ACTAS DEL CONGRESO DE CUCUTA, 1821

Tomos I, II y III (Obra completa)

ISBN: 958-643-000-6 (Obra completa)

Nota de la Edición: Tomado de la Edición de la Fundación para la Conmemoración del Bicentenario del Natalicio y el Sesquicentenario de la Muerte del General Francisco de Paula Santander; Biblioteca de la Presidencia de la República. Administración Virgilio Barco. Bogotá, 1989.

Nota de la Publicación Digital: Este documento digital contiene únicamente las partes del documento que se encuentran en el dominio público, de acuerdo con la legislación colombiana. Las partes que se especifican a continuación fueron retiradas en tanto se aclaran sus respectivos derechos de autoría y/o edición y se tramitan los permisos de publicación correspondientes.

Presentación a cargo de Carlos Restrepo Piedrahita
Prólogo, el cual reproduce el prólogo realizado por Germán Botero de Los Ríos para la Edición de las Actas del Congreso de Cúcuta realizada en 1971 por el Banco de la República
Primera Parte. Antecedentes
Segunda Parte. El Congreso de la República de Colombia
Tercera Parte. El Gran drama de la constitución
Cuarta Parte. Tres Variaciones alrededor del tema
Apéndice Tomo I. Cotejo Editorial
Apéndice Tomo II. Cotejo Editorial
Apéndice Tomo III. Cotejo Editorial
Índices Tomo I (Onomástico, Toponímico, Temático)
Índices Tomo II (Onomástico, Toponímico, Temático)
Índices Tomo III (Onomástico, Toponímico, Temático)
Cronología
Complemento

Advertencia: Los textos que se reúnen en el presente volumen han sido actualizados ortográfica y tipográficamente, conservando la integridad de su contenido.


TABLA DE CONTENIDO

Ley, 6 de octubre

ACTAS

De la instalación del primer congreso general de la República de Colombia

2a Continuación de la sesión anterior
3a Sesión del 7 de mayo
4a Sesión del 8 de mayo
5a Sesión del 9 de mayo
6a Sesión del 10 de mayo
7a Sesión del 11 de mayo
9a Sesión del 14 de mayo
10a Sesión del 15 de mayo
11. Sesión del 16 de mayo
12. Sesión del 17 de mayo
13. Sesión del 18 de mayo
14. Sesión del 19 de mayo
15. Sesión del 21 de mayo
16. Sesión extraordinaria de la noche del 10 de mayo
17. Sesión extraordinaria de la noche del 11 de mayo
18. Sesión extraordinaria de la noche del 12 de mayo
19. Sesión extraordinaria de la noche del 14 de mayo
20. Sesión extraordinaria de la noche del 15 de mayo
21. Sesión del 22 de mayo
22. Sesión del 23 de mayo
23. Sesión del 24 de mayo
24. Sesión del 25 de mayo
25. Sesión del 26 de mayo
26. Sesión del 28 de mayo
27. Sesión del 29 de mayo
28. Sesión del 30 de mayo
29. Sesión del 31 de mayo
30. Sesión del l°o de junio
31. Sesión del 2 de junio
32. Sesión del 4 de junio
33. Sesión del 5 de junio
34. Sesión del 6 de junio
35. Sesión del 7 de junio
36. Sesión del 8 de junio
37. Sesión del 9 de junio
38. Sesión del 11 de junio
39. Sesión del 12 de junio
40. Sesión del 13 de junio
41. Sesión del 14 de junio
42. Sesión del 15 de junio
43. Sesión del 16 de junio
44. Sesión del 18 de junio
45. Sesión del 19 de junio
46. Sesión del 20 de junio
47. Sesión del 21 de junio
48. Sesión del 22 de junio
49. Sesión extraordinaria del 22 de junio
50. Sesión del 23 de junio
51. Sesión del 25 de junio
52. Sesión extraordinaria del 25 de junio
53. Sesión del 26 de junio
54. Sesión del 27 de junio
55. Sesión extraordinaria del 27 de junio
56. Sesión del 28 de junio
57. Sesión del 29 de junio
58. Sesión del 30 de junio
59. Sesión extraordinaria del 30 de junio
60. Sesión del 2 de julio
61. Sesión del 3 de julio
62. Sesión extraordinaria del 3 de julio
63. Sesión del 4 de julio
64. Sesión del 5 de julio
65. Sesión extraordinaria de la noche del 5 de julio
66. Sesión del 6 de julio
67. Sesión del 7 de julio
68. Sesión extraordinaria del 7 de julio
69. Sesión del 9 de julio
70. Sesión extraordinaria del 9 de julio
71. Sesión del 10 de julio
72. Sesión extraordinaria del 10 de julio
73. Sesión del 11 de julio
74. Sesión del 12 de julio
75. Sesión extraordinaria de la noche del 12 de julio
76. Sesión del 13 de julio
77. Sesión extraordinaria de la noche del 13 de julio
78. Sesión del 14 de julio
79. Sesión del 16 de julio
80. Sesión extraordinaria del 16 de julio
81. Sesión del 17 de julio
82. Sesión extraordinaria del 17 de julio
83. Sesión del 18 de julio
84. Sesión del 19 de julio
85. Sesión extraordinaria de la noche del 19 de julio
86. Sesión del 20 de julio
87. Sesión del 21 de julio
88. Sesión extraordinaria del 21 de julio
89. Sesión del 23 de julio
90. Sesión extraordinaria de la noche del 23 de julio
91. Sesión del 24 de julio
92. Sesión extraordinaria de la noche del 24 de julio
93. Sesión del 25 de julio
94. Sesión del 26 de julio
95. Sesión extraordinaria de la noche del 26 de julio
96. Sesión del 27 de julio
97. Sesión extraordinaria de la noche del 27 de julio
98. Sesión del 28 de julio
99. Sesión del 30 de julio
100. Sesión extraordinaria de la noche del 30 de julio
101. Sesión del 31 de julio
102. Sesión extraordinaria del 31 de julio
103. Sesión del 1° de agosto
104. Sesión del 2 de agosto
105. Sesión extraordinaria del 2 de agosto
106. Sesión del 3 de agosto
107. Sesión extraordinaria del 3 de agosto
108. Sesión del 3 de agosto
109. Sesión del 6 de agosto
110. Sesión extraordinaria del 6 de agosto
111. Sesión del 7 de agosto
112. Sesión extraordinaria del 7 de agosto
113. Sesión del 8 de agosto
114. Sesión del 9 de agosto
115. Sesión extraordinaria del 9 de agosto
116. Sesión del 10 de agosto
117. Sesión extraordinaria del 10 de agosto
118. Sesión del 11 de agosto
119. Sesión del 13 de agosto
120. Sesión extraordinaria del 13 de agosto
121. Sesión del 14 de agosto
122. Sesión extraordinaria del 14 de agosto
123. Sesión del 15 de agosto
124. Sesión del 16 de agosto
125. Sesión del 17 de agosto
126. Sesión extraordinaria del 17 de agosto
127. Sesión del 18 de agosto
128. Sesión del 20 de agosto
129. Sesión extraordinaria del 20 de agosto
130. Sesión del 21 de agosto
131. Sesión extraordinaria del 21 de agosto
132. Sesión del 22 de agosto
133. Sesión del 23 de agosto
134. Sesión extraordinaria del 24 de agosto
135. Sesión del 25 de agosto
136. Sesión del 27 de agosto
137. Sesión extraordinaria del 27 de agosto
138. Sesión del 28 de agosto
139. Sesión extraordinaria de la noche del 28 de agosto
140. Sesión del 29 de agosto
141. Sesión del 30 de agosto
142. Sesión extraordinaria de la noche del 30 de agosto
143. Sesión del 31 de agosto
144. Sesión extraordinaria de la noche del 31 de agosto
145. Sesión del 1o de septiembre
146. Sesión del 3 de septiembre
147. Sesión extraordinaria de la noche del 3 de septiembre
148. Sesión del 4 de septiembre
149. Sesión extraordinaria de la noche del 4 de septiembre
150. Sesión del 5 de septiembre
151. Sesión del 6 de septiembre
152. Sesión extraordinaria de la noche del 6 de septiembre
153. Sesión del 7 de septiembre
154. Sesión del 8 de septiembre
155. Sesión del 10 de septiembre
156. Sesión extraordinaria de la noche del 10 de septiembre
157. Sesión del 11 de septiembre
158. Sesión extraordinaria de la noche del 11 de septiembre
159. Sesión del 12 de septiembre
160. Sesión del 13 de septiembre
161. Sesión extraordinaria de la noche del 13 de septiembre
162. Sesión del 14 de septiembre
163. Sesión extraordinaria de la noche del 14 de septiembre
164. Sesión del 15 de septiembre
165. Sesión del 17 de septiembre
166. Sesión extraordinaria de la noche del 17 de septiembre
167. Sesión del 18 de septiembre
168. Sesión extraordinaria de la noche del 18 de septiembre
169. Sesión del 19 de septiembre
170. Sesión del 20 de septiembre
171. Sesión extraordinaria de la noche del 20 de septiembre
172. Sesión del 21 de septiembre
173. Sesión extraordinaria de la noche del 21 de septiembre
174. Sesión del 22 de septiembre
175. Sesión del 24 de septiembre
176. Sesión extraordinaria de la noche del 24 de septiembre
177. Sesión del 25 de septiembre
178. Sesión extraordinaria del 25 de septiembre
179. Sesión del 26 de septiembre
180. Sesión del 27 de septiembre
181. Sesión de la noche del 27 de septiembre
182. Sesión del 28 de septiembre
183. Sesión extraordinaria de la noche del 28 de septiembre
184. Sesión del 29 de septiembre
185. Sesión del l°o de octubre
186. Sesión extraordinaria de la noche del l°o de octubre
187. Sesión del 2 de octubre
188. Sesión extraordinaria de la noche del 2 de octubre
189. Sesión del 3 de octubre
190. Sesión del 4 de octubre
191. Sesión extraordinaria de la noche del 4 de octubre
192. Sesión del 5 de octubre
193. Sesión del 6 de octubre
194. Sesión del 8 de octubre
195. Sesión extraordinaria de la noche del 8 de octubre
196. Sesión de 9 de octubre
197. Sesión de la noche del 9 de octubre
198. Sesión del 10 de octubre
199. Sesión del 11 de octubre
200. Sesión extraordinaria del 11 de octubre
201. Sesión del 12 de octubre
202. Sesión extraordinaria del 12 de octubre
203. Sesión del 13 de octubre
204. Sesión extraordinaria del 14 de octubre

PROTESTAS HECHAS POR LOS DIPUTADOS DEL PRIMER CONGRESO GENERAL DE COLOMBIA

Número 1 - Del señor Manuel Baños
Número 2 - Del señor Manuel María Quijano
Número 3 - Del señor Juan Ronderos
Número 4 - Del señor Nicolás Ballén de Guzmán
Número 5 - Del señor Antonio Malo
Número 6 - Del señor Ignacio Márquez
Número 7 - Del señor Leandro Egea
Número 8 - Del señor Félix Restrepo
Número 9 - Del señor Estévez
Número 10 - Del señor Alejandro Osorio
Número 11 - Del señor Francisco Soto
Número 12 - Del señor Manuel María Quijano
Número 13 - Del señor Juan Bautista Estévez
Número 14 - Del señor Miguel Tobar
Número 15 - Del señor Manuel Campos
Número 16 - Del señor Nicolás Ballén de Guzmán
Número 17 - Del señor Joaquín Fernández Soto
Número 18 - Del señor Francisco Pereira
Número 19 - Del señor Juan Bautista Estévez
Número 20 - Del señor Pedro Carvajal
Número 21 - Del señor Carlos Alvarez
Número 22 - Del señor Manuel Baños
Número 23 - Del señor Manuel María Quijano
Número 24 - Del señor Vicente Azuero
Número 25 - Del señor Francisco Soto
Número 26 - De los señores Vicente Azuero, Diego Fernando Gómez y Miguel Santamaría
Número 27 - Del señor Domingo Briceño y Briceño
Número 28 - Del señor Nicolás Ballén de Guzmán
Número 29 - Del señor Juan Bautista Estévez
Número 30 - Del señor Manuel María Quijano
Número 31 - Del señor Félix Restrepo
Número 32 - Del señor Ramón Ignacio Méndez
Número 33 - Voto del señor obispo de Mérida, diputado Rafael Laso
Número 34 - Del señor Pedro Gual
Número 35 - Del señor Pedro Gual
Número 36 - Del señor doctor Félix Restrepo
Número 37 - Del señor doctor Miguel Tobar
Número 38 - Del señor doctor Nicolás Ballén de Guzmán
Número 39 - Del señor José Antonio Borrero
Número 40 - Del señor doctor Félix Restrepo
Número 41 - Del señor doctor Miguel de Tobar
Número 42 - Del señor Domingo Briceño y Briceño
Número 43 - Del señor doctor Nicolás Ballén de Guzmán
Número 44 - Del señor Manuel María Quijano
Número 45 - Voto del representante, obispo de Mérida, por la creación de un tribunal superior de justicia en el departamento del Cauca
Número 46 - Del señor doctor Joaquín Fernández de Soto
Número 47 - Del señor doctor Félix Restrepo
Número 48 - Del señor doctor Miguel Peña
Número 49 - Del señor Domingo Briceño y Briceño 296
Número 50 - Voto del obispo de Mérida sobre el artículo 4°o de resello de moneda

    


LEY. 6 DE OCTUBRE.QUE DESIGNA LAS ARMAS DE LA NACIÓN.

   El congreso general de Colombia, CONSIDERANDO: Que por el artículo 11 de la ley fundamental de la República le corresponde designar las armas que deben distinguirla en lo venidero entre las naciones independientes de la tierra, ha venido en decretar y

   DECRETA LO SIGUIENTE:

   Artículo 1° Se usará en adelante, en lugar de armas, de dos cornucopias llenas de frutos y flores de los países fríos, templados y cálidos, y de las fasces colombianas, que se compondrán de un hacecillo de lanzas con la segur atravesada, arcos y flechas cruzadas, atados con cinta tricolor por la parte inferior.

   Artículo 2° El gran sello de la República y sellos del despacho tendrán grabado este símbolo de la abundancia, fuerza y unión, con que los ciudadanos de Colombia están resueltos a sostener su independencia, con la siguiente inscripción en su circunferencia: REPÚBLICA DE COLOMBIA.

   Artículo 3° En las monedas de oro, platina y plata, se imprimirá este símbolo nacional por el reverso, con expresión de su valor respectivo, del lugar en que fueron acuñadas, y las iniciales de los nombres de los ensayadores.

   Artículo 4° Por el anverso tendrá impreso el busto de la Libertad, en traje romano y ceñida la cabeza con faja en que se vea grabada la palabra Libertad, y en la circunferencia "REPÚBLICA DE COLOMBIA. AÑO DE...".

   Comuníquese al poder ejecutivo para su observancia.

Dada en el palacio del congreso general de Colombia, en el Rosario de Cúcuta, a 4 de octubre de 1821, 11° de la independencia.

   El presidente del congreso,

José Ignacio de Márquez.

   El diputado secretario,

Miguel Santamaría.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

Palacio de gobierno en el Rosario de Cúcuta, a 6 de octubre de 1821 11°

  Ejecútese.

Francisco de Paula Santander.

   Por su excelencia el vicepresidente de la República, el ministro de hacienda,

Pedro Gual.

    

ACTA DE LA INSTALACION DEL PRIMER CONGRESO GENERAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

      En la villa del Rosario de Cúcuta, a los 6 días del mes de mayo del año del Señor de 1821, se reunieron en virtud de precedente citación, en la posada del excelentísimo señor vicepresidente interino de la República, general de división Antonio Nariño, para la instalación del congreso general de Colombia, mandado convocar por la ley fundamental de 17 de diciembre de 1819, los 57 diputados que se hallan presentes en esta villa, de los nombrados por las 19 provincias que oportunamente han estado en aptitud de hacer las elecciones; y no obstante que se notaba la falta de cuatro o cinco diputados para el complemento de las dos terceras partes del número total, requeridas por el reglamento inserto en la convocatoria de 20 de enero del año próximo pasado para el acto de instalación, como ya el excelentísimo señor vicepresidente había previsto y allanado esta dificultad por medio del decreto que tuvo a bien expedir con fecha de primero del corriente, cuyo tenor es el que sigue:

      "Antonio Nariño, general de división y vicepresidente interino de la República, por cuanto se encuentra en esta villa un considerable número de los señores que han sido nombrados diputados por las provincias que oportunamente han estado en aptitud de hacerlo, para la formación del congreso general de Colombia, sin que hasta ahora haya sido posible reunirse todos los individuos necesarios a llenar las dos terceras partes de su totalidad requerida por el reglamento de convocación;

      "Considerando que por el artículo 5° del mismo, el gobierno quedó autorizado para allanar las dificultades que ocurriesen capaces de impedir o retardar su instalación, que seguramente han sido tan insuperables, que debiéndose haber verificado aquélla desde el primero de enero del corriente año, no ha podido tener su efecto la ley hasta el presente;

      "Considerando que estas propias dificultades, lejos de desvanecerse, se aumentan cada día, ya por la falta de posibilidad en que se halla el gobierno de prestar a los diputados los auxilios pecuniarios que muchos necesitan para su traslación a esta villa, ya porque roto el armisticio y principiadas las hostilidades, será más dificultosa una marcha que no ha podido emprenderse en tiempo de calma y tranquilidad, ya porque también contribuirá a impedirla la estación rigurosa de invierno que está principiando, de cuyos graves y notorios inconvenientes resultaría que la instalación del congreso general de Colombia, designada para el día primero de enero próximo pasado, no vendría acaso a verificarse en todo el corriente año; defiriendo a la opinión pública y a la de los mismos señores diputados presentes sobre la conveniencia y necesidad de la más pronta reunión del congreso; y considerándome como vicepresidente interino de la República, encargado del gobierno general autorizado por el expresado artículo 5° del reglamento para allanar toda dificultad que obste a la instalación, conforme lo estaba mi antecesor su excelencia el señor Roscio, que con el propio objeto delegó a su salida de la capital de Guayana esta misma facultad a su excelencia el vicepresidente de Venezuela en lo respectivo a su territorio; por tanto, he venido a decretar lo siguiente:

      "1° Que el congreso general de Colombia se instale con el número de 57 diputados presentes, que hacen la mayoría absoluta de la totalidad de 95 que corresponden a las 19 provincias que oportunamente han estado en aptitud de nombrarlos, y se aproxima a las dos terceras partes requeridas por el reglamento de convocación.

      "2° Que el acto de instalación se verifique para el seis del corriente, precediendo la publicación de un edicto citatorio.

      "3° Que el ministro del interior se encargue del cumplimiento de este decreto.

      "Dado en el palacio del gobierno, en el Rosario de Cúcuta, a 1° de mayo de 1821.

"Antonio Nariño"

      "Por su excelencia el señor vicepresidente, el ministro del interior,

"Diego B. Urbaneja".

      Se procedió en consecuencia a la instalación del cuerpo, en la forma siguiente:

      El excelentísimo señor vicepresidente, asistido de los ministros del interior y de relaciones exteriores, revestidos igualmente del carácter de representantes nombrados por las provincias de Cartagena y Guayana, y acompañado de los demás diputados, se dirigió a la santa iglesia parroquial, donde, con asistencia de todos y la mayor solemnidad, se celebró la misa del Espíritu Santo. Terminado este acto religioso, pasaron a la sala destinada para las sesiones del congreso, donde tomó su excelencia lugar preeminente bajo el solio nacional.

      Colocados los diputados debidamente, su excelencia el vicepresidente leyó un discurso propio del acto, y concluido, puesto de pie preguntó: ¿Son de opinión los señores diputados que puede procederse a la instalación del congreso? Y habiéndose votado unánimemente que sí, dijo el vicepresidente: el congreso general de Colombia queda legítimamente instalado: en él reside la soberanía nacional.

      Un concurso numeroso (puede decirse), lleno de entusiasmo y complacencia, que presenciaba el augusto acto, repitió vivas a la República y al congreso, y en seguida se recibió a todos los señores diputados el juramento correspondiente.

      A propuesta del vicepresidente se procedió luego a nombrar presidente y vicepresidente para el congreso, y resultando electos a pluralidad de votos, el señor Félix Restrepo para presidente, y el señor Fernando Peñalver para vicepresidente, su excelencia colocó al primero en la silla presidencial, y después de haber oído las gracias que el señor Restrepo dio al congreso por su nombramiento, expresando que más confiaba en las luces de los señores diputados que en las suyas propias para su debido desempeño, se retiró el vicepresidente, acompañado de una diputación de cuatro miembros, nombrados al efecto.

      Continuando la sesión, se trató del nombramiento de secretario, y después de una ligera discusión sobre si deberían nombrarse uno o dos, de dentro o fuera del cuerpo, se acordó que hubiese dos secretarios elegibles por ahora, bien de los miembros del congreso, bien de fuera de su seno. Se entró en votación, y fueron nombrados a pluralidad los señores Francisco Soto y Miguel Santamaría, los cuales tomaron posesión de su destino, dándose por cerrada esta acta de instalación, que será firmada por su excelencia el vicepresidente, por todos los señores diputados y refrendada por los dos representantes ministros de relaciones exteriores y del interior y de justicia.

      Antonio Nariño, doctor Félix Restrepo, Fernando de Peñalver, Luis Ignacio Mendoza, doctor Ramón Ignacio Méndez, doctor Ignacio Fernández Peña, Antonio M. Briceño, José A. Mendoza, doctor Manuel Campos, doctor Francisco José Otero, Joaquín Fernández de Soto, J. Antonio Paredes, Miguel de Zárraga, Miguel Domínguez, Gabriel Briceño, José I. de Márquez, Antonio Malo, José Antonio de las Bárcenas, Nicolás Ballén de Guzmán, José M. Hinestrosa, Juan Ronderos, Bernardo Tobar, Benedicto Domínguez, Leandro Egea, Juan Bautista Estévez, Diego F. Gómez, José Antonio Borrero, J. Francisco Pereira, Vicente A. Borrero, Lorenzo Santander, Mariano Escovar, Alejandro Osario, Pacífico Jaime, Salvador Camacho, José Cornelio Valencia, Casimiro Calvo, Policarpo Uricoechea, Sinforoso Mutis, Cerbeleón Urbina, Francisco Gómez, Ildefonso Méndez, Pedro F. Carvajal, Carlos Alvarez, Manuel Baños, Francisco Soto, Joaquín Borrero, Manuel M. Quijano, Joaquín Plata, Miguel de Tovar, Vicente Azuero, José Prudencio Lanz, Miguel Santamaría, Andrés Rojas, licenciado Gaspar Marcano, Miguel Ibáñez, Pedro Gual, el diputado ministro del interior, Diego B. Urbaneja.

 

ACTA 2a. CONTINUACION DE LA SESION ANTERIOR

      Colocados en sus respectivos asientos los dos secretarios, se presentó el ministro de relaciones exteriores, y en nombre del vicepresidente anunció la venida de su excelencia con el objeto de entregar al congreso un pliego que acababa de recibir del excelentísimo señor Libertador presidente, y con este motivo el señor Peñalver preguntó si se le habría de recibir como encargado del poder ejecutivo, concluyendo con hacer la moción de "si se debe o no proceder a nombramiento provisional de vicepresidente de la República", en cuya explanación manifestó la sana intención que tenía de dar la mayor legitimidad posible a la autoridad de este magistrado.

      Tomaron por esta razón varios diputados la palabra; algunos observaron que se había continuado tácitamente al general Nariño en el ejercicio de sus funciones; quién dijo que debía recibírsele con el mismo carácter con que se le había recibido cuando había instalado el congreso, y al fin se convino en que cuatro individuos del cuerpo saliesen a recibirlo a la barra, y ocupase en la sala el asiento inmediato a la derecha del presidente. Su excelencia entregó el pliego del Libertador, y también el despacho de nombramiento de vicepresidente, y entonces se retiró con la misma solemnidad.

      Convenido que se leyese todo públicamente, se procedió a su lectura:

      "Señor:

      "El acto augusto de la instalación del congreso general de Colombia, compuesto de los representantes de 22 provincias libres, ha puesto el colmo a mis más ardientes votos. La República, fundada ahora sobre la más completa representación de los pueblos de Cundinamarca y Venezuela, se elevará a la cumbre de la dicha y de la libertad a que aspira esta naciente nación; y yo, señor, al ver que los legítimos depositarios de la soberanía del pueblo ejercen ya sus sagradas funciones, me juzgo eximido de toda autoridad ejecutiva.

      "Nombrado por el congreso de Venezuela presidente interino del Estado, y siendo vuestra representación la de Colombia, no soy yo el presidente de esta República, porque no he sido nombrado por ella; porque no tengo los talentos que ella exige para la adquisición de su gloria y bienestar; porque mi oficio de soldado es incompatible con el de magistrado; porque estoy cansado de oírme llamar tirano; y porque mi carácter y sentimientos me oponen una repugnancia insuperable.

      "Dignaos, señor, acoger con toda vuestra bondad mi más reverente homenaje, la profesión que os hago de mi más cordial adhesión, y el juramento más solemne que os presto de mi más ciega obediencia. Pero si el congreso soberano persiste, como no lo temo, en continuarme aún en la presidencia del Estado, renuncio desde ahora para siempre hasta el glorioso título de ciudadano de Colombia, y abandono de hecho las riberas de mi patria.

      "Soy, señor, con la más profunda sumisión y respeto, vuestro más humilde obediente súbdito.

      "Señor.

"Simón Bolívar".

      "República de Colombia. Ejército libertador. Ministerio de guerra y marina. Cuartel general de Achaguas, a 4 de abril de 1821.

      "Al señor general de división Antonio Nariño.

      "En esta fecha se ha servido su excelencia el Libertador presidente expedir el decreto siguiente:

      "Considerando" que verificada desgraciadamente la muerte del excelentísimo señor vicepresidente interino de la República, doctor Juan Germán Roscio, antes de la instalación del congreso general, y no habiéndose encargado aún el doctor Pedro Gual del ministerio de Estado, relaciones exteriores y hacienda para el cual ha sido nombrado interinamente, ha llegado el caso de que estén reunidas en el general de brigada Luis Eduardo Azuola las funciones de vicepresidente y de ministro de Estado, conforme a los decretos de 9 de marzo último; deseando separar estos destinos, cuyo ejercicio es incompatible en una misma persona, vengo a decretar y decreto, en clase de provisional mientras el congreso general resuelve lo conveniente:

      "Artículo 1° El señor general de división Antonio Nariño está nombrado vicepresidente interino de la República hasta que el congreso general elija el propietario, o el que deba suceder al doctor Juan Germán Roscio.

      "Artículo 2° El señor general de brigada Luis Eduardo Azuola continuará ejerciendo el ministerio de Estado, relaciones exteriores y hacienda interinamente hasta que se presente a servirlo el doctor Pedro Gual.

      "Artículo 3° El ministro de guerra se encarga de la ejecución de este decreto, que se publicará y comunicará a quienes corresponda.

      "Dado, firmado de mi mano, sellado con el sello provisional del Estado y refrendado por el ministro de la guerra, en el cuartel general de Achaguas, a 4 de abril de 1821.

"Simón Bolívar.

      "Por mandato de su excelencia,

Pedro Briceño Méndez.

      "Lo transcribo a vuestra señoría para su inteligencia y cumplimiento en la parte que le toca. Al mismo tiempo encarezco a vuestra señoría, de orden de su excelencia, la necesidad de que pase inmediatamente a encargarse de la vicepresidencia de la capital del Estado. Ninguna interrupción particular tiene su excelencia que añadir a vuestra señoría sino instarle por la pronta instalación del congreso general, conforme se ha prevenido antes de ahora a los predecesores de vuestra señoría. Nada es más importante que esta operación de que debe vuestra señoría ocuparse de preferencia a toda otra.

      "Dios guarde a vuestra señoría muchos años.

      "El ministro,

"Pedro Briceño Méndez".

      Enterado el congreso del contenido de uno y otro, observó el señor Tobar (Bernardino) que aún no era tiempo de deliberar, que por lo menos debía meditarse el asunto por 24 horas; y habiéndolo apoyado el señor Urbaneja, añadiendo que pues no demandaba esto, por su naturaleza, pronta resolución, debía diferirse para su oportunidad; así lo acordó el congreso.

      Se hicieron varias reflexiones sobre la naturaleza del nombramiento de vicepresidente en el señor Nariño, y teniendo a la vista su despacho, se resolvió que se contestara a su excelencia en estos términos:

      Queda enterado el congreso y el vicepresidente de la República debe continuar ejerciendo sus funciones, conforme a las leyes que rigen en la materia, hasta nueva determinación.

      Acordó después el presidente que el cuerpo se reuniese el día de mañana a las nueve, con el objeto de leer el proyecto de reglamento interior que tenían preparado algunos de los representantes. Y con esto se levantó la sesión.

Doctor Félix Restrepo.

      El diputado secretario,

Francisco Soto.

 

ACTA 3a. SESION DEL DIA 7 DE MAYO

      Se empezó por la lectura del acta que contiene la sesión del día de ayer, y después de algunas observaciones, se aprobó en los términos en que está escrita.

      El señor Gual tomó la palabra y pidió que se facultase a los secretarios del congreso para recibir el archivo del anterior de Venezuela y de la diputación permanente, y así se acordó.

      Se iba a dar principio a la lectura del reglamento interior, o del modo de proceder, conforme a la resolución del congreso; y se creyó necesario anticipar la decisión, que se acordó a moción del señor Azuero, apoyada por el señor Gómez, de que a la secretaría se diesen los auxilios precisos para su desempeño, y en consecuencia, después de una ligera discusión, determinó el congreso que el señor presidente, de acuerdo con los señores vicepresidente y secretarios, arregle todo lo perteneciente a este objeto, y dé cuenta para la resolución. Y con esto se levantó la sesión.

Doctor Félix Restrepo.

      El diputado secretario,

Francisco Soto.

 

ACTA 4a. SESION DEL DIA 8 DE MAYO

      Leída y aprobada el acta que contiene la sesión de ayer, el señor presidente indicó que era llegado el momento de proceder al orden del día, leyéndose el reglamento interior que habían trabajado preventivamente los señores diputados Gómez (Bernardino), Tobar, Pereira y Bárcenas, con el objeto de presentarlo al congreso. Se hizo efectivamente su lectura, y entonces el señor Azuero pidió que se adoptase provisoriamente y se pasara después a una comisión para que informase sobre él, cuya moción fue apoyada por el señor Briceño (presbítero Antonio María).

      Habiéndose discutido suficientemente la cuestión, y manifestado varios de los señores diputados la necesidad imperiosa de que se estableciese un orden en las sesiones, fuera el que fuese, como que era mejor existir bajo una regla que obrar arbitrariamente y sin ninguna, fijó el señor Azuero su proposición en estos términos:

      "Que se forme un extracto del reglamento comprehensivo de los artículos que prescriben las reglas de debate y son precisos para la economía del cuerpo, el cual se adopte provisionalmente, y que el reglamento en su totalidad pase a una comisión para que haga sus observaciones"; y al momento, apoyadas [sic] por los señores Briceño (Antonio María) y Méndez (R. Ignacio), fue puesta a votación y aprobada por una gran mayoría.

      Uno de los secretarios leyó entonces dicho reglamento, y previas algunas ligeras observaciones se calificaron comprensivos de las reglas de debate, y absolutamente precisos para la economía del cuerpo los artículos siguientes, que fueron adoptados provisoriamente:

      Artículo 1° El presidente y vicepresidente ocuparán, por su orden, los primeros asientos. Los demás diputados se sentarán indistintamente.

      Artículo 2° Serán funciones principales del presidente: abrir la sesión, hacer venir a los diputados que hallándose en la capital no hayan concurrido, hacer guardar la regularidad en los debates, llamar al orden al orador que se distraiga de la cuestión que se discute, nombrar, de acuerdo con el vicepresidente y secretarios, los diputados que deban componer las diversas comisiones, dar las contestaciones que de palabra le correspondan al cuerpo, y velar en la observancia de este reglamento.

      Artículo 3° Los diputados deberán concurrir a las sesiones ordinarias del congreso, sin necesidad de ser llamados, y en virtud de la señal en que se ha convenido.

      Artículo 4° Las sesiones serán públicas; pero el presidente bien podrá mandar se despeje la sala de toda persona extraña cuando un asunto haya de tratarse reservadamente o cuando para el mismo efecto lo pida algún diputado. Si se pusiere en duda la necesidad de la reserva, lo decidirá la pluralidad de los miembros presentes.

      Artículo 5° Habrá en la sala de sesiones una barra, que separe los espectadores del lugar que ocupan los miembros del congreso.

      Artículo 6° Ninguna persona podrá entrar con armas a la sala de sesiones.

      Los diputados se presentarán de casaca, vestidos con sencillez y decencia.

      Artículo 7° Ningún diputado podrá ausentarse más de tres leguas de la capital, sin previa licencia del congreso; ninguno dejará de asistir a las sesiones sin un justo motivo, y con noticia del presidente del cuerpo.

      Artículo 8° Habrá sesiones ordinarias desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde, y se exceptúan solamente los domingos, a menos que sea por un asunto urgente que no convenga diferir.

      Artículo 9° Tendrán lugar las sesiones permanentes todas las veces que a propuesta de uno de los miembros se declare por la pluralidad.

      Artículo 10. No habrá sesión sin la concurrencia por lo menos de 46 diputados.

      Artículo 11. En los debates se guardará toda la moderación, decencia y compostura que corresponden a la dignidad del cuerpo. El que habla se pondrá en pie, dirigirá la palabra al presidente, y evitará absolutamente toda personalidad, de modo que para rebatir una proposición lo hará con la menor referencia posible a la persona y opiniones de su autor.

      Artículo 12. Todos atenderán al que está hablando, y mientras éste se mantenga en pie es prueba de que aún no ha concluido su discurso.

      Entretanto no será interrumpido, a menos que pierda de vista la cuestión que se examina o que falte a las reglas de debate, en cuyos casos el presidente le advertirá su deber.

      Artículo 13. Cualquier diputado que crea que se falta a las reglas y orden del congreso, puede pedir al presidente haga que se ejecuten, exponiendo sus razones.

      Artículo 14. Levantándose dos o más para tomar la palabra, la tendrá el que se haya levantado primero. En caso de duda se estará a la decisión del presidente.

      Artículo 15. Ningún diputado hablará más de dos veces en una sesión sobre una sola materia. Si alguno, sin embargo, creyere que lo que ocurre después importa sobremanera para ilustrar la cuestión, o que los que siguen en el debate desfiguran el sentido de sus proposiciones, puede, con beneplácito del presidente, precedida esta exposición, tomar la palabra de nuevo para aquel solo objeto.

      Artículo 16. Será permitido al autor de una moción que ha sido contradicha responder al fin del debate a los argumentos que se le han opuesto.

      Artículo 17. Ningún acto se tendrá por emanado del congreso mientras no haya sido propuesto en el lugar de sus sesiones por uno de sus miembros y por medio de una moción que admitida se haya votado y aprobado por la pluralidad de los diputados presentes, conforme a las reglas de debate.

      Artículo 18. Toda moción deberá reducirse precisamente a escrito por el mismo que la hace, y concebirse en los términos que han de servir para la redacción; sin este requisito no podrá discutirse proposición alguna.

      Artículo 19. Hecha una moción y reducida a escrito, debe quedar sobre la mesa desde que se propone la cuestión sobre ella para que los miembros puedan examinarla durante el debate. Cualquiera de ellos puede pedir al secretario la lea.

      Artículo 20. El secretario estampará en el libro de actas todas las mociones que se hagan, exponiendo su resultado del número de votos que la hayan producido.

      Artículo 21.Hecha una moción, no se tratará de otra hasta que se haya dispuesto de aquélla, a menos que sea para modificarla o prorrogarla.

      Artículo 22. El haberse propuesto una modificación no impide el que antes de resolverse se proponga otra ni el que se haga moción sobre modificar la modificación primera.

