertad y con tanto entusiasmo. Un pueblo tan importante como el de Puerto Cabello; y un pueblo que, además de las garantías que le promete su respetable e imponente posición, y el valor de los bravos que le sostienen, cuenta también con la imposibilidad de que su excelencia el benemérito general en jefe José Antonio Páez desmienta o contradiga sus ofertas; cuando por otra parte su prudencia y otras cualidades inestimables que le adornan, y le han hecho acreedor a nuestra gratitud y amor, viéndole, como le hemos visto, identificado con los pueblos y que se ha propuesto por modelo al gran Bolívar, preservándolos de los horrores de la guerra civil, no haciéndonos conocer el enorme peso de su autoridad sino para nuestro bien, y para contener a algunos cuya conducta ha merecido un justo enojo; y, sobre todo, que la mayoría de la República presenta a Bolívar como la tabla de salvación y como el propósito para mediador, unánimemente acordó la asamblea que, sin desistir de la causa de las reformas que hemos iniciado (y cuya necesidad es inútil recordar), se ratifique la elección que hemos hecho de su excelencia el Libertador general en jefe Simón Bolívar por nuestro mediador; y que no encontrándose este con facultades bastantes para la reunión de la gran convención que ha de fijar los destinos de la patria, debiendo esta emanar de las circunstancias actuales de la voluntad de los pueblos, se le autorice lo necesario, y solamente para este objeto; a cuyo efecto se nombrará un comisionado cerca de su persona; que se aprueba la conducta del batallón Granaderos como loable y digna de aprecio; que sin pérdida de momento se dirija otro comisionado cerca de su excelencia, el general en jefe José Antonio Páez, para que con testimonio del acta que se extienda, pueda instruirle de los términos del pronunciamiento, sus causales y las razones que nos sirven de fundamento para lisonjearnos; que recordando sus compromisos y el respeto que merece un pueblo pronunciado con libertad, y resuelto a velar sobre su suerte, no habrá por su parte la más lisonjera oposición; y procediéndose al nombramiento de este individuo, resultó elegido el señor alcalde 2° municipal, Manuel Olavarría. Ultimamente se acordó que esta acta fuese revisada por varias personas que se enumeraron, la que deberá suscribirse por la ilustre municipalidad y su secretario.

Francisco de Roo, José Sánchez de Agreda, Manuel Olavarría, José María Pérez, Fernando Páez, A. Julián, Justo Flórez, Manuel Garabán, Miguel Herrera, José Leandro Mombrún, Juan Antonio Pérez, secretario.

FUENTE EDITORIAL:
Gaceta de Colombia, N° 272 (Suplemento). Bogotá. 1826 (31/12). p. 5 - 6.

14
EL LIBERTADOR SOMETE A SUS ORDENES UNOS DEPARTAMENTOS DE VENEZUELA Y PROMETE LA GRAN CONVENCION

Simón Bolívar, Libertador presidente de Colombia, etc.

Considerando:

   1°. Que he sido nombrado por el pueblo de Colombia presidente de la República;

   2°. Que el senado me ha llamado para prestar juramento como tal presidente;

   3°. Que todos los partidos me han invocado para que viniera a transigir sus diferencias; y

   4°. Que la guerra civil despedaza actualmente a Maturín y Venezuela,

Decreto:

   Artículo 1°. Los departamentos de Maturín, Venezuela, Orinoco y Zulia, quedan desde este día bajo mis órdenes inmediatas.

   Artículo 2°. Cuantos reclamos tuvieren que hacer los cantones, provincias y departamentos, los dirigirán directamente a mi secretaría general.

   Artículo 3°. Desde el momento en que las autoridades competentes reciban este decreto, dejarán de obedecer a toda autoridad suprema que no sea la mía.

   Artículo 4°. Cesarán inmediatamente las hostilidades entre los partidos contendientes.

   Artículo 5°. Luego que llegue a la capital de Caracas convocaré a los colegios electorales, para que declaren cuándo, dónde y en qué términos quieran celebrar la gran convención nacional.

   Artículo 6°. Mi secretaría general queda encargada de la ejecución de este decreto.

   Dado en mi cuartel general libertador en Maracaibo a 19 de diciembre de 1826 16° de la independencia.

Simón Bolívar.

   Por el Libertador presidente, el secretario de estado y general de su excelencia,

J. R. Revenga.

FUENTE EDITORIAL:
Gaceta de Colombia. N°. 275, Bogotá. 1827 (21/1), p. 1.

15
JOSE ANTONIO PAEZ ACATA LA AUTORIDAD DEL LIBERTADOR Y SUSPENDE LA CONVENCION DE VENEZUELA

República de Colombia. José Antonio Páez, jefe superior de Venezuela, etc.

      Habiendo ofrecido a los pueblos de Venezuela, en mi proclama del 15 de diciembre último, que garantizaba con mi vida, honor y propia sangre que su excelencia el Libertador presidente de la República se acercaba a nosotros con los brazos abiertos para estrecharnos en su corazón; que venía a traernos la paz y restablecer la confianza, serenando con su autoridad, influjo y poder nuestras disensiones domésticas, y dar a la obra de las reformas la perfección más conveniente a nuestra dicha y bienestar futuros; y por cuanto a las doce de la noche del día de ayer he recibido el decreto de primero del corriente, dado por su excelencia en su cuartel general libertador de Puerto Cabello, vengo en decretar y decreto: 1°, publíquese por bando con la debida pompa y solemnidad el expresado decreto, que a la letra es como sigue: (aquí el decreto anterior). 2°, desde este momento queda reconocida y será obedecida en toda su extensión la autoridad de su excelencia el Libertador en calidad de presidente de la República; y el decreto anterior será cumplido en todas sus partes; 3°, debiendo su excelencia el Libertador presidente, en conformidad de su decreto de 19 del próximo pasado [dado] en Maracaibo, convocar, en la ciudad de Caracas, la gran convención nacional que se ocupará de las reformas reclamadas por los pueblos para decidir de la suerte de la República, quedará sin efecto mi decreto expedido en 13 de diciembre último para la reunión de la representación de Venezuela en esta ciudad de Valencia, porque aquella debe concurrir a la gran convención en el tiempo y lugar que fuere convocada; 4°, habiendo decretado el congreso constitucional los honores del triunfo para cuando su excelencia regresase del Perú al seno de la patria, y siendo además un deber dulce y sagrado para Venezuela tributar este homenaje al hijo más ilustre de su amor, los pueblos de su tránsito deberán prepararse a recibirlo con la pompa majestuosa correspondiente a una ceremonia inventada por la antigüedad en demostración de la gratitud nacional justamente debida a los héroes bienhechores del linaje humano y fundadores de la libertad; 5°, imprímase y circúlese el presente decreto por secretaría a todas las autoridades civiles y militares, para que en su puntual observancia y ejecución lo hagan publicar por bando en todos los cantones, pueblos y lugares de sus respectivas provincias.

   Dado en el cuartel general de Valencia a 2 de enero de 1827 17°.

José Antonio Páez,

José Núñez Cáceres,

Secretario general.

FUENTE EDITORIAL:
Gaceta de Colombia, N° 275 (Extraordinaria), Bogotá. 1827 (25/1), p. 7.

16
GUAYAQUIL APOYA LA GRAN CONVENCION

      Léese en el Suplemento a El Patriota de Guayaquil, número 7°, del 3 de febrero último, con ocasión de insertar la proclama del Libertador expedida en Maracaibo, el período siguiente: "La convención está ya ofrecida por el Libertador; la gran convención se forma, y el sur, el centro y el norte deben componer los tres estados colombianos que, confederados al Perú y Bolivia, van a estrechar el lazo sagrado que detenga con una mano la santa alianza, y con la otra sostenga la igualdad legal y la verdadera libertad".

   LO VEREMOS; lo veremos.

FUENTE EDITORIAL:
Gaceta de Colombia. N° 287, Bogotá. 1827 (15/4), p. 4.

17
INDICACIONES PARA EL BIEN PUBLICO

      El Conductor se ocupa de indicar algunas reformas, y tendremos el gusto de examinarlas. Ahora nos ocurren las siguientes indicaciones: puesto que su excelencia el Libertador presidente está restableciendo el imperio de las leyes en los cuatro departamentos del norte, y que aun ha mandado cumplir varias providencias expedidas por el poder ejecutivo, creemos que debiera su excelencia (antes que se reuniera el congreso) declarar que aquellos departamentos tenían que seguir dependientes absoluta y plenamente de la alta corte de justicia en los negocios de su resorte, de la dirección del crédito público, de la comisión de liquidación, de la de repartimiento de bienes nacionales, y de otras oficinas generales, que por su naturaleza residen cerca del gobierno supremo. Sin esta dependencia la administración de justicia padece un gran trastorno, lo padecen mayor el crédito público y la administración general. Su excelencia el Libertador, hasta ahora ha participado al gobierno cuantas providencias dicta en aquel territorio en calidad de provisorias, y el gobierno le pasa todos los actos generales que comprenden a Colombia.

      Del modo que indicamos se irán poco a poco reintegrando las partes dislocadas, y restableciendo la unidad sobre la que estriba nuestro sistema político. Colombia recuperará su crédito nacional, las pasiones empezarán a callar delante del bien común.

      Si la convención ha de venir por medios legítimos y competentes de modo que jamás pueda ningún pueblo ni perturbador alguno alegar nulidad para trastornar lo que ella sancione, es menester que encuentre a Colombia en el mismo pie en que estaba antes de los pasados disturbios, porque sólo así se satisface a la justicia y a la razón, sólo así tendrá el pueblo colombiano bastante confianza, y así sólo la Europa y la América nos respetarán y nos tendrán por dignos de la independencia y de la libertad.

FUENTE EDITORIAL:
Gaceta de Colombia. N° 288, Bogotá. 1827 (22/4). p. 2.

18
MENSAJE DEL VICEPRESIDENTE DE COLOMBIA, ENCARGADO DEL GOBIERNO, AL CONGRESO DE 1827 17°.

Conciudadanos del senado y cámara de representantes:

      (... ) En Maracaibo, una reunión popular, que no está permitida por ley alguna, pidió la convocatoria de la gran convención antes del período prefijado en el artículo 191 de nuestro código y adhirieron a este acto otras municipalidades de la provincia; en Guayaquil, Quito y Cuenca las juntas deliberaron en el mismo sentido; pero a pocos días estas mismas juntas populares proclamaron la dictadura y el código boliviano, despedazando por este medio nuestra constitución; Cartagena, Panamá, y de nuevo Maracaibo, reunieron sus asambleas populares y manifestaron la necesidad de que el Libertador presidente se invistiese de cuantas facultades ilimitadas fuesen necesarias; Cumaná y Barcelona también solicitaron por medio de reuniones semejantes la aceleración de la convención nacional, y así quedó concluido el cuadro de escándalos, desaciertos e infracciones de ley que había empezado a trazarse en Valencia. Y todo esto pasaba a tiempo en que los españoles visitaban nuestras costas del Atlántico con una escuadra considerable; cuando en Madrid se esforzaban las potencias amigas en reducir al gobierno español a conceder la paz a la América; cuando el crédito público estaba amenazado de la más completa ruina; cuando hasta la tierra se había sacudido para afligir a los pueblos del interior. Yo dejo a vuestra penetración el considerar cuál habrá sido en este conflicto el pesar del ejecutivo al verse envuelto en dificultades de tanta gravedad y rodeado de obstáculos para conservar el orden interno de la República bajo la égida de la constitución.

      Por fortuna, la causa de la libertad y de las leyes no era abandonada en las provincias disidentes, ni en las mismas ciudades que habían hecho proclamaciones ilegales, y el poder ejecutivo encontró apoyo donde quiera que existía un colombiano juicioso y verdaderamente patriota. ¿Con qué palabras, señores, podré aplaudir la fidelidad, firmeza y adhesión a las leyes políticas de los pueblos y autoridades de las provincias de Bogotá, Antioquia, Neiva. Mariquita, Tunja, Socorro, Pamplona, Casanare, Guayana. Mompós, Mérida, Popayán, Buenaventura, Pasto, Chocó y Barinas? ¿Ni la ejemplar conducta del general Bermúdez, la prudencia de los generales Urdaneta y Guerrero y de otros jefes ilustres, honor del ejército libertador de Colombia? No es el poder ejecutivo quien puede calificar todo el mérito que aquellas provincias y sus autoridades civiles y militares han contraído para con la patria. La historia y la posteridad les harán justicia, y entretanto me toca recomendarlas a los representantes de la nación con el más vivo encarecimiento.

      En medio de este diluvio de calamidades en el cual la fidelidad de las mencionadas provincias salvaba el arca de nuestros derechos, apareció el iris de salud, el Libertador presidente de la República, por cuya presencia clamábamos todos, inocentes y culpables, justos e injustos. El Libertador pisó las playas de Guayaquil el 12 de septiembre y en su tránsito para esta capital mandó restablecer el régimen legal alterado en los departamentos del sur, despreciando con un horror digno del primer ciudadano de Colombia la dictadura que sin poderes ni derechos le habían conferido las juntas populares. El 14 de noviembre entró en esta ciudad y partió para Venezuela el 25, dejando diferentes arreglos económicos expedidos en los dos únicos días, que quiso ejercer el gobierno, y el decreto de 23 de noviembre, que me atreveré a llamar inmortal, porque habiendo declarado que entraba en el ejercicio de las facultades extraordinarias, que para casos como el presente le permite el artículo 128 de la constitución, que deseaba conservar nuestro código político hasta que la nación, por medios legítimos lo reformase, y que las leyes debían quedar en su antiguo vigor en todo lo que no requiriese el ejercicio de aquellas facultades, pienso que se salvó el honor nacional y la gloria del general Bolívar.

      Permitidme que no entre a examinar las causas de la conmoción de Venezuela y de los demás desórdenes políticos que nos han aquejado. Sus agentes han enumerado diversas, y no han omitido atribuirme una gran parte en ellas. Vosotros que reunís a un recto y sano juicio el conocimiento de los bienes o males que experimentan nuestros comitentes, podéis hacer el correspondiente examen y aplicar un remedio capaz no sólo de curar la dolencia que actualmente padece el cuerpo político, sino de precaverlo de nuevos accesos. Yo, coadyuvando a las miras del Libertador presidente, me atrevo a pedir a los representantes de Colombia por el bien público tres cosas: que el congreso no se equivoque en apreciar como voluntad general libremente expresada la voluntad de algunos descontentos o de hombres que han cedido al temor; que use de benignidad e indulgencia con los que se hubieren extraviado, y que dicte leyes claras, terminantes y justas que impidan en lo futuro otros acontecimientos tan funestos como los actuales. Para mí pido, y lo hago con el mismo interés con que imploraría mi propia vida, que el congreso tome en consideración las acusaciones que los disidentes han presentado contra el poder ejecutivo, las examine con imparcialidad, y haga recaer sobre mí todo rigor de la ley por mis faltas voluntarias en que la malicia y perversidad hayan tenido parte; no pido ni quiero indulgencia. El congreso, disimulando los pecados políticos del que ha ejercido la primera magistratura de la nación, es tan culpable como los que han hollado el pacto social (... )

Francisco de Paula Santander.

Bogotá, 2 de enero de 1827 17°.6

FUENTE EDITORIAL:
Gaceta de Colombia. N° 292 (Suplemento). Bogotá. 1827 (20/5). p. 5-8.

19
SE PUBLICA EL CONDUCTOR

CONGRESO

      Han empezado a publicarse en El Conductor para conocimiento de la nación los índices de las comunicaciones, expedientes, consultas y peticiones que el poder ejecutivo ha pasado a ambas cámaras legislativas en la presente sesión, por pertenecer a las atribuciones del congreso.

      Tenemos seguras y positivas noticias de que en las tres semanas anteriores se ha ocupado el senado de discutir diferentes proyectos de ley que le han sido presentados sobre la importante cuestión de consultar la opinión nacional para indagar si hay necesidad de reformas fundamentales, de anticipar la gran convención, o de esperar al año de 1831.

FUENTE EDITORIAL:
Gaceta de Colombia, N° 298. Bogotá. 1827 (l°/7), p. 1.

20
OPOSICION A LAS REFORMAS

      Por más que los periódicos del partido sostenedor de las reformas fundamentales para antes de la época prefijada en la constitución digan, publiquen y griten, que la mayoría de la República se ha pronunciado por las reformas, que nueve departamentos las han solicitado, y que la nación las pide, los sostenedores de las instituciones no estamos convencidos de ello, y mientras que no lo estemos, es imposible que reconozcamos por principio cierto lo que realmente es una positiva falsedad. Expliquémonos, pues, para que nos entendamos, y entendámonos sin pelear ni insultarnos. Desafiamos a los que piden o sostienen la causa de las reformas por medio de la anticipación de la gran convención, bien sean escritores públicos, o solo conversadores, bien miembros del congreso o militares, o simples ciudadanos, a que nos prueben y demuestren las siguientes proposiciones:

   1a. Que una mayoría numérica y de calidad ha solicitado que se hagan reformas constitucionales antes del período fijado en la constitución.

   2a. Que los nueve departamentos de que hacen tanto mérito hayan efectivamente pedido dichas reformas interviniendo todas las provincias y lugares notables de ellos y los ciudadanos de respetabilidad.

   3a. Que las ciudades y villas de esos nueve departamentos que han solicitado reformas han obrado libre y voluntariamente sin que hubiese intervenido fuerza, engaño, sugestiones, falsas ideas, etc.

   4a. En fin, que el modo de haberse expresado el pueblo de dichos lugares ha sido legal, y oportuno el tiempo de verificarlo.

      Si las cuatro proposiciones anteriores fueren demostradas, prometemos adherir a la causa de las reformas, y abjurar como errores todas las doctrinas con que hemos sostenido las instituciones vigentes y su inviolabilidad. Por nuestra parte, y teniendo a la vista las actas de toda la República en que alternativamente se ha pedido el sostenimiento de la constitución y su reforma, haremos las correspondientes observaciones.

FUENTE EDITORIAL:
Gaceta de Colombia, N° 299, Bogotá. 1827 (8/7), p. 3 - 4.

21
PROCLAMA DEL LIBERTADOR

Simón Bolívar Libertador presidente, etc.

      Venezolanos: vuestros sufrimientos me llamaron a Colombia para emplear mis servicios en restablecer el orden y la unión entre vosotros. Mi más grato deber era consagrarme al país de mi nacimiento; por destruir a vuestros enemigos he marchado hasta las más distantes provincias de la América; todas mis acciones han sido dirigidas por la libertad y la gloria de Venezuela, de Caracas. Esta preferencia era justa y por lo mismo debo publicarla. He servido a Colombia y a la América porque vuestra suerte estaba ligada a la del resto del hemisferio de Colón.

      No penséis que me aparto de vosotros con miras ambiciosas. Yo no voy a otros departamentos de la República por aumentar la extensión de mi mando, sino por impedir que la guerra civil que los destruye se extienda hasta vosotros. Tampoco quiero la presidencia de Colombia, tan envidiada por otros colombianos. Yo os prometo que luego que la gran convención sea convocada y ejerza su benéfico dominio sobre vuestra felicidad, me veréis siempre en el suelo de mis padres, de mis hermanos, de mis amigos, ayudándoos a aliviar las calamidades públicas que hemos sufrido por la guerra y la revolución.

   ¡Caraqueños! Nacido ciudadano de Caracas, mi mayor ambición será conservar este precioso título; una vida privada entre vosotros será mi delicia, mi gloria y la venganza que espero tomar de mis enemigos.

Bolívar.

Cuartel general libertador. Caracas, julio 4 de 1827 17°.


FUENTE EDITORIAL:
Gaceta de Colombia. N° 306, Bogotá. 1827 (26/8), P. 4

22
PROYECTO DE LEY QUE CONVOCA A LA GRAN CONVENCION. OBJECIONES DE SANTANDER.

      Esta importante cuestión fue resuelta en el congreso en el modo y términos que aparece del proyecto de ley que publicamos y que devolvió el ejecutivo a la cámara de su origen con las observaciones, que también se publican. La nación juzgará imparcial y tranquilamente estos documentos.

Oficio con que se acompañó el proyecto

   República de Colombia, cámara del senado. Bogotá, 25 de julio de 1827 17°. Al excelentísimo señor vicepresidente de la República, encargado del poder ejecutivo.

      Excelentísimo señor: Tengo la honra de dirigir a manos de vuestra excelencia un proyecto de decreto acordado por el senado y cámara de representantes, interpretando el artículo 191 de la constitución y convocando la gran convención nacional. Ha sido discutido por el senado en los días 13, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29 y 30 de junio último; 17, 18 y 23 del corriente; y por la cámara de representantes en 11, 13, 16 y 19 del presente julio.

      Al acordar el congreso esta medida, previa la más detenida consideración de todos los antecedentes que se han sometido a su examen relativos a la situación de la República, no tiene otra mira que la de consultar la opinión nacional, según lo había ofrecido en el decreto de 20 de junio último, y que si esta se pronuncia por la urgente necesidad de la reforma de las instituciones actuales, se proceda a verificarse en cuanto sea necesaria para asegurar la felicidad, prosperidad y estabilidad de la República de Colombia. Pero al mismo tiempo juzga el congreso que en todo caso deben respetarse por la convención las disposiciones contenidas en las secciones 1a del título 1°, y 2a del título 2°. de la constitución; y desde ahora por sí y a nombre del pueblo cuya representación ejerce, y que por medio de sus diputados en el congreso general de 1821 se impuso las leyes allí contenidas, como condiciones perpetuas e irrevocables de su pacto social, declara y protesta solemnemente que será contra sus deseos e intenciones cualquier acto por el cual se destruyan o alteren las bases que contienen las secciones precitadas.

   Y para hacer más notoria esta declaración, se servirá vuestra excelencia disponer que la presente comunicación se imprima juntamente con el decreto que acompaño cuando llegue el caso de publicarlo.

   Dios guarde a vuestra excelencia.

Jerónimo Torres.

PROYECTO DE LEY

   El senado y cámara de representantes de la República de Colombia reunidos en congreso,

Considerando:

      . Que cuando el congreso constituyente dispuso en el artículo 191 de la constitución que después de una práctica de diez o más años se convocase por el congreso una gran convención de Colombia autorizada para examinarla o reformarla en su totalidad, no hizo otra cosa que indicar el período que en su concepto era necesario para descubrir sus inconvenientes o ventajas.

      . Que por la afluencia y precipitación de los acontecimientos políticos que han tenido lugar en la República, pueden haberse obtenido ya las lecciones de aquella experiencia que el congreso constituyente esperaba del transcurso de diez años, puesto que la opinión pública se ha dividido sobre la conveniencia de las actuales instituciones, se han emitido votos por su reforma, se han manifestado grandes agitaciones con síntomas de disociación y perturbación del orden público, el imperio de las leyes y la acción del gobierno han sufrido mengua en la fuerza necesaria para restablecerlo y consolidarlo; y por resultado de todo aquello la marcha de la constitución y de la administración pública padece retardos y aun detención que reclaman con urgencia la atención del congreso.

      . Que en estas circunstancias no es de presumirse que la intención del congreso constituyente fuese el que se dejase acumular males sobre males y estos se agravasen tal vez hasta poner en peligro el orden público, la libertad, la integridad, unión y tranquilidad de la República, por el solo objeto de completar la experiencia de un decenio; usando de la facultad que les concede el artículo 189 de la constitución, han venido en decretar y

Decretan:

   Artículo 1°. El congreso puede convocar la gran convención de Colombia para antes del año de 1831.

      Artículo 2°. En consecuencia la convoca, para que reuniéndose en la ciudad de Ocaña el día 2 de marzo del año de 1828, y declarando ella misma previamente si hay urgente necesidad de examinar la constitución, o reformarla, proceda a verificarlo.

   Artículo 3°. Por decreto separado determinará el congreso el número de diputados que debe nombrar cada provincia y el modo y forma de las elecciones.

Dado en Bogotá, a 25 de julio de 1827 17°.

El vicepresidente del senado,

Jerónimo Torres.

El vicepresidente de la cámara de representantes,

Mariano de Talavera.

El secretario del senado,

Luis Vargas Tejada.

El diputado secretario de la cámara de representantes,

Manuel Bernardo Alvarez.

Bogotá, 27 de julio de 1827 17°. Objétese.

Francisco de Paula Santander.

El secretario de Estado del interior,

José Manuel Restrepo.


Observaciones presentadas por el poder ejecutivo encargado al vicepresidente de la República.

Francisco de Paula Santander, etc. Palacio de gobierno. En Bogotá, a 28 de julio de 1827. Al señor presidente del senado.

   Excelentísimo señor:

      El encargado del ejecutivo de Colombia ha examinado en el consejo de gobierno y con toda la meditación de que es capaz el proyecto de ley en que el congreso convoca la gran convención de que habla el artículo 191 de nuestro código político para el día 2 de marzo de 1828, en virtud de las razones consignadas en los tres parágrafos de su parte motiva. Pocas cuestiones o casi ninguna se ha presentado a la consideración del gobierno de la República de una naturaleza tan grave y de tantas consecuencias como la presente, y por lo mismo, en ninguna me he visto tan acosado de dudas y del temor de una enorme responsabilidad. Si como magistrado supremo de la nación no tuviera deberes que llenar, y si no hubiera prometido solemnemente por dos veces ante los representantes del pueblo llenarlos fiel y exactamente hasta donde lo permitan las fuerzas del hombre, serían menores mis angustias en el momento en que debo usar de la facultad de sancionar las leyes que me concede el artículo 46 para darles la fuerza y vigor correspondientes en la obediencia del pueblo. Emitiría sin temor mis opiniones privadas y confesaría que el estado actual de nuestra patria por circunstancias harto sensibles, y que nos importa no denunciar ante el mundo culto, demanda de cualquier modo y en cualquier tiempo la reunión de los colombianos en una asamblea reorganizadora, que haga en el sistema político las variaciones que estime convenientes. Pero, ligado el ejecutivo con vínculos sagrados, que no le es lícito romper, encargado de mantener el exacto cumplimiento de las leyes que ha dictado el pueblo soberano, colocado al frente de una República que la ha considerado el mundo social a la vanguardia de la revolución americana, observado cuidadosamente por la América y por la Europa, cuyos juicios son tan temibles; y forzado a asegurar desde ahora el bien y la dicha de las generaciones venideras, el vicepresidente de Colombia ni puede, ni debe desentenderse de presentar al congreso las observaciones que con respecto al mencionado proyecto de ley le dictan sus deberes, su responsabilidad moral, su patriotismo, y el deseo de que Colombia disfrute de un sistema estable y permanente. Sin la presunción de que mi voz pueda cambiar la opinión, que ya tiene manifestada el congreso después de las discusiones en que se han reunido las luces, la experiencia y el amor a la patria, confío en que este papel será ahora y en todo tiempo el documento en que el pueblo colombiano y su generación, los pueblos de América y de Europa lean la opinión del que suscribe en calidad de encargado del gobierno, así en el punto grave de proveer a la reforma de nuestras leyes constitucionales, como en el modo de verificarlo.

      Dos puntos son los principales sobre que, a mi ver, rueda la presente cuestión. El 1° saber si el congreso, lisa y llanamente, puede anticipar la reunión de la gran convención antes del transcurso de los diez años que prefijó el artículo 191 de la constitución. El 2°, si puede anticipar este período, previa la aclaración o interpretación del mencionado artículo, en virtud del poder que para casos de duda le franquea el 189 de la misma constitución. Mi respuesta en el primer caso es absolutamente negativa. Al dar esta opinión, parto del principio de que los poderes constitucionales son limitados, y de que ninguno tiene más necesidad de reducirse a límites precisos que el cuerpo legislativo. Esta es la enseñanza que de los principios políticos han hecho todos los escritores de más celebridad, sancionada así por la práctica de los cuerpos representativos, como por la conducta de los ilustres personajes que han presidido los destinos de naciones liberalmente organizadas. Desde que un cuerpo legislativo, que debe su origen y su poder a la constitución del Estado, traspasa los límites que ella le ha prescrito, sus resoluciones no tienen fuerza de ley y pueden desobedecerse legítimamente. Por tanto, no pudiendo el congreso convertir los seis años transcurridos en diez ni dispensarse de los mandatos expresos de la constitución, el artículo 191 no puede infringirse anticipando el período de la gran convención.

      En el 2° punto de la cuestión, mi respuesta es afirmativa, es decir, previa la interpretación del artículo 191 puede el congreso anticipar la reunión de la convención, si al interpretarlo se franquea este poder. Pero de aquí emana la pregunta fundamental sobre que estriban mis observaciones. ¿Es arbitraria en el congreso esta interpretación, o debe deducirse de fundamentos y razones tan poderosas, que no dejen otro arbitrio para proceder? Claro es que no puede ser arbitraria, o lo que es lo mismo, no debe presentarse el procedimiento del congreso desnudo de razones convincentes, porque si la misma soberanía nacional está limitada por la justicia y la pública utilidad, ¿cómo no lo estará el poder de los delegados de esa misma soberanía? El ejecutivo cree que, fundándose el proceder del congreso en orden a la aclaración del artículo 191 en motivos legítimos, incuestionables y que provean al bien nacional, la ley no será eludida por injusta infundada o inconstitucional, la gran convención tendrá un origen legal y lo que ella reformare o aprobare será recibido como obra de la justicia y de la legitimidad de los principios sociales.

      Debo pues entrar a examinar los motivos y fundamentos que obliguen al congreso y al ejecutivo a expedir la ley, que removiendo por interpretación las dificultades que presenta el artículo 191 para la reunión de la convención, la facilite, a contento general, y sin mengua del honor colombiano. La solución de esta cuestión no interesa sólo a Colombia; interesa también al orden social, a la estabilidad de las leyes y de los gobiernos, porque ella va a consagrar o proscribir la injerencia de la fuerza armada en los cambios políticos. ¡No permita Dios que el ejecutivo de Colombia contribuya jamás a consagrarla!

      Las agitaciones en que ha estado envuelta la República de un año a esta parte, los partidos que la han disociado, la mengua que ha sufrido la constitución en su fuerza moral, el entorpecimiento de la acción de las leyes y del gobierno, los votos que se han emitido en favor de las reformas, y los síntomas de disociación que se han apercibido (advertido], todo es obra de la insubordinación, de la violencia y de asonadas de la milicia. El primer grito por reformas se dio en Valencia, y los actos que le precedieron son ya demasiado notorios para que vuelva a repetirlos; los pueblos de los cantones de Venezuela correspondieron al llamamiento, menos por deliberaciones de espontánea voluntad que por temor a la fuerza, que había expresado sostener los escándalos de Valencia. La fuerza armada fue la que sometió al pueblo de Apure y la que intimidó a los pueblos del Istmo, Cartagena, Guayaquil y Ecuador. Los apóstoles de las reformas en Valencia fueron los mismos que ya habían cometido el atentado de sacudir la obediencia debida al senado, al gobierno ejecutivo y a las leyes; ellos abrazaron el partido de acogerse a la inmunidad de pedir reformas, porque así creyeron cohonestar su levantamiento y disminuir la gravedad de su falta, a la manera que un homicida o un salteador cree ser absuelto de su delito con refugiarse en una iglesia que goza del privilegio del asilo. Yo recuerdo en esta parte, y pido que se examine nuevamente el mensaje del ejecutivo de 26 de mayo en que presenté al congreso la opinión del gobierno sobre el modo de reconciliar a los colombianos en la presente crisis. Examínese también el catálogo de las actas populares en que se han emitido votos por reformas, y sin olvidar las causas exteriores, que influyeron en ellas, y la reciente manifestación que han hecho las principales autoridades del departamento del Istmo contra la violencia con que les arrancaron las actas de 13 de septiembre y 14 de octubre, dedúzcase, en consecuencia, que ni la mayoría de los departamentos, ni la mayoría numérica de los colombianos, han pedido la gran convención. Por el contrario, ellas han mostrado adhesión a las presentes instituciones sacrificando sus deseos de mejorarlas, y multiplicar las garantías sociales a las fórmulas y tiempo prefijados en la constitución. Si los colombianos y el mismo poder ejecutivo convinieron en que el Libertador se pusiese al frente del gobierno de la República confiados en que su prestigio, su poder moral y su experiencia reconciliarían los partidos, y consumarían el restablecimiento del orden legal y la gloria de Colombia, esto mismo prueba que no pensamos en que debía ocurrirse como a único remedio a la reforma de nuestras leyes fundamentales. Nuestros deseos han encallado y después de ocho meses transcurridos desde el arribo del Libertador a esta capital, todavía se ve la nación rodeada de angustias, de sobresaltos y partidos. La incapacidad que se supone al ejecutivo para restablecer la paz y la marcha tranquila del sistema, y que implícitamente también se atribuye al congreso, no dimana en mi opinión, de falta de medios, de energía, ni de cooperación de una parte considerable de la República, sino del enorme contrapeso, que opone la persuasión en que está el Libertador de que ella desea la anticipación de la gran convención, independientemente de los odios y venganzas personales que se han dejado traslucir contra el actual encargado del gobierno.

      En el extremo de exponer la suerte del país a una guerra civil entre reformistas y constitucionales, o de haber de ceder por nuestra parte a los deseos por la gran convención, la prudencia y el bien nacional aconsejan ceder. Cedamos en hora buena; pero no viciando la reunión de la asamblea constituyente, no sancionando las vías de hecho, esos tumultos, asonadas y actos ilegales, que para deshonra nuestra se han presentado delante del mundo, no dando armas al descontento para que so pretexto de los vicios y nulidades de la convocatoria se arme contra el nuevo sistema, y lo destruya, no, en fin, sometiendo el heroico pueblo colombiano a un régimen político tanto más expuesto a agitaciones y entorpecimientos, cuanto mayores sean los defectos legales en el origen, progreso y fin de la convención.

      El parágrafo 2° de la parte motiva del proyecto en cuestión me parece que incurre en estos defectos. Allí se asegura que la opinión pública se ha dividido sobre la conveniencia de las actuales instituciones, y se han emitido votos por su reforma. ¿En dónde se ha pulsado la opinión pública? Esas actas ilegales y tumultuarias cuyo origen nadie desconoce, esos periódicos que han dictado el odio y las personalidades, esas asonadas de que la milicia ha dado repetidos ejemplos, permítame el congreso decir que son fuentes turbias en las cuales no se puede tomar la verdadera opinión nacional de un pueblo. Desde el momento en que el congreso se apoye en los votos emitidos por las reformas, deja sancionado el modo de manifestar aversión a un sistema, y ha abierto la puerta para que en lo sucesivo en casos semejantes, al en que hemos estado en 1826, se emitan votos contra el sistema por los mismos medios reprobados con que se ha verificado ahora. Ninguna constitución es capaz de conciliar los intereses encontrados de un pueblo; cualquiera que sea la que se sancione en la gran convención dejará descontentos; y si estos la pueden amenazar aun cuando se forme con todo los caracteres de legitimidad que reconoce el derecho político ¿no está más expuesta a sus amenazas y a su destrucción dejándoles libres las avenidas de emitir sus votos por medios tumultuarios? Nada adelantará Colombia con que en el presente año y en el siguiente se restablezca la concordia nacional y se abran las fuentes de su prosperidad por medio de la reunión de la convención, si al año siguiente o después han de renovarse las agitaciones, la desconfianza general, su deshonra y quizá la guerra doméstica por causa de haberse apoyado hoy la convocatoria de la convención en principios anárquicos y destructores de la estabilidad de los gobiernos. Yo ruego al congreso encarecidamente que medite con su acostumbrada sabiduría los riesgos a que expone al buen pueblo colombiano, si insiste en apoyar su resolución en los pronunciamientos que se han hecho hasta ahora en algunos departamentos de la República contra las actuales instituciones.

   Manifestada francamente la opinión del ejecutivo en la presente cuestión, debo repasar los términos del proyecto y proponer las correcciones que me parecen no sólo legales sino convenientes en el estado actual de la República.

      Al parágrafo 1° de la parte motiva no ocurre objeción alguna. Al 2° y en virtud de las razones expuestas propongo se le sustituya lo siguiente. "Que por la afluencia y precipitación de los acontecimientos políticos, que han tenido lugar en la República, pueden haberse obtenido ya las lecciones de aquella experiencia que el congreso constituyente esperaba del trascurso de los diez años, puesto que se han dividido las opiniones sobre la conveniencia de las actuales instituciones hasta el caso de haberse emitido, aunque de una manera ilegal, votos por su reforma, etc. Es superfluo, hablando al congreso, manifestar que no es lo mismo dividirse la opinión pública que dividirse las opiniones, porque opinión pública se presume que es la expresión pacífica de la parte sana y sensata de la nación después de un maduro examen y discusión de la cosa sobre que ella se pronuncia; las opiniones particulares no tienen este carácter.

      El congreso, hasta el día 20 de junio en que se sancionó la ley que manda restablecer el orden constitucional, no conocía la verdadera opinión pública de la nación en orden a las reformas, y tácitamente ha desconocido la legitimidad de los votos emitidos en su favor en los actos que ha examinado. El congreso dijo en el artículo 5° que "conocida que fuera la verdadera opinión nacional por los medios que el congreso considere justos y legales en cuanto a las reformas que algunas personas o pueblos han pedido que se hagan en el régimen político, acordará las resoluciones que estime convenientes". Luego hasta aquel día no puede decirse con verdad que la opinión pública estaba conocida. Y en concepto del ejecutivo no lo está hoy tampoco, porque en los 40 días transcurridos desde la sanción de aquella ley, ignora que se hayan aplicado los medios justos y legales que ofreció el congreso.

   La adición de las palabras, aunque de una manera ilegal, está en conformidad con la precitada ley de 20 de junio, y salva los inconvenientes que he dejado expuestos.

      El parágrafo 3° es exacto, y en mi concepto es el que presenta claramente cuál debe ser la interpretación o aclaración que debe dársele al artículo 191 de la constitución a fin de que el congreso quede expedito para convocar la gran convención. El primer artículo de la parte dispositiva de la ley debe ser la aclaración del precitado artículo, porque hasta que no diga el congreso perentoriamente en la ley que hace tal o cual aclaración, no está interpretado, por más que se multipliquen los considerandos llenos de las mejores y más convincentes razones. Los considerandos presentarán los fundamentos y motivos que tiene el cuerpo legislativo para dar una determinación, pero no son la misma determinación. Así es que el pueblo y las autoridades están obligados a cumplir lo que dispone la ley en lo que se llama su parte dispositiva, y nunca lo que ha tenido en consideración el cuerpo legislativo para dictarla. Creo, pues que el artículo 1°, reproduciendo el sentido de los parágrafos 1° y 3° de la parte motiva debiera contener la siguiente resolución: "El transcurso de los diez o más años prefijados en el artículo 191 de la constitución para que se convocara la gran convención, que debe reformarla, debe ser un transcurso pacífico en que el entorpecimiento de la marcha del sistema y de la acción del gobierno no comprometa en manera alguna la suerte de la nación; mas no cuando las agitaciones pueden comprometerla, como sucede al presente".

   El artículo 2° deber ser el 1° del proyecto, tal como está, con sola esta adición: En consecuencia el congreso puede, etc. El artículo 3° puede ser el 2°, suprimiéndole la palabra en consecuencia.

      En concepto del ejecutivo, debe añadirse un 4° artículo en el cual se repita la declaración y mandato de que entretanto no resuelva la gran convención lo que estime conveniente sobre la subsistencia del presente régimen político, debe observarse fiel y exactamente la constitución actual de la República. Esta adición sería superflua en circunstancias de menores sobresaltos, que al presente. El ejecutivo la estima importante al bien público, a la tranquilidad general, al honor de Colombia, a la represión del poder, y a las garantías de los ciudadanos.

   El artículo 5° debe ser el que es el 3° en el proyecto.

      He concluido las observaciones que ofrecí presentar al congreso. No me resta sino hacer votos al cielo porque esta resolución del cuerpo representativo de Colombia, lejos de traer males al país y de comprometer su futura suerte, le provea de bienes innumerables, dicha, prosperidad, libertad, perpetuidad y gloria.

   Dios guarde a vuestra excelencia.

Francisco de Paula Santander.

FUENTE EDITORIAL:
Gaceta de Colombia. N° 303 (Suplemento), Bogotá. 1827 (5/8), p. 5-7.
OTRAS EDICIONES:
Cortázar, Roberto, compilador. Cartas y mensajes de Santander. Bogotá, Voluntad, 1955, t. 7, carta N° 2618, p. 283-290.

23
EL CONGRESO CONVOCA LA GRAN CONVENCION.

   El senado y cámara de representantes de la República de Colombia, reunidos en congreso,

Considerando:

      . Que cuando el congreso constituyente dispuso en el artículo 191 de la constitución, que después de una práctica de diez o más años se convocase por el congreso una gran convención de Colombia, autorizada para examinarla o reformarla en su totalidad, no hizo otra cosa que indicar el período que en su concepto era necesario para descubrir sus inconvenientes o ventajas:

      . Que por la afluencia y precipitación de los acontecimientos políticos que han tenido lugar en la República, pueden haberse obtenido ya las lecciones de aquella experiencia, que el congreso constituyente esperaba del trascurso de diez años, puesto que se han divido las opiniones acerca de la conveniencia de las actuales instituciones, se han manifestado grandes agitaciones con síntomas de disociación y perturbación del orden público, el imperio de las leyes y la acción del gobierno han sufrido mengua en la fuerza necesaria para restablecerlo y consolidarlo; y por resultado de todo esto la marcha de la constitución y de la administración pública padece retardos y aun detención, que reclaman con urgencia la atención del congreso:

      . Que en estas circunstancias no es de presumirse que la intención del congreso constituyente haya sido que se dejase acumular males sobre males, y que estos se agravasen tal vez hasta poner en peligro el orden público, la libertad, la integridad, unión y tranquilidad de la República, por sólo el objeto de completar la experiencia de un decenio; usando de la facultad que les concede el artículo 189 de la constitución, han venido en declarar y decretar, como declaran y

Decretan:

      Artículo 1°. Aunque en el curso ordinario y regular de los acontecimientos habría sido necesaria la práctica de la constitución por diez o más años, que se exige en su artículo 191 para que el congreso pudiera convocar la gran convención de Colombia; sin embargo, en las críticas circunstancias en que se halla la República, la experiencia ya obtenida basta y llena el espíritu del artículo citado.

      Artículo 2°. En consecuencia, el congreso puede convocar y desde luego convoca la gran convención de Colombia, para que reuniéndose en la ciudad de Ocaña el día 2 de marzo del año de 1828, y declarando ella misma previamente si hay urgente necesidad de examinar la constitución o de reformarla, proceda a verificarlo.

      Artículo 3°. La constitución de la República continuará en plena y puntual observancia, entretanto que la gran convención no haga en ella alguna alteración o reforma. En la misma observancia continuarán las leyes hasta que sean derogadas legítimamente por la autoridad correspondiente.

   Artículo 4°. Por decreto separado determinará el congreso el número de diputados que debe nombrar cada provincia y el modo y forma de las elecciones.

Dado en Bogotá a 3 de agosto de 1827 17°.

El vicepresidente del senado,

Jerónimo Torres.

El presidente de la cámara de representantes,

José María Ortega.

El secretario del senado,

Luis Vargas Tejada.

El diputado secretario de la cámara de representantes,

Manuel Bernardo Alvarez.

Palacio del gobierno en Bogotá a 7 de agosto de 1827 17°.

Ejecútese.

Francisco de Paula Santander.

Por su excelencia el vicepresidente de la República, encargado del poder ejecutivo, el secretario de Estado del despacho del interior,

José Manuel Restrepo.

FUENTE EDITORIAL:
Gaceta de Colombia, N° 304, Bogotá. 1827. (12/8). p. 1.

24
REGLAMENTO DE LAS ELECCIONES DE LOS DIPUTADOS A LA GRAN CONVENCION.

   El senado y cámara de representantes de la República de Colombia, reunidos en congreso,

Considerando:

      Que habiéndose convocado la gran convención de Colombia por decreto de 7 de agosto del presente año, es un deber del congreso acordar el reglamento que haya de observarse en las elecciones de los diputados a dicha convención, han venido en decretar y

Decretan:

      Artículo 1°. Cada provincia de las que componen la República de Colombia nombrará tantos diputados cuantos deban corresponderle en razón de uno por cada 24. 000 almas de su población; si quedare un residuo de 12. 000 almas, se nombrará por este un diputado más.

   Artículo 2°. Si hubiere actualmente en la República alguna provincia cuya población no alcance a 24. 000 almas, tendrá siempre el derecho de nombrar un diputado.

   Artículo 3°. El cálculo de la población se formará con arreglo al último censo más exacto que exista en la respectiva provincia.

      Artículo 4°. Para llevar a efecto estas elecciones, se convocarán los sufragantes parroquiales de todas las provincias de la República para el día 15 de noviembre del presente año, en cuyo día y los siete siguientes tendrán derecho de concurrir a votar por los electores que correspondan al cantón.

      Artículo 5°. Para tener el derecho de sufragio en estas elecciones, se requiere ser vecino con residencia actual en el lugar en donde se verifican, y tener además las circunstancias que exigen los artículos 15, 16 y 17 de la constitución.

   Parágrafo único. No podrán ejercer el derecho de sufragio los soldados de sargento abajo que pertenezcan al ejército permanente o a cualquiera especie de milicias y que se hallen en servicio activo en la época de las elecciones.

      Artículo 6°. Las asambleas parroquiales serán presididas por el alcalde o alcaldes de la parroquia, con precisa asistencia de cuatro conjueces que se nombrarán por la junta de policía parroquial, y en su defecto por los mismos alcaldes; y en las villas y ciudades se hará este nombramiento por la respectiva municipalidad.

   Parágrafo único. No podrán ser conjueces los que conforme a esta ley no puedan ejercer el derecho de sufragante parroquial.

      Artículo 7°. Las elecciones se harán en lugar público; nadie podrá presentarse a ellas con ninguna clase de armas, y las que se verificaren en virtud de alguna coacción o violencia, ya sea directa, ya indirecta, se declararán por el mismo hecho nulas. La junta de los alcaldes y conjueces tiene derecho para suspenderlas momentáneamente, para trasladarlas a otro lugar, o para exigir de la autoridad competente que se remueva cualquier fuerza u obstáculo que perjudique a su libertad.

      Artículo 8°. La junta de los alcaldes y conjueces tiene facultad para decidir las dudas que ocurran sobre las cualidades de los sufragantes y sobre formas de estas elecciones y las quejas que se susciten sobre cohecho o soborno, seducción o violencia.

      Artículo 9°. Tiene autoridad la misma junta para repeler el voto de cualquiera que notoriamente carezca de las circunstancias prevenidas por este reglamento para ejercer el derecho de sufragante parroquial, para exigir pruebas a aquellos respecto de quienes tenga dudas de si pueden ejercerlos, y está obligada a oír y a decidir sumariamente las quejas o reclamaciones que se hagan sobre que alguno carece de los requisitos necesarios para ejercer este derecho.

      Parágrafo único. La resolución de la junta se llevará siempre a efecto, pero el que se considere agraviado tendrá derecho de ocurrir a la municipalidad del cantón y esta podrá reformar el juicio de la junta haciendo las declaraciones convenientes sin perjuicio de dicha resolución.

      Artículo 10. Cada sufragante parroquial votará por los electores del cantón expresando públicamente los nombres de otros tantos ciudadanos vecinos del mismo cantón, los cuales indispensablemente se inscribirán ante su presencia en un registro destinado a este solo fin, con arreglo al modelo número 1 de la ley de 2 de julio de 1824. A los sufragantes que no supieren leer ni escribir se les leerán antes de retirarse los nombres de los ciudadanos por quienes hayan sufragado después que se hayan asentado en aquel libro; y de ninguna manera se permitirá la práctica de que los sufragantes entreguen sus papeletas e inmediatamente se separen sin haber presenciado el asiento de sus votos.

   Parágrafo único. La junta permanecerá reunida desde las 8 hasta las 12 de la mañana, y de las tres hasta las 5 de la tarde.

   Artículo 11. Todo acto de los sufragantes y asambleas parroquiales fuera de lo que se previene por este reglamento, se declara nulo y atentado contra la seguridad pública.

   Artículo 12. Cada sufragante parroquial votará por tantas personas cuantas sean los electores que correspondan al cantón.

   Artículo 13. Cada cantón nombra un elector por cada 3. 000 almas de su población, y otro más por un residuo de 1. 500.

   Parágrafo único. Si algún cantón no alcanzare a 3. 000 almas, tendrá siempre un elector.

      Artículo 14. Ninguna provincia, por limitada que sea su población, podrá tener menos de diez electores. Así, aquella cuyos cantones no alcancen a producir este número según la base dada en el artículo anterior, deberá repartir proporcionalmente entre sus cantones el nombramiento de los diez que le tocan. Esta operación se practicará por el gobernador de la provincia con acuerdo de los municipales del cantón de la capital.

   Artículo 15. No podrán ser electores los que carezcan de los requisitos prevenidos por el artículo 5° y su parágrafo.

      Parágrafo 1°. Se requiere además saber leer y escribir; tener 25 años de edad; ser vecino del cantón en donde se hacen las elecciones, con una residencia continuada en los tres años anteriores; ser propietario de una finca raíz del valor libre de $500, o gozar de una renta o usufructo que alcance a $300 anuales; ser profesor de alguna ciencia, o tener algún grado científico.

   Parágrafo 2°. No podrán ser electores los intendentes y gobernadores; todos los que en la época de las elecciones obtengan en ejercicio alguna autoridad militar o eclesiástica en el lugar donde se verifica la elección.

   Artículo 16. Luego que se hayan concluido las elecciones parroquiales, la junta que las haya presidido remitirá los registros de ellas en pliego cerrado y sellado a la municipalidad del cantón.

      Artículo 17. La municipalidad del cantón, según vaya recibiendo los pliegos de las asambleas parroquiales, los abrirá en sesión pública y enumerará y cotejará todos los votos, asentando todas las sumas en un registro con la debida claridad y especificación por el modelo número 2° de la ley del 2 de julio de 1824.

   Artículo 18. Aquellos ciudadanos que reúnan mayor número de sufragios después de recogidos todos los de las asambleas parroquiales, se declararán legalmente nombrados para electores.

   Parágrafo único. Las dudas que ocurrieren por igualdad de sufragios, se decidirán por la suerte,

      Artículo 19. Si en alguna parroquia no se celebraren las elecciones parroquiales o si la municipalidad del cantón no hubiere recibido los registros después de cuatro días de aquel en que debieran haberse concluido, estos no serán obstáculos para que se declaren por legítimos electores los que hayan obtenido el mayor número de sufragios en los registros que se hayan recogido.

      Artículo 20. La municipalidad del cantón tiene la misma facultad que se atribuye por los artículos 8° y 9° a las juntas que presiden las asambleas parroquiales, para decidir las dudas o controversias que se susciten sobre la nulidad de las elecciones de los electores, y sobre si en estos concurren las circunstancias y requisitos prevenidos en el presente reglamento, procediendo sumariamente a calificar la legitimidad o ilegitimidad de tales elecciones; y su resolución se llevará a efecto.

   Artículo 21. Las municipalidades de los cantones dirigirán a la de la capital de la provincia el resultado de los exámenes y calificaciones que hagan de los que resulten nombrados electores.

      Artículo 22. El día 30 de diciembre de este año se reunirán los electores nombrados por los sufragantes parroquiales en la capital de su respectiva provincia. Presidirá esta reunión el jefe político del cantón de la capital; y bastará que hayan concurrido las dos terceras partes de los electores que corresponden a la provincia para que puedan las asambleas electorales proceder al desempeño de sus funciones. Nombrarán un presidente de entre sus miembros a pluralidad absoluta, y verificada esta elección se retirará el jefe político que presidía la asamblea.

   Artículo 23. Los electores que por impedimento físico u otro, ajuicio de la municipalidad del cantón, no puedan concurrir, serán reemplazados por la misma con los que tengan mayoría de votos en el registro.

   Parágrafo único. La municipalidad del cantón noticiará a los que hayan resultado electos que deben concurrir el día designado por este reglamento a la capital de la provincia para la reunión de la asamblea electoral.

   Artículo 24. El objeto de las asambleas electorales es votar por los diputados a la gran convención que correspondan a la provincia.

      Artículo 25. Estos diputados se elegirán de uno en uno en sesión permanente, y se declararán legítimamente nombrados los que obtengan en su favor una mayoría absoluta de votos; esto es, un voto más sobre la mitad de todos los sufragios de los electores que hayan asistido a la elección.

   Parágrafo 1°. Cuando no se obtenga esta mayoría se procederá a nuevo escrutinio, contrayéndose la votación a los dos que en la anterior hayan tenido mayor número de votos, hasta que alguno resulte con la indicada mayoría.

   Parágrafo 2°. La suerte decidirá las dudas que ocurran en caso de igualdad.

      Artículo 26. Estas elecciones se verificarán en un lugar público a donde puedan concurrir libremente los ciudadanos. Pero los electores darán sus votos escribiéndolos secreta y aisladamente en papeletas que entregarán dobladas, de cuya manera se echarán en una vasija, de suerte que no se sepa cuál haya sido el voto de cada elector. Después de recogidas todas las papeletas y de confrontado su número con el de los electores, se verificará el escrutinio públicamente.

   Artículo 27. Los votos se escribirán con el debido orden y separación en un registro que se firmará por el presidente del acto y los escrutadores que se nombren, y será refrendado por el secretario de la municipalidad.

      Artículo 28. Además del número de diputados principales que corresponden a la provincia, se nombrará otro igual de suplentes, para el caso de que falten o no puedan concurrir a la gran convención alguno o algunos de los principales. Esta elección se hará en la misma forma que la otra, y según el orden de tiempo en que cada uno salga electo, se denominará primero, segundo, tercero, etc., suplente, y según el propio orden será requerido y estará obligado a concurrir a la gran convención.

   Artículo 29. No podrán nombrarse diputados a la gran convención los que carezcan de los requisitos necesarios para ser electores con arreglo al artículo 15 y su parágrafo 1°.

      Parágrafo 1°. Para ser electo diputado de la gran convención se requieren además las circunstancias siguientes: primera, ser vecino, o por lo menos nacido en el departamento a que corresponda la provincia que hace la elección. En el caso de que un mismo ciudadano sea nombrado a un tiempo por provincias diversas, se entenderá nombrado por aquella donde haya obtenido mayor número de votos. En caso de igualdad se decidirá por la suerte; y este sorteo lo verificará la municipalidad del cantón de la capital donde resida el intendente respectivo; segunda, tener por lo menos cinco años de residencia continuada en el territorio de la República inmediatamente antes de la elección. Este requisito no excluye a los ausentes en servicio de la República, o con permiso del gobierno, ni a los prisioneros desterrados o fugitivos del país por su amor o servicios a la causa de la independencia; tercera, ser dueño de una finca raíz que alcance al valor libre de $2. 000, o en su defecto tener una renta o usufructo de $500 anuales, o haber recibido algún grado científico; cuarta, haber nacido en el territorio de Colombia; quinta, ser de un patriotismo notorio.

      Parágrafo 2°. Los intendentes y gobernadores y los demás que obtengan alguna autoridad militar o eclesiástica, podrán ser nombrados miembros de la gran convención por otras provincias que no sean las de su mando conforme a la presente ley.

   Parágrafo 3°. No podrá ser diputado a la gran convención el que ejerza el poder ejecutivo.

   Artículo 30. Las disposiciones de los artículos 7 y 11 son comunes a las asambleas electorales.

      Artículo 31. Los jueces, los miembros de las municipalidades y los electores que de alguna manera falten o contravengan en la parte que a cada uno toca, a lo prevenido en este reglamento, incurrirán en las multas que designa el decreto de 8 de marzo de 1825, y el producto de estas multas tendrá la misma aplicación que les da el artículo 3° de dicho decreto.

      Artículo 32. Toca a las asambleas electorales decidir las dudas y controversias que se promuevan acerca de las informalidades o nulidades de estas elecciones, o sobre la falta de alguno de los requisitos en las personas que hayan resultado electas o a quienes se pretenda nombrar, salvo el recurso a la gran convención contra sus elecciones.

      Artículo 33. Concluidas las elecciones los presidentes de las asambleas electorales pasarán inmediatamente un aviso a los diputados principales nombrados para que se dispongan a concurrir el día 2 de marzo de 1828 a llenar sus funciones en la gran convención que se reunirá en la ciudad de Ocaña; también pasarán una lista autorizada de los principales y suplentes nombrados al gobernador de la respectiva provincia.

   Parágrafo 1°. En las comunicaciones que hagan los presidentes de las asambleas electorales en los casos del artículo anterior se expresará el número de votos que haya obtenido el diputado cuya elección comunicaren.

      Parágrafo 2°. El gobernador de la provincia requerirá y compelerá a los diputados electos para que concurran a la gran convención oportunamente, pudiéndolos apremiar con multas desde $500 a $3. 000; a no ser que manifiesten y comprueben algún impedimento físico o alguna otra causa muy grave y legal que les impida hacer este servicio sin un detrimento muy considerable. Por defecto de alguno o algunos de los principales, podrá apremiar al suplente o suplentes a quienes toque el reemplazo; y en caso de que estos pertenezcan a provincia diversa, requerirá al correspondiente gobernador para que los compela.

   Artículo 34. Los registros de las asambleas electorales se dirigirán por los presidentes de ellas en pliego cerrado y sellado a la municipalidad de la ciudad de Ocaña.

      Artículo 35. Los primeros miembros que concurran a Ocaña, con tal que no sean menos de diez, formarán la comisión encargada de examinar los registros de todas las asambleas electorales, y de extender informe sobre cada una de las elecciones.

      Artículo 36. Luego que se haya reunido el número necesario de diputados que por este reglamento se exige para la instalación de la gran convención, los individuos que la hayan de componer se ocuparán precisamente en su calificación, con vista de los informes de que habla el artículo precedente.

   Parágrafo único. La municipalidad de Ocaña entregará los pliegos de elecciones a la comisión de que trata el mismo artículo.

      Artículo 37. Cualquier número de diputados existentes en la ciudad de Ocaña el día 2 de marzo de 1828 en adelante, nombrará un director y tiene plena autoridad para compeler a los ausentes a la pronta concurrencia, con multas pecuniarias de $500 a $3. 000, y toda autoridad civil y militar de la República que sea requerida para prestar auxilio o ejecutar una orden semejante, deberá darle el más exacto cumplimiento sin la menor demora, bajo la misma pena.

      Artículo 38. La convención se instalará por sí misma desde el día en que se hallen presentes en la ciudad de Ocaña las dos terceras partes del número total de los diputados calificados de todas las provincias de la República. El director nombrado conforme al artículo anterior presidirá el acto, mientras se nombra el presidente y vicepresidente del cuerpo. La asamblea verificará esta elección por escrutinio y a pluralidad absoluta de votos. El presidente y el vicepresidente así nombrados durarán por el tiempo que ella misma acuerde.

   Artículo 39. En la misma forma nombrará secretario o secretarios de dentro o fuera, según estime conveniente.

      Artículo 40. El presidente de la convención prestará en presencia de ella el juramento en esta forma: juro a Dios Nuestro Señor sobre estos santos evangelios, y prometo a la República de Colombia cumplir fiel y exactamente con los deberes de mi cargo, y no promover nada que sea contrario a su integridad e independencia de otra potencia o dominación extranjera, ni que sea en tiempo alguno el patrimonio de ninguna familia ni persona, antes bien sostendré en cuanto esté de mi parte la soberanía de la nación, la libertad civil y política, y la forma de su gobierno popular representativo, electivo y alternativo; que sus magistrados y oficiales investidos de cualquier especie de autoridad sean siempre responsables a ella de su conducta pública; y que el poder supremo se conserve siempre dividido, para su administración, en legislativo, ejecutivo y judicial.

   Parágrafo único. Los diputados prestarán este mismo juramento en manos del presidente.

      Artículo 41. Si el 2 de abril de 1828 no se hubiese instalado aún la gran convención, por no haberse completado el número de sus dos terceras partes, podrá instalarse desde aquel día en adelante con tal que se encuentren presentes la mitad y uno más de la totalidad de sus diputados.

      Artículo 42. Los miembros de la gran convención gozarán de inmunidad en sus personas y en sus bienes durante las sesiones, y mientras vayan a ellas y vuelvan a sus casas; excepto en los casos de traición o de otro grave delito contra el orden social, y no serán responsables por los discursos y opiniones que manifestaren en la convención, ante ninguna autoridad, ni en ningún tiempo.

   Artículo 43. Durante la reunión de la gran convención no existirá fuerza alguna militar en la ciudad de Ocaña, ni a ocho leguas en contorno.

   Parágrafo único. Esta disposición se observará mientras la misma convención no disponga otra cosa.

   Artículo 44. Tampoco podrá estar en dicha ciudad de Ocaña el que ejerza el poder ejecutivo.

      Artículo 45. Los diputados de la gran convención recibirán para su viaje de ida y vuelta desde el lugar de su residencia hasta la ciudad de Ocaña, el auxilio del tesoro público, y percibirán sus dietas en los términos que están dispuestos para los senadores y representantes por las leyes respectivas.

      Parágrafo 1°. Al efecto, el poder ejecutivo dará con anticipación las órdenes convenientes para que estas asignaciones se satisfagan de las rentas comunes cumplidamente, y sin la menor demora, por las respectivas tesorerías; y para que se remitan a la ciudad de Ocaña las sumas que se conceptúen bastantes a cubrir las dietas de los diputados y demás gastos que se inviertan en la gran convención.

   Parágrafo 2°. Expedirá asimismo las providencias convenientes a fin de que se prepare local decente para la gran convención, y todos los enseres de que esta necesite para sus trabajos.

Dado en Bogotá a 29 de agosto de 1827 17°.

El vicepresidente del senado,

Jerónimo Torres.

El presidente de la cámara de representantes,

José María Ortega.

El secretario del senado,

Luis Vargas Tejada.

El diputado secretario de la cámara de representantes,

Manuel Bernardo Alvarez.

Palacio del gobierno en Bogotá, a 29 de agosto de 1827 17°. Ejecútese.

Francisco de Paula Santander.

Por su excelencia el vicepresidente de la República, encargado del poder ejecutivo, el secretario de Estado del despacho del interior,

José Manuel Restrepo.

FUENTE EDITORIAL:
Gaceta de Colombia. N° 310. Bogotá. 1827, (23/9). p. 1-3. 216

25
CIRCULARES A LOS INTENDENTES

   República de Colombia. Secretaría de Estado del despacho del interior.

   Palacio de gobierno en Bogotá, a 14 de septiembre de 1827 17°. Al señor intendente del departamento de...

      Tengo el honor de participar a vuestra señoría que el Libertador presidente ha sido recibido con el mayor entusiasmo en todos los pueblos del tránsito y en esta ciudad, dándosele pruebas repetidas del amor que le profesan los colombianos y de la confianza que tienen de su excelencia. Desde el diez del corriente en que hizo el juramento constitucional entró al ejercicio del poder ejecutivo, y felizmente han comenzado ya a calmar los partidos que por desgracia dividían los ánimos en diferentes puntos de la República, esperándose que por su influjo poderoso y acertadas disposiciones muy pronto se ha de restablecer la concordia en todas las provincias de Colombia. Deben contribuir poderosamente a tan importante resultado la convocatoria de la gran convención y los trabajos del congreso, cuya sesión extraordinaria ha sido continuada por disposición del Libertador presidente.

   Sírvase vuestra señoría dar publicidad a estas noticias que deben ser satisfactorias a los pueblos de ese departamento.

   Me aprovecho de esta oportunidad para renovar a vuestra señoría las seguridades de mi respeto personal y distinguida consideración con que soy de vuestra señoría muy obediente servidor.

José M. Restrepo.


   República de Colombia. Secretaría de Estado de despacho del interior. Palacio del gobierno en Bogotá a 14 de septiembre de 1827 17°.

      Tengo el honor de incluir a vuestra señoría, por orden de su excelencia el Libertador presidente de la República, copia auténtica del reglamento decretado por el congreso, según el cual deben hacerse las elecciones de los miembros que han de componer la convención nacional, junto con los formularios que expresa. Vuestra señoría lo circulará a quienes corresponda, haciéndole cumplir y ejecutar en todas sus partes.

      Al mismo tiempo su excelencia el Libertador me manda encargar muy particularmente a vuestra señoría cuide por sí y por medio de las autoridades subalternas del departamento que las elecciones se hagan con orden, regularidad y absoluta libertad; que persuada a los pueblos se penetren altamente de la importancia de las elecciones de que van a ocuparse, manifestándoles que de ellas depende el bien y felicidad de Colombia, y acaso de muchas generaciones; que, por tanto, deben escoger para diputados a las personas de mayor probidad, de luces y amor al orden, y de un patriotismo conocido por su adhesión a la independencia y libertad de Colombia. Si los diputados para la gran convención resultaren con estas cualidades, como lo espera el poder ejecutivo del buen sentido que siempre ha manifestado la mayoría del pueblo colombiano, se habrán cumplido los votos más sinceros del Libertador.

   Soy de vuestra señoría con perfecto respeto, muy obediente servidor.

José M. Restrepo.

   República de Colombia. Secretaría de Estado del despacho del interior. Sección... Bogotá, a 23 de septiembre de 1827 17°. Al señor intendente del departamento de...

      El Libertador presidente, después de haber entrado en el ejercicio del poder ejecutivo de la República, a que fue llamado por el voto libre y por la confianza que pusieron en su excelencia, tanto los pueblos de Colombia como la representación nacional, nada desea más ardientemente que ver establecida sobre bases sólidas la felicidad pública. Está persuadido de que ella no puede conseguirse sin que se restablezca en todo el territorio de Colombia la concordia de los ánimos, el imperio y obediencia a las leyes y el exacto cumplimiento de las órdenes y disposiciones del gobierno.

      Habiendo tomado el Libertador las riendas del gobierno y convocado la gran convención, han cesado los principipales motivos de esa guerra continua de papeles, de la disensión de los ánimos y de los partidos. Su excelencia encarga muy particularmente a vuestra excelencia que por la persuasión y por medio, tanto de sus agentes como de los ciudadanos de más influencia en ese departamento, procure que cesen los escritos en que se ataquen personas o corporaciones determinadas. Después de la ley de olvido un velo impenetrable debe cubrir los sucesos pasados, dándose todos los colombianos un ósculo fraternal, para que sólo se piense y escriba con la mayor moderación sobre los medios de curar los males que ha sufrido la patria y de darse una constitución que haga nuestra felicidad y la de las generaciones futuras. He aquí un vasto y hermoso campo en que se ocupen los ingenios de los escritores.

      Para conseguir el restablecimiento del imperio y obediencia a las leyes, me manda el Libertador prevenir a vuestra señoría que por sí y por medio de las autoridades subalternas, cuiden que se cumplan exactamente las leyes vigentes. Para esto vuestra señoría las traerá a la vista a fin de examinar las que no se hayan ejecutado y hacer tengan efecto, exigiendo la responsabilidad a las autoridades subalternas que sean morosas en cumplir sus deberes. El Libertador está resuelto a hacer lo mismo con todos sus agentes que descuiden el cumplimiento de las leyes, pues la verdadera libertad consiste en su exacta obediencia y ejecución.

      Es también necesario que se cumplan con exactitud los decretos y órdenes del gobierno. Vuestra señoría cuidará que así se verifique por todos los subalternos, sin que haya el menor disimulo, exigiendo la responsabilidad a los que falten. El poder ejecutivo por su parte tendrá la mayor vigilancia en materia tan importante, a fin de que el gobierno recupere la fuerza y el vigor que le conceden la constitución y las leyes, lo que es absolutamente indispensable para que haya orden y tranquilidad en los pueblos.

      Tengo el honor de hacer a vuestra señoría esta comunicación de orden del Libertador presidente, la que circulará y hará publicar en el departamento de su mando, dándome sucesivamente cuenta de las providencias que dicte para su cumplimiento y del resultado. También me comunicará vuestra señoría las medidas posteriores que convenga, dicte el poder ejecutivo, según las circunstancias de ese departamento.

   Dios guarde a vuestra señoría.

José Manuel Restrepo.

FUENTE EDITORIAL:
Gaceta de Colombia, N° 31 1. Bogotá. 1827. (30/9), p. 2-3.

26
RESOLUCION SOBRE LA REUNION DEL CONGRESO DE 1828 CAMARA DE REPRESENTANTES

SESION DEL DIA 25

      Se puso en conocimiento de la cámara la nota del vicepresidente de la República, en la que recuerda su solicitud para que se abra un juicio sobre su administración y pasó a la comisión donde se hallan los antecedentes. Se hizo lo mismo con la del presidente del senado a que acompaña un proyecto de decreto que suspende la reunión del congreso el año venidero hasta que se termine y se hayan publicado los trabajos de la gran convención; admitido a discusión, se declaró urgente, sufrió la primera y paso a segunda. Sufrió la segunda el que autoriza al ejecutivo para conferir ascensos de general o coronel a los militares que estime conveniente, y pasó a tercera. Sufrió la tercera el que autoriza al ejecutivo para nombrar un jefe de policía, asignar el sueldo de este y la contribución para ello, y fondos de policía, y pasó a la comisión de redacción. Después de publicados y suscritos el decreto que autoriza al ejecutivo para arreglar la parte administrativa de la hacienda nacional y la ley adicional a la orgánica del poder judicial, se devolvieron al senado. A consecuencia de una nota del presidente del senado se nombró una comisión para que reunida con la de aquella cámara tomen en consideración la ley de estudios.

SESION DEL DIA 26

      Sufrió la segunda discusión y pasó a tercera el proyecto de decreto que dispone no se haga la reunión del congreso ordinaria en el año venidero hasta que hayan terminado las sesiones de la gran convención. Sufrió la tercera el que autoriza al ejecutivo para conceder los ascensos del general y coronel. Se pasó al mismo la ley fiscal, la que le autoriza para arreglar la parte administrativa de la hacienda nacional, y la adicional a la orgánica del poder judicial.

SESION DEL DIA 27

   Se dio cuenta con una nota del ejecutivo en que comunica que el gobierno no juzga conveniente someter otras materias a la consideración del congreso y se puso la cámara en sesión secreta.

SESION DEL DIA 29

      Se mandó pasar al ejecutivo la solicitud del presbítero Domingo Vargas sobre arrendamiento de las haciendas de las misiones del Meta. Sufrieron la segunda discusión los decretos sobre conceder permiso a los señores Pedro Briceño Méndez y Pedro Gual para admitir las cajas de polvo que les regaló el rey de Inglaterra. Se rechazó el proyecto sobre que no se reúna el congreso en el año de 1828.

FUENTE EDITORIAL:
Gaceta de Colombia, N° 311 Bogotá. 1827, (30/9), p. 2.

27
ACTA DE LA PROVINCIA DE MANAVI

      En la ciudad de San Gregorio de Porto Viejo, a 30 días del mes de septiembre de 1827 años. Los señores de esta ilustre municipalidad en cabildo extraordinario con el objeto de prevenir la anarquía que amenaza la capital del departamento, según las últimas noticias positivas, como igualmente con el de contestar al oficio incitatorio del señor comandante de armas de la provincia acerca de este mismo asunto, dijeron: que la provincia de Manaví, que fue la primera en adherirse a la constitución de Colombia, y declararse por ella, incorporándose de hecho y de derecho a la familia colombiana, jamás había desmentido ni faltado a su fidelidad, no obstante, los comprometimientos en que se ha querido envolverle en las actuales circunstancias. Que aunque en el mes de abril del año corriente habían sus cabildos deferido a las actas de Guayaquil sobre el reconocimiento de autoridades nombradas por aquella municipalidad y su vecindario, lo habían hecho con las miras de evitar una ruinosa anarquía que amenazaba todo el departamento, y siempre bajo la íntima persuasión de que aunque todos los pasos que se habían dado eran subversivos, a lo menos se proclamaba aparentemente la constitución y leyes de la República. Que el mayor mal causado por la 3a división auxiliar al Perú que desgraciadamente desembarcó en el puerto de Manta, fue la revolución de Guayaquil y emigración de las legítimas autoridades por no poderse sostener, ni hacerse respetaren tales circunstancias. Que dividido el departamento en opiniones contrarias unas de otras, pues los unos proclamaban la federación, otros un gobierno independiente y privativo, y otros en fin por la agregación al Perú; esta provincia aguardaba que el resultado de las conferencias entre los señores generales Juan José Flores y José Lamar, no fuese otro que la reposición del orden constitucional; pero no habiéndose verificado esto contra sus esperanzas, sino el contenido del acta de 25 de julio último, en que se veía un contrato de proyectos, que en sustancia no se fijaba sobre determinada pretensión, y al contrario contradecían lo mismo a que se aspiraba, concluyéndose con una amenaza de separación de la República y con el nombramiento anticonstitucional de unas autoridades no llamadas por la ley, no obstante todo esto, y aun con el conocimiento de que los procedimientos de la citada capital, al paso que invocaban la obediencia a la suprema autoridad, se desviaban del todo en el ejercicio de sus funciones.

      No quiso esta municipalidad contrariar el contenido de la citada acta, condescendiendo con la solicitud de la federación, como que en esta parte es evidente no podía separarse del pronunciamiento general del departamento, y obedeciendo interinamente a las autoridades que eligió la municipalidad de la capital; que cuando creyeron que de este modo calmasen las inquietudes, y que contentos los ciudadanos de la capital con tener unos jefes de su país, aguardarían tranquilos la convocatoria para la gran convención, no precisamente en el tiempo pretendido en la consabida acta de Guayaquil, sino en el que la oportunidad y las circunstancias determinasen, se había engañado desgraciadamente en sus esperanzas, pues que lejos de los preludios de una paz firme, no se habían experimentado sino disensiones, ya entre particulares, y ya en la misma tropa en que confiaban para su defensa, con las pérdidas y menoscabos de los ciudadanos. Los empréstitos forzosos violentamente cobrados, la insubordinación que se experimentaban en los batallones, la paralización del comercio en su totalidad, la libertad de imprimir papeles injuriosos, no sólo contra vecinos honrados, sino contra los mismos proceres de la República, la rivalidad introducida en las familias, y, en fin, todos los estragos de la anarquía.

      Que siendo esto consiguiente a la mala causa que se había intentado sostener; que la intendencia se había abrogado unas facultades ajenas de su autoridad, practicando funciones de los poderes legislativo, ejecutivo y aun judicial, como lo testifican los reglamentos sobre importación, y exportación de efectos comerciales, el despojo de empleados en los ramos de hacienda so pretexto de economizar gastos, la abolición del estanco de tabaco, y escandalosas disposiciones sobre este ramo, la prohibición absoluta de desembarcar, ni embarcar efectos aun comestibles en estos puertos sin el permiso del administrador de la aduana principal, el nombramiento de gobernador para esta provincia en la persona del ciudadano Francisco Morán, facultad privativa del poder ejecutivo, aun para el interino, a pesar de existir el propietario en la capital del departamento; todo esto junto había obligado a esta municipalidad a solicitar un pronto remedio que librase a esta provincia del funesto estrago que la amenazaba; que no hallando por ahora otro que el de reclamar la observancia de la constitución y el cumplimiento de las leyes, como igualmente el cese del citado señor Morán en el destino de gobernador por ser su nombramiento nulo e inconstitucional, y porque aun en el caso de que el propietario no viniese, la ley ha dispuesto que sus funciones se practiquen por el jefe municipal de la capital de la provincia. Sin hacer mérito que el señor Morán nos es sospechoso en esta ciudad, ya porque cuando el gobierno provisorio lo nombró de comandante militar de esta provincia no se le admitió, cuanto porque habiendo sido un partidario del expresidente Riva Agüero, no podía menos que tener sus resentimientos personales; en su virtud, resolvieron sustraerse de la obediencia a la capital del departamento ínterin se posesionan las legítimas autoridades, y poniendo en uso las facultades que en iguales casos competen a las municipalidades, para proveer a su tranquilidad y seguridad pública, determinan:

      1°. Que la provincia de Manaví continúe en la observancia de la constitución y leyes, hasta la reunión de la gran convención en que se disponga otra cosa, conformándose por ahora en punto a contribuciones con el decreto de capitación que, como más productivo al erario, es más conforme con la pobreza de estos pueblos.

      2°. Que en esta virtud se suspenda el empréstito tan gravoso que ha decretado el señor Novoa, que hace de intendente, tanto porque no se ha dado ninguna garantía para su indemnización, pues no puede darla; cuanto porque no está en su esfera esta atribución de decretar contribuciones por no tener las extraordinarias.

      3°. Que el señor jefe político Juan Antonio Menéndez se haga cargo del gobierno como el inmediato llamado por la ley, para subrogar las ausencias del gobernador propietario, y que en su virtud haga notificar al ciudadano Francisco Morán el cese de sus facultades y se regrese a su casa inmediatamente, sin dar lugar a otra cosa, dándosele los auxilios necesarios que pida para su transporte.

      . Que se pase oficio al señor José Antonio Roca, gobernador de esta provincia, a fin de que sin pérdida de tiempo venga a continuar en su gobierno, respecto a que el poder ejecutivo lo ha repuesto, según el decreto del señor Novoa en El Patriota número 12.

      . Que se ratifique por el gobierno el nombramiento del actual señor comandante Domingo Ramírez en virtud de hallarse en posesión de este destino, para que organice las milicias auxiliares y cívicas conforme a la ley del caso del año de 16.

   . Que se haga saber el contenido de esta acta a las municipalidades de los cantones para su ratificación, remitiéndoseles copias legalizadas por la secretaría del gobierno.

      . Que finalmente se saquen testimonios de dicha acta y se remitan al supremo gobierno de la República, al señor general Juan José Flores, y a la ilustre municipalidad de Guayaquil, a fin de que todos queden inteligenciados de su contenido y de que esta provincia no se separa una línea de la constitución, y que queda sometida al excelentísimo señor Libertador presidente de la República. Con lo que se concluyó esta acta que la firmaron con los señores de la municipalidad todos los que saben escribir, expresándose con júbilo y aclamaciones por el señor Libertador presidente Simón Bolívar, lo que yo, el presente jefe político, certifico. Juan Antonio Menéndez, Ramón Aragunde, Pedro Antonio Cedeño, Bernardino Intriago, José Ignacio Lor, José de Vera, Pedro de Vera y Macías, José Salcedo, secretario. Siguen las firmas del vecindarios.

Salcedo.

FUENTE EDITORIAL:
Gaceta de Colombia. N° 319, Bogotá. 1827. (25/11), p. 2.

28
SOBRE LA REUNION DEL CONGRESO EN 1828 COMUNICACION DEL SENADO AL PRESIDENTE ENCARGADO

   República de Colombia. Cámara del senado. Bogotá, l°de octubre de 1827 17°. A su excelencia el Libertador presidente de la República.

   Excelentísimo señor:

      El senado tomó en consideración la comunicación de vuestra excelencia, fecha 21 del próximo pasado, en que manifiesta los inconvenientes que ocurren para que el congreso se reúna ordinariamente en enero de 1828; y en su consecuencia acordó el proyecto de decreto que en copia tengo el honor de acompañar a vuestra excelencia. Este proyecto fue rechazado por la honorable cámara de representantes, la cual acordó se contestase a vuestra excelencia que el congreso no juzgó estar en el caso de dispensar la observancia de los artículos 68 y 115 de la constitución.

   El senado no ha convenido en este acuerdo, y ha resuelto por su parte contestar a la expresada comunicación de vuestra excelencia manifestándole el curso que ha tenido en las cámaras este negocio.

   Dios guarde a vuestra excelencia.

Vicente Borrero.

PROYECTO DE DECRETO A QUE SE REFIERE LA COMUNICACION ANTERIOR

El senado y cámara de representantes de la República de Colombia, reunidos en congreso.

   Vista la comunicación del poder ejecutivo de 21 de septiembre, y

Considerando:

   1°. Que sería irregular, complicada y embarazosa la existencia de dos cuerpos deliberantes y representativos de la nación, cuyas resoluciones pudieran estar en disonancia, y las de uno dejar sin efecto las del otro.

      . Que esto vendría a verificarse si al mismo tiempo que se hallase reunida la gran convención autorizada para reformar el sistema constitucional, lo estuviese también el congreso acordando leyes, cuyo efecto había de ser subordinado y dependiente de las resoluciones aún no conocidas de aquella;

      . En fin, que por el hecho mismo de haberse declarado el congreso con facultad para convocar la gran convención, y de haberla efectivamente convocado, se declaró igualmente con facultad para todo lo consiguiente a dicha convocatoria, para remover todos los inconvenientes y para coordinar sus propios actos con los de la gran convención, han venido en decretar, y

Decretan

   Artículo 1°. El congreso no se reunirá el año de 1828 en sesión ordinaria, antes que se haya separado la gran convención y se hayan publicado sus trabajos.

   Artículo 2°. La gran convención, antes de separarse declarará si el congreso ha de reunirse o no el año de 1828, y en el primer caso fijará el día de su reunión.

Dado en Bogotá a 24 de septiembre de 1827 17°.

El presidente del senado,

Vicente Borrero.

El secretario del senado,

Luis Vargas Tejada.

FUENTE EDITORIAL:
Gaceta de Colombia. N° 312. Bogotá. 1827 (7/10). p. 3

29
INDICE DE LAS LEYES Y DECRETOS EXPEDIDOS POR EL CONGRESO EN LA SESION DEL AÑO DE 1827 Y SANCIONADAS POR EL PRESIDENTE ENCARGADO

      La ley de 5 de junio, que decreta un olvido absoluto de todas las ocurrencias que han tenido lugar en algunas ciudades, villas y parroquias de la República desde el 27 de abril del año último, y por las cuales se ha alterado el orden establecido por la constitución y las leyes.

   El decreto de 20 de junio que prescribe el restablecimiento del orden político.

   El decreto de 22 de julio que autoriza al presidente encargado para arreglar los límites de los cantones.

   El de 23 de julio, disponiendo que cese el descuento de los sueldos de los militares por el montepío.

   El decreto de 26 del mismo, permitiendo el uso de la medalla de premio que le concedió el congreso mejicano al general Antonio Valero.

   El decreto de 26 de julio, declarando puerto franco el de Buenaventura.

   El de 30 de julio, declarando extinguida la jurisdicción castrense eclesiástica.

   El decreto de 6 de agosto, que dispone que los fondos existentes del crédito nacional se distribuyan a prorrata entre los acreedores.

   El decreto de 7 de agosto, que interpreta el artículo 191 de la constitución y convoca la gran convención nacional de Colombia.

   El de 8 de agosto, designando la autoridad a quien compete decretar la suspensión y conocer de las causas de los comandantes generales.

   El de 8 de agosto, fijando la fuerza del ejército permanente.

   El decreto de 16 del mismo, autorizando al poder ejecutivo para que pueda suprimir aquellas municipalidades cuya supresión soliciten los vecinos de los respectivos cantones.

   La ley de 16 de agosto, adicional a la de 22 de mayo del año 16°, sobre crédito público.

   El decreto de 21 del mismo, concediendo a los señores Ejea, Daste y compañía privilegio exclusivo para elaborar [sic] minas de hierro en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá.

   El decreto de 24 del mismo, concediendo a la ciudad de Mompós nuevos arbitrios para sus necesidades urgentes.

   El de 27 de agosto, designando el fondo de donde deben pagarse los sueldos de los empleados en la comisión de crédito nacional.

   El decreto del 29 del mismo, por el cual se da el reglamento para la elección de diputados a la gran convención.

   La ley de 31 de agosto, reconociendo la deuda flotante y determinando los fondos con que debe satisfacerse.

   El decreto de 5 de septiembre, disponiendo que cese el descuento que se hace a los sueldos de los militares para gastos de mayoría y habilitación.

   El decreto de 7 de septiembre, concediendo privilegio exclusivo a Carlos Molina y compañía para establecer fábrica de naipes.

   El decreto de 26 de septiembre, por el que se autoriza al presidente encargado para arreglar en su parte administrativa la hacienda de la República.

   La ley de 26 de septiembre, que arregla las contribuciones fiscales de la República.

   El decreto de 26 de septiembre, disponiendo que subsistan las medidas dictadas por su excelencia el Libertador presidente en los departamentos de Maturín, Venezuela, Orinoco y Zulia.

   El de 28 de septiembre, autorizando al presidente encargado para aumentar el número de generales y coroneles.

   El decreto de 29 del mismo, autorizando al poder ejecutivo para conceder gracias y privilegios a los que emprendan la apertura y refacción de los caminos públicos.

      El decreto de 2 de octubre, concediendo permiso a los señores doctor Pedro Gual y general Pedro Briceño Méndez para que acepten las cajas de polvo que en nombre de su majestad el rey de la Gran Bretaña les ha presentado su encargado de negocios cerca del gobierno de Colombia.

   El decreto de la misma fecha, autorizando al presidente encargado para que pueda nombrar un jefe de policía en esta capital y en otras ciudades que lo exijan.

   El decreto de igual fecha, autorizando al presidente encargado para reformar algunos artículos del plan de enseñanza pública.

   El decreto de 3 del mismo, autorizando al presidente encargado para suspender o modificar los nuevos impuestos municipales.

FUENTE EDITORIAL:
Gaceta de Colombia, N° 313, Bogotá. 1828 (14/10), p. 2.

30
CALCULO EN LEGUAS PARA PAGO DE VIATICOS A LOS DIPUTADOS

Cálculo

   de las leguas que hay de las capitales de provincia a Ocaña, formado por el gobierno, para que con arreglo a él se satisfagan los viáticos de los diputados a la gran convención.

      José Manuel Restrepo, secretario de Estado del despacho del interior, etc., certifico en debida forma que, en cumplimiento de la ley de 29 de agosto para las elecciones de diputados a la gran convención, después de haber tomado el gobierno los informes convenientes ha procedido a hacer la siguiente graduación de leguas, la que ha de servir para satisfacer sus viáticos a los diputados que concurran a la ciudad de Ocaña, que es como sigue:

CAPITALES DE PROVINCIAS LEGUAS HASTA OCAÑA
De Bogotá 116
De Neiva 165
De Honda 100
De Antioquia 100
De Tunja 86
Del Socorro 66

 

CAPITALES DE PROVINCIAS LEGUAS HASTA OCAÑA
De Pamplona 60
De Pore 116
De Maracaibo 138
De Coro 133
De Trujillo 133
De Mérida 94
De Barinas 133
De Achaguas 173
De Guayana 348
De Caracas 253
De Valencia 218
De Cumana 353 353
De la Asunción 367
De Barcelona 333
De Cartagena 133
De Mompós 72
De Santa Marta 168
De Riohacha 200
De Panamá 233
De Veraguas 310
De Popayán 230
De Quibdó o Citará 245
De Iscuandé 273
De Pasto 282
De Quito 380
De Ibarra 353 353
De Riobamba 425
De Cuenca 460
De Loja 498
De Guayaquil 465
De Puertoviejo 405

 

Bogotá, octubre 5 de 1827 17°.

José Manuel Restrepo.

FUENTE EDITORIAL:
Gaceta de Colombia, N° 314, Bogotá. 1827 (21/10). P. 2.

31
ELECCION DE DIPUTADOS POR LAS DIFERENTES PROVINCIAS

Electores del cantón de Bogotá

      El 15 del pasado noviembre empezaron las votaciones parroquiales para nombrar los electores de este cantón; pero como al día siguiente sucedió el temblor, atribuimos el ningún interés que tomaron en este acto los ciudadanos a la consternación general que produjo este fenómeno. El número de los votantes contenidos en los registros parroquiales es el siguiente:

Barrio de la catedral 144

Barrio de Santa Bárbara 43

Barrio de Las Nieves 75

Barrio de San Victorino 81

Parroquia de Soacha 60

Parroquia de Bosa 39

Parroquia de Suba 4

Parroquia de La Calera 19

Parroquia de Engativá 5

Parroquia de Fontibón 27

   La parroquia de Usme no remitió registro de sus votaciones. De la parroquia de Usaquén contestaron sus alcaldes que no hubo persona quien votara.

   Habiéndose practicado con arreglo a la ley el escrutinio de los registros parroquiales de este cantón, han resultado electos por mayoría de votos los siguientes:

Electos Votos

Señor general F. de P. Santander 283

Señor coronel Domingo Caicedo 209

Señor Francisco Soto 179

Señor Romualdo Liévano 159

Señor Luis Vargas Tejada 155

Señor general Francisco de P. Vélez 141

Señor Joaquín Gori 133

Señor Manuel B. Alvarez 132

Señor José Félix Merizalde 128

Señor Sebastián Esguerra 128

Señor Francisco de P. López Aldana 112

Señor Juan Fernández Sotomayor 109

Suplentes

Señor Diego Gómez 109

Señor Francisco Pereira 93

Señor Pantaleón Gutiérrez 91

Señor Ignacio Herrera 89

Señor Agustín Chaves 89

Señor Casimiro Calvo 84

Señor Estanislao Vergara 83

Señor José M. Domínguez Roche 72

Señor Manuel Cantillo 69

Señor José M. Castillo Rada 66

Señor Félix Restrepo 65

Señor José Torres Stans 64

FUENTE EDITORIAL
Gaceta de Colombia. N° 320. Bogotá. 1827 (2/12). p. 2.

Electores del cantón de Funza/ Votos

Señor León Umaña 204

Señor Pedro Rubiano 195

Señor Ignacio Martínez 162

Señor Agustín Manuel Sánchez 154

Señor Ignacio Sánchez 152

Electores del cantón de Fusagasugá

Señor Félix Liévano 146

Señor Ramón Reyes 104

Señor Gabino Díaz 100

Electores del cantón de Chocontá

Señor Isidro Maestre 513

Señor Isidro Calderón 400

Señor José María Ahumada 393

Señor José Ramón Barreto 355

Señor José María Maldonado 354

Señor Ramón Frade 335

Señor José María Martínez 280

Señor Miguel Tobar Buendía 243

Electores del cantón de Cáqueza

Señor Joaquín Cerda 412

Señor Bernardino Martínez 296

Señor Joaquín Antonio Nieto 283

Señor Francisco Antonio Chía 281

Señor Antonio Baquero 244

Señor Bernardo Pardo 218

Electores del cantón de La Mesa

Señor Roque Milán 157

Señor Juan N. Caicedo 147

Señor José María Arenas 133

Señor Miguel Barriga 113

Señor José Antonio Olaya 110

Señor Constantino Guarnido 108

FUENTE EDITORIAL:
Gaceta de Colombia, N° 323. Bogotá. 1827. (23/10). p. 3.

Diputados de la provincia de Bogotá

General Santander 36

Vicente Azuero 27

Luis Vargas Tejada 29

Francisco Soto 33

Diego Gómez 29

Joaquín Gori 35

Domingo Caicedo 29

Romualdo Liévano 35

Diputados por la provincia de Mariquita

José M. del Castillo 17

Alejandro Osorio 15

Pedro Carrasquilla 14

FUENTE EDITORIAL:
Gaceta de Colombia, N° 325. Bogotá. 1828. (6/1), p. 1.

Diputados por la provincia de Caracas

Señor Martín Tobar 31

Señor Andrés Narvarte 34

Señor José de Iribarren 27

Señor Mariano de Echezuría 29

Señor J. Manuel Manrique 36

Señor Diego Bautista Urbaneja 39

Señor Manuel Vicente Huizi 34

   No pudiendo diferir por más tiempo la publicación de los diputados a la gran convención que han llegado a nuestra noticia, lo verificamos sin expresar el número de votos por no haber sido posible conocerlos.

Por la provincia de Carabobo

Señor Salvador Mesa

Señor licenciado Francisco Aranda

Señor Vicente Michelena

Señor doctor Miguel Peña

Señor licenciado Juan J. Romero

Señor Ignacio Díaz

Señor licenciado Santos Rodríguez

Por Maracaibo

Señor doctor Antonio M. Briceño

Señor Antonio Febres Cordero

Por Mérida

Señor doctor Cristóbal Mendoza

Señor doctor Ignacio F. Peña

Por Coro

Señor Rafael Hermoso

Por Panamá

Señor José Vallarino

Señor Manuel Muñoz

Señor Manuel Pardo

Por Santa Marta

Señor Santiago Mazenet

Señor Juan Bautista Quintana

Por Mompós

Señor Manuel Cañarete

Señor Juan Bautista Quintana

Por Riohacha

Señor Juan de Francisco Martín

FUENTE EDITORIAL:
Gaceta de Colombia, N° 331, Bogotá. 1828 (7/2), p. 1.

Diputados por la provincia de Pichincha

Señor José A. Pontón

Señor doctor Luis de Saá

Señor doctor Antonio Ante

Señor doctor Jesús Clavijo

Señor Manuel Zambrano

Señor Ignacio Escobar

Por Imbabura

Señor doctor Salvador Murgueitio

Señor coronel Vicente Aguirre

Por Chimborazo

Señor doctor N. Moreno

Señor N. Ricaurte

Señor Francisco Montúfar

Señor Prudencio Bascones

Señor Tomás Viteri

Por Guayaquil

Señor Pablo Merino

Señor general Juan Paz del Castillo

Señor Bernardo Roca y Garzón

Por Popayán

Señor José Rafael Mosquera

Señor Manuel M. Quijano

Señor Fortunato Gamba

Señor José Antonio Borrero

Por Pasto

Señor Manuel M. Quijano

Por Buenaventura

Señor Joaquín Mosquera

Por el Chocó

Señor Hilario López

FUENTE EDITORIAL:
Gaceta de Colombia, N° 332, Bogotá. 1828, (24/2). p. 1.

GRAN CONVENCION

   Habiendo publicado en nuestro número anterior, por una noticia inexacta, los diputados por la provincia de Guayaquil a la gran convención, publicamos hoy los que verdaderamente han sido nombrados.

Diputados por la provincia de Guayaquil/Votos

Señor doctor José Joaquín de Olmedo 18

Señor doctor Francisco Márquez 18

Señor doctor Pablo Merino 18

FUENTE EDITORIAL:
Gaceta de Colombia. N° 333. Bogotá. 1828 (2/3). p. 3.

Diputados por la provincia de Imbabura

Señor coronel Vicente Aguirre

Señor doctor Salvador Murgueitio

FUENTE EDITORIAL:
Gaceta de Colombia. N° 336. Bogotá. 1828 (23/3), p. 3.

32
DIFICULTADES DE LOS REPRESENTANTES DE ECUADOR PARA CONCURRIR A OCAÑA

   Quito, 26 de enero de 1828.

   Al excelentísimo señor presidente.

   Excelentísimo señor:

      El deseo de llenar en cuanto esté a nuestro alcance la confianza de las provincias de esta parte del sur que nos han elegido sus representantes para la gran convención, nos obliga a exponer respetuosamente a vuestra excelencia que, a pesar del vivo anhelo que nos asiste de consagrarnos a este servicio público a costa de cualquier sacrificio, no está en nuestras manos el vencer los obstáculos que presenta una marcha tan pronta; porque ni los avisos se han podido impartir a los electos sino con dilación, ni el gobierno puede todavía proporcionar el viático para su avío, aunque sabemos que se toman medidas muy activas al efecto. Comprendemos por esto que no nos será posible arribar al punto de Ocaña sino en fines de marzo, o principios de abril, si el accidente del terremoto no añade nuevos embarazos en el tránsito a la estación del invierno que es rigurosísima actualmente, y que tratamos de arrostrar por nuestra parte. Parece que los objetos mismos de la convención demandan alguna calma en dar principios a sus trabajos, hasta que al menos hayan podido arribar los diputados de estas distancias, cuya asistencia es de bastante necesidad, si se atiende a que el sur no tuvo parte en la formación del código que ha regido, y que aun en las legislaturas ordinarias ha sido siempre escasísima o casi ninguna su representación. La República quiere oír a todos sus hijos para cimentar mejor el edificio de su felicidad; la población del sur es muy interesante, y no es posible la perjudiquen circunstancias que no han estado a su alcance, ni que sea infructuoso el sacrificio de sus diputados, si acaso ha tenido efecto la reunión el 2 de marzo señalado por la ley. La postergación hasta abril, parece en todos casos de la más urgente necesidad por el propio bien de la nación, y para que sin queja de los pueblos se trate con más quietud cuanto sea conducente al fin de elevarla a su mayor prosperidad y gloria. Nosotros cumplimos con manifestar los justos embarazos que quedan indicados para salvar por nuestra parte todo motivo de responsabilidad respecto de nuestros comitentes.

   Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.

Luis de Saá. Antonio Ante,

J. F. Valdivieso, José María Orellana,

Manuel Avilés.

FUENTE EDITORIAL:
Blanco, José Félix y Azpurúa, Ramón. Documentos para la historia de la vida pública del Libertador. Caracas, La Opinión Nacional, 1877. Edición facsimilar, Presidencia de la República de Venezuela, 1979, t. 12. doc. 3449, p. 91-92.

33
MEMORIAL DE QUITO A LA GRAN CONVENCION

   Honorables miembros de la convención nacional.7

   Señores:

      Los que suscriben esta representación, sincera y cordialmente animados por la felicidad de la República, se atreven a manifestaros, con el respeto que se debe a la augusta corporación a que pertenecéis, los temores y los deseos de que se encuentran agitados en esta época de calamidades.

      Los años de horrores y de desgracias que ha tenido que sufrir Colombia en el largo período de la guerra, que tan heroicamente sostiene contra el poder español, el triste resultado de los ensayos políticos que se han hecho, y el estado lamentable en que se ve esta nación desventurada, nos hacían esperar, señores, llenos de una alegre confianza, que todos conocerían al cabo lo perjudicial de las teorías gubernativas, y que este conocimiento, unido al que debieran tener de su situación general, les haría entrar en sí mismos y sacrificar a la dicha nacional sus intereses y sus opiniones; pero por una fatalidad que lamentamos, los intereses y las opiniones de algunos se han combinado para destruir en un día, en una hora, en un momento, la hermosa obra de tantos años, de infinitos padecimientos; la obra del denuedo, del desprendimiento, de la más noble constancia; la obra, en fin, que las virtudes todas habían presentado al mundo, que la contemplaba atónito. Espíritus exaltados por un imprudente, aunque tal vez candoroso amor a los principios y a las abstracciones metafísicas, desconociendo la verdadera voluntad de los pueblos y su único anhelo, quieren que Colombia llegue al optimismo político que tan en vano han pretendido naciones diferentes, que tan caro ha costado a aquellas que han hecho la experiencia, y que a la mayor parte de la República atrajo ya muertes, ruinas, desolación y el peor de todos los males: la servidumbre. ¿Cómo puede un verdadero patriota, un hombre sensible, olvidar las reconquistas de la antigua Venezuela por el inepto Monteverde, y la de la Nueva Granada por el feroz Morillo? ¿Quién, de buena fe, puede atribuir los horribles sucesos de aquella época espantosa, sino a las fantasmas de gobiernos que tuvimos en los primeros años de la trasformación, a la división de los ánimos fuertemente afectados de un funesto espíritu de provincialismo, y a la cándida conducta de nuestros proceres, que viendo la cuchilla española, casi sobre sus cuellos, se ocupaban con ahínco en cosas de menos valor? ¿Qué otras causas pueden los colombianos señalar a las desgracias de que han sido víctimas los bravos colombianos que después han mandado o a la eternidad, o a la tierra que los vomitó, 30. 000 y más españoles, que con una sed hidrópica de oro y de mandos acometieron la temeraría empresa de disputarles la independencia que pretendían? Las crueles lecciones de una larga experiencia adquirida con pérdida de lo que nos era más caro; la experiencia, esta fiel amiga del hombre; la experiencia, señores, que nos muestra con voz insinuante el verdadero, el único origen de las calamidades sufridas, y de la gloria, y de los bienes que hemos adquirido: ¿seremos sordos a sus enérgicos acentos? No lo permita el destino de Colombia.

      Que la República padezca mengua en su poder y en su nombradía volviendo tristemente a los primeros días de su existencia; que esta patria querida, cuna de tantos varones ilustres, empapada con la sangre de sus mejores ciudadanos, deje de ser lo que debe, por seguir los raptos de imaginaciones ardientes, los estímulos de corazones demasiado sensibles; y, por último, que Colombia deje de existir por la voluntad de sus propios hijos, estos son, señores, los temores que hemos dicho que nos agitan. Y Colombia, ciertamente, se disolvería, sería la compasión de los amigos y el desprecio de sus rivales, si renaciese en ella el sistema federativo que ya conocemos, bien a nuestro pesar.

      Seis legislaturas ha tenido Colombia, desde el congreso constituyente de Cúcuta hasta la del año pasado; y en todas ellas nuestros diputados, seducidos por los hermosos principios que escritores célebres han propagado, y juzgando equivocadamente sobre los males de que tanto se quejaban los pueblos, han ido sucesivamente empeorándolos, al mismo tiempo que pensaban remediarlos. Sin considerar nuestras legislaturas que eran legislaturas colombianas, nos han dado las mismas leyes, más o menos reformadas, que rigen a otros pueblos de diferentes costumbres, y más ilustrados; a otros pueblos que, bajo cualquier aspecto que se les examine, se encuentran en muy diferente situación que los nuestros. De colonias españolas se han querido formar, de repente, otra Francia, otra Inglaterra y otra República de los Estados Unidos de Norte América: de aquí la falta de cumplimiento que han tenido estas mismas leyes. Una de nuestras quejas del gobierno español era la complicación de su código y la multitud de sus leyes; y cuando el buen sentido aconsejaba que mejorásemos de este vicio, pródigas legislaturas nos han dado las leyes por tomos, y han aumentado con ellas nuestros trabajos en vez de disminuirlos. Es verdad que Colombia puede lisonjearse de tener centenares de leyes patrias; pero confesemos que también puede y debe lamentar su estado presente. Con sumo desplacer se nota por todas partes una espantosa miseria, la inmoralidad más escandalosa y una total indiferencia por los intereses nacionales. Vivir, y vivir en absoluta tranquilidad, es el mismo deseo de nuestros infelices pueblos. Cansados ya del movimiento activo en que los han tenido la guerra y la misma revolución, no aspiran sino a gozar en profunda paz del escaso fruto de su trabajo. A las absolutas y prematuras reformas debe el sur la ruina y el descontento que se experimentan en él, sin que en esta ruina y en este descontento pueda nadie culpar a nuestro sistema de gobierno.

      Fundados en los males que hemos apuntado ligeramente, y que estamos diariamente tocando con las manos, y movidos por el bien de la patria, nos resolvemos a recomendaros, honorables representantes, que déis a esta misma patria un gobierno unitario y vigoroso, capaz de impedir o remediar los vicios que se desbordan de un extremo a otro de ella, un gobierno que tenga la fuerza necesaria para mantener, sin alteración, el orden interior, e imponer a nuestros enemigos exteriores, para hacer administrar la justicia rigurosamente y con prontitud, un gobierno que pueda llenar cumplidamente sus funciones en una nación recién salida de la esclavitud, con hábitos y costumbres opuestos a su engrandecimiento, en una nación pobre, falta de luces, y fatigada de marchar en pos del bello ideal de la política. Dadle, en fin, señores, un gobierno que, por su energía, pueda de algún modo suplir los muchos elementos del bien que, por nuestra desgracia, nos faltan. El general Bolívar ¿no llenaría las esperanzas de todos los que la aman? Su vasto genio, su saber, sus eminentes virtudes, ¿no lo designan, a punto fijo, para que desempeñe tan alto ministerio? Nosotros creemos, y seguramente sin equivocarnos, que sólo un brazo tan poderoso como el suyo, uno que como él reúne el amor y confianza de los pueblos y el respeto del ejército; que sólo un hombre tal, en quien se encuentran juntas circunstancias tan esenciales, puede impedir que Colombia se precipite en el hondo abismo a que corre presurosa.

      Honorables representantes: por último, os recomendamos que la práctica, y sólo la práctica, guie vuestras deliberaciones: estos son nuestros deseos: ¡ojalá logremos verlos satisfechos! Nuestra gratitud sería entonces tan eterna, como lo sería también la gloria de la convención que así había atendido al sumiso clamor de una parte considerable de Colombia.

      Calixto, obispo electo de Cuenca, Manuel Larrea, Modesto Larrea, Manuel Matheu, Vicente Aguirre, Joaquín Gutiérrez, doctor Salvador Ortega, Antonio Ante, Manuel Gómez Polanco, juez político municipal; doctor José María Salazar, José Javier de Valdivieso, alcalde primero municipal; Miguel Gutiérrez, Antonio Vaquero, Luis Gómez de Latorre, Ventura Proaño Espiridión, Bernardo de León Aguirre, Camilo Caldas, Juan Bautista Castrillón, Bruno Guerrero, doctor Nicolás de Arteta, chantre de la santa iglesia catedral; doctor Joaquín Pérez de Anda, maestrescuela de la santa iglesia catedral; doctor José Miguel de Carrión, doctoral de la santa iglesia catedral; doctor Francisco León de Aguirre, penitenciario; doctor José Isidro Camacho, prebendado y rector del colegio de San Luis; Antonio Román, canónigo de Merced; José Joaquín Chiriboga, prebendado racionero; doctor Víctor de San Miguel, José de Vivanco, Manuel de Lanas, José María Pareja, Juan Manuel Rodríguez, fray José Bou, comendador de la Merced; fray José Pérez, comendador de la recolección mercenaria; Mariano Santacruz, Juan Ante y Valencia, Joaquín de la Barrera y Nates, José María Pérez Calixto, fray Antonio de Latorre, provincial de San Francisco; fray Manuel de Mera, guardían de San Francisco; fray Mariano de Paredes, provincial de predicadores; fray Luis Sosa, prior de predicadores; Fidel Quijano, contador general; Miguel Fernández de Córdoba, contador interino.

   Siguen las firmas.

FUENTE EDITORIAL:
Blanco, José Félix y Azpurúa. Ramón. Documentos pura la historia de la vida pública del Libertador. Caracas. La Opinión Nacional, 1877. Edición facsimilar. Presidencia de la República de Venezuela, 1979, t. 12, doc. 3477, p. 168-170, y doc. 3631, p. 360-362.
OTRAS EDICIONES:
Gaceta de Colombia. N° 349. Bogotá. 1828, (1/6), p. 1-2.

34
EXCUSA DEL DIPUTADO VELEZ

   Excelentísimo señor presidente de la gran convención nacional.

   Bogotá, 22 de febrero de 1828.

      Cuando fui nombrado diputado a ese cuerpo por la provincia de Neiva, me consideraba restablecido ya de la afección que padezco al pecho; bajo este supuesto admití gustoso dicho nombramiento, y me resolví a marchar a esa ciudad a cumplir con los deberes de mi encargo; y a pesar de que la experiencia me ha hecho conocer que la agitación y las mudanzas de climas agravan mi enfermedad, se trataba, señor, de salvar la patria, y yo alentado con esta halagüeña esperanza, desprecié el peligro en que ponía mi vida por cooperar a la de Colombia. Con este glorioso objeto salí de esta capital el 14 del presente, y a pocas leguas de marcha quedé desengañado de que no me era posible continuar hacia mi destino, y así me fue forzoso retrogradar moribundo a esta capital en donde la gravedad de mi enfermedad me impidió hacer nuevos esfuerzos. Esta triste situación, al paso que me llena de amargura, me pone a salvo de cualquier responsabilidad que pudiese resultarme con mi no concurrencia a esa augusta asamblea, y confío en que ella así lo declarará, recibiendo los más sinceros votos de respeto y obediencia.

      Como mi enfermedad es notoria aun a los que no me conocen personalmente y también lo es mi amor a la patria, porque está probado a los 31 años de mi edad, con 18 de continuos sacrificios, no he creído necesario acompañar con este documentos de facultativos, y me parecen suficientes los informes que verbalmente pueden hacer sobre esto los honorables representantes Santander, Soto, Merizalde y otros que han visto la situación en que quedé.

   Espero que vuestra excelencia tendrá la dignación de ponerlo todo en el conocimiento del respetable cuerpo que preside, en el concepto de que ya he dado los avisos necesarios para la marcha del suplente a quien toque reemplazarme.

   Quedo, señor, de vuestra excelencia el más obediente servidor. Excelentísimo señor.

El general de brigada,

Francisco de P. Vélez.

FUENTE EDITORIAL:
Gaceta de Colombia, N° 333, Bogotá. 1828 (2/3), p. 3.

35
DIFICULTADES DE LOS DIPUTADOS DE QUITO PARA CONCURRIR A OCAÑA

   Quito, 26 de enero de 1828

   Al excelentísimo señor Libertador presidente.