      Artículo 23. Propuesta que sea una modificación, sobre ella debe recaer la cuestión y el dictamen del congreso, antes que pueda promover cuestión sobre la moción primitiva, y en caso de que las modificaciones sean más de una, se votarán primero las que restrinjan menos la proposición principal.

      Artículo 24. Ninguna moción se discutirá por su resolución o aprobación, sin que apoyada por otro de los miembros, se haya admitido por la pluralidad, después de un ligero examen sobre su admisión o inadmisión.

      Artículo 25. La moción que haya sido una vez rechazada no podrá repetirse en la misma reunión del congreso, a menos que se proponga de nuevo con modificación.

      Artículo 26. Si no se creyera conveniente que el congreso admita o rechace una moción en el acto que se le propone, hay dos maneras de disponer de ella: primera, haciendo moción de prorrogarla; segunda, proponiendo el que se proceda al orden del día. En ambos casos puede renovarse durante la misma reunión del congreso.

      Artículo 27. Una vez admitida una moción, no podrá su autor retirarla a reformarla sin consentimiento del congreso.

      Artículo 28. Admitida una moción que se dirija a obtener una ley o acto legislativo del congreso, deberá leerse tres veces, con intervalo por lo menos de un día entre lectura y lectura. Después de la última, procederá el congreso a examinarla para su resolución. Mas si en el curso de la discusión se propusiere que pase a una comisión, ya para que informe, o ya para que redacte la moción en otra forma, se estará a lo que resuelva la pluralidad.

      Artículo 29. Cuando una moción se crea suficientemente discutida a juicio del presidente, éste, antes de llamar a votación, preguntará si alguno de los miembros tiene que decir algo todavía sobre ella, y en caso negativo propondrá la cuestión en términos bastante claros, mandando que los que están por la afirmativa se pongan en pie, y los que por la negativa se queden sentados; y entonces ya no se permitirá discusión alguna sobre la materia.

      Artículo 30. Verificada la votación, el presidente la publicará declarando por qué partido está la pluralidad.

      Artículo 31. Si algún miembro pusiese en duda la votación, el presidente proponiendo de nuevo mandará se mantengan en pie los que estén por la afirmativa, y hará que el secretario los cuente. Los mismo se verificará cuando la votación sea nominal.

      Artículo 32. La votación será nominal todas las veces que convenga en ello una quinta parte de los miembros presentes.

      Artículo 33. Los diputados cuyas opiniones hayan sido contrarias a una resolución del congreso, tienen el derecho de presentar por escrito en la sesión siguiente sus votos particulares. Estos se leerán concluida que sea la lectura del acta a que se refiere, y siendo conformes, se mandarán agregar al libro en que se salvan los votos.

      Los demás artículos quedarán excluidos de la calificación de pertenecientes al orden de debates y al económico que debe guardarse en el cuerpo; y todos ellos, como que forman el reglamento de proceder, se mandaron pasar a una comisión, para la cual se nombró a los señores Gual, Marcano y Gómez, no habiéndosele indicado término para dar su informe, a causa de haberse creído que estando impuesta de la urgencia, lo harían con la brevedad posible.

      El señor Santamaría manifestó entonces que no habiendo quien dudase de las ventajas que resultarían del establecimiento de una imprenta en esta capital, para con su auxilio satisfacer de algún modo la expectación pública, podía prevenirse al gobierno hiciera venir la que se sabía haber llegado a Maracaibo; en cuyo acto el señor Gual aseguró al congreso que el excelentísimo señor vicepresidente había ya tomado en el particular las medidas eficaces que se habían tenido por oportunas.

      El señor presidente dijo que estaba pendiente la contestación que debe darse al excelentísimo señor Libertador, y que se ocupara de esto el congreso, pues que en su concepto éste era un negocio de muy grave importancia.

      Entonces el señor Méndez (Ildefonso) pidió la palabra, y después de haber discurrido sobre la urgencia de tomar en consideración la ley fundamental de la República de Colombia, sancionada por el congreso anterior de Venezuela, y sujeta para su ratificación al presente; de haberse extendido bastane ponderando su importancia, exponiendo que éste era el primer encargo de los pueblos y era también el objeto de sus deseos, y aseverando que sin esta ratificación todo lo que se hiciese iría revestido del carácter de nulidad, concluyó haciendo esta moción:

      "Que se tome en consideración con preferencia la ley fundamental de la República de Colombia para su ratificación".

      La cual fue apoyada por el señor Gual.

      Después de una discusión viva sobre si debía o no admitirse porque en el concepto de algunos diputados había negocios que demandaban preferencia en su resolución, aunque todos convenían en la grande importancia del presente, el señor Gómez (Diego Fernando) tomó la palabra, y ratificando esto último pidió que se difiriese la moción a la vez que la sanción de la ley fundamental exigía algún tiempo y meditación; en lo cual convinieron otros varios señores. Así fue que habiéndose por el señor Gual, con el objeto de dar fin a la cuestión, explicado el riguroso sentido de la voz: prorrogación, que era lo mismo que dilación propuesta, se convino en prorrogar la moción del señor Méndez.

      Se hizo entonces la moción de "si se asigna día para la discusión de la anterior", y habiéndose en esta materia desviado algunos diputados de su objeto, el señor Bárcenas dijo: "que se traten cosas de importancia y no se malgaste el tiempo". Por último el punto se redujo a votación, y por una mayoría de 27 votos se resolvió afirmativamente, así como por otra votación posterior se acordó que lo asignara el presidente del cuerpo, y su señoría señaló el lunes próximo, 13 de mayo.

      El señor presidente insistió en que se leyese la comunicación de su excelencia el Libertador presidente, de que se ha hecho referencia, y encargó al congreso que se dignara acordar la contestación conveniente, puesto que un edecán de su excelencia se hallaba detenido en esta capital con el intento de llevarla a sus manos.

      El señor Peñalver demostró con varias razones la necesidad de este acto, y fijó por último esta moción:

      "Se asigna día para sesión extraordinaria, a la cual se citan todos los diputados que no tengan impedimento legítimo para concurrir, y en la cual se determine la contestación que haya de darse a su excelencia el Libertador presidente", y fue votada negativamente esta proposición.

      Tuvo lugar la exposición del señor Santamaría, sobre que la comunicación de su excelencia debía mirarse bajo dos aspectos: primero, como una congratulación del Libertador al congreso, lo cual exigía por lo menos contestación decorosa y digna de las virtudes de su excelencia; y segundo, en cuanto a la resolución que aseguraba tener de no continuar, o no admitir la presidencia del Estado.

      Seguidamente hablaron los señores Campos, Mendoza (Luis), Briceño (Antonio María), Azuero, Gual y otros varios; y se acordó al fin que la secretaría presentase el día de mañana un proyecto de contestación para su examen, que debe tener las bases que fueron propuestas por el señor Azuero, a saber:

      "Que se conteste a su excelencia en los términos más satisfactorios sobre los cumplimientos que hace al congreso, y se le diga que continúe por ahora en la presidencia hasta que el congreso tome materia en consideración".

      El señor Escobar hizo esta moción: "que a los magistrados actuales se prorroguen sus facultades, como que es un acto absolutamente preciso", expresando que de su resolución debería emanar no sólo cuanto en su juicio había de contestarse al excelentísimo señor Libertador en materia de renuncia, sino esa prorrogación de autoridades que a él parecía necesaria, y la moción fue apoyada.

      El señor Méndez (Ramón Ignacio) se opuso vigorosamente pretendiendo que si el congreso hiciera tal prorrogación, se atraería sobre sí el odio que muchos funcionarios se habían granjeado justamente de los pueblos; y el señor Méndez sostuvo lo mismo, asegurando que la prorrogación era el mejor arbitrio para inducir en algunos hasta la desesperación. El señor Santamaría dijo entonces que ella sería una usurpación del cuerpo legislativo a los demás poderes, y que era una irregularidad entrar en la prorrogación general de autoridades, hasta la más insignificante, como la de guarda mayor.

      En este estado el señor presidente levantó la sesión.

Doctor Félix Restrepo.

      El diputado secretario,

Francisco Soto.

 

ACTA 5a. SESION DEL DIA 9 DE MAYO

      Leída el acta que contiene la sesión del día de ayer, y aprobada con algunas ligeras enmendaciones en los términos que fue escrita, hizo presente el señor secretario Soto que su compañero el señor Santamaría estaba ocupado actualmente en formar la contestación que se había encargado por vía de proyecto a la secretaría.

      Se pidió licencia para leer, y efectivamente se leyeron dos oficios que pasó el ministerio del interior y de justicia, a que acompañaba la exposición que hacía el señor Francisco Javier Yanes con fecha 21 de marzo último desde la villa del norte en la isla de Margarita, de que sus enfermedades absolutamente le impedían emprender viaje para esta capital, con el objeto de tomar asiento en el congreso en calidad de diputado; y copia impresa del acta celebrada en la ciudad de Santa Marta el 6 de abril de este año para la elección de diputados. Se leyó también una representación firmada por el ciudadano Miguel Jaramillo, que parece ser vecino de Medellín en la provincia de Antioquia, en que excita al congreso acuerde la providencia que en su concepto crea de justicia, para que las dotes que entregan las monjas al tiempo de su profesión, luego que hayan muerto se restituyan a sus respectivas familias, y que sea extensiva a la suya, en el caso que refiere.

      Se advirtió entonces la necesidad que había de crearse una comisión de poderes, que tomando en consideración los que presenten los diputados que sucesivamente lleguen, informen sobre esto y todo lo demás concerniente a la materia, y se hicieron también con este motivo varias observaciones: quién pidió que se pasara a la que conforme al reglamento provisionalmente adoptado debía nombrarse, y quién indicó lo que se había practicado en tales casos por otros cuerpos colegiados.

      Quejándose el señor Briceño (Antonio María) y el señor Méndez (Ramón Ignacio) del tiempo que se perdía en la lectura de comunicaciones o memoriales tan largos que debieran manifestarse al congreso en resumen. Por fin el señor Azuero hizo esta moción:

      "Si se comisiona al presidente, vicepresidente y secretarios para que extiendan un plan de las comisiones que deban establecerse, dando cuenta al congreso el día de mañana", la que fue apoyada por el señor Mutis; y después de una ligera discusión resultó aprobada por una mayoría de 25 votos.

      Se dio cuenta del informe de la comisión nombrada en la sesión del día 7 para arreglo de la secretaría del congreso, el cual está reducido a que debían crearse las plazas de portero, archivero y de dos escribientes por ahora, cada uno con la dotación de $20 mensuales, y librarse en favor de aquél una pequeña cantidad para pagar un asistente, y en el de la secretaría la que se invierta en comprar los utensilios necesarios para el despacho de los asuntos; y después de una acalorada discusión en que los señores Briceño (Antonio María) y Méndez (Ramón Ignacio) dijeron que era degradante al cuerpo representante de la nación ocuparse de negocios tan fútiles y que el presidente estaba autorizado para hacer todo este arreglo; con lo cual convinieron otros varios señores, y el señor Tobar (Miguel) aseguró que esto no era de resorte del congreso sino del poder ejecutivo, a quien tocaba disponer de la hacienda pública, en cuya comprobación alegó la práctica observada en el gobierno español. Tomó la palabra el señor vicepresidente Peñalver, y después el señor secretario Soto, expresando que se procedía con equivocación cuando se atribuía al poder ejecutivo semejante facultad, y que la comisión sólo pretendía que el congreso hiciese la creación de estos empleos y fijase su dotación, sueldo o gratificación, y en fin, que no hacía más que cumplir lo que se le había prevenido, pues del acta resultará que debía dar cuenta. Por último se fijaron las dos mociones siguientes, que sucesivamente fueron votadas y aprobadas por una gran mayoría. Primera. "¿Se aprueba el informe o cuenta dada por los señores presidente, vicepresidente y secretario"?. Segunda: "¿Quedan autorizados para librar en lo sucesivo los demás gastos económicos que ocurran, dando cuenta?".

      En este acto presentó el señor secretario Santamaría el proyecto de contestación que debe darse al excelentísimo señor Libertador presidente conforme a la base asignada en la sesión de ayer; y después de algunas variaciones reducidas principalmente a que se hiciese expresión del reglamento formado por el anterior congreso de Venezuela, su fecha 26 de febrero de 1819, se acordó que fuera en los términos siguientes, autorizándose al señor presidente para que la diese en nombre del congreso:

 "Palacio del congreso general en el Rosario de Cúcuta. Mayo 10 de 1821 11°.

      "A su excelencia el Libertador presidente de Colombia, capitán general Simón Bolívar.

      "Excelentísimo señor:

      "El congreso general de Colombia ha recibido con singular complacencia las expresiones de honor y respeto con que vuestra excelencia le felicita en su instalación, desde el cuartel general de Barinas.

      "No esperaba fuesen otros los sentimientos de quien ya como primer magistrado de la República, ya como jefe de sus armas, ha tenido por profesión consagrar su vida a la independencia y felicidad de la patria. No puede recordar el congreso sin una viva emoción de tierna gratitud, que al constante valor y perseverancia de vuestra excelencia, ayudada de las gloriosas victorias obtenidas por los dignos defensores de Colombia y generosos sacrificios de los pueblos, debe hoy la nación verse legalmente congregada y en aptitud de pronunciar solemnemente sus voluntades. La memoria de vuestra excelencia irá siempre unida a la historia de la representación nacional, y sus leyes serán otros tantos recuerdos de los triunfos con que los valientes soldados de la República, acaudillados por vuestra excelencia, hicieron cumplidos los votos de los pueblos y aseguraron la esperanza de su futura prosperidad.

      "Tales son los sentimientos que, a nombre y por resolución del congreso, tengo el honor de anunciar a vuestra excelencia en contestación a su pliego, y cumplo con un agradable deber cuando por orden del mismo congreso presento a vuestra excelencia la expresión de un profundo reconocimiento por los grandes e infatigables servicios a que le es deudora la patria.

      "El congreso queda enterado de las razones expuestas por vuestra excelencia para que se le exima al presente de la presidencia del Estado, bien por la incompatibilidad que vuestra excelencia siente entre la primera magistratura y el mando de las armas, y bien por otras razones de particular consideración. Ellas piden más detenido examen, que el que permite la premura del tiempo y urgencia con que desea el congreso corresponder a la felicitación de vuestra excelencia; pero reservándose pesarlas en toda su fuerza y extensión para cuando lo estime oportuno, hará saber inmediatamente a vuestra excelencia su deliberación.

      "En el entretanto juzga el congreso que la continuación de la autoridad ejecutiva en la persona de vuestra excelencia es altamente interesante al bien de la patria; y penetrado de este sentimiento, espera de vuestra excelencia el sacrificio de su repugnancia en obsequio del interés de Colombia, permaneciendo en el ejercicio de las funciones de presidente del Estado. Así lo ha acordado el congreso; y se persuade que vuestra excelencia añadirá este nuevo testimonio de su ardiente celo por el mejor servicio de su patria, tanto más cuanto que al vicepresidente del Estado, que reside en esta capital, corresponde las funciones que vuestra excelencia no puede desempeñar por hallarse en campaña.

      "Por último, nada tiene el congreso más cerca de su corazón en este momento, sino el vehemente deseo de ver coronados los importantes servicios de vuestra excelencia en la presente campaña por una victoria que acelere el término de nuestra heroica contienda, colmando de nuevas glorias a vuestra excelencia y a las esforzadas tropas de su mando, apoyo sólido de esta representación nacional.

      "Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.

"Doctor Félix Restrepo.

"Presidente del congreso".

      Habiéndose presentado el señor José Manuel Restrepo, cuyo poder fue calificado oportunamente por la junta preparatoria, prestó el juramento de costumbre, y tomó asiento en la sala.

      El señor Urbaneja hizo la observación de que en el acta del día 7, a cuya lectura en el siguiente él no había concurrido, faltaba la circunstancia de que su señoría fue quien manifestó al congreso haber conducido él mismo de orden de la diputación permanente, y como uno de sus individuos, el archivo del último congreso de Venezuela, y el de la referida diputación. Y para que la responsabilidad del señor Urbaneja quedara a cubierto y nunca se le pudiera hacer cargo alguno, se mandó que en el acta de este día se hiciera expresa mención de semejante ocurrencia.

      El señor Hinestrosa tomó la palabra y dijo que la ley imperiosa de la necesidad que atacaba a la mayor parte de individuos del congreso, los cuales habían salido de sus respectivos pueblos hacía ya cerca de tres meses habilitados sólo con una pequeña cantidad que les dio el gobierno, le obligaba a llamar la atención del congreso sobre la subsistencia de los diputados, porque si no se remediaba este mal, estaría el cuerpo en riesgo de una disolución; que él había dejado en Bogotá una familia numerosa que carecía también de auxilios, y concluyó haciendo la moción que fijó por escrito, "que el congreso tome en consideración la subsistencia de los diputados", la cual fue apoyada por el señor Fernández Soto y modificada por el señor Gual en estos términos: "¿sí el congreso en sesión extraordinaria toma en consideración la subsistencia de los diputados?". Después de una breve discusión en que el señor Hinestrosa aseguró que la necesidad era ordinaria, que por lo mismo no debía diferirse para una sesión extraordinaria, y el señor Gual observó que otros negocios por su naturaleza demandaban sesión ordinaria, y que la discusión presente podía mirarse como puramente personal de los diputados, se admitió por una mayoría muy numerosa la modificación, y el señor presidente señaló el 10 del corriente en la noche para su discusión. Y con esto se levantó la sesión.

Doctor Félix Restrepo.

      EL diputado secretario,

Francisco Soto.

 

ACTA 6a. SESION DEL DIA 10 DE MAYO

      Leída el acta de la sesión anterior, el señor Tobar (Miguel) reclamó contra su inexactitud en la parte que le atribuía la expresión de que al poder ejecutivo tocaba disponer de la hacienda pública, pues su intención había sido significar que siendo el objeto exclusivo del congreso dar leyes, correspondía a la autoridad ejecutiva proveer a los objetos expresados en el informe de la comisión para arreglo de la secretaría del congreso; y previa una ligera discusión, se aprobó el acta como se leyó.

      El señor secretario Soto leyó el proyecto sobre nombramiento de comisiones, y habiendo presentado algunos señores varios reparos, propuso el señor Gómez se difiriese la discusión hasta el día siguiente, en que debiendo someterse a conocimiento del congreso el proyecto de reglamento de debates, podía tomar en consideración un artículo que trata expresamente de la materia, y así se acordó.

      Se mandó abrir un pliego presentado al congreso, y que impuesta la secretaría de su contenido diese cuenta al día siguiente.

      El señor Escobar presentó la moción que había introducido el 8, modificada en estos términos. "Para el pronto alivio de los pueblos modifico mi moción del día 8 en los términos siguientes: que se prorroguen las facultades a los actuales funcionarios, sin perjuicio de la duración que las leyes exigen a sus empleos [sic], previniéndoles se ciñan puntualmente a los deberes y atribuciones del que cada uno ejerza, y a las leyes conocidas; con una absoluta responsabilidad, y hasta que el congreso trace el plan de gobierno que debe adoptarse y proceda a la elección de magistrados constitucionalmente".

      Esta moción dio lugar a una larga y empeñada discusión. Se sostuvo afirmativamente por varios señores diputados, fundándose en que su objeto principal tendía a poner algún freno a las autoridades, y proporcionar pronto remedio a los pueblos de la República.

      Que era interés del congreso hacer ver a los pueblos que lo primero que ha llamado su atención ha sido el alivio de sus padecimientos; que debiendo ser lentos los trabajos del congreso, era necesario tomar entre tanto un temperamento para impedir la continuación de las vejaciones que sufrían aquellos; que el origen de los desórdenes procedía de que confundido el poder ejecutivo y legislativo en una misma persona, el judicial no se había ejercitado respecto de los funcionarios públicos que habían delinquido.

      El señor Azuero pidió que el congreso nombrase una comisión que presente un proyecto de decreto en que provisionalmente se detallen, con arreglo a las circunstancias, las facultades de los empleados en la parte gubernativa; que se destruya la autoridad civil de los comandantes militares, y que cuando sean empleados en la parte civil de la administración pública, queden responsables por su administración y sujetos a ser juzgados por los tribunales de justicia, y por fin, que aun en caso de ser revestidos de facultades ilimitadas en lugares fronterizos al enemigo, queden detalladas en lo posible esas mismas facultades, y sujetos a dar cuenta de su buena conducta.

      Sostuvieron varios señores diputados la negativa de la moción del señor Escobar en los términos que se expresaba, fundándola en que la prórroga de autoridad de los funcionarios públicos no era necesaria, porque no habiendo sido revocada por el congreso, de hecho y de derecho continuaban en su posesión hasta nueva determinación; que la doctrina contraria era destructora del orden, porque pondría a los magistrados en la alternativa, o de usurparse las facultades que habían cesado por la instalación del congreso, o abandonar los pueblos a la anarquía, no pudiendo continuar en sus funciones sin prórroga expresa; que la moción, aunque digna de elogio por sus intenciones y fines, no se juzgaba conveniente por los términos generales en que estaba concebida, e inútil por ser ineficaz remedio; que éste consistía en hacer efectiva la responsabilidad de las autoridades, y no en prevenirla; que siendo éste el objeto principal del congreso, era necesario reducirlo a la práctica detalladamente, y la proposición del señor Escobar era mala, por lo mismo que era muy buena, pues en la generalidad, y en la de las razones con que la habían sostenido los señores de la afirmativa, se comprendía todo el trabajo de una constitución, y por último, que siendo ineficaz en sus resultados, podía ser interpretada siniestramente por algunos, creyendo que envolvía más bien una acriminación de los funcionarios públicos en la generalidad, que no la intención de aliviar prontamente a los pueblos; que era del interés y dignidad del congreso tomar medidas que se cumpliesen efectivamente, y no por dejarse llevar del deseo que le asiste de consolar a los pueblos con la posible brevedad, adoptar las que por generales se exponen a quedar ilusorias.

      El señor Peñalver insinuó que podían suspenderse las facultades ilimitadas en las provincias que no fuesen el teatro de la guerra.

      El señor Soto pidió se sujetase esta ilimitación para evitar los atropellamientos de los pueblos, como había sucedido, en cuya opinión concurrió el señor Osorio, añadiendo que por la moción del señor Escobar se prevenía la acusación contra los magistrados en el mismo hecho de ordenarles se arreglasen a las leyes; que todo gobierno tiene sus males, y los que se pretenden reformar son vicios del sistema de gobierno, que los magistrados en general se habían arreglado a las leyes. El de Cundinamarca había dado decretos y reglamentos; que los males de los pueblos vienen de la falta de constitución que es a lo que hemos venido, y que aquéllos no cesan con un simple decreto, pero que se dijese al jefe de Cundinamarca, en particular, habían cesado sus facultades ilimitadas, puesto que las provincias interiores del departamento no eran el teatro de la guerra.

      Puesta a votación la moción del señor Escobar, fue desaprobada por unanimidad de votos, excepto el de su autor.

      El señor Camacho introdujo la siguiente moción:

      "Que se nombre una comisión que presente un temperamento que tienda al pronto alivio a los pueblos".

      Después de una corta discusión, fue admitida por una mayoría muy considerable. El señor presidente nombró para la comisión a los señores Fernández Soto, Zárraga, Azuero, Briceño (Antonio María), Baños.

      El señor Azuero propuso la siguiente moción:

      "Que se diga al poder ejecutivo informe:

      " Sobre las variaciones hechas, así en la cuota como en el sistema de administración y recaudación de las rentas permanentes establecidas en los dos grandes departamentos de la República.

      " Sobre el producto de cada una de ellas en los dos últimos años.

      " Sobre los repartimientos, empréstitos y otras extracciones impuestas a los particulares en las diversas provincias, y sobre los donativos voluntarios que estos mismos han hecho.

      " Sobre las contribuciones extraordinarias y generales que han sido impuestas, forma de su recaudo y sus productos en cada vez.

      " Sobre el total de los bienes secuestrados, método de su administración y utilidades.

      " Sobre el monto de los gastos civiles, militares, extraordinarios, cualesquiera otros que hayan tenido lugar."

      " Que acompañe una lista de los empleados civiles y militares, con expresión de sus grados y clases y asignaciones de que gozan".

      La que fue apoyada por algunos señores diputados, porque este era medio necesario de procurar informaciones y datos para determinar en la materia, y puesta a votación, fue admitida a discusión.

      El señor Gual presentó la siguiente moción:

      "Que se nombre una comisión para que informe al congreso sobre el estado actual del poder judicial de Colombia. Teniendo en consideración los reglamentos y arreglos que se han hecho en la materia, en los departamentos, como por lo que hace a la alta corte de la República, si existe alguna con esta denominación", fundándola en que siendo el poder judicial parte no menos esencial del gobierno, que el ejecutivo, el legislativo, debía asegurarse positivamente de su existencia y hacer que resida en unión de los otros poderes, siendo el judicial la primera garantía de la libertad de los ciudadanos.

      El señor Peñalver observó que el poder judicial existía en el hecho de no haberse revocado su autoridad.

      El señor Urbaneja se opuso a que se expresase la condicional: si existe una corte de justicia con esta denominación, pues ella revocaba en duda que la hubiese habido.

      El señor Ballén observó que por las gacetas y bandos se había publicado la existencia de una corte de justicia en Bogotá, como también un reglamento sobre el particular.

      El señor Tobar (Miguel) dijo que si los nombres indican las cosas, no hay alta corte de justicia, pues sólo existe en Cundinamarca un tribunal de apelaciones, así como hay tribunales de justicia en Cundinamarca.

      El señor Briceño (Antonio María) aseguró que se había creado una corte suprema en Guayana.

      El señor Santamaría dijo: que la divergencia de opiniones mismas acerca de la existencia y modo de uno de los poderes sobre que reposan esencialmente la vida, honor y fortuna de los ciudadanos reclamaba la admisión de la moción del señor Gual, tanto más cuanto que el poder judicial debía residir en asociación de los otros poderes y formar la unidad del gobierno. Con lo cual se levantó la sesión.

Doctor Félix Restrepo.

      El diputado secretario,

Francisco Soto.

 

ACTA 7a SESION DEL DIA 11 DE MAYO

      Leída y aprobada el acta de la sesión anterior, manifestó el señor presidente que las enfermedades que habían atacado a varios señores diputados e impedido la reunión del congreso hasta muy tarde (eran las once de la mañana), indicaba la necesidad de reformar el artículo 6° del reglamento provisionalmente adoptado, pues que era de temer se aumentaran o continuaran las circunstancias referidas. Dijo el señor Gómez (Diego Fernando) que en el reglamento que presentaba ya hoy la comisión nombrada se tocaba esta materia, y que podía empezarse a discutir. Leyó entonces el señor secretario Soto el oficio que dirige la comisión, y por acuerdo del congreso, el artículo 6° del indicado reglamento, que dice así: "No se considera legalmente reunido el congreso sin la concurrencia por ahora de 46 diputados", y discutido brevemente, fue admitido. En seguida el señor Méndez (Ramón Ignacio) puso por escrito esta proposición:

      "Que las dos terceras partes de los congresales existentes en la capital constituyan número para las sesiones", que oportunamente fue modificada por el señor Malo en esta forma:

      "¿Si son necesarias las dos terceras partes del número con que se instaló el congreso para que haya sesión?".

      Y por el señor Gual de esta manera:

      "El congreso no se considera legalmente en sesión sin la concurrencia de las dos terceras partes de los diputados presentes en la capital, cuyo número no podrá ser por ahora menos de las dos terceras partes de los miembros con que se instaló el congreso".

      Y habiéndose admitido a discusión la proposición del señor Malo, porque restringía menos la primitiva, conviniendo en sus discursos la mayoría de los diputados sobre que era absolutamente preciso disminuir el número que se exigía en el artículo rechazado, a no ser que el congreso quedara voluntariamente expuesto a no tener sesiones diarias, en cuya comprobación se hizo mérito del clima y de otras varias razones. Fue puesta a votación y aprobada la proposición del señor Malo por una pluralidad muy respetable. Así es que en lo sucesivo puede haber legalmente sesión con el número de 38 diputados.

      El señor secretario Soto manifestó las dificultades que se tocaban en la redacción de actas, pues que algunos señores diputados habían dado a entender querían se insertase en ellas un extracto de su discurso, y otros que lo fuesen literalmente; cuya divergencia de opiniones era la causa de que se opusiesen reparos, y lo que obligaba a presentar esta moción, como que de este modo se descartaba la secretaría de toda responsabilidad, y jamás se le podía imputar ni falta de memoria, ni otras cosas; he aquí su proposición:

      "¿Si las actas contienen sólo la resolución afirmativa o negativa de las mociones, y de ningún modo expresar las razones en que la fundan?".

      Y admitida a discusión, que fue no muy detenida, porque todos los señores diputados la miraron como perjudicial al decoro y dignidad de que deben ir revestidas las deliberaciones del cuerpo.

      El señor Tobar (Miguel) la reformó así:

      "¿Si las actas del congreso deben contener los debates o no?".

      Entonces el secretario Soto retiró legítimamente la suya, y al fin se votó afirmativamente la otra.

      En seguida dicho señor Tobar hizo esta proposición, que fue legalmente aprobada.

      "¿Si deben las actas contener en extracto los debates?"y el señor Restrepo (Manuel) presentó las dos siguientes, que fueron también aprobadas:

      Primera: "¿Si se expresa o no en las actas el nombre de los opinantes?".

      Segunda: "¿Si algún diputado expresare no estar conforme con lo que se ha redactado en el acta, se anota su reparo en la de este mismo día?".

      Con cuya aprobación, como observó el señor vicepresidente Peñalver, se obtiene a la vez la ventaja de fundar de algún modo la resolución del congreso para que no se presente descarnada y sin apoyo, y se evita el inconveniente de injerir largos discursos, cuando no hay taquígrafos ni escribientes comunes regulares.

      Y siendo ya más de la hora señalada, el señor presidente levantó la sesión.

Doctor Félix Restrepo.

      El diputado secretario,

Francisco Soto.

 

ACTA 9a. SESION DEL DIA 14 DE MAYO

      Leída el acta de la sesion anterior, se advirtió faltaba en ella la resolución del congreso que recayó a moción del señor Gómez. (Diego F.), y fue concebida en estos términos:

      "Que se nombre un redactor de actas, en calidad de oficial mayor de la secretaría del congreso", y su majestad mandó que se hiciese esta expresión, como que era ya un asunto discutido y aprobado.

      La secretaría dio cuenta de las comunicaciones que se habían recibido, y sobre ellas recayó la resolución que va a exponerse por el orden siguiente:

      El señor Borrero (José Antonio), con apoyo de una certificación de facultativo, representó al congreso que la diarrea que estaba padeciendo le obligaba a mudar de temperamento y pedía se le concediera licencia con obligación de volver a tomar su asiento luego que se lo permitiera su salud. Y el señor Fernández Peña suplicaba se le diera permiso para retirarse al pueblo de Ejido en la provincia de Mérida, por cuanto el clima de Cúcuta era destructor de su perdida salud, que urgentemente exigía otro más benigno en donde repararla, y que se previniese al suplente que viniera a llenar su lugar.

      El congreso, después de un ligero debate y de haber fijado algunos señores dos proposiciones sobre la materia, por una mayoría muy considerable concedió licencia a los señores Borrero y Fernández Peña, con obligación de presentarse a tomar su asiento luego que lo permitieran sus enfermedades, en cuyo acto el señor Gual escribió esta modificación, que fue apoyada por el secretario Soto:

      "Que los señores diputados que tienen licencias temporales en beneficio de su salud sean obligados a dar cuenta cada ocho días al presidente del congreso del estado de su salud y su residencia".

      El vecindario de Zapatoca, en la provincia del Socorro, pide en una memoria que se restablezca la municipalidad que se había creado allí en la época anterior de la República, o que se le haga la gracia de villa; y en otra que se dé por libre la siembra de cacao, y los aguardientes se rematen y no se expendan por vía de administración. Y ambas solicitudes se mandaron pasar a las respectivas comisiones, luego que estén creadas por quienes corresponda.

      El administrador general de alcabalas en la misma provincia del Socorro y su departamento, representa que el sueldo que ahora goza en calidad de tal es menor que el que antes disfrutaba como administrador particular, pues el de este empleado era eventual y el otro tasado por la ley y sujeto por lo mismo al decreto en que se mandó que los sueldos se pagaran de contado en su mitad, y nada más, por lo que concluye pidiendo que el congreso tome en consideración la materia para la resolución que estime conveniente. Y esta solicitud, que fue dirigida por medio del poder ejecutivo, se mandó pasar a la comisión respectiva.

      El señor secretario Soto tomó la palabra, indicó la necesidad de que el congreso anunciara su existencia al ejército de una manera digna del cuerpo y de los defensores de la patria, y con este motivo fijó por escrito la siguiente proposición:

      "Que el congreso dirija una proclama al ejército de la República congratulándose con él por la constancia y valor con que ha sostenido los rigores de la campaña y vencido a los enemigos, y manifestándole las esperanzas que fundadamente tiene de que estas causas habrán muy pronto de libertar el territorio y exterminar a los opresores".

      La cual fue apoyada por el señor Briceño (Antonio María).

      Inmediatamente los señores Pereira y Quijano presentaron las dos siguientes proposiciones, que aseguraban ser modificaciones de la primitiva anterior: 1a: "Que es de absoluta importancia el reconocimiento del soberano congreso por todas las autoridades públicas, así civiles como militares y eclesiásticas"; y 2a: "que se declarase prontamente si el actual congreso es constituyente y elector", y que hecha esta aclaración se publique, como propone el señor Pereira.

      Habiéndose suscitado variedad de opiniones sobre la oportunidad de la proposición del señor Soto, pues que alguno la miraba como peligrosa, porque en la proclama tal vez ofrecía el congreso lo que después no había de cumplir, el señor Azuero y otros aseguraron que el emitir proclamas era ajeno del cuerpo legislativo, que cuando más debería hablar decretando. Después de un debate acalorado sobre si las proposiciones últimas eran o no modificaciones de la primera, el señor Gual hizo la siguiente moción: "Que se difieran las mociones hechas por ahora y se contraiga el congreso al orden del día", la cual, apoyada por el señor secretario Soto, fue votada afirmativamente.

      Promovióse después nueva duda sobre si este orden del día demandaba que el congreso tomara ya en consideración la ley fundamental de la República de Colombia o el reglamento de proceder, pues que en la sesión del 8 se había señalado el lunes 14 para aquello, y en otra posterior se acordó que el reglamento se discutiera en todas las sesiones ordinarias. Varias fueron las razones que se adujeron en favor de la preferencia de una y otra discusión; el señor Osorio dijo que sin regla no se podía levantar el edificio, y que sin saber el orden de los debates mal se podría examinar y debatir el negocio más grande que se había presentado a la consideración del congreso. El señor Gual observó que había efectivamente reglas, pero que no sabía por qué fatalidad no querían cumplirse. El señor secretario Soto opinó que el señor presidente, en uso de sus facultades económicas, designase la preferencia, a lo que repuso el señor Borrero (Joaquín) que los diputados no habían dado sus poderes al preopinante; y en fin, el señor Camacho, recomendando la votación como un medio que todo lo allanaba, fijó por escrito la proposición siguiente, que fue apoyada y votada afirmativamente: "¿Si se continúa discutiendo el reglamento con preferencia"?.

      Se procedió pues a la discusión del reglamento, y se empezó por el artículo 13, que dice así:

      "El diputado que incurriere en delito que merezca castigarse por las leyes comunes, será primeramente destituido, conviniendo en ello las dos terceras partes de los miembros presentes y puesta después su persona a disposición de las justicias ordinarias".

      Entonces dijo el señor Otero que este era un punto arduo que no debía tratarse en el reglamento, añadiendo el señor Márquez que era una monstruosidad injerir en uno que sólo es de debates, artículos que son constitucionales y no del caso. A lo que opuso el señor Peñalver que las leyes no dejan de ser leyes porque estén en un reglamento. Continuándose el debate se repitió la lectura del artículo 12, que ya estaba aprobado, del cual puede llamarse nota o advertencia el de la cuestión, porque sancionada la inviolabilidad para siempre, de la opinión y la temporal de la persona del diputado, era necesario advertir que los crímenes cometidos por éste como un particular, no debían quedar sin castigo, ni tampoco expuesta la dignidad del congreso a que un juez cualquiera, por actos ejecutados anteriormente, procediese a separar de la sala a uno de sus miembros. Se aprobó pues el artículo con sola esta variación en su parte final: "del tribunal competente", en lugar de "las justicias ordinarias" en que estaba concebido. No habiéndose votado la moción de proponer dicho artículo para tiempo oportuno, que antes había presentado por escrito el señor Márquez.