   Excelentísimo señor:

      El deseo de llenar en cuanto esté a nuestros alcances la confianza de las provincias de esta parte del sur que nos han elegido sus representantes para la gran convención, nos obliga a exponer respetuosamente a vuestra excelencia que, a pesar del vivo anhelo que nos asiste de consagrarnos a este servicio público a costa de cualquier sacrificio, no está en nuestras manos el vencer los obstáculos que presenta una marcha tan pronta; porque ni los avisos se han podido impartir a los electos sino con dilación, ni el gobierno puede todavía proporcionar el viático para su avío, aunque sabemos que se toman medidas muy activas al efecto. Comprendemos por esto que no nos será posible arribar al punto de Ocaña sino en fines de marzo o principios de abril, si el accidente del terremoto no añade nuevos embarazos en el tránsito a la estación del invierno que es rigurosísima actualmente, y que tratamos de arrostrar por nuestra parte. Parece que los objetos mismos de la convención demandan alguna calma en dar principio a sus trabajos, hasta que menos hayan podido arribar los diputados de estas distancias, cuya asistencia es de bastante necesidad; si se atiende a que el sur no tuvo parte en la formación del código que ha regido, y que aun en las legislaturas ordinarias ha sido siempre escasísima o casi ninguna su representación. La República quiere oír a todos sus hijos para cimentar mejor el edificio de su felicidad; la población del sur es muy interesante, y no es posible la perjudiquen circunstancias que no han estado a su alcance, ni que sea infructuoso el sacrificio de sus diputados, si acaso ha tenido efecto la reunión el 2 de marzo señalada por la ley. La postergación hasta abril, parece en todos casos de la más urgente necesidad por el propio bien de la nación, y para que sin queja de los pueblos se trate con más quietud cuanto sea conducente al fin de elevarla a su mayor prosperidad y gloria. Nosotros cumplimos con manifestar los justos embarazos que quedan indicados para salvar por nuestra parte todo motivo de responsabilidad respecto de nuestros comitentes.

   Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.

Luis de Saá, Antonio Ante,

J. F. Valdivieso, José María Orellana,

Manuel Avilés.

FUENTE EDITORIAL:
Gaceta de Colombia. N° 334. Bogotá. 1828 (9/3). p. 1.

36
EXPOSICION DE LA DIVISION DEL MAGDALENA DEL EJERCITO A LA GRAN CONVENCION

   Señores de la gran convención:

      Los jefes y oficiales de los cuerpos situados en el departamento del Magdalena, por sí y por sus hermanos los soldados que componen estos mismos cuerpos, humildemente suplican con la deferencia y respeto debidos, se les permita manifestar libremente a los representantes de la nación la triste situación a que están reducidos después de 18 años de sacrificios sin ejemplo en la historia de los pueblos más guerreros.

   Para empezar a describir la serie de nuestros agravios, permitid, señores, que echemos una rápida ojeada sobre [ilegible] rias y trineros son los nuestros, y nuestros también sus padecimientos.

      Traed a la memoria los primeros pasos dados en favor de la independencia de la República, y veréis que un sentimiento general animaba en aquella época a los pueblos decididos a ser libres a toda costa; este fue el primer impulso que alegó toda consideración en bien de la seguridad, que debía ser el paso inmediato.

   Las ideas, los principios, las bellas teorías fueron las armas que la inexperiencia (¡funesto error!) preparó, por entonces, para combatir a un enemigo avariento, más ambicioso y experimentado que nosotros.

      La electricidad [sic] moral del pueblo había hecho confiar en sus efectos y había producido aquel letargo que es consecuencia de un gran sacudimiento; los proceres de la revolución creyeron demasiado en los principios y en el pueblo, y todo fue perdido.

      Comparad, señores, el paseo [sic] militar de Coro por el general Toro, la guerra de Valencia por el general Miranda, la invasión de Monteverde el año de 12, con la campaña del año de 13, y veréis sólo en ese cuadro la gran diferencia que existe entre el pueblo armado, o tropa colecticia, y un ejército organizado, aunque por su pequeño número no mereciese tal nombre.

      Ved a esos veteranos de Niquitao, Vigirima, Carabobo, Bárbula, etc., combatir a Monteverde y a otros mil, rescatar a Venezuela, librar de los suplicios a centenares de distinguidos ciudadanos, y últimamente luchar por más de un año contra el pueblo y sus tiranos; contra ese pueblo, señores, que desoía los principios, porque no siempre son eficaces, a pesar del entusiasmo con que los abrazó en su primer enajenamiento.

      Recorred los campos de Cundinamarca y Boyacá, y veréis que los ensayos de la guerra se hicieron entre pueblos hermanos que se mataban por vanas teorías, y que sin embargo de esos ejercicios, ellos no estaban más diestros para impedir la invasión de un corto número de enemigos el año de 16.

   Tampoco ignoráis los resultados de la primera insurrección de Quito.

      [ilegible]... ilustres, cuyos restos, mejor aconsejados, formaron el corazón del ejército que ha dado vida a Colombia; sí, vida, porque sin ese ejército, que hoy es la piedra de escándalo para los ingratos, la República estaría todavía en la mente de su creador.

      Recordad también la lucha desigual entre un puñado de veteranos y las huestes desenfrenadas del feroz Boves; tened por un momento delante de vuestros ojos el camino trazado por los bravos que se opusieron a las victorias de aquel verdugo en todo el oriente hasta su muerte, y meditad sobre estos hechos más brillantes que los de ninguna historia por fabulosa que sea; meditadlos, señores, y veréis que el ejército, o esa parte solamente, sostenía la libertad y la independencia contra los soldados de la tiranía formados en el seno de la patria, porque eran todos colombianos.

      ¡Ah! ¿y no recordaréis esos momentos aciagos en que visteis a muchos tímidos a abandonar nuestras filas para pasarse al enemigo?, ¿en que otros desesperados de la salvación ocurrieron a la supuesta clemencia de sus verdugos para perecer, como perecieron, entre sus brazos tendidos con alevosía?, ¿en que la patria sin abrigo se vio sumida en la más bárbara esclavitud, trocando luego sus cadenas enrojecidas con la sangre de sus hijos por otras menos teñidas pero todavía más fuertes que un ejército extranjero trajo del otro lado del Atlántico? Sí, señores, la expedición de Morillo debió ser el término de nuestras esperanzas, pero existía todavía un resto de esos valientes que afrontaron tantos peligros, y que debía en algún tiempo ser la base del ejército; existía aún más, y era ese caudillo afortunado que desde las Antillas preparaba la gloriosa resurrección de la República.

      Le veréis, señores, arrostrar con sólo 300 hombres toda la inmensidad de peligros, que a otro genio menos audaz le fueran representados como un solo imposible moral; le veréis vadear en pequeños y mal seguros bajeles el mar de los caribes por entre escollos más temibles que las rocas del océano, por entre una escuadra enemiga demasiado fuerte y bien provista; veréis a esos bravos aportar denodadamente confiados en su valor y llevar la victoria en triunfos desde las costas del Ocumare hasta las orillas del Orinoco.

      Veréis rendir a una plaza, sin elementos de guerra para reducirla, después de una batalla gloriosa; y finalmente, veréis en Angostura la ciudadela de la República, el origen de su creación, los fundamentos de nuestras instituciones, el semillero del ejército, y el punto en donde se colocó la mano de la Providencia para lanzar el rayo destructor del imperio español de costa firme.

   Contad, señores, los pasos del ejército, desde allí hasta las puertas el año de 18, su retroceso y su reacción hasta imponer al formidable poder de Morillo el año de 19 en la famosa jornada de las Queseras del Medio.

      Fijad bien vuestra atención en aquel paseo [sic] militar que honró al funeral del dominio español en Boyacá; recordad a Carabobo, a Puerto Cabello, al lago de Maracaibo en Venezuela, a Bomboná y a Pichincha en el sur; y, si queréis sobrecogeros más de admiración, recordad la rendición de esta plaza y la ocupación de su bahía el año 21, sin elementos, sin dinero, sin los medios siquiera de que podía disponer el enemigo, y veréis el último rasgo del brillante cuadro que os presenta la marina y el ejército, ese ejército menos afortunado en la paz que en la guerra.

      No para aquí, señores, la relación de nuestros triunfos; más generosos que los americanos del norte, no nos contentamos con nuestra propia emancipación: también la llevamos a nuestros hermanos más allá del Ecuador; en 13 años de guerra aprendimos a ser bastante libres para dar una lección brillante de generosidad y de odio a la tiranía; era necesario que en el continente americano no hubiese un solo pabellón español enarbolado, y el último se abatió en Ayacucho.

      Las puertas del alto Perú se abrieron también, como por encanto, a nuestro ejército, que penetró hasta los confines del imperio de los incas; es imposible olvidar tan pronto los resultados de nuestras victorias: dos jóvenes repúblicas sacudieron bajo nuestro pabellón el yugo ignominioso que las unía al carro de la esclavitud, y bajo su sombra se alistaron en el número de las naciones.

   Campos gloriosos, triunfos inmensos, rasgos sublimes de valor, de generosidad, de desprendimiento, todo recuerda la brillante conducta del ejército, de ese ejército tan desgraciado ahora, como en otros tiempos valiente y sufrido.

      Hemos hablado, señores, de los triunfos del ejército, pero no de sus inauditos padecimientos; prestad, pues, atención al relato de los sufrimientos más penosos que ha podido experimentar el hombre social en medio de los bosques y de los desiertos.

      Sabemos muy bien que entre vosotros existen testigos de nuestros sacrificios, y aun compañeros en la desgracia y en la recompensa, pero esto no basta; ya se hace necesario que gritemos una y mil veces porque nuestro aspecto miserable y abatido no ha servido sino para hacernos despreciables en lugar de haber hecho nuestra mas oportuna recomendación.

      ¿Cuáles fueron los elementos de guerra y de boca que tuvimos el año de 14 para resistir el infierno que vomitaba por todas partes volcanes de asesinos?; ¿cuáles los que el año de 16 había en Nueva Granada para resistir a Morillo? ¿En dónde estaban esas máquinas y aprestos que el arte de la guerra exige para sitiar y rendir las fuerzas fuertes ?; ¿en dónde los depósitos de hombres y de medios para la campaña del sur el año de 22? Sin embargo, visteis escapar del puñal de Boves a los 300 que redimieron de nuevo a Venezuela; visteis evadirse de la invasión de Morillo aquellos bravos granadinos que penetrando a Casanare formaron el plantel del ejército de Apure; visteis rendirse a Cartagena y a Puerto Cabello, e integrar la República después de la batalla de Pichincha: todo lo habéis visto, ¿y no os admiráis?

      Figuraos, señores, del modo más ridículo, la ficción ingeniosa de un ejército desnudo en una estación lluviosa, que vagaba por las inmensas llanuras de Apure en busca de aventuras; pues es más que ficción, es una realidad asombrosa; sin más alimento que las reses que se encontraban en el tránsito, sin más tren que la lanza de cada soldado, muchas veces sin un cartucho y por consecuencia sin un fusil, otro muy mal montado, el ejército de Apure ha sido sin duda el asombro de los españoles por su valor, por su lealtad a toda prueba, por un sufrimiento inagotable y por aquella ciega obediencia que ha marcado su carácter de disciplina y subordinación. Os acordaréis, señores, de los motivos que impidieron presentar una batalla al general Morillo el año 19 después del paso de Arauca; aún después de la acción de las Queseras, nuestro ejército era infinitamente inferior en número y disciplina, pero tenía muchos más quilates de valor y sufrimiento.

      En este momento el enemigo abandona la campaña que había emprendido con denuedo; y el Libertador, aprovechándose de esta circunstancia, del invierno y de la moral de nuestros soldados, invadió, en una estación la más terrible, las provincias de la Nueva Granada.

      ¡Con qué asombro veréis a nuestros soldados abandonar sus caballos y sus llanuras para trepar los riscos de la cordillera de los Andes sin murmurar de su situación miserable, ni de la temperatura opuestísima a la del lugar de su nacimiento! Veréis entonces a nuestros oficiales desnudos y descalzos presentar una mano en auxilio del soldado desfallecido; veréis a esos valientes perecer en las alturas, sin quejarse, abrumados con el frío de los páramos; ¡y a todos bendecir el destino que los guiaba!

      Son testigos todavía de los sufrimientos del ejército los desiertos de Casanare que abrigaron a tantos valientes fugitivos y dispersos en la época de la disolución del ejército de Nueva Granada; y lo son también los Andaquíes, Guanacas, Capaya y otras montañas que fueron no sólo el abrigo sino también el sepulcro de otros muchos.

      Recordad la penosa situación del ejército del sur al mando del Libertador después de la batalla de Bomboná; vedlo cercado de enemigos por todas partes, falto de víveres y de municiones, desnudo y hambriento, en un lugar de desesperación y de horror; pero vedlo firme y constante; vedlo sufrido y valiente.

   Hechad una mirada más atrás y contemplad a los sitiados de Maturín, y a todos los patriotas que después de la pérdida de Venezuela quedaron vagando por los montes y desiertos a la merced de las fieras y de las estaciones.

      Contemplad al ejército de Venezuela en el primer sitio de Puerto Cabello, pereciendo de hambre y de la peste, y sosteniendo por cuatro meses las fatigas de un trabajo material sin dejar jamás de estar dispuesto a batirse a cada momento. Veréis en el segundo y en el último ostentar un valor sin ejemplo al lado del sufrimiento más extraordinario; en todos tiempos nuestros soldados estuvieron mucho más mal asistidos que los sitiados: sin embargo sabéis, señores, cuál fue el resultado de tantos sacrificios.

   No sabemos si ignoráis la situación calamitosa del ejército y escuadra que rindió a Maracaibo el año 23, hasta deciros que de nuestra infantería murieron muchos soldados de hambre en los puertos de Altagracia.

      En fin, ¿a quiénes hablamos?; ¿acaso no sois colombianos todos, y todos testigos de estos hechos y de otros muchos que recordaréis en el instante en que leáis nuestra relación? Sí, señores: sois vosotros mismos, a quienes apelamos para documentar esta exposición.

      No hay lugar, no hay sitio por pequeño que sea en que haya existido parte del ejército, que no esté atestiguando nuestra miseria y nuestro sufrimiento; nuestra miseria, porque hemos carecido siempre de paga, casi siempre de vestuario, e infinitas veces hasta de la simple ración; y nuestro sufrimiento, porque jamás ha habido un oficial que haya desanimado la tropa, ni tropa que haya opuesto resistencia a las órdenes de sus jefes a pretexto de necesidades comunes entre todos.

      Recordad, señores, los elementos con que se formó el ejército llamado sitiador de Cartagena el año de 20; recordad igualmente los de que se componía nuestra marina, y comparadlos con los medios de que podía disponer el sitiado para destruir tan grandioso proyecto; repasad todos los acontecimientos de aquella época, y veréis que un constante prodigio ha sido todo el sitio y bloqueo hasta la rendición de la plaza; pero ¿a qué atribuís tan brillante resultado?: a nuestro sufrimiento, tan sólo a nuestros sacrificios.

      Integrada la República, en marcha la administración, en circulación una gran suma, a pesar de muy vociferados los servicios del ejército, ¿qué bienes hemos obtenido en recompensa de nuestra moderada conducta? Podemos aseguraros que, sólo en el departamento, el crédito de nuestros alcances desde el año de 21 monta a más de medio millón; ahora mismo perecemos de hambre; la tropa se destruye y se aniquila como un cuerpo debilitado por una larga consunción; los oficiales carecen de toda asistencia, y el único recurso por ahora es un papel que apenas merece la cuarta parte de su valor nominal.

      ¿Será posible permanecer por más tiempo en esta posición degradante, en este estado de miseria y abatimiento, en esta situación calamitosa? ¿Será posible que llegue a tanto el sufrimiento que a todo esto reunamos también el desprecio de los que fueron nuestros enemigos, los baldones, los denuestos de los zánganos que, aprovechándose de nuestro trabajo, quieren disponer a su salvo de lo que ellos llaman patria, y de la cual nos quieren excluir?

      No, señores, no permita el cielo que llegue a agotarse el cáliz de nuestra paciencia; para evitar las consecuencias de un momento de desesperación es que nos dirigimos a vosotros, como a los padres de la patria, como a los árbitros de sus destinos; tened presente que somos colombianos, y que, como tales, pertenecemos a la masa de la sociedad, cuyos goces son el objeto de nuestra asociación. Somos miembros de la gran familia colombiana, y tenemos por esto derechos imprescriptibles que no podemos enajenar sin exponer la garantía más preciosa, que es nuestra propia conservación; atended bien a este argumento para fallar sobre nuestra suerte; y prestad la atención debida a la relación de nuestros agravios.

      Ya habéis leído la de nuestros servicios y padecimientos; es muy justo que también sepáis que además de la falta de recompensa se nos han irrogado agravios positivos; agravios que han lastimado en mucho nuestro honor, que han herido nuestra delicadeza, que han destruido la esencia de la fuerza armada, que han aniquilado nuestro patrimonio, y que, finalmente, excluyéndonos de la clase de ciudadanos, reducidos a menos que soldados, nos han puesto en un estado de peor condición que el resto de la sociedad.

      1°. Cuando, en 1817, su excelencia el Libertador, entonces jefe supremo, decretó en 10 de octubre de aquel año una asignación correspondiente a cada clase del ejército, fue en el concepto de estimular a los extranjeros a que viniesen a ayudarnos en la empresa de libertar a la patria y al mismo tiempo de asegurar para los nacionales una compensación justa y debida a las privaciones que experimentábamos en aquella época de miseria y de peligros; el espíritu del decreto se concibe mejor por la declaratoria que recayó en 17 de noviembre del mismo año, exigiendo dos años de servicio activo para obtener dichas asignaciones, que no eran otra cosa que un verdadero enganche; por consecuencia desde aquella fecha hasta que fuese revocado por otra autoridad competente, los militares que hubiesen venido a tomar servicio tenían derecho al haber íntegro en virtud del decreto mencionado, pasados los dos años.

      Este decreto, que fue un verdadero contrato y que, sin duda alguna, produjo los buenos efectos que se propuso en él el Libertador, conservó su vigor hasta que una ley (la de 6 de enero de 1820) del congreso de Guayana destruyó la buena fe del gobierno, dándole un efecto retroactivo.

      La ley de 1820 fijó el término para los goces del enganche al 15 de febrero del año 19; todo el que vino después del 15 de febrero de 1817, mucho antes del decreto del jefe supremo, no ha debido percibir sino una parte del haber proporcionado al tiempo que sirvió dentro de este nuevo período, de manera que los que tomaron servicio en virtud del citado decreto, que sólo pudo circular al principio del año 18, fueron enteramente burlados por una ley que no sólo extendía sus efectos a la fecha de haber sido dictada, sino a 11 meses antes de su existencia.

      La ley de Guayana creó una comisión para liquidar las acreencias de los militares por mitades; y, en efecto, empezó sus trabajos omitiendo algunos vales. El decreto de 1817 y la ley de 1820 fueron alternativamente confundidos según los intereses de las partes, hasta que la ley de 20 de septiembre de 1821 fijó la regla general de las asignaciones y de los períodos señalados para su goce; por consiguiente se creó también una nueva comisión y se impusieron nuevas trabas para anular la emisión de vales; el resultado fue que se originaron muchos reclamos, entre otros el del general Páez a favor del ejército de Apure. Como la ley era viciosa en su origen, fue menester ensancharla y nombrar nuevas comisiones con autoridad de admitir pruebas supletorias para la declaración de los haberes, y el resultado fue el abuso enorme de esta concesión secundaria que era la consecuencia del vacío de la ley. Se multiplicaron las acreencias, se declararon haberes íntegros a los que nunca habían militado, a los que habían empezado su carrera mucho después del término señalado por la ley de 1821; en fin, solamente en el Apure el cúmulo de haberes montó al cuádruplo del que se suponía antes legalmente.

   No debéis, señores, ignorar lo que ha sucedido en las comisiones subalternas que preparaban los trabajos y que admitían las súplicas de los militares que se dirigían a la principal; hubo representación que estuvo tres años sin decretarse.

      El paso de declarar el haber primero y enajenar después la finca, reprodujo los inconvenientes para obtener el cobro de las asignaciones; tropiezos, dificultad, dilación, gastos de un procurador en Bogotá o de un viaje personalmente, eran otros tantos obstáculos para el logro de esta gracia, o, mejor dicho, para obtener la justicia de nuestro pago.

      Los militares que no estaban en el caso de entretener un litigio, porque todo se volvía un negocio de fuero, abandonaron sus intereses; fijaron solamente su atención en la declaratoria, y empezaron a vender los documentos o vales a menos precio, y como los que los compraban tenían otros medios de realizar sus acreencias, a pretexto de una deuda tan sagrada, hete aquí cómo nuestro patrimonio pasó a las manos de otros individuos con la mayor sinrazón y en perjuicio del ejército. Aquí mismo, señores, en esta ciudad, ¿en manos de quiénes paran los bienes confiscados? Sujetos acaudalados se hicieron de muchos documentos por la quinta y sexta parte de su valor; el gobierno les dio, por consecuencia, una preferencia injusta, y cuando ocurría algún militar exigiendo la adjudicación de alguna finca, ya la hallaba aplicada a un particular.

      Comparad, pues, esas leyes entre sí; examinad los trabajos de esas comisiones y los resultados de sus tareas; echad una mirada sobre lo que ha debido pertenecer al ejército, y veréis que todo ha sido injusticia, todo abandono, todo desprecio; parece que hasta el gobierno se había conspirado [sic] contra nosotros.

   Ved también, señores, a los representantes del pueblo abusando de su misión para causarnos un nuevo perjuicio.

   Cuando ya no nos quedaba otro recurso que los vales emitidos como deuda pública, una ley declara nuestra acreencia de inferior condición a la de toda la República, imponiéndole solamente el 3% de interés.

      Establecido el 6% como el interés legal, nuestra deuda ha quedado reducida a la mitad solamente aunque su valor nominal monte a lo mismo que era antes. Como en las deudas de difícil amortización, el interés es el que da valor al capital, no hay duda de que nuestros haberes valen ahora solamente la mitad de lo que valían antes o podrían valer, si no se hubiese hecho una declaratoria tan injusta, como de muy mala fe, mucho más cuando sólo la acreencia del ejército fue la única que mereció esta rebaja.

      La misma ley, señalando el plazo para redimir los censos con los documentos del gobierno, establece la proporción entre los intereses de estos y de aquellos, y reduce escandalosamente nuestros haberes y sueldos a un sesenta por ciento de valor solamente; y ¿por qué? ¿Somos acaso de peor condición que los de más acreedores de la República, que los agiotistas, los contratistas y esa caterva de especuladores que aventuraron un corto capital para sacar una ganancia enorme? ¿No es infinitamente más sagrado el del ejército que consistía en nuestras vidas, en nuestra salud, en nuestro trabajo, en nuestra miseria y privaciones?; ¿qué arriesgaron muchos de los que se llaman privilegiados?: un pequeño capital. Y ¿qué los que han perecido en los campos de batalla, en los desiertos, en los ríos y en los páramos? Que lo digan sus viudas, pobres y miserables; que lo digan sus hijos, abandonados a la orfandad y a la desesperación; en fin, que lo digan sus sombras errantes en torno de esta patria ingrata, causa de tantos sacrificios no merecidos.

      . Parece que el congreso de Guayana quiso balancear la supresión de los haberes con la declaratoria de los sueldos desde el 15 de febrero de 1819 en adelante, y por esto decretó los que se mandaron abonar desde aquella fecha a razón de tanto por clase; el congreso del año 21 rebajó las asignaciones y las redujo a cerca de dos tercios, reservando en cajas de la nueva tarifa igualmente otro tercio hasta que el gobierno arbitrase medios para sostener el ejército.

      Sin embargo de los esfuerzos del ejecutivo, nosotros no éramos mejor pagados ni mejor asistidos; por consecuencia, se reprodujeron los reclamos, que dieron margen a la ley de 31 de julio de 1823, autorizando al gobierno para que hiciese un nuevo arreglo de sueldos. ¿Cuál sería nuestra admiración, cuando vimos burladas nuestras esperanzas, rebajadas nuestras pagas, reducidas a los dos tercios de que era ya una reducción, y todo lo que se nos debía reducido igualmente a la clase de una deuda sin mérito ni valor? Leed todas esas leyes y decretos, comparadlos, y conoceréis si ha podido haber buena fe en todo lo que ha tenido la menor relación con el ejército.

      3°. Hasta poco ha hemos sufrido constantemente un descuento que las leyes españolas llamaban montepío militar, pero entre nosotros sin objeto alguno, porque no había ley que dispusiese de este fondo retenido, a pesar de que jamás lo hubo tan sagrado; ni más digno de aplicación.

      El secretario de la guerra, general Carlos Soublette, oficial que conoce bien el ejército, y que sabe cuánto valen sus constantes sacrificios, propuso a la legislatura del año 26 la creación de un banco militar con los fondos del montepío que, según su concepto, debían ascender a cerca de un millón de pesos, con el muy loable objeto de fomentar este capital y de hacerlo productivo en favor de las viudas y huérfanos de los oficiales que hubiesen perecido en servicio de la patria.

      Esta idea verdaderamente patriótica y que tanto honor hace al que la propuso, fue desechada como de muy poca monta; se juzgó más oportuno tratar de otro asunto menos extenso, pero que convendría a las miras de algún representante; y nuestros derechos, los de nuestros hijos y viudas fueron mirados como una cosa de que podría prescindirse sin perjuicio de tercero. Una disposición de la última legislatura abolió la exacción de este impuesto, tan injusto sin objeto, como legítimo y sagrado bajo las miras del general Soublette.

      Ved aquí, señores, dos injusticias: un tributo que pagamos por tanto tiempo sin un fin determinado, y cuando se ha querido legitimarle, un rechazo, una negativa que hiere a la parte más digna de la República, a las víctimas más ilustres de la libertad. ¿Qué se hará, pues, de este fondo? ¿Se nos darán también documentos al tres por ciento? No: vale más que lo olvidéis para siempre, y que nuestros hijos no tengan ese motivo más para maldecir a su patria.

      4°. Cuando la legislatura del año 23, en su decreto de 1° de julio, señaló los objetos para la inversión del empréstito de los 30 millones, olvidó nuestra deuda, y nuestra existencia que dependía de socorros pecuniarios de preferente aplicación.

   El ejecutivo entonces expuso los embarazos en que se veía para mantener al ejército y para acallar los justos reclamos hechos sobre la parte retenida de sus sueldos; la consecuencia fue una adición a la ley en 31 de julio, en que se declaró que bajo las palabras de fomento de las rentas públicas no se comprendía el pago de la lista civil y militar, declaratoria tan peregrina como extemporánea, porque sólo la más grande necedad podría confundir objetos tan opuestos cuanto es destruir o hacer productivo un capital.

   Sin embargo, el ejecutivo intentó nuevos reclamos en la próxima legislatura, que tuvieron por resultado los parágrafos 4° y 7° de la ley de 20 de mayo de 1824.

   En el 4° se mandan atender los gastos del ejército y marina, y en el 7° se manda pagar el tercio de sueldos retenidos.

   Veamos, pues, señores, si ha llegado el caso de llenar el espíritu de la ley.

      Jamás se ha pagado debida y puntualmente al ejército su salario; y si no, véase sobre todas las aduanas de la República la multitud de vales que aún hoy giran desde aquella fecha; véanse los grandes y disformes descalabros que ha sufrido la hacienda por esta emisión funesta de documentos ilegales, fraudulentamente emitidos los unos, y los otros autorizados por personas de muy mala fe, como ha sucedido en Venezuela, en donde la tropa perecía de hambre, y los cuales subían a una cantidad superior a todas las acreencias del ejército. Díganos el más osado embustero, qué comisaría o que tesorería recibió jamás cantidad alguna para pagar el tercio de sueldo retenido en virtud del citado parágrafo 7°. Señálesenos la suma del empréstito invertida en abono de los sueldos atrasados que en el espíritu de la ley eran de particular preferencia. Ya como que oímos decir que las gacetas de Bogotá están llenas de largas listas de pago a los diversos agiotistas que compraron y negociaron nuestros haberes para cobrarlos allí, y que también se pagaron en dinero efectivo; no hay duda; muchos miles de pesos se han invertido en este manejo tan odioso para los que lo han hecho, como para el gobierno que lo sancionó.

      Los militares, que no conocen otro ramo de industria que sus sueldos pagados en las comisarías de sus respectivas divisiones, no podrían haber cantidad alguna que no fuese destinada a ellas; se mandó emitir documentos expresamente, en lugar de enviar los fondos destinados por la ley para este pago. El resultado era bien claro y terminante; se vendieron los documentos por el valor que les dio entonces el comercio; se hizo con esto un género de especulación, de intriga, de agio, de corrupción para unos y de vergüenza para todos; sólo el ejército fue la víctima; sólo nosotros fuimos los burlados, y la ley. Sin embargo, sólo por esta participación nominal entramos en la cuota igualmente para el auxilio del crédito público. Sí, señores, nosotros pagamos el pecado del gobierno y de los que hicieron su fortuna a nuestra costa, porque entonces se nos hizo partícipes de las ventajas del empréstito, pero solo entonces, cuando ya no existía más que la memoria de la prodigalidad del gobierno, vuelto mezquino tan solo para con nosotros.

      . El estado actual de miseria a que nos vemos reducidos es la consecuencia de lo que queda dicho en el párrafo anterior. El soldado sin paga ni vestuario, con una pequeña y miserable ración, a la merced de un comerciante que la da a costa de un sacrificio por parte del mismo soldado; los oficiales pereciendo de hambre, desnudos, descalzos y huyendo de los que les han alimentado, calzado y lavado, confiados en la paga que no puede hacerse efectiva, si no se reciben sus sueldos, es el cuadro más triste que puede figurarse; con todo, esta es exactamente nuestra posición actual. ¿Qué diríais, señores, si oyeseis a un veterano recostado sobre su fusil, comparar su suerte con la de un esclavo que trabaja seguro de que se le mantiene, y que a pesar de esto no tiene delante de los ojos una escolta para pasarle por las armas por el más leve descuido? Ya os oímos lamentar nuestra desgraciada suerte; y con estos presentimientos, ¿que no debemos aguardar de vosotros?: Sí, padres de la patria; apoderados del pueblo colombiano, vosotros sois el arca santa en que se ha depositado la República para salvarla del diluvio que la amenaza; vosotros sois los escogidos y llamados para remediar nuestros males; vosotros sois, en fin, los que en un época de zozobras estáis destinados a traer la calma, la dicha y la tranquilidad sobre todas las clases de la sociedad.

   Y ¿osaríais engañarnos? No alejemos para siempre de la imaginación una tal sospecha; ella pondría delante de nosotros un abismo insondable, imagen de nuestra destrucción.

      Es llegado el tiempo del primer reemplazo del ejército; por consecuencia tendremos que licenciar a 500 veteranos por lo menos, y darles sus respectivos ajustamientos; hay soldados que alcanzan mucho más de $200; ¿qué valor, os parece, tiene esta deuda tan sagrada? Os lo diremos: el soldado con este documento ocurre a un negociante que le da por él $40, cuando más, en mercancías a un precio subido; y después de haber servido seis, siete u ocho años, lleva consigo por única recompensa la pobreza, la miseria, el desprecio y el vilipendio.

      La ley de postliminio es otra burla al ejército: ¿en dónde han sido considerados nuestros prisioneros de los años de 12 y 14 como tales, y tratados conforme al derecho de gentes, para que se les descuente media paga con el fin de indemnizar a la nación que los ha mantenido como a presidiarios? Media paga para sufragar los gastos de cadena y calabozo en Ceuta ¿no es una burla, no es un insulto hecho a los padecimientos de los Mires, Ruices, Ayalas, Ucroses, Castillos, y de otros muchos que se hallaron en este caso? No queremos extendernos a más; sólo os suplicamos que repaséis todas esas leyes para juzgar bien de nuestros agravios.

      Catorce años de campaña continua es el duplo de lo que duró la de los Estados Unidos en su emancipación; sin embargo, allí a los cinco años ya los oficiales del ejército habían obtenido una media paga de por vida, concluida que fuese la guerra; nosotros contamos 18 años sin saber todavía cuáles son los goces que nos pertenecen, cuáles los premios de nuestros servicios, ni cuál la suerte de los que nos retiremos agobiados con el peso de los años y de las enfermedades.

   Hasta ahora los retiros entre nosotros han sido considerados como mera gracia del gobierno, distribuida sin balanza, y, por consecuencia, sin equidad.

      Oficiales que apenas han hecho servicio de guarnición han obtenido retiro con grandes pensiones, al paso que otros verdaderamente inutilizados en campaña apenas han merecido una pequeña cantidad; a otros, llenos de heridas, se les ha entretenido con una ley de premios y retiros que había de venir, pero que nunca vino, ni vendría, si nuestros destinos continuasen a discreción del tiempo y del acaso. Esta esperanza, señores, la tenemos en vosotros; sí, es ya tiempo de esa ley de premios y retiros que asegure de un modo fijo e irrevocable nuestra suerte venidera; el inmortal Washington decía al congreso americano, recomendando una súplica de sus compañeros de armas, después de la guerra: "Si los oficiales del ejército han de ser los únicos que sufran de resultas de la revolución; si retirados del campo de batalla han de envejecer en la pobreza, en la miseria y en el desprecio; si se han de arrastrar en el vil fango de la dependencia, y han de deber a la caridad el miserable resto de una vida consagrada hasta ahora al honor, entonces sabría lo que es ingratitud, y entonces sería testigo ocular de un acontecimiento que acibararía todos los instantes que me restan de vida". De este modo hablaba a la representación nacional el caudillo americano; y en igualdad de circunstancias, ¿qué podremos esperar?; imaginadlo, señores.

   6°. La ley de 11 de agosto de 1824, ampliando los nueve casos que la ordenanza, señala para los consejos de guerra de oficiales generales, sujeta indistintamente a dichos consejos todos los crímenes comprendidos por las leyes comunes, en que incurrieren los oficiales del ejército.

   Hasta aquí es muy justa la ley porque nos pone el abrigo de las injusticias del fuero y de los comandantes generales con sus auditores, a cuyos solos dictámenes nos hallábamos sujetos por las leyes españolas.

      Pero más adelante, para dar una nueva garantía a nuestra seguridad en los casos en que las sentencias de los consejos de oficiales generales debían pasar al supremo consejo de la guerra, nos sujeta a una corte de justicia con el falso nombre de marcial, porque lleva consigo el triste e ineficaz recurso de dos conjueces militares.

   Observad, señores, que los consejos de guerra, son un verdadero juri, que con el derecho de recusar a tres de los jueces, forma el más sólido antemural de nuestras garantías.

      Si nuestras faltas y delitos son más comunes, porque se multiplican también más nuestros deberes, y porque estos deberes son de una responsabilidad más eminente, nada hay tan justo como ponernos al abrigo de las sutilezas de Causidicos. ¿Qué valen dos vocales militares al lado de cinco togados dispuestos, o casi siempre dispuestos, a atormentarnos con su poder, que ellos llaman legal? Desde este establecimiento, muy pocas causas vistas en la suprema instancia han dejado de ser acriminadas mas allá de lo justo y de lo legal.

      Es muy conveniente que una sola sentencia no nos prive de nuestra vida, de nuestro honor, ni de nuestros empleos, que son la recompensa de nuestros servicios; pero también lo es, no sólo conveniente sino justo y necesario, que en segunda instancia seamos juzgados por militares también, con la asistencia de un ministro que sirva de auditor, sólo de intérprete de la ley, de consejero en el tribunal, pero nunca, nunca de vocal.

      Ved, señores, a esta alta corte marcial, imponiendo restricciones a la secuela de las causas, destruyendo por otra parte con vanas formalidades los resortes de la disciplina, exigiendo un billete de arresto para los casos de mera corrección, aglomerando las diligencias y los autos con una confusa mezcla de la práctica criminal militar adoptada entre nosotros, y de las leyes de procedimiento y de la constitución; todo ese enjambre de cautelas, según el parecer de aquellos jueces, no ha sido otra cosa que otros tantos impedimentos para la simple y fácil administración de nuestra justicia criminal.

   Si antes eran suficientes 15 días para decidir una causa, ahora no lo son para llenar las formalidades desconocidas en la ordenanza y en la práctica.

      Y sin embargo de todo este interés por nuestras vidas, por nuestro honor y por nuestros empleos, ¿estamos acaso más seguros de conservarlos? No; ved en la ley orgánica del ejército desaparecer los consejos de guerra, las altas cortes marciales, la constitución, la terrible ordenanza española, y cuantas disposiciones ha habido en pro y contra los militares; ved en ese artículo 61 desaparecer todas nuestras garantías, toda nuestra seguridad, y todo lo que constituía el nervio de la fuerza armada, la sólida posesión de nuestros empleos. En él el poder ejecutivo a su juicio solamente puede borrar de la lista militar a cualquier general, jefe u oficial que no satisfaga a sus caprichos o a su preocupación; un error de concepto, una equivocación, destruye en un momento lo que es obra de muchos años de servicio, y lo que siempre se ha considerado como una grande recompensa. Este artículo debe revocarse, o el ejército está en peligro.

   Convenimos también en que el citado artículo se hizo necesario después de las fórmulas con que se hicieron interminables los consejos de guerra y con que se volvieron litigio los juicios militares.

   Ni el gobierno ni los comandantes generales pudieron contar más con la disciplina y subordinación todas las veces que, a pretexto de la constitución y de las leyes, se podía trastornar la rigurosa observancia de la ordenanza.

   Simplificad, pues, nuestros juicios y borrad el artículo 61 de la ley orgánica.

      Nos contentamos por ahora con hablaros sólo de ese artículo, sin embargo de que toda ella envuelve muchos defectos; la subdivisión de las clases subalternas desanima mucho a los aspirantes, y nadie quiere ahora empezar una carrera que exige tantos grados para obtener una capitanía que es lo menos a que puede aspirar un joven de talento y de alguna educación y principios; esta disposición ha excluido del ejército a los que podrían formar en algún tiempo el cuerpo de sus oficiales.

   No es menos injusta la rebaja que han sufrido los generales en jefe.

      Enhorabuena se destruyese esta clase en el ejército; pero hacer sufrir a los que la obtenían la pena de haber sido demasiado valientes para haberla conseguido, es el colmo de la injusticia, es la prueba de lo muy poco que valemos y de cuánto se deseaba abatirnos.

      7°. Cuando la constitución de Cúcuta, en su artículo 15, parágrafo 3, hizo la excepción de la calidad de no saber leer ni escribir para ser sufragante hasta el año 40, tuvo por objeto no excluir al ejército del derecho de sufragio a ese ejército bajo cuyo amparo y protección estaba reunida la representación nacional.

      En este concepto el gobierno, en circular de 1° de enero de 1825, encargó mucho a los comandantes generales de departamento dispusiesen lo conveniente para que los militares que se hallasen reunidos en cuerpo, o destinados en alguna parroquia, diesen su voto en ella con sus vecinos en las elecciones primarias; y esto a consecuencia de haber sido informado de que muchos individuos del ejército y marina no habían contribuido con sus votos en las primeras elecciones.

      Además de que todo el que tenga las cualidades exigidas por el citado artículo 15 es ciudadano con ejercicio y por consecuencia sufragante, y sólo en los casos del artículo 16 se pierde este derecho. ¿Qué autoridad, pues, puede añadir condición alguna a las que la constitución señala, y destruir de ese modo una garantía tan imprescriptible? Os diremos, señores, quién pudo hacerlo.

   El congreso del año 27, ese congreso que deprimió en sus roncas vocerías a los más distinguidos militares, que se llamó constitucional, y que mandó conservar a toda costa esa misma constitución que él hizo trozos.

      Ved ese artículo 5°, parágrafo único de la ley de 29 de agosto del año próximo pasado, y cubrios de vergüenza, no porque tengáis la culpa de un acto tan bajo como ingrato, en que no pudísteis tener parte, sino porque desempeñando funciones tan augustas como las desempeñó aquel, os pueden confundir, y hacer tener iguales resultados. Sabed además, señores, que el ejército de Colombia no tiene semejanza alguna con el de ninguna otra nación libre. En los Estados Unidos, en Inglaterra, en los pueblos en donde hay alguna sombra de libertad, no se entra a servir sino en virtud de una contrata celebrada con el cuerpo, en virtud de la cual hay un pacto expreso en que el individuo, bajo ciertas condiciones, entre otras la de una suma anticipada, se despoja voluntariamente de algunas prerrogativas y exenciones; pero ¿qué conexión tiene esta práctica con lo que vemos en la República?; ¿cuál es el enganche que han recibido nuestros soldados?; ¿cuál es el que no se le ha arrancado de su hogar y traído por la fuerza?; y en premio de este ataque contra la seguridad personal, ¿debe sufrir el ciudadano la pena del perdimiento de su sufragio, con el que cuenta quizá para mejorar su suerte? ¿Por qué principio, con qué derecho ha excluido el congreso del año 27 a la tropa del goce del derecho de sufragio? ¿En dónde está ese diccionario de sinónimos que equivoque el vocablo soldado con los de loco, furioso, demente, fallido, vago, criminal, o deudor a caudales públicos, únicas cualidades que hacen perder aquel precioso derecho? Sabemos muy bien en qué consistió aquel paso atrevido, paso que no se hubiera dado sin la confianza extraordinaria que causa y ha causado siempre la moderada conducta del ejército, de ese ejército, señores, más feliz, si hubiese sido menos virtuoso.

      8°. El ejército, exclusivamente el ejército, ha dado la independencia y la libertad a Colombia; lo primero destruyendo a los ejércitos españoles, señores del continente, y que lo tenían ligado a la madre patria por medio de sus bayonetas; y lo segundo, porque bajo los pabellones de nuestras lanzas se han reunido en congreso los representantes del pueblo para dictar las leyes que aseguran esa libertad ahora tan mal entendida como antes deseada, y hubo tiempo en que el ejército lo fue todo; puede decirse que el pueblo que sufragó por los representantes de Venezuela el año de 18, fue el ejército, y muchas veces la República era solamente nuestro campamento.

      No hay, pues, nada de injusto, ni de alarmante en que este ejército conservase aquellas prerrogativas que una gratitud bien merecida debía concederle sin necesidad de ley escrita; pero cuán lejos estamos, señores, de haber recibido jamás un beneficio, sino sólo denuestos, insultos, improperios y baldones; ya se ha hecho moda atacar al ejército; figurarse un fantasma para combatirlo, llamarnos viles, bajos, degradados, como una bagatela; ya nos pintan instrumentos de ajena ambición, ya esclavos del fingido poder que temen; en fin, todos los días se reproducen los ataques; ¿y por quiénes? ¡Ah! ¿quiénes nos insultan? Aquellos a quienes hemos dado una carta de libertad escrita con nuestra sangre; aquellos que han vivido y vivirían con los españoles si volviesen al país; aquellos que nos odian, porque somos el sostén del orden que ellos querrían perturbar para sacar partido de un trastorno; aquellos que nos temen porque no saben cómo evadirse del castigo de sus crímenes y de sus vicios; en fin, señores, vosotros los conocéis.

   Con todo, desearíamos saber quién venga nuestros agravios; si es dado insultarnos impunemente a cada momento; o si, en tal caso, debemos proveer nosotros mismos a nuestro desagravio.

      Creeréis acaso, señores, que queremos llevar muy adelante nuestras quejas para abultar nuestros agravios, haciéndolas consistir hasta en palabras; pues atended, y veréis cómo nuestra condición es delicada y al mismo tiempo digna de más consideración.

      Un individuo cualquiera a quien otro le dijera cobarde, no tendría que resentirse sino por aquella parte de natural pundonor ofendido cuando se siente abatido por un igual; pero esta voz no envuelve un crimen, ni la pérdida del honor en un paisano, como cuando se la dirige a un militar; muchas veces hemos oído decir a un empleado en rentas que tiene mucho miedo, y con todo no perdería por esto su empleo ni sería peor visto por los de su clase; pero un militar a quien se le dijese cobarde, y lo sufriese, bastaría para desconceptuarse entre sus compañeros, y perecer moralmente en la carrera; la cobardía entre los militares un crimen que tiene en un caso pérdida del empleo con degradación, y en otros además la pena de muerte; ved, señores, cómo una sola palabra, una expresión que parece tan sencilla e insignificante se torna odiosísima y ofensiva cuando se dirige a un oficial; ved, pues, cuán delicada es nuestra condición; y si queréis conservar el ejército orgulloso, lleno de nobles sentimientos, de honradez y patriotismo, señaladle el lugar que debe corresponderle entre las demás clases de la sociedad, y al mismo tiempo fijad sus goces y prerrogativas de un modo que el conservarlas dependa sólo de él mismo; entonces cesarían nuestros agravios, y nuestros resentimientos se cambiarían todos por una sempiterna gratitud.

      Basta ya de reproducir tantos motivos de queja; ellos serían interminables si hablásemos a personas desconocidas, a hombres de otro país; pero muy pocos de vosotros dejarán de conocernos, muy pocos habrá que no sean testigos de nuestros afanes y sacrificios, pero todos, todos lo son de nuestra paciencia, de nuestro degradante sufrimiento. Todos estos agravios positivos irrogados en el curso de muchos años ¿qué reacciones han causado en el ejército?; ¿qué división se alzó jamás contra los efectos de una ley? o ¿qué ejército o división trastornó el orden y el gobierno? ¡Ah! Solamente de una puede citarse un extravío. Permitid, señores, olvidar los errores de la 3a división auxiliar del Perú, y no mezclar con ellos los de los cuerpos de Valencia que de muy mala fe se ha supuesto cómplices de un desobedecimiento: hasta aquí no vemos en el ejército sino moderación y sufrimiento, virtudes que jamás han acompañado a los valientes de otras partes.

   Recorred la historia de la emancipación de los Estados Unidos en sus siete años de campaña, protegidos por una nación poderosa y rival de la Inglaterra, y contad las reacciones del ejército a pesar de la moderación de su jefe.

      Ved a ese caudillo filósofo en el momento de desprenderse del mando decir a los representantes del pueblo "que en el crítico y peligroso momento en que hice la última mencionada exposición, había el mayor riesgo de que se disolviese el ejército, si no se adoptaban unas medidas como las que indiqué, no cabe la menor duda. Que a la resolución que se adoptó de conceder medio sueldo vitalicio, se siguieron todas las felices consecuencias que predije; dígalo el asombroso contraste del estado actual del ejército con el de aquel tiempo. Y que el establecimiento de fondos para asegurar el pago de todas las pensiones justas del ejército, será el medio más seguro de conservar la buena fe nacional y la tranquilidad futura de este extenso continente, es mi decidida opinión". No pocas veces tuvo Washington que ocurrir al congreso americano por providencias que tranquilizasen la efervescencia del ejército siempre dispuesto a disolverse a la menor privación.

      Leed sus exposiciones de 29 de enero de 1778 y de 11 de octubre de 1780, hecho cerca de las cascadas de Pasaic, y veréis la diferencia que ha existido entre aquel y este ejército, y el más asombroso contraste entre el pueblo que a cada paso se nos cita por ejemplo, y el de Colombia que no alcanza a imitarle: ¡qué injusticia!; ¿hay acaso modelo en la historia para nosotros? No; la historia del universo nos colocará con letras de oro superiores a todos los que nos han precedido; y en adelante seremos quizás un original sin copia.

      A cada instante oímos decir que el ejército es innecesario, y que conviene disolverlo a pesar de que aún tenemos guerra con la España; se nos cree superfluos, y a todo esto se añade que una milicia nacional sería suficiente para defender el país; enhorabuena sea todo así, enhorabuena se nos considere como una carga inútil y pesada, pero lo que es ahora no lo fue hasta el año de 25, hasta cuando estuvimos constantemente velando sobre las armas; asegúresennos los goces a que somos acreedores, y un eterno adiós será nuestra última locución; no faltaría un retiro honroso en que, vegetando bajo la sombra de un platanal, podamos contemplar con placer la marcha majestuosa de la República entorpecida ahora por nuestra existencia como un cuerpo peligroso, pero que nos olviden para siempre los que nos desprecian con burla; allá en nuestro asilo sabremos reunimos para defender tan sólo a nuestros hogares; el pueblo, sí, el pueblo que se defienda si es atacado, o pague la osadía de sus necios abogados.

   Oíd, señores, lo que el jefe americano dijo al congreso, después de la derrota de Long Island:

      "Estoy íntimamente convencido de que nuestra libertad debe hallarse en peligro eminente de toda necesidad, y tal vez puede perderse absolutamente, si se abandona su defensa a cualquier ejército que no sea permanente". Comparad, ahora, seudo-conductores del pueblo, vuestra capacidad y vuestro amor a la libertad con estas mismas cualidades en la persona del inmortal Washington; y decidid vosotros, padres de la patria, si un constante anhelo por el regreso de los españoles no es el que dicta el encono contra el ejército, y las medidas para su disolución.

   Es ya tiempo de concluir la exposición de los agravios que la pluma no alcanza a describir.

      En este estado sólo nos resta indicaros los remedios únicos que pueden sanar las heridas que el ejército ha recibido en su bienestar, en su seguridad, en su tranquilidad y en su honor, sobre todo, vulnerado a cada momento por plumas vendidas a los enemigos de la patria, porque solamente estos han pretendido nuestra destrucción y nuestro deshonor.

   Reduciremos, pues, a tres los puntos sobre los que fundamos nuestra solicitud:

   1. La ley de premios y retiros que asegure de por vida la recompensa de los servicios prestados en la guerra de la independencia desde que la ley llamó al servicio el ejército permanente que existe actualmente en la República.

      Para ello no está de más que os advirtamos la diferencia que existe ahora entre los sueldos que disfrutamos y los que nos señaló la ley de 8 de octubre de 1821; y sin embargo de esta notable diferencia, comparad por un momento aquellas asignaciones con las que disfruta el ejército en Méjico, Guatemala, Perú, Chile y Buenos Aires; nuestros sueldos actualmente son ya la expresión más simple de la cantidad que puede sufragar los gastos de mantención y decencia de un oficial; para el arreglo de los retiros debéis tomar otra base, o haríais una ridícula proporción.

      2. Los medios de verificar el pago de nuestras acreencias sin esos descuentos que anulan nuestros haberes, y los de mantener con la mejor buena fe la parte del ejército que quede en estado activo, al mismo tiempo los de asegurar la subsistencia de los que se hallen retirados, o se retiren en consecuencia de la ley.

      3. La declaratoria sobre el lugar que deba ocupar el ejército en la sociedad, sus prerrogativas y distinciones, goces y demás que se le declare en virtud de la ley de premios; la continuación del fuero activo sin dependencia de otra alguna autoridad civil, a excepción de aquella natural que pone bajo la

   suprema del Estado toda la fuerza armada; es decir, que el ejército se rija y esté regido enteramente según las ordenanzas, exceptuando sólo lo que se oponga a los principios constitutivos del Estado.

      Estos son, señores, los tres objetivos principales que debéis meditar para decretar nuestra representación, sin dejar no obstante en olvido todas las injusticias que hemos aquí referido y cuya reparación es de honor nacional, y será de una trascendencia vital para la República.

      ¡Qué perspectiva tan brillante no presenta a nuestra vista el gran consejo de los elegidos del pueblo presidido por la sabiduría en medio de la calma de las pasiones! Sí, señores, nuestra confianza es ilimitada, como lo será nuestra gratitud al contemplar nuestra futura suerte más dichosa al lado de nuestros hijos, únicas reliquias que, como despojos de la miseria, podríamos ofrecer a la patria, bendiciendo vuestros nombres y vuestra memoria.

   Vosotros estáis autorizados para grandes reformas; no dejéis, pues, olvidada nuestra súplica, ni dilatéis los momentos de fijar el porvenir de nuestra existencia del modo que os parezca más justo.

      Nosotros no tenemos esperanza alguna de mejorar de situación confiando en las legislaturas ordinarias; de estas podemos decir lo mismo que contestaron a Washington los oficiales de Jersey cuando rehusaron continuar sus servicios a la legislatura del Estado: "hemos perdido toda confianza en aquel cuerpo; la razón y la experiencia no nos permiten que tengamos ninguna en él". Sólo en vosotros confiamos; y ¿será posible que nos burléis?

   Permitid, pues, que concluyamos con las mismas palabras con que, en circunstancias muy análogas, el ejército americano cerró otra igual petición: por lo tanto:

   "Os suplicamos os dignéis convencer al ejército y al mundo que la independencia de la América no costará la ruina de ninguna clase particular de los ciudadanos, indicando inmediatamente el modo de remediar sus agravios".

   Cartagena de Colombia, 25 de febrero de 1828, 18° de la independencia de la República.

Siguen las firmas.

FUENTE EDITORIAL:
Blanco, José Félix y Azpurúa, Ramón. Documentos para la historia de la vida pública del Libertador. Caracas, La Opinión Nacional. 1877. Edición facsimilar. Presidencia de la República de Venezuela, 1979. t. 12. doc. 3466, p. 131-143.

37
LA CONVENCION REQUIERE LA CONCURRENCIA INMEDIATA DE LOS DIPUTADOS

Oficio circular a los Intendentes

   República de Colombia.

   Ocaña, 3 de marzo de 1828 18°.

   Al señor intendente del departamento de Venezuela.

   Como director nombrado por los diputados a la gran convención presentes en esta ciudad de Ocaña, tengo el honor de comunicar a vuestra señoría que la diputación ha acordado lo siguiente:

      En cumplimiento del artículo 37 de la ley de 29 de agosto del año último, requieran a los señores gobernadores de las provincias de la República, a fin de que dictando las medidas más eficaces, y prestando en su caso los auxilios que estén dentro de la esfera de su autoridad, intimen a los diputados que haya en su respectiva provincia y que no hubiesen sido excusados, su inmediata concurrencia a esta ciudad, para desempeñar la confianza que han merecido de la nación, advirtiéndoles que serán responsables de los males que resulten por la omisión en que incurran. Los señores gobernadores harán dicha intimación, no sólo a los diputados principales o suplentes que se hallen en la provincia de su nombramiento, sino también a los que residan o se hallen de tránsito en la provincia donde ejerzan su autoridad.

      Lo digo a vuestra señoría con el objeto indicado, esperando que esta resolución tendrá su más exacto cumplimiento, y que vuestra señoría no perderá un instante en llevarla a ejecución en la provincia que está bajo su mando inmediato, dando cuenta del resultado. Dios guarde a vuestra señoría.

Francisco Soto.

FUENTE EDITORIAL:

Blanco, José Félix y Azpurúa, Ramón. Documentos para la historia de la vida pública del Libertador. Caracas, La Opinión Nacional, 1877. Edición facsimilar, Presidencia de la República de Venezuela, 1949, t. 12, doc. 3475, p. 167-168.

38
MEMORIAL DE CARACAS A LA GRAN CONVENCION

   Honorables miembros de la gran convención nacional

      Al reunirse esa respetable asamblea8 creería la municipalidad de Caracas faltar a su primer deber si dejase de manifestar la confianza que tiene fundada en que los miembros de la gran convención, guiados siempre por los votos bien pronunciados y generalmente conocidos de los pueblos, darán estabilidad y la última mano al sistema que ha de regir la nación.

      Bien sabido es, y sólo la malignidad y la mala fe pueden revocarlo en duda, que los buenos suspiran por sólo aquellas mejoras indispensables a la garantía de sus derechos individuales y al pleno goce de un gobierno popular representativo que asegure su libertad e independencia.

      Todas las apariencias son de que a esta parte de la República, especialmente, se prepara una guerra exterior, que a la vez con algunas facciones interiores consumarían su ruina, y nunca era más justo dispensarle una mano protectora en tan peligrosas circunstancias. Después de estas medidas de primera necesidad, el principal obstáculo que debe oponerse al común enemigo es la unión de todos los ánimos y voluntades desacordados por las cuestiones que se han agitado con bastante imprudencia. La conservación de la integridad de la República y del poder en manos de su excelencia el Libertador de ella, llamado por la voluntad unánime de los pueblos a ocupar la presidencia, completarían la defensa de esta provincia y la estabilidad de la nación.

      En circunstancias en que la tranquilidad de estos pueblos se halla perturbada por revoluciones interiores que atizan nuestros implacables enemigos en que se teme una invasión externa, y en que por la exaltación de los ánimos parece que se dilatan y agravan los males que pesan sobre todos y cada uno de los ciudadanos, nada es más esencial que volver la vista al principio de nuestra transformación política en que por inexperiencia en los medios adoptados para conseguir la libertad y la consolidación del sistema, la República fue otra vez esclavizada por sus antiguos opresores. Es notorio el origen: entró la rivalidad de provincia; cada una disponía de su fuerza, y en los momentos preciosos ninguna pudo auxiliarse. Todos estos fundamentos y otros muchos bastante sabidos, hacen conocer que el eficaz y único remedio para preservarnos de iguales desastres no es ni puede ser otro que el de que se conserve la unidad nacional; y que el Libertador presidente, como padre de la patria y fundador de la misma República, conserve también en sus manos el poder de salvarla, como lo ha hecho en las épocas más calamitosas.

      A estos dos puntos están reducidos muy principalmente los votos de estos habitantes; y aunque la municipalidad conoce que al buen juicio de los miembros que componen esa respetable reunión no pueden ocultarse los males que traería sobre toda la República la menor innovación en cualquiera de ellos, le ha parecido conveniente ponerlo en la consideración de los que están especialmente encargados de los altos destinos de la patria y de consolarla en las desgracias que la aquejan.

Caracas, 4 de marzo de 1828 18°.

   José Angel Alamo, Manuel López, Umerez, Rafael Blanco, José Félix Alaz, José Isidoro Rojas, Manuel Bengoechea, Manuel Menjivar, Teodosio Blanco, Pedro González, Alejandro Chatamg, N. Alfonso, Domingo Pérez, Raimundo Rendón Sarmiento, secretario9.

FUENTE EDITORIAL:
Gaceta de Colombia, N° 338. Bogotá. 1828, (6/4), p. 3-4.
OTRAS EDICIONES:
Archivo Santander, Bogotá, Aguila Negra, 1920, t. 17, p. 250-252. Blanco, José Félix y Azpurúa, Ramón. Documentos para la historia de la vida pública del Libertador. Caracas. La Opinión Nacional, 1877. Edición facsimilar, Presidencia de la República de Venezuela, 1979, t. 12. doc. 3535, p. 264-265.

39
REPRESENTACION DEL JEFE Y OFICIALIDAD DE LA COLUMNA LIGERA DE AUXILIARES DE CARACAS

   Excelentísimo señor:

      El coronel, jefe de la columna ligera de auxiliares y su oficialidad que actualmente guarnecen esta ciudad, no pueden ser indiferentes al grito general de los diversos cuerpos militares que cubren el departamento en la presente crisis de la nación, sin mezclar con tan dignos compañeros de armas sus vigorosos clamores y sin correr a manifestar a vuestra excelencia su firme y espontánea decisión.

      Ha llegado el momento en que una mínima fracción de Colombia con el título de diputados en la gran convención, que la mayor parte han logrado por los sórdidos manejos del general Santander, reunidos en asamblea, quieran decidir de los destinos de la República, con la omnipotencia que sólo obtiene y puede ejercer la mayoría de ella, legal y libremente representada. Esta es la última trinchera de que se ha apoderado el hombre que, elevado de la nada al rango supremo de vicepresidente de Colombia, ha ennegrecido su vida pública con crímenes que han desquiciado el edificio de la patria, fundado sobre ríos de sangre, que él no ha vertido; crímenes tan notorios que no hay un solo hombre bueno en Colombia que no los conozca, y crímenes, en fin, que deben causarle su última desgracia, por el fallo de la nación, ante la cual será acusado algún día.

      No contento el general Santander con haber engullídose los inmensos tesoros de la República; haber incendiado el país, provocando la guerra civil, ya en favor, ya en contra de la constitución y las leyes; haber sostenido las ideas de federación para disolver la ley fundamental de que en 1826 se gloriaba ser el más denodado defensor, ha intentado, por colmo de su osadía, profanar el nombre ilustre del Libertador presidente, no sólo por la prensa como gacetero, o redactor, sino por las vías de las intrigas más alevosas que ha puesto en juego con el dinero de la República; de esta manera, diseminado el espíritu público, corrompida la opinión nacional y en choque todas las pasiones, se ha visto en Colombia, que ardía en una gran guerra civil, celebrarse las asambleas electorales a fin del año último de que se habían apoderado descarada e impunemente los agentes ocultos del despotismo del vicepresidente; en los mismos momentos había reventado una revolución general desde el uno al otro extremo de Venezuela, capitaneada por varios facciosos que habían sido introducidos en el país, a la forma del mismo gobierno, y cuyos funestos resultados sólo han podido detenerse por el vigoroso impulso de la fuerza militar, y por la energía de vuestra excelencia y la cooperación de los demás jefes. Crecían aún más los peligros cuando se vio sobre nuestras costas una escuadra española cuyos planes eran sin duda obrar de acuerdo y combinación con los facciosos del interior.

      En tan críticas circunstancias es que se ha formado la gran convención y que se pone en duda por algunos malvados la reconcentración del poder, único medio para salvar la patria de un desastre efectivo; y más que todo refundirlo en las manos de su excelencia el Libertador presidente, el único que puede conducir la nave del Estado, por entre los escollos que la cercan, y llevarla a puerto de salvamento; importa mucho a todos los ciudadanos, y especialmente a los que llevan las armas, poner ya un sello a las continuas oscilaciones políticas, que por siete años han desterrado de Colombia la tranquilidad, la justicia, la moral y la prosperidad pública; estos inestimables bienes, y más que todo la morigeración de estos pueblos, que aún no se hallan en estado de recibir y sostener instituciones tan liberales que sólo son adaptables a países cuyas costumbres y educación están combinadas para hacer su dicha y felicidad. Colombia, devorada por el fuego de opiniones exageradas, pobre, exangüe, sin leyes patrias, víctima de una administración venal y corrompida, sin policía, atacada interior y exteriormente por los enemigos comunes, y, finalmente, donde los hombres buenos han sido hasta ahora el juguete de los perversos; no es posible, excelentísimo señor, que sea transformada de repente por actos legislativos de la convención, cuando sólo se necesita de un gobierno vigoroso que ponga cada cosa en su lugar, que garantice y consolide la independiencia, y que, derrocando el coloso que han erigido los malos, levante sobre sus ruinas el augusto templo de la razón y de la virtud.

      A este laudable y único objeto deben dedicar los colombianos sus talentos y su valor; por fortuna, todo el ejército de la República está decidido a derramar su última gota de sangre en defensa de esta noble causa; y el coronel jefe de la columna que suscribe tiene la gloria de haberse consagrado a ella desde el 30 de abril de 1826. Así es que ahora, con la oficialidad que le acompaña, no hace otra cosa sino ratificar aquellos mismos sentimientos; y, adhiriéndose los exponentes con ánimo firme y denodado al voto de Venezuela, proclaman y sostienen a la faz del mundo los siguientes dogmas de su única e invariable resolución: la integridad de la nación, según la ley fundamental; la continuación en el mando del Libertador presidente con todas las facultades de que le revistieron los pueblos para su salvación.

   Suplicamos reverentemente a vuestra excelencia se digne elevar a la gran convención esta franca y militar exposición.

Caracas, 8 de marzo de 1828 18°.

   Excelentísimo señor.

      El coronel, José María Arguindegui; capitán, Pedro González; capitán, J. Antonio Ponte; capitán, J. J. Tejera; capitán, Laureano Pire; teniente, Carmelo Amafa; teniente, Pedro Tovar; teniente, Mauricio Báez; teniente, J. Antonio Colmenares; subteniente, M. Duques; subteniente, Rosario Gudiño; subteniente, J. A. Guzmán; Juan José Torres, Florencio Navarro, Tomás Lugo, José Antonio Arroyo, Vicente Villanueva. El ayudante, Cayetano Machado.

FUENTE EDITORIAL:
Blanco, José Félix y Azpurúa, Ramón. Documentos para la historia de la vida pública del Libertador. Caracas, La Opinión Nacional, 1877. Edición facsimilar, Presidencia de la República de Venezuela, 1979, t. 12, doc. 3547, p. 277-278.

40
REPRESENTACION DEL COMANDANTE DE VICTORIA

   A su excelencia el jefe superior de Venezuela.

   Excelentísimo señor:

      El comandante principal del circuito, los de los cantones que lo componen y el jefe y oficiales presentes del batallón auxiliar número 2, con todo el respeto y subordinación debida a vuestra excelencia, exponen: que en las presentes circunstancias creen de su deber hacer a vuestra excelencia una manifestación de sus sentimientos en favor del orden único que puede salvar la patria de los peligros que la rodean.

      Las desgracias que han inundado a Colombia, por resultado de la administración del general Santander, están al alcance de todo el que tenga sentido común; a la sombra de los principios, de las leyes y del orden constitucional, de que se decía firme apoyo, ha trabajado por derrocar la obra que tantos sacrificios ha costado. Trastorno, discordia, anarquía, en fin, es el resultado de todos sus esfuerzos.

      A la cabeza, o patrocinando una facción desorganizadora, ha difundido el espíritu de enemistad en la familia colombiana; se ha creado una oficina de maquinaciones y de calumnias contra el salvador de la patria, contra el hombre que ha sacrificado su fortuna, y todas sus afecciones personales, que ha ofrecido su vida en mil combates por darnos patria, gloria y estabilidad; contra el inmortal Bolívar, cuyo ejemplo despedaza la conciencia de los malvados.

      En el progreso de los males, los pueblos pidieron la convención, y este grito universal fue contradicho por los que temían cualquier otro orden que pudiese despojarlos del poder con que impunemente fascinaban y podían organizar sus manejos; a la vista tenemos aún las opiniones del corifeo, y los escritos de sus sectarios publicados entonces. Se exaltan los partidos, crece la efervescencia, y en tales momentos se convoca aquel cuerpo, bajo un reglamento de cuyas nulidades se ha dicho bastante. Nos son bien notorias las intrigas e influencia que ha habido en la elección de muchos de sus miembros, y el resultado es que han sido electos hombres de quienes no podríamos presentar una brillante página en la historia; hombres a quienes la nación entera no ha dado un derecho para decidir de su suerte.

      En tales momentos, los que suscriben tienen la honra de presentar a vuestra excelencia sus votos, manifestando la firme resolución en que están de sostener la integridad de la República, y a su cabeza al Libertador y fundador de ella, que es el que bajo todos aspectos está llamado a ocupar la silla de la presidencia; para que vuestra excelencia haga el uso conveniente, y la dirija a quien corresponda.

Victoria, a 8 de marzo de 1828 18°.

   Excelentísimo señor.

      General F. de P. Alcántara, coronel J. Padrón, coronel C. Gabante, primer comandante Antonio Ascanio, el primer comandante graduado A. María Rodríguez, el coronel Rafael Pérez, el coronel José León Lameda, el primer comandante Salvador Flórez, capitán José Guerrero, el primer comandante general P. Alcázar, el primer comandante José Hernández, capitán Lucas Suda, capitán Antonio Alboros, capitán José María García, teniente segundo Ceferino Ríos, primer subteniente Hilarión Nieves, primer subteniente J. F. Jalion, primer subteniente José Lorenzo Prieto, capitán Manuel Pulido, el capitán Santiago Pinero, el teniente R. López, el teniente T. Villamediana, capitán José F. Mesyva, el segundo teniente Martín Ramos, el subteniente Fernando Voller, Santos Polanco, Pablo Brizuela, teniente Juan José Yánez, el subteniente Francisco Martínez, el capitán retirado Ignacio Pereira, el teniente coronel Ramón Pulido, el teniente Manuel Moreno.

FUENTE EDITORIAL:
Blanco, José Félix y Azpurúa, Ramón. Documentos para la historia de la vida pública del Libertador. Caracas. La Opinión Nacional, 1877. Edición facsimilar. Presidencia de la República de Venezuela, 1979. t. 12. doc. 3548. p. 278-279.

41
REPRESENTACION DEL JEFE Y OFICIALES DEL REGIMIENTO DE CABALLERIA DE HUSARES DE VALENCIA

   A su excelencia el jefe superior

   Excelentísimo señor:

   El jefe y oficiales del regimiento de caballería de Húsares de Valencia, con toda la subordinación y respeto que son debidos, se acercan a vuestra excelencia a representarle lo que sigue:

      En los amargos momentos del 30 de abril de 1826, nosotros, los que suscribimos, guiados por instinto de nuestra conservación individual y política, clamamos a una voz con todos los pueblos de Venezuela por la venida del Libertador presidente a encargarse del gobierno de la República, a arreglar nuestras disensiones domésticas, a ser nuestro árbitro, a castigar el crimen, a premiar las virtudes.

      Estos mismos son, excelentísimo señor nuestros votos el día de hoy, y con más motivos, pues a los males de que entonces adolecíamos, se agregan otros sobrevenidos después, cuales son, la división interior por opiniones de mejoras, que serían muy buenas para los tiempos tranquilos; para cuando estuviese asegurada nuestra independencia; y no ahora que el enemigo está a nuestras puertas con una expedición para invadirnos, y mientras que por un defecto de policía nos vemos infestados de espías y agentes suyos que, descaradamente los unos, trabajan para restablecer su dominación perdida, y los otros, bajo la capa de liberales, en fomentar nuestras discordias civiles, para que a favor de la división tengan algún éxito sus tentativas.

      Se trata, pues, de salvar la patria, libertándola de los enemigos interiores y exteriores; y todo el que no sea de esta opinión, es nuestro enemigo. El hombre que tiene la confianza de todos los patriotas porque la merece, porque nunca ha abusado de ellas, ese debe salvarnos. Si nos ocupamos en otras materias, nos sucedería el caso de la fábula: vendría el enemigo, y nos hallaría entretenidos en cuestiones impertinentes.

      Sírvase vuestra excelencia elevar a la consideración del Libertador presidente esta nuestra respetuosa exposición, para los fines convenientes; como asimismo, ponerla en conocimiento del presidente de la convención, a fin de que, bien enterada esta de las circunstancias en que actualmente se halla la República, y de lo que se ha dicho en todos los papeles públicos acerca de nulidad en el modo y regla de su convocación, proceda en sus trabajos con el acierto que se desea. En conclusión, la integridad de la República y el mando supremo en el Libertador presidente, son los votos generales, como igualmente los nuestros, con toda la plenitud de facultades necesarias para salvarnos.

Valencia, 9 de marzo de 1828 18°.

      El coronel del regimiento, J. J. Páez; mayor Miguel Martínez, primer ayudante Fernando Vera; segundo ayudante, Antonio Rodríguez; cirujano del regimiento, Lino Martínez. Primer escuadrón: comandante Francisco González; capitán Angel Lacruz; teniente Carlos Fortique; primer teniente Gregorio Morillo; subteniente Remigo Báez. Segunda compañía: capitán Candelario Bitriago; teniente Fermín Martínez; subteniente, Antonio Bitriago; otro ídem, Alejandro Urbina. Tercera compañía: capitán Antonio Fernández; teniente Francisco Malues, subteniente Antonio Costes; otro ídem, Vicente Alvarado; abanderado Juan Rojas. Segundo escuadrón: comandante Cruz Aquio Páez; teniente Vicente Pérez; subteniente Simón Solorza; otro ídem José Farfán. Segunda compañía: capitán José Laguna; teniente Antonio Romero; subteniente Eugenio Martínez, otro ídem, Pedro Gómez. Tercera compañía: capitán M. Goicochea; teniente Rafael Buticros; subteniente Eduardo Guevara; otro ídem, Modesto Rodríguez; abanderado Antonio Borges. Tercer escuadrón. Primera compañía: capitán comandante Juan Romer; teniente Feliciano Oronoz; subteniente M. Elizalde; otro ídem, Anastasio Márquez. Segunda compañía: capitán Pedro Arigollen; teniente Reyes Agreda; subteniente Rafael Zambrano; otro ídem, Carmen Arigollen. Tercera compañía: capitán Damián Bolívar; teniente José María Acosta, subteniente J. Flórez; otro ídem, Ramón Acosta; abanderado Basilio Rodríguez.

FUENTE EDITORIAL:
Blanco, José Félix y Azpurúa, Ramón. Documentos para la historia de la vida pública del Libertador. Caracas, La Opinión Nacional. 1877. Edición facsimilar, Presidencia de la República de Venezuela, 1979, t. 12, doc. 3549. p. 279-280.

42
REPRESENTACION DEL BATALLON DE MILICIAS DE SAN FELIPE

   A su excelencia el Libertador presidente:

      El batallón de milicias de este cantón a vuestra excelencia con el más profundo respeto, y poseído de las paternales intenciones con que vuestra excelencia gobierna la República, después de haberla formado sacrificando vuestra excelencia, con una generosidad sin límites, sus bienes, su salud y los floridos años de la juventud, expone:

      Que agitada la República en 1826 con movimientos que produjo la necesidad por la corrompida administración del Estado en la ausencia de vuestra excelencia, se restablecieron el orden, la tranquilidad y la paz, apenas vuestra excelencia se presentó en el territorio, que en alas del deseo conducía a su Libertador como el único en quien desde antemano fijó su ansiosa vista, y en quien halló la gloria y la libertad, que ha sostenido la República en su lucha porfiada y sangrienta de 16 años.

      Desbaratadas prodigiosamente las maquinaciones promovidas por la ambición, y cuando era de esperarse que las pasiones cediesen a la razón, y contribuyesen todos a conservar el orden y armonía social para que, cicatrizadas las heridas que había recibido la patria, convaleciese, se hiciese más temible a los enemigos y fuese la esperanza de nuestra futura dicha; por un efecto contrario al voto de los mismos pueblos, intenta la propia pérfida mano que la había herido, descargar otro golpe mortal, y maneja sin rubor en el congreso pasado hasta hacer a este débil cuerpo que llamase la convención dándole reglas a esta augusta asamblea, y poniéndole trabas; de manera que no pueda dictar más que lo que la comisión le autoriza, de modo que viene a ser la convención una delegación del congreso, en vez de un cuerpo autorizado plenamente por los pueblos para sancionar lo que tantas veces, y del modo más expresivo, han manifestado en todas épocas especialmente en 1826, cuando fue nombrado vuestra excelencia regulador.

      Excelentísimo señor: Se convocó la convención fuera del término legal por quien no tenía las facultades, que le fueron conferidas a vuestra excelencia por el voto general; y en desquite de esto se ha privado a los militares tener parte en ella, excluyendo de sufragios a los que con su sangre sellaron la libertad de la patria, y colocaron en destinos de utilidad y honor a los ingratos que nos han excluido del voto y representación nacional; en tales términos, excelentísimo señor, que no habiendo tenido parte en la formación de la convención, tampoco la debemos tener en sus decisiones. Esto persuade la razón: este sin duda fue el resultado que premeditó el agente de la discordia, para que fuese la República envuelta próximamente en los horrores de la anarquía; ¿y será posible, señor excelentísimo, que deje vuestra excelencia destrozar la República, y que a tantas glorias no añada la de mayor esplendor, única que resta a tantas y tan brillantes acciones que coronan la ilustre carrera de vuestra excelencia? No, señor excelentísimo, no podemos persuadirnos de que vuestra excelencia nos abandone y huya del actual peligro.

   Por tanto, ofreciendo a vuestra excelencia como un tributo debido a la persona de vuestra excelencia nuestro amor y nuestro respeto, le suplicamos:

   . Que con la autoridad que constantemente le han dado los pueblos, los gobierne y organice, anulando expresamente la actual constitución por ser perjudicial, y haber declamado contra ella los mismos pueblos.

      . Que sin perder el nombre de republicanos ejerza vuestra excelencia toda la autoridad nacional todo el tiempo que sea necesario para la consolidación del Estado, y que, verificada esta, convoque vuestra excelencia la convención haciendo que la actual se disuelva, ya por haberse privado de sufragios a una parte muy considerable de ciudadanos, quizá la mitad de los que componen la República, ya porque se han notado intrigas convocando los enemigos de vuestra excelencia, que lo son del orden y de la tranquilidad de la República.

      Para salvar el país y sostener la autoridad de vuestra excelencia es para lo único que se ofrece la oficialidad y tropa de este cantón, que espera atienda vuestra excelencia a sus fervorosas súplicas, por el amor de la patria, de esta patria que vuestra excelencia nos ha enseñado a preferirla a todo.

Dios guarde la vida de vuestra excelencia. San Felipe, 9 de marzo de 1828.

   Excelentísimo señor.

      José Joaquín Freytes, primer comandante; ayudante Víctor Lugo; capitán José María Añez; capitán Rafael Buteryo; capitán Simón Zozaya; capitán Juan José Delgado; capitán Juan de los Santos Pama; primer teniente Luis V. Sánchez; primer teniente Joaquín Oviedo; segundo teniente Felipe Espinosa; segundo teniente Juan José Canelón; primer subteniente Antonio Josy; segundo subteniente Manuel Prado, segundo subteniente Anastasio Colmenares; subteniente Juan Arza. Destinados en Puerto Cabello: teniente Juan Félix Medina; primer teniente Vicente Marrenol; primer teniente Manuel Garrio; primer teniente Inocencio Morredo; primer teniente Juan Rea; segundo subteniente Miguel Suárez; primer subteniente Manuel Pereyra; subteniente Pedro González; subteniente Alejandro Guedes; abanderado Félix P. Martínez.

FUENTE EDITORIAL:
Blanco, José Félix y Azpurúa, Ramón. Documentos para la historia de la vida pública del Libertador. Caracas, La Opinión Nacional, 1877. Edición facsimilar. Presidencia de la República de Venezuela, 1979, t. 12, doc. 3550, p. 280-281.

43
REPRESENTACION DEL JEFE Y OFICIALES DEL ESCUADRON NUMERO 1, GRANADEROS A CABALLO DE LA GUAIRA

   A su excelencia el jefe superior de Venezuela.

   Excelentísimo señor:

      El jefe y oficiales del escuadrón Granaderos a caballo de La Guaira, penetrados de los mismos sentimientos que animan a los demás cuerpos del ejército colombiano, se apresuran a tomar parte en la noble empresa de salvar la patria en la presente crisis, emitiendo por el órgano de vuestra excelencia sus votos espontáneos decisivos.

      Los infrascritos observamos que cuando los departamentos que vuestra excelencia comanda están infestados de facciosos y conspiradores que por todas parte han contaminado las poblaciones, sin poderse aún descubrir la raíz de esta conjuración contra la independencia de Colombia; cuando nuestras costas se hallan amenazadas por una escuadra enemiga; y cuando toda la República se ve agitada por opiniones políticas que han destruido la concordia general, provocadas y sostenidas por las intrigas del enemigo más descarado de nuestro bien común, el general Santander, se ha formado un cuerpo de que es uno de sus miembros, y que con el título de convención nacional pretende decidir de la suerte de la República, cambiar si quiere nuestras instituciones fundamentales y volver a entregar la dirección suprema de los negocios públicos al propio Santander, que ha causado la ruina y la desolación del país. Nosotros negamos absolutamente que la convención sea una corporación que reúna la representación nacional de todos los pueblos de Colombia porque, prescindiendo de mil demostraciones que pudiéramos deducir del reglamento sobre cuyo pie se ejecutaron las elecciones convencionales, sólo nos contraemos a la exclusión que se ha hecho en las asambleas primarias del sufragio de todos los individuos del ejército de la República desde sargento abajo, y de sus principales y más beneméritos jefes en los colegios electorales. Es a la verdad un acto proditorio y muy alarmante la deliberación de la legislatura de 1827, es decir, de una pequeña fracción de la República acerca de que la masa de ciudadanos armados, que forma la verdadera fuerza de aquella, y por cuyos heroicos esfuerzos hay patria y congresos, no goce del derecho de ser representada en la convención; y que esta después quiera que se obedezcan sus resoluciones por el mismo ejército que no tuvo parte en ellas.

      Contrayéndonos, pues, al escuadrón que está a nuestras órdenes, podemos asegurar a vuestra excelencia que este cuerpo, cubierto de laureles y enorgullecido del valor con que ha sido partícipe en la fundación de Colombia, jamás pasará por ningún acuerdo o mandato de la convención, de la que se le ha excluido, y mucho menos si ella intenta habilitar al general Santander para que vuelva a dilapidar y trastornar la República. Vuestra excelencia sabe que la revolución de Venezuela en 1826 no tuvo otro objeto que derrocar a este coloso que fundaba su dominio en nuestra única tolerancia, e invocar al Libertador presidente para que volviese del Perú a dirigir los destinos de Colombia. ¿Cómo, pues, habíamos de correr ahora el peligro de que una convención, formada en su mayor parte bajo los auspicios y manejos del general Santander, le elevase de nuevo al mando supremo y nos redujese por este solo hecho a ser la víctima de su encono y de su venalidad? No, excelentísimo señor, antes de someternos a un dominio tan ultrajante, y de suscribir a los actos ilegales de un cuerpo nulo por todos aspectos, preferiremos morir con honor del mismo modo que expusimos nuestras vidas y vendimos nuestra sangre por la independencia de Colombia.

      En consecuencia de estas observaciones, nosotros desde ahora protestamos a vuestra excelencia que, sean cuales fueren las deliberaciones de la gran convención, el escuadrón Granaderos a caballo número 1°, no reconocerá otros principios, y los cuales defenderá a todo trance, sino los siguientes, que forman hoy el voto unánime y decisivo de Venezuela.

   La integridad nacional; la continuación en el mando supremo del Libertador presidente mientras sea necesario a la paz y tranquilidad de Colombia.

   Dígnese vuestra excelencia acoger con benevolencia este pronunciamiento libre y denodado del cuerpo que mandamos, y elevarlo si lo tiene a bien al conocimiento de la misma convención.

San Rafael de Orituco, 9 de marzo de 1828 18°.

   Excelentísimo señor.

      El coronel primer comandante, Eustaquio Orta; el capitán mayor, Francisco Manuitt; el capitán con grado de primer comandante, Juan Tomás Navarrete; el capitán con grado de primer comandante, Hipólito Rondón; el primer teniente, Lucas Orta; el capitán, Diego Palpaser; el primer teniente, Pablo Manuitt; el primer alférez, Eugenio Alvarado; el segundo alférez, Gregorio Blanco; el primer alférez, José Aponte; el segundo alférez, Pedro Rondón; el segundo alférez, Luis Angulo; el portaestandarte, Antonio Galindes; el segundo alférez, Juan Bautista Giménez [sic],

FUENTE EDITORIAL:
Blanco, José Félix y Azpurúa, Ramón. Documentos para la historia de la vida pública del Libertador. Caracas, La Opinión Nacional, 1877. Edición facsimilar, Presidencia de la República de Venezuela, 1979, t. 12, doc. 3551, p. 281-282.

44
REPRESENTACION DE LOS JEFES Y OFICIALES DEL BATALLON DE MILICIAS REGLADAS DEL CANTON DE QUIBOR

   A su excelencia el Libertador presidente de Colombia

   Excelentísimo señor:

      La oficialidad de las milicias regladas del canton de Quíbor ante vuestra excelencia con la mayor sumisión y respeto, representan: que según lo que se manifiesta por los papeles públicos, no se puede esperar un feliz resultado de la gran convención mandada reunir en Ocaña, a causa de la divergencia de opiniones de la mayor parte de sus miembros; que en varias partes ha habido, y hay aún partidos por las intrigas de nuestros comunes enemigos los españoles, y por la ingratitud de algunos hijos desnaturalizados de Colombia, que por sus pasiones e intereses particulares, miran como una ganancia el trastorno y ruina total de la República, al mismo tiempo que están esperanzados de que los buques españoles que actualmente navagan sobre nuestras costas, se introduzcan por ellas para dominarnos al favor de los desafectos y de nuestras disensiones domésticas.

      Estas razones las creemos muy suficientes para poner los medios de evitar nuestra total ruina, dirigiendo nuestros votos para que se deposite el gobierno de la nación en manos de vuestra excelencia, y que, autorizado más de lo que está con el nombre de supremo de la República, haga acallar las pasiones desordenadas, sofoque los partidos ominosos a la República, uniforme las opiniones, que aún se hallan muy divergentes, y que destruidos nuestros enemigos, o reconocida por ellos nuestra independencia, se pueda deliberar en calma y serenidad de espíritu la mejor forma de gobierno que convenga para perpetuar nuestra común felicidad.

      Entonces será tiempo, excelentísimo señor, que se convoque una gran convención para que los ilustrados hijos de Colombia, ayudados de las virtudes y experiencias con que ha adornado vuestra excelencia su persona después de tan gloriosos combates, sancionen una constitución que haga la felicidad de los pueblos, y de su más remota posteridad. Entonces será tiempo que vuestra excelencia se retire a descansar de sus heroicas fatigas, colmado de gloria, recibiendo las bendiciones del cielo y de todos los hijos de Colombia, que le reconocen por su Libertador, por el primer padre de la República de Colombia y salvador de una parte muy considerable del género humano.

      Estos son los votos de la oficialidad que suscribe, y protesta a vuestra excelencia y ante la nación entera, que será para ella el día de su mayor gloria, cuando se presente en el campo del honor a defender los derechos de la patria bajo los auspicios de vuestra excelencia con el digno título de jefe supremo de la República de Colombia.

   Dios guarde la importante vida de vuestra excelencia.

   Sus más subordinados y odedientes súbditos.

      El comandante mayor, Marcos Jiménez; el capitán, Luciano Cortés; el capitán de Granaderos, Pablo Hilario Jiménez; el capitán de infantería, Marcos Silva; el capitán de Cazadores, F. Alvarado; el teniente de infantería, Felipe Rojas; el teniente Pablo Arrays; el teniente de Granaderos, Justo Torrealba; el teniente segundo de Granaderos, Jacinto Mendoza; el teniente de infantería, R. Martínez; el teniente Francisco Lara; el subteniente de Cazadores, Pedro Rojas; el capitán de caballería, Ignacio Daza; el teniente de caballería, Diego Mosquera; el subteniente de caballería, J. Daza.

FUENTE EDITORIAL:
Blanco, José Félix y Azpurúa, Ramón. Documentos para la historia de la vida pública del Libertador. Caracas, La Opinión Nacional, 1877. Edición facsimilar, Presidencia de la República de Venezuela, 1979, t. 12, doc. 3552, p. 282-283.

45
ACTA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE

      En la ciudad de San Felipe, a 10 de marzo de 1828, habiéndose reunido en la sala consistorial, en cabildo ordinario, los señores Juan José Aparcero, alcalde primero municipal, y jefe político interino Isidoro Nadal, alcalde segundo Lorenzo Báez, síndico Joaquín Elizondo, regidor decano Juan José Canelón, y J. José Delgado y Miguel Riveros, municipales, presentó el señor síndico una representación:

   "Ilustre municipalidad:

   "Señores.

      Me encuentro en la necesidad, como personero público, de manifestar a usía que veo amenazada la tranquilidad del país; los susurros y murmuraciones se dejan escuchar por varias partes; el descontento es notorio; la constitución, desaprobada por el voto general, obra como un juego de voces y sirve más para el ridículo que para la estabilidad y régimen del Estado, y la gran convención, desde que se aproximaba, ha aumentado el temor y la desconfianza, porque miran en ella el germen de la discordia y el fundamento de la disociación. Ella, dicen, no tiene la extensión de autoridad que corresponde a un instituto y que quisieron darle los pueblos, porque el congreso se la deprimió hollando la base constitucional ya para conocerla (facultad que sólo se trasmitió al Libertador), ya para formar el reglamento de las elecciones para la misma. Una parte, la más selecta de ciudadanos, quedó sin sufragio; y los pueblos, llenos de zozobras, y sin ninguna esperanza en la asamblea nacional, están preparados contra ella. Fácil es concebir cuáles serán las consecuencias de esta crisis, y todos seremos responsables de las calamidades públicas si no procuramos el remedio, difícil por cierto, mas no imposible de hallarse.

      "Echemos, señores, una mirada rápida sobre lo que fuimos en el principio de la revolución, en su progreso, y en los últimos cinco años; y hallaremos en la primera época que la municipalidad de los gobiernos y las disensiones de familia nos entregaron en las manos de los enemigos. En la segunda, bajo la dirección del inmortal Bolívar, y, obedeciendo a su voz sola, hallamos gloria, patria y libertad. En la tercera, deslumbrados con el brillo de tantos triunfos, quisimos entregarnos a cuerpos inexpertos, donde las intrigas, el interés y otras pasiones hallan demasiado con qué alimentarse, y no hemos encontrado más que la destrucción de la República; los intereses de la nación se han perdido, los nuestros están menoscabados, la moral pública relajada, rotos los diques de la subordinación, y la justicia, muchas veces hecha un tráfico como el de los comestibles en los mercados; el pacto social se disolvió, y de un extremo a otro de la República comenzó la guerra intestina. Nadie puede negar estas verdades adquiridas por la experiencia; y ella nos persuade de lo que seremos, o nación reunida, o bandas dispersas. Esta es la alternativa.

      "En esta virtud, y a nombre de los pueblos, pido que se tenga en consideración el estado de zozobra en que se hallan por la reunión de la convención; y que se ocurra a su excelencia el Libertador, por conducto del excelentísimo señor jefe superior, suplicándole disuelva la asamblea, o se limite esta a los puntos que a la voz diré por no hacerme difuso, para que los acuerde usía con toda la madurez y reflexión necesarias.

"San Felipe, 9 de marzo de 1828.

Lorenzo Báez".

      Y en vista de ella determinó que hallándose en esta ciudad los alcaldes parroquiales del cantón, con motivo de la festividad del día de ayer, se citen; y habiendo concurrido los de su parroquia de Cocorote, Baltazar Cariño, Julián Mesa; de la de Albarico, Rafael Zabala; de la de Cañizos, Cruz Alejo; de la de San Javier, Daniel Llanos; de Guama, Timoteo Tortolero y Cecilio Bracorit; de Aroa, Pedro Pablo Unda; y de esta parroquia, señor José Ramos, instruidos de la representación, y habiendo expuesto que era la verdadera expresión de los pueblos, que tienen puestas sus esperanzas en su excelencia el Libertador presidente, y desconfían de la convención convocada por la legislatura pasada, acordaron; que, en vista de lo expuesto, y del estado de inquietud en que se miran todos los pueblos, desconfiando de las deliberaciones de la convención convocada antes del período señalado, y separándose el reglamento dado al intento, de los principios y reglas establecidas, sin haberse dado a los representantes que han salido ya instrucciones explícitas de lo que verdaderamente desean los pueblos como más útil y conveniente a los mismos, estos se ven en el caso de manifestar su expresión y verdadero sentido para que sean las leyes conformes a sus votos y no contrarias y perjudiciales a los intereses comunes; y determinaron:

      Primero: que se ocurra a su excelencia el Libertador, a quien la mayoría de la nación le consignó la autoridad suprema y la facultad de llamar la convención desde que comenzaron los disturbios en 1826, para que disuelva la asamblea y cesen los fundados recelos que agitan a los pueblos amenazados por una escuadra española que hostiliza nuestros puertos.

      Segundo: que si su excelencia, por un efecto de moderación, o porque lo considere en alguna manera conveniente, no disuelve la convención, le haga entender que no tiene facultad para romper la unidad de la nación, sino para mantener su integridad, conservándose como hasta ahora en un solo cuerpo.

      Tercero: siendo el Libertador a quien se debe la formación de este Estado, y el único que puede conservar los lazos de unión firme y sólidamente, debe siempre permanecer a la cabeza del gobierno con toda la autoridad que constantemente le han dado los pueblos, y le ratifican de presente, de su libre y espontánea voluntad, hasta que cesen los partidos que amenazan la disolución de la República.

      Cuarto: que estando desvirtuada la constitución de Cúcuta, y altamente despreciada, se encargue a su excelencia el Libertador de dar una carta provisional que asegure la unidad de la República y la libertad de ella, y establezca un régimen vigoroso capaz de conservar el orden y recibir la moral pública.

      Quinto: que para la mejor administración establezca los tribunales que crea convenientes y jefes superiores en los puntos distantes, hasta que calmados los partidos convoque una asamblea general del modo que le parezca más acertado, confiando estos pueblos en las virtudes que adornan al Libertador, y penetrados de las buenas intenciones que siempre ha manifestado de que continuará eficazmente sus trabajos hasta conseguir el fin que los pueblos se han propuesto siempre que se han entregado, como ahora, exclusivamente a su prudente y justa dirección.

      Sexto: que este acuerdo se dirija por conducto del excelentísimo señor José Antonio Páez, para que se sirva elevarlo a su excelencia el Libertador, con el informe que esperan estos pueblos, tan satisfechos del tino y recta administración del expresado señor jefe superior, cuya conservación en el destino que tan dignamente ocupa piden fervorosamente al mismo señor Libertador. Con lo cual se concluyó, y firman todos los señores, de que yo el secretario certifico.

Juan José Aparcero, Isidoro Nadal, L. Báez, Joaquín de Elizondo, Juan José Canelón, J. José Delgado, Miguel Riveros, Baltazar Cariño, Julián Mesa, Rafael Zabala, Cruz Alejos, Daniel Llanos, Timoteo Tortolero, Cecilio Bracorit, Pedro Pablo Unda, José Luis Ramos, José Antonio Ravel, secretario.

FUENTE EDITORIAL:
Blanco, José Félix y Azpurúa, Ramón. Documentos para la historia de la vida pública del Libertador. Caracas, La Opinión Nacional, 1877. Edición facsimilar, Presidencia de la República de Venezuela, 1979, t. 12, doc. 3454, p. 284-286.

46
EXPOSICION DEL COMANDANTE DEL CIRCUITO Y OFICIALES DEL BATALLON NUMERO 6

A su excelencia el jefe superior de Venezuela.

   Excelentísimo señor:

      El comandante del circuito y batallón número 6, con la oficialidad, reunidos los sentimientos que la felicidad pública ha encendido siempre en los defensores de la patria, tenemos la satisfacción de elevar a vuestra excelencia nuestro sentimiento para que, si nuestra insignificante fuerza mereciese alguna consideración de utilidad al orden y tranquilidad general, la destinen en su conservación.

      No creemos exceder las funciones de nuestro estado cuando nos hemos propuesto asegurar a vuestra excelencia de nuestros sentimientos políticos en la presente época, porque el carácter militar no nos ha destituido de los derechos de ciudadanía, ni el respeto y subordinación a las leyes y superiores disposiciones, ni privado del derecho de petición, feliz recurso que nuestra constitución ofrece sin distinción.

      Señor: cuando después de tantos sacrificios por la libertad; cuando después de haber desaparecido el monstruo de la discordia en que íbamos a envolvernos, consiguiente a los movimientos del 30 de abril, gracias al amor público de nuestro Libertador; cuando su dilatada experiencia y aptitud parece que habían puesto el absoluto cese a todo resentimiento, y que sólo deberíamos ocuparnos en los medios que adelantasen y generalizasen la industria, las virtudes, y nos asegurasen nuestra futura tranquilidad; cuando, en fin, deberíamos proponernos que Colombia viese conciliadas sus disensiones domésticas e indicados los modos que, reformando los vicios de nuestras instituciones, diesen al gobierno actividad, firmeza y energía, digna ocupación de la gran convención nacional; entonces es cuando nuestro espíritu se halla más perplejo y ve más expuesta la existencia de Colombia; entonces ve enfurecidos partidos por sus opiniones regladas, por teorías impracticables en nuestro territorio, por teorías que indefectiblemente conducirían a la República a su intestina destrucción, o la entregarían a sus enemigos exteriores; entonces ve que, entronizada la ambición, se desatienden los intereses públicos, el mérito y la virtud; entonces observa que, casi rotos los preciosos vínculos de unidad en los departamentos de la República, el espíritu de provincialismo la hace caer en semidisolución, expuesta a la invasión de sus enemigos exteriores y a las maquinaciones y conspiraciones de los interiores; en un estado tan triste en quien ni la suposición ni la cobardía han tenido parte, ¿podremos esperar que, por sanos y benéficos que sean los sentimientos de los convencionistas, puedan conciliar partidos opuestos, que con razón tememos ocurran a la fuerza para hacer triunfar su opinión?

      Excelentísimo señor: nosotros mil veces hemos protestado no existir, o existir en orden; un montón de circunstancias se ha reunido y principia a amenazar nuestra seguridad y tranquilidad; un enemigo experto acecha nuestras costas; una mano oculta mueve entre nosotros mismos resortes que hayan de ocasionarnos los más fatales resultados; las repúblicas vecinas, ingratas a los beneficios con que nuestro ejército las constituyó en representación, aniquilando la fuerza que las oprimía, quieren sublevarse contra su bienhechora; y cuando todos unánimente deberíamos consagrarnos a extirpar estos males, es que nos vemos amenazados más de cerca por una disolución intestina, ¡es que vemos próxima a derrocarse la obra de tantos años y tan inmensos sacrificios!

      Señor: al considerar tan expuesta la salud pública, nos atrevemos a atropellar nuestra ignorancia y a indicar un medio que miramos como único asilo de nuestra seguridad; y sea, que la convención nacional conserve a todo trance la integridad de la República, medida constitucional e imprescindible, conformándose con la voluntad de sus constituyentes que sólo han concedido sus poderes e investido de sus facultades a sus representantes para sólo reformar el sagrado código, cuyo fundamento es la unidad de representación; y respecto a que la dilatada extensión del territorio la escasean de virtud e ilustración, las inveteradas costumbres que nuestra educación ha sembrado en nuestros habitantes, los peligros, en fin, que nos rodean, reclaman medios enérgicos que nos pongan a salvo de tantos males, autorícese en toda la República ampliamente por el espacio que la prudencia de nuestros legisladores, más impuestos de nuestro estado político, estime oportuno, al excelentísimo señor Libertador, reservándose el examen y aprobación de sus medidas y cargándole con toda su personal responsabilidad a la nación.

      Nada tenemos de arbitrariedad y despotismo al proyectar igual autorización, porque, testigos oculares del desinterés, magnanimidad y liberalidad del gran Bolívar, inmediatos observadores de sus sacrificios y desvelos por la formación, conservación y auge de nuestra República, las imputaciones de ambición las consideramos tan ajenas de sus sentimientos liberales, como parte de la máquina tramada por sus enemigos. Su solo nombre desvanece tan baja calumnia; y juzgamos indigno de quienes le conozcan creer que quien con su conducta como ciudadano, como oficial del ejército de la libertad, y como presidente y Libertador de la República ha logrado el alto rango a que el mérito le ha elevado en todo el mundo, quiera en un solo momento borrar sus glorias y cubrirse de la más vergonzosa ignominia.

      Vuestra excelencia palpa en extenso nuestra exposición: sobre vuestra excelencia gravita la responsabilidad de una parte muy considerable de la República; y a vuestra excelencia dirigimos nuestra petición, seguros de que encontrará en su magnánimo corazón todo el apoyo que repetidas veces ha franqueado el orden social.

      Así lo esperamos de vuestra excelencia; estos son nuestros votos, estos nuestros sentimientos que con el más profundo respeto dirigimos a vuestra excelencia para que se sirva elevarlos al superior conocimiento de la gran convención y de su excelencia el Libertador presidente.

San Carlos, 11 de marzo de 1828 18°.

   Excelentísimo Señor.

      El comandante, Domingo Hernández; el segundo comandante, José Villalobos; ayudante mayor, José Francisco Arana; el capitán, Esteban Aeun; el capitán Jorge Racamonde; capitán Sebastián Blanco; Rafael Sequera; teniente Vicente Alvarez; teniente, José Camilo Acosta; teniente, Manuel Hernández; teniente, Raymundo Limos; teniente, José Miguel Nadal; capitán, Tomás Viñas; teniente, José Ramón Marvez; Luis Uñarte; teniente, Jacinto Barrios; teniente, José Luis Landaeta; subteniente, J. María Herrera; subteniente, José María Zapata; subteniente, Martín Lamea; subteniente, Teodoro Nadal; subteniente, Escolástico Torres; subteniente, Venancio Medina; subteniente, Enrique Sánchez; subteniente, Manuel Extraño [sic]; subteniente, Francisco Martínez.

FUENTE EDITORIAL:
Blanco, José Félix y Azpurúa, Ramón. Documentos para la historia de la vida pública del Libertador. Caracas, La Opinión Nacional, 1877. Edición facsimilar, Presidencia de la República de Venezuela, 1979, t. 12, doc. 3555, p. 286-287.

47
EXPOSICION DE LOS PADRES DE FAMILIA Y PATRIOTAS DE VALENCIA A LA GRAN CONVENCION

   Honorables miembros de la gran convención nacional.

      Los votos espontáneos de los padres de familia y esclarecidos patriotas de esta ciudad de Valencia, unidos a los de su cuerpo municipal, no llenarían sus sagrados deberes si no manifestasen sus deseos al respetable cuerpo que debe fijar la suerte de la República, y completar la obra de su felicidad.

      Las reformas tan suspiradas y pedidas de toda la nación, nunca han tenido otro objeto en el corazón de los buenos patriotas, sino el de asegurar la libertad y las garantías individuales. Ellas han sido el móvil y el origen de la voz común de los pueblos convencidos de las mejoras que necesitan por una larga y penosa experiencia.

      La confianza que los vecinos de Valencia tienen en los miembros de la gran convención les lisonjea de que su objeto no será otro que el de conservar la unión de la República, dándole la forma más estable del sistema popular representativo que debe regirla.

      Esta municipalidad que suscribe, a nombre del pueblo, reunida en sesión extraordinaria, el día nueve del presente mes, ha convenido, a petición de los vecinos más respetables de esta ciudad, se ponga en conocimiento de la gran convención nacional, la imperiosa necesidad que hay de conseguir la unión de las voluntades y ánimos, desgraciadamente separados por las últimas controversia políticas, como una barrera que debe oponerse al común enemigo, que animado de facciones internas amenaza las provincias del norte con una invasión exterior.

   Permítasenos, pues, indicar lo que nuestro riesgo en circunstancias tales nos hace desear.

      El padre de la patria, el Libertador presidente, es el héroe destinado para salvarnos como lo ha hecho en casos más críticos y peligrosos; él ha sido llamado por el voto libre de los pueblos, para ocupar la presidencia; y, de consiguiente, él completará nuestra defensa y la del resto de la nación, si se le concede el poder de salvarla y consolidar la opinión que ánimos exaltados la hacen divagar.

      Jamás podrá la municipalidad dudar que la previsión de tan justos representantes dejará de tocar con preferencia una materia en que se trata nada menos que de la seguridad, defensa y prosperidad de la nación entera. No conocemos otro remedio para librarnos de la invasión que apariencias bien fundadas nos hacen temer; y, por lo tanto, emitimos libremente nuestros votos al respetable cuerpo convocado para colmo de nuestra dicha, protestando solemnemente que no nos mueve otro interés que el sagrado deber de asegurar la libertad, la independencia y nuestra conservación individual.

Valencia, 11 de marzo de 1828 18°.

Manuel Cala, José Espinosa, Pablo Caballero, Gerónimo Caballero, José María Losa, Luis Cazorla, Severo Buroz, Manuel Agreda y Urloa, José María Colón, Juan Páez, Miguel Melian, secretario.

FUENTE EDITORIAL:
Blanco, José Félix y Azpurúa, Ramón, Documentos para la historia de la vida pública del Libertador. Caracas, La Opinión Nacional, 1877. Edición facsimilar, Presidencia de la República de Venezuela, 1979, t. 12, doc. 3556, p. 287-288.

48
EXPOSICION DEL COMANDANTE Y OFICIALES DEL 8° BATALLON DE NIRGUA

   A su excelencia el jefe superior de Venezuela.

   Excelentísimo señor:

   El comandante y oficiales del 8° batallón de Nirgua, con toda la subordinación y respeto que son debidos, se acercan a vuestra excelencia para representarle lo que sigue:

      En los amargos momentos del 30 de abril de 1826, nosotros, los que suscribimos, guiados por el instinto de nuestra conservación individual y política, clamamos a una voz con todos los pueblos del cantón de Nirgua por la venida del Libertador presidente a encargarse del gobierno de la República, a arreglar nuestras disensiones domésticas, a ser nuestro árbitro, a castigar el crimen, a premiar las virtudes.

      Estos mismos son, excelentísimo señor, nuestros votos el día de hoy; y con más noticias, pues a los males de que entonces adolecíamos, se agregan otros sobrevenidos después, cuales son, la división interior por opiniones de mejoras, que serían muy buenas para los tiempos tranquilos; para cuando estuviese asegurada nuestra independencia, y no ahora que el enemigo está a nuestras puertas con una expedición para invadirnos, y mientras que por un defecto de política nos vemos infestados de espías y agentes suyos, que descaradamente los unos trabajan para restablecer sus dominaciones perdidas, y los otros bajo la capa de liberales, en fomentar nuestras discordias civiles para que, a favor de la división, tengan algún éxito sus tentativas.

      Se trata, pues, de salvar la patria libertándola de los enemigos interiores y exteriores; y todo el que no sea de esta opinión es nuestro enemigo. El hombre que tiene la confianza de todos los patriotas, porque la merece, porque nunca ha abusado de ella, ese debe salvarnos. Si nos ocupásemos en otras materias, nos sucedería el caso de la fábula: vendría el enemigo y nos hallaría entretenidos en cuestiones impertinentes.

      Sírvase vuestra excelencia elevar a la consideración del Libertador presidente esta nuestra respetuosa exposición para los fines convenientes; como asimismo ponerla en conocimiento del presidente de la convención, a fin de que bien enterada esta de las circunstancias en que actualmente se halla la República, y de lo que se ha dicho en todos los papeles públicos acerca de nulidad en el modo y regla de su convocación, proceda en sus trabajos con el acierto que se desea.

   En conclusión: la integridad de la República, y el mando supremo en el Libertador presidente, son los votos generales como igualmente los nuestros, con toda la plenitud de facultades necesarias para salvarnos.

Montalbán, 12 de marzo de 1828 18°.

      El primer comandante, Juan Félix Ovalles; el segundo comandante, Andrés Pérez; el capitán de la primera, Patricio Sequera; el capitán de la tercera, Bernardino Errade; el capitán de la cuarta, M. Ojeda; el capitán de Cazadores, Marcos Pinto; el primer teniente de la compañía de Granaderos, comandante accidental de ella, José María Ojeda; el primer ayudante del batallón, Domingo García; el segundo ayudante del batallón, Marcelo Tortolero; el segundo teniente de Granaderos, Gabriel Castellano; el primer teniente de la primera, Benito Rodríguez; el primer teniente de la tercera, Julián Leal; el primer teniente de la cuarta, Cayetano Ortega; el primer teniente de Cazadores, A. Sención Aguiar; el primer subteniente de la primera, Eugenio Quintero; el primer subteniente de la cuarta, Victorio Torres; el subteniente Narciso Tovar; subteniente segundo Francisco Faculto.

FUENTE EDITORIAL:
Blanco, José Félix y Azpurúa, Ramón. Documentos para la historia de la vida pública del Libertador. Caracas, La Opinión Nacional, 1877. Edición facsimilar, Presidencia de la República de Venezuela, 1979, t. 12, doc. 3557, p. 288-289.

49
PADILLA SE DIRIGE A LA CONVENCION

   Mompós, 12 de marzo de 1828.

   Señor director de la comisión de calificación.

      Con esta fecha dirijo a su excelencia el presidente de la República, original, el parte oficial que en copia acompaño. Por él se impondrá la comisión de los justos motivos de celo por la inviolabilidad del soberano cuerpo nacional, que dieron lugar a los desagradables sucesos que se refieren, y que deben llamar la atención de la comisión, o del soberano congreso, si estuviese reunido, sin perjuicio de presentarme personalmente en esta ciudad a ofrecer mi persona, mi poco influjo, y cuanto pueda pertenecerme, en defensa de la convención, siempre que pueda ser atacada.

   Dios guarde a usía.

José Padilla.

FUENTE EDITORIAL:
Blanco, José Félix y Azpurúa, Ramón. Documentos para la historia de la vida pública del Libertador. Caracas, La Opinión Nacional, 1877. Edición facsimilar, Presidencia de la República de Venezuela, 1979, t. 12, doc. 3506, p. 226.

50
DECRETO DEL LIBERTADOR SOBRE FACULTADES EXTRAORDINARIAS

   Decreto del Libertador.