      Siguióse la lectura del artículo 14.

      "El diputado que infringiere gravemente las reglas del debate o faltare al decoro del congreso, será corregido por el cuerpo a propuesta del presidente".

      Fue aprobado sin discusión, con la variación única de que en lugar de "castigado", se sustituyó la palabra "corregido".

      El 15 y 16 fueron aprobados literalmente y sin discusión.

      Sobre el artículo 17 hubo algunas dudas no sólo en cuanto a la sustancia sino con respecto a su inteligencia. Después de un ligero debate se votó afirmativamente la siguiente proposición, que fue presentada y apoyada en regla:

      "Que el artículo 17 se posponga y pase a la comisión para que lo refunda en dos: uno relativo a la policía de la sala y su recinto y otro a la villa o lugar o su radio".

      Los artículos 18, 19, 20, 21, 22 y 23 fueron aprobados sin discusión.

      "19. Todos atenderán al que está hablando y mientras éste se mantenga en pie es prueba de que no ha concluido su discurso. Entretanto no será interrumpido, a menos que pierda de vista la cuestión que se examina o que falte a las reglas de debate, en cuyo caso el presidente le advertirá su deber.

      "20. Cualquier diputado que crea que se falta a las reglas de orden del congreso, puede pedir al presidente haga se ejecuten, exponiendo sus razones.

      "21. Levantándose dos o más para tomar la palabra, la tendrá el que se haya levantado primero. En caso de duda, se estará a la decisión del presidente, que le llamará por su nombre.

      "22. Ningún diputado hablará más de dos veces en cada sesión sobre una misma materia. Si alguno, sin embargo, creyere que lo que le ocurre después importa sobremanera para ilustrar la cuestión, o que los que siguen en el debate desfiguran el sentido de su proposición, puede, con beneplácito del presidente, precedida esta exposición, tomar la palabra de nuevo para aquel solo objeto.

      "23. Será permitido al autor de una moción que ha sido contradicha, responder al fin del debate a los argumentos que se le han opuesto".

      En cuanto al artículo 24. "Ningún acto se tendrá por emanado del congreso mientras no haya sido propuesto en el lugar de sus sesiones por uno de sus miembros, y por medio de una moción que admitida se haya votado y aprobado por la pluralidad de los diputados presentes conforme a las reglas de debate", se hicieron varias observaciones, y como de ellas resultaba que no estaba concebida con la exactitud posible, se aprobó la siguiente moción:

      "Que el artículo 24 se posponga y pase a la comisión para que se refunda en dos: uno sobre los actos puramente legislativos, y otro sobre los demás actos del congreso".

      Y con esto se levantó la sesión, por ser ya la hora determinada.

Doctor Félix Restrepo.

      El diputado secretario,

Francisco Soto.

 

ACTA 10a. SESION DEL DIA 15 DE MAYO

      Leída y aprobada el acta de la sesión anterior con la rectificación que hizo el señor Borrero (Joaquín), y que se colocó en su lugar, la secretaría dio cuenta de la solicitud hecha por el señor diputado Domínguez (Benedicto), nombrado en Pamplona, para que se le concediera licencia de ausentarse a un país donde pudiera recuperar su quebrantada salud, con protesta de volver luego que se reponga de sus males.

      El señor vicepresidente Peñalver dijo entonces que se había abierto una puerta que era necesario cerrar; que al congreso atacaba un principio de gangrena que debía ser destruido en su origen; que esas licencias eran incompatibles con la subsistencia de la representación nacional, y que para evitar males tan graves fijaba la siguiente proposición, que fue apoyada por el señor Baños:

      "Que el congreso no dé permiso a ninguno de los presentes diputados mientras no vengan otros buenos y sanos que reemplacen a los absolutamente enfermos".

      El señor Tobar (Miguel) observó que una injusticia desigual era más intolerable que una justicia universal; y que si a los otros señores no se les hubiere concedido su licencia, la injusticia contra el señor Domínguez sería más llevadera. El señor Ballén quería que no se concediera licencia alguna sin que el suplicante presentara pruebas acreditativas de su enfermedad, porque aun cuando él no dudaba de la veracidad de un diputado, era muy probable que la imaginación o la delicadeza engañasen a alguno haciéndole creer que era incurable un accidente de muy poco momento. El señor Malo expuso que más valía estuviera ausente un diputado ocho días, que no que al cabo de ellos pereciera en Cúcuta. El señor Baños manifestó que un diputado al encargarse de la representación de los pueblos renuncia de las comodidades y aun de la vida en favor de la patria, así como lo hace un soldado; que debe anteponer su consagración al congreso, que a aquellos objetos por más caros que sean, y que por lo mismo era de admitirse la proposición del señor Peñalver.

      El señor Gómez (Diego) presentó entonces la siguiente moción, que fue apoyada por el señor Márquez:

      "Que con el objeto de conciliar los dos extremos de prevenir la disolución del congreso dando licencia a los que con justo motivo la piden, y de que no se deniegue a los enfermos el permiso de retirarse a restablecer su salud, el congreso manda se hagan venir a todos los diputados que aún no se han incorporado". Varios señores tomaron la palabra exponiendo su parecer unos en contra y otros en favor de la proposición; pero habiendo observado el señor secretario Soto que aún no se había dispuesto de la del señor Peñalver. y que la del señor Gómez no podía tenerse como modificación, se procedió a la votación de aquélla, que resultó no ser admitida a discusión, por una mayoría bastante respetable, mas sí lo fue la del señor Gómez, que después de un corto debate fue votada y aprobada por una mayoría de 29 contra 13.

      Entonces el señor Osorio hizo estas dos proposiciones, que apoyó el secretario Soto:

      "¿Se comprende o no en la anterior resolución a los individuos a quienes se les admitieron sus renuncias? ¿Debe comprender la resolución que el gobierno los auxilie con lo necesario para su transporte?".

      Discutiéndose si se admitían o no, observó el señor Mendoza (Luis Ignacio) que era bastante ineficaz, por cuanto no era posible, justo ni prudente que vinieran todos los diputados nominados, bien fueran propietarios o suplentes, como que de una provincia, por ejemplo, sólo había de los últimos y no de los primeros; si venían los suplentes y luego los propietarios, resultaban inútiles los trabajos personales, y aun las habilitaciones de las tesorerías concedidas a los suplentes como que debían separarse del congreso; a que añadió el secretario Soto, que el hecho de llamar a los que habían obtenido la admisión de su renuncia por el presidente o vicepresidente departamentales, según la declaratoria de aquél, publicada en Ocaña, era en cierta manera inculcar ya las operaciones del poder ejecutivo, y concluyó presentando la siguiente modificación para cortar la disputa que se había suscitado:

      "Que pase a la comisión de poderes la proposición del señor Osorio, para que en vista de la resolución anterior del congreso indique el medio de llevarla a efecto", y al instante apoyó el señor Gómez (Diego), y legítimamente fue aprobada por una considerable mayoría.

      El señor Briceño (Gabriel) excitó al congreso a que se acordase del señor Domínguez, que según exponía el señor Tobar (Miguel), compañero de éste, se hallaba acometido de disentería; y el señor Campos elogió el recto modo de pensar del señor Baños, comparándolo a los antiguos romanos, y aplicándole las palabras de Valerio Máximo: Abjecta privata.

      Continuó la discusión sobre la solicitud del señor Domínguez, y habiéndose advertido que discutida y votada la proposición del señor Gual (véase la sesión del... [sic]), quedaba resuelta la dificultad. Se puso a votación para saber si se admitía o no a discusión, y votada negativamente, el señor vicepresidente Peñalver fijó esta proposición:

      "¿Si se concede al señor Domínguez la licencia en los términos que pide?".

      Y fue aprobada.

      Se dio cuenta del informe que hacen al congreso el presidente, vicepresidente y secretarios, sobre la creación de comisiones y nombramiento de sujetos que deben componerlas, y su majestad lo aprobó todo, mandando que la comisión de legislación se denominase también de constitución. He aquí el informe:

      "Señor:

      "La comisión, autorizada para la creación de comisiones y nombramiento de los que deben formarlas, da cuenta al congreso de lo que ha hecho, y está reducido a lo siguiente:

      "Ha creado una comisión de poderes y peticiones para que examine e informe todos los poderes que presenten todos los señores que han de incorporarse en el congreso, exponiendo si están o no conferidos según las reglas que establece el reglamento de la materia y las peticiones de quejas y reclamaciones que se dirijan contra los funcionarios o autoridades de la República, para que informe al congreso sobre su contenido y resolución que deba acordarse. Para formar esta comisión han sido nombrados los señores Antonio María Briceño, Manuel Baños, Bernardino Tobar, Vicente Borrero y Prudencio Lanz.

      "Ha creado otra comisión de hacienda, a la cual deben pasar todos los proyectos, memorias y representaciones que tengan por objeto mejorar la organización de rentas, establecer otras, disminuir las actuales, suprimir algunas, etc., y para esta comisión han sido nombrados los señores Gual, Osorio, Quijano, Peñalver y Mutis. Ha creado la comisión que denomina de constitución y legislación, a la cual han de pasarse todos los proyectos, memorias, etc., que traten de la derogación o promulgación de leyes sobre objetos que no sean de guerra ni de hacienda, y para formarla ha nombrado a los señores Restrepo (Manuel), Mendoza (Luis), Valencia, Gómez (Diego Fernando) y Azuero.

      "Ha creado otra comisión con el nombre de militar, a la cual deberán pasar todos los proyectos, memorias, representaciones, etc., que tiendan a la mejora de las ordenanzas actuales, a la organización de comisarías, hospitales, etc., y para componer esta comisión han sido nombrados los señores general Gómez, Urbina, Malo, Pereira y Paredes. Oportunamente se hará la creación de otras comisiones y el nombramiento de individuos de que hayan de componerse.

"Rosario de Cúcuta, 15 de mayo de 1821.

      "Señor.

"Doctor Félix Restrepo.
Fernando Peñalver.
Miguel Santamaría.
Francisco Soto".

      Se dio igualmente cuenta de un oficio del ministerio del interior, a que acompaña otro del excelentísimo señor vicepresidente de Venezuela, en que se habla de la imposibilidad en que se hallan los señores José Gran y Juan Martínez, para venir a ocupar su lugar en el congreso, y se mandó pasar a la comisión respectiva.

      Se procedió en seguida a la discusión del reglamento económico del cuerpo, aprobándose en todas sus partes los artículos 25 y 26, que dicen así:

      "25. Toda moción deberá reducirse previamente a escrito por el mismo que la hace, y concebirse en los términos que han de servir para la redacción; sin este requisito no podrá discutirse proposición alguna.

      "26. Hecha una moción y reducida a escrito, debe quedar sobre la mesa desde que se propone la cuestión sobre ella para que los miembros puedan examinarla durante el debate. Cualquiera de ellos puede pedir que el secretario la lea".

      El 27 fue aprobado en estos términos:

      "El secretario acompañará en el libro de actas todas las mociones, expresando su resultado, y también el número de votos cuando ellas se dirijan a una sanción de ley".

      Y el artículo 28 fue aprobado sin discusión.

      "28. Hecha una moción no se tratará de otra hasta que se haya dispuesto de aquélla, a menos que sea para modificarla o diferirla".

      Se iba a levantar la sesión cuando el señor secretario Santamaría informó que acababa de recibir un pliego del ministro de hacienda, relativo al decreto sobre dotación de los diputados; y el congreso señaló la noche de éste para sesión extraordinaria, con el objeto de tomar en ella el negocio en consideración.

      Y con eso se concluyó.

Doctor Félix Restrepo.

      El diputado secretario,

Francisco Soto.

ACTA 11. SESION DEL DIA 16 DE MAYO DE 1821

   Leída y aprobada el acta de la sesión anterior, la secretaría dio cuenta de la representación del venerable fray Guarín, en que refiere su constante opinión en favor de la independencia, sus padecimientos en tiempo de la persecución de Morillo y sus espontáneos servicios prestados en la República en calidad de capellán del batallón vencedor en Boyacá, que su excelencia el Libertador presidente lo había destinado al curato de Lobatera, y que el reverendo obispo de Mérida (Lazo de la Vega) le había prevenido entregase el archivo de aquella iglesia al mayordomo de fábrica, separándolo de su servicio, y concluye pidiendo que el congreso le confiera un destino con que pueda sostener su miserable familia. Su majestad mandó que pasara esta representación a la comisión de poderes y de peticiones.

   También dio cuenta la secretaría de la comunicación que hacen al congreso los señores Otero y Campo, sobre un reglamento de proceder en causas de fe, que formó el vicepresidente de Cundinamarca, y elevó en cierto tiempo a su excelencia el Libertador presidente, quien tuvo a bien sujetarlo a la deliberación de su majestad. Los señores Otero y Campo aseguran en su comunicación , que fue leída, la presentan al congreso por encargo especial del discreto provisor del arzobispado de Bogotá, y el congreso se sirvió pasarla a la comisión de legislación y constitución.

   Se procedió después al orden del día, y se votó afirmativamente el artículo 29. "El haberse propuesto una modificación, no impide el que antes de resolverse se proponga otra, ni el que se haga moción sobre modificar la modificación primera", del reglamento de proceder.

   El artículo 30, que dice así:

   "Propuesta que sea una modificación, sobre ella debe recaer la cuestión y el dictamen del congreso, antes que pueda promover cuestión sobre la moción primitiva, y en caso de que las modificaciones sean más de una, se votará primero las que restrinjan menos la proposición principal", excitó un vivo debate, se miró bajo todos sus aspectos; y aunque uno de los señores de la comisión indicó que en lugar de la palabra promover cuestión, debería decir: promover votación, y otro expuso las razones que había para votar primero la modificación que restringiese menos la proposición primitiva, como que la calificación de esta restricción menor abría la puerta a debates y contrariedades, fue rechazado el artículo, y en su lugar aprobado el que sustituyó de un modo legítimo el señor Azuero, y dice así:

   "Cuando el congreso examina una moción, los diputados pueden hablar libremente sobre ella, proponiendo todas las modificaciones que se les ocurran; pero al tiempo de la votación se votará primero la última modificación y luego las otras, por el orden inverso de tiempo".

   El artículo 31, concebido en estos términos:

   "Ninguna moción se discutirá para su resolución o aprobación sin que, apoyada por otro de sus miembros, se haya admitido por la pluralidad, después de un ligero examen sobre su admisión o inadmisión; admitida que sea, toca al presidente señalar día en que deba discutirse"; fue aprobado sin discusión.

   El artículo 32:

   "La moción que haya sido una vez rechazada, no podrá repetirse en la misma reunión del congreso, a menos que se proponga de nuevo como modificación"; lo fue después de un ligero debate en que se sostuvo contra el señor Campos su absoluta necesidad y la utilidad que resultaba de su sanción, a la vez que en caso de haber aquellas para derogar un acto del congreso, el reglamento en otro artículo indicaba el medio, y aun éste mismo no lo impedía absolutamente; y los artículos 33 y 34 fueron votados afirmativamente, sin discusión.

   33: "Si no se creyere conveniente que el congreso admita o rechace una moción en el acto que se le propone, hay dos maneras de disponer de ella:

   "1a. Haciendo moción definitiva;

   "2a. Proponiendo el que se proceda al orden del día. En ambos casos puede renovarse durante la misma reunión del congreso".

   34. "Una vez admitida una moción, no podrá su autor retirarla o reformarla sin consentimiento del congreso".

   Leído el 35, que así está escrito:

   "Admitida una moción que se dirija a obtener una ley o acto legislativo del congreso, deberá leerse tres veces con intervalo, lo menos, de un día entre lectura y lectura. Después de la última, procederá el congreso a discutirla para su resolución. Mas si en el curso de la discusión se propusiere que pase a una comisión, ya para que informe, o ya para que redacte la moción en otra forma, se estará a lo que resuelva la pluralidad".

   Tomaron la palabra varios señores, y se hicieron sobre él diferentes observaciones. Fue atacado, porque exigía tres simples lecturas en diferentes días, cuando una parecía bastante, en concepto de algunos señores diputados (Luis Mendoza y Briceño), y esta medida se encaminaba hacia la brevedad, porque no exigía en cada uno de ellos discusión, como se había sancionado en otros congresos, y porque no hablaba con la debida claridad, por [en] cuanto a la facultad de pasar el negocio a una comisión.

   El señor Peñalver recomendó mucho la sanción del artículo, como que la exigía el pulso y detención con que deben formarse las leyes, y adujo el ejemplo de algún parlamento en donde estas solemnidades se guardan más escrupulosamente.

   El señor Camacho hizo moción de que se difiriese la discusión, y no fue apoyada, y entonces el señor Gómez (Diego Fernando) presentó, según las indicaciones que había observado, el artículo reformado en estos términos:

   "Admitida que sea una moción que se dirija a obtener una ley o acto legislativo, deberá leerse, a lo menos, un día antes de su discusión, y si en el curso de ésta se propusiese que pase a una comisión, ya para que informe o ya para que redacte la moción en otra forma, se estará a lo que resuelva la pluralidad"; y habiendo declarado el congreso la preferencia que debía tener éste en la votación, se votó efectivamente, y resultó aprobado por una mayoría, habiendo protestado los señores Peñalver, Santamaría, Méndez, Mutis y Francisco Soto.

   El artículo 36:

   "Las comisiones serán permanentes, aunque hayan de renovarse por el presidente los diputados que las deban componer; pero cuando la naturaleza de un asunto exigiera, ya por su importancia o ya por su pronto despacho el que pase a una comisión especial, ésta se nombrará lo mismo que las otras, y será temporal para aquel solo objeto"; fue aprobado con la adición de que a la palabra presidente se añada vicepresidente y secretarios, si fueren diputados, para guardar uniformidad con lo que antes se había sancionado.

   Los artículos 37, 38, 39 y 40:

   "Cuando una moción se crea suficientemente discutida, a juicio del presidente, éste, antes de llamar a votación, preguntará si alguno de los miembros tiene que decir algo todavía sobre ella, y en caso negativo, hará que se lea, y en seguida propondrá la cuestión en términos bastante claros, mandando que los que están por la afirmativa se pongan en pie, y los que por la negativa se queden sentados, y entonces ya no se permitirá discusión alguna sobre la materia.

   "Verificada la votación, el presidente la publicará, declarando por qué partido está la pluralidad.

   "Si algún miembro pusiere en duda la votación, el presidente, proponiéndola de nuevo, mandará se mantengan en pie los que estén por la afirmativa, y hará que el secretario los cuente; lo mismo se verificará cuando la votación sea nominal.

   "La votación será nominal todas las veces que convenga en ello una quinta parte de los miembros presentes".

   Fueron aprobados.

   El artículo 41 no fue sancionado en los términos que había sido concebido; pero sí se aprobó, reformado en los siguientes:

   "Los diputados cuyas opiniones hayan sido contrarias a una resolución del congreso, tienen el derecho de presentar por escrito en la sesión siguiente, sus votos particulares, si así lo hubiere protestado en el acto de la votación; se leerán dichos votos concluida que sea la lectura del acta a que se refieren, y siendo conformes, se mandarán agregar al libro en que se registran los votos".

   El señor Santamaría hizo moción de que "no se permita a ningún diputado leer sus discursos", y fue apoyado por el señor Azuero.

   En este momento dijo el señor presidente que acababa de recibir comunicación del poder ejecutivo en consecuencia del decreto último, acordado sobre la reducción de dietas de los diputados, y el congreso permitió que se leyera. Su excelencia, en dicha comunicación, propone que para subvenir desde el día a las necesidades de algunos, conceda el congreso licencia a los señores Ronderos y Malo, jueces de diezmos de Tenza y Leiva, supuesto que están para llegar otros nueve diputados, y su majestad, después de algunas observaciones que hicieron varios señores, acordó:

   "Que se conteste al poder ejecutivo que el congreso no ha estimado conveniente acceder a la licencia que propone en favor de los señores Malo y Ronderos".

   Y con esto, siendo ya la hora, se levantó la sesión.

Doctor Félix Restrepo.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

    

ACTA 12. SESION DEL DIA 17 DE MAYO

   Leída y aprobada el acta de la sesión anterior, se dio cuenta de la representación que hace Nazario Gómez, en nombre y con poder de la municipalidad de Barichara, en la provincia del Socorro, sobre que no se erija otra municipalidad en el pueblo de Zapatoca, en la misma provincia, según se había solicitado. (Véase la sesión). El congreso mandó que se pasara a la comisión de peticiones.

   Quedó enterado el congreso, y aprobó el nombramiento de redactor de actas que hizo la comisión creada para arreglo de la secretaría en el doctor

   Joaquín Suárez, y la dotación que se le asignó, de $60 mensuales, durante el tiempo de sus sesiones y no más.

   Se leyeron los artículos que había redactado de nuevo la comisión formada para presentar el reglamento de proceder. El que ha sustituido al 24, dice así:

   "No será un acto legislativo del congreso lo que no se haya propuesto por uno de sus miembros, por medio de moción que, admitida, se haya discutido, votado y sancionado conforme a las reglas de debate por la pluralidad de los miembros presentes".

   Dijo el señor Camacho que se oponía al artículo como estaba escrito, porque impedía a los particulares elevasen sus pensamientos al congreso, en lo cual convino el señor presidente, añadiendo el señor Márquez que contenía un acto de verdadera tiranía; que esto era absolutamente ruinoso al congreso, porque se le denegaba el auxilio y cooperación de los demás y el medio de valuar la opinión pública; y a los particulares, porque se les quitaba el derecho de tomar parte en sus leyes, de expresar su voluntad y aun de instruir a sus representantes, y que el congreso hacía, en cierto modo, usurpación de la soberanía que estaba en la universalidad de los ciudadanos y no en sus representantes.

   Los señores Restrepo, Gómez, Azuero, Peñalver, Gual y Santamaría tomaron sucesivamente la palabra en apoyo del artículo. El primero observó que era necesario, porque de otra suerte faltaría tiempo al congreso para tomar en consideración las peticiones y proyectos de que se vería inundado. El señor Gómez dijo que muy disparatado debería ser el pensamiento que no encontrara quien lo prohijase en un cuerpo tan numeroso; y que siendo así, todas las razones exigían que no se propusiera al congreso.

   El señor Peñalver elogió los principios del señor Márquez, como muy bellos en la teoría pero perjudiciales en la práctica, y dijo que si ellos se adoptaran también, sería injusticia privar a los espectadores de tomar la palabra. El señor Gual indicó que la soberanía no es más que el derecho de sufragio que tienen los ciudadanos en los términos asignados por la ley; que dar licencia al que está en la barra para que hable sería el colmo de la extravagancia, de la insensatez, y de restituir el sistema representativo, y que todos los males en que se vieron envueltas las primeras cortes de España tuvieron semejante origen. El señor Azuero manifestó que había dos extremos igualmente peligrosas, el de atribuir exclusivamente, como sucede a algunos gobiernos europeos, la iniciativa de las leyes al poder ejecutivo o al rey, y el de concederlo a todos los ciudadanos, lo cual, como decía el señor preopinante, era la destrucción del sistema representativo. Y el señor Santamaría aseguró que la iniciativa de las leyes corresponde exclusivamente a uno de los individuos del congreso, porque han de ser propuestas por el que tiene una legítima procuración de los pueblos, el cual es un diputado, que la libertad del ciudadano no se restringe con esto, porque justamente consiste en la facultad que tiene cada uno de hacer lo que la ley no le prohíbe y en la forma que ésta señala.

   Después de haberse discutido algo más el artículo, fue puesto a votación, y resultó aprobado.

   El artículo señalado con el número 42 dice así:

   "Siempre que se origine duda en el orden de proceder, así como sobre la preferencia de un asunto bien para su discusión, bien para su votación, se decidirá sin debate por la pluralidad"; fue aprobado. También lo fue el 43, que así está escrito:

   "Cuando la gravedad de un asunto y las circunstancias que puedan ocurrir exigiere su más pronto despacho como interesante al bien público, podrán quebrantarse las leyes del congreso, precediendo una declaración que reconozca la urgencia".

   Se discutió después el artículo adicional que presentó el señor Santamaría, a saber:

   "No se permita a ningún diputado leer sus discursos", y después de haber explanado largamente su autor las ventajas que traerá en su práctica reducidas a la economía de tiempo, a la unidad en la discusión, a sofocar la inclinación que tienen los hombres de sobreponerse a los otros, a quitar el fastidio que produce una larga lectura en los oyentes, y otras varias, en todo lo cual convinieron otros muchos diputados, menos los señores Méndez (Ildefonso), Camacho y Quijano, que pretendían lo contrario, en beneficio de los escasos de palabras o tímidos para hablar, se votó el artículo, y quedó legítimamente aprobado.

   Entonces el señor Peñalver entregó su voto por escrito, en que protestaba contra el artículo que se sustituyó a moción del señor Gómez (Diego Fernando) al 35, y con este motivo observó el señor Azuero que no había contradicción entre el sustituido y el que traía el proyecto; que lejos de ello, éste debía mirarse como exclamación de aquél; que él estaba convencido de la necesidad y justicia del artículo propuesto, porque de otra suerte incidiría el congreso en los riesgos e inconvenientes de la precipitación. Otros varios señores creyeron lo mismo, y sobre todo, que aunque hubiese contradicción, mejor sería revocar un acto malo que sostenerlo por hacer alarde de ser consecuentes. Después de un largo debate, se propuso, votó y aprobó el artículo siguiente, que debe colocarse a continuación del otro ya aprobado:

   "Esta discusión, en las mociones que se dirijan a obtener una ley, se tendrá tres veces con intervalo de un día entre lectura y lectura".

   Concluido el reglamento de proceder, se acordó se diese la primera lectura a la ley fundamental; en seguida hubo diferentes observaciones. El señor Peñalver propuso que pasara a la comisión de legislación; otros señores lo creyeron inútil, y habiendo acreditado un señor diputado que conforme al reglamento sólo debía pasar en el curso de la discusión una materia o asunto a la comisión respectiva para su informe, no habiendo todavía esta discusión, aún no era llegado este caso. Por fin acordó el congreso que mañana se hiciera la primera discusión.

   Se admitió y aprobó la proposición del señor Bárcenas, concebida en estos términos:

   "Que los oyentes puedan tomar asiento fuera de la barra".

   Y con esto se levantó la sesión.

  

Doctor Félix Restrepo.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

    

ACTA 13. SESION DEL DIA 18 DE MAYO

   Reunidos a la hora acostumbrada los señores que componen el soberano congreso, se leyó el acta de la sesión del día anterior, y fue aprobada con la adición que hizo el señor Bárcenas.

   Tomó la palabra el señor Otero, y expuso en un largo discurso que cada día se confirmaba más en que las modificaciones de las mociones principales al fin venían a destruir éstas, porque el modo podía afectar la sustancia hasta el punto de destruirlo; adujo el ejemplar de la conciencia errónea; algunos textos de la sagrada escritura, de historiadores y filósofos, y concluyó asegurando que las modificaciones no podían calificarse de reglas fijas e invariables, cualidades que debe tener la ley.

   Se dio cuenta de la petición del doctor Tomás del Pino, en que se queja contra una resolución de la alta corte de justicia del departamento de Cundinamarca, y se mandó pasara a la comisión respectiva.

   El señor Peñalver indicó faltaba en el reglamento de proceder un artículo sobre la revocación de las leyes o sanciones, y el señor Diego Fernando Gómez, como individuo de la comisión, expuso que no se había presentado antes, porque se había creído equivocadamente estaba ya discutido y aprobado; y desde luego lo presentó en estos términos:

   "Ninguna sanción del congreso podrá ser revocada sin el consentimiento de las dos terceras partes de los miembros presentes a la sesión".

   El señor Vicente Borrero manifestó el temor que le asistía de que en tal caso muy pocos diputados que hubiese en la última sesión pudieran deshacer la resolución acordada por muchos. El señor Otero creyó que no eran menester las dos terceras partes sino la pluralidad, por el principio de que illius est tollere cujus est condere; citó a Rousseau y Suffendoti con elogio, y denominándolos maestros del saber en la licencia política, los cuales aseguraban que la universalidad estaba en la mayoría, y opinó, en fin, que el artículo era convencivo, al sentir de los mejores políticos.

   El señor Egea calificó perjudicial el artículo, porque se abría la puerta a las revocaciones, y el señor Tobar (Miguel) añadió que la premura de las circunstancias era sólo la que debía abrirnos la brecha para derribar las leyes, y que lo dejáramos para entonces.

   El señor Márquez observó que es necesario revocar las leyes, porque así lo manifiesta la experiencia, pues las circunstancias varían; que el legislador debe tomar medidas precautorias para hacerlas revocables con prudencia, calma y sangre fría, y que por lo mismo él apoyaba el artículo.

   El señor Estévez, en un largo discurso que no pudo percibirse íntegramente, exigía sólo la mayoría del congreso para la revocación de las leyes, y produjo el ejemplo de que si en Cúcuta por falta de cacao se prohibiera la extracción de este ramo, debería ser revocado este acto a solicitud de todos, aun de los niños, luego que los graneros estuvieran llenos de cacao y la necesidad socorrida.

   El señor Azuero indicó que todas las leyes se resienten de su origen, y que por lo mismo las leyes, que son obra de los hombres, no pueden menos que ser variables, como ellos. Pero ¿cómo han de variarse? No con facilidad, porque ellas deben tener un carácter venerable y sagrado. De consiguiente, dijo: las dos terceras partes son necesarias para la revocación, y el artículo debe correr.

   El señor Luis Ignacio Mendoza manifestó que siempre se guardaba el principio de que ejus est tollere cujus est condere, porque el artículo exigía sólo las dos terceras partes para admitir la proposición de revocatoria; pero que la revocación podía hacerse con la pluralidad. Otros varios señores dijeron que el artículo debía ser consentido, y efectivamente puesto a votación, fue aprobado por una respetable mayoría.

   Hecha la primera lectura de la ley fundamental, dijo el señor Bernardino Tobar que estaba convencido de que debía pasar a una comisión para que informara presentando los artículos de la ley desde un punto de vista, a fin de que no divagara el congreso.

   El señor Joaquín Borrero se opuso, y pidió que se entrara a discutir artículo por artículo.

   El señor presidente manifestó que ignoraba qué comisión de la Nueva Granada y Venezuela era de la que hacía referencia la ley en una de sus consideraciones.

   El señor Peñalver satisfizo, refiriendo que en Angostura había en el congreso dos de los cinco diputados, por Casanare, los cuales, reunidos con otros, habían presentado el proyecto.

   El señor Joaquín Borrero dudó de las elecciones de tales diputados y de su legitimidad, y expuso que Casanare era la parte más insignificante de Nueva Granada; y otro diputado protestó que hubo elecciones y tan legítimas como exigía el reglamento de convocatoria, asegurando que aun él mismo había sido uno de los individuos de la junta electoral que se tuvo en Casanare.

   El señor Diego Fernando Gómez dijo: la cuestión se desvía; no inculquemos quién hizo la unión, pues que ella ha existido y es muy útil, y presentó por escrito esta proposición:

   "Que la cuestión que hoy se discute sobre la ley fundamental se mire bajo el aspecto de la especie de unión en que deban continuar los pueblos de Venezuela y Cundinamarca, sin inculcar sobre si esta unión existe o no mirada en general".

   El señor Miguel Domínguez creyó oportuno lo que antes había expresado el señor Joaquín Borrero, porque si hay quien no vea a la Nueva Granada representada en el congreso de Venezuela, menos puede verse en éste al reino de Quito.

   El señor Luis Ignacio Mendoza repuso que Quito quedaba siempre libre para hacer lo que quisiese, y que la cuestión debía mirarse como la presentaba el señor Gómez, porque no debía dudarse nunca de la unión.

   El señor Fernández Soto elogió a los señores Mendoza y Gómez, y añadió que la libertad era la que debía ganarnos el tercer departamento de Quito, no la fuerza ni la guerra; en cuyo momento explicó el señor Mendoza que él había asegurado solamente que la unión podía ser voluntaria o forzada, pero que no había indicado aprobada de modo alguno la última.

   El señor Campos pidió que la ley pasara a una comisión, y fue interrumpido por el señor Egea, que reclamó el orden, y añadió que desde ayer se había desechado esta medida.

   El señor Ramón Ignacio Méndez expresó que la acción del congreso debía ser decir que la Nueva Granada y Venezuela son una sola República.

   El señor Baños tomó la palabra, y fijó por escrito esta proposición:

   "Quedan unidas las dos repúblicas de Venezuela y Nueva Granada, salva la libertad a cada una para darse el gobierno que mejor le convenga, extendiéndose esta unión a las demás del continente en los mismos términos, y propendiéndose a una federación universal"; y el señor Ballén dijo que la unión no sólo estaba indicada sino expresada por la voluntad general; mas no si esta unión era indivisible, porque había variedad de uniones.

   El señor Joaquín Borrero aseguró que primero era tratar de la unión, y después de todo lo demás, y fijó por escrito esta proposición:

   "¿Se ratifica o no la unión de Nueva Granada y Venezuela?".

   Iba a tomar la palabra el señor Azuero, y provisionalmente se levantó la sesión para dar lugar a un pequeño reparo material que debía hacerse en la sala.

   Continuada la sesión dijo el señor Manuel Restrepo:

   No divaguemos: se pierde el tiempo; hay una verdadera confusión, esta es la cuestión: "¿Venezuela y Cundinamarca se reúnen en una República única, indivisible?".

   Y el señor Peñalver, que la cuestión debía mirarse bajo este solo aspecto:

   "¿Si se ratifica la unión establecida por el congreso, y si esta unión se hace en los términos allí establecidos?".

   Y el señor Miguel Tobar, que la unión de Venezuela y Cundinamarca estaba indicada por la naturaleza; que la cuestión rueda de más arriba; que ha desaparecido el lazo que unía a los dos estados nombrados: el virreinato de la Nueva Granada y la capitanía general de Caracas.

   Entonces el señor Egea pidió que se le atendiese mucho para insertar sus cláusulas, que se le diera licencia para hablar con franqueza, y dijo en sustancia:

   "Aprobar la unión establecida en Guayana sería aprobar el colonismo de la Nueva Granada a Venezuela.... Venezuela en tiempo de prosperidad no pensó en unión; pensó después del terremoto". Seguidamente refirió la historia de uno y otro país, con este respecto, y después continuó así:

   "Caracas, cuando recibió la libertad fue que pensó en la unión; pero Cundinamarca, ¿en cuál época manifestó su voluntad de unirse? Los granadinos, si el centralismo se adopta, vendrían a ser colonos: esta unión se acabaría por sí misma en tal caso, aunque ella (concluyó el orador) esté indicada por la naturaleza, y es bastante necesaria".

   El señor Ildefonso Méndez replicó: que la Nueva Granada ganaría, y Venezuela vendría a perder; porque aquélla tiene más provincias, más gente y recursos, que la naturaleza y la conveniencia exigen la unión, aunque parece que Venezuela, por ahora pobre y desierta, dará poca robustez a la Nueva Granada; que la pérdida del año de diez y seis consistió en el sistema de federación; y la libertad actual depende del centralismo; que nuestra ignorancia y falta de virtudes cívicas, y la dirección de la guerra requieren la concentración; que un gobierno es como el hombre a quien no se puede pedir prudencia y luces en su niñez; y que para los hombres nuevos debe de su infancia [sic] siendo por lo mismo indagable al país el sistema de gobierno más perfecto, cual es el federativo.

   El señor Miguel Domínguez dijo: que el discurso del preopinante tendía al centralismo; cuestión que no es del caso, y que se había equivocado monstruosamente cuando aseguraba que todavía la Nueva Granada estaba persuadida era destinada para los reyes de España.