   Simón Bolívar, Libertador, presidente de la República de Colombia, etc.,

CONSIDERANDO

   1°Que por decreto de 19 de febrero último declaré hallarse el poder ejecutivo en el caso del artículo 128 de la constitución, respecto de los departamentos de Maturín, Venezuela, Orinoco y Zulia;

   Que desde aquella declaratoria han crecido los datos fundados de una invasión exterior que amenaza la seguridad de la República;

      Que los partidos que hay en lo interior, y que desgraciadamente han sido una consecuencia de las turbaciones pasadas, hacen temer que la anarquía bajo diferentes formas ocupe el lugar de las leyes, si no existe una autoridad capaz de contenerlos dentro de sus justos límites, o de hacer castigar a los que los traspasen;

   Que el estado moral del ejército y de los pueblos presta al gobierno datos fundados de haber un peligro inminente de que se turbe la tranquilidad interna bajo cualquier pretexto;

      Que la decadencia de la hacienda nacional, cuyos productos han disminuido considerablemente y no alcanzan para los gastos, hace más temible y fácil cualquier conmoción interior, por el descontento que causa en los empleados civiles y militares, el que no se les cubran sus haberes;

    Que sin hacer reformas radicales en el actual sistema de hacienda, no se pueden cubrir los gastos más precisos, ni mejorar el crédito exterior, lo que es tan urgente como necesario;

       Que no dando espera estas necesidades, siendo probable que el congreso no se pueda reunir en el presente año, debe tratar el gobierno de salvar la República de los males que la amenazan, dictando las medidas extraordinarias que puedan conducir a tan importante fin, oído el dictamen del consejo de gobierno.

DECRETO

      Artículo 1° En todos los departamentos de la República ejercerá las facultades extraordinarias que concede al poder ejecutivo el artículo 128 de la constitución, lo que será por el tiempo absolutamente preciso para repeler la invasión exterior y asegurar la tranquilidad interna.

   Artículo 2° Se exceptúa el cantón de Ocaña en la provincia de Mompós, donde debe reunirse la convención nacional; pero esta excepción no se extenderá a las reformas de hacienda, que también lo comprenderán.

      Artículo 3° Luego que cese la imposibilidad que hay de que se reúna el congreso al mismo tiempo que la convención, de la que son miembros muchos senadores y representantes, se convocará inmediatamente, según lo previene el citado artículo 128.

   El secretario de Estado del despacho del interior queda encargado de comunicar este decreto a quienes corresponda.

Dado en Bogotá, a 13 de marzo de 1828 18°.

Simón Bolívar.

El secretario de Estado del despacho del interior,

José M. Restrepo.

FUENTE EDITORIAL:
Blanco, José Félix y Azpurúa, Ramón. Documentos para la historia de la vida pública del Libertador. Caracas, La Opinión Nacional, 1877. Edición facsimilar, Presidencia de la República de Venezuela, 1979, t. 12, doc. 3502, p. 219-220.

51
REPRESENTACION DEL GENERAL PAEZ A LA GRAN CONVENCION

   Honorables miembros de la gran convención.

      Un deber sagrado me pone en el caso de elevar al conocimiento de la convención un testimonio legalizado de las representaciones que me han dirigido varias corporaciones civiles y militares con los padres de familia y propietarios respetables de estos departamentos, manifestando los deseos que les animan en la actual crisis en que, amenazada la independencia de la República por facciones interiores e incursiones del enemigo, se la pondría al borde de su ruina si los trabajos de la convención no se limitan a centralizar su poder y poner en manos del Libertador presidente el mando supremo del Estado a que los pueblos le llamaron por aclamación unánime, hasta que, asegurada la independencia de la nación y tranquilo el territorio, pueda plantearse la forma de gobierno que sea de la voluntad general.

      Al trasmitir a esta honorable corporación el voto de estos habitantes, yo me siento poseído del noble entusiasmo que inspira la razón en favor de sus peticiones; ellas están sostenidas del clamor general bien pronunciado de unos pueblos que, después de los inmensos sacrificios que han hecho por conquistar su independencia de la dominación extranjera, prodigando su sangre en las batallas, temen con razón ver anulada la obra de su heroísmo y los desvelos de su fautor; lo están por hechos positivos que convencen que en ningún tiempo, después del establecimiento de la República, se ha visto como ahora expuesta a ser la presa de un poder extranjero o de una anarquía desoladora, que al favor de instituciones débiles, y para las cuales no están preparados los pueblos, sean conducidos a una disolución política que fomentan partidos insidiosos, y ellas por último tienen a su favor la experiencia de 18 años en que sólo han visto por fruto de la constitución de Cúcuta en los siete últimos, la desmoralización, el desorden y el imperio de todos los vicios.

      Difícilmente podría presentar un bosquejo de la situación en que se encuentran estos departamentos. Diseminado en todas partes el espíritu de sedición que con las armas en la mano turba a cada paso la tranquilidad pública y tiene en continua agitación las provincias, puede decirse que no hay una sola que conserve aquella calma que se necesita para recibir reformas que no sean adaptadas a la fuerte represión de los crímenes y firme sostén de la independencia. La España ha observado las disensiones políticas; sus agentes atizan la discordia y circulan papeles incendiarios deprimiendo la fuerza moral del Libertador como el único medio de reducir el país a su dominación. En estos momentos de angustia aparece en nuestras costas una expedición que, ínterin los pueblos se despedacen en la guerra intestina, lograrán ventajas que nada alcanzaría si un gobierno vigoroso dirige los esfuerzos de la nación, y el hombre que le ha dado vida se coloca al frente de los negocios públicos para hacerla respetar, para consolidar su vacilante existencia, regenerar la moral, y salvarla, en una palabra, de su última ruina.

      Toca ahora a esta honorable corporación penetrarse de los verdaderos intereses de la patria, y proveer, según estos datos, el remedio de tantos males. Las formas de gobierno deben adaptarse a los lugares que van a recibirlas y no estos a aquellas; esta verdad sublime, y ahora más que nunca comprobada, hará ver a la convención que brillantes teorías deslumbran momentáneamente; pero que son el escollo funesto en que sepultan las acciones y los hombres. No dudo que los diputados que componen esta honorable corporación consultarán los medios de conservar sus más caros intereses, y yo no responderé a la nación de las consecuencias funestas que se seguirán, si, apartándose la vista de este lastimoso cuadro en que se funda la opinión unánime de los pueblos, se aventura la salvación del Estado a los desastres de la anarquía.

Caracas, 15 de marzo de 1828 18°.

El jefe superior,

José A. Paéz.

FUENTE EDITORIAL:
Blanco, José Félix y Azpurúa, Ramón. Documentos para la historia de la vida pública del Libertador. Caracas, La Opinión Nacional, 1877. Edición facsimilar, Presidencia de la República de Venezuela, 1979, t. 12, doc. 3505, p. 223-225.

52
ACTA DE LA MUNICIPALIDAD DE CUMANA

      En la ciudad de Cumaná, cantón capital del departamento de Maturín, a los 15 días del mes de marzo de 1828, 18° de la independencia, los señores de que se compone esta ilustre municipalidad, a saber: el jefe político, su presidente, Manuel José Rivas; alcaldes 1° y 2° municipales, Antonio José de Castro y Peinado y Manuel Millán; municipales José de Jesús Cordero, actual procurador municipal interino; Manuel Malaret, Francisco Blanco y Manuel Reyes, y padre general de menores Francisco Antonio Maestre, sin asistencia del procurador municipal Rafael Calzadilla, por haberse ausentado con previo permiso, reunidos así en sesión extraordinaria convocada por su enunciado señor presidente, a intento de que se oyese una solicitud que el procurador municipal interino pretendió, indicando ser aquella de urgente interés y utilidad publica, se prestó la atención a dicho señor procurador, el cual, después de un corto discurso, relativo al intento de su pretensión, exhibió firmada una representación cuyo tenor es como sigue.

      "Muy ilustre municipalidad: inflamado del más ferviente deseo del bien público, el síndico ha llevado su atención a la crisis actual de la República, y contemplando la divergencia de pareceres que experimenta en su seno, y los síntomas de la más horrorosa convulsión, que se descubren por todos sus ángulos, ha deducido que si se dictan en estos momentos innovaciones prematuras, pueden comprometer la integridad nacional, y con ella nuestros derechos y nuestras glorias. La gran convención ha debido instalarse en Ocaña el 2 del corriente, según el decreto que la convoca, y siendo su objeto reformar nuestras instituciones, procederá a cumplirlo sin duda alguna. Como hasta ahora se ha conseguido una incompleta seguridad, no obstante los esfuerzos que se han hecho, venciendo dificultades que parecían insuperables al través de las más violentas agitaciones, muchos ciudadanos, celosos del honor y bienestar de la patria, abrigan un secreto presentimiento de que los resultados no serán muy favorables a los votos del pueblo si se expiden las reformas sin detenimiento, sino se da lugar a que se pronuncie decididamente la opinión, que debe ser la expresión de los intereses del mayor número.

   "Tan cierto es, que la voluntad no se distingue sino en el reinado de la paz, y jamás cuando se fluctúa en medio de la exaltación y de las dudas.

      "Todos los tiempos no son a propósito para la sanción de las reformas sociales, y hay crisis en que ellas producirían más eminentes males que los que se quieren evitar. Aún no es llegado el día que Colombia realice las mejoras que ha pedido, porque aún se encuentra colocada en una situación peligrosa. Todavía se columbran en el horizonte político las reliquias de la tempestad que acaba de correrse, y los elementos desorganizadores contenidos pero no aniquilados, esparcidos pero enervados no; a la más ligera alteración condensándose otra vez, pueden exponer nuestros destinos a un naufragio cierto.

      Las pasiones, manteniendo en ejercicio sus armas ponzoñosas; los partidos disputándose la preferencia y reproduciendo aspiraciones insensatas; templos erigidos a la libertad con opuestos nombres; el orden, restaurado en apariencia; la reconciliación tan recomendada, pero existente solo en las palabras; algunas provincias perturbadas por facciones internas y otras que abortan secuaces del execrable gobierno de Fernando; la España, nuestra implacable enemiga, como si no hubiera sido escarmentada en mil campos ilustres, resucitando sus muertas esperanzas, concibiendo nuevos proyectos de dominación y de iniquidad, sembrando por todas partes las semillas del trastorno y de la desconfianza, remitiendo sus buques hasta nuestras costas para ver si a merced de nuestros disturbios y de sus intrigas verifica la invasión decantada, con que tanto ha amenazado el continente. La Europa, inquieta espectadora de las oscilaciones de nuestro sistema, observa nuestros pasos para adelantar o retroceder el reconocimiento de la independencia a medida de la estabilidad de nuestros principios.

      "He aquí el cuadro de Colombia, y también los motivos que deben pesar en la balanza de la gran convención, para no proceder precipitadamente a las reformas demandadas por los pueblos. Cualquier innovación que en mejores circunstancias produciría felices resultados, en las presentes comprometería la integridad de la República.

      "Colocado el síndico en este punto de vista, observa: primero, que Colombia ha salido de la confusión en que estaba bajo la administración anterior y obtenido mejoras positivas desde que el Libertador restituido a la patria dirige sus destinos; segundo, que conviene a Colombia en estas circunstancias conservar su actual organización, y tercero, que conviene igualmente, para conservar la integridad nacional, la continuación del Libertador en el mando supremo del Estado como indispensable a la paz, a su crédito y a su gloria, hasta la completa seguridad de la República. Luego que los colombianos, prosternados ante la imagen de la patria, le hagan el sacrificio de sus resentimientos y depongan sus parcialidades; luego que se aniquilen las preocupaciones y se extinga el espíritu funesto de provincialismo; luego que la concordia renazca entre hombres llamados a ser siempre hermanos para presentar en la masa de todos sus esfuerzos una barrera impenetrable a los tiros de los que atenten esclavizar esta República de los héroes, entonces sí puede decirse que ha brillado la aurora suspirada de las mejoras que reclaman los pueblos desde el Orinoco hasta el Guayas, y entonces la convención debe decretarlas, fijando nuestra futura suerte. Que entre tanto los augustos legisladores se asemejen a los médicos en las graves enfermedades. En política como en la medicina hay remedios preparatorios que no están destinados a curar, pero que predisponen a los enfermos a soportar los efectos de los que se han de aplicar después, que atacando el asiento del mal lo arranque indefectiblemente.

"Está persuadido el síndico de que esta ilustre municipalidad se halla penetrada de estos mismos sentimientos, y en tal concepto parece que, tomándolos en consideración, acuerde elevarlos a quien corresponda.

"Cumaná, 15 de marzo de 1828 18°.

José Jesús Cordero".

      Y concluida su lectura, los miembros de esta ilustre municipalidad, penetrados del patriotismo que ha podido persuadir al procurador a la manifestación de tan laudable sentimiento; convencidos, como él, de la absoluta necesidad de que en la presente crisis reclama la permanencia del Libertador en el mando supremo, cual único que puede garantir la conservación del territorio de la República en medio de los amagos que comprometen su existencia, y cuya realización en parte ha experimentado este departamento; no dudando casi de la conveniencia de la actual organización, y de cuanto importará su continuación en el mando supremo en el presente estado de aquélla, unánimemente acordaron que, por conducto de su excelencia el señor intendente, sea elevada esta acta y representación ¿el procurador municipal a la gran convención, a fin de que se sirva pesar en su prudente consideración los puntos que ella contiene, y que al intento se compulse copia por el presente secretario, firmada por los miembros presentes, para entregar al señor presidente, como el órgano de las comunicaciones de este cuerpo para con dicho señor intendente.

Manuel José Rivas, Antonio José de Castro Peinado,

Manuel Millán, Manuel Malaret,

Manuel Reyes, Francisco Blanco,

Francisco Antonio Maestre, Mariano Turrealba,

secretario.

FUENTE EDITORIAL:
Gaceta de Colombia, N° 349, Bogotá. 1828 (176), p. 2.

53
EL DIRECTOR DE LA COMISION DE LA GRAN CONVENCION DE COLOMBIA REMITE AL PODER EJECUTIVO COPIAS DE LAS ACTAS DE LA COMISION

OFICIO DEL DIRECTOR.

   República de Colombia.

   Ocaña, 18 de marzo de 1828 18°.

   Al señor secretario de Estado del despacho del interior.

   La comisión encargada de presentar a la próxima gran convención informes sobre las elecciones de diputados, hechas por las asambleas electorales de las provincias de la República, ha acordado lo siguiente:

   "Que se remita al supremo poder ejecutivo copia de las actas de la comisión, para su inmediata publicación por medio de la imprenta".

   En consecuencia, tengo el honor de acompañar a usía cinco copias de las indicadas actas, esperando se sirva obtener del supremo poder ejecutivo la orden conveniente para que se cumpla con la resolución preinserta.

   Dios guarde a usía.

El director,

Francisco Soto.

FUENTE EDITORIAL:
Blanco, José Félix y Azpurúa, Ramón. Documentos para la historia de la vida pública del Libertador. Caracas, La Opinión Nacional, 1877. Edición facsimilar, Presidencia de la República de Venezuela, 1979, t. 12, doc. 3508, p. 234-235.

54
OFICIO DEL DIRECTOR SOTO A PADILLA

   República de Colombia

   Ocaña, 18 de marzo de 1828 18°.

   Al benemérito señor general de división José Padilla.

      He tenido el honor de poner en conocimiento de la diputación reunida en esta ciudad, la comunicación que usía se ha servido dirigirle desde Mompós, con fecha 12 del corriente, y los documentos que la acompañan; y la diputación, enterada de todos, ha acordado en sesión de este día lo siguiente: "Contéstese al general Padilla, acusándosele el recibo de las comunicaciones, y manifestándosele el aprecio con que la diputación ha visto los sentimientos de respeto a la gran convención que expresa en la misma comunicación".

   Me cabe la satisfacción de trasmitir a usía este acuerdo, y al verificarlo tengo la honra de ofrecer a usía las testificaciones del distinguido aprecio y consideración personal con que soy de usía muy obediente servidor.

El director,

Francisco Soto.

FUENTE EDITORIAL:
Blanco, José Félix y Azpurúa, Ramón. Documentos para la historia de la vida pública del Libertador. Caracas, La Opinión Nacional. 1877. Edición facsimilar. Presidencia de la República de Venezuela, 1979. t. 12, doc. 3509. p. 235.

55
REPRESENTACION DE LOS VECINOS Y EMPLEADOS DE BOGOTA A LA GRAN CONVENCION

   Honorables presidente y miembros de la convención nacional.

   Señores:

      Como vais a disponer a nuestro nombre de la suerte futura del Estado, y de ella dependa la felicidad o desgracia individual de los ciudadanos que componemos la República, los que suscribimos esta petición nos creemos autorizados para expresaros nuestra positiva y verdadera voluntad sobre los arreglos políticos de que os halláis encargados.

      Comenzamos por recordaros que ni nosotros, ni este departamento, hemos promovido que se anticipe la revisión y reforma de la constitución que nos rige; que sólo como parte integrante de la nación nos hemos sometido al voto imaginario o real de la mayoría del pueblo, que se presume lo ha exigido por haberlo declarado así el congreso, y que el corto número de sufragios que han concurrido para las elecciones de nuestros diputados, es todavía testimonio más auténtico de que nosotros no hemos aspirado a innovaciones del sistema, para reparar el presente trastorno de la República.

      Esperaríamos en silencio que vuestra sabiduría y prudencia restableciesen el orden con toda aquella circunspección que conviene para no causar a Colombia mayores males que los que se intentan remediar; pero al oír que se prepara una crisis peligrosa y acaso mortal a la República, con el empeño que algunos han manifestado de desmontar del todo el edificio político que ha poco tiempo acabamos de construir, para reorganizarlo de nuevo bajo la forma federativa, suponiendo equivocadamente que tan grande variación es conforme a la voluntad nacional, no podemos cerrar nuestros labios, ni ver con los brazos cruzados el abismo insondable de males que nos causaría esta resolución. En efecto, la turbación de nuestro reposo, la ruina de nuestra felicidad y el establecimiento del imperio de la anarquía, serían las consecuencias en que vosotros nos precipitaríais, si, inducidos en el error, lo que no esperamos, restablecierais el débil y funesto sistema federal.

      Lo hemos llamado débil, porque dividida y contrariada la fuerza del gobierno general por los Estados particulares, aquel nada puede hacer en beneficio de la patria, y se pierden los momentos más preciosos para obrar. Aquí os recordamos los acontecimientos de nuestra historia en Venezuela y en la Nueva Granada. Allá, nunca Monteverde con 300 hombres habría conquistado un millón de habitantes, si hubiera existido sólo un gobierno general, fuerte y enérgico, para reunir los recursos y hacerlos mover contra el enemigo; entonces no se hubiera perdido el tiempo en disputar, si habían de marchar a repeler a Monteverde las tropas de la Unión, o las de la provincia de Caracas. En la Nueva Granada las huestes de Morillo habrían sido destruidas si una autoridad fuerte hubiese podido concentrar las tropas, reunir los recursos, y oponer al enemigo un ejército superior o igual al que fue batido en detal por la debilidad del gobierno de la Unión. La sangre de millares de víctimas ilustres, y los inmensos recursos de Venezuela y de la Nueva Granada, jamás hubieran caído en manos de los españoles sin nuestros delirios federativos.

      Los males de este sistema y sus funestos resultados los acredita la más triste experiencia, y aún se hallan profundamente grabados en nuestros corazones. Un sistema que, desde 1810 hasta 1815, tuvo divididas nuestra provincias, nuestros cantones, nuestras ciudades y aun nuestras aldeas, manteniéndonos seis años en una completa anarquía; un sistema que antes había causado la subyugación de Venezuela por los españoles, y la sangre que se derramó en sus campos desolados, en que perecieron tantas víctimas sacrificadas al furor de la guerra; un sistema bajo el cual Buenos Aires se dividió en pequeñas fracciones que no han podido organizarse en 18 años, y se hacen la guerra más implacable; un sistema que ha sumido a Chile en los partidos, en la anarquía y en la nulidad más completa; un sistema que actualmente mantiene la guerra civil y las rivalidades más encarnizadas en la República del Centro de América, donde no pudo mantenerse dos años, sin venir a tierra el edificio mal cimentado de su constitución, ¿no tendremos sobrada razón para llamarlo funesto? ¿Perderemos las saludables lecciones de una experiencia tan caramente comprada, por seguir bellas teorías, y por imitar a los Estados Unidos del Norte, cuyos habitantes no tienen de común con los de la América del Sur sino el ser hombres y pertenecer a un mismo hemisferio?

      Si hasta ahora el sistema federal sólo ha traído en pos de sí la ruina, las divisiones y la anarquía de los estados que incautamente lo han adoptado, alimentamos las más fundadas esperanzas de que nuestros dignos representantes no quieran establecerlo en Colombia. Todos los habitantes de la América antes española tiene unos mismos hábitos, costumbres, preocupaciones y carácter; es, pues, indudable que él nos sumergiría en los mismos, y aun mayores males que los causados en otras Repúblicas hermanas. Observad cuidadosamente cuál es nuestra posición actual, cuáles son los partidos que reinan, cuáles los jefes que los dirigen, y, finalmente, cuáles son los sentimientos del ejército colombiano; veréis entonces con la mayor claridad que nuestros temores de que se decrete la anarquía, adoptando el sistema federativo, son los más fundados y que tocan en la evidencia.

      No os alucinéis con el ejemplo de los Estados Unidos Mejicanos. Aún es muy corto el período de su existencia política, y ya han comenzado a levantar la cabeza los partidos y la anarquía. ¡Ojalá que no suceda!, pero tememos que pronto han de dar el escándalo de nuevas divisiones en la única parte de la América, antes española, que se hallaba tranquila.

      En contraposición de los males causados por el sistema federal, y por la debilidad de esta clase de gobierno, os recordaremos una época brillante de nuestra historia política; hablamos de lo que hizo Colombia desde 1819 hasta 1825. Antes de constituirse, cuando su gobierno sólo mandaba sobre algunas provincias de la antigua Venezuela y de la Nueva Granada, a pesar de que estaban desoladas por la guerra, un sistema de gobierno enérgico y central o unitario, sacó recursos para arrojar a los españoles del resto de la República, para auxiliar al Perú en 1823, y para triunfar allí de un ejército numeroso y aguerrido. Al mismo tiempo hacía frente a la invasión española contra Maracaibo, e imponía respeto por dondequiera a sus enemigos. ¿Hubiera podido ejecutar esto bajo el sistema federativo? ¿No es evidente que el gobierno general no tuvo poder alguno para verificarlo en la primera época de la República, ni en Venezuela, ni en la Nueva Granada?

      Otro argumento no menos poderoso que se nos presenta contra el sistema federal, es la falta que sentimos de hombres y de recursos para sostenerlo. Nuestros departamentos y provincias carecen de legisladores, de rentistas y de jueces. ¿Cómo podrían montar sus gobiernos soberanos y dar al mismo tiempo hombres dignos a la legislatura y al gobierno general? Cuando no podemos sostener un solo gobierno y administración central, cuyo ejército y empleados se hallan sumidos en la miseria más espantosa, ¿de qué modo podríamos pagar esa chusma de legislaturas, de tribunales y empleados, que exige el sistema federativo? Se dirá que se impondrían nuevas contribuciones; pero os aseguramos que no podemos pagarlas por la miseria general, y os protestamos francamente que tampoco tenemos voluntad de hacer este sacrificio en obsequio del sistema federativo.

      Los que se dejan arrastrar del fanatismo político, se alucinan con el ejemplo de los Estados Unidos del Norte, olvidándose de la situación de estos, y de la que tiene Colombia. Las provincias que formaron los Estados Unidos se habían gobernado desde su nacimiento con independencia unas de otras; buscaron, pues, en el sistema federal un lazo de unión para estrechar la suya. En Colombia, por el contrario, con aquel sistema se despedazaría la unidad de la República, se dividirían los miembros de la familia colombiana, se aislarían los pueblos dificultándose su reunión, se impediría su fusión en un todo homogéneo, y se perpetuaría la discordia, de la que vendría la guerra civil, como una consecuencia necesaria. Tamaños males serían inevitables, y sin duda alguna consumarían la ruina del Estado.

      Con la división de estados soberanos, todo el sistema del gobierno eclesiástico, por medio de arzobispos y obispos, quedaría arruinado, sumergiéndonos en nuevas dificultades, de las que necesariamente debían seguirse males muy graves a la religión de Jesucristo. Cuando un arzobispado u obispado extendiera su diócesis a dos o más estados, cada uno de ellos dispondría a su antojo de las rentas eclesiásticas, como sucedió en las federaciones de 1810 a 1816, destinándolas a usos profanos, dejando incongruos a los ministros del Altísimo. Acaso tampoco faltarían en pequeños Estados quienes, valiéndose de su influjo, quisieran extender una mano sacrilega hasta el santuario, y hacer innovaciones peligrosas en la disciplina y en la religión. Organizados ya los negocios eclesiásticos bajo el sistema de unidad con acuerdo de la Santa Sede Apostólica, nos hallamos libres de que padezca la religión de nuestros padres que tanto amamos, y que podemos llamar el ángel tutelar, consolador de los pueblos.

      Veis aquí, honorables diputados, los fundamentos en que apoyamos nuestra sumisa petición. Creemos que no está en los intereses, ni en la voluntad de la mayoría del pueblo de Colombia, amaestrado por la experiencia de 18 años, volver a fluctuar en el intrincado laberinto de una nueva federación. Es indudable que todos los colombianos sólo anhelamos por el restablecimiento del orden, por la tranquilidad individual, por la recta administración de justicia, y por la seguridad de nuestras personas y de nuestras propiedades. Dadnos estos grandes bienes y hacedlos duraderos bajo la salvaguardia de un gobierno supremo, cuya fuerza sea proporcionada a la magnitud de los desórdenes que debe remediar, a la extensión del territorio y al número de individuos que tiene obligación de proteger. Revestido de un poder que alcance a reprimir las vejaciones de las autoridades subalternas, las injusticias de los tribunales, la prepotencia de los poderosos, el furor de los partidos y las defraudaciones de la hacienda nacional; de un poder en que, conservándose las garantías individuales, se restablezca por todas partes la sumisión a la ley, la obediencia y el respeto a las autoridades, la integridad de la justicia, la pureza de la hacienda, y la moral en las costumbres; de un poder, finalmente, que difunda la ilustración en los pueblos, perfeccione y promueva la agricultura, extienda el comercio, y haga desarrollar todos los gérmenes de prosperidad que Colombia encierra en su fecundo seno.

      Tales son nuestros votos y nuestros deseos, honorables representantes; y juzgamos que los mismos animan a la provincia de Bogotá, al departamento de Cundinamarca y a la mayoría de la República. Confiamos en que, pesando vosotros con el mayor tino y prudencia el estado político y moral de Colombia, cerréis enteramente la puerta a la adopción del sistema federal, y que acordaréis el unitario o central, reformándole de los defectos que en él haya manifestado la experiencia. Los pueblos os colmarán de bendiciones si restablecéis el buen nombre y la gloria de Colombia; mas no dudéis que de lo contrario os atribuirán todos los males que puedan seguirse de vuestras deliberaciones.

   Bogotá, 21 de marzo de 1828 18°.

   Aquí las firmas.

FUENTE EDITORIAL:
Blanco, José Félix y Azpurúa, Ramón. Documentos para la historia de la vida pública del Libertador. Caracas, La Opinión Nacional, 1877. Edición facsimilar, Presidencia de la República de Venezuela, 1979, t. 12, doc 3516, p. 245-248.
OTRAS EDICIONES:
Gaceta de Colombia. N° 337, Bogotá. 1828 (23/3), p. 34.

56
REPRESENTACION DE LOS HABITANTES DE BOYACA A LA GRAN CONVENCION

   Señor:

      Los suscritos, habitantes de Boyacá, que, en medio de los males que han afligido a la patria, supieron conservar intacta su obediencia al gobierno, sumisión a las leyes y amor a la libertad, y respeto a los magistrados, son los que por medio de vuestra excelencia se dirigen hoy al cuerpo soberano de la nación, a ese cuerpo que, compuesto de ilustres ciudadanos, oirá el clamor unánime de los que representan, movidos del bien de la patria.

      La aniquilación de la República; la comparación entre su actual estado y la brillante carrera con que marchaba; el interés común de los pueblos, ligado fuertemente al particular de cada individuo; y, en fin, el deseo de evitarle males que podrán cubrirla de luto, hasta más allá de lo que alcanza la previsión humana, son los móviles de nuestra pluma, en los momentos mismos en que la gran convención va a obrar el bien y hacer la felicidad general.

      La conducta de Boyacá observada desde 1821 hasta la fecha; sus padecimientos en la época triste de los años de 12, 13 y 14, a costa de tantos y tan caros sacrificios; el crédito de la República empeñado; la hacienda destruida; los españoles en hostil disposición contra nosotros; muchos ánimos exaltados, seducidos o descontentos en lo interior; los hijos de Guatemala nadando en su propia sangre; Méjico en inminente peligro; he aquí, señor, los fundamentos para llamar la atención de los legítimos representantes del pueblo, y usar del derecho de petición que tenemos para manifestarles nuestros más ardientes deseos por el gobierno unitario y central que rige a la República.

      La unión nos dio existencia política; la unión nos ha hecho respetables del más tenaz de nuestros enemigos, expulsándole del territorio; ella nos ha elevado al rango de nación reconocida; ella nos ha detenido al borde del precipicio, librándonos de los horrores de una guerra intestina; y, por último, señor, la unión, y sólo la unión es la que conserva la paz entre los colombianos, y cuyo interés nos obliga en esta vez a dirigirnos al cuerpo más augusto y respetable; tiempo vendrá en que los pueblos disfruten de un gobierno federal, pero ahora, con su sanción, sería decretar la muerte de una República que se ha levantado sobre centenares de cadáveres. En el estado de inmoralización en que se hallan los pueblos, y en la efervescencia de pasiones que por desgracia se observa entre nosotros, no hay cosa más expuesta, o mejor dicho, más cierta para la ruina general, que el quitarle la fuerza y energía al gobierno, paralizando las providencias, aumentando los gastos, fomentando los motivos de división entre estos y los otros departamentos, multiplicando los destinos que demanda la federación, cuando en el actual sistema se palpa la escasez de ciudadanos para los empleos, y se observan los conflictos del gobierno para llenarlos de un modo ventajoso al Estado, armando a los que anhelan por su destrucción, dando quizás ocasión con semejante medida (si hubiera de realizarse) a que las naciones que nos reconocen desistan, y que falte a la República tan importante apoyo, destruyendo con una plumada cuanto se ha trabajado en 18 años y adelantado en siete.

      Repetimos que la ruina general vendría como consecuencia precisa e indispensable, si se tratase ahora de alterar bajo cualquier pretexto la forma de gobierno que existe; sin alterar esta, grandes remedios podrán emplearse en obsequio del bien común, y que la sabiduría de los representantes tendrá muy presentes para llenar su misión de un modo digno de ellos y de la nación entera.

      Tratándose de salvar la patria de su último escollo, por quienes están encargados de tan grande obra, no debemos callar un solo motivo de los que puedan influir en sus deliberaciones. Pensamos, pues, sólo en este bien; y no es nuestro ánimo luchar con hombres que opinen de otro modo. Omitimos cuestiones que en nuestro concepto son del mayor peso en el presente negocio, por apresurarnos a manifestar al cuerpo que vuestra excelencia preside, cuáles son nuestros sentimientos, y cuáles las causas que nos impelen a desear la conservación del gobierno central.

      No faltará quien pinte con los colores más encendidos, mil bienes (que nosotros creemos imaginarios) si la representación nacional se decide por otra forma de gobierno que la actual. Los mismos males o inconvenientes que se presentan a nuestra vista serán quizás un aliciente para los que, cerrando los ojos para no ver la penosa situación en que nos hallamos, tratan de conducirnos al precipicio. Se argüirá también que no ha sido bastante la fuerza del gobierno central para impedir los desórdenes que con dolor han pasado en nuestros días, y que es de necesidad probar con el federativo, para mejorar; pero no parece prudente, en medio de los males que nos afligen, exponernos a otros mayores, con la adopción, por vía de ensayo, de un sistema que demanda virtudes, luces, hombres, caudales, crédito nacional, reposo interior, seguridad exterior, concordia entre los ciudadanos, y otros elementos con que en el día quizá no cuenta Colombia en el grado que es de desearse.

      Juzgamos que a la demasiada liberalidad de algunas de nuestras leyes, a la absoluta multiplicación de ellas, y sobre todo a la manía de hacer un cambiamiento general y repentino, es que deben atribuirse los males supuestos a la centralización y unidad del gobierno. Algunos habrá ocasionado, pero por causas que no han estado en el arbitrio de nadie evitarlas. Destruidas estas por las reformas parciales que se harán, se destruyen sus efectos, y sin ellos volverá Colombia a marchar con rapidez al estado de prosperidad a que la llaman sus destinos; y entonces mejorará cuanto pueda ser en sus instituciones, siempre que en las presentes circunstancias se dé al gobierno vigor y energía para que reduzca a su deber a cuantos aspiren a relajar la moral, único freno que garantiza al pueblo en sus derechos y lo sujeta a las leyes. La fuerza y energía de las que nos rijan, será la que podrá rehacer la opinión pública casi destruida; conviniendo todos (si atendemos a la razón) que para asegurar nuestra independencia, y con ella la dicha de Colombia, es necesario hacer una masa capaz de resistir a toda fuerza que se nos oponga, y que esta sólo puede formarse de la reunión de los hombres, de los recursos, de las luces, de las voluntades, y cuya masa no se mueva sino por fuerza capaz de dirigirla, de darle impulso y de hacerla producir todas las ventajas de unidad y acción hacia un mismo fin que sólo es el beneficio de los colombianos.

      Con este mismo fin, señor, es que dirigimos esta petición al cuerpo de la nación, manifestándole los deseos que nos animan y los fundamentos de nuestra opinión en la grande cuestión que debe resolverse en él, y con la que decidirá igualmente el bien duradero, o el mal irremediable de esta patria querida, protestando como siempre nuestra obediencia a cuanto se delibere y ceda en beneficio del Estado.

   Tunja, 26 de marzo de 1828 18°.

   Excelentísimo señor.

   Aquí las firmas.

FUENTE EDITORIAL:
Blanco, José Félix y Azpurúa, Ramón. Documentos para la historia de la vida pública del Libertador. Caracas, La Opinión Nacional, 1877. Edición facsimilar, Presidencia de la República de Venezuela. 1979, t. 12, doc. 3521, p. 251-253.
OTRAS EDICIONES:
Gaceta de Colombia. N° 339, Bogotá. 1828 (13/4), p. 4-5.

57
REPRESENTACION DE LA CORTE DE POPAYAN A LA GRAN CONVENCION

   Señor:

      Esta corte de justicia no omitió manifestar públicamente sus sentimientos al principio de las discusiones políticas de la República; la constitución de Colombia es nuestra primera regla, dijo entonces, y ahora no vacila en unir sus votos a los buenos colombianos para repetir que no podrán los pueblos recibir mejor régimen que el que les presenta su actual sistema constitucional, reformando si se quiere los artículos incidentes que la experiencia ha acreditado deben mejorarse. Si vuestro poder, señor, emana de los pueblos, los pueblos son los que deben poneros de manifiesto sus deseos y sus necesidades; los pueblos deben ser los únicos legisladores, si han de ser duraderas sus instituciones; lo que es lo mismo, vos, señor, sois el órgano de este único soberano, que os impera y somete a su voluntad. Si esto es así, es necesario, es inevitable que los comisionados sepan cuál es el deseo de sus comitentes. Los pueblos, señor, de esta parte del sur, sólo aspiran por la conservación de las garantías que obtienen por su reposo y su prosperidad. Recuerdan los males desastrosos de la guerra civil, y temen verse envueltos en ella [por] segunda vez; no olvidan la dominación española, y la detestan de corazón; ven todavía la sangre derramada por la cuchilla expedicionaria de sus antiguos señores; y aborrecen de muerte las causas que dieron lugar a perder por algún tiempo los frutos de su libertad y de su independencia. Los hombres honrados, el labrador, el propietario, el que ejercía su industria; todos, todos creen que la debilidad del gobierno federal produjo en el año 6° nuestro sometimiento a los españoles. Todos los que tienen consolidado su bienestar con el de Colombia, creen que la disociación federal nos sumergiría hoy en nuestras pasadas desgracias, y en los males de la anarquía.

      Algunos de los miembros de nuestra respetable y augusta convención saben que los votos de los de esta corte de justicia no han variado sobre esta importante cuestión; pero, señor, no se trata del deseo, o de la opinión de pocos; se trata de trasmitiros el voto más general y el deseo más común de los pueblos, y la corte no titubea un punto en afirmar que la mayoría está por sus actuales instituciones; quieren conservarlas, y han dado pruebas ineluctables de ello en los días de las agitaciones políticas; quieren no decaer del puesto que ocupábamos entre las naciones cultas; quieren que nuestra firmeza y un carácter enemigo de la novedad y del desorden nos hagan mirar en Europa y América como dignos de la independencia y de la libertad; quieren, en fin, que las reformas que se hagan, si es llegado el tiempo de verificarlas, consoliden la constitución, la hagan más firme y la pongan fuera de los combates de la ambición o de la arbitrariedad.

      Quieren, en fin, todos los pueblos que la mejora de sus instituciones sea la obra sucedánea del tiempo, de la experiencia y de la sabiduría. Conservar su sistema constitucional, no alterar la religión de sus padres, mejorar sus costumbres públicas y privadas, tal es el voto general de estos pueblos.

      Esta corte, señor, al informar a los representantes de la nación el bien que ella desea y el mal que quiere precaver, cree que cumple con un deber importante: el de que se puedan comparar y computar los deseos comunes, a fin que de aquí resulte el sistema que todos amen, y todos sostengan sin las innovaciones de la veleidad ni del capricho. Recibid, señor, esta expresión sincera de un tribunal que desea ver a Colombia colmada de honor y de gloria, y a la gran convención autora de la dicha y prosperidad que va a proporcionar a los pueblos que han depositado en ella su confianza.

   Corte de justicia del Cauca, en Popayán, a 4 de abril de 1828 18°.

   Señor.

Santiago Arroyo, Martín Rafael Clavijo,

Juan Nepomuceno de Aguilar, Antonio Carvajal,

Rufino Cuervo, Tomás Fernández de Córdova.

FUENTE EDITORIAL:
Blanco, José Félix y Azpurúa, Ramón. Documentos para la historia de la vida pública del Libertador. Caracas, La Opinión Nacional. 1877. Edición facsimilar, Presidencia de la República de Venezuela, 1979, t. 12, doc. 3632, p. 362-363.
OTRAS EDICIONES:
Gaceta de Colombia, N° 344, Bogotá. 1828 (8/5), p. l.

NOTAS
1 Nótese que dice, bien de la República, y no de un departamento, ni de una provincia, ni de una clase de ciudadanos. Si los 11 departamentos reportaban algún bien de una ley u orden perjudicial para Venezuela, la nación, la constitución y el derecho político la autorizaban y justificaban).
2 Constant (nota de la Gaceta).
3 La única acta que se puede excusar es la de Barinas, porque es la provincia que se ha visto en más críticas circunstancias. La conducta de esta provincia es muy laudable, porque ha sabido resistir sin fuerza armada los halagos, las promesas y las amenazas. (Nota de la Gaceta).
4 Aunque el departamento de Guayaquil y el del Ecuador tampoco han desobedecido al gobierno nacional no los incluimos en esta lista por las actas de 28 de agosto y 6 de septiembre. Del Asuay nada consta, pero es probable que haga lo que le indican aquellos actos. Mas ni todo el pueblo del Ecuador, ni todo el pueblo del departamento de Guayaquil, ni todo el pueblo del Azuay tienen parte en las supracitadas actas. (Nota de la Gaceta).
5 La Bandera Tricolor y el Constitucional de Bogotá. (Nota de la Gaceta).
6 El texto completo de este mensaje se encuentra publicado dentro de esta colección en la obra Bolívar, Simón y Santander, Francisco de Paula. A los colombianos: proclamas y discursos. 1812-1840. Bogotá. Fundación Francisco de Paula. Santander 1988, p. 233-246.
7 Esta representación no tiene fecha (nota del editor).
8. Archivo Santander agrega: "la más legítima que se conoció jamás por su origen, y la más digna y elevada por su objeto ..·. (Nota del editor).
9. Archivo Santander omite la fecha y las firmas. (Nota del editor).

SEGUNDA PARTE

(Continuación)
Documentos antecedentes, concomitantes y posteriores a la Gran Convención, 5 de abril a 16 de junio de 1828.


58
REPRESENTACION DE LA MUNICIPALIDAD Y HABITANTES DE POPAYAN A LA GRAN CONVENCION

   A los honorables presidente y miembros de la convención nacional.

   Señores:

      En tanto que el pronunciamiento de sus opiniones no se creyó necesario, los habitantes del departamento del Cauca han permanecido en un respetuoso silencio; mas al presente, santificada por el objeto que se excita, se creen obligados a elevar su voz hasta los representantes del pueblo colombiano. Que llenéis vuestros deberes salvándonos de la destrucción y de la deshonra, es nada menos 10 que reclamamos de vosotros; se nos amenaza con estos supremos males como resultados inevitables de las bellas teorías de un sistema federal. Sangre y anarquía han sido los sinónimos de federación en la América del Sur; y, ya 10 hemos dicho, la destrucció!l y la deshonra acompañarían en nuestra República a este fatal sistema.

      No nos detendremos en presentaros razones convincentes; no es a los escogidos de la patria a quienes pudieran prestar luces los individuos de un pueblo. Conocéis nuestra propia historia, y la de otros Estados contemporáneos y vecinos; en Venezuela y la Nueva Granada se perdieron la libertad e independencia, que jamás habrían reaparecido en Colombia sino sostenidas por la unión y la fuerza de un gobierno central. Con él volábamos casi en lacarrera de las naciones; y apenas se debilitó su energía, cuando nos vimos al borde del abismo.

      La falta de ilustración y de riqueza, de hombres que pueblen nuestros inmensos desiertos, hábitos transmitidos, heredados de los antiguos opresores, reclaman todavía en nuestros pueblos vigor y energía para conducirnos a la ilustración, a las virtudes mismas que deben producir con el tiempo su felicidad. No es entregando la plenitud de una soberanía infausta en manos ineptas; no es agotando la fortuna de los individuos para sostener esta multitud de administraciones parciales, que se puede fijar en nuestros departamentos el bienestar que gozarán un día.

      Estamos lejos de querer entrar en investigaciones que os serían inoportunas, y que en ninguna parte estarían peor colocadas; esta sumisa petición se dirige a la convención nacional por individuos únicamente inflamados por el amor de su patria, de su honor y sus glorias, identificados siempre por el bien de los ciudadanos. Que sea enhorabuena el federal, el más bello y completo sistema de gobierno, que nada puedan añadirle el desarrollo de las ciencias sociales, ni la meditación de los sabios en el trascurso de los siglos. ¡Pero cuántas ideas de cosas mejores se abandonan de ordinario por obtener otras no menos perfectas! Lo posible tendrá siempre su preferencia. Las naciones, los gobiernos, el mando político, han existido de hecho a pesar de todos los clamores de la filosofía, y quizás en muchos siglos no se verá reformado en este ni en el antiguo hemisferio un tal modo de existir. La posibilidad, los hechos: ¡he aquí, señores, lo que exclusivamente juzgamos que debe considerarse para decidir de las instituciones de un pueblo.

      La mayoría del colombiano (nos atrevemos a afirmado) sólo apetece una libertad racional compatible con su seguridad y reposo. Aseguradle la perpetuidad de su creencia; que no quede su religión al alcance de los demagogos, ni pueda disponer de los altares cualquier caudillo de provincia. Aseguradles su existencia, su propiedad y su industria; que los caprichos tan frecuentes en pequeños pueblos, y tan funestos entre un corto número de hombres, no puedan atacar impunemente los derechos del último individuo; que la animosidad y los celos se contengan por el respeto de una autoridad superior; y esto será bastante para gozar de la tranquilidad que se apetece; los votos de los ciudadanos se verán cumplidos.

      Lo repetiremos, el vehemente y exclusivo deseo de la seguridad y de la paz, forma la opinión de Colombia; y la augusta asamblea de sus representantes no puede contrariarla. Cualesquiera, innovaciones que no tengan este preciso objeto, hallarán apenas apoyo entre un pequeño número de hombres enajenados con ideas impracticables; y sin la opinión general, que sólo existe identificada con el interés actual de todos los individuos, ¿qué puede ser permanente en una nación'?

      La municipalidad y demás ciudadanos que suscriben esta expresión respetuosa de sus sentimientos, esperan con la más grande confianza que los virtuosos representantes que componen la gran convención de Colombia, no podrán desconocer el verdadero interés popular, y que a él sabrán sacrificar, si fuere necesario, hasta sus opiniones individuales; recordarán, lo creemos así, que no se pertenecen a sí mismos, sino a la nación que van a hacer feliz y de que esperan la recompensa gloriosa de eternas bendiciones.

   Popayán, 5 de abril de 1828.

   Siguen las firmas.

FUENTE EDITORIAL:
Blanco, José Félix y Azpurúa, Ramón. Documentos para la historia de la vida pública del Libertador. Caracas, La Opinión Nacional, 1877. Edición facsimilar. Presidencia de la República de Venezuela, 1979. t. 12, doc. 3634, p. 364-365.
OTRAS EDICIONES:
Gaceta de Colombia, W 341, Bogotá.1828 (27/4), p. 2.

59
MENSAJE DEL LIBERTADOR PARA EL PRESIDENTE DE LA CONVENCION, RELATIVO A LA CALIFICACION DEL DOCTOR MIGUEL PEÑA

   Bucaramanga, abril de 1828.

   Al excelentísimo señor presidente de la gran convención.

      El doctor Miguel Peña, diputado a la gran convención por la provincia de Carabobo, me ha manifestado, en representación de 4 del corriente, que varios miembros de la gran convención, reunidos el día 2, con el nombre de junta calificadora, declararon que no debía ser admitido como diputado, por estar pendiente una acusación ante el senado contra el referido doctor Peña, desatendiendo mi resolución de 2 de abril del año pasado, que le relevó de todo cargo. Sin entrar ahora a discurrir sobre la legalidad de la junta calificadora, ni sobre su autoridad, para juzgar los actos del presidente de la República, me contraeré sólo al sentido de la resolución citada.

      Mi decreto de 10 de enero, que restableció la paz y la concordia en Venezuela, y con ellas las esperanzas de toda la República, fue una amnistía para cuantos estuviesen comprometidos en la causa de las reformas, yen su artículo 2° se extendía no sólo al efecto, sino a las causas que habían dado origen a la revolución de Valencia. Era necesario, conveniente y político, inspirar confianza a todos, sin dejar el menor reato que pudiera inquietarles; por consiguiente, la acusación admitida por el senado contra el general en jefe José Antonio Páez, y la admitida contra el doctor Miguel Peña, quedaron sin consecuencia; porque de otro modo se anulaba el efecto del decreto, y esto fue lo que mandé decir por mi secretaria general al dicho doctor Peña, el 2 de abril. El congreso aprobó sin limitación alguna cuanto hice en Venezuela en ejercicio de las facultades extraordinarias, y desde entonces quedó sancionada la absolución del doctor Miguel Peña; añadiré, además, que tuve motivos suficientes para creer que en el fondo la cuestión estaba reducida a equivocaciones autorizadas por otros ejemplares que no inducían criminalidad en la conducta de Peña. No era lo primero que ocurría de aquel género, y aunque habría podido declararse que Peña no tenía el derecho con que se creyó, para utilizarse del cambio de la moneda, de ningún modo se le podía convencer que hubiese infringido ninguna ley terminante, después que la práctica, o si se quiere el abuso, estaba en su favor; y, ¿cómo no habría yo comprendido en este indulto al doctor Peña, por el cargo cuestionable de $25.000, cuando comprendí y relevé de toda culpa a los que, aprovechándose del estado en Venezuela, indujeron, y casi obligaron al general Páez, a establecer un gobierno extraño en la República? Varios de los que se encuentran en este caso están hoy admitidos en la gran convención; y sin embargo, hay una diferencia bien enorme entre su delito y la falta del doctor Peña. Y mayores abusos se han cometido contra el tesoro nacional, y no han sido acusados.

      Estoy obligado a sostener, como presidente de la República, las garantías que ofrecí en mi decreto de 10 de enero de 1827. Mas no deben hacerse ilusorias por ningún respecto, y yo que miro esta ocurrencia como de una inmensa trascendencia por el efecto que va a producir en Venezuela, he debido tomarla en muy seria consideración, y al presentarla a la de la gran convención, quedo en la confianza de que luego que se instruya de este mensaje rectifique el juicio que formaron algunos de sus miembros reunidos en gran junta calificadora.

   Dios guarde a vuestra excelencia.

Simón Bolívar.

FUENTE EDITORIAL:
Blanco, José Félix y Azpurúa, Ramón. Documentos para lo historia de la vida pública del Libertador. Caracas. La Opinión Nacional. 1877. Edición facsimilar. Presidencia de la República de Venezuela. 1979. t. 12. doc. 3643. p. 372-373.
OTRAS EDICIONES:
Gaceta de Colombia. N° 342. Bogotá. 1828 (l°/5)" p. 2-3.

60
MENSAJE DEL LIBERTADOR A LA GRAN CONVENCION REFERENTE A PADILLA

   Bucaramanga, 10 de abril de 1828.

   Al excelentísimo señor presidente de la gran convención.

      Con sorpresa he visto la queja que el comandante general del Magdalena me ha dirigido en 28 del último marzo, contra varios diputados nombrados para la gran convención, reunidos en esa ciudad de Ocaña en comisión para calificar sus miembros, por haber tomado conocimiento de una representación que les dirigió el general de división José Padilla, y decretándole acciones de gracias por los atentados cometidos en la plaza de Cartagena en que dicho general aparece como primer actor.

      Si el hecho es cierto, no sé cuál será el más grave cargo que resultaría contra dichos diputados; si el haber traspasado sus atribuciones y abrogádose funciones que no les correspondían, o el haber aplaudido y aprobado una rebelión contra el buen orden, contra la disciplina militar, contra la seguridad pública, convirtiéndose de esta manera los elegidos del pueblo, para curar sus males, en instigadores de nuevas conspiraciones y en instrumento de su completa ruina.

      Estándome especialmente encargada la conservación del orden y de la tranquilidad interior de la República, debo emplear todos los medios que mefranquean las leyes para conseguirlo; y la contradicción sería muy manifiesta entre mis deberes y la resolución de los convencionistas, de que se queja el comandante general del Magdalena. Mas para poder estimarla en su verdadero mérito y determinar lo que corresponda, deseo que la gran convención, tomando conocimiento de los sucesos a que dicha queja se refiere, autorice a su presidente para que informe de todo lo ocurrido en la noche del 17 de marzo. A los fines convenientes incluyo copia de la comunicación del general comandante general del Magdalena. Dios guarde a vuestra excelencia.

Simón Bolívar.

FUENTE EDITORIAL: .
Blanco, José Félix y Azpurúa, Ramón. Documentos para la historia de la vida pública del Libertador. Caracas, La Opinión Nacional. 1877. Edición facsimilar. Presidencia de la República de Venezuela. 1979. t. 12. doc. 3642. p. 372.
OTRAS EDICIONES:
Gaceta de Colombia. W 342. Bogotá. 1828 (10/5). p. 2-3.

61
OPINION DE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SOBRE LA CALIFICACION DEL DOCTOR MIGUEL PEÑA

   Señores:

      El motivo que la comisión aduce para que el doctor Peña no sea calificado, es el de tener pendiente una causa criminal, que el año de 26 st' le abrió por la cámara del senado a consecuencia de previa acusación de la cámara de representantes . Yo no pude asistir a la comisión cuando se abrió el registro de la asamblea electoral de Carabobo, y se dictó la resolución de informar a esta asamblea calificadora, que no debía calificarse al diputado señor Peña; pero me parece muy justa semejante resolución.

      Que la causa se abrió por el senado en el expresado año de 26 es una cosa indubitable, pues no sólo consta de documentos oficiales y por una notoriedad harto pública, sino que el secretario del senado, aquí presente como diputado, y yo como ejecutor del decreto de acusación en calidad de jefe de la administración general, podemos dar testimonio de ello. No es menos indubitable que la ley reglamentaria de elecciones para la gran convención excluye en el artículo.. de poder ser nombrados diputados a los ciudadanos que tengan al tiempo de su elección alguna causa criminal pendiente. La cuestión, pues, la considero reducida a "si en virtud de la carta oficial, fecha 2 de abril de 1827, del secretario general de su excelencia el Libertador presidente, que ha presentado el señor Peña, ha quedado por terminada y concluida la acusación pendiente ante el senado".

      Yo no debo entrar por ningún caso en indagar si la causa por la cual fue acusado el señor Peña ha sido, o no, justa; esto no es de nuestra incumbencia. Al caso sólo basta saber que hubo la acusación y que se procedió por la cámara de representantes a introducirla al senado en el modo que determina nuestra constitución, y por esto a admitida en virtud de las facultades que se le han atribuido. Mi opinión es, señores, que la determinación del Libertador presidente, consignada en la carta oficial del secretario general, no ha destruido el obstáculo que el señor Peña tiene para ser calificado; voy a exponer los fundamentos de mi conciencia, deseoso de que la discusión me presente razones más poderosas para cambiar mi dictamen.

      En una sociedad sujeta a leyes y cuyos funcionarios públicos tienen determinados sus deberes y atribuciones, todas sus resoluciones deben ser emanadas de las mismas leyes, para que surtan efecto. Cualquier mandato de un magistrado en que excediéndose de los límites de su esfera legal contraría las leyes a que se le ha sujetado, o los principios del orden social, no pueden tener resultados legítimos. Esta es la doctrina inmutable que arregla el orden civil de las sociedades, y a ésta felizmente se ha ajustado con veneración nuestro código político y las demás leyes ordinarias. Esto supuesto, he de examinar si la absolución concedida al doctor Peña por el Libertador presidente el 2 de abril de 1827 en Caracas contraría el orden social, y ha sido dictada sin autoridad competente.

      El Libertador presidente se trasladó a los departamentos del norte a fines del año de 26 con motivo de los desgraciados disturbios que aparecieron allí desde el 30 de abril. Al partir de Bogotá declaró, en su decreto de 23 de noviembre de 1826, que desde aquel día estaba investido de las facultades extraordinarias que le concedía en el caso el artículo 128 de la constitución, y que ejercería por sí en los departamentos de Venezuela, Maturín, Orinoco y Zulia todos aquellos que emanaban del citado artículo. Por consiguiente, la autoridad extraordinaria y amplia que llevó a Venezuela el Libertador presidente fue, no una autoridad omnipotente como he oído asentar, sino una autoridad tomada de un artículo constitucional sujeta a los límites naturales que él prefijó. La disposición de la constitución seguramente determinará que el poder ejecutivo haga por sí solo todo aquello que podría hacer con acuerdo y consentimiento del congreso (artículo 128), que es tanto como decir que los objetos en los cuales el congreso no podría prestar su acuerdo y consentimiento sin usurpar el poder y hollar los principios constitucionales y los de eterna justicia, no pueden estar sujetos a las facultades extraordinarias del presidente de la República. Pero es cierto e incuestionable que el congreso no puede legítimamente entrometerse en funciones que no le designa la constitución, y que por lo tanto no tiene un poder omnipotente, luego tampoco puede entrometerse el poder ejecutivo ni tiene la omnipotencia que equivocadamente se le quiere atribuir por el artículo 128 de la constitución. El Congreso, en el artículo 55, tiene señaladas sus atribuciones, y yo no leo en los quince párrafos que las determinan, que pueda cortar las causas pendientes en los tribunales de justicia, ni arrancarles el consentimiento de ellas, ni absolver a los reos condenados, o condenar a los absueltos. ¿Podría el congreso reunido declarar que la causa pendiente contra el doctor Peña ante el senado, que en el caso es un tribunal supremo, el gran jurado de la nación (artículo), quedaba concluida y sin lugar a examinarla? Yo creo que no podía porque ni en la constitución de Colombia, ni en los principios que arreglan las sociedaes encuentro el poder legítimo de ejecutarlo; luego tampoco puede hacerlo el Libertador presidente. Nada es omnipotente sobre la tierra. La soberanía del pueblo está limitada por la justicia y por la utilidad común; el poder legislativo lo está por las leyes constitucionales, y el poder ejecutivo por las que naturalmente le competen. Creo que el congreso puede ser poder judicial, y que a su turno en el caso del artículo 128, lo puede ser el poder ejecutivo, es crear un despotismo execrable y destruir los más luminosos y brillantes principios del derecho constitucional -es una blasfemia política que no debe pronunciarse por ningún colombiano-

      Si hubiera un poder político que fuera omnipotente, ¿qué sería de la sociedad y qué de esta heroica República cuyos sacrificios han tenido por objeto la independencia como un medio eficaz de conseguir su libertad? No señor, no lo hay; las facultades extraordinarias del artículo 128 están limitadas expresamente a todo aquello a que el congreso reunido puede prestar su acuerdo y consentimiento; todo lo que está fuera del poder del congreso está también fuera del poder del presidente de la República, aunque ejerza una autoridad extraordinaria. Y si como he procurado demostrarlo, el congreso nunca habría podido legítimamente cortar o dejar sin efecto la acusación pendiente contra el doctor Peña, tampoco ha podido hacerla su excelencia el Libertador presidente. Ha quedado por consiguiente el negocio in statu qua y el doctor Peña no puede ser calificado.

      Prescindo de la oscuridad en que está concebida la orden del señor Revenga, en la cual se fundan otros señores diputados para opinar contra la calificación del doctor Peña. A mí me basta, para emitir la mía, saber que el presidente de la República debe sujetarse, en el ejercicio de las facultades extraordinarias, a los límites que prescribe el mismo artículo 128, a la armonía que esta disposición debe guardar con toda la constitución y todos los principios de derecho político y de eterna justicia.

      Un señor diputado ha recordado la ley del año de 24 en que se conceden al poder ejecutivo facultades extraordinarias en ciertos casos, y una de ellas la de conceder indultos especiales. En mi juicio no puede obrar esta ley favorablemente al doctor Peña, porque ella expresa que todas las facultades de que habla son respecto de los enemigos o desafectos al sistema de independencia, a cuya clase no puede reducirse el caso en cuestión.

      En fin, señores, para hablar con franqueza, debo esperar que si mi voto hubiera de tener por fundamento las razones de conveniencia política que he oído alegar en favor de la calificación, y no las razones de justicia que he procurado deducir de la ley de elecciones y de la suprema constitución de Colombia, no vacilaría en votar por la calificación. Pero en la balanza cuyos platos, el uno tiene razones de conveniencia y el otro de justicia, no puedo dejarde inclinarme por este último.

FUENTE EDITORIAL:
Archivo Santander, Bogotá. Aguila Negra. 1920. t. 17. p. 299-303.

62
REPRESENTACION DE DOS DIPUTADOS DE TUNJA AL LIBERTADOR RESPECTO DE SUS CREDENCIALES

   Excelentísimo señor Libertador presidente.

      José María Ramírez del Ferro y Andrés María Gallo de Velasco, diputados a la gran convención, nombrados por la asamblea electoral de la provincia de Tunja, ante vuestra excelencia, por vía de queja, agravio, o por el recurso que sea más conforme a las leyes de la nación, representamos: que 28 diputados de lajunta calificadora nos han excluido de la gran convención, suponiendo que las elecciones celebradas el día 30 de diciembre habían sido nulas, por cuanto dicen no fueron en sesión permanente; si esta consideración es legal y razonable, los ocho diputados e igual número de suplentes de aquella provincia han debido ser igualmente excluidos en consecuencia de una nulidad que ha viciado todo el acto de aquel día; pero es necesario informar a vuestra excelencia los hechos ocurridos en aquella fecha, y los fundamentos legales que la asamblea electoral tuvo presentes para interpretar el artículo 25 del reglamento, y probar la falsedad de este pretexto que han tomado para nuestra destitución.

      Habiéndose concluido las elecciones de cuatro diputados, a saber: los señores Santander, Soto, Márquez y Malo, y prolongádose la sesión desde la mañana hasta las cuatro de la tarde, la asamblea electoral solicitó retirarse; mas el presidente, que lo era el segundo que habla, manifestó que todos los diputados y suplentes debían elegirse de uno en uno en sesión permanente, en virtud de los artículos 25 y 28; pero la asamblea electoral, a quien toca por el 32 del mismo decidir las dudas y controversias que se promuevan acerca de las informalidades o nulidades de estas elecciones, etc., resolvió que la sesión permanente se entendía respecto de cada elección y no de todas juntas. Así fue cómo, sentado este principio por la mayoría, no hubo recurso alguno de nulidad a la gran convención.

      Es bien claro; pues, que las elecciones se han celebrado confonne a la ley, y que el reglamento, dudoso en esta parte, se ha interpretado por quien podía y debía aclarar tales dudas; que las hubo, es una verdad, porque unos entendimos de un modo, y otros de otro el artículo 25; y habiendo una necesidad urgente de interpretar la ley para continuar o suspender los trabajos, es inconcuso que la asamblea electoral debió verificarlo como consta del acta remitida.

      Pero suponga vuestra excelencia que no existiera el artículo 32; que los electores se hubieran usurpado una atribución que no les correspondía, y que los hombres todos estuviéramos obligados a ver y juzgar las cosas de un mismo modo; que el lenguaje de nuestros legisladores fuera tan brillante como el sol que penetra e ilumina hasta los más pequeños intersticios; que hubiésemos todos debido comprender una misma cosa; la gran junta calificadora es injusta y apasionada en sus votaciones, pues en el caso de haber sido nulo el acto por no haberse elegido todos en sesión permanente, todas las elecciones fueron nulas; y si la metafísica del señor Soto fuera tan luminosa como él cree, sostenemos, en su caso, que las elecciones de la mañana fueron nulas, y solamente legítimas las en que nos eligieron la noche del 30.

      Sesión permanente es aquella en que se principia y concluye un acto sin interrupción alguna; y en una sesión de esta naturaleza, fuimos nombrados por la noche; no así los primeros que lo fueron en un acto que se interrumpió y no concluyó como previene la ley. Si la nuestra fue nula porque faltaron los cuatro primeros en la sesión permanente de la noche, lo fue también la de los primeros, porque faltaron los cuatro últimos de ésta; si la de aquélla fue nula por no haber sido permanente, lo ha sido también la de la mañana por el mismo defecto.

      Sería molestar la atención de vuestra excelencia si hubiéramos de analizar las sutilezas ridículas de ciertos abogadillos parlanchines y visionarios que se han aferrado de los poderes para despedazar la grande obra que ha costado a vuestra excelencia y a sus bravos compañeros de armas torrentes de sangre y la práctica de todas las virtudes heroicas.

      Nosotros, en virtud de la confianza que aquellos pueblos nos han dispensado, protestamos y decimos de nulidad contra todo lo que sancione aquel cuerpo ilegal y apasionado; denunciamos las elecciones de Caracas que se han celebrado en los días 30 y 31 de diciembre; la del padre Escarpeta, que no habiendo más que 59 electores, y sacado sólo 30 votos, no ha reunido uno más sobre la mitad, sin que se diga que un voto es indivisible pues que el parágrafo 10 del artículo 25 previene que se repita la elección hasta que alguno resulte con la indicada mayoría.

      Por último, si las de Tunja fueron nulas, los cuatro primeros diputados y demás suplentes, no han debido continuar en la gran convención, y sus votos por supuesto han viciado todas las actas; si, por el contrario, fueron válidas, nada ha podido hacerse legítimo privándonos del nuestro.

      Vuestra excelencia sabe muy bien cuál ha sido la causa de nuestra exclusión; vuestra excelencia es la persona encargada del poder ejecutivo, a quien toca velar sobre el cumplimiento de las leyes; y si la junta calificadora las ha quebrantado, vuestra excelencia es quien puede y debe hacerla entrar en razón.

      De ningún modo pretendemos alternar con hombres que se titulan ministros de la tolerancia, pero que aborrecen de muerte a todos los que no piensan como ellos; sólo hacemos esta representación con el objeto de que vuestra excelencia liberte los pueblos de la horrorosa guerra civil que es la consecuencia natural de semejantes arbitrariedades.

   Ocaña, 14 de abril de 1828.

   Excelentísimo señor;

José M. Ramírez del Ferro, Andrés M. Gallo de Velazco.

FUENTE EDITORIAL: .
Blanco, José Félix y Azpurúa, Ramón. Documentos para la historia de la vida pública del Libertador. Caracas, La Opinión Nacional. 1877. Edición facsimilar, Presidencia de la República de Venezuela. 1979. t. 12. doc. 3649. p. 381-382.
OTRAS EDICIONES:
Gaceta de Colombia. W 348. Bogotá. 1828 (25/5). p. 1-2.

63
REPRESENTACION DIRIGIDA POR LOS MILITARES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A LA GRAN CONVENCION

   Excelentísimo señor:

      El cuerpo militar del departamento del Cauca, por medio de su comandante general tiene la honra de elevar a vuestra excelencia los justos reclamos que tiene que hacer para mejora de la suerte a que lo ha reducido lo acordado por una ley y un decreto de la nación. Ella, señor, lo priva de la libertad que tiene el resto de los ciudadanos para reclamar sus derechos y ejercer sus funciones, teniendo las cualidades de sufragantes. La ley de que hablamos dispone que, a juicio del encargado del ejecutivo, puedan ser borrados de la lista militar los jefes y oficiales que no cumpliesen una orden del gobierno y sin forma de juicio (artículo 6°, ley de 18 de abril de 1826). El decreto quita el derecho de sufragio a todos los individuos de la clase de sargento abajo (artículo 5°, parágrafo único, decreto de 29 de agosto de 1827). El mismo decreto excluye tácitamente a los jefes y oficiales del mismo derecho, si no están en el lugar de su nacimiento, disposición contraria a lo constitucionalmente resuelto en 1° de enero de 1825 por el supremo poder ejecutivo, considerándolos vecinos de la parroquia en que existan acantonados. Esto es tan claro, que de otro modo los ciudadanos armados en defensa de la patria serían considerados como los mercenarios que sirven en los gobiernos monárquicos; y todavía más desgraciada su suerte que aquéllos mismos, porque al fin disfrutan en su invalidez o vejez una pensión, que no es concedida al ejército colombiano sino por gracia particular en algunos casos, y a voluntad del gobierno. El departamento del Cauca, como los demás de la República, están llenos de viudas desconsoladas, huérfanos sin amparo, y veteranos de la libertad mutilados en la guerra de la independencia, y sin más auxilios que el triste consuelo de referir las proezas marciales que cada uno de ellos o sus deudos practicaron en el campo de batalla y en las gloriosas campañas que independizaron la patria y aseguraron la libertad.

      He aquí, señor, reducido el ejército a la nulidad, entregado a su desesperación y sumido en un abatimiento que tan malas consecuencias ha de traer, sin un pronto y oportuno remedio. La historia muestra ejemplos muy frecuentes de las revoluciones militares causadas por estas privaciones, y otras semejantes ... En Colombia mismo quizá han sido motivo de la triste conducta de algunos cuerpos, cuya mancha quisiéramos borrar con nuestra propia sangre; por estas razones, el ejército todo a la fecha ha reclamado de este o aquel modo sus derechos, el remedio de sus necesidades, y manifestado su opinión firme por la integridad nacional, seguridad individual, libertad compatible con su profesión, y derechos inenajenables de que ha sido despojado. Nosotros, al elevar esta respetuosa petición por conducto regular, la firmamos, un individuo por clase de los diferentes cuerpos y piquetes que hacen la guarnición del departamento, habiéndolo hecho antes la mayor parte del batallón Ayacucho en la representación dirigida por las tropas del sur. Entregado el ejército a la voluntad de un solo hombre, por el vigor de una ley que quita las garantías, y sin derechos por otra resolución legislativa ¿cuál será el fin venturoso que aguarden los soldados de la patria, veteranos más antiguos de la guerra de la independencia en Sur América? Resuelva la convención en su sabiduría el remedio oportuno que imperiosamente exige nuestra situación.

      Privados del derecho de sufragio, como hemos estado, permítasenos decir al concluir nuestra exposición, que nuestro humilde concepto como ciudadanos está acorde con los sentimientos de la mayor parte de los pueblos de la nación que han manifestado tan claramente sus deseos de sostener el orden, la unidad, al Libertador presidente al frente del gobierno, como escogido de los pueblos, y el punto de contacto nacional, bajo el estandarte de la libertad con que hemos sido por tanto tiempo firmes en el interior, fuertes y temibles en el exterior para el orgulloso hispano que desde el Orinoco hasta el Potosí mordió siempre el polvo al frente de las regiones colombianas.

   Popayán, 15 de abril de 1828 18°.

   Excelentísimo señor.

      El coronel comandante general, Tomás Cipriano Mosquera; el primer comandante de ingenieros, Lino Pamba; el capitán, José Serrano; el capitán, Juan Contreras, el capitán, Francisco Gutiérrez; el capitán, Juan Antonio ¡barra; el capitán, Bruno Espinosa; el capitán, Juan Meléndez; el capitán, Pedro González; el capitán, Joaquín Flor; el teniente primero, Juan Guerra; el teniente primero, Francisco Amaya; el teniente primero, José Delgado; el teniente segundo, Francisco Miranda; el teniente, José María Núñez; el subteniente primero, Narciso Guevara; el contador de hospital, Diego Zamora; el sargento primero, Manuel Miranda; el sargento primero, Rafael Alvelai; el cabo primero, Eugenio ¡barra, cabo segundo Antolín Rebollo; soldado José María Collazos.

FUENTE EDITORIAL: .
Gaceta de Colombia. N° 346, Bogotá. 1828 (15/5), p. 1.

64
LA GRAN CONVENCION DECLARA LA NECESIDAD DE REFORMAR LA CONSTITUCION y ELIGE DIGNATARIOS

La gran convención de la República de Colombia

      Habiendo sido convocada y reunida con el objeto de examinar y declarar si es urgente la necesidad de reformar la constitución de la República, acordada en la Villa del Rosario de Cúcuta a 30 de agosto de 1821, Y de proceder a verificar esta reforma, siempre que así lo declarase, después de las más prolijas deliberaciones, ha venido en decretar y declarar, como por unanimidad de votos de los diputados declara y decreta:

   Es necesario y urgente que la constitución sea reformada. Por tanto, la gran convención nacional procederá a ocuparse de este objeto.

   Dado en el salón de las sesiones de la gran convención nacional de Colombia, en la ciudad de Ocaña, a 16 de abril de 1828 18°.

El presidente de la gran convención,

José María del Castillo.

El diputado secretario,

Luis Vargas Tejada.

El segundo secretario,

M. Muñoz.

El cuarto secretario,

R. Domínguez.

   El 23 de abril se celebró elección para presidente y vicepresidente de la convención, y resultaron electos por mayoría de votos, el doctor Ignacio Márquez, para el primer destino, y el señor Martín Tobar, para el segundo.

   La convención ha admitido al señor Luis Vargas Tejada la renuncia que ha hecho de la secretaría que obtenía, suspendiendo por ahora la provisión de esta plaza.

FUENTE EDITORIAL:
Gaceta de Colombia, N° 346, Bogotá. 1828 (15/5). p. 1.

65
REPRESENTACION DE CARTAGENA A LA GRAN CONVENCION

   Honorables presidente y diputados de la gran convención.

      La municipalidad de Cartagena, el procurador municipal, como personero del público, y los padres de familia que suscriben, elevan su voz a los representantes de la nación, reunidos en la gran convención, indicándole su voluntad en el negocio de que hablan.

   Señores:

      Divulgada la voz de que se intenta desmoronar por sus cimientos el edificio político, por montarlo bajo la forma federativa, los inconvenientes que esto trae no permiten a la municipalidad y pueblo de Cartagena desentenderse de manifestarlos a los que tienen hoy en sus manos la suerte de la República, con tanta más confianza cuanto que los miembros que componen la asamblea nacional, teniendo por objeto la causa común, renunciarán todos los proyectos con que agitada la nación se ha puesto en el estado disocial en que la vemos; el amor de la patria extinguirá esa lucha de opiniones encontradas, y convencerá al mundo entero que los colombianos, cuando se trata de la causa pública, se olvidan de sus intereses privados, como lo hicieron cuando cada cual renunció su bienestar, familia y quietud, por libertar y constituir esta nación, tan admirable por las virtudes de sus hijos.

      No os debe parecer de más el paso que da este pueblo. Vuestra prudencia y vuestra sabiduría no pueden desarrollar todas las ideas generales para descubrir la voluntad nacional, en las divergentes opiniones que se notan. La gran convención es por desgracia el producido o resultado de la lucha de las pasiones, porque el grito de estas, a impulso de los males que sufría la nación, fue el de reformas consignadas a una gran convención; pero ni los pueblos en representaciones, ni los escritores han indicado cuáles sean necesarias, y os habéis juntado a obrar según vuestra conciencia y parecer, sin tener un modelo de la voluntad general que regle vuestras determinaciones. De aquí es el temor que vuestras sabias resoluciones, cuando está agitada la nación por partidos, no surtirán el efecto que se deseaba. Parece, pues, que cualesquiera indicaciones deben seras satisfactorias, porque lo son de la voluntad del todo, o de aquella parte de la nación que las hace. Recibidlas del pueblo de Cartagena, que os representa su oposición por el sistema federal, porque él, quizá más que algún otro; ha sentido todos los estragos que su adopción le hizo sufrir en la época pasada de la República, al paso que ha visto el bien que de la del central han recibido todos los pueblos.

      No fue extraño, señores, que en aquella época fuese establecida la federación. Los pueblos, al sacudir mas allá del océano el yugo de hierro que, por más de 300 años, habían sufrido, deliraron, se enajenaron; y en el frenesí de una libertad inesperada, no tuvieron todo el tino, madurez y circunspección para elegir la clase de gobierno que les convenía. Cual una nave sin timón ni brújula en medio de una borrasca, buscaron sus directores el primer objeto que se les presentó, y que creyeron a propósito para su salvación, porque volviendo los ojos, como al único pueblo libre e independiente que se les ofrecía, el angloamericano, adoptaron ciegamente su sistema. No consultaron que su situación anterior no fue igual a la de aquél, antes de su independencia, ni la de entonces podía comparárseles con la que él tuvo al tiempo de su pronunciamiento. Desgraciadamente, los americanos del norte, en comparación con nosotros, estaban en la proporción de hombres libres a esclavos uncidos al yugo más opresor y degradante. Tampoco entraron en cuenta de que nuestros tiranos nos habían educado en la más crasa ignorancia, tal cual convenía a sus ideas; que apenas nos habían permitido sacar de nuestro feraz suelo lo que bastaba para saciar su codicia, y pagarles el tributo de nuestra servidumbre; que no nos habían dejado conocer otro derecho que el de obedecer ciegamente a sus preceptos, a su voz y a su vértigo cruel; que no teniendo sino licencia para levantar los ojos de la tierra, este hábito humillante sólo formaba siervos envilecidos y anonadados, que no era fácil respirasen un aire libre, sino después de mucho tiempo y de ir por grado recibiéndolo; que por consecuencia del grito de independencia habíamos de tener una guerra constante, y tanto más sangrienta que los norteamericanos, cuanto que aquéllos eran tratados por su Illetrópoli como hombres libres, y que sólo se hicieron independientes, y nosotros habíamos sido esclavos en absoluto servicio de nuestros amos, sin la menor garantía o goce, y que de aquí resultábamos sin educación para reasumir nuestra administración, sin recursos para hacer nuestros gastos, y sin virtudes para que, sabiendo distinguir y apreciar nuestros derechos, pudiésemos sostenerlos. Nada tuvieron en consideración los que se encargaron de nuestra dirección infantil. La libertad puso un velo en sus ojos, y se empeñaron en que la habíamos de disfrutar a lo norteamericano, en estado de federación, que es el último grado de perfección del republicanismo, dando un salto sin pasar por los otros grados.

      Nos federamos; y al recibir en nuestras manos nada menos que el poder soberano, nos vimos colocados en el contraste de ideas que el esclavo más envilecido tendría al elevársele de golpe al trono. Cada cual estaba embriagado con la fruición de un bien tan inesperado. Las pasiones soltaron la rienda a pretensiones diversas; el empeño fue formar cada soberanía parcial y pequeñísima, todo cuanto puede tener un grande estado antiguo y bien organizado. La manía de ser federados iba cundiendo en las provincias, y por poco cada pueblo lo está de otro. En tal estado la fuerza se debilitó, los recursos se agotaron, y la administración, por falta de hombres, vino a manos de quien no podía desempeñarla. En esta crisis la España, que creíamos ya impotente, se reanimó y volvió sus ojos sobre sus antiguas colonias, tanto más esperanzada cuanto que veía la débil resistencia que podíamos oponerle. Venir y vencer, casi sin un tiro, los estados soberanos que formaban la federación general fue el resultado; y en este acontecimiento, Cartagena sintió más que nadie los estragos de aquel sistema; porque como cada estado concentró sus fuerzas para su defensa, ella que quiso hacer frente al enemigo, sola y abandonada, por no poderse batir, siendo asediada, sepultó más de la tercera parte de su población, y destruyó pueblos y establecimientos que han dejado monumentos para recordar cada día, y en cada palmo de tierra los males y desgracias de un sistema adoptado prematuramente y que costó millares de víctimas. He aquí los males de la federación anterior; recordemos ahora los bienes que el centralismo ha producido.

      La patria en cadenas más duras que las que tuvo antes, no tenía esperanzas de libertarse, sino en los deseos y resoluciones de unos pocos. Ese genio creador, a cuya sola mirada parece como que se precipitan al abismo todos los obstáculos; Bolívar, el campeón de la libertad, se une a esos pocos para dársela; lo emprenden, y con el escarmiento anterior forman un solo cuerpo de nación de los diferentes estados soberanos de la otra época. De Venezuela y la Nueva Granada hacen una República, que sin estar del todo libres reciben constitución y leyes, tales cuales permitían las circunstancias; y aunque no las que convenían, que a su formación no concurrieron todas las partes, consiguieron establecer y mantener el orden, viéndose libre toda la nación. A pesar de esta insuficiencia de las leyes, la unión formó tal robustez de poder, que no quedó un enemigo siquiera en poco tiempo en todo el vasto territorio, no sólo de Venezuela y Nueva Granada, sino en el de Quito. Nuevas conspiraciones a cada paso eran sofocadas, apenas asomaban la cabeza; nueva invasión en Maracaibo desapareció como el humo, ¿y cuándo?; en tiempo que un considerable número de nuestras tropas había salido de la República para libertar al Perú. Tal es la fuerza de la unión, que al paso que nosotros quedamos enteramente libres, dábamos libertad también al Alto y Bajo Perú. ¡Qué contraste en las ventajas de uno y otro sistema! Federados, fuimos la presa de un pequeño ejército, que hubiera sido insuficiente para un solo estado; y centralizados, arrojamos los opresores como el humo al soplo de un gran viento; destruimos otros nuevos que nos invadieron; sofocamos las conspiraciones frecuentes que se nos presentaban; y a la vez dábamos libertad a dos naciones vecinas. Pero estos bienes, por aquel escarmiento, fueron comprados por un precio muy caro; y los sepulcros llenos de víctimas, de la mayor parte de nuestros directores, dan una lección del desgraciado resultado de sus fantásticos proyectos. ¿Y es por ventura en la actualidad más oportuna la ocasión de federarnos que entonces? ¡Ah!... Enemigos más poderosos, y más en número que combatir, con decadencia del espíritu público, y menos recursos en hombres y dinero para llevarlo a efecto, presentan la infalible, consecuencia, que el decreto de federación sería el de la muerte de la República. Lo creemos muy obvio a vuestra perspicacia y sabiduría; pero permitid, señores, que un deseo íntimo de evitarlo nos lo haga indicar..

      No desconocéis la clase y asechanzas de los enemigos externos, y que los internos se han formado, porque luego que nos encontramos libres, y que las cosas debían tomar el orden y la regularidad que les convenía, notando que la constitución y las leyes dictadas no podían hacer todo el bien con que fueron instituidas, y dejando el camino franco al mal, fueron tachadas. Las pasiones, dispuestas siempre a trastornar los mejores planes, encontraron de esto arbitrios para pretensiones diversas. Los males que había causado la debilidad de la ley; las frecuentes contribuciones que por carencia de recursos se extrajeron de la población y la pusieron en el estado más miserable y desesperado, con el recelo que causaba la deuda exorbitante extranjera, además de la doméstica que se había contraído, hizo levantar la voz de reformas que nos pusiesen a cubierto de todos los males. Opiniones encontradas, por choque de intereses privados y comunes, formaron partidos; y la familia colombiana tan unida, se dividió en tantas secciones, que ya no quedaba más resultado que la disociación y exterminio de la República. Nuevo escollo al quererse salvar; porque en tal peligro ella invocó a su salvador, que después de haberla creado, nada había influido sobre los males de que se aquejaba, y como su Libertador, habiéndolo sido de Bolivia y Perú, se hallaba organizando aquellas naciones, al volar a sacar del peligro a Colombia, hija primogénita de sus sacrificios y desvelos, que lo llamaba, halla a los instrumentos de los desórdenes, que no querían verlos reformados, armados por destruir la reputación y concepto de este héroe, anunciándole como un usurpador. Aquí han sido poderosos los choques de las opiniones, unos soteniendo los derechos de este hombre incontrastable, otros atacándolos; y en tal lucha la República está cundida de enemigos internos, decididos a nuestra ruina. De los externos es muy sabido que, acechando a todas horas damos el último golpe, nunca les parece más seguro que en el estado de división en que estamos. Por consiguiente, con enemigos internos y externos, parece más necesario que un poder fuerte disponga de todas las fuerzas a donde convenga acudir al peligro; y que la federación, debilitando éstas, no sólo no obraría en consonancia a favor de la comunidad contra los enemigos exteriores, sino que daría alma a las rivalidades para servir al sostenimiento del interés particular, y atacándose mutuamente los partidos, se sentirían los males de una guerra fratricida interior, concluyendo con los de una invasión exterior apoyada en esta desunión, que le abría paso franco por todas partes.

      Ni se diga que el choque de los intereses particulares se acaba cuando se trata del común. Esto daría esperanza si el espíritu público no se hubiese extenuado tanto. ¿Vemos acaso aquel entusiasmo de la época anterior de la República? No. Cada ciudadano se creía entonces un ente despreciable en la sociedad, si no tomaba a su cargo algún servicio. Tropas levantadas sirviendo sin paga, contribuciones voluntarias, y empeño en obtener los empleos concejiles, eran el carácter del patriotismo. Ahora cada cual no mira más que a su interés, y a cambio de conseguirlo se sacrifica al gobierno mismo; se huye como de la muerte obtener cualquier destino sin provento; nadie los quiere, y todos estudian el modo y los medios de gozar la comodidad de su casa, quietud, y hacer fortuna, aunque la nación se pierda. De aquí se sigue, que cuando los partidos se atacasen, no concurriendo la masa común a sofocarlos, ni pudiendo la autoridad pública disponer que la fuerza armada general lo hiciese, triunfando unos de otros se disolvería la República. Es visto, pues, que con enemigos internos y externos, extenuado el espíritu público se necesita un poder, un poder central y vigoroso que disponga atajar el mal donde aparezca, y que la federación no es la que puede hacerlo.

      Hemos dicho que no son estos los males o inconvenientes solos. La educación que nos dieron nuestros opresores nos presenta tan pocos hombres capaces de desempeñar los destinos, que la experiencia nos muestra ser tan únicos, que apenas cambian de título, saliendo de senadores a intendentes, representantes, ministros de las cortes, etc.; y el resultado es que el poder no cambia de manos en los diferentes ramos de la administración; y si en la época anterior de la República hubo este mismo inconveniente, se ha aumentado esta falta con el considerable número de hombres sacrificados por la cuchilla española. Por lo mismo, pues, no estamos en el caso de dividir en varias porciones nuestra administración, cuando en la mayor que hoy está no hay número. bastante para mudarla, o vendría a ponerse en manos de hombres sin la suficiencia necesaria, o que se convirtiesen en ciegos instrumentos de un déspota.

      Además, señores no contamos con los recursos pecuniarios que entonces, porque la guerra desoladora ha ido cada día cercenándolos, y hoy se encuentra la nación en el último extremo de miseria, y abrumada con una exorbitante deuda, que no pudiendo pagarla con sus actuales gastos, menos puede recargarse con los que trae consigo la federación; y de todo se deduce, que ella no traería más que la muerte a la República, porque, como se ha dicho, abandonada en sus peligros, sin hombres que la dirigiesen, y sin recursos para sus gastos, era preciso que pereciese.

      Honorables diputados de la gran convención: cuando el pueblo de Cartagena os representa los males e inconvenientes de la federación, tiene la doble confianza de vuestra sabiduría para que no se adopte. Conocéis la nación, cuyos destinos vais a fijar; sabéis que a esa masa enorme, lJue no ha recibido los conocimientos con que podía estar segura la libertad proclamada y puesta en el último grado, es preciso darle, no lo mejor, sino lo que convenga, porque nadie puede apreciar y conservar lo que no conoce, y el primer contraste echaría por tierra la obra de tantos años y de tantos sacrificios. 18 años de lecciones caras y costosas han marcado ya el camino más seguro. Ya no sois de aquellos primeros legisladores que la fruición de la libertad e inexperiencia hizo delirar, adoptando sistemas inaplicables al pueblo que dirigían. Estáis amaestrados con los males que han ido presentando cada una de las deliberaciones de los cuerpos, que como el que componéis, han dado leyes a esta desgraciada República, por las que, después de tantos sacrificios, cuando ya debía estar perfectamente consolidada, se encuentra casi en la cuna, errándose o equivocándose las vías de su felicidad y verdadera consistencia con fantasmas que la han hecho el juguete de los caprichos y de los delirios. Que retrogradando de la cumbre de grandeza a que volaba, apenas le queda esperanza de salvación, y que está sólo vinculada en vuestras sabias deliberaciones y en los consejos, tino y celo del ángel tutelar que la ha sacado siempre de sus peligros: de Bolívar, ese genio infatigable, que afanado desde que dimos el grito de libertad, no fue arredrado por el temor de aquella porción de subyugadores, que a expensas de la federación solamente pudieron esclavizar de nuevo tres millones de hombres; que les expulsó con su espada, y con el escarmiento anterior constituyó una sola República de aquellos diferentes estados; que la libertó, y aun a las naciones vecinas que le invocaron; que al desmoronarse Colombia, cuando le llamó, apenas la pisa cuando la hidra de la discordia se sepulta en el abismo; y porque él es quien reuniendo la confianza general, tranquilizará la nación y restablecerá el orden. Mirad, padres de la patria, con ternura, esa nación puesta en vuestras manos, víctima de los más constantes padecimientos; su regeneración sea vuestra ocupación; olvidad todo cuanto pudiera haceros equivocar vuestras funciones augustas; aislaos en el recinto de ellas, sin permitir el acceso de las pasiones, intereses particulares o estímulos de venganza u odio; sois todos nuestros, y nada sois vuestros; no sepultéis para siempre la libertad de la patria, ni enlutéis sus hijos, vuestros hermanos, que a precio tan caro la han comprado; la nación tiene fijos los ojos en vosotros; haceos dignos de sus elogios huyendo de sus anatemas y la venganza de los pueblos que se viesen burlados en la confianza que de vosotros hicieron llenad, como lo esperan, su voluntad; oídla con aprecio, y no olvidéis que la del pueblo de Cartagena es:

      0. Por un sistema de gobierno representativo, central, conciliable con los principios de libertad proclamados, más vigoroso y concentrado que el que nos ha regido hasta aquí, continuando la integridad nacional, tal cual ha sido reconocida por las potencias extranjeras, y cree necesita subsistir, y

      2°. Porque no se pierda de vista, que siendo el actual presidente, Libertador Simón Bolívar, el único que merece la confianza general, es el único también que puede restablecer el orden y tranquilizar la nación, sin cuya medida será inútil toda ley, y vanas vuestras sabias deliberaciones.

   Cartagena, 17 de abril de 1828.

      Francisco de Porras, jefe político; José Luis Paniza, municipal 10; Pedro de Medrano, municipal 2°; Juan Crisòstomo del Castillo, municipal 3°; Pablo Alcázar, municipal 7°; Luis de Porras, municipal 8°; Francisco Zubiría, municipal 11; Fernando de Pombo, municipal 12; Manuel J. Espinosa y Quirós, síndico municipal; Joaquín José Jiménez, escribano secretario de la muy ilustre municipalidad; Manuel María Guerrero, Manuel Pérez de Recuero, Marcos Fernández de Sotomayor, Manuel Dolores Pérez, Ildefonzo Méndez, Narciso de F. Martín, A. Argumedo, Carlos Jiménez, J. B. Calcano, Fermín Paniza y Navarro, Juan de Dios Amador, José Tomús Moreno, Miguel Subiandi, Francisco Pacheco, José de Olier, Mariano M. de Aparicio, José María Amador, A. Vélez, Adrián Roa, Andrés Fortich, Francisco Fortich, Manuel del Castillo, Manuel Segovia, Fernando M. Echegoyen, Antonio C. Amador, José M. del Castillo, Miguel E. de Porras, Lázaro M. Herrera, Lázaro M. Pérez, Juan de la Cruz Pérez, José de Alcázar, José Lloreda, José Manuel Vega, Juan Marimón, A. Brid, Andrés Cájar, F. l. Carreño, Jorge López, José López Paúl, Tomás de Gordon, J. M. Espinoza, Santiago de Lecuna, Clemente Zarraga, José M. TV espalados, Sebastián de Oses, Julio A. D. Reimbold, Juan José Conde, J. A. Cepeda, P. Rodríguez, Joaquín M. Tatis, Domingo B. Rebollo, R. Antonio Jurado, Felipe M. Espinoza, L.. M. de León, Joaquíll Franco, José M. Ruiz, Félix del Barco, Hipólito de León, Bernardino Goenaga, A. de León, Ramón Falcon, Cayetano Corrales, Juan Truco, Toribio Lores, José M. Vives, José Joaquín Gómez, Diego Miranda, Tomás José Jiménez, Manuel de Vega, Eugenio M. Gómez, José Guerra Posada, Pedro Guerra y Villafaña, Jerónimo de Echeona, Miguel A. de Bustos, José Dionisio Embudes, Salvador Verastegui, José Vicente López, Tomás Paredes, Fernando Echegoyen, José María Morillo, Cecilio A. Cepeda, José M. Escudero, Alejandro Padilla, Leonardo Pupo, Daniel Amell, Francisco Angulo, José M. Carrillo, J. Carrasquilla, Leonardo Recuero, Rafael Ruiz, Manuel José Mirando, Manuel A. de la Espriella, Antonio José Franco, José Antonio Estor, F. Caldas, José Cornelio Osorio, L. Caldas, José González, Francisco de P. Herrera, José Benito Falcon, P. Porto, P. Romero, Francisco Ruiz, José Nava, Felipe José Morales, Francisco Gallardo, Manuel J. Montalbán, José Félix Moto, Bernardo González, Cayetano Gallardo, Manuel de Jesús Buendía, Manuel J. Tatis, José Angel Zubiría, Fermín Rosi, José Joaquín Torres, Juan Danglade.

FUENTE EDITORIAL: .
Blanco, José Félix y Azpurúa, Ramón. Documentos para la historia de la vida pública del Libertador. Caracas, la Opinión Nacional. 1877. Edición facsimilar. Presidencia de la República de Venezuela. 1979. t. 12, doc. 3652. p. 384-388.
OTRAS EDICIONES:
Gaceta de Colombia. N°. 350. Bogotá. 1828 (30/6). p. 3.

66
ALOCUCION DIRIGIDA POR LA CONVENCION A LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA

¡Colombianos!.

      Vuestros representantes, reunidos en gran convención, os dirigen su voz desde el santuario augusto de la ley. Ocupados del negocio importante de vuestra felicidad, ellos no tienen otro interés que asegurar vuestras libertades bajo los influjos de la paz. Dignos de ser libres, vosotros habéis triunfado de vuestros opresores, habéis conquistado la independencia, y nada os resta sino afianzar irrevocablemente vuestros derechos sagrados e imprescriptibles.

      Dieciocho años de una lucha sangrienta y obstinada; dieciocho de una guerra desoladora en que se han derramado torrentes de sangre e inmolado millares de víctimas ilustres; tantos sacrificios hechos en los altares de la libertad no deben seras inútiles; vosotros cogeréis el fruto precioso de vuestras fatigas.

¡Colombianos!.

      La convención se ha reunido por vuestros clamores; ella estaba indicada en vuestra constitución para perfeccionarla un día. El cuerpo legislativo declaró que había llegado la época, porque circunstancias extraordinarias habían precipitado acontecimientos que apenas era creíble pudiesen suceder en diez años. Vuestro primer magistrado ejecutivo proclamó, a la faz del mundo, que la gran convención era el grito de Colombia; convocada por el congreso, todos han aplaudido su llamamiento, y vosotros habéis hecho elecciones de vuestra voluntad. Ninguna especie de coacción ha impedido el pronunciamiento de la opinión nacional. Ella reúne hoy vuestros representantes. Este convencimiento los llena de confianza y de valor al emprender sus arduas e interesantes tareas. Su misión es examinar vuestras instituciones, y declarar si ha llegado el caso de reformarlas; la convención lo ha declarado ya por unanimidad de sufragios, y las reformas serán las que convienen para destruir las fuentes de vuestros males y prepararos bienes inmensos. Los miembros de la gran convención, obra de vuestras voluntades, no pertenecen a ningún partido; sólo son de Colombia, sólo son vuestros; desnudos de toda personalidad, el bien común es el ídolo de sus holocaustos, y en las aras de la patria sacrificarán gustosos todo interés individual; ellos desconfían de sus talentos, pero sus intenciones son puras, sus deseos por vuestra dicha no tienen nada de miras personales, y la llama sagrada de un patriotismo sublime, que arde sin cesar en sus corazones, consumirá todo sentimientu que no sea eminentemente nacional.

      Al instalarse la gran convención el 9 de este mes, vuestros diputados han prestado el más santo de los juramentos, y por este acto solemne y religioso, han contraído una nueva obligación de conciencia, de sostener la integridad y la independencia de la República, la soberanía de la nación, la libertad civil y política, la forma de su gobierno popular, representativo, electivo y alternativo, la responsabilidad de vuestros magistrados y oficiales y la división del poder supremo para su administración, en legislativo, ejecutivo y judicial. He aquí las bases sobre que reposa el edificio social y los fundamentos de vuestra prosperidad.

      Este ha sido el objeto que os propusisteis desde que en 1810 resonó la voz de independencia. Estas son las máximas que habéis consagrado en todas vuestras constituciones, vuestros trabajos y todos vuestros actos públicos y nacionales. A este fin han tendido todos vuestros conatos, todos vuestros esfuerzos en la gloriosa y difícil contienda de vuestra emancipación de un gobierno opresor. Este ha sido el clamor general de los colombianos. Vuestros representantes jamás llegarán a quebrantar en un solo ápice un juramento tan respetable.

      Es sobre estos principios sacrosantos que debe fijarse el trono de la libertad y de la ley. La libertad es el estandarte que os ha guiado en vuestra carrera política; ella ha sido siempre el punto de reunión de todas las opiniones; ella fue la que inspiró en 1810 a los patriarcas de la revolución; la que hizo caminar serenos al cadalso a los mártires de la patria; la que ha inflamado el valor de vuestros héroes, y la que ha conducido los pasos de vuestros legisladores y magistrados; ella es la que ha extendido un fuego arrebatador de un extremo a otro de Colombia y del universo americano. Pero no olvidéis que la libertad es una planta tierna y delicada; nacida en medio de las tempestades, de la guerra y de las revoluciones, necesita de las sombras benéficas de la paz, para crecer, robustecerse y fructificar.

      Los grandes hombres, dignos de eterna memoria, que echaron los primeros fundamentos; tantos ciudadanos generosos, que rindieron sus cuerpos y sus vidas en el campo del honor; un crecido número de patriotas virtuosos, sacrificados en los patíbulos, todos ellos no se inmolaron sino a la patria, y con su sangre sellaron la justicia de vuestra causa, para legarnos a los que les sobrevivimos, a la nación entera y a las generaciones futuras el sublime precio de sus heroicos servicios, como otros tantos títulos que, agregados a los que habéis tenido la gloria de acumular en proporción a vuestras facultades, os dan el innegable derecho al establecimiento de un gobierno, que en su bondad sea equivalente a tan inmensos sacrificios. Colombia, apenas naciente, tuvo la más alta reputación debida a sus instituciones y a su marcha firme y majestuosa. Las primeras potencias del mundo se apresuraron a saludar su existencia política. Nuestras relaciones y crédito nacional se desenvolvían con pasos rápidos. Los filósofos, todos los amigos de la humanidad en ambos hemisferios admiraban y aplaudían la solidez de nuestra República. Era un alto honor ser colombiano. Sucesos desgraciados han eclipsado este nombre, y oscurecido las glorias de Colombia. Tristes y malhadados acontecimientos han abierto heridas al crédito nacional, han turbado el orden, y la anarquía parecía pronta a despedazar el seno de la patria, a destruir por sus cimientos la obra de vuestros esfuerzos, a inutilizar vuestros sacrificios, a marchitar vuestros laureles y manchar el suelo predilecto de la virtud y de la libertad. Pero vosotros habéis invocado a esta asamblea, habéis elegido libremente vuestros representantes y tenéis la esperanza de que se cicatrizarán radicalmente vuestras heridas, de que el orden se restablecerá, de que se cimente la concordia y de que triunfe la razón; vuestras ansias serán satisfechas.

      ¡Colombianos! Es ya tiempo de que terminen vuestras disensiones, de que no resuene ya el eco destemplado de la desunión; perezcan para siempre las miras y los intereses parciales, que no están de acuerdo con el bien general. Hagamos una mutua y general reconciliación, promovamos de común acuerdo los intereses nacionales. En el templo de la patria no deben levantarse altares, sino abrirse sepulcros a la discordia. El nombre respetable de colombianos debe ser un lazo indisoluble de amor fraternal; ahoguemos nuestros resentimientos, olvidemos nuestras pasadas desgracias y no tratemos sino de poner término a nuestros males y de hacer que Colombia se levante de esta crisis más grande y majestuosa.

      ¡Pueblos de Colombia! Vuestros diputados son una parte de vosotros mismos, su interés es el vuestro, y ellos participan forzosamente de vuestra felicidad o vuestra desgracia. Circunstancias difíciles podrán extraviar sus proyectos, pero ellos seguirán imperturbables la senda que les marca su deber. La imparcial justicia será su norte; sin justicia no hay orden, ni igualdad, reposo, ni felicidad. ¡Colombianos! Confiad en los que habéis elegido para decidir de vuestros destinos. Esperad tranquilos sus determinaciones, no os dejéis seducir ni por la intriga ni por la impostura; estad persuadidos de que la gran convención no seguirá una marcha opuesta a vuestro bienestar, ni destructora de vuestra felicidad. El honor de vuestros representantes se interesa altamente en el feliz éxito de su comisión.

   ¡Colombianos! Asegurar vuestra libertad, propiedad, igualdad, todos vuestros derechos, será la ocupación exclusiva de vuestros diputados. Restablecer el orden, la paz, la concordia, son sus votos. ¡Quiera el cielo protegerlos!

Ocaña, 17 de abril de 1828.

El presidente de la gran convención,

José María del Castillo.

El diputado secretario,

Luis Vargas Tejada.

El secretario,

Rafael Domínguez.

FUENTE EDITORIAL: .
Gaceta de Colombia. N°. 345, Bogotá. 1828 (11/5). p. 2-3.

67
LISTA DE LOS SUJETOS NOTABLES DEL CENTRO DE POPAYAN y CARTAGENA, QUE NO HAN FIRMADO LAS ACTAS QUE SE DIRIGIERON DE ESA CIUDAD A LA GRAN CONVENCION

I

Nombres/Destinos

Julián Delgado Contador auxiliar..

Pedro José Velasco Oficial 10 de la administración departamen. de tabacos.

Cristóbal Mosquera Hacendado.

José Ignacio Bayona

José Barona Hacendado.

Antonio Cajigas Comerciante y hacendado.

Francisco Muñoz Hacendado.

Francisco Ordóñez Comerciante.

José Pérez C.

Francisco Gallo Comerciante.

Fernando Sánchez Comerciante.

Juan Ignacio Bonilla Comerciante.

Bias Bucheli Idem.

José María Sarmiento Idem.

Pedro Negret Idem.

Nombres Destinos

Manuel Beltrán

Antonio Valencia Contador de tabacos.

N. Molina Oficial 2° de tabacos.

Francisco Bueno Guarda administrador de tabacos.

Bernardo Valdés Personero y capellán de un monasterio.

Esteban Navarrete Empleado en correos.

Francisco Hurtado Hacendado.

Fernando Angulo Idem.

Camilo Scarpeta Comerciante.

Antonio Valencia y Valencia Empleado de la contaduría departamental.

Doctor Marcelino Arroyo Deán.

José María Vargas, padre Hacendado.

José María Vargas, hijo Idem.

Manuel Vargas Idem.

Ventura Sánchez Idem.

Doctor Manuel José Mosquera Catedrático de derecho civil..

Doctor Manuel M. Mosquera Hacendado.

José Joaquín Sanclemente Tesorero hacendado.

Ramón Grijalba Fundidor de tesorería.

Mariano Grijalba Presbítero, cura de Julumito.

Antonio Medina

José María Guevara Oficial de la secretaría de la corte de justicia.

Mariano Herrera Hacendado.

Joaquín Gutiérrez

Santiago Nates Intendente de correos.

Walter Juan Boticario.

Doctor Gabriel Carvajal Abogado.

Tomás Ayerbe Contador de casa de moneda.

Manuel Cuevas Tesorero de diezmos.

Juan M. Rada Presbítero, maestra de ceremonias, etc.

José M. Gutiérrez Comerciante.

José Sumontes Comerciante.

Agustín Madriñán Hacendado.

Joaquín Pérez Empleado de alcabalas

Nombres Destinos

Miguel Velano

Juan Feliciano Borrero

Francisco García Hacendado.

Joaquín Córdoba Empleado de moneda.

Manuel José Urrutia Secretario de la intendencia.

Doctor José María Grueso Provisor..

Lucas Sánchez de la Flor Hacendado.

Agustín Velasco Idem.

Mariano Cajigas Presbítero.

Justo Jordán Hacendado.

Doctor Ignacio Castro Idem. Abogado.

Francisco Holguín Canónigo.

Mariano Valdés Ayudante del fundidor.. Hacendado.

Rafael Caldas Hacendado.

José María Vergara Presbítero coadjutor..

Doctor Francisco Rodríguez Canónigo jubilado.

Andrés Rodríguez Presbítero capellán.

Francisco Mariano Urrutia Ensayador de moneda.

José Fragori Hacendado.

José María Rebolledo Comerciante.

Pedro Izquierdo

Isidro Troyano Comerciante.

José Palomino Idem.

Rafael Valdés Idem.

Joaquín Caycedo Presbítero coadjutor..

Nicolás Navia

Joaquín Sánchez Maestro de la escuela nacional.

Manuel Antonio Vivas Empleado de moneda. Tomás Valencia

Antonio Balcázar Comerciante.

Agustín Castro Idem.

Avelino García Idem.

Joaquín Pacheco y Zea Notario.

José María Pacheco Escribano del número.

Elías Pacheco Idem.

Nombres Destinos

Joaquín Caldas

Luis Espinosa Empleado de contabilidad.

José M. Obando Coronel retirado. Hacendado.

Mariano Sánchez Empleado en tesorería.

Juan Agustín Sánchez Comerciante.

José Ledesma

Rafael Fernández Presbítero coadjutor..

doctor José Camelia Valencia Administrador de alcabalas.

Manuel Arboleda Hacendado.

Vicente Caldas Idem.

Francisco José Quijano Empleado de alcabalas.

Doctor Joaquín Antonio Ibarra Capitán retirado. Hacendado.

Serafín Ibarra Hacendado

Juan Bautista Mendoza Hacendado.

Manuel José Castrillón Contador departamental.

Esteban Pérez Oficial de hacienda jubilado.

Doctor Matías Belalcázar F. Hacendado.

Ventura Fajardo Idem.

Mariano Mosquera Oficial retirado. Hacendado.

Carlos Ortiz

Rafael Urrutia Empleado de alcabalas.

Mariano Rada Empleado de moneda.

José Jironza Idem.

Juan Fernández Comerciante.

Antonio Fernández Empleado de tabacos.

Doctor Vicente Coba Catedrático de lengua latina.

Manuel Ortiz

Doctor Joaquín Fernández de Soto Canónigo.

José Antonio Sánchez Comerciante.

Manuel Dueñas Interventor de tesorería.

Domingo Lemus Presbítero capellán.

José María Lemus y Hurtado Comprobador de moneda.

Mariano Lemus y Valencia Empleado de tesorería.

Gabriel Ordóñez Comerciante.

Nombres Destinos

Mariano Lemus y Hurtado Comerciante y hacendado.

Joaquín Garda Padre general de menores. Comerciante.

Doctor Mariano Urrutia Canónigo.

Doctor Manuel María Urrutia Cura de Popayán.

Doctor Alejandro Flod Cirujano.

Camilo Morcillo Hacendado.

Morcillo Hacendado.

Felipe Largacha Comerciante.

Camilo Cordero Oficial 10 de la intendencia.

Ramón Ayerbe Oficial de ídem.

Fernando Balcázar Hacendado.

José María Castro Idem.

Felipe Gruezo Idem.

Doctor Manuel María R. Presbítero, catedrático de filosofía.

Pedro Rodríguez Hacendado.

Pablo Rodríguez Comerciante.

Federico Groz Hacendado.

Doctor Joaquín Rodríguez Abogado.

Francisco Castillo Canónigo.

Bruno Vergara Presbítero capellán.

Mariano Canedo Presbítero capellán de coro

Doctor Francisco Santolaria Presbítero.

Antonio García Escribano.

Francisco Antonio Valencia Empleado de moneda.

José Antonio Constaín Empleado de tesorería.

Juan Maya Secretario numeral, antiguo de la corte de justicia.

José Antonio Maya Oficial 10 de la secretaría más antigua de ídem.

Pedro Solia Provisor capellán de monasterio.

Doctor Manuel Valdés Diputado suplente por Pasto. Hacendado.

Mariano Rincón Hacendado.

Doctor Joaquín Cajiao Empleado de moneda. Profesor de medicina

José Antonio Quijano

Andrés Quijano

Nombres Destinos

José Joaquín Sánchez Presbítero.

Inocencia Castro Presbítero.

Rafael González Comerciante.

José Ayerbe Empleado de moneda.

Juan Pablo Esparza Primer comandante, retirado.

José María Figueroa Comerciante.

Manuel María Barrero Empleado de alcabalas.

Benito Zizero Impresor de gobierno.

Joaquín Hurtado Empleado de alcabalas.

Rafael Hurtado Empleado de moneda.

Angel Sánchez Comerciante.

Francisco Luque Primer comandante, retirado.

Francisco Uscátegui Teniente, retirado.

Ramón Estrella Procurador del número.

Francisco Hurtado Idem.

Pedro Nates

Manuel García Empleado de la intendencia.

Manuel Sánchez Comerciante.

Rafael Salamanca Empleado de correos.

Manuel Luna Idem.

Isidro Guzmán Comerciante.

Ramón Muñoz Hacendado.

Belisario Muñoz Idem.

José Hurtado Empleado de moneda

Joaquín Caicedo

Mariano Cajigas Presbítero.

NOTAS:

1. Que aunque muy pocos sujetos se encuentran sin lugar en la columna de destinos, es porque no sabemos cómo clasificarlos: pero ellos son padres de familia honrados, viven de una honesta industria y tienen propiedades, y han sido y son buenos patriotas.

2. Que no se incluyen en esta nómina los religiosos, ni los estudiantes, ni los menestrales, sin embargo que de éstos hay infinitos que tienen propiedades y talleres abiertos todos: ni el obispo y su familia, ni probablemente otros muchos sujetos que no tenemos ahora presentes: ni. en fin. los empleados subalternos de última clase como sacristanes, guardas, porteros, alguaciles, mayordomos, etc.. pulperos, pupilos, milicianos.

Ocaña. 20 de mayo de 1828.

M. Lú/le: D.


II

Nombres /Destinos

Doctor Enrique Rodríguez Presidente de la corte.

Doctor Eusebio M. Canabal Ministro id.

Doctor José María Baloco Fiscal de id.

Doctor Ignacio Cavero Id, id.

Doctor Joaquín Villamil Asesor de M.

Doctor Ramón Ripoll Juez de letras.

José Antonio Esquiaqui Abogado.

Doctor Anastasio Frías Id.

Doctor Luis Echegaray Gobernador del obispado.

Doctor Luis Pimienta Canónigo.

Doctor Vicente Marimón Id.

Doctor Bernardo Garay Id.

Doctor Pedro Vivero Cura de la Trinidad.