   Por segunda vez tomó la palabra el señor Egea, diciendo que Venezuela se había perdido por las intrigas de Miranda, y la Nueva Granada por la guerra civil: si no hubiera habido federación se habría perdido antes.

   El señor Estévez pronunció un discurso que no pudo percibirse en su integridad, y concluyó pidiendo que se trajese a la vista el informe de la comisión de Guayana que precedió a la ley fundamental.

   El señor Luis Ignacio Mendoza recordó el principio de que pósita juxta se pósita magis elucesunt para convencer de que si se finge la no unión de los dos estados, al instante la necesidad nos obligaría a restablecerla.

   El señor Quijano quería que la discusión fuese sobre toda la ley en general, y no sobre cada uno de sus artículos, porque no se coartase la libertad a los representantes en materia de tamaña importancia no sólo para nosotros, sino para Quito y las demás partes de América que traten de unirse a Colombia, y que sólo debe exigirse el cumplimiento del reglamento de proceder.

   El señor Valencia sostuvo que no traía inconveniente alguno discutir, aún si se quería o no la unión, pues aunque la deseaban ambos países, no por eso era de omitirse una discusión tan necesaria.

   El señor José Manuel Restrepo recomendó de nuevo que no se divagara, y que para no perder tiempo no se permita hablar de un artículo cuando se trate de otro.

   Expuso el señor Bárcenas que la ley misma indicaba el orden de la discusión. El señor Azuero observó que desde cualquier punto que se mire, siempre el objeto es el mismo: sea la ley en general, por artículos, o según las mociones, debe reducirse la materia a si el congreso ratifica o no la unión, y después bajo de qué forma. Por fin el señor presidente mandó que se votase esta cuestión de preferencia: "si se discute la ley artículo por artículo", y la votación resultó por la afirmativa. Se empezó, pues, a discutir el primer artículo de los dispositivos, y entonces dijo el señor Domínguez: no podemos hablar de la Nueva Granada en general, porque Quito oprimida aún no ha manifestado su voluntad. El señor Soto: cuando se discuta el artículo 5°, entonces se hablará de Quito, pero el señor Azuero quería que fuese ahora. El señor Campos clasificó la unión, porque hay, dijo, unión de varón y hembra, de dos cosas contiguas, de dos cosas separables y otras varias, y que estando ya de hecho verificada la unión de Venezuela y Cundinamarca, debía declararse de derecho.

   El señor Baños no aprobó el artículo en los términos en que estaba escrito; la unión -dijo- ha de extenderse como federal, a todo el continente; ha de oponer un antemural a la santa alianza de Europa; si concentradas Cundinamarca y Venezuela en guerra y hacienda hacen fuerte a una invasión, ¿por qué no dejarlas dependientes entre sí en cuanto a lo demás cuando otra clase de concentración debilitaría a la Nueva Granada y Venezuela?

   El señor Gual dijo: "Comprendiendo el espíritu del artículo y la principal dificultad de la cuestión en cuya resolución es necesario decidir la preferencia en favor de uno de los dos sistemas federativo o central, hago moción de decidir el artículo en las siguientes proposiciones conforme al reglamento:

   "Las provincias de Nueva Granada y Venezuela quedan desde ahora para siempre reunidas en un cuerpo de nación bajo el título de República de Colombia; la República de Colombia se constituirá irrevocablemente bajo un solo gobierno, libre, representativo y dividido con igualdad en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial".

   El señor Peñalver observó que la opinión estaba dividida en el congreso, unos por la federación y otros por la concentración; que se proceda pues -continuó- a propender las ventajas o inconvenientes de cada uno.

   El señor Otero habló sobre la unión bajo dos aspectos: unión para defendernos y unión para representamos; la primera estaba comprobada con la conducta de las tribus de Israel y con la propia nuestra, pues que los cundinamarqueses pasaron el Táchira para libertar a Venezuela, y los venezolanos lo volvieron a pasar para libertar a Cundinamarca. En cuanto a la segunda, no estamos en el caso de decidirla, no podemos contar con lo futuro, no hay un principio seguro sobre la forma de gobierno que habremos de adoptar ni tampoco preverse; y concluyó ratificando la unión en el primer concepto, y que se difiriese en orden al segundo.

   El señor Santander expuso que la unión en su sentido era abstracta, y que el país, siendo uno mismo en religión, idiomas y costumbres, exigía unión efectiva.

   En este estado, por ser ya más de la hora acostumbrada, se levantó la sesión.

Doctor Félix Restrepo.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

    

ACTA 14. SESION DEL DIA 19 DE MAYO

   Leída el acta del día anterior, fue aprobada con unas cortas correcciones reclamadas por algunos señores.

   El señor Gómez pidió que la corrección de las actas se hiciera fuera de sesión, a solicitud de los interesados y de acuerdo con los secretarios. El señor Peñalver pidió que se imprimiesen las actas en las gacetas. El señor Quijano apoyó, reclamando las mociones hechas por él mismo y el señor Pereira y aun todavía postergadas.

   Se leyó la representación de la señora Pulido, pidiendo se levantase el destierro a que estaba confinada, y pasó a la correspondiente comisión.

   El señor presidente advirtió que por el orden del día debía procederse a la discusión del segundo artículo de la ley fundamental. El señor Gual se opuso, explicando que el reglamento de debates no prevenía que la discusión durase un día, sino que entre discusión y discusión mediase un día; conforme pues al reglamento y a la práctica de cuerpos deliberantes, una discusión debía durar por el tiempo ilimitado que ocupasen los diputados en sus discursos. El señor Azuero apoyó, añadiendo que esto debía tener principalmente lugar en la discusión del primer artículo, como que es el esencial.

   El señor Gómez fue de opuesto parecer, pues en su opinión, la discusión de tiempo indefinido debía reservarse para la última. Habiendo discurrido otros señores sobre la materia, se fijó la siguiente proposición:

   "¿Se continúa la discusión del artículo 1° de la ley fundamental?". Puesta a votación, se resolvió afirmativamente.

   El señor Gual, para aclarar analíticamente el punto, renovó sus dos mociones del día precedente, con la adición de provincias libres de Venezuela y Nueva Granada, en estos términos:

   "Las provincias libres de la Nueva Granada y Venezuela quedan desde ahora para siempre reunidas en un cuerpo de nación, bajo el título de República de Colombia. La República de Colombia se constituirá irrevocablemente bajo un solo gobierno, libre, representativo y dividido con igualdad en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial".

   El señor Antonio María Briceño sostuvo la modificación del señor Gual en cuanto no se hacía mención del departamento de Quito, pues sería -dijo- una extravagancia atribuirnos su representación, debiendo, por consiguiente, esperarse la expresión de su voluntad. En cuanto al espíritu de la proposición, concurría en los mismos sentimientos. Que la forma de gobierno debía acomodarse al carácter de los pueblos; abomina la monarquía absoluta, pero ama la constitucional; sin embargo, no trataba de ninguna de ellas, pero sí pronunciaba su voto contra el sistema federal, porque aunque es muy bello, no es practicable en nuestro presente estado, pues habiendo peligros y enemigos todavía, nuestra unión debe ser estrechísima, supliendo por este medio la falta de luces y virtudes. Que aquel sistema nos perdió antes, en cuya comprobación recordó que practicado en Venezuela reinando la mejor armonía entre las provincias y magistrados, sin embargo, llegada la hora del peligro, los postas se cruzaban pidiéndose mutuamente auxilios las provincias para hacer frente al enemigo, no pudiendo al fin resistirlo. Que el sistema federal no podía menos que arruinar al país, siendo el gobierno central el único que nos convenía, pero no el despótico que tenemos.

   Esta había sido la opinión de un ilustre granadino, señor Zea; concluyó pidiendo la unión, pero en una república sola e indivisible.

   El señor Gual reprodujo sus dos proposiciones, llamando la atención del congreso por la gravedad del asunto, pues vamos -dijo- a sancionar una ley que debe servir a nuestra más remota posteridad. Quisiera que se masticasen sus palabras y se concibiese con tal tino que en todos casos y ocurrencias futuras sea siempre una ley fundamental. Que fuese tal como si acabada de firmar pasásemos a la eternidad. Explanó ambas proposiciones reprobando la federación en Colombia. Acordémonos -dijo- que descendemos de una nación bárbara que ha retrocedido de las instituciones que le dejaron los árabes, y de una nación que no ha pertenecido al continente de Europa sino a la costa de Africa; de una nación cuyo rey se proclama ahora amigo de los principios liberales sólo por conservarse en el trono. ¿Y los hijos de los españoles podrán comenzar por el sistema de la Pena y Locke, sistema que la Francia, después de una sangrienta revolución, la misma Inglaterra y la Europa toda no han podido seguir? Los gobiernos caminan con los hombres, por grandes que sean sus esfuerzos. Reunida en este congreso la quinta esencia de los talentos de Venezuela y Nueva Granada, apenas podremos todavía formar un gobierno lleno de mil imperfecciones. ¿Cómo pues dividirnos? Establecer el sistema federal sería el colmo del delirio.

   El señor Baños: ¿fue delirio que los griegos se ligasen contra Jerjes? ¿Lo fue que se ligasen las potencias europeas contra Napoleón? ¿Pues por qué no haremos lo mismo? ¿Econtraría esta asamblea más luces en una comisión de su seno que en toda ella? Luego se encontrará más fuerza en estados federados. Si el deseo omnipotente de Dios ha trazado un plan de gobierno que convenga especialmente a la Nueva Granada, y que efectivamente le conviene, como a un individuo el vestido que lleva, ¿por qué obligarle a renunciarlo? Yo protesto que este plan existe, y si suelto la palabra es con reserva de exponerlo. Reclamo la moción que hice ayer sobre la federación general.

   El señor Gual replicó: el proyecto del señor Baños es sublime, pero iremos a la región de los muertos antes de verlo planteado; tal era la federación propuesta por el duque de Sully a Enrique IV, y que jamás tuvo efecto en Europa. Las preocupaciones locales presentan insuperables obstáculos, de lo que somos nosotros aquí un buen ejemplo, no pudiendo acordarnos en que somos unos mismos, sin embargo de ser iguales y mutuos nuestros intereses; no hay duda de que para lo futuro se presentarán grandes ventajas para la federación universal en el continente americano, pero imposible por ahora; ¿quién nos asegura que serán de una misma naturaleza sus diversos gobiernos? Ninguna proporción existe entre las repúblicas antiguas y las nuestras. En Grecia y Roma el pueblo dictaba leyes tumultuariamente; en nuestros días la soberanía se ejerce por el maravilloso modo de cuerpos representativos.

   El señor Baños: mi sentido es que propendamos a esta federación universal.

   El señor Urbaneja: la redacción de la ley y escrupuloso examen de sus palabras, no es del caso. La proposición en cuestión es: Venezuela y Nueva Granada se unen o no en una misma república. De paso dijo que decretar la desunión es entregar el país al enemigo.

   El señor Peñalver: sea federal o central esta república, siempre es necesario sancionar antes que es una; después se procederá a la forma.

   El señor Mutis: por el reglamento debe discutirse la moción del señor Gual, pero vistas ya las opiniones de los miembros, procedamos inmediatamente a la cuestión de centralismo y federalismo.

   El señor Vicente Borrero: seamos consecuentes a la disposición de ayer sobre posponer todas las mociones anteriores a la discusión del primer artículo, y pues el señor Gual lo ha modificado el primero, admítase su modificación.

   El señor Osorio: háblese libremente y sin otra restricción sino la de contraerse al artículo, para que presentada la cuestión por todos sus aspectos, se fijen al fin los términos sobre que debe caer la votación, pero no se tenga por una moción cada discurso.

   El señor Azuero: perdemos el tiempo y lo perdemos más si se trata de evitar el cuerpo de la dificultad; pido se proceda abiertamente a la discusión: ¿nos unimos o no con Venezuela, y si nos unimos, cómo?

   El señor José Manuel Restrepo, después de encarecer la importancia de la materia y el tino con que debía tratarse, dijo: todavía no hemos entrado en el fondo; está ya pronunciada la oposición de ideas en el congreso entre república central y federal, y voy a hablar directamente sobre el punto. Mi voto es que Venezuela y Nueva Granada se unan en una sola república bajo un solo gobierno dividido en poder ejecutivo, legislativo y judicial, porque de lo contrario no puede existir la república, como lo acredita la experiencia de Venezuela y Nueva Granada cuando han estado separadas; porque la naturaleza misma está indicando esta unión. ¿Qué cordilleras o qué ríos inmensos los separa? Si apenas se han reunido aquí los sabios que quedan en ambas partes, ¿cómo habrá magistrados para las diversas secciones? El sistema federal es muy débil para nosotros; en la federación debe reinar tal orden que si un estado trata de sustraerse de sus comprometimientos, sea siempre superior la fuerza colectiva de los otros para hacerlo entrar en su deber. ¿Y cómo verificar esto entre nosotros? He oído que deben unirse en guerra y hacienda exclusivamente, y yo no comprendo esta especie de federación, pues se deduciría que la policía y administración interior correrían al cargo de magistrados superiores separados. Esta falta de unidad debilitaría la fuerza cuando aún no hemos acabado de arrojar al enemigo, y desconcertaría los mejores planes de un general. Tan convencido estoy de ello, que el día en que fuese decretada la desunión partiría a mi casa para preparar mi viaje a un país extranjero, por no ver al mío enteramente perdido. La razón sugiere que dejando el gobierno federal para mejores tiempos, se unan Venezuela y Nueva Granada en un gobierno central, reservando la decisión del punto a una convención general para cuando estén completamente libres todas las provincias.

   El señor Márquez: no pueden Venezuela y Nueva Granada unirse en un gobierno central, porque es imposible formar un todo de tan vastos territorios. La naturaleza ha fijado sus límites; a proporción que el cuerpo político se extiende, tanto más se debilita. El gobierno carece de energía para hacer ejecutar las leyes y, ocupado en los principios y más generales asuntos del Estado, no tiene tiempo ni proporción para atender a los intereses de sus partes, de donde nace el desafecto de los súbditos para con sus gobernantes y la ninguna relación entre éstos y los gobernados. En una democracia son muy lentas las operaciones, y a medida que aquélla se extiende, más lentas se hacen éstas. No es remedio la representación nacional, porque siendo desconocidos los representantes de los representados, el interés no es inmediato. ¿Cómo podrá un hombre que representa a treinta mil conocer sus necesidades y modo de ocurrir a ellas? Tal es el bosquejo, el cuadro de males que derramaría el congreso sobre Venezuela y Nueva Granada sancionando su unión. El orador se extendió en desenvolver todas las ventajas de un gobierno federal, único que podía salvar estos inconvenientes; en cuya comprobación trajo la autoridad de célebres publicistas, refiriendo sus doctrinas y los elogios con que encarecen la federación en las democracias. Refirió particularmente la descripción que hacen de ese género de gobierno el doctor Paley y el abate Mably, deduciendo que esta sola forma de gobierno nos podía conservar en paz y prosperidad. ¿Cómo -dijo- exigir de los ciudadanos que atraviesen inmensas distancias para implorar o justicia o abandonarlos a una multitud de subalternos?

   Los estados del Norte -añadió- eran independientes entre sí antes de formarse en una república confederada, así como se puede decir que lo eran Venezuela, Quito y Cundinamarca, pues no las unía otro lazo que el de la dependencia de una misma metrópoli. Casi no se conocían; sus usos y costumbres diferentes eran como partes heterogéneas; anuncio que Quito no se unirá a nosotros sin seguridad de conservar su independencia, porque ¿cómo querría ir a buscar su felicidad a tan lejanas tierras? Si el sistema federativo fue el de los griegos contra Jerjes, el de los suizos contra el Austria y el de los holandeses, ¿por qué no lo hemos de admitir? No hay razón para que no esperemos ser lo que los Estados Unidos. En este sistema jamás el magistrado supremo puede convertirse en tirano. El centralismo exterminador arruinó a la Francia; no descubro imposibilidad para la celeridad de operaciones; al contrario, contraída la atención de los magistrados a un círculo más reducido, sus operaciones son más expeditas; por eso Burk comparó el mecanismo de la federación a una máquina cuyos multiplicados círculos pequeños se mueven por un mismo influjo. Disponiendo el gobierno general de la fuerza y del erario, ¿qué inconveniente hay para que obre con unidad y celeridad? Convengo en la falta de ilustración que se nos imputa, pero la culpa es del despotismo. Tenemos efectivamente falta de hombres, pero se irán formando y se formarán grandes estados para federarse. Se dice que nuestras anteriores repúblicas se perdieron por este sistema; no hubo federación entre ellas sino división. La ambición y venganza de algunos fueron las verdaderas causas. Dos estados iguales no pueden federarse, se alega; pero yo creo que los temores fundados en esta reflexión son vanos, y que en nuestro caso no se ofrecen dificultades. Concluyó pidiendo se adopte sin vacilar el sistema federal centralizando los ramos de hacienda y guerra.

   El señor Baños: la Nueva Granada no puede refundirse con Venezuela porque no puede prescindir del plan de gobierno que le trazó el Autor de la naturaleza desde la creación; las leyes deben ser adecuadas a los pueblos y los de la Nueva Granada tienen su carácter particular. Se halla en una situación muy semejante a la del pueblo de Israel, lo que comprobó con varias apropiaciones que hizo de las santas escrituras, concluyendo con pedir se declarase constituida nuestra República bajo la especial protección de la Madre de Dios.

   Siendo más de la hora, se levantó la sesión.

Doctor Félix Restrepo.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

    

ACTA 15. SESION DEL DIA 21 DE MAYO

   Abierta la sesión de este día, se procedió a la lectura del acta anterior, la que fue aprobada universalmente y con aplauso.

   En seguida se dio cuenta con el oficio de contestación del señor Suárez, nombrado para la redacción de actas, y atendidas las facultades que concurren en la judicatura de diezmos que ejerce, cuyo obstáculo opone, no siendo verdaderamente tal, porque puede desempeñarla por medio de una comisión, bajo su responsabilidad; atendido igualmente el que manifiesta, sin embargo, su deferencia a prestar este servicio, se acordó; "que en caso de posesionarse del destino que se le ha encargado, podrá tomar la medida que juzgue conveniente en el particular".

   Después de esto se leyó una representación del señor Carlos Alonso, español europeo, en que pide a vuestra majestad carta de naturaleza, y se mandó pasar a la comisión de peticiones.

   Visto en acto continuo el oficio del poder ejecutivo en que avisa a vuestra majestad haber venido dinero para las dietas de los señores diputados, se acordó; "que se pase al mismo poder ejecutivo una lista de los representantes, y del día en que se han incorporado, para que en su vista haga pagar a cada uno lo que corresponda".

   El señor presidente excitó en este estado al congreso para que continuara la discusión sobre la ley fundamental, y tomando el señor Briceño (Antonio María) la palabra, dijo: el sistema de federación es un sistema el más sublime y perfecto que ha podido combinar el talento humano. Si las virtudes de Platón, si las luces, si la plenitud de la virtud y del saber fuesen concedidos a los hombres, apenas él sería practicable en el sentido de la voz. Los principios luminosos que él hace brillar; la armonía y consonancia de sus partes; en una palabra, el artificio y fuego de la máquina, deslumbran verdaderamente; pero es preciso contraemos a la situación en que nos encontramos, y al echar los primeros fundamentos de nuestro edificio social, no debemos divagar por ideas puramente sistemáticas, sino hacer aplicaciones oportunas y combinar los principios de un gobierno enérgico que en medio de los peligros haga nacer la prosperidad universal.

   Entonces el señor presidente excitó a que sin fluctuar por generalidades y bellas abstracciones, se contrajese más la materia descendiendo a los pormenores que deben tomarse en consideración.

   El señor Peñalver, aludiendo en su discurso a las razones del señor preopinante, dijo: que todo sistema que quisiese de un modo filosófico proponerse, era absolutamente impracticable, que choca contra graves inconvenientes, y que para convencerse de esta verdad basta dar una ojeada a la historia política de los pueblos que nos han precedido. Yo me valgo -dijo- del mismo símil que se nos presenta a cada paso. El gobierno de los Estados Unidos es el prototipo que generalmente se ofrece a los ojos de vuestra majestad, pero nosotros no hemos desenvuelto bien todas las circunstancias felices que condujeron a este pueblo a formar las instituciones que admiramos. Ellas tienen origen de 200 años a esta parte. Allí los pueblos o las respectivas provincias tenían sus legislaturas particulares, conocían sus derechos, y no estaban en la infancia de sus establecimientos, como hoy la naciente República de Colombia. Era mayor el grado de su ilustración, y el mismo parlamento inglés dio impulso a aquellos estados a un sacudimiento que puede decirse estaba de mucho antes preparado. Propuso, tomando por ejemplo a la Nueva Granada, una división en pequeños departamentos que puede hacerse de la refusión de dos provincias en una, que tengan su particular administración interior, pero sin legislaturas departamentales; dividiendo la representación nacional en los tres poderes que la constituyen, y haciendo unos establecimientos que, como susceptibles de mayor perfección, pueden todavía llevar el carácter de provisorios. Así -dijo- se camina a la federación, y Colombia llegará al rango de un pueblo ilustrado en la plenitud de sus derechos. El señor opinante hizo además otras alusiones conducentes que extendió en el cuerpo de su discurso.

   El señor Fernández. Soto: me admiro -dijo- de los bellos discursos que se han pronunciado, de las ideas luminosas que se presentan a vuestra majestad, y del grado de ilustración a que ha llegado ya el pueblo de Colombia; mas yo no encuentro esos grandes inconvenientes que se tocan para postergar el sistema federativo a que aspiran los pueblos a un centralismo detestado, que es el objeto de sus declaraciones. Conozco el descontento general; yo no puedo hacer traición a mi conciencia ni al carácter de representante con que se me ha investido. Suscribir al centralismo sería suscribirme a mi condenación. No encuentro -repitió el orador- cuáles sean esos obstáculos de tanta magnitud. Un pueblo heroico, un pueblo virtuoso, que eclipsa la fama de la antigüedad, un pueblo, digo, que arrostra todos los peligros, que desprecia la desnudez y el hambre; que hace la guerra sin elementos, y que se hace superior a cuanto se le opone, yo no veo cómo es que pueda considerársele incapaz de instituciones tan saludables. Deseo acertar, y lo espero, y exijo de la ilustración de vuestra majestad. Se ha dicho que la Francia se gobernó centralmente por un sistema sin duda más ventajoso, y que sin embargo sufrió los mayores desastres; pero es preciso convenir en que fueron las pasiones y no el sistema de federación la fuente fecunda de nuestras desgracias pasadas.

   El señor Luis Mendoza tomó seguidamente la palabra, y pidió que el señor Peñalver fijase con más precisión los términos de su concepto y desarrollase los principios del sistema que dejaba indicado. Entonces el orador volvió a tomar la palabra y dijo: la Nueva Granada estaba dividida bajo el sistema de federalismo en pequeños distritos que se han llamado provincias. De la refusión de dos de éstos puede formarse otra especie de departamentos; tener éstos su administración interior de justicia, sin que se les conceda cámaras de legislatura. Esto encamina y lleva insensiblemente a la perfección del centralismo, fomenta la opinión pública, engendra amor a las leyes y a los magistrados, hace respetar el gobierno sin un terrorismo detestable, y establece la armonía, al paso que no relaja los resortes de la administración pública.

   En este estado, observó el señor Gual que se contravenía al orden que previene el reglamento discutiéndose el artículo 5° de la ley fundamental en lugar del primero que ocupaba la cuestión; y entonces el señor Azuero replicó apoyando el discurso pronunciado por el señor Peñalver, como que éste, dijo, hería directamente la materia y encadenaba las ideas.

   Amplificó el señor Peñalver su sistema, añadiendo que debía abolirse hasta los nombres mismos de los departamentos de Cundinamarca y Venezuela, que han venido a ser la manzana de la discordia.

   No es, dijo el señor Pereira, no es un centralismo vigoroso ni una federación absoluta la forma de gobierno que hará la felicidad de Colombia. Ambos tienen sus inconvenientes. Querer que exista esta república una e indivisible en una extensión de 115.000 leguas cuadradas es querer que tenga realidad la quimera de la fábula. La República francesa no comprendía sino un terreno de 32.000 leguas cuadradas, que caben casi cuatro veces en el de Colombia, y ella no pudo subsistir. Un usurpador elevado al presente de los negocios públicos se perpetuó en el mando. Cambió la faz de la República; la convirtió en monarquía y destruyó los tribunos, la única barrera de la opinión pública contra los tiros de la arbitrariedad y del despotismo. No es monarquía la que apetecen los pueblos; todos sus sacrificios han sido por la libertad. Mucho temo que por adoptar ciegamente cualquiera de los extremos, se nos escape de las manos el don más precioso que el Ser Eterno concedió a los mortales. Soy por lo mismo de sentir que vuestra majestad los concilie abrazando un temperamento medio que los genios ilustrados de esta augusta asamblea pueden muy bien combinar en un régimen oportuno de gobierno.

   El señor Méndez dijo: que se atendiese a nuestra falta de experiencia y de política; que nuestros padres no estaban formados para la federación; que eran muy niños, cuanto es el sistema más perfecto, con otras razones y argumentos que aplicó vivamente.

   Un principado -expuso el señor Baños- constitucional y teocrático, es el último punto de perfección a que pueden llevarse las instituciones de los hombres. Es muy perceptible la semejanza que tiene el pueblo granadino con el de la Palestina; se nota un gran monte elevado y habitado de tribus que pueden compararse a nuestras provincias. En la cima de este monte se descubre un templo, en donde se halla el santuario de María Santísima. Digo esto en alusión a que todo conspira por su analogía a que nuestra República la tome como su especial protectora. Si se atiende a nuestra situación física y moral, si se piensa y medita más esta materia, no sólo se convencerá de las verdades que contiene, sino que se puede asegurar que la nueva República de Colombia va a sobrevivir bajo tan poderoso influjo a su mismo aniquilamiento y destrucción. La Francia, Inglaterra y la antigua metrópoli han abrazado estas ideas.

   Tomó el señor Azuero la palabra, y habló así: Todas las naciones fueron pequeñas en su origen. Eran sólo algunas familias reunidas para su bien común. A manera que se fueron dilatando las sociedades, fue menester que sus vecinas se engrandeciesen, y se coligaran igualmente para no ser absorbidas por las otras, y la propia seguridad hizo necesarias las grandes asociaciones. Esta misma es la razón que visiblemente persuade hoy [a] la unión de Venezuela y Nueva Granada. Unidas, resistirán a los grandes potentados que se interesen en que sean esclavas; separadas, sus esfuerzos serán vanos. El deseo que han tenido siempre ambos pueblos de estrechar sus vínculos es manifiesto. Me consta de las diversas negociaciones que en diferentes tiempos se principiaron por las dos partes para llevar a cabo esta unión, y he visto los votos de las legislaturas provinciales de Nueva Granada en la época pasada, accediendo a esta unión. El territorio que abrazan es inmenso, ciertamente; pero la población está demasiado esparcida; la mayor parte son desiertos; esto derrama cierta languidez y lentitud en las operaciones; y el modo de fortificar el gobierno, de multiplicar sus recursos y su poder, es la unión. La Europa tiene atentos sus ojos a nuestra conducta. Si le presentamos fracciones divididas, si no le ofrecemos un gran cuerpo respetable por su gran mole, y todo unido por un buen gobierno, nunca nos reconocerá; pero si damos este paso juicioso, la España misma desesperará de su empresa.

   La Inglaterra ha sido la que entre las naciones modernas, a costa de esfuerzos y de sacrificios prolongados en muchos siglos, zanjó y equilibró mejor los tres importantes departamentos de la administración pública, a saber: los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Allí tuvo su principio el sistema representativo moderno, siendo una parte de la nación representada en la cámara de los pares, y la otra en la de los comunes.

   Hombres nutridos en tan liberales principios, que huyendo de los azotes de la superstición y fanatismo europeos, vinieron a buscar un asilo en la América septentrional, fueron los que llenos de los sentimientos de la libertad, y persuadidos de los defectos de su constitución patria, establecieron desde su origen en las respectivas colonias que fundaron, un sistema representativo apoyado en la igualdad y exento de otros vicios de la constitución británica. Al emanciparse estas colonias se hallaron ya envejecidas en la libertad; y al romper el vínculo que las unía con la metrópoli, sintieron la necesidad de restituir este vínculo en su seno mismo, y establecieron un gobierno común, que dirigiese sus intereses generales; esto es lo que se llama forma de gobierno federativo.

   Es indiscutible que es la institución más perfecta que hemos conocido hasta nuestros días, y que, en consecuencia, es la que debemos proponernos por modelo. Porque, señores, al echar los cimienos de una naciente república, es menester que tengamos presente dos cosas: primero, el siglo en que existimos; segundo, el estado actual de nuestra antigua metrópoli y de las colonias que no se le han separado. El presente es el siglo de las instituciones sociales en que todos los pueblos se arman contra la tiranía, y en que parece se han elevado a su mayor perfección los elementos de la política. No nos presentemos, pues, al mundo como ignorantes y poco civilizados; adoptemos una constitución que no nos deshonre en nuestro siglo. Por otra parte, la España acaba de hacer los más heroicos esfuerzos para expulsar el despotismo entronizado. El mundo alaba los progresos de su ilustración y liberalidad. Ella presenta a sus colonias esclavas un código constitucional que nosotros hemos desechado. ¿Y sería posible que colonias imbéciles o que no han tenido la resolución y valor bastante para hacer causa común con nosotros, sería posible, repito, que gozasen ellas de mejores instituciones que nuestros pueblos? ¿No nos cubriría esto de un oprobio y de una ignominia eternos? Destruyamos pues todo despotismo y toda arbitrariedad; hagamos ver al mundo que somos dignos de ser independientes y libres. Pero hagámoslo todo en la calma de las pasiones y de la prudencia; consideremos nuestras particulares circunstancias, nuestra presente situación; no adoptemos ciegamente y sin restricción alguna, instituciones que no nos sean aplicables; que nuestro gobierno sea desde ahora popular representativo; que desde ahora queden bien separados los tres grandes poderes; y que si desde ahora no podemos admitir un sistema federativo en toda su extensión, por lo menos arrojemos los primeros elementos, reservando para días más serenos perfeccionar la obra comenzada. El plan que procedo a leer me parece que evita los extremos, que concilia las opiniones encontradas de los honorables representantes, y que es el más acomodado a las presentes circunstancias:

    El gobierno de la República es democrático representativo.

    Los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, serán administrados separadamente y con absoluta independencia uno de otro.

    El territorio de la República será dividido en departamentos, los departamentos en provincias, las provincias en círculos, y lo círculos en parroquias.

    Por ahora habrá seis departamentos, a saber: Cartagena, Santa Marta y Riohacha formarán uno; Cauca, Antioquia y Chocó, el segundo; Bogotá, Tunja, Neiva, Mariquita y Socorro, el tercero; Pamplona, Casanare, Maracaibo, Mérida y Trujillo, el cuarto; Barinas y Caracas, el quinto; y Guayana, Cumaná, Barcelona y Margarita, el sexto. El cuerpo legislativo quedará autorizado para hacer una división más perfecta.

    En cada uno de estos seis departamentos habrá un subpresidente o prefecto departamental, que será intendente del departamento, y los gobernadores de las provincias sus subdelegados.

    El presidente de la República es el superintendente general de ella; y en los tribunales de cuentas y tesorerías no se hará innovación alguna.

    El poder legislativo estará precisamente dividido en dos cámaras, a saber: del senado y de representantes, y cada departamento nombrará para diputados en el cuerpo legislativo, según la base que se adopte, a individuos nacidos o avecindados en el departamento.

    Habrá una corte general de justicia, que nunca podrá conocer en grado ni industria alguna de los negocios particulares de los ciudadanos, sino únicamente de los negocios nacionales, y todos aquellos que en un sistema federativo de gobierno se delegan a la alta corte de justicia de la unión.

    Los territorios conocidos antes con los nombres de Nueva Granada y Venezuela, tendrán cada uno en su seno dos tribunales, a saber: uno superior y otro supremo; el primero para conocer de las apelaciones, y el segundo para los últimos recursos en su respectivo territorio.

   10° Cualesquiera provincias o pueblos que se liberten, serán admitidos en la República con igual representación y derechos que los demás.

   11° Cuando se hayan variado las presentes circunstancias se convocará un nuevo congreso constituyente que mejore y perfeccione las presentes instituciones provisorias.

   En tal estado, se tomó en consideración si la primera discusión de la ley fundamental estaba suficientemente hecha, y debía, por lo mismo, tenerse por terminada ya. Reducido el punto a votación, quedó decidido por la afirmativa.

   El señor Gual dijo entonces: que en su concepto la ley fundamental sólo debía contener lo más sublime del sistema representativo, y hacerse por leyes supletorias lo demás.

   Con mayor extensión apoyó el señor Santamaría este pensamiento, añadiendo, entre otras razones, que sería muy hermosa cosa que el colombiano, llevando consigo la carta magna de sus derechos, la manifestase, como podría hacerlo con orgullo, lisonjeándose de hacer constar los derechos y privilegios que le corresponden en calidad de ciudadano de Colombia. Pero el señor Azuero repuso no haber necesidad de esta gran carta, porque lo mismo que ella contenga puede contenerlo la constitución. Los Estados Unidos -dijo- y la Gran Bretaña, se hallaron en otras circunstancias; nuestra coyuntura es la más oportuna para formarla nosotros; no tenemos que caminar por grados a esta grande obra en que la ocasión nos brinda tranquilidad, conocimiento de nuestro actual estado y todo lo que puede referirse al intento.

   Con esto se levantó la sesión.

Doctor Félix Restrepo.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

    

SESIONES EXTRAORDINARIAS DE LAS NOCHES DEL 10, 11, 12, 14 Y 15 DE MAYO

    

ACTA 16. SESION DEL DIA 10 DE MAYO

   Advertido por el señor presidente que ya había el número suficiente de diputados, se procedió al objeto de la sesión extraordinaria, y entonces el señor Hinestrosa tomó la palabra: refirió los actos que precedieron a su viaje y que a los diputados existentes en Bogotá se les auxilió por el gobierno con $200, que ya estaban consumidos, y concluyó asegurando que la miseria a que estaban reducidos los diputados no era decorosa al cuerpo, que al fin habría de disolverse para que cada uno se buscase por sí mismo la subsistencia propia y la de su familia.

   El señor Fernández Soto dijo: que el silencio mismo del congreso manifestaba que era necesario procurar la subsistencia de sus miembros, en cuyo acto, el señor Urbaneja pidió que se leyera la ley sobre asignación de sueldos. Leída en la parte necesaria, tomó la palabra el señor Briceño (Antonio María) para indicar las causas que tuvo el congreso de Venezuela cuando hizo tales asignaciones; observó que los diputados podrían venir de distancias muy grandes, debían abandonar su casa y familia, y debían restituirse a ellas al cabo de poco tiempo, cuando no era así en otros funcionarios; y dijo, en fin, que examinadas todas estas circuntancias, no era un señalamiento exorbitante el que contenía la ley, principalmente cuando en uno de los artículos posteriores exige sólo que sea efectiva alguna parte, y el resto se pague oportunamente.

   El señor Tobar (Miguel) manifestó que ya en la Gaceta de Bogotá se ha publicado la asignación de los diez pesos diarios; que los pueblos creían embolsaban los diputados esta cantidad, y así es que al tiempo de su viaje le pedían por los víveres como si estuviera corriente. El público debe ser instruido -continuó- de que no ha sido el dinero recibido sino una consagración a su servicio lo que nos tiene aquí. El señor Azuero pidió entonces que se fijase una proporción, y presentó un cálculo de lo que podían consumir 60 diputados desde diez hasta dos pesos diarios, con el objeto de que se asignase la cantidad que pareciera suficiente. El señor Peñalver refirió que los diputados en Guayana no tenían más que una ración de carne, y mala, porque entonces no había otro recurso; pero que en el día habían variado las circunstancias; que si entonces la asignación había sido puramente nominal, no debería ser lo mismo.