Doctor Dionisio Araújo

Doctor Toribio Domínguez

Doctor Antonio Narváez

Pedro Cano Presbítero.

Doctor N. Roche

José Martínez Lareano Administrador de tabaco.

Diego Laros

Joaquín Salgado

Salvador Vives Presbítero, teniente cura.

Manuel José Canabal

Manuel González Pujot

Manuel María Núñez Comerciante.

Coronel Rafael Tono Comandante de marina.

Jaime Brum Capitán del puerto.

José María Lanos

Pedro Iglesias

Andrés Castillo Comandante de ingenieros.

Manuel Iriarte

José de Arrázola

Nombres Destinos

Hilario Polanco

Manuel Portillo

Benito Montero

José González Rubio

Manuel Joaquín de Paz Presbítero.

Francisco Luis Fernández Tesorero de diezmos.

Mauricio de León Contador.

José Antonio Fernández

Manuel Marín

Juan José Gallardo

Enrique Pardo Regidor.

Nicolás del Castillo

Juan Torres

Vicente Garda del Real

Valentín Gutiérrez

Parejas de la Aduana

Joaquín Torres Este se halla en el impreso pero no en el original..

Remigio Caballero

Salvador Vives

Francisco Veros Barranco

Francisco Veros Paredes

Dionisio Cardona

Pedro Cardona

Mateo Alandete

José María Alandete

Coronel Juan Antonio Piñeres.

José María Piñeres

Marcos Carrasquilla

José María Hernández

Diego González

Luis Carrasquilla

Diego Noble,

José Gil Carvajal

Nombres Destinos

Antonio Gil

N. Byrne Comerciante.

Santos Pica

Diego Peña

Silvestre Paredes

Calixto González

Manuel Torres de Latorre

Gervasio Villa

Cosme Zapata

Romualdo Pérez

Nepomuceno Peña

N. Berenguel Comerciante.

Juan José Nieto

Francisco Núñez

Pedro Cermeño

N. Mozo

Tomás Morales

Blas Jiménez

Francisco Caraballo

Juan Vicente Romero Comerciante.

Femando Pernet

Fernando Pernet, hijo

Juan León Presbítero.

Facundo González

Julián Angulo

N. Tirado

Santiago Blanco Presbítero.

Villegas Presbítero.

Juan Antonio Pastor

N. Redonda

Ayala Presbítero.

Ramón Navarro

José Iglesias

Miguel Pontón

Nombres Destinos

Alfonso Hernández

Vicente Vcrós Intendente.

      Faltan otros muchos que no se tienen presentes. La anterior lista es de los vecinos padres de familia de Cartagena, que no han suscrito la representación dirigida por el intendente del Magdalena en la gran convención con fecha 17 de abril..

FUENTE EDITORIAL:
Archivo Santander. Bogotá, Aguila Negra, 1920, t. 17, p. 339-348.

68
COMUNICACION DIRIGIDA POR LA GRAN CONVENCION AL LIBERTADOR PRESIDENTE

República de Colombia

Gran convención. Ocaña, a 25 de abril de 1828.

A su excelencia el presidente de la República.

   Excelentísimo señor:

      Tengo el honor de manifestar a vuestra excelencia que los representantes del pueblo colombiano, reunidos en convención nacional, han visto con aprecio el mensaje que les dirigió vuestra excelencia con fecha 29 de febrero. La voz de un magistrado experto en los graves y complicados negocios de la administración, debía escucharse con interés en el conflicto de tan críticas circunstancias, y el juicio del Libertador de la patria era esencial cuando se comenzaba el difícil encargo de la reformas. Vuestra excelencia ha examinado detenidamente los dolores que aquejan la República, y vuestra excelencia ha pedido su remedio. En tal concepto, la convención ha pasado estos respetables informes a la comisión que debe presentar las bases de las reformas, previniéndome lo ponga así en conocimiento de vuestra excelencia.

   Dios guarde a vuestra excelencia.

   Excelentísimo señor..

El presidente de la convención,

José Ignacio Márquez.

FUENTE EDITORIAL: .
Gaceta.. de Colombia. W 347. Bogotá. 1828 (18/5). p. 2.

69
COMUNICACION A LOS INTENDENTES DE LA INSTALACION DE LA GRAN CONVENCION

   República de Colombia.

   Secretaría de Estado del despacho del interior..

   Bogotá, 28 de abril de 1828

   Al señor intendente del departamento de...

      Tengo el honor de incluir a usía 16 ejemplares impresos del suplemento de la Gaceta de Colombia, número 341, en que consta la instalación de la convención nacional reunida en Ocaña. Usía dispondrá que inmediatamente se circule y publique en el departamento de su mando, y que tanto en la capital como en las provincias se celebre una misa solemne de acción de gracias por este suceso importante, y por que el Todopoderoso inspire a la convención reformas saludables que aseguren sobre bases sólidas la libertad, independencia y felicidad de Colombia.

   Dios guarde a usía.

José Manuel Restrepo.

FUENTE EDITORIAL:.
Blanco, José Félix y Azpurúa, Ramón. Documento 1 para la historia de la vida pública del Libertador. Caracas. La Opinión Nacional. 1877. Edición facsimilar. Presidencia de la República de Venezuela. 1979. t. 12. doc. 3663. p. 400.

70
REPRESENT ACION DE CUENCA A LA GRAN CONVENCION

   Honorables miembros de la convención nacional.

   Señores:

      Los ciudadanos del departamento del Azuay que suscriben, animados del celo más puro por la prosperidad de Colombia, y profundamente penetrados del interés que les inspira la suerte futura de los pueblos, tienen la honra de dirigiros la explicación de sus deseos, fundados en la experiencia de las vicisitudes y en el amor imprescindible de la conservación, y con el objeto de que se sostenga la majestad, el honor y la gloria nacional.

   Presentar a la augusta corporación, a quien nos dirigimos, los justos temores que nos inquietan; recordar el cuadro espantoso que presenta la República por la relajación de los vínculos sociales; y citar ejemplos que en otras circunstancias nos han hecho palpar los males de la debilidad de un sistema de gobierno inadaptable por mil títulos, sería cansar la atención de los representantes, repitiendo lo que muchos escritores y pueblos han patentizado ya a los ojos de esa augusta asamblea, y del universo que nos observa. Nosotros, señores, conocemos que a vosotros sólo os animan sentimientos uniformes a los nuestros; y es esta confianza la que únicamente puede sosegar las zozobras que nos causan los rumores esparcidos en favor de la federación que sólo pueden desear corazones empeñados en la ruina de la patria. Prescindimos, señores, de traer a la memoria el modo con que fue subyugado el país en 1816, cuando, virgen, en sus recursos, y lleno de sabios, podía haberse conservado libre y constituido. Separamos nuestra vista de lo que actualmente sucede en otras secciones de América, y no vamos a buscar ejemplos a países remotos y extranjeros; porque pertenecemos a una nación heroica y belicosa, que ha jurado existir por sí misma, que lo ha conseguido a fuerza de sangre y de honor, y para quien la sola idea de pupilaje es la señal de alarma común. No bastaría esta persuasión y la confianza en el jefe que preside la República para descansar tranquilos; pero como por otra parte se oye el ruido de las desavenencias, y ellas pueden causar siempre el mortífero mal que las anima, queremos manifestar, por medio de esta respetuosa indicación, lo que en nuestro modo de pensar conviene a Colombia.

      Un gobierno concentrado y enérgico, que pueda dar a los diferentes ramos el impulso, solidez y permanencia necesarios; que asegure la conservación del país; que lo organice conforme lo exigen su infancia y sus costumbres, y que mantenga en todo su esplendor la religión de nuestros padres; es el alma de nuestros votos y el grito unánime del Azuay.

   Es también ocioso indicar el hombre de nuestros pensamientos: el creador de la libertad, el héroe del siglo, el justo, el humano, el conservador por excelencia, no puede subrogarse ni confundirse.

      Dignaos, pues, respetables padres de la patria, decretar la felicidad que está en vuestras manos, desechando para siempre el débil y pernicioso sistema federal, que no haría sino sepultamos, y atraer sobre vuestras cabezas la execración de la edad presente, y las maldiciones de la posteridad.

   Cuenca, 29 de abril de 1828 18°.

      El general intendente, Vicente González; doctor J. María de Landa y Ramírez, deán; doctor José Antonio Arévalo; provisor y vicario capitular, Pedro Ochoa, canónigo; doctor Manuel Rodríguez, doctoral racionero; Bernardino de Alvear; A. Bertran, prebendado; doctor José M. Mejía, canónigo; José Antonio Marcos, racionero; F. José de S. Miguel, prefecto del hospital; doctor Manuel Arévalo, juez letrado de hacienda; Baltazar Rivera, jefe político y de policía; doctor Ramón Cortázar, alcalde 2° municipal; Ignacio Marchan, procurador municipal; José María Borrero, administrador de correos; Rudesindo Tural, secretario de la intendencia; Manuel Garrido, administrador de tabacos; José Ochoa, administrador de alcabalas; doctor Miguel C. Veintimilla; doctor Joaquín Salazar; Manuel Chica; A. Larrea, guarda mayor de rentas; Manuel Torres y Vega, contador de correos; Hilario de Neira, oficial mayor de ídem; Nicolás Ugalde, oficial 2° de ídem; Joaquín Toledo, cura de Baños; Francisco Rivera; F. Rudesindo Aguijar, prior de Santo Domingo; F. José Vinuesa, guardían de San Francisco; F. Vicente Solano; F. José Díaz; F. Pedro Cisneros; F. José Orellana; F. Eduardo Peña, fiel; F. Tomáis Lozada, catedrático de filosofia; Cayetano Fernández de Cordova, cura del Valle de San Juan; Juan Barbosa, cura rector; F. Simón Miguel Díaz; F. José Carrera; F. Crisanto Linares; F. Felipe Cobos; F. Mariano Vascones; Tomás Ordóñez; F. Miguel Abad; Juan Manuel Rodríguez y Veintimilla, cura de Sidcay; Fernando Coronel; Lisardo Ordóñez; Juan Aguilera; doctor Juan de la Cueva; doctor José Manuel Parra; Vicente Falconi; doctor Pío Bravo; Casimiro Martínez; Manuel Félix Rendón; Manuel Piedra; José Landívax; doctor José Larrea; doctor José Antonio Izquierdo; José Izquierdo; Juan Sánchez; Antonio Andrade; doctor Antonio Izquierdo; doctor José Cerves; Francisco Eugenio Tamariz; Juan J. Añasco; José Antonio Cerves; Manuel Casto Alvear; Juan Cutiérrez, procurador numerario; Joaquín Orriz, oficial 1o. de la secretaria de la intendencia; Ramón Duque, oficial 2° de ídem; Joaquín Serrano, oficial 3° de ídem; Pedro Rodríguez; José Antonio López, escribano público y de hacienda; F. Pedro Alcántara Orellana; doctor José Peñafiel, cura de San Sebastián; Felipe Serrano, 2° comandante de milicias; Nicolás Chica; Mariano Torres; Manuel Landívar, tesorero de diezmos; Antonio Sevilla; José Antonio Benavides, cura; Mariano Espinosa.

FUENTE EDITORIAL: .
Blanco, José Félix y Azpurúa, Ramón. Documentos para la historia de la vida pública del Libertador. Caracas. La Opinión Nacional. 1877. Edición facsimilar. Presidencia de la República de Venezuela. 1979. t. 12, doc. 3664, p. 400-401.

71
OFICIO DEL PRESIDENTE DE LA CONVENCION AL LIBERTADOR PRESIDENTE

   República de Colombia.

   Gran convención. Ocaña, a 10 de mayo de 1828.

   El presidente de la gran convención, a su excelencia el presidente de la República.

      Habiendo puesto en conocimiento de la gran convención la nota de vuestra excelencia, fechada en Bucaramanga a 10 del corriente, con los documentos que la acompañan, se mandaron traer a la vista las actas de 17 y 18 de marzo de la comisión encargada de examinar los registros de las asambleas electorales, y la nota del general Padilla, con lo que le remitió una copia del parte que le dirigió a vuestra excelencia desde Mompós, en 12 de marzo, y de todos estos documentos incluyo a vuestra, excelencia copias,1 conforme al acuerdo de la gran convención.

      Por ellas verá vuestra excelencia que ni el general Padilla ha dirigido representación alguna a los diputados existentes (en Ocaña) en aquella fecha, ni estos han hecho otra cosa que acusarle el recibo de su oficio con expresiones de urbanidad, prescindiendo de calificar su conducta en los sucesos de Cartagena, según consta del acta de 18 de marzo.

      Esto es lo que tengo la honra de decir a vuestra excelencia en contestación, y conforme al acuerdo de la gran convención, que ha sentido que el general Montilla, creyéndose con derecho de formar quejas contra algunos de sus diputados, por el solo fundamento de una simple carta, haya empeñado la respetabilidad de vuestra excelencia para comprometer a la convención a explicaciones desagradables.

   Dios guarde a vuestra excelencia.

   Excelentísimo señor.

José Ignacio Márquez.

FUENTE EDITORIAL: .
Blanco, José Félix y Azpurúa, Ramón. Documentos para la historia de la vida pública del Libertador. Caracas. La Opinión Nacional. 1877. Edición facsimilar. Presidencia de la República de Venezuela. 1979. t. 12. doc. 3669, p. 411.
OTRAS EDICIONES:
Gaceta de Colombia. N° 347, Bogotá. 1828 (18/5). p. 2.

72
REPRESENTACION DEL EJERCITO DEL SUR A LA GRAN CONVENCION

Franca y respetuosa manifestación.

   Excelentísimo señor presidente de la convención.

   Guayaquil, 1° de mayo de 1828.

   Señor:

      Los generales, jefes y oficiales del ejército del sur, tienen el honor de dirigirse a la gran convención colombiana por el respetable órgano de vuestra excelencia, usando del derecho de petición que la ley concede para emitir los votos de sus corazones, que no han renunciado como ciudadanos, porque el generoso sacrificio de haber prodigado su sangre para redimir de la esclavitud a sus queridos compatriotas, no ha podido arrebatarles el derecho de tener voluntad igual a ellos, ni obligarlos a enmudecer como siervos en la gran crisis de las instituciones, y cuando todas las clases de la sociedad se han excedido, por decirlo así, en la manifestación de sus deseos.

      Colombia, señor, está inminentemente expuesta a sumergirse en un piélago de males, por no decir en el olvido, si una mano redentora no la salva. Las esperanzas de salud en que habíamos consentido, después de doce meses de revolución, han desaparecido ya con la presteza de una sombra, y el monstrua de la desconfianza se apodera de los corazones, por el recelo que inspiran algunos diputados enemigos de la prosperidad de Colombia, y hombres ingratos al Libertador que la ha fundado. La gran convención, que preside vuestra excelencia, fue el grito urgente de los pueblos, y este grito fue también repetido por nosotros para no contrariar los votos de los ciudadanos, y porque creímos como ellos que la convención sería el remedio de los males, el vehículo de felicidad y la fuente del bien que se desea. Estaba lejos de nosotros sospechar que la capciosa maledicencia escalase el único recinto reservado a la razón y a la imparcial sabiduría, como tristemente lo acabamos de palpar en las personas que han tejido la rastrera habilidad de hacerse elegir diputados para colmar la medida del daño que empezaron con escándalo. Muy fácil sería para nosotros arrojar las espadas que ceñimos y abandonar despavoridos el lugar que ocupamos en las filas del ejército, para ir después a confundirnos en la masa de los pueblos y llorar las calamidades de la patria, si no temiésemos el juicio severo de la posteridad, la burla de los tumultuarios, la execración de los sensatos y un remordimiento atroz de nuestras propias conciencias. El imperio de la naturaleza, nuestras más caras relaciones, la ley exigente de la necesidad y nuestros deberes sacro-patrios, reclaman de nosotros la salvación de la República, y nos creemos autorizados a salvarla, después que el espíritu de partido ha profanado el templo augusto en que habíamos convenido prosternarnos. Los pueblos del sur, con quienes hemos ligado nuestra suerte, se han fijado en el Libertador para depositarle la plenitud de sus confianzas, y nosotros hemos ofrecido sostener esta determinación brillante porque la creemos necesaria, porque es conforme a nuestras voluntades, y porque sólo el genio ilustre que arrancó a Colombia del fango de la ignominia, puede hoy preservarla de la infernal anarquía que la arrastra a su infalible destrucción.

      Llegó, señor, el día en que es preciso marchar con paso altivo contra las revoluciones que menguan a la patria, y contra el frenético delirio de continuar el ensayo fatal de esas meras teorías que han dañado a la nación en nombre de los principios. Las terribles lecciones de una experiencia dolorosa no pueden olvidarse en los momentos decisivos: es menester confesar que el mal se ha propagado por las manos abstractas de monitores incautos que al fin se han visto desmentidos por los propios errores de sus doctrinas ilusorias, y que no es prudente fiar en sus consejos para regimentar a un pueblo grande que le debe las calamidades que deplora. El Libertador, que es sin duda el áncora divina de nuestras esperanzas y la única antorcha que le queda a Colombia para alumbrar los hechos que se pierden en la oscuridad de su distancia, debe encargarse del mando supremo del Estado, para que con la experiencia de su sabiduría haga las reformas que crea necesarias, restablezca la confianza pública, consolide la opinión, reviva el honor y la virtud para que no se empañen el brillo de la gloria y el lustre de la libertad, mejore los diferentes ramos de la administración y haga, en fin, con su brazo omnipotente, que Colombia vuelva a ser Colombia.

      Estos son, señor, los votos fervientes de nuestros corazones, a los cuales no reservamos ningún género de sacrificios por costosos que sean, y aun cuando los fieros detractores nos insulten con los apodos de serviles, mercenarios, deliberantes, etc., que agoten, enhorabuena sus necias acritudes; que griten, que exclamen todo cuanto quieran; y que también nos miren con horror; nosotros lo consentimos por el bien de la patria y por la felicidad de ellos mismos. Pero ¿cuál es, señor, aquel que desconfia de las sanas intenciones de los libertadores? ¿Cuáles los que pueden disputarnos aquellos títulos honrosos que marcan nuestros cuerpos con profundas cicatrices? Sólo la mano de la Providencia tiene potestad para borrarlas. ¿Cuáles los que pretenden usurparnos el derecho de ser los grandes amigos de la libertad? ¿Cuáles los que pueden aventajar las pruebas que hemos dado en 15 años de combates, luchando con la muerte en las batallas, con la desnudez en los desiertos, con el hambre en los campos de la esterilidad, y con perennes privaciones en los cuarteles de la paz? ¡Qué! ¿Y podríamos sufrir sin murmurar que fuese contingente hasta nuestra santa fe política, depurada en el crisol ensangrentado de una guerra desastrosa, y acreditada muchas veces en el cruel martirologio inventado por la ferocidad española para probar nuestra constancia, único patrimonio que legaremos en herencia a nuestros descendientes? No tememos la censura de los buenos diputados; ellos pensarán como nosotros porque son varones probos, patriotas incorruptibles; poseen el instinto del bien, y quieren el bien para Colombia. Los exaltados demagogos son los únicos que pueden ofenderse de nuestra resolución irrevocable, porque no consentiremos más que se arroguen la voz de los pueblos para hacerse necios intérpretes de sus voluntades. Nada nos arredra, nada puede intimidarnos; haremos por Colombia y el Libertador lo que no hicimos por nosotros cuando esas leyes depresivas ajaron el lustre de la milicia, rebajándola a la más degradante condición. Entonces toleramos el oprobio porque se hizo a nuestros propios intereses; ahora es a la patria en sus dolencias, es a la causa de la humanidad a la que consagramos nuestros débiles servicios; sin patria no queremos existir, y sin Libertador; para salvarla buscaríamos en vano en qué apoyarnos. El señor coronel León Cordero, que pondrá en manos de vuestra excelencia esta franca exposición, es el órgano de que se vale el ejército para aclarar sus voluntades en las dudas que puedan ocurrir en la convención.

      Hemos hablado, señor, el lenguaje del honor y de la necesidad; queremos que el Libertador termine las revoluciones que nacen cada día con los nuevos ensayos, y confiados para conseguirlo en la parte sana de la asamblea convencional; nuestros deseos son loables; nuestra resignación es inocente; y cuando la sociedad gime por calamidades tan funestas, sus raros protectores no son orgullosos, no son culpables; ¡ah! ellos son sensibles. El plomo y el acero han invalidado nuestros miembros, y en otros han borrado las perfecciones que recibieron de la naturaleza; pero nos quedan corazones y espadas que ofrecer; y cuando en nosotros muera la esperanza, que será cuando dejemos de existir, el hielo de nuestras tumbas exhalará todavía suspiros a la patria ...

      General en jefe del ejército, Juan José Flores; el general intendente. J. Illingrot; el general comandante, general Arturo Sandes; el general José Mires; el general Juan Paz del Castillo; el coronel jefe de estado mayor, León F. Cordero; el jefe de estado mayor del departamento, Antonio de la Guerra; el coronel Tomás C. Wrigt; coronel Manuel A. Luzárraga; el primer comandante del batallón Caracas, Gabriel Guevara; primer comandante, Juan Eulogio Alzuru; primer comandante, Francisco María Campos; primer comandante, José María Camacaro; el segundo graduado, José Santos Echaris; José Rivas; José Hernández; Santiago Loedel; Juan Rarera; Juan José Rodríguez; Francisco Ortiz; Juan González; Domingo Volcán; Gabriel Urbina; A. Portocarrero; Archivale Failos; Lorenzo Fernández de Laos; Pedro Venegas; Miguel Farías; Juan Otamendi; Francisco Calderón; Santiago Cruz; Francisco Lira; Andrés María Picón; Pedro Sánchez; Lorenzo Estévez; Manuel Mestre; Víctor Yepes; Manuel Luna; Juan Verguerra; Guillermo Corcer; José María Urbina; Juan Granja; Trinidad Gil; Juan González; Tomás Mora; Hilario Durán; Matías Piñango; Hermengildo Oliva; José Antonio Chiriboga; José Antonio Franco; José Urbina.

   (Siguen las firmas de los tres departamentos).

FUENTE EDITORIAL: .
Blanco, José Félix y Azpurúa, Ramón. Documentos para la historia de la vida pública del Libertador. Caracas, La Opinión Nacional, 1877. Edición facsimilar. Presidencia de la República de Venezuela, 1979, t. 12, doc. 3670, p. 411-13.

73
REPRESENTACION DE GUAYAQUIL AL LIBERTADOR

   Excelentísimo señor Libertador presidente.

   Señor:

   Los ciudadanos que suscriben, al presentaros el homenaje de su gratitud y respeto, buscan un asilo en las entrañas paternales de vuestra excelencia.

      Colombia quiso ser una nación; pidió para sus hijos la declaratoria de los derechos del hombre, y llamado vuestra excelencia para tan ardua empresa, nos ha dado una patria con todos los beneficios de la naturaleza, legando a la posteridad los ejemplos del civismo y del honor.

      Dieciocho años de ensayo sobre un régimen que apenas ha podido sobreponerse al ignominioso en que nacimos, han sido suficientes para darnos una idea más elevada de nuestra especie; y, despertándose las nobles aspiraciones del corazón, se ha sentido un grito de reformas en toda la República. En tal estado parece que debe seguirse un nuevo orden de cosas, regenerándose nuestra política; y como por un efecto de la ilustración han sido diferentes las combinaciones de algunas provincias, se han dejado sentir en el sacudimiento general, opiniones, a nuestro modo de ver, poco favorables al orden de la civilización moderna, y, lo más triste de todo, que las pasiones han ocupado el puesto de la razón.

      Un cuadro tan aflictivo pudo aconsejar a muchos esclarecidos ciudadanos a abandonar esta patria de los Cursin, si vuestra excelencia, siguiendo a Escipión, hubiese cedido a las calumnias; pero ya que la fraternidad se dispone a circular en todos los departamentos, y que vuestra excelencia recibe de todas partes gajes de amistad, y protestas de obediencia, todos los partidos se fundirán en la unión que hará nuestra fuerza, y sobre esta base reposarán la paz y prosperidad del Estado, y todos seremos animados de un espíritu... ¡la defensa de las leyes! ¡y la obediencia a un supremo magistrado aclamado tan nacionalmente como vuestra excelencia!

      Entregada vuestra meditación, señor, al alivio del pueblo, habéis gemido los males que le ha prodigado la depravación. Desplegado vuestro patriotismo contra tantos abusos, dais indicios de salvamos' de una eterna ruina... ¡Que el cielo continúe dirigiendo vuestros pasos! ¡que la constancia y la justicia formen vuestro cortejo!, para que Colombia os deba la gloria de una organización proporcionada, así como os debe la de su libertad.

      Recordad, señor, que cuando os pusisteis al frente de la revolución nos reunisteis en nombre de la independencia, para gozar de un gobierno que, colocándose al alcance de todas las necesidades, favoreciese el comercio, protegiese las artes y alentase la industria. Pero cuando, en lugar de estos bienes positivos, sólo recibimos un fárrago de ideas calculadas más bien para ciudadanos del cielo, que para hombres, habéis olvidado ciertamente ese solemne juramento. Nosotros os pedimos su cumplimiento, obligados del terror que inspiran las presentes calamidades.

      Algunos escritores, como fieles intérpretes de la opinión pública, han presentado con toda la fuerza del convencimiento los vicios del decreto reglamentario para la convención. Porque, ¿de dónde pudo ocurrir a una sana razón, exigir la promesa de conservar ciertos principios accidentales, al tiempo de hacerse reformas radicales? ¡Se quiso perpetuar el germen de los males! Como si las nuevas virtudes pudiesen acomodarse con las antiguas para reformar una masa indigesta de derechos y deberes, que comprometiéndonos con la misma libertad, mantuviese un choque continuado entre el individuo y la sociedad; más claro, entre la constante inclinación del hombre a elevarse y la constitución que le deprime.

      Señor: hoy tiene Colombia la actitud de un pueblo que conoce su dignidad: este mismo pueblo os pide paz; más estabilidad, vigor y respeto en el interior; una administración más adaptable a sus necesidades y determinada por una órbita mayor para las funciones gubernativas; una pronta y eficaz administración de justicia sin los inconvenientes de esos remotos recursos que sólo favorecen al malvado y al poderoso ... Sí, señor: de vuestra excelencia lo esperamos, y no de esa convención malhadada donde tratan de triunfar las venganzas, y de cuyo seno se despide a los más virtuosos e ilustres ciudadanos; o aquellos que harían frente a las teorías inaplicables, a las pretensiones del provincialismo y de la confusión, a aquellos más sumisos a la ley, y que no conocen otro sentimiento que el del amor al orden y a la unión.

      Dad principio, señor. La nación os ha confiado sus destinos; estáis ligado a ellos con lazos indisolubles, y nosotros inflamados por ella, sometidos a vuestras disposiciones, penetrados de fidelidad y respeto, interponemos vuestra gloria en bien de esta patria, formada en vuestras manos, defendida por vuestra espada, y que existe por vos. Guayaquil, 2 de mayo de 1828 18°.

   Excelentísimo señor

      Pedro Santander; José A. Roca; José Villamil; Ignacio Coello; Francisco Xavier Pérez; Martín Plaza; Eduardo Arossemena; Esteban José Amador; Cristóbal de Armero; José Julián del Campo; Joaquín de Pebres Cordero; Antonio Boloña; Gerónimo Zerda; Vicente Ramón Roca; Bernardo Roca y Garzón; Francisco Bernal; José Leocadio Llana; José Pimentel; Francisco Marcos; Manuel de Icaza; Francisco de Icaza; Martín de Icaza; doctor Francisco Xavier de Garaicoa; Francisco Gamba; Juan Rodríguez y Coello, doctor Ignacio de Olazo y Maruri; Pedro Marías; Fernando Pareja; José Letamendi; Antonio Vitores; Esteban Luque; Ramón de Vera; Policarpo Lazo; José Garaicoa; Mariano Sáenz de Viteri; Mariano Pérez; Manuel Ibáñez; Manuel María Momblanc; Francisco Balverde; José Hilario Indaburo; Juan Francisco de Icaza; Francisco Xavier de Aguirre, etc.

FUENTE EDITORIAL: .
Blanco, José Félix y Azpurúa, Ramón. Documentos para la historia de la vida pública del Libertador. Caracas, La Opinión Nacional, 1877. Edición facsimilar. Presidencia de la República de Venezuela, 1979. t. 12, doc. 3672, p. 414-415.
OTRAS EDICIONES:
Gaceta de Colombia. W 353, Bogotá. 1828 (22/6). p. 4.

74
REGLAMENTO PARA LA GRAN CONVENCION NACIONAL

TITULO PRIMERO

Del presidente y de los secretarios

   Artículo 1°. El presidente será elegido por escrutinio a pluralidad absoluta de votos.

   Artículo 2°. Si en la primera votación ninguno obtuviere la indicada pluralidad, se repetirá el escrutinio contraído a los dos que en el precedente hayan reunido mayor número de votos.

   Artículo 3°. En todos los casos de igualdad se ocurrirá a la suerte.

   Artículo 4°. El vicepresidente será elegido acto continno, y en la misma forma que el presidente.

   Artículo 5°. La duración del presidente y vicepresidente será de quince días, pero uno y otro podrán ser reelegidos.

   Artículo 6°. Cuando faltaren de la sala el presidente o vicepresidente, ocupará la silla presidencial el diputado presente que en la última elección de presidente haya obtenido el mayor número de votos.

   Artículo 7°. Son deberes del presidente dirigir las operaciones de la convención, indicar las sesiones extraordinarias, hacer ejecutar estrictamente las disposiciones de este reglamento.

   Artículo 8°. El presidente abrirá la sesión luego que haya el número competente de diputados, haciendo leer el acta de la sesión precedente para que se corrijan los errores que puedan haberse cometido en ella.

      Artículo 9°. En seguida prevendrá a los secretarios que den cuenta de las comunicaciones y representaciones que se hayan recibido, y si su contenido no diese lugar a ninguna proposición, las mandará dejar sobre la mesa o pasar a las respectivas comisiones. Luego hará leer la lista de los negocios que estén al orden del día.

      Artículo 10°. Cuando el presidente quiera tomar la palabra, no como tal presidente, sino en calidad de diputado para entrar en la discusión o presentar proposiciones, deberá dejar la silla presidencial, que será ocupada por el vicepresidente o el diputado que deba reemplazarle conforme al artículo 6°.

   Artículo 11. El presidente será el último que dará su voto expresándolo por la afirmativa o la negativa.

      Artículo 12. Los secretarios extenderán con la mayor precisión y claridad las actas de la convención que deberán concluirse de una sesión a otra. En estas actas se comenzará expresando que se abrió la sesión con el número correspondiente de diputados, y que se leyó y fue aprobada el acta del día anterior, y se enumerarán los negocios de que se diere cuenta, y se incluirán las mociones y modificaciones apoyadas, su resultado y el número de los votantes de una y otra parte cuando se hayan contado, y cualesquiera otros incidentes que merezcan ser mencionados.

   Artículo 13. Llevarán un registro en que se inscriban las materias según el orden en que deban ser discutidas, y otro en que se asienten las modificaciones y submodificaciones apoyadas que presenten los miembros de la convención.

   Artículo 14. El presidente abrirá los pliegos que se le dirijan y que vengan rotulados a toda la asamblea y los pasará al primer secretario. Este abrirá los que sean dirigidos a la secretaría, para darles el curso correspondiente.

   Artículo 15. Las actas de las sesiones y los decretos o resoluciones de la convención, serán firmados por el presidente o el que haga sus veces y refrendadas por dos secretarios a lo menos.

TITULO SEGUNDO

Del modo de proponer y deliberar

      Artículo 16. Todos los asuntos sometidos a las deliberaciones de la convención, deben examinarse según el orden del tiempo en que han sido presentados: pero este orden puede invertirse y ser introducidas nuevas materias por resolución de la asamblea, a propuesta de cualquiera de sus miembros, apoyada por otro.

   Artículo 17. Ninguna moción podrá discutirse sin que haya sido presentada por escrito por un diputado y apoyada por otro.

   Artículo 18. Una vez admitida una moción, no podrá hacerse otra sobre la misma materia, mientras no se haya dispuesto de la primera, excepto en los casos siguientes:

   . Para presentar una modificación.

   . Para proponer una suspensión.

   . Para reclamar una ley de orden en el instante de su infracción.

      Artículo 19. El primero que pida la palabra será oído de preferencia; si a la vez la pidieren dos o más, la obtendrá el que se haya levantado primero: En caso de duda designará el presidente por su nombre al que ha de hablar, prefiriendo siempre al que no lo haya hecho todavía sobre el asunto en cuestión.

   Artículo 20. Ningún diputado tiene derecho de hablar más de dos veces en cada debate sobre el punto sometido a la discusión.

      Artículo 21. La regla del artículo en cuestión no quita a ningún diputado el derecho de tomar la palabra, ya sobre las modificaciones, ya para instruir de un hecho a la convención, o ya para dar una explicación si alguno ha equivocado el sentido de sus palabras.

   Artículo 22. En ningún caso se dirigirá la palabra a otro que al presidente.

      Artículo 23. El que habla evitará en su discurso toda personalidad. Cuando impugne proposiciones de otro; o responda a sus argumentos, nunca lo designará por su nombre. Y guardará siempre la moderación, decencia y compostura que corresponden a la dignidad del cuerpo.

   Artículo 24. La imputación de mala intención que haga un diputado a otro u otros, será reputada como una violación del orden.

      Artículo 25. No se permitirá la lectura de discursos escritos, a excepción de los informes o exposiciones con que las comisiones o los diputados presenten las mociones o proyectos que quieran someter a la deliberación de la asamblea. Esta regla no excluye las notas o apuntes tomados para auxiliar la memoria.

   Artículo 26. Cada diputado para hablar se pondrá de pie, a excepción del presidente cuando tome la palabra en calidad de tal para dirigir las operaciones del cuerpo.

      Artículo 27. Cuando el que habla haya terminado su discurso, que siempre será con las palabras he dicho, se sentará inmediatamente, y mientras se mantenga de pie sólo podrá ser interrumpido en caso de que falte al orden o que pierda de vista la cuestión que se examina, en cuyo caso el presidente le advertirá su deber.

   Artículo 28. Los que oyen no leerán, ni conversarán con los miembros inmediatos, ni harán demostración de hallarse disgustados o que no quieran oírlo, ni pasarán entre el que habla y el presidente.

   Artículo 29. Cualquier diputado que crea que se falte al orden, puede pedir al presidente que se guarde, exponiendo sus razones.

   Artículo 30. Cuando se reclame el orden contra mi diputado que esté hablando, éste deberá sentarse inmediatamente, hasta que el presidente declare si está o no en el orden.

      Artículo 31. Tanto el reclamante como aquel contra quien se ha redamado, pueden apelar de la declaración del presidente a la asamblea, y ésta decidirá definitivamente, después de una breve discusión en que ningún miembro podrá tomar la palabra más de una vez.

   Artículo 32. El autor de un proyecto puede responder al fin de un debate a los argumentos que se le han opuesto.

   Artículo 33. El autor de un proyecto podrá retirarlo con permiso de la convención en cualquier estado del debate, a menos que haya recibido modificaciones.

   Artículo 34. Toda moción o proyecto será leído y discutido en tres sesiones distintas, a no ser que a propuesta de mi diputado apoyado por otro, decida la asamblea que no es necesario este requisito.

   Artículo 35. La moción debe estar sobre la mesa para que los diputados puedan examinarla durante el debate.

   Artículo 36. El primer debate no tendrá lugar el mismo día de la presentación del proyecto.

   Artículo 37. El primer debate versará sobre la conveniencia o no conveniencia del proyecto en general. Se terminará por la cuestión: ¿La convención quiere que el proyecto pase a segundo debate?

   Artículo 38. Si resultase por la negativa, el proyecto se entenderá rechazado.

   Artículo 39. Si llegare oportunamente la imprenta, todo proyecto será impreso y repartido a los diputados antes del segundo debate.

      Artículo 40. El objeto del segundo debate es el examen del proyecto, artículo por artículo, y la discusión de las modificaciones que se propongan. El debate terminará por esta cuestión: ¿La convención declara concluido el segundo debate?

      Artículo 41. Si en el segundo debate se hubiesen propuesto modificaciones al proyecto, pasará antes del tercero a una comisión para que lo presente redactado con vista de las modificaciones que hayan sido admitidas en este segundo debate.

   Parágrafo único. Antes que la comisión presente su trabajo, puede someter a la convención las dudas o dificultades que le ocurran, y las demás adiciones y modificaciones que en su concepto deban introducirse.

      Artículo 42. Para el tercer debate deberá presentarse el proyecto redactado, en limpio. En ésta se abrirá la discusión sobre cada artículo y sobre cada modificación admitida en el segundo debate o propuesta por la comisión a la convención, conforme al artículo anterior; y se votará cada artículo y cada modificación.

   Artículo 43. Si durante este tercer debate se propusiere alguna nueva modificación sustancial, que fuere apoyada y admitida conforme a las reglas ya establecidas, no podrá votarse sino en otro debate distinto.

   Artículo 44. El proyecto puede ser rechazado en su totalidad en cualquier estado del segundo y del tercer debate.

   Artículo 45. Entre debate y debate debe mediar por lo menos un día.

TITULO III

De las modificaciones

   Artículo 46. Toda modificación será redactada por escrito y deberá ser apoyada para que pueda discutirse.

   Artículo 47. No se admitirá como modificación ninguna moción ajena de la cuestión, o que reemplace la proposición principal.

   Artículo 48. Una modificación podrá retirarse en los mismos términos que una moción.

   Artículo 49. Las submodificaciones se votarán antes que las modificaciones y éstas antes que la proposición primitiva, por el orden inverso de tiempo en que hayan sido presentadas.

   Artículo 50. Cuando hubiere duda sobre la prioridad en que deben votarse las modificaciones, decidirá el presidente, salvo el recurso a la convención.

TITULO IV

De las mociones de suspensión

   Artículo 51. Cada miembro podrá en el curso del debate proponer una moción de suspensión, con tal que no interrumpa ningún discurso, y siendo apoyada se discutirá y resolverá previamente.

   Artículo 52. La suspensión podrá ser indefinida, o para un plazo determinado; esta última tendrá la prioridad en la votación.

   Artículo 53. La moción de que el asunto quede sobre la mesa, o de que se proceda al orden del día, se tendrá como equivalentes a la de suspensión indefinida.

   Artículo 54. En todo caso la moción de que pasa a una comisión, si está apoyada, tendrá la prioridad entre las que se dirijan a proponer una suspensión.

TITULO V

De las votaciones

   Artículo 55. Cuando nadie se ponga de pie a tomar la palabra, anunciará el presidente que va a cerrarse la discusión; y si nadie reclama declarará terminado el debate, y acto continuo se procederá a votar.

   Artículo 56. Al efecto mandará el presidente que se lea por los secretarios la proposición sobre que ha de recaer la votación y seguidamente prevendrá que los que estén por la afirmativa se pongan de pie.

   Artículo 57. Si hubiese duda sobre el resultado de la votación, todo miembro podrá pedir que se cuenten los votos y se especifique el número de los afirmativos y de los negativos.

   Artículo 58. Si un proyecto se compone de muchos artículos, ellos se someterán separadamente a la votación.

   Artículo 59. Todo miembro tiene derecho para pedir que una proposición se vote por partes cuando su sentido permita la división.

   Artículo 60. La votación será nominal, siempre que así lo pida a lo menos la quinta parte de los miembros presentes.

      Artículo 61. Cuando la votación sea nominal se verificará primeramente por el signo ostensible de ponerse de pie los que estuvieren por la afirmativa y sentados los negativos. Verificado esto, los diputados expresarán sus votos por sí. o por no. sin usar ninguna otra palabra; y los nombres de los que han estado por la afirmativa y por la negativa se asentarán en el acta del día.

   Artículo 62. Cuando la votación no sea nominal, cualquier miembro tiene derecho para pedir que conste en el acta su voto afirmativo o negativo.

   Artículo 63. Ningún diputado podrá retirarse de la sala cuando se procede a una votación, ni entrar en ella cuando está comenzada.

   Artículo 64. Ningún miembro que se halla dentro de la sala en el acto de votar, podrá excusarse de hacerlo, a menos que la convención lo exima expresamente a su propia solicitud.

   Artículo 65. No es permitido a ningún diputado que tenga interés personal directo en la cuestión que va a resolverse, hallarse presente en la votación. Esto no excluye la audiencia que de antemano debe conceder.

   Artículo 66. En las votaciones no podrán dar su voto los que no hayan asistido a ninguna de las discusiones.

   Artículo 67. Los casos de igualdad en las votaciones que no sean de elecciones, indicarán que debe continuarse la discusión.

   Artículo 68. Ninguna decisión de la convención podrá revocarse en todo o parte por un acto subsecuente, sin el consentimiento de las dos terceras partes de individuos presentes.

TITULO VI

De las comisiones

   Artículo 69. Todo asunto de que haya de ocuparse la convención podrá remitirse a una comisión para su examen y preparación.

      Artículo 70. Las comisiones se nombrarán, en adelante, por el presidente, vicepresidente y tres diputados más, que escogerá la convención por escrutinio y a pluralidad relativa de votos, escribiendo cada miembro a la vez y en una sola papeleta los nombres de tres diputados.

   Artículo 71. Toda comisión nombrará un presidente que será al mismo tiempo el relator de ella.

   Artículo 72. El autor de un proyecto es miembro de la comisión que se nombre para su examen.

   Artículo 73. El presidente de una comisión tendrá el derecho de contestar al fin del debate a las razones con que hayan sido impugnadas las proposiciones que la misma comisión haya presentado.

   Artículo 74. Si un miembro de la comisión pide la palabra, la obtendrá con preferencia.

      Artículo 75. Cuando una comisión nombre alguno o algunos de sus miembros para que redacte un proyecto o informe, es obligación de todos los que la componen examinar y discutir el proyecto o informe para su previa aprobación por la mayoría, antes de presentarlo a la convención.

   Artículo 76. Todos los informes y proyectos de las comisiones deben ser firmados por sus miembros; y cuando alguno fuere de opinión contraria, podrá presentar su informe por separado.

   Artículo 77. Todos los diputados podrán asistir a las comisiones de que no sean miembros; pero sin voto, y tomarán asiento después de los que la componen.

TITULO VII

De la policía

      Artículo 78. Todas las sesiones serán siempre públicas; pero el presidente podrá hacer que se trate en secreto el negocio que crea digno de reserva. En este caso se mandará que se despeje la sala de toda persona extraña, lo que también ordenará cuando para el mismo efecto lo pida algún diputado; pero si despejada la sala y anunciado el asunto se pusiere en duda la necesidad de la reserva, esta se decidirá por la pluralidad.

   Artículo 79. Habrá sesión todos los días, excepto los domingos. Durará desde las diez de la mañana hasta las tres de la tarde.

   Artículo 80. Los lunes, miércoles y viernes habrá sesión por la noche y será desde las siete hasta las nueve.

   Artículo 81. En los casos urgentes el presidente podrá indicar sesión extraordinaria y hacer que sean citados a ella todos los miembros de la convención.

   Artículo 82. Tendrán lugar las sesiones permanentes todas las veces que a propuesta de alguno de los diputados, apoyada por otro, se decida así por la pluralidad; y la resolución de esta proposición es previa a cualquiera otra.

   Artículo 83. Todo diputado podrá reclamar una convocación general de todos los miembros de la convención para la discusión de algún asunto que esté en el orden del día; y si esta solicitud fuera apoyada, se pondrá a votación.

   Artículo 84. No podrá la convención tener sesiones si no hay existentes en Ocaña 55 miembros que son la pluralidad absoluta de diputados.

   Artículo 85. No podrá abrirse ni continuarse la sesión mientras no se hallen presentes en la sala las dos terceras partes de los diputados residentes en Ocaña.

      Artículo 86. El diputado que durante la sesión infringiere gravemente el orden prescrito por este reglamento, podrá ser corregido con una reprensión proporcionada a la falta. Esta pena se impondrá por la convención a propuesta del presidente.

      Artículo 87. El diputado que incurriere en delito que merezca castigarse con pena capital o aflictiva, será suspendido de sus funciones y entregado a disposición del juez que corresponda según las leyes, siempre que así se decida por las dos terceras partes de los miembros presentes.

   Artículo 88. Ninguna persona, sea o no diputado, puede entrar a la casa de las sesiones de la convención con palo, estoque, ni ninguna especie de armas.

      Artículo 89. Ningún diputado podrá ausentarse a distancia de más de tres leguas de la ciudad de Ocaña sin expresa licencia de la convención, y ninguno dejará de asistir a las sesiones sin un impedimento físico u otra causa grave que pondrá en noticia del presidente.

   Artículo 90. Todos los días, antes de aprobarse el acta, se leerá la lista de los diputados.

   Artículo 91. El orden del día se inscribirá en una tabla que estará a la vista de todos en la sala de sesiones.

   Artículo 92. Si hubiere desorden o ruido fuera de las barras, el presidente dará las disposiciones convenientes para que cese; y si no bastaren, mandará despejar las galerías.

   Artículo 93. Los diputados serán llamados al sonido de la campana. La primera señal se dará una hora antes, la segunda media hora antes, y la tercera a la misma hora en que deba abrirse la sesión.

   Artículo 94. Cuando falte el número de miembros necesario, deberá el presidente o el que haga sus veces ordenar al celador y a los alguaciles que llamen a los diputados ausentes, o a alguno en particular.

   Artículo 95. La policía de la convención estará a cargo del presidente y secretarios, a cuyas órdenes se hallarán el celador y los porteros alguaciles.

Dado en Ocaña, a 3 de mayo de 1828 18°.

El presidente de la gran convención,

José Ignacio de Márquez.

El diputado secretario,

Juan de Dios Aranzazu.

El diputado secretario,

Luis Vargas Tejada.

El secretario,

Rafael Domínguez.

Es copia fiel.

El diputado,

F. P. S.

FUENTE EDITORIAL:
Archivo Santander. Bogotá. AguiJa Negra. 1920. t. 17. p. 321-331.

75
REELECCION DE JOSE IGNACIO MARQUEZ A LA PRESIDENCIA DE LA CONVENCION

   República de Colombia.

   Secretaría de la gran convención.

   Ocaña, 7 de mayo de 1828 18°.

      Al señor secretario general de su excelencia el Libertador presidente. La gran convención ha procedido en la sesión de hoy al nombramiento de su presidente y vicepresidente, y habiendo sido reelegido para el primer destino el señor doctor José Ignacio Márquez y nombrado para el segundo el señor doctor Juan Fernández de Sotomayor.

   Tengo el honor de comunicarlo a usía para que lo ponga en conocimiento de su excelencia el Libertador presidente de la República.

   Dios guarde a usía.

Juan de Dios Aranzazu.

FUENTE EDITORIAL: .
Blanco, José Félix y Azpurúa, Ramón. Documentos para la historia de la vida pública del Libertador. Caracas. La Opinión Nacional. 1877. Edición facsimilar. Presidenciade laRepúblicade Venezuela. 1979. t. 12. doc. 3680. p. 421-422.

76
OFICIO DEL PRESIDENTE DE LA CONVENCION AL LIBERTADOR PRESIDENTE

   República de Colombia.

   Gran convención. Ocaña, a 7 de mayo de 1828 18°.

   A su excelencia el Libertador presidente de la República.

      Luego que recibí la comunicación de vuestra excelencia, fecha 10 de abril último, sobre la no admisión del doctor Miguel Peña en la gran convención, como diputado por la provincia de Carabobo, la puse en conocimiento de la misma convención; la que habiendo discutido detenidamente el asunto, resolvió: que siendo este un verdadero juicio, que no tiene dos instancias, no puede ya volverse a abrir; y que, por lo tanto, se estuviese a lo decretado definitivamente por la junta calificadora, contestándose así a vuestra excelencia; y manifestándosele igualmente que la junta calificadora no ha desatendido su resolución, ni intentado juzgar su conducta; que tampoco ha resuelto cosa alguna que pueda alarmar a los que hayan tomado parte en las reformas; ni menos que el senado debe continuar las causas comenzadas contra el general Páez y doctor Peña, pues la junta no ha desconocido que nada de esto está en sus facultades, las cuales se limitan únicamente a juzgar de la legalidad de las acciones y cualidades de los diputados electos.

   Lo que tengo el honor de poner en conocimiento de vuestra excelencia a nombre y por disposición de la gran convención, con los sentimientos de mi más alto aprecio y consideración.

   Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.

El presidente de la gran convención,

José Ignacio Márquez.

FUENTE EDITORIAL: .
Blanco, José Félix y Azpurúa, Ramón. Docl/I/1el/fOslwf{/ la historia de la l'ida púhlica del Lihertedor.. Caracas. La Opinión Nacional. 1X77. Edición facsimilar. Presidencia de la República de Venezuela. 1979. 1. 12. doc. 36X1. p. 422.
OTRAS EDICIONES
Gaceta de Colombia, W 351. Bogotá. JX2X(15/6). p. J

77
OPINION DE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SOBRE LA INVITACION AL LIBERTADOR PARA QUE VIAJE A OCAÑA

   Señor presidente:

      He estado dudando si hablaría o no en la cuestión que nos ocupa, y al fin me he decidido a manifestar mi opinión sacrificando a mi deber cualquiera consideración. Los términos en que está concebida la proposición no me acomodan, porque no se expresa en ella la única y verdadera razón que debe obligarnos a no tomar en consideración la otra cuestión, y que no es otra, como ya se ha probado suficientemente, sino la de que existe una prohibición legal que no es lícito a la convención abrogar. Los señores diputados que me han precedido, me parece que han demostrado, de una manera clara y evidente, que la convención no puede alterar la disposición que prohíbe al que ejerce el poder ejecutivo, estar en Ocaña durante las sesiones de esta augusta asamblea, por lo cual me abstengo de recalcar más en la materia, y me limito sólo a responder algunos argumentos contrarios que he alcanzado a comprender.

      El señor diputado que sostiene que la ley no hace una prohibición que la convención no puede interpretar, debe recordar que las leyes se diferencian por la manera con que dictan reglas a nuestras acciones. Unas son imperativas que absolutamente disponen tales o cuales actos; por ejemplo, que se paguen ciertas contribuciones; otras son prohibitivas que disponen no ejecutar tal cosa en cuales casos, como las que prohiben allanar la casa de un colombiano, y otras son facultativas, que son las que determinan ciertos actos que pueden o no ejecutarse sin riesgo de infringirlas. La ley que impide al poder ejecutivo estar en Ocaña es de la clase de las prohibitivas que en todo caso y en cualquier circunstancia obliga, no sólo al poder ejecutivo, sino a la misma convención. Un hecho en contrario sería ilícito y nulo, y la abrogación de la ley no corresponde a un cuerpo reformador a quien tantas veces se le ha negado aquí la facultad de mezclarse en funciones que no sean las de reformar la constitución.

      Lo que la ley prohíbe es que esté en Ocaña el que ejerza el poder ejecutivo. Si él, por su voluntad propia, viene aquí, y está en la ciudad, se quebranta la ley; si viene porque lo excite la convención, también estará en Ocaña, y también se quebrantará la ley, porque de un modo u otro se logra estar en Ocaña, que es cabalmente lo que la ley prohibitiva no ha querido. De aquí resulta que siendo el efecto el mismo, bien venga el encargado del poder ejecutivo sin ser excitado a ello, o bien mediante una excitación, no puede la convención proceder contra el tenor de la mencionada ley.

      Convengo en que la prohibición no es al Libertador sino al que ejerza el poder ejecutivo, según ha dicho un diputado; pero aquí no se trata sino del Libertador presidente en ejercicio del gobierno. Si él no lo ejerce, cesa el motivo de la prohibición y puede venir a estar en Ocaña cuando mejor le parezca.

      Se ha dicho también que dándose poder para hacer alguna cosa se entienden concedidos los medios de verificarlo, y que teniendo la convención el poder de reformar la constitución, tiene a disposición los medios de verificarlo y que es uno de ellos proceder en el caso contra lo que la ley determina. El principio es cierto, pero un diputado ha respondido muy bien, diciendo que los medios de que se debe usar no son de ninguna manera aquellos que puedan estar prohibidos por la ley. Yo añado que esto me parece tan claro, que de otro modo podía la convención decretar que todo el ejército estuviera a sus órdenes como una cosa necesaria para poder proceder a las reformas constitucionales, ya este tenor otras medidas. Y pregunto: ¿esto sería legal?, ¿sería conveniente? Seguramente que cada uno de los diputados me ha respondido en su interior de un modo negativo.

      La prohibición de la leyes una garantía de más en favor de la libertad de las deliberaciones. A esas garantías individuales que tenemos, porque jamás podemos ser reconvenidos ni en juicio, ni de otro modo por nuestras opiniones como diputados, el congreso quiso añadir la de que el poder ejecutivo no estuviese en el lugar de las sesiones de la convención. Fuese que los acontecimientos dictasen semejante medida, o fuese que ella estuviese en armonía con los principios políticos, la verdad es que existe en la ley, y que el pueblo de Colombia la ha mirado como una verdadera garantía, de la cual no podemos privarnos sin injusticia. La influencia del Libertador presidente es innegable; la tiene como jefe del gobierno, como general, como hombre de luces y de experiencia, y bajo cualquier aspecto que quiera mirársele. Yo la he experimentado en los mismos días aciagos de nuestra patria, porque muchas veces en que mi corazón estaba despedazado a ultrajes, y mi ánimo fuertemente irritado, apenas he visto al general Bolívar, que su presencia me recordaba el hombre ilustre que por 14 años había dirigido los destinos de la República, el que nos había dado tantas pruebas de amor a la libertad, el que nos había enseñado a amarla y a tener la más celosa desconfianza de toda autoridad y de él mismo, y estos recuerdos calmaban mi espíritu y suavizaban las heridas de mi corazón. Y si a mí me sucedía esto ¿qué no puede sucederle a otros?