   El señor Urbaneja expuso que la ley pretendía alguna confianza a los empleados, ya que cuando se publicó no había medios de ejecutarla; que se pagaran tres pesos diarios, aunque en su concepto los diez no eran excesivos, atendidas escrupulosamente todas las circunstancias de un diputado; y que el poder ejecutivo dijese de dónde habían de pagarse. No tarda mucho -continuó- en pedirnos fondos para los objetos de la guerra, y es menester darle cuanto necesite para semejante obra; que nos informe pues el modo de aumentar las rentas nacionales para responder a los gastos del ejército.

   El señor presidente pidió entonces que la cuota fuese lo más pequeña, más posible, para que los pueblos viesen la moderación del congreso, y en ello insistió el señor Tobar (Miguel).

   El señor Osorio tomó la palabra y dijo: que no se había dado en el punto principal de la cuestión, que era asignar el medio o arbitrio para satisfacer la cuota; que el poder ejecutivo nada podría informar, ni tenía con qué satisfacerla; que para los gastos más precisos para ese solio había sido necesario hacer un empréstito; que para un peso diario que se dé a cada señor diputado, él dirá que provea el congreso, y en fin, que él entiende haberse recibido en el poder ejecutivo comunicaciones del excelentísimo señor Libertador conducentes a la materia, las que les debían pedirse. Algunos señores apoyaron esto último, y el congreso resolvió que la secretaría oficiase al ministerio reclamando las comunicaciones, siempre que fuesen ostensibles; y efectivamente se pasó el oficio.

   El señor Hinestrosa indicó entonces el arbitrio de que se disminuyese el número de representantes; que cada provincia había nombrado cinco, y que este número podía reducirse a dos; al momento el señor Santamaría se opuso vigorosamente a este recurso, que en su concepto era un verdadero suicidio del congreso, añadiendo ser lo mismo que si se le pusiese un puñal en la mano para que lo introdujera en el corazón; que entonces ya no sería el congreso convocado e instalado, sino un cuerpo absolutamente nuevo.

   El señor Borrero (Vicente) dijo: que el excelentísimo señor Libertador había decretado que las provincias pagaran sus diputados; a lo que opuso el señor Malo que las necesidades del ejército tenían consumidas aquéllas, y que no era prudente reagravarlas más.

   Trátese primero, dijo el señor Manuel Restrepo, de resolver la asignación, y después se proveerá al modo de ejecutarla. Las provincias -dijo el señor secretario Soto- estaban obligadas por decreto del excelentísimo señor Libertador hasta el momento de la instalación del congreso, la cual verificada, ya correspondía a este cuerpo ocurrir a la necesidad. Provincias agotadas que han pagado contribuciones extraordinarias y cuantiosas, exigidas con irregularidad, no podrán satisfacer ahora nuevas contribuciones extraordinarias; que se traigan pues las contribuciones pedidas, porque primero es saber los fondos designados que señalar la cuota para cada uno de los diputados.

   Se hizo presente que el ministro no podía presentar los papeles hasta mañana, y con este motivo el señor presidente levantó la sesión, señalando la noche del 11 para su continuación.

Doctor Félix Restrepo.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

    

ACTA 17. SESION EXTRAORDINARIA DEL 11 DE MAYO.

   Leída y aprobada el acta de la sesión anterior, se dio cuenta de la contestación del ministerio de hacienda, en que copia una cláusula de las comunicaciones que hizo el excelentísimo señor Libertador al vicepresidente de la República, que dice así:

   "Que correspondiendo al congreso (dice así literalmente) decretar los medios de que tanto el ejército como los demás empleados de la República deban subsistir, se abstiene su excelencia de dictar resolución alguna sobre esto, y se refiere a lo que su majestad dicte", y asegura no hay en ellas otra cosa que tenga conexión con la materia; habiéndose releído de orden del señor presidente esta misma comunicación, observó el señor Restrepo (Manuel) que la cantidad con que debían socorrerse los diputados podía pedirse al departamento de Cundinamarca. Entonces el señor Azuero presentó un proyecto de decreto, en cuyo preámbulo el congreso expone las consideraciones que ha tenido para resolver en su parte dispositiva que la asignación sea de tres pesos diarios para cada diputado, cinco para los secretarios, y que el vicepresidente los tenga a disposición de quienes se señalare para que se paguen, empezando desde el 6 de este mes. Pareció conveniente al congreso fijar la cuestión al examen del proyecto, y entonces dijo el señor Osorio: la dificultad está en la... [sic] de su excelencia el Libertador; según ella, al congreso toca arbitrar los medios que adviertan, pero que las provincias han hecho muy grandes erogaciones; que hay ejércitos en el sur de Cundinamarca, en Venezuela y en Cartagena; que estos ejércitos no pueden existir sin dinero, y sin ejércitos no hay República. Tomó la palabra el señor Márquez y manifestó que la cantidad que exigía el proyecto era bien pequeña para que no pueda adquirirse; que había rentas, y en Cundinamarca, lejos de disminuirse, tenían un considerable aumento, y que cerrar las puertas negando para la existencia del gobierno estos recursos, era decretar la extinción del Estado. El vicepresidente de Cundinamarca -continuó- percibe la mitad de su dotación anualmente, lo mismo que los demás funcionarios. ¿Por qué, pues, se negarán a cada diputado tres pesos, que son menos de la tercera parte de la suya? Por lo que a mí toca, la renuncio, y aun la vida, en servicio de la patria.

   El señor Azuero observó: que para que hubiese soldados, ejércitos y república era necesario absolutamente la conservación de este cuerpo augusto, que debía proporcionar los elementos y formar la máquina del Estado; que en vano se pretendería poner el techo a una casa sin haber zanjado los cimientos, y que estos cimientos en Colombia eran el congreso, el cual no podía existir sin proveer a la subsistencia de los representantes.

   El señor Fernández Soto dijo entonces: que aún no estaba en la necesidad que había indicado el autor de la proposición; que el día en que la tuviese, sin vergüenza pediría al congreso, porque así lo exige la ley de la conservación; pero que en esta capital por ahora no era posible, sin embargo de los deseos del vecindario, la permanencia del cuerpo, porque aquí todo era escaso y caro, y traslación sola, por ejemplo, a Maracaibo, era ya un arbitrio para ocurrir a las necesidades; y habiéndose difundido algo más sobre esto, el señor Restrepo (Manuel) reclamó el orden y le advirtió que se desviaba de la cuestión.

   El señor Osorio volvió a tomar la palabra y aseguró que el preopinante no se desviaba de su objeto, que estaba en el centro de la cuestión; que el congreso trataba de aliviar a los diputados en sus necesidades, y este era un arbitrio eficaz.

   Advirtió entonces al secretario Soto que en su concepto se caminaba fuera de la cuestión, que no era ya, como quería el autor de la proposición primitiva, considerar el alivio de las necesidades de los diputados, sino discurrir el proyecto del decreto que había sido presentado. El señor presidente, a solicitud competente, mandó entonces que se votara esta proposición previa: "si la moción del señor Osorio, a saber, era modificación de la proposición primitiva", y habiendo sido negativa la resolución, se continuó la discusión del referido proyecto.

   Hubo con este motivo nuevas observaciones; generalmente pareció bien el término de los tres pesos diarios para cada diputado, pero el de los cinco para los secretarios se creyó por algunos un poco excesivo; se manifestó por el señor Fernández Soto que la parte dispositiva del decreto despojaba a los representantes del derecho que tenían a reclamar a su tiempo los diez pesos de la asignación legal; y otro señor opinante sostuvo que decretar este despojo no estaba en los límites de la justicia; la mayoría opinó que la asignación corriese desde el 6 de este mes, no obstante que el señor Malo y algún otro señor diputado dijo que esto era dar efecto retroactivo al decreto; muchos, en fin, repitieron que la cantidad debía pagarse de los fondos comunes, sin necesidad de crearse desde ahora nuevos arbitrios, así como los demás sueldos, y que por lo mismo no debía indicarse en el decreto una especie que no tenía en el fondo de la materia conexión íntima o inmediata.

   Se produjeron los mismos argumentos en diferentes palabras por otros señores; se habló largamente por el señor Estévez sobre la diferencia de precio que había en los víveres en este y otros lugares, y por fin, a moción previa y apoyada en el orden regular, resolvió el congreso que el proyecto de decreto pasara a la secretaría, para que en la sesión extraordinaria de la noche siguiente lo presentara redactado en otra forma, y teniendo por base en el preámbulo las necesidades de los diputados para hacer la asignación, y en la parte dispositiva la cantidad de tres pesos para los representantes, incluso los secretarios, sin perjuicio de que a su tiempo pueda cada uno, si lo quiere, reclamar la dotación legal, y con esto se levantó la sesión.

Doctor Félix Restrepo.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

    

ACTA 18. SESION EXTRAORDINARIA DEL 12 DE MAYO.

   Leída y aprobada el acta del día anterior, se leyó el decreto mandado extender por la secretaría conforme al presentado por el señor Azuero en la sesión extraordinaria del día anterior, y a las observaciones que acerca de su contenido se hicieron por varios señores diputados.

   Concebido el decreto en estos términos:

   "El congreso de la República de Colombia,

    "CONSIDERANDO:

   " La necesidad urgente que hay de proporcionar recursos para la subsistencia de los diputados, especialmente cuando han venido de tan largas distancias algunos, sin haber recibido habilitación para su viaje, y la mayor parte cuenta ya cinco meses de haberse separado de sus casas.

   " Que aunque por el congreso de Venezuela está señalada la cuota de diez pesos diarios, el tesoro exhausto y las atenciones de la milicia no permiten que se haga efectiva esta asignación ni aun en los términos que lo son otras.

   " Que sus miembros desean dar un ejemplo de moderación reduciéndose al mínimum posible, sin perjuicio de que después, si quieren, reclamen íntegramente la asignación en los términos indicados por la ley.

   " Que como estos son gastos comunes y ordinarios, deben erogarse asimismo de los fondos comunes ordinarios y preexistentes, ha venido en decretar y decreta: La asignación alimentaria en dinero efectivo de los diputados al congreso, queda reducida a tres pesos diarios, que Ies serán satisfechos desde el día de la instalación del congreso. El poder ejecutivo tendrá anticipadamente todos los meses a disposición de la persona que se señalare por el presidente del congreso, la cantidad bastante para el pago de estas asignaciones. Tendrálo entendido el poder ejecutivo para su cumplimiento.

   "Palacio del congreso general en el Rosario de Cúcuta, mayo 12 de 1821".

   Fue aprobado.

   El señor Egea, haciendo propia la modificación retirada por el señor Osorio, introdujo la siguiente moción:

   "Que tome su majestad en consideración si convendrá como medio de subsistencia para los representantes la traslación a otro lugar, como parece lo indica su excelencia el Libertador a su excelencia el vicepresidente, medio que también consulta el decoro y dignidad del congreso".

   El señor Peñalver dijo que habiendo terminado el objeto que motivó la convocación a sesión extraordinaria, la proposición del señor Egea no debía tener lugar. El señor Egea sostuvo que era conforme al reglamento la continuación de la discusión que se proponía por su último enlace en el asunto de la cuestión, en lo que insistieron varios señores diputados.

   El señor Mendoza (Luis) expuso que no sólo consideraba inútil la cuestión por entonces sino aun perjudicial antes de deliberar el congreso sobre la ley fundamental, a cuyo propósito habían sido particularmente convocados los representantes de Colombia en este lugar, cuya opinión sostuvieron varios señores.

   El señor Borrero (Joaquín) fijó la proposición de "que resolviese el congreso si su traslación a otro punto se trataba o no en esta sesión extraordinaria", a la que, apoyada por el señor Campos, se siguió una discusión terminada por la proposición del señor Gómez que se levantara la sesión, y apoyada, así se verificó.

Doctor Félix Restrepo.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

    

ACTA 19. SESION EXTRAORDINARIA DEL 14 DE MAYO.

   Leída y aprobada el acta del día 12, el señor presidente anunció haber convocado a sesión extraordinaria, por si los señores diputados tenían algo que exponer que ilustrase más el objeto de las sesiones extraordinarias, o sobre riesgos a que pudiera estar expuesto el congreso en esta villa.

   El señor Egea pidió se ocupase el congreso en discutir sobre si era o no conveniente su traslación a otro punto. El señor Peñalver dijo ser esta cuestión sobre inútil, peligrosa; que ni por la economía de gastos, ni por la del tiempo era admisible por ahora la traslación, y más atendida la grande dificultad de su reunión dispersados los miembros. Que este era el punto céntrico entre Venezuela y Cundinamarca, y que aquel devastado país exigía la particular protección del gobierno lo más cerca de su vista que fuese posible.

   El señor Egea se extendió en probar la necesidad de discutir su proposición, porque en la sesión anterior se anunció la presente para este objeto, y porque en su opinión, la traslación era de absoluta necesidad para el decoro del gobierno y mayor acierto en sus deliberaciones. Convenía, sin embargo, con el señor Restrepo (José Manuel) en que se difiriese la discusión hasta que hubiese recaído sanción del congreso sobre la unión.

   Después de una corta discusión, el señor Gómez fijó la siguiente proposición:

   "Que no se trate la cuestión de traslación hasta que no se haya resuelto lo conveniente sobre la unión".

   El señor Soto la amplió en estos términos:

   "Y hasta que el congreso resuelva si hace o no constitución", la que fue apoyada por el señor Valencia. El señor Bárcenas expuso que o no debía descansarse en la buena fe de los diputados, o no debía reputarse por disolución del congreso su traslación, como había dicho alguno de los señores, debiendo creerse que obedecería al decreto de reunión. El señor Baños dijo: que la proposición del señor Soto exigía previsión de futuros contingentes, no pudiendo adivinarse lo que podía ocurrir hasta que el congreso llegase a deliberar sobre este punto, y habiendo replicado el señor Gómez que en caso de urgente necesidad las dos terceras partes del congreso podían revocar su anterior determinación.

   Se puso a votación la moción siguiente:

   "Que no se trate la cuestión sobre traslación hasta que el congreso haya resuelto lo conveniente sobre la unión, y si hace o no constitución".

   La que fue aprobada por una mayoría considerable. Con lo cual se levantó la sesión.

Doctor Félix Restrepo.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

 

ACTA 20. SESION EXTRAORDINARIA DEL 15 DE MAYO

   Se abrió la sesión con más del número de diputados necesario para formar congreso, y leída y aprobada el acta de la sesión anterior, se leyó el oficio del ministro de hacienda, en el cual hacía presente, a nombre de su excelencia el vicepresidente, algunos reparos sobre el decreto del congreso, fecha 12 del presente, que ordena la reducción de dietas de los señores diputados a tres pesos diarios, debiendo abonarse su importe de los fondos comunes, ordinarios y preexistentes. El vicepresidente consulta si a pesar de los reparos deberían satisfacerse de dichos fondos, o de algunos otros que acordase el congreso, y precediendo una muy detenida discusión, resolvió el congreso que el decreto del 12 se llevase a cumplimiento, y se levantó la sesión, por ser más de las ocho y media de la noche.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

ACTA 21. SESION DEL DIA 22 DE MAYO

   Leída el acta del día precedente, y concluida, expuso el señor Peñalver que no la encontraba bastante exacta, en razón de que no contenía la fuerza principal de su discurso, contraída a que los dos departamentos no podrán federarse sin riesgo de que cualquiera de ellos se separe de la unión, y a que la Francia, por haber adoptado instituciones que no le convenían, fue víctima de crueles males, y que la España puede profetizarse no conservará por mucho tiempo su libertad, porque la ha querido extender más allá de lo que permiten sus costumbres; y que nos acordemos, a más de esto, que nuestras antiguas republicas federales traspasaron igualmente sus límites, estableciendo un sistema incompatible con nuestro estado político. Semejanza de que he hablado en mi discurso anterior-dijo el señor Baños- se ve desfigurada. He comparado el pueblo granadino al de la Palestina, porque su posición geográfica partiendo de cualquiera de los puntos hacia la capital es muy semejante a la de aquél, tiene 12 provincias libres, comparables a las 12 tribus, con otras razones que se presentan de analogía al considerar uno y otro, y últimamente he dicho que debemos adoptar una monarquía constitucional teocrática porque la Francia, la Inglaterra y la misma España, después de haber divagado por diferentes sistemas, han venido a adoptar el que propongo, y si se les pregunta la razón, es puntualmente la misma que debemos tener a la vista.

   El señor Azuero reclamó igualmente la arbitrariedad (fue su expresión) con que se redactó el acta cercenando una parte de su discurso. Los señores Soto y otros pidieron que se cumpliese lo dispuesto por acta de 11 del presente mes, sobre que éstas no contengan sino el extracto de los debates.

   El señor Márquez se opuso a la corrección propuesta por el señor Peñalver con sola la secretaría, y opinó que debían aprobarse con sólo el extracto de lo sustancial. Del mismo concepto fue el señor Gómez (Diego). El señor Restrepo (José Manuel) hizo la moción de que el acta debía aprobarse en los términos en que se hallaba, lo que apoyado con otras razones por los señores Campos y Quijano que aun exigieron que sean más breves y concisos los extractos, bebiendo sólo el quilo de la discusión, se votó, y resultó decidido afirmativamente.

   Se leyó en seguida una solicitud con documentos del ciudadano Juan José Guerrero, en que pide se le aplique la ley de repartición de bienes nacionales, y se mandó pasar a la comisión de peticiones.

   La representación del ciudadano Carvajal sobre la nueva alcabala que se le cobra en Bogotá, se pasó a la comisión de peticiones.

   El señor Tobar (Bernardino) hizo seguidamente la moción: "que el soberano congreso de la República de Colombia señale la época feliz de su instalación con un acto de generosidad y beneficencia, concediendo indulto general a los pueblos bajo las limitaciones convenientes". Apoyada por los señores Vicente Borrero y Luis Mendoza, manifestó entonces su autor motivar las diversas peticiones que se dirigen a vuestra majestad, el interés de atraer los muchos desertores que andan fugitivos, y otros objetos de clemencia.

   El señor Azuero aludió exigiendo se hiciese con presencia de los otros indultos, con una prudente cautela que evite los celos de los verdaderos patriotas para quienes es odioso alterar, sin alguna distinción con sus enemigos, y pidió que pasase a una comisión para formar el proyecto.

   Debiéndose proceder a la elección de presidente y vicepresidente del congreso, por estar ya fenecido el tiempo de los actuales, se discutió si la mayoría absoluta que previene el artículo 2° del reglamento de debates, debía entenderse de cualquier número respectivamente mayor, o de uno sobre la mitad del número total.

   El señor Márquez afirmó lo segundo, y continuada una corta discusión, se acordó proceder a la elección, uno por uno, porque antes se había manifestado por algunos señores, entre ellos el señor Azuero, que podía hacerse de ambos en una sola ocasión.

   Verificado el escrutinio de las varias que se hicieron, resultaron canonicamente electos: presidente, el señor Osorio, con 26 votos, y vicepresidente, el señor Luis Mendoza, con 25, quedando los demás distribuidos entre otros señores.

   El señor Félix Restrepo dejó la silla, congratulando al congreso por su acertada elección, y el señor Osorio la ocupó pronunciando un ligero discurso con la reverente expresión de su reconocimiento.

   El señor Santamaría pidió se le relevase ya del destino de secretario que ha obtenido. Fundó su solicitud en las dolencias o enfermedades que padece, y otros motivos. El señor presidente le contestó lo hiciese por escrito. El mismo hizo la moción para en lo sucesivo evitar dilaciones "si se debe votar en un solo acto para presidente y vicepresidente del congreso", y apoyada, fue admitida unánimemente a discusión.

   La moción del señor Tobar se admitió asimismo a discusión para el primer día vacante entre los que debe haber de la ley fundamental por mayoría de sufragios, y se encargó a su autor que trabaje en la formación del proyecto.

   Leído el artículo 2° de la ley fundamental, se procedió a la discusión. El señor presidente observó que no estando decidido el primer artículo, es un vacío partir a discutir los otros. Ellos presuponen éste, son una verdadera emanación de él, y consiguientemente si faltase, todos caerían en tierra.

   Aducidas otras razones por el señor Peñalver -dijo el señor Méndez (Ignacio)-, el artículo parece suficientemente discutido. El señor Soto (Francisco): Hay artículos que no tienen enlace y conexión entre sí; me parece que ellos pudieran clasificarse, y entretanto adelantar su discusión para cuando llegue el tiempo de votarlos.

   El señor Azuero: Se ha dicho que toda la ley se contiene en el primer artículo; la unión debe preceder a las demás instituciones que la dejan supuesta. Siendo indudable que se debe dejar un lugar a otros pueblos para que entren en ella si lo apetecen, y den más extensión a la República, me parece inútil discutir sobre el segundo artículo, que fija límites al territorio colombiano.

   El señor Santamaría: Esta división, señor, es prematura; muchas razones deben considerarse para ella; ya se han expuesto algunas, y muy sólidas, por los señores preopinantes; exige conocimientos topográficos, y la ley, señalando 115.000 leguas cuadradas, ya fija el territorio.

   El señor Márquez: No se debe tratar sino de los países o territorio libre para hacer la constitución, pero susceptible de aumento en esta parte, como que lo puede tener, y es muy probable que lo tenga hasta la paz. Aludió el señor Domínguez, y se declaró terminada la discusión del artículo 2°, a pluralidad de sufragios.

   Leído el artículo 3°, se comenzó a discutir. El señor Azuero: La obligación recíproca de pagar las deudas contraídas, es de justicia, pero esto no forma un artículo de ley fundamental; el cuerpo de la República debe reconocerlas. El señor Méndez (Ramón Ignacio): El artículo no es perteneciente a la ley, pero él es muy esencial; es el objeto principal y de preferente discusión; las naciones extranjeras están en expectativa sobre este punto, y su decisión va a tener una influencia directa en nuestra suerte. A este voto aludió el señor Briceño (Antonio María), añadiendo: El jefe de la República debe saber si se reconoce la deuda. De otro modo serían necesarias divisiones de gastos respectivos.

   El señor Márquez: Entiendo que hay dos especies de obligaciones en las deudas de que se trata, unas contraídas y otras por contraerse aún; primero debe saberse si se pagan aquéllas, si es in solidum, o cómo se entiende esto, y después de la unión debe tratarse de las segundas. El señor Santamaría: Entiendo que se habla de las dos repúblicas; separadas en tal evento, la ley viene a tener un efecto retroactivo; pero es preciso considerar mucho esta cuestión, porque tal vez un ciudadano de Cartagena siente hoy ya sobre sí el peso de las deudas que contrajo aquélla; debe aclararse por tanto si la mente del artículo es pagar todas la deudas contraídas in solidum o desde que hay unión.

   El señor Gómez (Diego Fernando): Para proceder con más acierto debe pedirse al poder ejecutivo una razón o los documentos que haya en la materia sobre la deuda nacional; ellos nos servirán de norte, y no hablaremos sin datos ni presupuestos. El señor Fernández Soto y el señor Camacho: Debe pedirse la razón de que habla el señor preopinante, y añadir que se exprese en ella las deudas y épocas en que se contrajeron. El señor Santamaría: Es de saberse primero si hay unión o no la hay para no inutilizar el tiempo.

   El señor Santamaría: Verificada la unión, el erario público y el crédito de la nación será uno mismo sin diferencia sustancial. El señor Gómez (Diego Fernando): Mi intento no es que se pidan los documentos con perjuicio de la unión, sino que se exijan por la necesidad que hay de ellos.

   Aludió el señor Méndez (Ramón Ignacio), y el señor presidente preguntó: ¿Se admite a discusión la moción del señor Gómez? Quedó admitida por votación, y siendo la hora, se concluyó el acto.

Alejandro Osario.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

 

ACTA 22. SESION DEL DIA 23 DE MAYO

   Leída el acta del día anterior, generalmente fue aprobada como estaba concebida.

   Seguidamente se vieron algunas solicitudes particulares, a que se les dio su respectivo curso, entre ellas la del cabildo de Marinilla, que después de una ligera discusión se pasó por mayoría de votos a la comisión de peticiones, y la en que se pide perdón para los asesinos del teniente Francisco Serrano, que se mandó pasar a la comisión sobre indulto.

   Concluido esto, se leyó el artículo 1° de la ley fundamental, y procediendo a la segunda discusión, tomó el señor Gómez (Diego Fernando) la palabra, y habló así: Señor: dos aspectos tiene la presente cuestión que interesan el talento y las luces de vuestra majestad. Estos son la unión de Nueva Granada y Venezuela en una sola república y la forma de gobierno que debe adoptarse. Nada diré sobre la unión, porque su necesidad es incontrovertible, es imperiosa. De los diferentes sistemas orgánicos de gobierno ya se ha discutido bastante; el asunto, el problema, que debe resolverse no es hablar de la federación o centralismo. Estas, si bien se ve, no son por lo menos formas que caracterizan las especies de gobierno. Los gobiernos pueden ser por su naturaleza monárquicos, aristocráticos y democráticos, y aquéllas apenas resultan de la mezcla o diferentes combinaciones de cada uno de éstos. Pero no se trata sino del que sea conveniente a Colombia, del que le sea adaptable, y no sabiéndose cuál, debe suspenderse la votación hasta que se forme la constitución entera. Es, por tanto, mi sentir que la presente cuestión debe resolverse en los términos siguientes: los pueblos de Nueva Granada y Venezuela se unen en una sola república bajo el pacto expreso de constituirse en un gobierno democrático y representativo. Aducidas otras razones, concluyó su discurso insistiendo en la resolución expresada.

   El señor Ballén: Yo veo partidos diferentes que parece que se contrarían, pero que todos tienden al único interesante objeto de la unión. Se han pronunciado muy bellos discursos, rasgos de elocuencia; se ha trazado el cuadro de nuestras pasadas desgracias, pero siendo indudables los impulsos que la Nueva Granada ha tenido hacia la libertad, sus deseos vehementes de afirmarla bajo un sistema duradero, al tiempo mismo que el terror se ha difundido por todas partes contra el gobierno que la ha tenido abrumada; que las mutuas odiosidades, los recelos de este pueblo y los temores nacidos del desprecio con que se le ha mirado, la tiene en una expectativa alarmante, debiendo por lo mismo adoptarse un régimen de conciliación el más conveniente, es mi voto que la unión de esta República con la de Venezuela sea bajo el sistema de federación, el más análogo a la presente crisis.

   El señor Márquez: Señor, la unión debe tratarse ante todas cosas, sea cual fuere la forma de gobierno que se adopte. Yo insisto por mi parte en la federación; no es una federación extremada que pulverice, por decirlo así, las partes constitutivas de la República, sino templada y capaz de adecuarse a nuestras circunstancias; porque también me horrorizo de un centralismo riguroso, que es y se ha hecho el objeto de las execraciones públicas. He oído alusiones a los movimientos o vaivenes tumultuarios de las antiguas repúblicas de Roma y de Cartago; pero sus gobiernos eran aristocráticos y el carácter de sus pueblos diferente de la docilidad de los nuestros para prestar una obediencia pronta y eficaz. Es general el voto por la federación; no es legítima la inducción que se hace de que por ser esta una ocasión oportuna debe caminarse del centralismo al gobierno federal; si se quieren evitar nuevas convulsiones es menester establecer éste en la infancia misma de la libertad de nuestras instituciones políticas. Nunca debe tratarse con más delicadeza que cuando apenas comienza a nacer, para no ahogarla en su cuna, y darle una existencia vigorosa. Yo hago volver los ojos de vuestra majestad a los tiempos de Augusto en Roma y de Enrique VIII en Inglaterra. Los temores visionarios nacidos de nuestros pasados males no nos deben retraer de la empresa; las circunstancias exigen un cuerpo robusto, vigor en la República, energía en el gobierno, pero capaz de conciliarse la benevolencia de los pueblos. El orador concluyó su discurso insistiendo en la adopción de un gobierno popular, representativo, bajo el sistema federativo.

   El señor Campos: La voz pública clama por la democracia; los pueblos la anhelan porque desean la libertad; mas es preciso evitar el lazo. La democracia, por el choque de las opiniones, puede degenerar en una monarquía; para huir de aquel extremo es por lo que un pueblo ilustrado divide y contrabalancea los poderes. Yo encuentro en la historia la federación de los griegos, de los suizos, de los países bajos de Holanda, de los Estados Unidos del Norte, y he visto la de la Nueva Granada. En todas se advierte diferencia, y la cuestión parece que no debe dirigirse al examen de aquélla sino a llenar el objeto de nuestra convocación. Debe, pues, saberse si se unen Venezuela y Nueva Granada en un solo cuerpo de república y con una sola legislatura, o si cada una debe tener la suya. Mi opinión es por el primer miembro de la proposición, con exacta división de poderes. Yo no puedo suscribir a la federación, porque me parece inaplicable a nuestro pueblo. El no tiene estados formados como la Europa; no tiene elementos y no está por lo mismo en aptitud de recibir ese sistema.

   El señor presidente: el punto que se contiende debe dividirse en dos partes: unión y sistema de gobierno. La unión es inconcusa y las opiniones deben dirigirse a la segunda parte, que es el principal objeto de nuestras atenciones. La concentración de los recursos para la guerra nace de la necesidad en que nos hallamos de sostener la lucha con España, que es la causa de la independencia. Yo no puedo convenir -dijo el orador- en las fracciones menudas del federalismo; pero observo los males a que nos expondría el gobierno central. El centralismo no es otra cosa que los fundamentos de un gobierno monárquico, y Roma, la iluste Roma, y la misma Francia, nos presentan el horrible cuadro de los males que les preparó. Dos cosas hago presentes a vuestra majestad: las potencias de la Europa están atentas sobre nosotros, y desean saber los grados que tenemos de ilustración y de fuerza, y es preciso en segundo lugar que aprovechando los conocimientos de la historia no adoptemos un sistema degradante. Lejos de la prudencia y de la sabiduría de esta augusta asamblea, el temor de que no somos capaces de instituciones liberales. Yo pongo en la balanza la heroicidad y las virtudes de los pueblos que nos han precedido, con los de Nueva Granada y Venezuela. Los griegos, los americanos del Norte, todos los que han luchado por su libertad e independencia, ¿qué más han hecho que nosotros? Describir sus sacrificios sería oscurecer la gloria de los monumentos vivos que tenemos de su constancia, de su frugalidad, de su valor y de un cúmulo de virtudes sublimes.

   He observado en los discursos precedentes de los señores Peñalver, Gual y Azuero, que se hallan contradictorios en algunos puntos. En el del primero se advierte que no encuentra elementos para la federación, virtudes, ni hombres ilustrados capaces de sostenerla, al paso que confiesa que los hay y que puede establecerse un centralismo que nos salve en las vicisitudes de la guerra. El segundo habla de una gran carta que contenga lo más sublime de nuestros derechos, y opina por un gobierno que es verdaderamente monárquico. El tercero confiesa que esta es la ocasión más oportuna para constituirnos y no los tiempos de calma en que se desarrollan todas las pasiones, y propone un gobierno central que lleve el carácter de provisorio. El orador excitó a que las discusiones indicadas se hiciesen en estados y no en departamentos, y que se deje lugar a los pueblos hermanos que quieran unírsenos para que entren en parte de nuestros establecimientos políticos. Ni el nombre de Colombia -dijo- nombre genérico y comprensivo de todo el nuevo mundo, adecuado en mi concepto, porque él no clasifica la república que debe constituírse. Concluyó el señor opinante su discurso interesando la oportunidad de los presentes momentos para hacer una constitución que sea no una mezcla imperfecta, sino un todo bello y bien organizado.

   El señor Peñalver: Por no haberse meditado -dijo- mis observaciones, se me ataca de extravagante. Yo cito al abate de Pradt; repito que no veo virtudes en los pueblos, aunque veo ilustración en el congreso. Las cosas deben mirarse como son en sí, y no como las dicen los libros y los filósofos; voy a decir verdades que molestan, pero es preciso, porque ellas son verdades. No veo elementos en Colombia para una monarquía, ni para una federación, sí los veo para la anarquía. ¿Cuántos hombres hay en todo el territorio para establecer el régimen federativo? Pocos, y muy pocos; prefiero un gobierno que nos mantenga unidos, porque escapemos de la disolución.

   El señor Fernández Soto pronunció un discurso alusivo a lo que ha expuesto en los anteriores; hizo ver que la voz pública clama por la federación; que los pueblos gimen, y sólo les consuela en su exasperación la expectativa lisonjera en que se hallan, que detestan el gobierno despótico y el poder sin límites.

   El señor Francisco Soto dijo: Primero es ser independientes y libres, porque nada habríamos hecho con establecer el sistema más liberal de gobierno, si al día siguiente habíamos de perderlo con la independencia; por consiguiente, debemos formar aquel que contenga, no la mayor suma de felicidad posible, sino aquel que contenga la mayor dirección hacia la independencia. No por eso ha de ser una monarquía, porque no estamos en la triste necesidad de acogernos a esta forma que los pueblos tan justamente aborrecen. Debemos, pues, comparar la federación y el centralismo; establecer aquélla en los términos del año de 10 sería firmar nuestra carta de esclavitud, porque habría dilación, imbecilidad en el gobierno y falta de obediencia en los ejecutores; a cuyo fin recordó el orador la historia de ambos pueblos; y establecer un centralismo ilimitado, sería poner nuestra libertad en riesgo de perderla. Por todo esto, después de haber observado que nuestros pueblos no tienen ilustración ni amor a la libertad, sino a la independencia, y recomendado el tino con que debe procederse para no alarmar a la Europa, concluyó diciendo: que por ahora debe el congreso contraerse a declarar que Venezuela y Cundinamarca se unen en una sola república, bajo el pacto de que el gobierno sea democrático, representativo y provisorio, hasta que el futuro congreso, concluida la guerra, forme la constitución permanente de la República.

   El señor Félix Restrepo dijo: Que era preciso saber antes las condiciones de la unión que proceder a ésta; que es innegable, y se ha hablado mucho de que tenemos luces e ignorancia, virtudes y vicios, pero que es preciso dar fomento a lo que nos falta sin detenernos en cosas tan reconocidas; dijo también que no tenemos un derecho de reunir a la Nueva Granada todo lo que le pertenecía, porque la fuerza no da derecho, y en tal caso la antigua metrópoli también lo tendría para reunir estas colonias a la nación.

   El señor Miguel Tobar: No vale -repuso- la paridad de que sería atribuir a la España el derecho de reconquista, si pensásemos en la integridad de nuestro territorio, pues como observa el abate de Pradt, la naturaleza parece que ha derramado sus límites a los pueblos y a las naciones. Atendiendo, como debemos atender, a la posesión en que nos hallamos al tiempo de nuestra regeneración política, sólo Venezuela tiene un derecho para creerse independiente, mas no Quito, que, sin embargo, cuando se halle libre, podrá influir en nuestras instituciones, y que lejos de reprobar, mirará con agrado que la hayamos tenido presente para darle parte en el goce de nuestros derechos. Llamo igualmente la atención de vuestra majestad al riesgo en que nos podemos poner si por falta de cálculo y previsión excitamos alarmas en la Europa. En cuanto al punto en discusión, es mi sentir, dijo, que se establezca un gobierno provisorio sobre la base de la unión, análogo a las circunstancias, y que Quito suene con Cundinamarca para que no parezca que se la deja abandonada.

   El señor Fernández Soto aludió a que debemos ofrecer a este último pueblo la inestable herencia de la libertad, pero sin que se piense que esto sea bajo el título de conquista.

   El señor Méndez (Ramón Ignacio): En la precisa disyuntiva, señor, de perder la libertad o la independencia, al menor de los males debe preferirse, como el medio más prudente y razonable. Estamos en el caso de sacrificar por la independencia alguna parte de la libertad; no debemos entregarnos incautamente a ideas muy liberales. Es necesario huir de la esclavitud; posponer la federación a la independencia; establecer fuentes fecundas de recursos; dar unidad y vigor a la acción del gobierno; precaver guerras intestinas y cerrar las puertas a las pretensiones de la ambición; he aquí detallados los objetos que nunca debe olvidar vuestra majestad.

   El señor presidente: Mis opiniones están de acuerdo con las de los demás señores preopinantes; mas no considero indispensable sacrificar la libertad por la independencia; si así fuere, debería hacerse enhorabuena, pero uno y otro, puede conseguirse la independencia centralizando los recursos por ahora, la libertad constituyéndonos. No dejemos la constitución para después; es prudencia aprovechar el momento feliz. Un hombre atrevido que quisiese prevalerse de la ocasión, abusaría de nuestras instituciones provisorias para perpetuar su autoridad. El gobierno propuesto es monárquico, variando los nombres; es el fundamento o fundamentos de la monarquía. Tampoco he hablado de conquistar a Quito, sino de convidarla a la unión. Yo quiero -repitió- la independencia y la libertad, que no son imcompatibles; república federal y central son cosas contrarias, cuya unión se presenta por una simulada reconciliación de opiniones. Si se me asegura que después haya una convención que forme la constitución, enhorabuena, mas esa nueva convención puede hallar obstáculos y ser impedida. El ejemplo de la época pasada no vale, porque hemos adelantado mucho de entonces al presente.

   El señor Azuero exigió que el señor presidente diese detalles de la constitución que proponía o deseaba que se establezca. El señor presidente dijo: Hablo de una constitución que tenga estados particulares, y éstos su administración interior, legislatura y poder ejecutivo; de modo que suspensos los estados durante la guerra en el ejercicio de sus funciones, y quedando solamente el gobierno y legislatura generales, reasumiesen toda la extensión del poder; pero dejando una barrera a la tiranía para mientras las circunstancias exigieran esta medida.

   El señor Francisco Soto: No creo adecuado y eficaz este medio, porque si el establecimiento de la constitución en toda su plenitud depende de las circunstancias, se podían estudiosamente hacer durar éstas por el tiempo necesario y bastante para destruirla. Es mi opinión que haya una gran convención para la paz, que obre como mejor convenga.

   El señor José Manuel Restrepo: No es como asegura el señor presidente. El gobierno central no es un gobierno monárquico. Los publicistas constituyen la naturaleza de éste en que el poder ejecutivo es ejercido vitaliciamente por una sola persona, y algunas veces con derecho hereditario en su sucesión. Digo esto -añadió el señor opinante- porque no se piense que los que apetecemos un gobierno central, estamos decididos por la monarquía.

   El señor Peñalver: No hay elementos para república, ni para monarquía, pero sí los hay para la anarquía. No para la monarquía, porque somos pobres y no tenemos con qué mantener el esplendor del trono ni la nobleza; no para república, porque no hay luces ni costumbres. ¿Dónde están los hábitos y la ilustración? No elementos para la tiranía, porque no hay bastantes fondos con qué pagar los satélites de ella, como sucedió a Fernando VII en estos días. Si Morillo y Monteverde no hubiesen sido, cruel y sanguinario el primero, y el segundo infractor de sus tratados, Venezuela y Nueva Granada permanecerían tranquilas en las cadenas; lo que prueba que no hay un amor decidido a la libertad.

   El señor Borrero (Joaquín): Todos convienen en una misma cosa; los que sostienen la federación, es para unir a los dos pueblos, y los que el centralismo, para fundar las bases de ella; todos conspiran a unirnos contra el enemigo común; hay necesidad de constitución, porque es muy peligroso el tránsito de un gobierno a otro sin bases. En los años pasados con pocas tropas no alcanzaban los fondos; ¿cómo ahora, en que están considerablemente disminuidos? Entonces es menester apelar a medios extraordinarios; pero para que sean menos gravosos, debe haber un gobierno y leyes que encadenen la arbitrariedad. La agricultura y el comercio han decaído; estamos pues en el caso de unirnos, mas esto no impide que desde ahora pongamos las bases de nuestra futura felicidad.

   Y siendo la hora, se levantó la sesión,

Alejandro Osorio.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

 

ACTA 23. SESION DEL DIA 24 DE MAYO

   Leída que fue el acta del día anterior, a la que se hicieron algunos reparos por los señores presidente y Peñalver, pero continuaba la disputa, y habiendo manifestado el señor Gómez que en la absoluta nulidad de recursos en que está la secretaría, el redactor ha procurado desempeñar bien su deber, pues le consta el ímprobo trabajo que lleva. Propuso seguidamente el medio de simplificarlo, trayendo cada diputado un extracto de su discurso a la redacción.

   El señor presidente fue de sentir que para hacer lo mejor posible se adoptase el medio propuesto por el señor Gómez, lo que también apoyó el señor Azuero, añadiendo que se procurara laconizar.

   Se aprobó, pues, el acta con la corrección hecha por el señor presidente y la que sigue por el señor Peñalver:

   "Estaba resuelto a no hablar, porque veo que se cierran los oídos a la razón para que triunfen las pasiones; pero me obliga a tomar la pluma el discurso capcioso que acabo de oír, en el que se han presentado una parte de las ideas que expuse ayer, reservándose la otra que las desenvuelve y las aclara. Dije que la federación era la institución política más perfecta, y expuse las razones que la hacían inaplicable en Colombia. De lo que se trata es, no de alucinar al congreso con rasgos elocuentes y figuras, sino demostrarle con sencillez las razones que debe abrazar. Voy a decir verdades que pueden desagradar, mas no por esto dejarán de serlo. Yo temo que la profecía que ha hecho nuestro amigo el abate de Pradt se cumpla, si no tenemos juicio. El ha dicho que la América está expuesta a tener la suerte de la Asia Menor, cuyo territorio fue decidido en pedazos, que lo mandan despóticamente diversos jefes. Nuestro estado es tan embarazoso, que no tenemos elementos para una monarquía; no los tenemos para una república, ni para que pueda sostenerse un tirano en ella. No los hay para una monarquía, porque no hay riquezas que sostengan el esplendor del trono, ni para levantar una nobleza que lo sostenga; no los hay para una república, porque no hay la ilustración, las costumbres y las virtudes que ella exige; no puede sostenerse un tirano, porque no tendrá dinero con qué contentar a sus satélites, que dispersos en la vasta extensión de la República se levantarán cuando no estén pagados y satisfechos, y entonces dividirán entre ellos el territorio. Si Fernando VII hubiera tenido con qué pagar sus tropas, jamás se habrían levantado contra su autoridad ni hecho la revolución que ahora vemos en España. Nuestra libertad es obra de la prudencia y de la buena fe de los depositarios de la fuerza pública, de la estrecha unión de éstos con el cuerpo legislativo, y nuestro pueblo es necesario conducirlo a la libertad de la manera que un niño conduce a un ciego por la mano para que no tropiece y caiga en los precipicios que encuentre en el tránsito".

   En acto continuo se leyeron dos oficios dirigidos al congreso por el general Santander, vicepresidente de Cundinamarca, el uno congratulándose de su instalación y felicitando a vuestra majestad, y el otro haciendo dimisión de su magistratura. Habiéndose anunciado por la secretaría la lectura que debía hacerse de un mensaje reservado del mismo vicepresidente, se acordó por el congreso entrar en sesión secreta.

   Continuada la discusión sobre el artículo 1° de la ley fundamental, el señor Domínguez hizo la siguiente moción, que fue apoyada por los señores Mutis y Zárraga:

   "1° Que el soberano congreso tome en consideración si convenga o no mandar una comisión cerca del gobierno de Guayaquil, en mejores circunstancias, para que obrando con la libertad que debe, acuerde la unión con Venezuela y Cundinamarca.

   "2° Que sancionada que sea la necesidad de la comisión, se prevenga al poder ejecutivo su pronto cumplimiento.

   Principió aquélla el señor Vicente Borrero, que habló así: Señor: El gobierno que debemos adoptar es el que sea más análogo a las presentes circunstancias; sabidas éstas, se sabrá cuál sea. Las circunstancias de la guerra son imperiosas para reunir todos los elementos, pues nuestra lucha no terminará tan pronto. El carácter de los españoles es tenaz, y ellos son incapaces de ceder; nuestra debilidad es suma, y los recursos están agotados. La concentración, pues, es indispensable para evitar nuestra ruina. La misma Roma suspendía el imperio de la ley y dejaba en los momentos angustiados del peligro una autoridad sin límites, un dictador. Nuestra constitución debe ser central, pero provisionalmente hasta asegurar la independencia.

   El señor Zárraga dijo: Señor: Se trata de un asunto privilegiadísimo, y a pesar de mis escasas luces y de la dificultad con que desenvuelvo mis ideas para presentarlas, estimo de mi deber hacer esfuerzos sobre mí mismo a fin de manifestar mi sentir en el estilo sencillo y natural que se halle a mi alcance, pues el embellecerlo con las reglas del arte está más allá de mi esfera. Supongo que no hay un solo colombiano que contradiga la unión de Cundinamarca con Venezuela, y si lo hubiese sería un enemigo de la patria, indigno de habitarla, o un frenético que en sus furores arrebata un puñal para despedazar a cuantos encuentra y después traspasar su propio corazón; pero éste sería reprimido antes para que no dañase a otros ni se ofendiera. No me detengo sobre el particular porque desperdiciaría el tiempo y a la vez abusaría de la atención de vuestra majestad; así me contraeré a la clase de gobierno que juzgo corresponde se prefiera.

   El monárquico no tiene lugar entre nosotros, porque es odioso a todos los colombianos, porque los reyes vienen de mucho y nosotros poseemos poco, y porque faltan los demás elementos precisos. Igual suerte corre la aristocracia, pues no hay numerosa nobleza antigua ni moderna, y faltan grandes ricos para establecer la plutocracia. La democracia absoluta es la infancia de la civilización, y no querremos retrogradar tanto. Pasó la época del patriarcado, y por fortuna los tiempos de Hidelbrando y de la teocracia. En tiranía degenera la monarquía, en oligarquía la aristocracia, en octocracia la democracia y despotismo todos los gobiernos, pues también lo hay en las democracias, y aun más temible que en cualquier otro orden de cosas. Ella fue quien desterró a los Aristides, a los Milcíades y a los Cicerones; ella fue quien arrastró a las prisiones a los Sócrates, y ella fue quien entregó a los suplicios a los Fociones. En consecuencia, pues, y con arreglo a la ilustración del siglo, estamos conformes en preferir el gobierno representativo; pero disentimos en si ha de ser federal o central. Los de la primera opinión se fundan sustancialmente en que la federación opone obstáculos insuperables al poder ejecutivo, que lo obligan a permanecer en el círculo de sus facultades, con lo que se logra garantir la libertad, sin considerar que en caso de que por fatalidad hubiese entre nosotros algún ambicioso diestro, salvaría con facilidad en la actual posición de Colombia las débiles barreras que le opusiese; y los de la segunda, es decir, los centralistas, entre los cuales ocupo un número, pues no sé presentarme con embozos, nos apoyamos en que sin embargo de las buenas disposiciones de los pueblos, su educación y sus conocimientos, no se hallan en proporción para federarse; en que tal sistema pide un crecido número de magistrados, y es notoria la escasez que hay entre nosotros de hombres suficientemente ilustrados; en que los gastos que exige son muy superiores a nuestros actuales recursos; en que el territorio no se puede dividir por ahora, pues ya lo ocupan los realistas, y ya nosotros; en que tenemos al frente un enemigo vigilante, vengativo y que pertenece a una nación que bajo ningún pretexto nos conviene despreciar; en que necesitamos oponerle un gobierno enérgico como el central, pues el federal sus puntos de apoyo son débiles, el empuje de su palanca lento, todo lleno de inconvenientes, según le convence la experiencia de los norteamericanos en su última guerra con la Gran Bretaña; en que la federación nos ha perdido siempre, mientras que la centralización ha restablecido nuestros negocios al brillante estado en que se encuentran; en que nuestra República es militante y conviene contemporizar, y en que además de las razones detalladas, hay otras muchas que han patentizado sabiamente los oradores de mi sentir que me han precedido.

   Espero que ni por un instante se me hará la injusticia de creérseme que mi opinión la arranca algún principio de lisonja, porque no soy cortesano, o que emana de un espíritu de partido, porque jamás he sido faccioso. A ella la han formado, señor, esos vastos y hermosos territorios de Colombia, convertidos en horrorosos y espantosos cementerios, ese cúmulo de males que han pesado y pesan sobre nuestras cabezas; en una palabra, la dolorosa experiencia. A la manera que un médico prudente y sabio examina un enfermo, reconoce síntomas complicados, atiende al que amenaza la vida para después curar los otros, así debemos preferir el obtener y consolidar la independencia a todo lo demás, sin dejar por eso de establecer desde el día las bases necesarias para llevar a un tiempo nuestra libertad al término que dicte la razón.

   Se equivocará cualquiera si juzgare que no imprimen en mi espíritu ciertos encantos de la federación, ellos lo arrebatan y ejercen su influencia con energía; adelantaré todavía: la contemplo como un idolillo a quien incienso; pero es preciso sacrificar nuestras inclinaciones en obsequio del bien público, e imitar a Solón, que no dio a sus conciudadanos las leyes que hubiera querido, sino las que con arreglo a sus circunstancias podían recibir.

   He manifestado que en mi concepto no hay un colombiano que se oponga a la unión de Cundinamarca y Venezuela; que entre los diversos gobiernos debemos preferir el representativo central, por las poderosas razones anunciadas; y que mis ideas toman su origen de la experiencia, y las animan rectas intenciones. Sobre tal fondo establezco mi opinión y la reduzco a que se forme una constitución central, en la cual se dividan exactamente los tres poderes, etc.; que verificado esto, se ponga en receso el soberano congreso, dejando una fracción de su seno con el carácter legislativo, y bastante autorizada para que lleve a efecto sus disposiciones, compuesta de un número de individuos que grave poco a los pueblos, pero que no sea tan corto que deje de obtener y conservar sus consideraciones.

   No temo la centralización que asombra a otros, porque he seguido paso a paso la revolución, porque conozco el país y porque no invento tiranos fantásticos para combatirlos. Además, veo el horizonte tal cual es en sí, y no se me oculta al menor celaje.

   El señor Fernández Soto: Convengo en la reunión de fuerzas; pero para instruir al colombiano y encaminarle a la perfección, démosle instituciones políticas, y prevengamos así un ataque exterior. Vuestra majestad está encargado de este objeto. Defirió también con este motivo las palabras siguientes: Adolescens juxta viam suam etiam cuma senuerit non recedit ab ea.

   El señor presidente: La independencia sin la libertad no es un bien. Mejor sería para nosotros reunirnos a la España, bajo una constitución que ser independientes como en Constantinopla. Desenvolviendo el orador el sistema que apenas había bosquejado en el día precedente, dijo:

   Que la división propuesta podía hacerse en seis u ocho Estados, cada uno representativo; que haya un poder general que les ate y una entre sí, pero que siendo imposible por ahora, durante la guerra, la práctica de legislaturas parciales, se refundiesen éstas en el cuerpo legislativo general. El gobierno general es, por consiguiente, el que preside a los Estados, sin embargo de que cada uno deberá tener un gobernador o un prefecto. Así -dijo el señor opinante-, queda concentrado el poder; pero cesando la causa de este establecimiento, cesa el efecto, y la constitución debe anunciar cuando comenzare su observancia. A este fin trajo un ejemplo, aplicándolo oportunamente.

   Nosotros debemos tener presentes tres objetos:

    Una constitución que no sea contraria al deseo de los pueblos, y que aunque sea federativa no incurra en los defectos e imperfecciones de la pasada.

    Que Guayaquil tiene anunciado ya que se unirá a quien le dé las más ilustradas instituciones.

    Que la España misma nos da el ejemplo. Hubo revolución porque encontró una carta formada, y en el desorden mismo halló el orden. Ahora es el tiempo de archivar el remedio para aplicarlo al mal en su oportunidad.

   El señor Peñalver dijo: La independencia siempre es un bien. Sin ella no puede haber libertad. Aunque por sus instituciones liberales nos uniésemos a la España, aquéllos por fin están en los intereses de España y no dentro de nuestro país. Celebro que el señor presidente convenga en el plan propuesto por dos señores diputados.

   El señor Gual expresó que aunque el señor presidente ha descubierto algo más el sistema que había indicado, nada se puede decir todavía, porque en materia de constitución, si no se ve el todo, no se puede formar concepto. He oído, dijo, afectar una ignorancia de las palabras federación y centralización. Tenemos ya 11 años de guerra, y debemos saberlo, como en efecto lo sabemos. El orador hizo una ligera disertación sobre ambos sistemas. Añadió que se abstenía de votar sobre el proyecto del señor presidente, por la razón que deja expuesta. Excitó el recuerdo de nuestra historia, de la imbecilidad de nuestros pasados gobiernos, a pesar de la obediencia de los pueblos, y que por fin el congreso de Nueva Granada invitó a los gobiernos provinciales a que abdicasen su soberanía, porque de otra suerte el país iba a perderse. Leyó un informe del antiguo congreso al poder ejecutivo, en que le decía que algunas provincias no podían dirigir sus propios negocios. La cuestión es -continuó el orador- si se debe establecer un gobierno federativo o central; si lo primero, dijo, yo no desobedeceré; pero quiero que se tenga a la vista el ejemplo de los Estados Unidos en el último año de la guerra con la Gran Bretaña. ¿Se me dirá que el gobierno central tiende a la tiranía? ¿De qué manera? El gobierno central tiene sus obstáculos y sus trabas, tiene sus globos como el federativo. Comparar la Francia con Colombia es una monstruosidad. No es aquí tan fácil como en Europa usurpar la autoridad. ¿Cómo establecer un gobierno central para la guerra y uno federativo para la paz? Este tránsito es terrible y peligroso.

   El señor Ballén repitió la mayor parte de su discurso anterior, para que el señor preopinante varíe de concepto con respecto a lo que había dicho ayer que no fue bien entendido, y al efecto aludió con una comparación de dos casas de familia que se unen.

   El señor Azuero dijo: He oído buenas cosas del señor presidente, pero repito que nada se puede decir en favor ni en contra, pues que no hay un plan trazado y escrito. El congreso quiere evitar dos escollos: el de un plan de gobierno que no le convenga por ahora y el de dejar sumido el país en la abyección. El plan del señor Osorio no consulta a la federación, ni a la concentración, pero ni aun a la unión; no a la concentración, porque aun los centralistas quieren que haya una reforma y no sufrir los males que padecen. Al efecto desenvolvió el orador los principios de organización que presentan los llamados centralistas. Entró en detalle sobre su plan manifestado en la primera discusión. No se consulta tampoco, continuó, a la federación, porque no hay departamentos constituidos sin cuyo requisito no puede darse la constitución federal. ¿Será prudencia que por ahora nos concentremos absolutamente y el día de la paz se ponga en planta la constitución federal? Es además impolítico el plan propuesto, porque con él nos arrogamos un derecho sobre las futuras convenciones dando desde ahora la constitución que deba observarse. Se ha propuesto un sistema central modificado; ya es el tiempo de refrenar la arbitrariedad de las autoridades; desde ahora debe procurarse un alivio a los pueblos. El sistema del señor Osorio no consulta la concentración con los principios de la libertad. Pido, pues, que se describa detalladamente el plan adaptable de gobierno.

   El señor Soto (Francisco): Tengo la satisfacción de convenir en opiniones con el señor presidente; pero para dar más claridad a mis ideas hablaré por parábolas. Finjamos que un hombre viene hacia mí y me ofrece encarecidamente su amistad, pero por la deplorable situación en que me hallo, no derramaré -dice- mi sangre por usted hasta que mejore de fortuna. Otro, viéndome gravemente enfermo en una cama, viene y me describe bellos métodos curativos, pero que por entonces no conviene aplicármelos, ¿no calificaría yo a éste por un mal médico que me dejaba abandonado en el lecho de mi dolor, y al primero no le desdeñaría con desprecio ofrecimientos con que insultaba mi suerte infeliz? Tal es el caso en que nos hallamos: se trata de la felicidad presente, del remedio que exigen nuestros males, y para esto no nos debemos detener en lo futuro, mucho menos cuando yo no encuentro obstáculos insuperables para mejorar en lo venidero. La ilustración, la educación, serán las que deciden; de otro modo, el que quiera será un tirano. Que haya demarcación de poderes, etc.

   El señor Baños juzgó que el señor Osorio ha discurrido con acierto. Un plan que sea el más productivo de acción al presente y de felicidad para lo futuro, en que se concentre la hacienda y la guerra; que tenga unidad de acción para la defensa y felicidad particular de los pueblos, me parece que es el que debe adoptarse. No es posible, sin identificar el carácter de los pueblos, echar los fundamentos de su prosperidad por unas mismas instituciones. El carácter del venezolano y granadino es diferente; para aquél, vivo y fogoso, parece adecuada la democracia; para éste, lento y tardío, un gobierno que tenga más suma de energía. Se dice generalmente que los pueblos aspiran a la federación, y es un engaño; ellos no aspiran sino a su felicidad. La constitución de Nueva Granada, del año de once, con la concentración de los departamentos de guerra y hacienda, es (me parece) la que puede servir de proyecto en el presente caso.

   El señor Osorio: Me complazco de convenir con los mismos señores opinantes que me impugnan. Convengo con el señor Azuero: Quiero que los pueblos sean libres desde ahora para prevenir los ataques de fuera; no quiero ni que por un momento se exponga la libertad. ¿Por qué vamos a dar instituciones para los tiempos venideros? El congreso se ha reunido no sólo para remediar los males actuales, sino también para prevenir los futuros. Hizo una aplicación de las palabras en su favor. Es imposible presentar un proyecto de constitución a cada uno de los diputados. Supóngase que no hay guerra; daremos entonces la constitución federal. Pero sobreviene ésta; se suspenderá su imperio; y pasado el torbellino, volverá la primera constitución. Seguidamente leyó el orador un proyecto de reglamento para cada uno de los estados que deben federarse.

   El señor Santamaría pidió licencia para hacer ciertas preguntas, porque sus circunstancias personales no le dan lugar a votar sin un previo esclarecimiento. Que ha oído -dijo- muy buenos discursos, y después de ellos apenas ve que las opiniones se van encaminando a un punto en que no habrá desaveniencia. Preguntó:

    ¿De qué se trata? De resolver este problema político: estando Latorre con un ejército al frente del Libertador Bolívar, el gobernador Torres en Cartagena, Aymerich en el sur, y atendiendo el estado actual de España y de toda la Europa, ¿qué especie de gobierno práctico y no especulativo convendrá a Venezuela y Nueva Granada? Las citas de la Grecia y de las instituciones de otros pueblos de la antigüedad son eruditas pero innecesarias. Para resolver el problema hay dos opiniones: una por la federación actual y otra por la futura; ¿pero qué quiere decir unirnos en hacienda y guerra? Analicemos esto: ¿Quién forma el erario público? ¿Uno o dos congresos? Si hay dos, ¿cómo podrá resistirse ni aun a los enemigos exteriores? Yo no comprendo cómo los estados federados puedan unirse en la hacienda y guerra y no en lo demás; ¿cómo se dividen los estados sin un plan a manera del que ha presentado el señor Azuero? Yo no puedo, repito, manifestar mi opinión, sin estos preliminares indispensables. La idea de dar constitución federal para lo futuro es, en cierto modo, usurpar la autoridad de la divinidad. Permítaseme denunciar a la España. Los más liberales de la península aseguraron que mientras en algún punto de América se sostenga el sistema federativo, no perderán la esperanza de subyugarla. Un ministro nacido en América dijo que España se abstuviese de mandar expediciones a la América; que cuando una provincia dispute a otra la supremacía, entonces es cuando debe la España restablecer la ley de incorporación de Colombia a Castilla, del tiempo de Isabel la Católica. El aseguró que la España nunca desistirá del proyecto de subyugación; él ha estado -dijo- en la península, y ha podido observar más de cerca la opinión. Comparar a Colombia con el Norte es comparar a un pigmeo con un gigante; que por eso -añadió- no se incomoden algunos cuando se dice que no tenemos semejanza en las costumbres a los norteamericanos, pues que Franklin mismo advertía a los que venían de Europa al Norte, que éstos no tenían las virtudes y civilidad de aquéllos. Concluyó pidiendo que se individualizara la cuestión, porque de otro modo no podía votar.

   Y siendo ya la hora, se levantó la sesión.

Alejandro Osario.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

 

ACTA 24. SESION DEL DIA 25 DE MAYO

   Se leyó el acta de la sesión reservada del día anterior, que fue aprobada; y seguidamente la de la sesión pública, que lo fue igualmente con la observación que hizo el señor presidente.

   Se dio cuenta con el informe del señor Tobar (Bernardino), sobre el proyecto de indulto, y se reservó para su discusión. También se leyó el oficio del señor ministro del interior y justicia, relativo a la provincia de Mariquita, que pasó a la comisión de peticiones, lo mismo que la dimisión de los señores Rivas y Ospina, electos para representantes en este soberano cuerpo.

   Leída una solicitud de la señora María English, viuda del general English, contraída a la demanda que con presentación de documentos hace de la cantidad o cantidades que se le deben por los auxilios o elementos de guerra que dio su marido, pidió el señor Diego Gómez se nombrase una comisión de crédito nacional, adonde pasarán ésta y semejantes solicitudes.

   Observó el señor Briceño (Antonio María) que en Guayana había una comisión encargada de este objeto, cuyos papeles y trabajos deben pedirse.

   El señor Gómez insistió en el nombramiento que había promovido, sin perjuicio de pedir los antecedentes, y a esto añadió el señor presidente que pasara el asunto a una comisión especial no para que lo decida, sino para que informe; y así se acordó. El señor Gómez, en apoyo de su petición, expuso que el reglamento de proceder previene que se nombren comisiones para los respectivos asuntos.

   El señor Peñalver excitó que o se llamase la comisión establecida en Angostura o se le pidiesen los papeles para las liquidaciones del caso; que también deben pedirse los que tenga la comisión permanente; y hablando sobre las liquidaciones que deben practicarse, opinó que la comisión que se nombre para éstas debe ser de sujetos inteligentes en cuentas.

   El señor Luis Mendoza interesó la urgencia del negocio, que no da treguas, y pidió la pronta remisión de los papeles de Guayana, pues lo principal que debe tratarse es de guerra y hacienda; a que añadió el señor Peñalver que se debe pedir una noticia al poder ejecutivo de la suma a que han ascendido los fondos nacionales de uno, dos o más años a esta parte, y se resolvió en regla; que se prevenga al poder ejecutivo expida órdenes eficaces para que las comisiones de liquidación de deudas nacionales y demás que haya existentes en Guayana, remitan inmediatamente todos los documentos e informes que existan en su poder, cesando en sus funciones respectivas.

   El señor Francisco Soto hizo la siguiente moción: que se diga al poder ejecutivo informe por el respectivo ministro en un día de cada semana, sobre las providencias que tome en cumplimiento de las del congreso, así como la comunicación de la instalación de este cuerpo y sobre los negocios de los departamentos de guerra, hacienda y de justicia. Fue apoyada por el señor Antonio María Briceño. El señor Francisco Soto, aludiendo a la petición de papeles de la comisión permanente de Angostura, dijo: que los ha traído el señor Urbaneja, y entonces fue de concepto el señor Quijano que se les pidiese una razón a los ministros de los papeles que haya.

   El señor presidente hizo en acto continuo esta moción: Si acuerda el congreso que por el poder ejecutivo se comunique la instalación del soberano cuerpo a la comisión permanente de Guayana, o no, la que se decidió por la negativa con la mayoría de votos. El señor Diego Gómez, apoyando la moción del señor Soto (Francisco), insistió en la suya de que se pidan al poder ejecutivo todos los antecedentes que haya, añadiendo que él encontraba una notable diferencia entre la comisión de crédito nacional, y la de liquidación de cuentas, que es de resorte del poder ejecutivo.

   El señor Restrepo (Félix) insistió en que se pida al poder ejecutivo una razón extensa del estado de los negocios en todos sus ramos. Tomó la palabra el señor Azuero, y dijo: que él mismo ha hecho la moción desde los primeros días del congreso, para que éste tenga los conocimientos necesarios, y que al efecto presentó el proyecto de decreto.

   El señor Méndez (Ramón Ignacio) advirtió que es preciso tomarse cuentas sin consideraciones ni paliativos sobre la inversión de las rentas.

   El señor presidente hizo entonces la siguiente moción:

   ¿Acuerda el congreso que una comisión presente el proyecto de decreto que exprese los términos en que deban pedirse los informes o datos que desea el congreso en el ramo de hacienda, para sus pasos ulteriores? Reducida a votación, se decidió afirmativamente por mayoría.

   Después de otras reflexiones sobre la misma materia a que aludió el señor Miguel Tobar con un símil adecuado para manifestar que el pedir al poder ejecutivo un estado general de rentas, inversiones y todo lo concerniente, no es un juicio de censura. Se leyó una nota oficial dirigida a vuestra majestad, por el señor general Nariño, en que ofrece presentar un proyecto de constitución que está trabajando.

   Hechas algunas reflexiones por diferentes señores sobre el artículo del reglamento de debates, que prohíbe y cierra la puerta para que se proponga algún proyecto, sin que sea por el órgano de un representante, se hizo la siguiente moción por el señor presidente:

   "Se contesta al señor general Nariño que se accede muy satisfactoriamente a la solicitud de presentar el proyecto de constitución en los términos que propone con el objeto de ilustrar al congreso".

   Votada ésta, se decidió afirmativamente por mayoría.

   Continuada la discusión segunda sobre el artículo 1° de la ley fundamental, tomó el señor Ballén la palabra y excitó al congreso para que insinuase al señor Santamaría explicara en detalle lo que ayer indicó relativamente a ese ministro de España, y en efecto el señor Santamaría explicó detalladamente lo que dijo ayer sobre este punto que se desea saber.

   El señor Campos repuso que el dictamen del americano citado por el señor Santamaría contenía el más vasto proyecto para sujetar las Américas, y que viviendo en España el mismo individuo, podía temerse que su grande talento inventase nuevas armas para esclavizarnos. Añadió que para terminar el punto de la cuestión, es muy necesario poner los ojos en la Europa, que tal vez muchos individuos del soberano congreso no ignorarán que existían en Inglaterra pretensiones sobre nosotros muy semejantes a las de Francia con la República de Buenos Aires, y que quizá los soberanos reunidos en Tropau recordarían uno de los artículos del congreso de Breña que los constituya en la necesidad de auxiliar al rey Fernando VII, contra los países insurrectos que no se hubiesen constituido en América, y concluyó que debe alejarse la voz democracia al tiempo de la sanción del primer artículo fundamental de la constitución.

   El señor Camacho: No debemos -dijo- ligarnos a los sistemas anticuados de la Europa; seamos liberales e ilustrados, y si es que podemos existir, existamos de un modo decoroso. Protesto la sanidad de mis sentimientos. Yo no creo adaptable el centralismo por los peligros que induce. Los pueblos no penetran por lo común a las verdaderas causas de las cosas, ellos no miran sino a los autores inmediatos de sus males, y habiendo sido venezolanos casi todos los jefes que en esta época los han gobernado, a ellos atribuyen los que han sufrido y todavía deploran. Mi opinión está por la federación, pero yo quisiera, lo digo de buena fe, porque ésta es la voz de mi conciencia, yo quisiera, repito, que vuestra majestad acierte a conciliar prudentemente los extremos y hermane las opiniones encontradas.

   El señor Baños añadió que su dictamen de que se establezca una constitución política teocrática, consulta los peligros que amenaza la santa alianza de la Europa, estableciendo no un riguroso federalismo, sino una coalición de poderes fuertes y vigorosos, que insiste en el sistema federativo, como que él de ninguna manera se opone a las urgencias de la guerra.

   El señor Otero dijo: Hay tiempos de guerra y tiempos de paz, porque así lo dice el Espíritu Santo. Yo advierto desavenencia en las opiniones, ¿por qué no fijamos la vista en el Norte? Aquí hizo alusión al ejemplo de un padre de familia que tuviese una hija muy hermosa, y queriéndole hacer un vestido suntuoso para la edad juvenil, lo trazara desde sus más tiernos años. Partiendo de este símil, expuso que por su opinión no debe haber constitución desde ahora, porque cualquier sistema de gobierno que se adopte, nos podría traer muchos males. Discurrió por los diversos gobiernos que se conocen, y descendiendo al proyecto del señor Osorio, lo cree, dijo, inadaptable, porque no hay estados o departamentos formados. Convino en que la constitución federal se escriba, porque podrá ser útil en lo sucesivo, pero que no se ejecute ahora, y concluyó con la necesidad de la unión para hacer una vigorosa defensa.

   El señor Valencia dijo: Observo que hay una divergencia de opiniones y que los federalistas son más dóciles y ceden más que el partido opuesto. El refutó seguidamente el argumento de éste, tomado de lo que se vio en Venezuela y Nueva Granada el año de diez; pues lo que nos perdió entonces fue, en la primera, un acontecimiento inopinado y en la segunda, el no haber habido sistema. Añadió que el país no es, como se dice, inaparente para la tiranía, porque él la ha sufrido ya, y se ha podido sostener, y manifestó que ya que los federalistas han cedido, cree conveniente que digan: que el gobierno de la República de Colombia será federal, la constitución establezca, dividiéndose

   lo dos departamentos en varios estados, aunque por ahora quede centralizado.

   Y habiéndose decidido terminada la segunda discusión del artículo primero de la ley fundamental, se levantó la sesión.

Alejandro Osorio.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

 

ACTA 25. SESION DEL DIA 26 DE MAYO

   Leída el acta del día anterior, observó el señor Mendoza que faltaba en ella una sanción sobre prevenir al poder ejecutivo expida órdenes eficaces a las comisiones de liquidación de cuentas y demás que existan en Guayana, para los objetos que allí se expresan. En efecto, se advirtió que se había traspapelado la moción, y hallada, se hizo inserción de ésta en su respectivo lugar. Después de otras ligeras correcciones se aprobó el acta.

   Seguidamente se leyó el oficio de contestación que se debe dirigir al general Santander, y en una corta discusión observó el señor Peñalver que separando lo concerniente a la dimisión que hace, se le conteste directamente el de congratulación, lo que apoyó el señor Gómez (Diego), y el señor Baños opinó que el negocio sobre dimisión es del resorte del poder ejecutivo.

   El señor presidente hizo entonces las tres siguientes mociones:

   "1a ¿Aprueba el congreso que se responda directamente al vicepresidente de Cundinamarca, en términos satisfactorios por la felicitación que le hace?".

   Se votó afirmativamente.

   "2a ¿Aprueba el congreso que no se admita por ahora la dimisión del vicepresidente hasta que tomando en consideración las razones que expone resuelva lo que estime por más conveniente?".

   Votada, resultó también por la afirmativa.

   "3a ¿Esta comunicación se hará al vicepresidente por conducto del poder ejecutivo?".

   Se votó asimismo por la afirmativa. Pero aquí observó el señor Quijano que si continúa el vicepresidente de Cundinamarca en su destino con todas las facultades ilimitadas que ha tenido anteriormente, no hay caso de que el congreso deba disponer reclutamiento de tropas e imponer una contribución como se solicita en el oficio del mismo vicepresidente.

   Procediendo al orden del día, se leyó el informe de la comisión de peticiones , sobre la dimisión que hace el señor Yanes (Francisco) del encargo de representante en este soberano cuerpo, que con el que ha dado sobre los diputados que deben llamarse por las circunstancias menos difíciles en que se hallan; el evacuado en solicitud del señor Carvajal; el de los señores José Grau y Rivas, sobre dimisión de la representación que se les ha encargado; el de la del señor Ospino y el puesto a solicitud del señor Domingo Guzmán, se reservaron para proveer, señalando para el lunes 28;

    La lectura del proyecto que se ha pedido al señor Azuero en virtud de la moción hecha por el señor Peñalver.

    La de los informes de la comisión sobre llamamiento de unos diputados y dimisión de otros; y

    La tercera discusión sobre el segundo artículo.

   A continuación se leyó el artículo segundo de la ley fundamental, que se hallaba en segunda discusión, y el señor Pereira, tomando palabra, hizo ver que dentro de los límites del antiguo virreinato de la Nueva Granada se comprende igualmente la presidencia de Quito; que no hay un derecho y es peligroso y delicado hacer instituciones que se puedan juzgar obligatorias respecto de aquélla cuya voluntad sobre éstas debe consultarse libremente.