      Ultimamente, señor, se ha dicho que el congreso no ha podido imponer la prohibición de que se trata, porque las leyes deben ser hechas para el común de los ciudadanos, y no para el poder ejecutivo, para quien sólo debe dar reglas la constitución. Es preciso desenvolver la naturaleza del argumento para conocer su poca fuerza. La ley propiamente dicha, siendo la regla de las acciones debe prescribir preceptos para la generalidad de los miembros de la sociedad; es cierto, pero esto no impide que el poder legislativo pueda imponer preceptos a determinado número de ciudadanos, a ciertas corporaciones, a señaladas personas. Me acuerdo ahora de una república bien famosa en la historia cuyos actos legislativos tenían las diferencias que dejo indicadas; los comicios de Roma, que eran las asambleas del pueblo, si se reunían por centurias hacían leyes para la generalidad de los ciudadanos, si por tribus sus plebiscitos obligaban a menor número de ellos, y si por curias su autoridad legislativa comprendía un número mucho menor. En nuestra misma legislación hay una ley que prohíbe al presidente y vicepresidente de la República, contraer matrimonio con extranjera sin permiso del congreso; ¿y se negará al poder legislativo la facultad de haber impuesto semejante prohibición en calidad de garantía para el bien de la República? Otra ley impone al poder ejecutivo la obligación de dirigir todas sus órdenes a los intendentes de los departamentos, dejando de entenderse directamente con los comandantes generales, ¿y se negará al congreso el poder legítimo de prefijar deberes al ejecutivo por leyes orgánicas o secundarias? Pues en el primero ni en el segundo caso cabe duda de la justicia de la prohibición o mandamiento; es evidente que en el reglamento de elecciones para la convención, ha podido el congreso prohibir al que ejerce el poder ejecutivo estar en Ocaña durante las sesiones de esta asamblea.

      Me reservo proponer alguna otra medida conciliadora después que se disponga de la proposición que está pendiente: deseo, señor, la paz y el reposo del pueblo bajo las garantías de la libertad, deseo ver reconciliados los ánimos y fundidos los partidos que nos devoran, y no dejaré de contribuir por los medios legales y decorosos a la gran convención, a tan laudable fin. Las diferencias y partidos no son de personalidades, sino de opiniones en el orden político y es menester que la actual penosísima situación de la República tenga ya un término.

   He dicho.

   Los infrascritos, diputados secretarios de la gran convención, certificamos que el precedente discurso es conforme con el que pronunció el honorable señor diputado Santander en la sesión de hoy de mayo de 1828.

Luis Vargas Tejada,

Aranzazu.

FUENTE EDITORIAL: .
Archivo Santander. Bogotá. Aguila Negra. 1920. t. 17. p. 335-339.
NOTA:
Habiendo resuelto la gran convención por 40 votos contra 28, que no se debía tomar en consideración la moción del señor Castillo, por ser contraria a la ley. el diputado señor Santander indicó, sin fijar proposición ninguna, que se nombrase una comisión especial compuesta de los diputados de las diferentes opiniones que se habían emitido para que amigablemente conferenciasen sobre la situación peculiar de la República. y buscasen los medios más legítimos y conducentes para verificar la reconciliación general del Estado, y que fuesen recibidos con aprecio los trabajos de la convención. No se tomó en consideración.

Vergara Tejada [sic]

Aranzazu.

78
REPRESENT ACION DE OTABALO A LA GRAN CONVENCION

10 de mayo de 1828.

   Honorables miembros de la convención nacional.

   Señores:

      Como de vuestras deliberaciones debe seguirse la felicidad o desgracia de los ciudadanos, los que suscribimos esta sincera y respetuosa petición nos creemos suficientemente autorizados para dirigiros la palabra y expresaros los sentimientos más íntimos de nuestros corazones: el bien de la patria.

      No nos detendremos en el menudo examen de los desgraciados pueblos del antiguo y del nuevo continente, que adoptaron el sistema federal por base de sus instituciones sociales. Los acontecimientos lamentables de nuestra historia en Venezuela y en la Nueva Granada, nos hablan al corazón. Seis años de desgracias tan positivas y tan recientes no nos permiten buscar en los anales de otros pueblos los funestos resultados de que este sistema nos ha dejado una experiencia tan dolorosa. Por otra parte, plumas ilustradas y eruditas han tratado esta materia, y han probado de mil modos que nada sería más perjudicial a la República que la adopción del sistema federal. De aquí es, señores, que no hemos podido oír, sin escándalo, que después de tantos sacrificios, de tanta sangre y de tantos años de gloriosas batallas, se intente restablecerlo en la tierra inmortalizada por Bolívar, en la patria de los héroes. Permitidnos, honorables diputados, que sin pasar delante os pidamos, por la salud de esta misma patria, que cerréis los oídos a los argumentos sofísticos con que el interés enmascarado quiere sepultarla en la oscura noche de los tiempos; que atendáis exclusivamente al estado actual de la República que ya se siente contagiada de la fiebre revolucionaria; que consideréis tanto las masas como los individuos, esto es, a los colombianos y a sus necesidades. Estos son los únicos objetos a que podéis aplicar vuestras investigaciones, después de someterlas al crisol de la experiencia. Más allá sólo hay tinieblas y conjeturas que se pierden en el mundo de las quimeras. Ligad, señores, por último, vuestras luces a la práctica, y dad a Colombia un gobierno unitivo y enérgico, que tenga la fuerza necesaria para remediar los males que la afligen; un gobierno, en fin, en que se dejen ver reunidas la perfección intelectual y la preponderancia política. El genio superior que preside a su siglo; el hombre portentoso en quien se fijan la atención de los que piensan, y el interés de los hombres de bien; el fundador de Colombia y promotor tan ilustrado como infatigable de la prosperidad de su patria, ¿no es el llamado únicamente a desempeñar tan alto ministerio? Bolívar, para quien se han abierto las puertas de la inmortalidad, y cuyas virtudes enérgicas, tiene por primer resorte un espíritu público, reúne en sí el amor y la ilimitada confianza de los pueblos. Sólo a un brazo tan poderoso y tan diestro como el suyo puede confiarse el timón de nuestra nave, expuesta a naufragar en el tempestuoso océano de la anarquía.

   Estos son nuestros deseos, honorables representantes, y estos los sentimientos que animan al cantón de Otabalo, cuyos habitantes ansian por la tranquilidad, por la paz y por el bienestar.

      El juez político, José Castro; licenciado José María Jara; licenciado Nicolás Rivadeneira; Francisco de la Cava y Cárdenas; escribano de los del número y público, Juan Atiencia; escribano público y de hacienda, doctor Manuel de Alomia; el capitán de milicias, Antonio Albuja; José Miguel González; fray Antonio Jaramillo; fray Isidro Masilla, guardián; fray José María López; fray Juan Rivadeneira; fray Francisco Jaramillo; Pedro de Valverde, cura de la parroquia de Otabalo; Miguel de Narváez y Guerrero; José María Ante; Manuel Egas; fray Ramón Jaramilio, José Rivera, cura del Jordán; Manuel Jaramillo; José de Torres; Juan Donoso; Manuel Estévez Mora; Mariano Paredes y Palacios; fray José Jaramillo; José Sánchez Rendón, protector de indígenas; Joaquín Rivadeneira Fajardo; Antonio Pérez de la Cruz, secretario municipal; José de acampo, defensor de indígenas; Manuel Valladares, oficial mayor de la escribanía de hacienda; Santiago Acevedo; Toribio de Ortega; Antonio Monje, administrador de rentas; José Dávila Veintemilla, contador interventor de alcabalas; Justo Benalcasar, preceptor de la escuela normal; Mariano Alarcón, administrador de correos; Juan Bautista Argoti, vicario del cantón; Joaquín María Bravo; Alejo Andrade, alcalde 1°; fray Nicolás de Almeida; Martín Rueda, alcalde 2°; José María Albuja; Agustín de Andrade; fray Cario Maldonado; Rafael Maya, cura de Atontaqui; Juan Jara; fray José de Andrade; capitán del estado mayor, Juan Antonio Terán; Felipe Bosmediano; Antonio Martínez de la Vega, presidente de la asamblea municipal; Julián de Andrade; Juan Peñaherrera; Manuel Bastidas; Antonio Amales; Juan Antonio Aguinaga; Miguel Jativa; Jacinto Vinuesa; Juan Suárez; Manuel Aguinaga; Manuel Viveros; José Montalvo; Gregorio Calderón; Manuel Albuja; José Rivadeneira; Basilio de Andrade; Manuel Paredes; Nicolás Chaves; Eusebio Chavarría; José de Albuja; Ramón Guerra; licenciado Mariano de Alsamora, cura de Cayambe; fray José Dávalos, fray Antonio Alvear; Miguel Zapata, alcalde 1° de Cayambe; Javier Jarrin, alcalde 2°; José María Guerrero; teniente de milicias, Prudencio Sánchez; Joaquín Jaramillo Ortiz.

   (Siguen más firmas).

FUENTE EDITORIAL:.
Blanco, José Félix y Azpurúa, Ramón. Documentos para la historia de la vida pública del Libertador. Caracas. La Opinión Nacional. 1877. Edición facsimilar. Presidencia de la República de Venezuela. 1979. t. 12. doc. 3687. p. 428- 429.
OTRAS EDICIONES:
Gaceta de Colombia. N° 351. Bogotá. 1828 (15/6). p. 1-2.

79
REPRESENT ACION DEL CHIMBORAZO A LA GRAN CONVENCION

   Honorables miembros de la gran convención.

      Cuando los pueblos de Colombia os constituyeron órganos de sus sentimientos, creyeron tener en vosotros unos seguros protectores de sus derechos, de aquellos sagrados derechos que dan todo el ser a la sociedad; vosotros sabéis cuáles son, y supisteis igualmente al salir de vuestros hogares cuáles eran los medios que debéis emplear puestos en Ocaña para su conservación; bastantemente, y en muy claras expresiones, os los anunciaron vuestros comitentes. ¿Os habéis olvidado cuáles fueron? Recordadlos, señores: Bolívar: el Libertador Bolívar es el que elegimos por nuestro supremo jefe; no consintáis, amigos, que quedemos sujetos al régimen de un gobierno vacilante que nos arruine para siempre; esto es lo que os dijeron vuestros electores, cuando trasmitieron a vuestras manos la confianza de los pueblos que representaban, y esto mismo lo que imploraron de vuestro patriotismo todos los hombres sensatos con quienes hablasteis las vísperas de vuestra marcha. ¿Os desentenderéis de la obligación que contrajisteis cuando bajo estas precisas condiciones os nombramos por nuestros apoderados? ¿Seréis capaces de vendernos a la cábala de la voraz demagogia que tiene decretada nuestra completa aniquilación dividiendo a Colombia en estados federales? En tal caso, ahorrad la pena que tendréis de vivir por más tiempo ausentes de vuestras familias. No os eternicéis en frívolas discusiones, y concluid de una vez la gran convención (tan deseada por vuestros compatriotas), firmando la sentencia de nuestra muerte; nuestros pechos, prontos a recibir más bien este último golpe que vivir después sujetos a una eterna ignominia, prefieren perecer al impulso del plomo destructor. ¡Federalismo en Colombia! ¡Nombre terrible! ¡Sinónimo de perdición! ¿Habéis olvidado los peligros a que estuvo expuesta vuestra patria en aquellos tiempos en que la inexperiencia obligó a algunas de nuestras provincias a abrazarlo? ¡Ah! Si nuestro común padre, si el gran Simón, no ha puesto su mano poderosa en su defensa, mucho tiempo ha que lejos del decoroso rango en que os halláis, seríais vosotros mismos el oprobio de vuestros enemigos. ¿Queréis evitado aún, honorables diputados? ¿Queréis fijar la salud vacilante de la patria? Sí, sí, lo queréis; vuestro honor, vuestra integridad y vuestra conciencia así lo exigen; pues bien, dignaos olvidar hasta el nombre mismo de federación; dadnos un gobierno unitario, central, sólido que sepa establecernos; un gobierno que aterre al enemigo común, y convide con la paz y seguridad al honrado ciudadano; en una palabra, un gobierno regido por el Libertador. Su crédito entre las naciones más cultas; su constante desinterés; su valor calificado en mil batallas; sus talentos incomparables y su verdadero patriotismo, bastan para pronosticarnos nuestra futura felicidad.

      Esta es la súplica que os hacemos los que, a nombre de 80.000 ciudadanos suscribimos. Creed, señores, que este es el voto general de la capital de la provincia del Chimborazo; cuatro cantones juntos os la hacen. ¿Lo conseguirán? Vosotros lo veréis. El pacífico Chimborazo sabe bendecir a sus benefactores, y si queréis ser dueños de su gratitud, concurrid a hacerlo feliz dándole un gobierno central y ciñiendo con los olivos que producen sus preciosos bosques las augustas sienes de su Libertador.

   Riobamba, a 14 de mayo de 1828 18°.

      El gobernador interino, Ambrosio Dávalos; El jefe político municipal, Carlos Chiriboga; el alcalde 1° municipal, José Borja; el alcalde 2°, Manuel Melchor Freyre; el alcalde suplente y 4° municipal, Manuel Velazeo; el municipal 1°, Ramón Egas; el municipal 2°, Tomás Borja; el 7° municipal, J. M. Rodríguez; el municipal 8°, León Venegas; El procurador municipal, J. M. Bucheli; el cura de La Matriz, doctor Ramón Pizarro; Francisco Chirihoga y Villavicencio; Juan Bernardo de León; Pedro Dávalos; Manuel Salazar y Orozco; presbítero, Juan José Cárdenas; Juan Larrea; Juan Dávalos; J. Jacinto Chiriboga; Jacinto González; Jose Orozco y Andrade; José María de Toledo; Juan Basabe; Juan José Montesdeoca; Estanislao Larrea; Juan Manuel Ceballos; presbítero Joaquín Velazco; Miguel Moncayo; Francisco Orozco; Carlos Larrea; José Larrea y Nájera; Mariano de Cuadrado y Fal-('(mi; Bernardino Flores.

FUENTE EDITORIAL:.
Blanco, José Félix y Azpurúa, Ramón. Documentos para la historia de la vida pública del Libertador. Caracas, La Opinión Nacional. 1877. Edición facsimilar. Presidencia de la República de Venezuela, 1979, t. 12. doc. 3692, p. 432- 433.

80
CIRCULAR DEL SECRETARIO DEL INTERIOR AL INTENDENTE DE VENEZUELA

   República de Colombia.

   Secretaría de Estado del despacho del interior.. Sección 1a.

   Bogotá, a 10 de mayo de 1828 18°.

   Al señor intendente de Venezuela.

      Tengo el honor de dirigir a usía una copia auténtica con 200 ejemplares impresos de la resolución acordada por la gran convención nacional en 16 de abril último, en que se declara ser necesario y urgente que se reforme la constitución2. Usía dispondrá que inmediatamente se circule; y publique en el departamento de su mando.

   Dios guarde a usía.

José Manuel Restrepo.

FUENTE EDITORIAL: .
Blanco, José Félix y Azpurúa, Ramón. Documentos para la historia de la vida pública del Libertador. Caracas. La Opinión Nacional. 1877. Edición facsimilar. Presidencia de la República de Venezuela. 1979. t. 12. doc. 3651. p. 383-384.

81
ACTA DE LA MUNICIPALIDAD DE VALENCIA RESPECTO A LA CALIFICACION DE MIGUEL PEÑA

      El síndico procurador de la capital de la provincia de Carabobo, a su nombre y el de todo el vecindario, expone: Que la mayoría de los departamentos de la República en 1826, colocados en el cráter de un gran volcán, cuyos combustibles había preparado de antemano el general Santander, bajo el ominoso poder de vicepresidente, invocó al Libertador como el iris de paz, y se habría entregado entonces al arbitrio de la convención nacional decretada constitucionalmente para 1831, como un mal mucho menor que la continuación del general Santander en el mando supremo del Estado. El Libertador colmó las intenciones de los pueblos, envainando su espada, terror de la España, y presentándoles en su inmortal decreto de 10 de enero de 1827 el olivo de la paz, los brazos de un amoroso padre, y toda la sabiduría de un jefe filósofo. Por este acto célebre en la historia del general Bolívar, fueron sepultados en perpetuo olvido los errores, los extravíos y aun los excesos del año decimosexto. La escrupulosa religiosidad con que el Libertador sostuvo el propio decreto desarmó todos los partidos, dio impulso al sentimiento saludable de las reformas, generalizó las ideas del orden y de la reorganización social, y sobre todo unió todas las opiniones, menos las de los demagogos que a la sombra de los principios republicanos habían atizado por todas partes el fuego de la discordia y de la guerra civil; porque éstos no buscan la salud de la patria en el bien y utilidad general, sino en su interés propio y en sus miras de existir a costa de los demás.

      Tocaba al Libertador, sólo a él, y no a otra persona ni corporación, la convocación de la gran convención, porque, como se ha dicho por otros, su excelencia, resumía los votos de la mayoría de los pueblos, única soberanía legítima reconocida por la naturaleza y que es la base de la causa general de la América. El Libertador, que ha llevado siempre hasta el extremo su alto respeto a los derechos promulgados, pudiendo por una aclamación popular, hacer reunir por sí aquella corporación, sufrió en el silencio de sus sabias combinaciones, que el congreso de 1827 convocase la convención. Toleró con magnánima deferencia el especioso reglamento formado para su reunión, y él mismo como jefe del Estado excitó, promovió y mandó su ejecución.

      La comisión calificadora, correspondiendo mal al voto de los pueblos, y a la generosa condescendencia del Libertador presidente, ha excluido del cuerpo convencional a ciertas personas, adictas todas al bien del país y, de consiguiente, a la continuación del mando supremo en su excelencia el Libertador. Con esto se comprueba que la convención no ha estado animada de un espíritu de justicia y de bien público, sino que se ha dejado arrastrar de la parcialidad que vició las asambleas primarias y las electorales, que sólo requerían en los sufragados la cualidad de enemigos del padre de la patria. Ningún ejemplo más claro de esta verdad que la exclusión del doctor Miguel Peña, cuyos grandes delitos han sido, a los ojos de la comisión, su acrisolado patriotismo y su firme adhesión al fundador de la patria, pues la causa que se alega pendiente ante el senado quedó sellada por el decreto de amnistía de 10 de enero de 1827, decreto sancionado plenamente por el congreso, como todos los demás dictados por su excelencia el Libertador para los cuatro departamentos de Venezuela. Solamente bajo esos auspicios han podido tomar asiento en la convención los diputados Iribarren, Tobar, Echezuría y otros a quienes comprendió la amnistía de 10 de enero, del mismo modo que al doctor Peña, el cual, por la responsabilidad que podría resultarle a la terminación de la causa indicada, tiene nada menos que la garantía del mismo Libertador y por consecuencia exuberantemente asegurado el interés de la hacienda nacional..

      Sólo de este modo puede entenderse que haya sido excluido de la gran convención el doctor Miguel Peña, quedando en ella con notable impudencia y escándalo el vicepresidente de la República general Francisco de P. Santander, acusado por todos los pueblos de malversador de los fondos públicos y de jefe de la facción liberticida que incendia la nación y la conduce a su exterminio.

      La comisión, pues, sólo ha tenido por objeto en la exclusión del representante de Carabobo debilitar el voto de Venezuela, privando a aquella provincia de sus más firmes apoyos; pero ella protesta la nulidad de la declaratoria, y manifiesta que este acto injusto e ilegal será uno de los más claros comprobantes de que la convención nacional se extravía de la senda que le ha demarcado la voluntad general, y que sus deliberaciones bajo principios tan pecaminosos, lejos de atraer la aquiescencia de los pueblos, provocará su revolución y la realización del voto de Venezuela que la provincia de Carabobo sostendrá con energía y valor, de que ha dado pruebas nada equívocas.

      Persuadido el síndico que esta ilustre municipalidad se halla penetrada de tan justo reclamo, y, por consiguiente, animada de los mismos sentimientos, espera que acordando el informe que tenga a bien, elevará a quien corresponda estos justos clamores.

   Valencia, 17 de mayo de 1828.

Manuel Agreda y Urloa.

FUENTE EDITORIAL:.
Blanco, José Félix y Azpurúa, Ramón. Documentos para la historia de la vida pública del Libertador. Caracas. La Opinión Nacional. 1877. Edición facsimilar. Presidencia de la República de Venezuela. 1979. t. 12. doc. 3697. p. 443-444.

82
COMISION PARA FORMAR EL PROYECTO DE CONSTITUCION

   Para formar el proyecto de reformas de la constitución se nombran los señores:

      Azuero, de Bogotá.
   Santander, de Bogotá.
   Soto, de Tunja.
   Joaquín Mosquera, de Buenaventura.
   Marquéz, de Tunja.
   Gori, de Bogotá.
   Jaramillo, de Antioquia.
   Real, de Cartagena.
   Mesa, de Carabobo.
   Vallarino, de Panamá.
   Merino, de Guayaquil..
   Gamba, de Popayán.
   Briceño Méndez, de Barinas.
   Vicente Narvarte, de Caracas.
   Presidente Castillo, de Cartagena.

Reformas generales

   Disminuir el número de senadores y el tiempo de su duración.

   Disminuir el número de representantes y el tiempo de su duración.

   Aumentar las cualidades de los elegibles.

   Aumentar las cualidades del presidente y vicepresidente de la República.

   Especificar los casos de acusación contra el presidente y vicepresidente.

   Imponer responsabilidad a los secretarios del despacho.

   Establecer un consejo de gobierno con la debida responsabilidad.

   Reformar el artículo número 128 de la constitución.

   Aumentar algunos artículos en favor de las garantías individuales.

   Establecer administraciones económicas en las divisiones territoriales.

   Aclarar algunos artículos oscuros de la constitución.

      La República de Colombia continuará rigiéndose en un solo cuerpo de nación; pero se dividirá en tres secciones para sólo el objeto de su administración y régimen interior, reservándose al gobierno de la República toda la autoridad necesaria que le especificaran en la constitución.

FUENTE EDITORIAL: .
Archivo Santander. Bogotá. Aguila Negra. 1920. t. 17. p. 303-304.

83
INFORME DE LA COMISION DE REFORMAS A LA CONSTITUCION AL PRESENTAR SU TRABAJO

   Honorables miembros de la gran convención.

      Ha sido tan estrecho el tiempo que ha tenido la comisión últimamente nombrada para presentar el proyecto de reformas de la constitución de la República, que está muy distante de lisonjearse que su trabajo pueda ser ni aun mediano. Deseosa de acelerar su conclusión para complacer a la viva solicitud e instancia de los miembros de la convención, no ha podido fundir, siquiera, en un plan nuevo y más metódico las reformas. Ella se ha contraído a hacerlas, adoptando siempre por base la misma constitución actual, conservando su plan, sus divisiones y todos aquellos artículos donde no encontraba necesidad de hacer variaciones muy sustanciales.

      Se observará que de todas sus partes ha sido conservada la misma estructura que daba al gobierno la constitución del año 11. Y que sin embargo, dentro de esa misma estructura, se han introducido varias reformas importantes, bien indicadas ya por el voto nacional y por la expresión de diversos miembros de la convención.

      El congreso ha sido descargado de una parte de sus vastas atenciones y responsabilidad, con el establecimiento de asambleas departamentales, compuestas de diputados de los cantones de cada departamento, autorizadas para deliberar y resolver sobre sus intereses puramente económicos, sin que en ningún tiempo esta facultad pueda perjudicar a la unidad de acción del gobierno supremo ni a la cumplida ejecución de las leyes porque reserva a los magistrados del orden ejecutivo, las atribuciones de suspender, y al congreso la de anular los actos que sean contrarios a las leyes, o que traspasen el límite de sus funciones.

      Se ha quitado al senado la facultad de intervenir con su consentimiento en el nombramiento de los empleos, y se le ha restringido la que tenía en los casos de acusación por la cámara de representantes, debiéndose limitar en la mayor parte de sus juicios a la sola suspensión del acusado para entregarla a disposición del tribunal competente. Así, este brazo del cuerpo legislativo quedará ceñido a sus naturales funciones, sin introducirse, como por la constitución del año 11, de un lado en el recinto del poder ejecutivo, y del otro en el recinto del poder judicial. Se ha ensanchado la base para la elección de los senadores y representantes; de esta suerte, el número de los unos y de los otros queda más reducido, y, en consecuencia, será más fácil escoger los mejores ciudadanos.

      Si se ha agotado en el poder ejecutivo el torrente devastador del artículo 128 de la constitución antigua, ha adquirido al propio tiempo la iniciativa directa de las leyes en ambas cámaras en concurrencia con sus propios miembros; dos individuos del consejo de gobierno tienen libre entrada en el ejecutivo; y este útil establecimiento hará muy raro, en lo futuro, el desagradable recurso de la objeción, porque desde la primitiva formación de las leyes ya habrán sido conocidas las opiniones del encargado de su ejecución, y ya sus luces, sus consejos y su experiencia, habrán podido obrar sobre el ánimo de los legisladores. Pero si no obstante hubiese objeción, todavía es tan respetado el concepto del ejecutivo, que anulando el voto de la mayoría absoluta de las cámaras, se necesita siempre como antes la insistencia de las dos terceras partes de los miembros de cada una.

   Ya no se verá más forzado el ejecutivo a hacer el pernicioso nombramiento de empleos en comisión. En todo tiempo podrá nombrarlos en propiedad con sólo el consentimiento de su consejo, cuyos miembros en parte son de su exclusiva elección.

      Este consejo se ocupará también de preparar proyectos de leyes y todos los reglamentos sobre la ejecución de las establecidas, y esta será una nueva garantía para que en lo sucesivo no sean aquellas incoherentes, faltas de método, diminutas ni oscuras.

      El ejecutivo dispondrá de un contingente señalado en cada año por el congreso para gastos imprevistos y extraordinarios, y podrá, con consentimiento del consejo de gobierno, echar mano aun de la milicia sedentaria en casos semejantes. Podrá suspender de sus destinos a los empleados que se porten mal, y reducir a prisión a los sospechados [sic] de traición contra la seguridad pública. Tendrá comisarios de su entera confianza cerca de todos los tribunales y autoridades, para velar en la ejecución de las leyes y de sus propias órdenes, para promover la pronta y cumplida administración de justicia, y para perseguir a todo funcionario público que no llene bien sus deberes; y con estas facultades y las demás que ya tenía por la antigua constitución, y que se le conservan, tiene una fuente inmensa e inagotable de poder para hacer el bien.

      No hay buen consejo, si no hay independencia en los que deben prestarlo. El consejero dependiente, más bien que aconsejar, sólo trata de agradar y complacer; la amarga verdad, y la desagradable contradicción, puede costarle su destino; y no todos son héroes. ¡Cuánto tiempo han deseado los grandes amigos de la humanidad un consejo independiente aun para los príncipes absolutos! La comisión, pues, ha creído necesario asegurar al poder ejecutivo un dictamen imparcial, por lo menos en los cuatro consejeros que nombra el congreso.

      Los miembros de este consejo y los secretarios del despacho son responsables; y si esta responsabilidad es por una parte la garantía del bien para el pueblo, por otra rodea de luz, de apoyo y de confianza al primer magistrado de la nación.

      Las asambleas departamentales y las municipales serán en el orden legislativo lo que los magistrados subalternos y los tribunales inferiores en el orden ejecutivo y en el judicial. Faltaba esta base al poder legislativo; la constitución del año 11, dejando sin esta organización a las divisiones territoriales, era un hermoso edificio sin cimientos, y por este defecto, ella no pudo sostenerse al primer vaivén político. Las asambleas departamentales destruyen lo ominoso de una concentración absoluta, sólo practicable en Repúblicas de una sola ciudad; ellas serán el consuelo y el ensayo de los amigos de la federación, las escuelas de los llamados a tomar asiento en el congreso, y los canales que derramen el bien a todos los departamentos y cantones. Las municipalidades han quedado eliminadas; los pueblos se encontrarán redimidos de esta carga que la experiencia mostraba ser tan molesta como perniciosa, y en las asambleas municipales recobrarán una representación local, que sólo les impondrá el grato deber de tres reuniones anuales. Los nombres de los magistrados políticos de las divisiones territoriales eran muy imperfectos; a despecho de las nuevas leyes, ellos ligaban frecuentemente las ideas a los que fueron magistrados de igual denominación por el régimen español, y la diferencia entre las nuevas y las antiguas atribuciones era una censura eterna de la inadecuada conservación de antiguos nombres.

      La denominación de prefectos, viceprefectos y subprefectos, es clásica en la ciencia constitucional, y las leyes deben hablar el mismo idioma de las ciencias. Estos magistrados tienen también un doble carácter por la presente constitución; por un lado, son los agentes de la administración nacional en su aplicación a cada departamento, y, por lo mismo, están encargados de hacer cumplir dentro de él las leyes y las órdenes del supremo poder ejecutivo; por otro lado, son los primeros magistrados en el régimen económico del departamento, y los inmediatamente encargados de hacer ejecutar las resoluciones de las asambleas departamentales. Esta doble consideración persuade que a la vez son los agentes del ejecutivo y de la representación departamental, y que, por lo mismo, deben ser de la confianza de ambos. La misma naturaleza de sus funciones ha obligado, pues, a la comisión a disponer que sean escogidos por el poder ejecutivo sobre una lista en tema presentada por la respectiva asamblea departamental.

      La administración de una gran república sólo debe tener tres grados principales, a saber: administración nacional, administración intermedia y administración municipal, según lo han manifestado los mayores ensayos de otras naciones. A los mismos tres grados ha procurado la comisión reducir en lo posible la administración del gobierno de Colombia. Ha mucho tiempo que se había conocido la inutilidad de la cuarta rueda introducida por la constitución del año 11, en la organización de vastos departamentos e institución de intendentes. Las antiguas provincias, que habían tenido cierta administración propia desde el gobierno español, quedaron así casi anuladas, porque sus gobernadores no han sido sino unos meros delegados de los intendentes, quienes por otra parte no hacían más que ser conductos inútiles de las leyes u órdenes que se comunicaban por el ejecutivo. De las dos administraciones intermedias de los intendentes y de los gobernadores, una de ellas era, pues, inútil, y desde entonces perniciosa; pero no era posible eliminar una de ellas absolutamente para no desagradar en el primer caso a varias provincias muy< benémeritas, ni en el otro elevar a departamentos territorios que todavía no tienen capacidad de desempeñar los deberes de este rango.

      La comisión ha adoptado el medio de aumentar el número de departamentos a una base de 20 por lo menos, en la forma que hallará la gran convención por el plan que se acompaña. Según él, varias provincias, atendida su población, su posición particular y otras circunstancias de mucha gravedad, pasan al rango de departamentos; y otras agregadas entre sí o a otras provincias mayores, forman como hasta aquí un solo departamento, pero más pequeño en lo general que en el antiguo.

      Esta nueva división ha sido fecunda en importantísimos resultados. Por ella se ha podido adoptar un sistema de elecciones mas sencillo, más fácil y más popular que el antiguo; en vez de las antiguas asambleas electorales de provincia, no habrá ya sino asambleas electorales de cantón, y en lugar de un elector cantonal por cada 4.000 almas, habrá en lo sucesivo electores parroquiales por cada 500 almas. En vez de reunirse las asambleas electorales sólo cuatro años, ahora se podrán congregar sin molestia de los ciudadanos todos los años. Estas asambleas electorales deben votar por el presidente y vicepresidente de la República, por los senadores y representantes, y elegir los miembros de las asambleas departamentales y municipales.

      Así es que puede verificarse que todos los años se renueve una mitad o una tercera parte de los miembros de las cámaras y de las asambleas departamentales y municipales; y los ciudadanos escogidos de los pueblos no tendrán que abandonar ya por cuatro ni por ocho años sus hogares domésticos, para viajar desde los lugares más remotos hasta la capital de la República. Ya no será tampoco necesario incurrir en la monstruosa irregularidad de que la elección de los senadores se perfeccione por el congreso; y la elección de los miembros de ambas cámaras quedará del todo concluida dentro del respectivo departamento. La base para elegir los senadores y los representantes se acercará un poco más a una razón proporcional de población y de territorio.

      Ninguna de estas ni otras muchas ventajas hubieran podido obtenerse, sin la nueva división departamental; pero la fundamental es la administración más directa del gobierno supremo sin tantas escalas ni retardos, y la necesidad de hacer realizable la nueva y vital institución de las asambleas departamentales. ¿Cómo sería posible forzar a los ciudadanos a concurrir anualmente desde sus distantes domicilios hasta las lejanas capitales de los antiguos departamentos tan vastos? ¿Ni cómo sobrellevarían gustosas muchas provincias el verse despojadas del derecho de nombrar dentro de su seno sus representantes y de celebrar las juntas provinciales que ya les concedía la ley? Los pueblos han aclamado por administraciones locales, por el derecho de alguna intervención en sus negocios económicos; y el modo de acceder a sus justísimas peticiones no es despojándoles de las ventajas que ya tienen, sino concediéndoles otras nuevas; no es alejándoles o imposibilitándoles esas administraciones, sino acercándoselas y facilitándoselas.

      Nada importa que, como pretenden algunos políticos, sólo haya un solo poder, a saber: el poder de la voluntad o poder ejecutivo, y que el ejecutivo y el judicial no sean sino medios o instrumentos de cumplir el soberano imperio de aquella voluntad; por esto no es menos cierto que dichos instrumentos deban estar siempre separados de aquel poder único, para que no haya despotismo y opresión. De la misma manera, nada importa que el poder judicial sea un poder distinto del poder ejecutivo, o sólo un ramo de él; pero sí importa esencialmente que se administre de una manera tan independiente que el ejecutivo no pueda influir ni directa ni indirectamente en sus resoluciones.

      Partiendo de este principio, la comisión ha quitado al poder ejecutivo toda la intervención en el nombramiento de los ministros y jueces de los tribunales; para velar sobre la buena administración de justicia, no es necesario tener el nombramiento de los jueces, así como el congreso, para velar sobre las operaciones de todos los funcionarios públicos, no necesita de nombrarlos; la vigilancia sobre la administración de justicia consiste en auxiliar la ejecución de los juicios, en denunciar y acusar la mala conducta de los que administran; y es para esto que entre otras cosas propone la comisión la institución de comisarios del poder ejecutivo. Un antiguo rey de Inglaterra dijo: " quien nombra el general, manda el ejército; quien nombra los obispos, dicta el evangelio; quien nombra los jueces, decreta las sentencias". El testimonio de un rey sobre esta materia es irrecusable. No habrá, pues, la necesaria independencia en el poder judicial, mientras que el poder ejecutivo influya sobre él eligiendo los jueces, ascendiéndolos de unos tribunales a otros, y pudiendo conferirles toda suerte de empleos y de gracias. Así, la comisión ha confiado a otras manos la elección de los jueces y les ha prohibido que reciban empleos ni gracia alguna del ejecutivo.

      Hay dos especies de responsabilidad: una definida por las leyes y sujeta a positivas y determinadas penas; y otra, que no puede definirse ni circunscribirse. Para hacer efectiva la última es que se ha admitido como principio fundamental de un buen gobierno que toda función pública debe ser temporal y alternativa. Esta es la garantía que en muchos casos puede exclusivamente quedar para renovar a un juez o a cualquier otro funcionario que ha perdido la confianza pública, y contra el cual no se puede intentar una acusación determinada; la renovación de los jueces, en ciertos períodos, unida a la facultad de reelegirlos, será un freno poderoso para los que se porten mal, un motivo de triunfo para los magistrados íntegros, y un consuelo para todos los ciudadanos.

      La comisión tiene el triste dolor de no haber hecho, para asegurar la buena administración de justicia, todo lo que era necesario. Pero ni ha tenido tiempo de meditar siquiera sobre ello, ni la mayor parte de las reformas en esta materia pueden ser objeto de la constitución. Una nueva organización judicial, la absoluta reforma del procedimiento, tanto en lo criminal como en lo civil, y la introducción de jueces de hecho, es una obra prolija, complicada y erizada de mil dificultades en un vasto territorio despoblado, y sin caminos ni comunicaciones, cual es el de Colombia. Acomodarse a tantas circunstancias e ir venciendo progresivamente estos obstáculos, debe ser la obra de los congresos sucesivos.

      Legisladores. Muertos y vivos, sepulcros y ruinas os piden garantías, ha dicho el presidente de la República; y la comisión, en cuanto se lo han permitido sus angustiados momentos, ha procurado no desoír en sus reformas estos votos venerables. ¡Quiera el cielo que ellos se hayan llenado siquiera en alguna parte!

      Un gobierno en que la ley sea obedecida, el magistrado respetado y el pueblo libre; un gobierno que impida la trasgresión de la voluntad general y los mandamientos del pueblo, tal es el gobierno que ha implorado el presidente de la República en nombre de la nación; la comisión en sus rápidas tareas, se ha esforzado en no perder de vista este sublime fin. Para tocado en lo posible ha purificado las atribuciones de los respectivos poderes de todo lo que les era ajeno e impropio; ha combinado la mutua independencia de sus funciones con su mutua supervigilancia; ha extendido la responsabilidad a todos los funcionarios públicos y a todas las escalas de la administración; ha abierto las fuentes del poder para hacer el bien, y ha estancado cuanto le ha sido dable las fuentes del poder para hacer el mal; ha dado garantías a los funcionarios públicos para el ejercicio y eficacia de sus operaciones; y ha reservado garantías al pueblo y a los ciudadanos contra los abusos y atentados de los funcionarios públicos.

      Sólo de esta suerte será Colombia gobernada por leyes inexorables: y solo así cumplirá la gran convención los votos del pueblo, por un gobierno firme, poderoso y justo. El gobierno más fuerte es el que consulta mejor a los intereses del mayor número, aquel en que los gobernados tienden por necesidad al mismo objeto de la felicidad común; aquel, en fin, que descansa sobre la voluntad general.

   La comisión pide indulgencia para su obra imperfecta, y bosquejada a toda prisa; y pide severidad para su examen y rectificación, porque el bien nacional así lo demanda.

   Ocaña, 21 de mayo de 1828 18°.

Vicente Azuero, J. M. del Real,

Francisco Soto, Romualdo Liévano,

F. de P. López Aldana.

FUENTE EDITORIAL: .
Blanco, José Félix y Azpurúa, Ramón. Documentos para la historia de la vida pública del Libertador. Caracas. La Opinión Nacional. 1877. Edición facsimilar. Presidencia de la República de Venezuela. 1979. t. 12. doc. 3704. p. 448- 450.

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PROYECTO DE CONSTITUCION DEL 21 DE MAYO DE 1828

      Nos, los diputados del pueblo de Colombia, reunidos en gran convención con el objeto de deliberar y resolver sobre la reforma de la constitución acordada en la villa del Rosario de Cúcuta a 30 de agosto de 1821, 11° de la era republicana, después de haber reconocido por mi voto unánime la urgente necesidad de la mencionada reforma, deseosos de corresponder a las esperanzas del pueblo nuestro comitente, en orden a asegurar la independencia nacional, consolidar la unión, promover la paz y prosperidad doméstica, establecer el imperio de la justicia, y dar a la persona, a la vida, al honor, a la libertad, a la prosperidad y a la igualdad de los colombianos nuevas y más sólidas garantías, ordenamos y decretamos la siguiente:

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.

TITULO 1

De la nación colombiana y de los colombianos

SECCION 1a

De la nación colombiana

   Artículo 1. La nación colombiana es para siempre e irrevocablemente libre e independiente de cualquier potencia o dominación extranjera; y no es, ni debe ser nunca, el patrimonio de ninguna familia ni persona.

   2. La soberanía reside esencialmente en la nación. Los funcionarios públicos investidos de cualquier especie de autoridad sólo son sus agentes y comisarios.

   3. El 3 de la constitución del año 21.

SECCION 2a

De los colombianos

   4. El 4 de la constitución.

   1. Como allí.

   2. Los que estaban radicados en Colombia al tiempo de su transformación política y que están domiciliados en ella.

   3. El 3 de la constitución.

   4. Los no nacidos en Colombia que durante la guerra de independencia hayan hecho una o más campañas con honor u otros servicios importantes en favor de la República, precediendo la correspondiente declaratoria.

   5. El 5 de la constitución.

TITULO II

Del territorio de Colombia y de su gobierno

SECCION la

Del territorio de Colombia

   6. El 6 de la constitución.

   7. El territorio de Colombia será dividido en departamentos; cada departamento constará de una o más provincias; cada provincia se dividirá en cantones; y cada cantón en distritos parroquiales.

SECCION 2a

Del gobierno de Colombia

   8. El gobierno de Colombia es popular, representativo, responsable, electivo y alternativo.

   9. La nación colombiana no ejercerá por sí misma los poderes de la soberanía; tampoco la deposita en unas solas manos. El poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, se administrarán siempre separadamente.

   10. El 11 de la constitución.

TITULO III

De las elecciones

SECCION 1a

De las asambleQs primarias

   11. Las asambleas primarias se componen de los colombianos con derecho de sufragio, domiciliados en cada distrito parroquial.

   12. El domicilio necesario para votar en las asambleas primarias se adquiere por la manifestación de domiciliarse en el distrito parroquial, hecha con las formalidades de la ley un año cumplido antes de las elecciones.

   13. Sólo tienen derecho de sufragio en las asambleas primarias los colombianos varones, casados, o mayores de 21 años de edad.

      14. Los hijos legítimos de padre colombiano ausente de la República por amor a la independencia, o en servicio, o con licencia del gobierno, que hayan nacido en país extranjero, necesitan haber fijado su domicilio en Colombia con arreglo a la ley.

      15. Los hijos legítimos de padre colombiano ausente de la República sin los requisitos del artículo anterior, que hayan nacido en país extranjero, necesitan haber fijado su domicilio en Colombia, y tener dos años consecutivos de residencia en ella.

   16. Los que hayan obtenido carta de naturaleza necesitan haber residido tres años consecutivos en Colombia después de haberse naturalizado, y tener una propiedad raíz del valor libre de mil pesos, o una renta de $300 anuales.

   17. El derecho de sufragio en las asambleas primarias se pierde:

   1. Por adquirir naturaleza en país extranjero.

   2. Por pretender o admitir de gobierno o príncipe extranjero cualquier empleo, oficio o emolumento, o alguna condecoración o título de nobleza o que la presuponga.

   3. Por aceptar o retener sin el reconocimiento del congreso algún presente o condecoración que provenga de gobierno o príncipe extranjero.

   4. Por sentencia en que se imponga pena aflictiva del cuerpo o infamante mientras no se obtenga rehabilitación con arreglo a la ley.

      5. Por haber residido cinco años consecutivos fuera de la República sin comisión o licencia del gobierno; pero el colombiano que haya perdido su derecho de esta suerte, lo recobrará después que restituido a Colombia haya permanecido en ella dos años consecutivos con ánimo de establecerse en su territorio.

   18. El mismo derecho se suspende:

   1. En los locos furiosos y dementes.

   2. En los fallidos declarados por tales mientras no obtengan rehabilitación con arreglo a la ley.

   3. En los deudores a caudales públicos que, legalmente ejecutados, no pagan.

   4. En los procesados por delito que merezca pena aflictiva del cuerpo o infamante.

   5. En los sirvientes domésticos.

      6. En los que no tengan alguna propiedad raíz o alguna profesión, oficio, o industria conocida y honesta que les proporcione lo necesario para subsistir, y por las cuales paguen las correspondientes contribuciones. La prueba de esta cualidad incumbe al individuo a quien se incumbe su falta.

      19. Todo el que sea legalmente convencido de haber vendido o comprado un voto para sí o para un tercero en las elecciones prevenidas por la constitución o por la ley, perderá el derecho de sufragio por diez años; en caso de reincidencia, lo perderá para siempre.

   20. El derecho de sufragio en las asambleas primarias sólo se pierde o se suspende por las causas expresadas en esta sección y no por ningunas otras.

      21. El primer domingo de agosto de cada año se abren en cada distrito parroquial las asambleas primarias, y permanecen abiertas por ocho días consecutivos, dentro de cuyo término tienen derecho a concurrir sucesivamente los sufragantes a dar sus votos.

      22. El alcalde o alcaldes del distrito parroquial, sin necesidad de aguardar orden ninguna [sic], convocan indispensablemente por medio de pregón y edictos fijados en lugares públicos, con ocho días de anticipación, a los colombianos con derecho de sufragio del distrito parroquial para la época designada en el artículo anterior.

      23. Las asambleas primarias son presididas por una junta compuesta del alcalde o alcaldes del distrito parroquial, y de cuatro asociados que tengan las cualidades necesarias para ser electores. Estos cuatro asociados serán nombrados por el mismo alcalde o alcaldes.

      24. Es un deber de las juntas hacer que se guarde el orden en estas asambleas. Tiene por tanto la facultad de adoptar las medidas conducentes a este objeto, y de exigir cualquier auxilio de que pueda necesitar para remover la fuerza u obstáculo que perjudique a la libertad de las elecciones.

      25. Los alcaldes formarán cada año listas de los colombianos con derecho de sufragio domiciliados en el distrito parroquial, y estas listas se publicarán y fijarán dos meses antes de la época de la reunión de las asambleas primarias. El alcalde que no formare, publicare y fijare estas listas, será responsable delante de la ley; pero las elecciones se verificarán siempre.

      26. Las listas servirán de regla para la admisión de los colombianos en las próximas asambleas primarias. Si se suscitaren controversias sobre que en las listas se ha omitido alguno que tenga las cualidades requeridas para poder votar, o se hubiere incluido en ellas a quien no las tenga, la reclamación se hará ante el alcalde, a fin de que los examine y decida la junta parroquial luego que se reúna. Su decisión deberá ejecutarse por esta vez y para este solo objeto.

   27. Las asambleas primarias exigen [debe decir: eligen]:

   1. Los electores que correspondan a cada distrito parroquial.

   2. Los alcaldes del mismo distrito parroquial.

      28. Cada sufragante votará, primero: por el elector o electores del distrito parroquial, expresando en voz alta tantos nombres de individuos cuantos sea el número de los que han de elegirse. Seguidamente votará en la misma forma por tantos individuos para alcaldes del mismo distrito cuanto sea el número de los que han de ser elegidos.

   29. Estos votos se asentarán en dos registros diversos y encabezados con la debida distinción. En cada uno se escribirá el nombre de cada votante y de las personas por quienes sufragó.

   30. A ningún sufragante será permitido retirarse hasta que no haya leído por sí mismo el asiento que se haya hecho de su voto; y si no supiere leer, hará esta diligencia a su nombre alguna otra persona de los concurrentes.

      31. Concluido el término de los ocho días quedan cerradas las elecciones; y todo acto posterior, o durante dicho término, para el cual no estén expresamente autorizadas por la constitución o la ley, es nulo y atentatorio contra la seguridad pública.

      32. Luego que esté concluido el acto de las elecciones, la junta hará la enumeración de los votos, y declarará electores y alcaldes a los ciudadanos que en el respectivo registro hayan obtenido más votos, aunque esta pluralidad sea sólo relativa.

   33. Las vacantes en los electores se llenarán por los que les sigan en votos.

SECCION 2a

De las asambleas de cantón

   34. Cada asamblea primaria nombra un elector por cada 500 almas, que tenga el respectivo distrito parroquial, y otro más por un residuo que alcance a 300.

   35. Todo distrito parroquial, aunque no alcance a 500 almas, tendrá por lo menos un elector.

   36. Los miembros de las asambleas electorales serán nombrados cada año; pero pueden ser reelectos.

   37. Para ser elector se requiere:

   1. Tener en ejercicio el derecho de sufragio en las asambleas primarias.

   2. Saber leer y escribir.

   3. Tener 2S años de edad al tiempo de la elección.

   4. Tener alguna propiedad raíz o ejercer alguna profesión, oficio o industria honesta que produzca una renta anual de 200 pesos, y pagar las contribuciones correspondientes o tener un grado científico.

   5. Estar domiciliado en el territorio del cantón a que pertenece el distrito parroquial que hace la elección.

      38. Están excluidos de ser electores, mientras duran en su cargo, el presidente y vicepresidente de la República, los miembros del consejo de gobierno, los secretarios del despacho y oficiales de sus secretarías, los prefectos y viceprefectos, los ministros de la suprema corte de justicia y cortes superiores, los jefes de las oficinas generales y principales de hacienda, y los oficiales militares que se hallan mandando algún cuerpo o con otra autoridad en el cantón donde se hacen las elecciones.

   39. La asamblea electoral se compone de los electores nombrados por todos los distritos parroquiales de cada cantón.

      40. Cuando el mismo individuo sea nombrado elector por diversos distritos parroquiales, entrará a serlo por aquel en que haya obtenido mayor número de votos. En caso de igualdad preferirá el distrito parroquial del domicilio, y por defecto de esta circunstancia, decidirá la suerte.

      41. El segundo domingo de septiembre de cada año se reúne la asamblea electoral en la cabecera del cantón, y luego que se hallen presentes por lo menos las dos terceras partes de los electores procede a hacer las votaciones y elecciones que corresponden.

   42. El subprefecto preside la reunión mientras la asamblea nombra un presidente de entre sus miembros. La asamblea nombra también un secretario.

   43. Los miembros de las asambleas electorales votan individualmente:

   1. Por el presidente de la República.

   2. Por el vicepresidente.

   3. Por el senador o senadores del departamento.

   4. Por el representante o representantes del departamento.

   5. Por el suplente o suplentes de los senadores.

   6. Por el suplente o suplentes de los representantes.

   44. Los mismos miembros de las asambleas electorales eligen a pluralidad absoluta:

   1. El diputado o diputados del cantón para la asamblea departamental.

   2. El suplente o suplentes de aquellos diputados.

   3. El diputado o diputados para la asamblea municipal.

   4. El suplente o suplentes de aquellos diputados.

   45. Para estas diez clases de elecciones se abrirán y encabezarán diez registros diversos. La elección de cada clase se verificará en una sola sesión, que será permanente hasta su conclusión.

      46. Las votaciones para senadores, para diputados del cantón y diputados para la asamblea municipal, se harán sufragando sucesivamente para cada uno de estos oficios, y no simultáneamente para todo el número de personas que han de elegirse.

      47. Cuando dentro del término de la duración de las elecciones se declarare por la pluralidad absoluta de la asamblea electoral que alguna votación o elección es nula, o resultare que ha muerto alguno de los principales o suplentes, se hará de nuevo la elección o votación.

      48. Los registros de las votaciones para presidente de la República, después de leídos en presencia de la asamblea y de aprobados por ella, se firmarán por el presidente, secretario y escrutadores, y se cerrarán también en su presencia, para que sean remitidos de esta suerte al congreso por conducto del senado.

      49. Los registros de las votaciones y elecciones para senadores y representantes principales y suplentes, y para miembros de las asambleas departamentales, previos los mismos requisitos del artículo anterior, se dirigirán a la asamblea departamental respectiva.

   50. La policía interior y exterior de las asambleas electorales pertenece exclusivamente a las mismas, en los términos prescritos por el artículo 24; y la disposición del articulo 31 también es extensiva a estas asambleas.

SECCION 3a

De la intervención de las asambleas departamentales en las elecciones de senadores y representantes

      51. Las asambleas departamentales comenzarán a examinar el día 20 de noviembre los registros de las votaciones de las asambleas electorales para senadores y representantes; formarán listas de todos los sufragios de las asambleas electorales asentándolos en el registro correspondiente a cada clase de elecciones, y enumerarán todos los votos.

   52. Se declararán senadores y representantes todos los que hayan obtenido la pluralidad absoluta de votos de los electores que sufragaron en las asambleas electorales.

      53. Si no concurriere en favor de alguno la mayoría indicada para ser senador o representante, la asamblea departamental separará los tres que tengan más votos, y si no alcanzare a tres, los dos, y escogerá entre estos el senador o representante.

   54. Si los que carecieren de la pluralidad requerida fueren dos o más, irá repitiendo sucesivamente la misma operación del artículo anterior hasta completar el numero de los que deben ser nombrados.

   55. Las propias operaciones se practicarán respecto a los suplentes.

      56. Las elecciones de senadores y representantes estarán perfeccionadas para el 10 de diciembre. El presidente de la asamblea departamental avisará sin demora alguna a los que resulten nombrados, y remitirá en pliegos cerrados y sellados a la cámara del senado los registros de las elecciones de senadores, y a la cámara de representantes los de las elecciones de representantes.

SECCION 4a

De algunas disposiciones generales sobre las elecciones constitucionales, y del modo de resolver sobre las dimisiones de los funcionarios públicos

   57. Todas las elecciones constitucionales se harán siempre en un lugar público y a puerta abierta.

      58. Todas las elecciones constitucionales, excepto las de las asambleas primarias, se harán siempre por votación secreta, es decir, que los sufragantes darán sus votos escribiéndolos secreta y aisladamente en papeletas que echarán dobladas en un cántaro o vasija, de suerte que no se conozca cuál haya sido el voto de cada elector, después de recogidas todas las papeletas y de confrontado su número, el de los electores, se verificará el escrutinio públicamente.

   59. Las votaciones sobre admisión de la dimisión de alguna función pública seguirán la misma regla que las elecciones.

   60. En los casos en que la constitución no disponga expresamente lo contrario, para que haya elección es necesaria la pluralidad absoluta de votos, es decir, que el electo obtenga más de la mitad de los votos de todos los que sufragan.

   61. Siempre que en la primera votación no resulte esta pluralidad, la segunda será contraída exclusivamente a las dos personas que en la anterior hayan tenido más votos.

   62. Cuando en la segunda votación el número de sufragantes se divida en dos partes iguales se repetirá una vez la votación, y si todavía resultare la misma igualdad, se tendrá por electo el que designe la suerte.

   63. Cualquiera otra duda o inconveniente por causa de igualdad, se decidirá asimismo por la suerte.

   64. Nadie se presentará armado en las elecciones.

   65. Las elecciones que se verificaren a virtud de alguna coacción o violencia, ya sea directa ya sea indirecta, son por el mismo hecho nulas.

TITULO IV

Del poder legislativo

SECCION la

De la división, límites y funciones de este poder

   66. Como el 40 de la constitución.

      67. La formación de las leyes y decretos del congreso puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos cámaras, y cada una podrá proponer a la otra observaciones, alteraciones, adiciones o supresiones, o rehusar al proyecto su consentimiento por una negativa absoluta.

   68.Son iniciativas de la ley o decreto del congreso:

   1. Los proyectos que presentan los senadores o representantes.

   2. Los que presenta el poder ejecutivo, o de su orden los secretarios del despacho.

   69. Como el 43, suprimidas las palabras o proposiciones de ley.

   70. Como el 74, con esta variación: "en el caso de que el proyecto sea urgente", etc.

   71. Como el45, suprimidas estas palabras o proposición de ley y al fin, se constituye proyectos no rechazados.

      72. Si el proyecto, después de discutido, fuere aprobado por la pluralidad absoluta de los miembros presentes de una y otra cámara, se pasará al presidente de la Repúbl