   A esto observó el señor José Manuel Restrepo que tales instituciones llevan al carácter de provisorias y que más bien deben mirarse como una verdadera iniciativa, por la cual de ninguna manera perderá su libertad, así como Cundinamarca no la perdió por la ley fundamental del congreso de Venezuela.

   El señor Pereira replicó que él no se opone a que se invite a Quito para la unión, sino a que se establezca como una base fundamental de nuestra constitución. A esto aludió el señor Domínguez, haciendo ver que Quito queda comprendida dentro de la demarcación hecha si para ella no se considera este inconveniente, estableciendo las verdaderas bases de la República; y que reproduce la moción que hizo antes para que se la invite fraternal y amorosamente.

   El señor Quijano repuso que el congreso de Guayana no dio más ley que una a Nueva Granada y Venezuela. Observó que Quito fue la primera en dar el grito de la libertad; que seguidamente trazó una demarcación de provincias, e invitó al Cauca dándose una constitución que por la ocupación de las fuerzas españolas se frustró; que consultando a sus conocimientos prácticos es de sentir que no se la compela por los males que seguirían de todo lo que pueda parecer una coacción; que él, como representante de una provincia limítrofe, desea que se la invite fraternalmente por los conocimientos que tiene adquiridos.

   El señor Soto (Francisco) dijo: La cuestión debe verse como de hecho y de derecho. En el primer caso, ninguno conviene en que se la pueda o deba obligar; en el segundo, no hay quien niegue que se le debe hacer invitación fraterna por medios llenos de urbanidad y de política. Aludió con un ejemplo de las coronas de Aragón y de Castilla, y aprobó la moción hecha por el señor Domínguez.

   El señor Márquez expuso: Que es extraño hablar en la ley fundamental sobre demarcación de tierras que no están bajo un gobierno; dijo que se debe invitar a Quito, pero que la mejor invitación son nuestras instituciones ilustradas; si ella no quiere -añadió- entrar en la unión, puede subsistir por sí sola o separadamente, y respondió al ejemplo de los hermanos, concluyendo con que sólo se hiciese mención de Quito, pero sin disponer jamás de él, porque tiene un derecho para negarse si en su mismo seno puede ser más feliz.

   El señor Borrero (Joaquín): Apruebo, dijo, lo que ha expuesto un señor diputado sobre las provincias libres actuales; y esto conviene que nuestras instituciones deben llevar el carácter de provisionales.

   El señor Tobar (Miguel) observó que Quito y Cundinaarca son una misma cosa. A este fin aplicó el ejemplo de dos que ocupan una casa, y partiendo de él dijo: la unión no arguye que se le quiera poner cadenas a Quito. Hay unidad de naturaleza por la posición geográfica del país (y sobre esto volvió a citar al abate de Pradt). La naturaleza ha unido por medio del terreno a Quito con Cundinamarca, porque si fuese de otro modo, aquélla tendría que unirse a Lima y recibir su ley, pues no tiene puertos. A más de esto, si los quiteños nos reconvinieren, ¿por qué no se ha contado con nosotros? La respuesta es clara: porque estabais esclavos, y nosotros procuramos vuestra felicidad.

   El señor Santamaría añadió: La soberanía reside en la representación directa de los pueblos, y no es otra cosa, y para salvar el inconveniente que resulta de esto relativamente a Quito, propuso el ejemplo de Norteamérica con respecto al Canadá. Continuó que se haga recuerdo en la constitución o ley fundamental, y muy expreso, de Quito, para que con el tiempo se incorpore a fin de que diga sí o no; porque si es lo primero, el negocio es concluido, y si lo segundo, no hay caso. Concluyó pues diciendo que se exprese que

   Quito podrá reunirse, si quiere, bajo los mismos principios que los otros pueblos de los departamentos.

   El señor Márquez dijo: Que rotos por la revolución y separación de la metrópoli los vínculos sociales, la reunión debe ser por voto y libre representación; que debemos llamar los diputados de Guayaquil, invitar a ésta para la unión fraternalmente y facilitarla, adoptando principios de verdadera libertad.

   El señor Valencia continuó exponiendo que toda forma de gobierno rueda sobre la base de una libre unión y representación, y que, por lo mismo, debemos proceder sin que se crea que de ninguna manera coartamos su voluntad, sino antes bien, que se la consulta y examina.

   El señor Domínguez reflexionó que es preciso caminar con mucho tino en la materia para evitar celos y resentimientos. Citó al efecto el pasaje del Cauca cuando Bogotá le envió sus auxilios contra Tacón. Opinó por una diputación a Quito, invitándola a la unión, como ha dicho ya, por la reciprocidad de nuestros intereses.

   El señor Azuero, aludiendo sustancialmente a este voto, dijo: Que se puede expresar, como Venezuela lo hizo respecto de Nueva Granada, que Quito quedará unido hasta que libremente pueda pronunciar sus votos, y manifestó que el congreso de Guayana hizo muy bien en proceder sobre la unión de que habla el primer artículo de la ley, pues el artículo nono reserva su derecho al congreso general de Colombia para darse la constitución que le convenga, debiendo ésta presentarse en el solo enlace de proyecto.

   El señor Quijano, contrayéndose al precedente voto del señor Tobar (Miguel), observó que aunque Quito no tiene un puerto en el mar Atlántico, sí los tiene en el Pacífico en contacto con los del virreinato del Perú; que tiene más relaciones comerciales con Chile que con nosotros; que también puede fácilmente por Panamá pasar al mar del norte; que su población es de 500.000 habitantes por lo menos, y que tenemos momentos de que son entusiastas por la libertad; que es más probable que ésta les convenga por el sur que el que la reciban del norte, y que es política proponerles los medios por la unión, sin que de modo alguno se entienda que los queremos obligar a ella.

   El señor Miguel Tobar, explicando su voto anterior, aludió con un símil del comercio que la Inglaterra hace en la India por la escala que tiene en el cabo de Buena Esperanza, y que esto es lo que él ha querido decir respecto de Quito; pero el señor Domínguez le opuso que este pueblo tiene paso del Pacífico al Atlántico sin necesidad de doblar el Cabo de Hornos.

   El señor presidente recordó que la España también ha hecho instituciones aun para las provincias sometidas; que nosotros -dijo- debemos comprender siempre a Quito para que este pueblo halle en nuestra constitución un gobierno establecido cuando llegue a ser libre; que así como instituimos sobre las provincias que aún no han conseguido su libertad, debemos instituir también sobre Quito sin obligarla por este acto de fraternidad; que debemos tener presentes a los pueblos del sur para no dar lugar a la división; que no se olviden que Guayaquil ha dicho ya que abrazará las mejores instituciones, y que debiendo ser éste el lazo de unión, el problema es hallar una forma de gobierno que por su bondad nos gane la de nuestros hermanos. Concluido este voto, se decidió terminada la segunda discusión del artículo 2° de la ley fundamental, y se pasó a la lectura del tercero.

   Verificada ésta, recordó el señor Gómez que tiene hecha moción sobre que se pidan los antecedentes de la materia.

   El señor Zárraga dijo: Señor: propone en su moción el honorable señor Gómez se pida razón exacta del montamiento de la deuda nacional al supremo poder ejecutivo, para que pueda resolverse el artículo 3° de la ley de que se trata. Estoy de acuerdo con lo primero, a fin de que el soberano congreso tome el conocimiento necesario y dicte las providencias de justicia en favor de los acreedores del Estado; pero de ninguna manera convendré con lo segundo, es decir, con que se suspenda la decisión del artículo citado, hasta que se consiga la noticia referida; porque en mi concepto la resolución de aquél depende únicamente de la que se libre sobre el artículo 1°. Aclaré mis ideas por medio de una disyuntiva: o se une Venezuela con Cundinamarca, o no; si sucede esto, queda resuelto el problema, porque cada estado abonará lo que le corresponda; y si aquello, lo mismo, pues aunque se apure la metafísica en inventar distinciones de la deuda nacional para formar una escala infinita de clasificaciones, y aunque se mande la satisfaga Venezuela o Cundinamarca, o ambas reunidas, el hecho es que el resultado no varía, pues el desembolso siempre se realiza del fondo general. Es verdad que a primera vista impone la especie que adelanta el honorable señor Gómez, de que sería poco decoroso a los honorables señores diputados de Colombia no poder informar a sus comitentes las cantidades a que los habían obligado; mas en mi concepto desaparece semejante reparo, al considerar quedan airosos manifestándoles que el compromiso se extiende a las que resulten legítimamente liquidadas, y que esto lo ha exigido de manera inexcusable el bien público. Derivo pues mi opinión de los antecedentes establecidos, y la reduzco a que se suspenda la decisión del artículo 3° de la ley fundamental, mientras se resuelve el 1°, según dejo expresado. He dicho.

   El señor José Manuel Restrepo y señor Domínguez fueron de concepto que la moción del señor Gómez sobre pedir los antecedentes de deuda nacional, está resuelta ya en la misma en que se previene al poder ejecutivo expida órdenes eficaces para que la comisión de liquidación y demás que haya en Guayana, remitan todos los documentos e informes que haya en su poder; pero el primero ratificó después su opinión, manifestando que además de lo resuelto relativamente a las comisiones existentes en Guayana, debía prevenirse al poder ejecutivo que remita todos los antecedentes sobre deuda nacional, porque Cundinamarca también la ha contraído, y es menester averiguar sus términos.

   El señor Peñalver añadió que aunque se deben pedir los documentos, no se debe esperar a ellos para la determinación de este artículo, porque los acreedores respectivos pueden sospechar de mala fe por la tardanza; y añadió que todas las deudas contraídas desde el año de 16, que han tenido por objeto la libertad, deben reconocerse por Colombia, con tal que debidamente se liquiden.

   El señor Valencia dio más extensión a este voto, diciendo que todas, y aun las contraídas desde la revolución, deben reconocerse.

   El señor Márquez repuso que con la resolución del artículo 1 ° queda decidido este punto, porque si la República ha de ser una, el erario ha de ser uno mismo.

   El señor Tobar (Miguel) dijo: es preciso calificar las deudas, y que no nos comprometamos a obligaciones que no sean claras, civiles y eficaces. Discurrió por el derecho de postliminio con respecto a las contraídas antes de la revolución del país, e hizo ver que debe aclararse la preferencia de ellas, porque puede haber particulares que hayan contraído deudas en favor de la causa pública, pero sin expresa autorización.

   El señor Peñalver: Yo hablo, dijo, precisamente de las deudas del gobierno, y éstas son las que si se unen Venezuela y Nueva Granada, pagarán siempre in solidum.

   El señor presidente, reproduciendo la moción del señor Gómez, la fijó así: "¿Se piden al poder ejecutivo todos los antecedentes sobre deuda nacional?", y fue votada afirmativamente. En seguida hizo esta otra moción: "¿Se esperan los papeles o documentos pedidos a Guayana y al poder ejecutivo sobre deuda nacional para entrar en la discusión del artículo 3°?"y se votó negativamente, protestando los señores Carvajal, Valencia, Félix Restrepo, Malo y Quijano. El señor Azuero, continuándose la discusión del citado artículo 3°, dijo: la cuestión presente es si la República reconoce o no las deudas legítimamente contraídas por las dos repúblicas que se van a unir, y aseguró que en este reconocimiento no podía caber duda.

   El señor Osorio indicó que la cuestión tiene íntima conexión con el artículo 1°, porque si hay constitución provisional, la prudencia exige que sepa cada uno a qué se obliga; pero si es permanente, ya entonces es indudable el reconocimiento de la deuda. Por eso -dijo- miro con aversión ese proyecto provisorio.

   El señor Peñalver contestó que la unión será eterna, pero que la forma de gobierno puede y debe ser provisoria; que, en consecuencia, no es un obstáculo el opuesto anteriormente, para cuyo fin adujo el ejemplo de la Inglaterra.

   El señor Azuero manifestó que la contienda sobre constitución provisoria o permanente, es de voces; que él quiere la libertad, y por esto quiere que contenga las bases liberales del gobierno, que deben ser eternas; pero que la constitución debe contener un artículo en que se sancione el modo de reformarla, y trajo el ejemplo de Norteamérica y aun el de la constitución inglesa.

   El señor Gabriel Briceño, volviendo a la cuestión directa de la deuda, opinó que no debe diferirse la discusión del artículo 3°, porque los consiguientes también influyen en los antecedentes, y lo que se resuelva puede conducir para la unión.

   El señor Ballén reclamó el orden que previene o establece deba discutirse artículo por artículo.

   El señor Félix Restrepo dividió en tres épocas las deudas de que se trata: unas contraídas sin consideración a la Nueva Granada; otras que se contrajeron para su libertad, y otras después de ella; e hizo ver que es interesante esta discusión.

   El señor Antonio María Briceño hizo entonces la moción, apoyada por el señor Méndez (Ildefonso), que la cuestión sobre reconocimiento de la deuda nacional se difiera para cuando se haya resuelto el primer artículo de la ley fundamental; y votada negativamente, se declaró después terminada la primera discusión del artículo tercero.

   Con este acto, se levantó la sesión.

Alejandro Osorio.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

 

ACTA 26. SESION DEL DIA 28 DE MAYO

   Leída el acta del día 26, fue aprobada con algunas ligeras correcciones que se le hicieron.

   Seguidamente se recibió por el señor presidente el juramento acostumbrado, al señor José Antonio Yanes, quien tomó asiento en la sala como diputado suplente nombrado en la provincia de (No aparece el nombre en el Manuscrito original)

   Después se leyeron tres informes de la comisión de peticiones, que se reservaron para proveer, y procediendo al orden establecido para el día, antes de éste, hizo el señor Félix Restrepo la siguiente moción, que fue apoyada con unanimidad de votos:

   "Que en consecuencia de los respetables encargos del Libertador presidente y congreso de Angostura, tome este cuerpo en consideración los medios de extinguir la esclavitud", y al intento hizo manifestación de un proyecto de decreto redactado por una de las comisiones preparatorias que tuvo antes de la instalación del congreso, que se mandó agregar, y efectivamente se agrega a esta acta:

   "Cuando los pueblos de América concibieron el generoso y magnánimo designio de sacudir la opresión peninsular, no se propusieron por objeto las ventajas y comodidad de una sola clase de hombres o familias. Si la Europa, en tortuosas sendas de su atroz y avarienta política sólo ha pensado el despoblar el Africa para llenar la América de las víctimas de su codicia, los nacientes gobiernos de ésta, ilustrados por la religión y la humanidad, han dirigido todas sus miradas a la común felicidad de sus habitantes, y principalmente de esta numerosa porción del género humano, que ha sido en todos los tiempos la más desgraciada. Esta resolución bienhechora y, por decirlo así, creadora de una parte de la especie humana, estaría ya verificada, si la España, asesina siempre de la América, no hubiera emprendido desolarla segunda vez por una guerra, cuyas crueldades no tienen ejemplo sino en la historia de su conquista. El congreso de Colombia, íntimamente persuadido de que ningún gobierno puede ser justo ni merecer la protección del Todopoderoso si no emplea su autoridad y fuerzas en la ventaja de sus semejantes, y enseñado por la historia de los siglos que la supresión de la esclavitud debe se un medio seguro de mejorar las costumbres públicas y una fuente inagotable de prosperidad y abundancia en los importantes ramos de comercio, agricultura y minas; deseando al mismo tiempo conciliar en cuanto es posible los derechos de la naturaleza con el menor perjuicio de los poseedores,

   "DECRETA.

   "Artículo 1° Los hijos de las esclavas que nazcan desde el día de la sanción de la ley serán libres, y como tales se inscribirán sus nombres en los registros cívicos de las municipalidades y libros parroquiales.

   " Será una obligación previa de los dueños de esclavos educar y mantener a los niños hijos de éstas que nazcan desde el día de la publicación de la ley, pero éstos, en recompensa, deberán indemnizar de los gastos impendidos en la crianza, prestando a aquéllos sus obras y servicios hasta la edad de 18 años cumplidos.

   " Si antes de cumplir la edad señalada quisieren los padres o parientes del esclavo o extraños sacarlo del poder del amo, pagarán a éste lo que se regule justo por los alimentos que le ha suministrado, lo que se hará por un avenimiento privado o por el prudente arbitrio del juez.

   " Cuando llegue el caso de que por haber cumplido los 18 años, salgan los jóvenes del poder de los amos, será una obligación de éstos informar a la junta, de que se hablará después, sobre la conducta y procedimientos de dichos esclavos, a fin de que promueva con el gobierno, para que se les destine a oficios útiles.

   " No podrán venderse los esclavos separando los hijos de los padres, hasta la edad de la pubertad, entendiéndose lo mismo respecto de los casados; pues sería romper escandalosamente los lazos de la naturaleza y de la religión.

   " Se prohibe absolutamente la venta de esclavos para fuera del territorio de Colombia, lo mismo que su extracción con el propio objeto.

   " Se prohibe igualmente la introducción de esclavos en el territorio de Colombia con motivo de negociación, bajo la pena de que por el mismo hecho quedarán libres.

   " Será una obligación forzosa de todo testador que tenga descendientes, manumitir un esclavo cuando los que posea lleguen al número de diez; y no teniendo descendientes, de cada diez, uno. Lo mismo se observará en los intestados. Los esclavos que se manumiten en uno y en otro caso, no serán los enfermos e inválidos que no pueden procurarse su subsistencia, pues entonces, en vez de un beneficio, se les haría un grave mal.

   " El que acredite haber manumitido diez esclavos, que no sean de aquellos que por su avanzada edad o enfermedades no puedan subsistir por sí, será honrado con un escudo de oro que tendrá esta inscripción: Ciudadano benemérito de la República y amigo de la humanidad, y que se decretará por el poder ejecutivo a nombre de la República.

   "10. Con el objeto de ir libertando sucesivamente a los siervos, se fundará un montepío compuesto:

   " De las donaciones y liberalidades con que para tan santo fin quieran contribuir los ciudadanos sensibles y virtuosos; 2°, de las cantidades que se recauden con el título de mandas forzosas para redención de cautivos; 3°, de otra manda forzosa que se establece por la presente ley, y cuya cantidad no debe rebajar, para los que tengan descendientes, de cuatro reales, y los que no los tengan, de dos pesos. A cuyo efecto los encargados de la recaudación de este ramo pedirán a los curas razón de los que mueren mensualmente.

   "11. Todos los que en la primera época de la República obtuvieron su libertad por algún estatuto o determinación del gobierno, gozarán de ella, bajo las condiciones impuestas por el mismo gobierno, quedando sin valor ni efecto todas las enajenaciones que de ellos se hayan hecho.

   "12. Se encargará al poder ejecutivo que forme un manifiesto en que haga presentes la utilidad, justicia y ventajas de la ley antecedente, y lo dirija a los párrocos por medio de sus respectivos superiores, para que éstos exhorten a sus feligreses a que en las limosnas y disposiciones piadosas que les dicte su celo por el bien de la humanidad, prefieran a sus esclavos concediéndoles la libertad y proporcionándoles algún arbitrio honroso de subsistir, en el concepto que ninguna obra de caridad será más acepta al Ser Supremo.

   "13. En cada uno de los departamentos capitulares se erigirá una junta con el título de amigos de la humanidad, compuesta: del alcalde ordinario de primer voto, de cuatro vecinos que nombrará el gobierno de la provincia y de un tesorero de probidad y responsabilidad nombrado por el mismo, para que colectando las sumas que provengan de los ramos destinados a la manumisión de esclavos por lo que respecta al marco territorial del departamento, se provea a la redención anual de los que deban emanciparse.

   "14. El primer día de pascua de resurrección, en memoria de tan santa festividad, se hará la manumisión de los esclavos, libertando el número de ellos a que alcance el fondo recaudado. El valor se satisfará a los amos por una justa tasación, escogiéndose los más honrados y más ancianos para que puedan gustar, por algún tiempo y antes de descender al sepulcro, de las dulzuras de la libertad.

   "15. Esta indemnización tendrá un lugar preferente respecto de aquellos amos cuyos esclavos han sido destinados al servicio de las armas de la República en la presente guerra, y entre éstos mismos se preferirán los amos más pobres, sin perjuicio de los demás arbitrios que se adopten para el efecto indicado, a cuyo fin se pedirán los informes convenientes al poder ejecutivo.

   "16. No se admitirá recurso judicial de la determinación de la junta en cuanto a la elección que haga de los esclavos que deban libertarse, y de los amos que conforme al artículo anterior deban ser indemnizados con preferencia.

   "17. Las juntas se ocuparán también en tomar los informes necesarios, y asegurarse mucho sobre la conducta arreglada y antiguos buenos servicios de los esclavos para la preferencia de su libertad, teniendo asimismo en consideración a aquellos que hayan formado lícitamente un peculio con qué poder subsistir en su nuevo estado.

   "18. Los esclavos que se vayan libertando se aplicarán a los destinos en que puedan ser más útiles a la sociedad, teniéndose presente que nada será más ventajoso a ésta como dedicarlos a la labor de las tierras incultas, principalmente las de los caminos reales, de las que se les dará en plena propiedad una porción que alcancen a cultivar, sin que obste para esto el registro o composición que hayan hecho de dichas tierras algunos propietarios, pues por el mismo hecho de tenerlas abandonadas han perdido el derecho a ellas".

   Por no haber presentado todavía el señor Azuero el proyecto de decreto que se le encargó, el cual debía verse en primer lugar, se leyó el informe de la comisión de poderes sobre los diputados que deben llamarse. Aquí se hicieron varias reflexiones por diferentes señores, ya relativamente a los que propone la comisión, ya al número diminuto de los que han venido, aun prescindiendo de Maracaibo y Santa Marta, porque aún no hay tiempo de que hayan podido llegar, ya sobre la necesidad que hay de que vengan algunos más para precaver una disolución del congreso por consecuencia de las enfermedades o circunstancias que ocurran para licenciar a otros, y habiéndose tenido igualmente en consideración la gran distancia a que se encuentran algunos, los gastos innecesarios que acaso se harían cuando no pudiéndose calcular la duración del congreso, es probable que algunos llegasen después de haber concluido éste sus tareas, lo que sería también un perjuicio para ellos, sin embargo de que para corresponder a la confianza de los pueblos han debido venir con oportunidad, y no mirar con indiferencia tan delicado encargo. Atendidas todas estas razones, el señor presidente hizo entonces la moción propuesta por el señor Diego Gómez y apoyada por el señor Mutis, y es la que sigue:

   "Que se llame a todos los diputados que aún no se hayan presentado, exceptuando solamente a los que en razón de sus destinos militares conste que no pueden venir, y los que se sepa con seguridad que han sido eximidos por el poder ejecutivo". Votada ésta, resultó decidida negativamente.

   En seguida el señor presidente hizo las siguientes mociones:

   "¿Se llama a los señores Orbegozo y Alvarez?".

   Se decidió ésta por la afirmativa.

   "2a ¿Se llama a los que están más inmediatos a Cúcuta, con exclusión de los militares que se hallen en actual ejercicio de sus funciones?".

   Se votaron afirmativamente todas, después de haberse decidido que estaba ya bien discutida la materia.

   Leídos en acto continuo los informes de la comisión de poderes sobre las excusas propuestas por algunos señores representantes para venir a incorporarse en el congreso, se admitieron por votación las de los señores doctor José Nicolás Ospina, representante nombrado en la provincia del Cauca, Francisco Javier Yanes en la de Barinas, licenciado José Grau, suplente de Cumaná, y don Francisco José Rivas, representante principal de la Guayana.

   El señor Gual opinó en la materia que, notándose estar exento de la diputación el doctor Juan Martínez por el vicepresidente de Venezuela, era de advertírsele que éstas no son funciones del poder ejecutivo, pero habiéndose discurrido sobre la materia, y manifestando que el vicepresidente de Venezuela no ha concedido excepciones sino que sólo hace mérito de estar impedido el señor Martínez, retiró la moción que al efecto había hecho.

   Tomóse en consideración el proyecto presentado por el señor Azuero sobre el informe que debe pedirse al poder ejecutivo relativamente a los ramos de la hacienda pública, y hechas algunas correcciones que se creyeron convenientes, se aprobó por mayoría de votos en los términos que se insertan al fin de esta acta.

   "APUNTAMIENTOS SOBRE EL PROYECTO DE QUE EXTENSAMENTE HE HABLADO EN LAS ANTERIORES DISCUSIONES Y QUE SE JUZGO DEBE ADOPTARSE EN LA MATERIA.

   "De la unión.

   "Artículo 1° Los pueblos de la Nueva Granada y Venezuela se unen en un solo cuerpo de nación bajo una forma de gobierno popular, representativo.

   "Del territorio de la República.

   "Artículo 2° Comprendiendo el territorio de la República desde la ensenada de Túmbez en Guayaquil, sobre el Pacífico, hasta la embocadura del Orinoco en Guayana sobre el Atlántico, 600 leguas según la regulación de su longitud, y 116.000 leguas cuadradas por un cálculo aproximado, según la variedad de su latitud, y computándose su población en tres millones de habitantes, se dividirá en 11 estados, en la forma siguiente: primero, el estado de Guayaquil, que comprende su territorio, el de Quijos y Macas, la Puná, Santa Elena, Esmeraldas y Atacames; segundo, el de Cuenca, Loja, Jaén de Bracamoros y Guaranda; tercero, el de Quito, desde el río Carchi en los Pastos, Ibarra, Otavalo, Tacunga, Ambato, Riobamba, Alausíy la provincia de Mainas; cuarto, el del Cauca, comprendiendo esta provincia desde el río Carchi, la del Chocó y Antioquia, hasta Zaragoza en la confluencia del Nechí con el Cauca; quinto, el de Cartagena comprenderá esta provincia, Santa Marta y Riohacha; sexto, el estado de Bogotá, que comprenderá su provincia, la de Neiva, Mariquita y Casanare; séptimo, el de Tunja, comprendiendo su provincia, la del socorro y Pamplona; octavo, el Estado de Mérida, que comprenderá a Trujillo, Mérida, Maracaibo y Barinas; nono, el de Caracas, que comprenderá esta provincia, la de Coro y Margarita; décimo, el estado de Orinoco, que comprenderá las provincias de Barcelona, Cumaná y Guayana, y undécimo, el del istmo, comprendiendo a Portobelo, Panamá y Veraguas con los distritos de Cupica y golfo del Darién. Esta será por ahora la división del territorio, incluyendo las provincias del sur de Nueva Granada por si quisieren hacer parte de la confederación, y a reserva de hacerse en ella y en las demás dicha división que se considere más exacta, justa y arreglada.

   "Artículo 3° Los estados se dividirán en provincias, las provincias en cantones municipales, y los cantones en parroquias.

   "Artículo 4° La unión de los estados se denominará Confederación de los Estados Equinocciales de Colombia o Estados Equinocciales de Colombia.

   "Atribuciones de los estados.

   "Artículo 5° Serán atribuciones de cada estado: 1a, la facultad de darse un gobierno popular, representativo, análogo al general que adopte la unión; 2a, la policía y el gobierno interior y económico de sus pueblos; 3a, el establecimiento de un tribunal de apelaciones; 4a, el nombramiento de sus jueces y

   empleados; 5a, la creación y arreglo de sus milicias; 6a, la protección y fomento de la agricultura, artes, ciencias, comercio y cuanto pueda conducir a su felicidad y prosperidad; 7a, la formación de un tesoro particular para sus respectivas necesidades por medio de las contribuciones o arbitrios que juzgue conveniente, sin perjuicio de las atribuciones y derechos de la unión.

   "Del gobierno de la unión.

   "Artículo 6° El gobierno general de la unión será exactamente dividido en los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial.

   "Artículo 7° Como este gobierno debe tener expedita la comunicación por ambos mares con la Europa, la Asia y demás gobiernos de América, residirá en el undécimo estado sobre Panamá, estableciendo la ciudad Bolívar en el sitio Las Cruces, a seis leguas de la ciudad hacia la cordillera. Desde aquí tendrán una fácil y pronta circulación sus providencias por la costa de Esmeraldas y Guayaquil a los estados de Quito; por la Buenaventura al Cauca y al interior de Cundinamarca; por Portobelo a los estados litorales de Cundinamarca y Venezuela, y por el Magdalena al centro de la Confederación.

   "Artículo 8° Corresponde al gobierno de la unión la defensa común, y de consiguiente, estarán a su disposición todas las fuerzas de mar y tierra y tendrá la facultad de levantar y formar los ejércitos que juzgue necesario, asignando a cada estado el número de tropas con que deban contribuir.

   "Artículo 9° Si los fondos comunes de la unión, compuestos de los ramos que le pertenecen, como los derechos de aduana, casas de moneda, correos, etc., no bastaren a cubrir los gastos que cause la defensa común, el gobierno general podrá imponer contribuciones y tomar otras medidas, como pedir dinero a crédito sobre los fondos nacionales, crear papel moneda, o crear una nueva, y hacer cuanto demande la necesidad y urgencia de los peligros, y el voto general de la confederación de ser independiente.

   "Artículo 10. Habrá tres superintendentes generales de hacienda y tres tribunales de ella, uno en Caracas, otro en Bogotá y otro en Quito cuando se liberte.

   "Artículo 11. Como la lucha por la independencia y la guerra bárbara, feroz e injusta que la España sostiene, exija una absoluta concentración de recursos y fuerzas y una simultánea cooperación de esfuerzos y sacrificios, serán suspendidas algunas de las atribuciones que corresponden a los estados provisionalmente y mientras duran las circunstancias que demandan la concentración.

   "Artículo 12. Publicada por el gobierno general la declaratoria del reconocimiento de independencia de la España, cesa de consiguiente la suspensión que se haga de alguno o algunos artículos de esta costitución en el decreto de concentración; desde cuyo día entrarán los estados en la plenitud y goce de todas las atribuciones y derechos que les concede la constitución.

   "DECRETO DE CONCENTRACION

   "El congreso de Colombia, "CONSIDERANDO:

   " Que el primario y principal objeto de la constante y heroica lucha que han sostenido los pueblos es la libertad, y que ésta no puede adquirirse sin haberse obtenido antes la independencia de la monarquía española.

   " Que para conseguir la independencia es necesaria la concentración de recursos, fuerzas y poder.

   " Que no podría existir esta concentración si temporalmente, y mientras dura la necesidad que la demanda, no quedan en suspenso algunas atribuciones que la constitución concede a los estados.

   " Que sería inútil la formación de una constitución si no trabajasemos simultáneamente por tocar el término de la lucha y llegar al día en que esta constitución tenga su imperio en todas sus partes, sostenga la libertad de los pueblos y haga la felicidad de la nación, ha venido en decretar y decreta lo siguiente:

    Queda en suspenso la 7a atribución que el artículo 5° concede a los estados.

   " Ningún estado tendrá tesoro particular, ni habrá sino un solo fondo común para ocurrir a la defensa de la confederación, sin perjuicio que de él se paguen los empleados de la unión y de los estados.

   " El congreso nombrará por ahora y en lo sucesivo la legislatura de la unión, los presidentes de los estados hasta que se cumpla lo que previene el artículo 12.

   " Quedará por ahora reducida la facultad que el parágrafo 10 del artículo 5° concede a los estados, a la creación de su tribunal de apelaciones, nombramiento de jueces, creación de su legislatura y nombramiento de los individuos que la compongan, conforme a la base de población que se adopte, y al nombramiento de gobernadores de provincia.

   " No podrán las legislaturas hacer otra cosa en materia de rentas que informar y proyectar sus mejoras para que la legislatura general las tome en consideración; repartir las cuotas de contingentes extraordinarios que decrete la legislatura de la unión, aprontarlas y suministrarlas en el tiempo, modo y término que se exijan, sin réplica ni excusa, quedando responsables y sujetas a las providencias que tome la legislatura general, bien para hacer efectivo el contingente, bien para asegurarlo de otro modo a costa de estado omiso o negligente.

   " Permanecerán las oficinas de hacienda y rentas en el pie que tengan, sin otra variación en el orden establecido y conductos por donde deban hacerse las introducciones y erogaciones, que las que el congreso y legislatura general acuerden.

   " Este decreto no tendrá ningún valor ni efecto desde el día en que cese la necesidad de la concentración, es decir, desde que llegue el caso del artículo 12 de la constitución.

   " El gobierno, al tiempo mismo de publicar la declaratoria de la independencia, expresará haber tomado la constitución su imperio en todas sus partes, o más bien, en el hecho de publicarse la declaratoria de independencia, queda publicado el imperio de la constitución".

   Concluido esto, se hizo por el señor Manuel Restrepo la moción que sigue:

   "Que se pidan al poder ejecutivo todos los decretos y reglamentos con fuerza de ley que se han expedido por el presidente de la República y vicepresidentes departamentales, desde que fue libertado el departamento de Cundinamarca, hasta la instalación del congreso", y fue apoyada por varios diputados, señalando el día de mañana para su discusión.

   Procediendo al orden, se pasó a la tercera discusión del artículo 1° de la ley fundamental. Tomó el señor presidente la palabra, y haciendo una explanación de sus discursos anteriores, leyó el apuntamiento de constitución que había indicado en ella y queda ya inserto. Después disertó sobre él parte por parte. El orador hizo valer las razones de conveniencia que se lo han dictado para hermanar la energía y vigor que necesita el gobierno en nuestra situación actual, con los principios liberales y eternos que deben adoptarse. Encareció la voz pública, que clama por una sabia constitución, que desea un gobierno representativo federal, y que teme los males de una absoluta centralización para establecer desde ahora, ya que no se puede el sistema federal en todos sus ramos, por lo menos las bases fundamentales de él, que serán el apoyo y la esperanza de nuestra futura prosperidad.

   El señor Ronderos manifestó adherirse en un todo el proyecto presentado por el señor presidente, exceptuando sólo el nombramiento de prefectos que en él se deja al gobierno general, porque en su concepto debe hacerse por cada estado o departamento en particular.

   El señor Peñalver dijo: "Pregunto ¿por qué es que se adopta el centralismo en la ocasión presente y se deja la federación para el tiempo de la paz? ¿No es porque la energía del gobierno, por la unidad de su acción y por la mayor prontitud y eficacia que deben tener sus providencias? Yo respondo que nunca es más necesaria la concentración que en los tiempos de la paz, en que se desarrollan todas las pasiones y tiene lugar la guerra intestina de los partidos opuestos; la concentración federal guardada para la paz, es la caja de Pandora que esperamos abrir. Me parece, pues, que reuniéndose entonces una convención para que corrija la constitución que ahora se haga, podrá ésta decir y hacer lo que pareciere bien, sin que nos atribuyamos ahora el derecho de obligarla a seguir nuestra voluntad".

   El señor Quijano tomó la palabra, y después de haber discurrido por los fundamentos de su opinión, manifestó que ésta era relativamente al gobierno que debe establecerse en la República de Colombia, en un todo congruente con el proyecto federal que ha presentado el señor presidente, centralizados los ramos de hacienda y guerra. Que los principales fundamentos en que se apoya son:

    La voluntad de los pueblos, particularmente los del sur de Nueva Granada, que en lo general, están por el sistema federativo, como que en él estriba su libertad e independencia.

    La persuasión en que se halla de que si no se adoptan las bases de este sistema se desagradarán los pueblos, despreciarán tal vez las providencias del gobierno, o se ocasionará una guerra civil.

    El peligro que prevé de que el departamento de Quito no se asocie a Colombia si no se le presentan las bases de un régimen de gobierno que sea conforme a las ideas liberales que han manifestado sus habitantes desde el año de 1809.

    Que el proyecto del señor Osorio, con las restricciones que contiene, concilia suficientemente las dificultades que han aducido los señores que opinan por la centralización, consultando a un mismo tiempo a la libertad y a la independencia de la República.

    Que el sistema de centralización tiende tarde o temprano al despotismo, y que como representante de Colombia no puede adherirse a él sin faltar a la voluntad de los pueblos que lo han constituido en este destino, y concluyó pidiendo que se exprese así en el acta.

   El señor Borrero indicó que algunos de los fundamentos alegados por el señor preopinante eran insubsistentes, que por ningún motivo atacaban el sistema central, que por ahora covenía este gobierno a nuestros pueblos, y que dejásemos a una futura convención el derecho de variar o reformarlo, como lo exijan las circunstancias de entonces que por ahora no pueden preverse, pero con tal que por ahora sea bajo un sistema de concentración, porque así lo exigen las circunstancias, y que una futura convención eche después las bases o fundamentos del federalismo que se crea conveniente adoptar.

   El señor Gual dijo: que él no ha oído ni sabe que en los pueblos haya una opinión decidida en favor de uno u otro sistema; que los pueblos nada entienden de federación o centralismo; que ellos lo que apetecen es ser libres e independientes de la España, por quien han sufrido tantos males. Excitó el orador a que los representantes de Colombia procuren acertar, ya que han obtenido esta sagrada confianza, ya que son, por decirlo así, los depositarios de su suerte. Dijo que no tenemos bastante civilización en el pueblo; que deben temerse los desórdenes de cualquier trastorno que fuera consiguiente a la mutación de gobierno; que los pueblos deben conducirse a la libertad no por hombres que hablen mucho en materia de opiniones, sino por hombres buenos y aptos para la administración pública; que para la federación, continuó, no tenemos estados formados. Citó el ejemplo de la pasada en este mismo país, que por fin hizo confesar a sus autores Torres y Pombo su debilidad e insuficiencia para llenar los altos fines del gobierno. Dijo que un sistema de votación no es adaptable entre nosotros que no tenemos hombres para ocupar los empleos subalternos; que los males que hemos padecido en la época presente no son la obra del gobierno sino de las circunstancias difíciles en que se ha hallado; y para probar que necesitamos de un sistema vigoroso porque la guerra puede prolongarse demasiado, adujo el ejemplo de la que en su emancipación política tuvieron que hacer la Holanda y Portugal por el carácter tenaz de los españoles.

   El congreso de la República de Colombia

   "CONSIDERANDO.

    Que uno de los objetos que han debido llamar y han llamado su atención es el de la hacienda pública.

    Que sin un conocimiento, por una parte, del pie en que estén sus diversas rentas, y por otra, de la lista civil y militar y demás gastos, no puede meditar las correspondientes mejoras ni calcular hasta qué punto sea necesario para gravar a los pueblos con otros arbitrios extraordinarios.

    Que aun cuando este cuerpo no haya de permanecer el tiempo bastante para consagrarse por sí mismo a tan difícil y complicado trabajo, debe por lo menos promover el acopio de todos los presupuestos y materiales bastantes para pasarlos al cuerpo legislativo que haya de quedar, el cual despache este importante negocio con la preferencia que demandan los intereses y necesidades de la patria, ha venido en decretar y decreta:

   Que el poder ejecutivo informe con la brevedad que demandan las circunstancias:

    Cuál ha sido en los dos últimos años el producto de cada una de las rentas ordinarias de Cundinamarca y Venezuela.

    Si se han suprimido algunas de las establecidas por el antiguo gobierno o qué variaciones hayan sufrido las existentes, tanto en el sistema de su administración y recaudación como en su cuota, acompañando cualesquiera providencias o reglamentos que se hayan dictado haciendo estas alteraciones.

    A cuánto asciende el total de los bienes adquiridos por secuestro y confiscación, o por otras causas, con especificación de los que sean convenientes en muebles y cuáles en raíces; cómo se administran y utilidades que producen.

    Qué contribuciones, donativos y otros repartimientos extraordinarios han sido impuestos y a cuánto ha montado su producto.

    Que se acompañen listas del número de empleos militares y civiles que hay en la República, y de la fuerza a que ascienden las diversas divisiones del ejército, con expresión del sueldo asignado a cada plaza y lo que se paga de contado.

    Que se acompañe una razón de los gastos hechos y el presupuesto de los que es necesario hacer.

    Qué existencias hay en los fondos públicos; y

    En fin, que el poder ejecutivo exponga o acompañe los proyectos o planes que juzgue convenientes para mejorar los ramos establecidos, suprimir alguno o establecer otro nuevo.

   Siendo la hora se levantó la sesión.

Alejandro Osario.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

 

ACTA 27. SESION DEL DIA 29 DE MAYO.

   Leída y aprobada el acta de la sesión anterior, se dio cuenta del informe de la comisión de peticiones sobre la solicitud del ciudadano Juan de Dios Ordóñez, y de las representaciones que han dirigido al congreso el ciudadano Mariano Vigil, natural de las provincias de la República de Chile, en que pide se declare que el territorio de la de Colombia no es lugar de confinación para los deportados de aquélla; el señor diputado Marcano, sobre ilegalidad de su venida; el ciudadano Pablo Crespo, en que pide se le asigne alguna dotación al empleo que está desempeñando; y el ciudadano Pedro de Aranda, vecino de San Antonio, provincia de Mérida, en que pide la restitución de sus bienes secuestrados, y todas cuatro se mandaron pasar a la comisión de poderes y peticiones, señalando el señor presidente el día de mañana para tomar en consideración algunos de los informes ya evacuados por la referida comisión. Con este motivo el señor Briceño, presidente de ella, manifestó que estaba sumamente recargada de atenciones, y el señor presidente ofreció que se nombraran por los señores a quienes toca dos diputados más que aliviasen sus trabajos.

   Procediéndose al orden del día, se discutió ligeramente la moción que ayer se admitió del señor José Manuel Restrepo (véase el acta). Se observó que había también decretos expedidos con fuerza de ley, y que estaban en observancia de una época más atrasada por el presidente de la República, y el señor Ballén añadió que el vicepresidente de Cundinamarca había dictado alguno, y citó cuál era, en asunto de la más grave importancia en que imponía hasta la pena de muerte a los reos. Reformada, pues, en el orden debido a la indicada moción, se votó afirmativamente en los términos siguientes:

   "Que se pidan al poder ejecutivo todos los decretos y reglamentos con fuerza de ley que se han expedido por el presidente de la República y vicepresidentes departamentales".

   El señor Hinestrosa, después de un ligero preámbulo, fijó por escrito esta proposición, que fue apoyada por el señor Márquez:

   "¿Los ministros del poder ejecutivo pueden o no ser miembros del soberano congreso?".

   Y el señor presidente señaló el día de mañana para discutir su admisión.

   Se leyó después el proyecto de decreto sobre indulto que presentó en  virtud de comisión el señor Bernardino Tobar, según consta de la sesión del día 25, y empezó a discutirse en su totalidad.

   El señor Hinestrosa tomó la palabra y manifestó que debía comprenderse el indulto a los que están desterrados o condenados por atribuírseles hechos contra la independencia, y citó algunos ejemplares que en su concepto acreditaban la arbitrariedad con que se había procedido en Bogotá en virtud de órdenes superiores.

   El señor Mendoza (Luis Ignacio), haciendo un breve resumen de la historia de nuestra revolución, demostró que un indulto concedido a los enemigos de la causa americana era un acto de la mayor injusticia y crueldad contra los defensores de la República, y que estos monstruos por el momento parecían agradecidos al gobierno, pero que después clavaban con su mano el puñal en nuestros pechos.

   El señor Félix Restrepo expuso que aunque su corazón se inclinaba al indulto, le parecía inoportuno este momento; que ya que el congreso no dio esta prueba de beneficencia en su instalación, podría diferirse para su receso, y sobre ello presentó una modificación, que no fue apoyada, asegurando los señores Miguel Tobar y Antonio Briceño que para evitar la muerte y ganar desertores, nunca podía ser tarde. Entonces el señor presidente llamó a votar esta proposición:

   "¿Se expedirá un indulto con motivo de la instalación del congreso?".

   Y fue aprobada por unanimidad de sufragios.

   A solicitud de un diputado se empezó a discutir artículo por artículo, y habiéndose manifestado avenimiento con respecto al primero de los dispositivos, que dice "gozará de este indulto toda clase de delincuentes que se hallen dentro o fuera del territorio libre, con tal que se presenten en el término que en él se fija, y todos los que al tiempo de su publicación se encuentren presos o arrestados en las cárceles o cuarteles, siempre que la causa de su prisión no sea alguno de los delitos que se exceptuarán". Se hicieron varias observaciones con respecto al segundo, pues que diferentes señores diputados indicaron con respecto a los libertos o esclavos desertores, que si era demasiado general la gracia, podía atraer perjuicios en el ejército que obra en Venezuela, el cual tiene bastante número de estos individuos; y que era necesaria en el sur de Cundinamarca, puesto que allí se habían levantado partidas que no era fácil aprehender, y que podía contarse con ellos siempre que se les permitiera volver al dominio de sus amos; en cuya comprobación dijeron otros señores que en Venezuela el enganchamiento de tales hombres era voluntario y en las provincias del sur era obra de la fuerza y la necesidad, por todo lo cual se creyó que era preciso dividir dicho artículo en dos, de este modo:

   "Artículo 2° Los desertores del ejército de la República de cualquier clase que sean son indultados de la pena, pero no exentos del servicio.

   "Artículo 3° Los esclavos desertores que se hallen en sus provincias y se acojan a este indulto podrán escoger la alternativa de volver al dominio de sus amos o al servicio de las armas".

   Y en virtud de haberse suscitado duda sobre el carácter del decreto en cuestión, a saber, si sería o no ley o acto legislativo que exigiese por lo mismo tres diversas discusiones, se votó afirmativamente esta proposición:

   "¿Se considera éste un decreto con fuerza de ley?".

   Verificado lo cual se declaró también por terminada la primera discusión de los primeros artículos, y se procedió a la tercera discusión del artículo 1° de la ley fundamental.

   El señor Manuel Restrepo expuso que él veía la opinión casi uniforme en cuanto a la necesidad de que por ahora sea central el gobierno, y para que se conozca que los propugnadores del centralismo no son enemigos de la libertad de los pueblos, sino, por el contrario, les preparan la única felicidad de que son susceptibles, leyó un apuntamiento en que bosqueja el plan que él ha llegado a concebir, y en el cual hay las bases de representación popular, de división de poderes y de creación de pequeños departamentos en que deban refundirse los grandes que actualmente se conocen. Observó después que la plantificación del sistema federativo exigía número crecido de hombres ilustrados, que no tenemos ni puede haber en mucho tiempo; que la guerra puede terminar, aunque no sea muy verosímil, al cabo de pocos años, y que entonces ¿quiénes podrían desempeñar los empleos? Que la opinión pública de las provincias de Antioquia, Chocó y la de Pamplona, que acaba de recorrer, no piensan siquiera en federación, pues que sólo quieren el reposo y la seguridad, reposo y seguridad que la federación no les puede garantir al presente ni quizá después cuando ya la experiencia de la época pasada nos enseñe que ella establece la aristocracia en nuestras provincias en razón de que siendo tantos los empleos y tan pocos los hombres, una o dos familias en cada una de ellas forma su patrimonio de estos mismos destinos y los hace hereditarios; y en fin, que la idea de una constitución hipotética chocaba a primera vista y tenía contra sí la conducta de las naciones más cultas.

   El señor Márquez pronunció en seguida un discurso en que combatió los principios de los centralistas y los del señor Osorio, y sostuvo que la federación era y debía ser nuestra única forma de gobierno, no para un tiempo indefinido si no pierde estos momentos. Observó que el centralismo tendía directamente al despotismo y que no nos alucinásemos; que el ilustre Bolívar, ese héroe que se ha consagrado a la libertad y la independencia, no siempre ha de existir, y que cayendo el timón en otras manos, debía temerse nuestra futura esclavitud; que era una imprudencia negar que la opinión de los pueblos proclamaba la federación; que él la había percibido en Bogotá como en un foco donde todos los hombres emitían más temprano o más tarde sus pensamientos. Excitó al congreso a que trajera a la memoria a los Césares Augustos, Cromwelles y Napoleones que habían triunfado de la libertad de sus respectivos pueblos por haberse adoptado el centralismo; y dijo que el sistema de federación no fue el que nos sumió en la esclavitud, sino otras varias causas, y que reflexionásemos que sería el colmo de la injusticia condenar a un pueblo que ha derramado su sangre por la libertad e independencia, a sufrir un gobierno que no le podía asegurar aquélla; exhibió entonces el plan del gobierno que él se había propuesto, y se agrega a esta acta:

   "Artículo 1° Cundinamarca y Venezuela se unen por medio de un gobierno general, popular, representativo, dividido en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, cuya atribución son las de todo gobierno de la unión en un sistema federal.

   "Artículo 2° El gobierno general tiene la dirección de los ramos de hacienda y guerra en ambos estados, del mismo modo y sin diferencia alguna que si se adoptase un riguroso centralismo.

   "Artículo 3° Hay en cada estado un director general de hacienda; subsisten los mismos tribunales de ella sin dependencia alguna del gobierno del Estado.

   "Artículo 4° Los estados conservan en lo demás su soberanía e independencia; pueden darse la constitución y el gobierno que juzguen convenientes, análogo al general.

   "Artículo 5° Las legislaturas de los estados pueden informar a la general y presentar los proyectos que quieran sobre los ramos de hacienda y guerra.

   "Artículo 6° En el presente congreso se dará a los estados un reglamento provisional. Se nombrarán interinamente los funcionarios del gobierno, y se prevendrá el tiempo, forma y modo como deba convocarse la asamblea del estado.

   "Artículo 7° El 1° de enero del año de 1825 se convocará precisamente la asamblea nacional, según el reglamento que se dé al efecto. Se reunirá el 1° de enero de 1826 en el lugar que se determine esta asamblea, variará, corregirá o mandará la constitución del modo que juzgare más conveniente.

   "Artículo 8° Si libertado Quito accede a esta confederación, formará otro Estado que se dirigirá por las mismas reglas que los otros dos".

   Y entró en algunas explicaciones, asegurando quería para conservar la unión de los dos departamentos de Venezuela y Cundinamarca, soberanos e independientes, se ligasen por la federación y que no fueran a separarse, adoptando otra forma que hubiera de hacerlos romper esa misma unión tan deseada. Protestó que él no es imitador de los gobiernos de Europa, Asia ni América, y que sólo quiere el bien de su país. Que nosotros hemos visto en la revolución hechos que honrarían a Roma y Grecia. Que Quito no se unirá sino por la federación; y concluyó pidiendo que se establezca desde ahora, no como quiere el señor Osorio, consignada en un frágil papel, sino en su más exacta observancia.

   El señor Uricoechea ponderó la gravedad de la cuestión, presupuso la necesidad y utilidad de la unión de Venezuela y Cundinamarca; formó análisis de las opiniones que ha oído, del cual resulta que ni la federación ni el centralismo pueden adoptarse según el diverso modo con que cada uno de los oradores pinta la opinión de los contrarios; y concluyó asegurando que pues la federación conserva mejor la libertad de los pueblos y el centralismo la expone, pero es necesario ahora, para la mayor energía del gobierno, el convenir en la adopción del proyecto del señor Osorio.

   El señor presidente hizo esta moción: que el congreso declare beneméritos de la patria a los que han perecido en los patíbulos y en el campo de batalla, no sólo por defender la independencia sino también la libertad; y fue apoyada por muchos señores.

   El señor Quijano empezó asegurando que iba a manifestar su opinión en castellano, que es la lengua que siempre se ha usado entre nosotros. Reprodujo las razones que antes ha vertido en favor de una federación; sostuvo que Quito y Venezuela opinan también por ella, a la vez que Quito la quería de buena gana el año de 9 y 10; y Venezuela el de 12 formó una constitución federal; que se cree con derecho para decir que si no es bajo esta condición, Quito no se nos unirá jamás, y que aquellos hombres buenos, no los muy ilustrados, porque éstos son peligrosos, todos quieren de corazón el sistema federal. Continuó sobre esta materia largo tiempo, y al fin concluyó protestando que él exponía su opinión porque deseaba únicamente la felicidad de los pueblos y no otra cosa.

   Siendo la hora se levantó la sesión.

   

Alejandro Osorio.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

 

ACTA 28. SESION DEL DIA 30 DE MAYO

   Se abrió la sesión con asistencia de los señores presidente, vicepresidente, Félix Restrepo, Fernando Peñalver, Francisco Pereira, Vicente Azuero, Vicente Borrero, Manuel Restrepo, Nicolás Ballén, Carlos Alvarez, Leandro Egea, Ignacio Márquez, Antonio María Briceño, Joaquín Plata, José María Hinestrosa, Miguel Santamaría, Diego Fernando Gómez, Pacífico Jaime, Juan Ronderos, Miguel Domínguez, Salvador Camacho, Pedro Carvajal, Policarpo Uricoechea, Manuel Baños, Antonio Malo, Bernardino Tobar, Manuel Campos, Manuel Quijano, Gabriel Briceño, Bautista Estévez, Sinforoso Mutis, Miguel Tobar, Cornelio Valencia, Antonio Mendoza, Ramón Ignacio Méndez, Ildefonso Méndez, Antonio Paredes, Cerbeleón Urbina, general Rojas, Francisco Otero, Pedro Gual, Joaquín Borrero, Lorenzo Santander, Joaquín Fernández Soto, Francisco Soto, Casimiro Calvo, José Antonio Yanes, Miguel Ibáñez.

   Leída el acta del día anterior, fue aprobada con las observaciones del señor presidente y el señor Ballén.

   Siguiendo el orden del día, se leyó un oficio pasado por el ministerio del interior y justicia, y dirigido a éste por la comisión permanente de Guayana, que por versar sobre materia de legislación se pasó a la comisión de constitución; y recibido igualmente por el mismo ministerio el expediente formado por el gobernador del arzobispado para conocer en asuntos del dogma, se pasó también a la expresada comisión.

   Visto el oficio de felicitación dirigido al congreso por el gobernador y cabildo de Tunja, se mandó contestar en la forma de estilo, y seguidamente se leyeron las notas oficiales remitidas por el poder ejecutivo, sobre los principales acontecimientos del ejército, cuyo mensaje se mandó contestar con devolución de ella.

   A moción del señor Soto (Francisco), apoyada por varios señores, se acordó con mayoría respetable de votos: que el congreso dirija su voz al ejército de la República, congratulándose con él por la constancia y valor con que ha sostenido los rigores de la campaña y derrotado a los enemigos, y manifestándole las esperanzas que fundadamente tiene de que con estas mismas virtudes habrá muy prontamente de libertar el territorio y aniquilar a los opresores, y que la misma alocución se dirija a los pueblos oprimidos, que a pesar de las cadenas insisten todavía y con tesón en recuperar sus derechos y sacudir el yugo español; acordándose igualmente que la secretaría forme el proyecto de la proclama.

   También se vio la copia auténtica del bando publicado en Bogotá sobre la instalación del congreso, remitida oficialmente por el ministerio del interior.

   Visto el informe de la comisión de poderes relativo a la solicitud que hace el señor Ronderos para retirarse del congreso con motivo de la judicatura de diezmos que ejerce en el valle de Tenza, se declaró unánimemente negada.

   Estando pendiente la moción hecha en sesión de ayer por el señor Hinestrosa, sobre si los ministros del poder ejecutivo pueden ser representantes en el congreso, se suscitó en este acto, y el señor Antonio María Briceño observó que aunque es un principio generalmente recibido que los empleados del poder ejecutivo no deben tener voto en el cuerpo deliberante, en el presente caso es innecesaria su aplicación, y no hay que temer partido ministerial en las resoluciones del congreso, como tampoco se notó en el de Angostura, sin embargo de esta práctica que se reputa peligrosa.

   Llevada por algunos señores la cuestión a un punto de mayor interés, y opinándose que es una observancia abusiva, y que por la gravedad de ella debe discutirse, se objetó por el señor Peñalver que en su concepto no es un abuso cuando se practica en Inglaterra, y tuvo también lugar en el congreso de Guayana, sin que obste el que ella se haya alejado de los Estados Unidos, y concluyó que debe decidirse primero qué número de votos se necesita para admitir el punto a discusión.

   Reflexionóse por otros señores la odiosidad de la materia, que parece contraerse a las personas de los actuales ministros, sobre lo cual se presume una sanción del congreso en haberlos admitido. Se observó, por otra parte, que admitida la materia a discusión, no es una ley que deba alterar en el número de sufragios las votaciones ordinarias, sin embargo de que el asunto es grave y de tamaña importancia; que debe considerarse con detención, pues tiende a establecer una regla general contra una práctica peligrosa. Pero el señor Peñalver, graduando de prematura la discusión, opinó que ella es diferible para cuando se trate de la constitución.

   El señor Santamaría observó que querer tratar de si los ministros pueden estar en el congreso en clase de representantes, sin embargo de que ejerzan actualmente las funciones de su ministerio, es querer dar leyes con efecto retroactivo, porque ellos han sido incorporados en virtud de no haber una ley preexistente que lo prohibiera. Añadió que el no admitir esta clase de empleados en el cuerpo deliberante no es práctica tan reconocida sino un punto cuestionable, como que ellos pueden dar informes de la mayor utilidad.

   El señor presidente manifestó que es una monstruosidad que el mismo que hace la ley esté encargado de ejecutarla; que él ya deseaba que se decidiese por la relación que dice a su persona la presente duda; pero que habiendo oído que en ella se traslucen miras particulares, conviene en que se omite la cuestión.

   El señor Egea aseguró haber leyes preexistentes contra el voto del señor Santamaría, y aludió con lo acontecido en Bogotá, y dispuesto por el presidente de la República, cuya aserción corroboró el señor Ballén con otras razones; y seguidamente el señor Méndez (Ildefonso) objetó que el reglamento que ha regido no contiene esta exclusión, y de consiguiente no hay una ley porque la disposición o disposiciones del presidente no pueden mirarse como tales. Contrayéndose, pues, a la modificación del señor Peñalver, observó el señor Gómez (Diego Fernando) que no debe diferirse la moción presente porque se trata de un hecho que también lo es, y diferirla sería lo mismo que rechazarla.

   Continuó el debate sobre la inteligencia del reglamento, y el señor presidente fijó aquélla en estos términos: ¿Se difiere la moción del señor Hinestrosa? Decidida afirmativamente, pidió el señor Márquez que se asignase tiempo, y lo contradijo el señor Peñalver, fundándose en que es opuesto al reglamento.

   Siguiendo al orden del día, se procedió a leer el proyecto de constitución remitido por el señor general Nariño, y después de una total y reflexiva lectura de éste, observó el señor presidente que en su concepto sólo debe tomarse en consideración por la parte o partes que contenga aplicables al caso.

   El señor Tobar (Bernardino), haciendo una expresa manifestación de su voto, dijo que él opinaba por el centralismo, y se fundó ya en que los pueblos no cuestionan sobre sistemas de gobierno, ya en que se conserva el derecho de representación, que es la base de un sistema liberal, y el ejercicio de la soberanía. Conozco -añadió- la provincia del Socorro, por la parte que he tenido en su administración; ella es de las más entusiastas de la libertad, y sin embargo en las elecciones de representantes he advertido una especie de negligencia. Los pueblos, no me avergüenzo de confesarlo, yacen todavía en la ignorancia en que los tenía sumergidos el gobierno feudal; ellos tienen aversión a los destinos públicos, y esto sólo puede salvarse abriendo desde ahora los canales de la ilustración. La imprenta los ilustrará, les abrirá los ojos, y en mejores circunstancias una futura convención dará a la República la constitución que le convenga, y concluyó insistiendo en que se adopte el sistema central haciendo el cuerpo político uno e indivisible.

   El señor Camacho repuso: todo en la infancia es pequeño, los hombres como las instituciones políticas. Es verdad que nuestros pueblos aún no están civilizados, pero ellos serán cada vez más susceptibles de perfección en la carrera de las luces. Aludió con el ejemplo de un joven que se dedica a cultivar sus talentos, y concluyó deduciendo que así como aquél se ilustra progresivamente y va saliendo de las tinieblas de la ignorancia, así también el hombre en sociedad recibe aumento y muchos grados de civilización dejándole un roce con los negocios públicos.

   El señor Alvarez, después de una ligera disertación de principios del derecho político, descendió a nuestra actual situación, inaplicable en su concepto al sistema perfecto y organizado de la federación, y dejando a una convención futura el sistema conveniente a la felicidad de Colombia, se adhirió al central para consultar -dijo- primero a la independencia que a la libertad que presupone aquélla.

   El señor Baños, citando las palabras de un poeta antiguo con objeto de probar que en todas las cosas debe haber un medio discreto, continuó arguyendo que la unión de Venezuela y Cundinamarca, por ser tan íntima, vendría a dejar de serlo en el gobierno central. Adujo el ejemplo de un amigo que pasa a vivir a la casa de otro; citó al abate de Pradt, y siguiendo el hilo de su discurso, añadió: puede ser que si hoy decreta el congreso la concentración, mañana se vean en Cundinamarca convulsiones y guerras intestinas. Aunque se prescinda de esto, no debe prescindirse del gobierno teocrático que parece que la naturaleza ha trazado en la Nueva Granada, y recordó al efecto la semejanza hiriente que tiene ésta con el monte de la Palestina de que con más difusión ha hablado en sus precedentes votos; dijo que debe haber una unión y el establecimiento del sistema indicado en la Nueva Granada, porque él tiene fuerza física y fuerza moral y religiosa, que se corroborarán por la liga de ambos pueblos.

   El señor Méndez (Ildefonso):

   "Yo he sido federalista, -principió-, el más acérrimo y entusiasta; pero en la escuela de los trabajos he aprendido lo contrario. En vano se toman argumentos contra la centralización del gobierno presente; él no es un gobierno sino la obra de las circunstancias".

   Aquí adhiere al proyecto del señor Restrepo, y entrando en su explanación, concluye que él consulta a la felicidad pública y a la libertad y bienestar de los individuos del cuerpo político.

   El señor Ibáñez, discurriendo por la escasez que tenemos de hombres que puedan encargarse de los negocios del gobierno, hizo alusivamente un análisis de los dos sistemas propuestos, federal y central, y pronunció su voto por el último, que cree más acomodado a las circunstancias.

   El señor Francisco Soto, tomando la palabra, habló así:

   "Tres partidos, señor, se presentan en esta augusta asamblea. Unos opinan por federación actual; otros la pretenden para lo futuro, y otros quieren un gobierno de concentración. Todos convienen en la necesidad de ésta en cuanto a los ramos de hacienda y guerra, porque así lo exige la lucha que sostenemos; pero yo haré, dijo el orador, algunas reflexiones contra los dos primeros. Uno de los fundamentos que se alega contra el gobierno central es el pronunciamiento de la voz pública, otro es la vasta extensión del territorio de la República, y el otro es que él se encamina al despotismo. En cuanto a lo primero, observo que los pueblos, si no me engaño, no han pronunciado sus votos por algún sistema particular de gobierno. Así lo he aprendido por los conocimientos prácticos que tengo, y creo que ellos no aspiran sino a su reposo y tranquilidad interior, alejando los males desastrosos de la guerra que han sufrido. En cuanto a lo segundo, preguntó el orador, ¿y el gobierno central no debe tener brazos subalternos que ejecuten y den cumplimiento a sus providencias hasta en el último ángulo de su comprensión territorial? y en cuanto a lo tercero, yo no encuentro que establecidas las bases de un gobierno representativo, la turnalidad de los empleos, y adoptándose una constitución liberal que ponga trabas a la arbitrariedad, pueda abrirse la puerta al despotismo la idea de una federación futura; tampoco me parece adaptable porque nosotros no tenemos poderes para representar y dar instituciones a la posteridad".

   Y añadiendo otras razones, insistió en la opinión que tiene ya manifestada por una e indivisible República.

   El señor presidente dijo:

   "Ya la cuestión presente no es más que de voces; pero en sustancia, con muy pocas alteraciones, todos venimos a convenir. Los sistemas del señor Azuero y señor Restrepo se identifican con el que he propuesto, por sus bases primordiales, pues todos tienden a instituciones más perfectas y más bellas en la serie de los días. Ellas pueden darse, es verdad, por una convención futura; pero mejor será que de nuestra primera constitución fluyan como de una fuente las luces y los conocimientos que algún día hagan la prosperidad y la grandeza de esta República naciente; y descendiendo a los diferentes proyectos que se han visto, añadió el orador, en mi opinión hasta las palabras de federalismo y centralismo deben olvidarse. Que esas juntas económicas, cabildos, o sean lo que se quiera, tengan algún derecho para informar, y que precaviendo los inconvenientes que pudieran traer, se dejen por lo menos estos planteles de que tal vez se verán en lo futuro nacer saludables establecimientos".

   El señor Santamaría:

   "Viendo ya declinar la presente discusión a su término, tomaré la palabra sólo para bendecir la hora en que se ha puesto la primera piedra del templo de la paz. En efecto, las voluntades se han acordado en un plan de gobierno que, acomodándose a las circunstancias del tiempo presente, consulta a la vez por el estado gradual de perfección de que son susceptibles las instituciones sociales. Si algún sacrificio hacemos renunciando por ahora el goce de un republicanismo en toda su pureza, consultemos el recuerdo de la progresión por donde caminaron los republicanos del norte. Su acta de independencia fue firmada en 1776; los artículos de confederación formados en 1778 fueron ratificados en 81, y la constitución se formó en 1789, a la que después suscribieron todos los estados, no sin haber precedido muchas observaciones, disputas y aun positiva contradicción por parte de algunas de las partes; posteriormente se hicieron las correcciones y adiciones de varios artículos; no se fabricó pues en el tumulto de la guerra aquella obra de la sabiduría y de la justicia, preparada un siglo antes por hombres atormentados del deseo de la libertad y penetrados hasta las medulas del sentimiento de igualdad. ¿Por qué pues nos afligimos y desazonamos si no volamos por la vía imitativa del republicanismo puro antes de haber llegado al término de la purgativa? Diré de paso que las instrucciones de los pueblos a sus representantes nunca pueden ser correctivas; un congreso no es una junta de abogados, de opuestos intereses para sostener el uno lo que otro pretende corresponderle; es un cuerpo deliberante con un solo interés: el bien de la comunidad; justo es escuchar a los comitentes y procurarles su más cumplida felicidad; pero debe venir con la disposición de convenir en el sacrificio de parte de los intereses locales, con derecho de exigir de sus colegas igual sacrificio. Mi conciencia me dicta adherirme cordialmente al plan de los señores Restrepo, Azuero, Gual y otros respetables miembros, porque concilia las voluntades de los señores del partido que parecía opuesto y nos libra de la peor de las tiranías: la oligarquía; por muchos años los negocios públicos serán manejados por unas mismas manos, y las legislaturas particulares probablemente serían permanentes en unas mismas personas".

   Discurrió el orador por la materia, concluyendo con encarecer a los señores miembros de la comisión de constitución empleasen todo su saber y experiencia en planear un perfecto plan de municipalidades, que es la federación que desea de una representación popular, que no por ser más modesta dejaba de ser acaso la más útil a los pueblos.

   Siendo la hora se levantó la sesión.

Alejandro Osorio.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

 

ACTA 29. SESION DEL 31 DE MAYO

   Se abrió la sesión con asistencia de los señores presidente, vicepresidente, Félix Restrepo, Fernando Peñalver, Francisco Pereira, Vicente Azuero, Vicente Borrero, Manuel Restrepo, Nicolás Ballén, Carlos Alvarez, Leandro Egea, Ignacio Márquez, Antonio María Briceño, Joaquín Plata, Antonio Bárcenas, José María Hinestrosa, Miguel Santamaría, Diego Fernando Gómez, Pacífico Jaime, Juan Ronderos, Miguel Domínguez, Salvador Camacho, Pedro Carvajal, Policarpo Uricoechea, Manuel Baños, Antonio Malo, Bernardino Tobar, Manuel Campos, Manuel Quijano, Gabriel Briceño, Bautista Estévez, Sinforoso Mutis, Miguel Tobar, Cornelio Valencia, Antonio Mendoza, Ramón Ignacio Méndez, Ildefonso Méndez, Antonio Paredes, Cerbeleón Urbina, general Rojas, Francisco Otero, Joaquín Borrero, Lorenzo Santander, Mariano Escobar, Joaquín Fernández Soto, Francisco Soto, Casimiro Calvo, José Antonio Yanes y Miguel Ibáñez.

   Se leyó con preferencia un oficio del poder ejecutivo, en que capta la venia del congreso para poder dar una comisión urgente a un militar de los del mismo cuerpo, y se acordó por votación que se diga al poder ejecutivo que bien puede comisionar al que tenga por conveniente.

   En seguida se leyó y aprobó el acta del día anterior, sin corrección alguna.

   Se leyeron igualmente los informes de la comisión de peticiones, puestos a solicitud del señor Marcano, sobre que se le conceda licencia para retirarse a su casa, a la de la señora Martina Rivera, a la del ciudadano Pedro María Aranda, y a la del ciudadano Juan Buenaventura Ortiz, que se reservaron para proveer.

   A continuación, y en sesión secreta, se leyó el oficio del cabildo de la ciudad de Ocaña, relativo a lo que constará del acta respectiva.

   Continuada la sesión pública, advirtió el señor presidente que no se ha contestado al señor general Nariño sobre haberse recibido el proyecto de constitución que ha mandado; al efecto, observaron algunos señores las razones que deben tenerse presentes para la contestación, y el señor Borrero (Vicente) y señor José Manuel Restrepo, apoyados en artículos del reglamento de debates, hicieron ver que debe pasarse a la comisión de constitución, y que se le conteste así.

   El señor Antonio María Briceño tomó aquí la palabra, y fue de concepto que con preferencia se tome en consideración el proyecto de constitución del congreso de Guayana, porque lo contrario parecería una especie de desaire de aquel cuerpo.

   El señor Azuero, en apoyo de esta opinión pidió que así éste, como el proyecto del señor Nariño y cualesquiera otros que haya, se pasen a la comisión de constitución y legislación, para que ésta, considerándolos todos, pueda informar cuál de ellos puede o es conveniente adoptarse, o para que forme una nueva; que así -dijo- se abrevian los trabajos, y en todo el mes de junio podrá el congreso estar despachando, lo que también apoyó el señor Hinestrosa.

   Fijóse entonces por el señor presidente la siguiente moción:

   "¿Se contesta al señor general Nariño haberse recibido satisfactoriamente su proyecto de constitución, que se espera lo continúe y concluya, diciéndole que sus luces las tendrá presentes el congreso en sus tareas?".

   Reducida a votación, se decidió afirmativamente, y luego el mismo señor hizo esta otra moción:

   "¿Se pasa este proyecto a la comisión para que informe si éste o alguno otro o el que ella crea conveniente formar, debe considerarse con preferencia?".

   Y se resolvió también por la afirmativa, levantándose en este acto la sesión.

Alejandro Osorio.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

 

ACTA 30. SESION DEL DIA 1° DE JUNIO

   Leída el acta del día de ayer, así de la sesión pública como de la secreta, quedó aprobada, y seguidamente el señor presidente propuso que se diese la segunda discusión de los dos primeros artículos del proyecto de indulto.

   Leídos, observaron algunos señores que dejando la alternativa a los esclavos desertores, de escoger el servicio de sus amos o el de las armas, contraída a las que se hallen en sus provincias, puede no producir el efecto que se desea. Aquí los señores Méndez (Ildefonso) y Miguel Tobar quisieron que se tuviese a la vista para continuar la discusión, el tratado de regularización de guerra por la conexión que tiene con la presente materia.

   Se observó también que habiendo ley que invita a los esclavos a tomar el servicio de las armas, la libre elección que se les pone en alternativa parece derogarla. También se tuvo presente que dejando esta elección a los esclavos desertores para consultar su voluntad, se tiene mucha consideración por unos hombres a quienes bastante favor se les hace con remitirles la pena de muerte que han merecido, y que no se falta a la palabra del gobierno, porque éste les ofreció la libertad bajo la condición, que ellos no han cumplido, de que sirviesen por cierto tiempo; pero igualmente se creyó oportuna la clemencia para con aquellos hombres, ya porque su estupidez les priva de los conocimientos bastantes para graduar el delito que cometen, como por aprovechar unos hombres perdidos.

   Quísose que en cuanto a los esclavos no se hablase particularmente, y que por una ley separada el congreso, tratando de extinguir la esclavitud, abrace a los que han abandonado las banderas de la República; pero considerándose que una ley no llega tan presto a su noticia como el indulto, se objetó esta proposición.

   Otro señor, después de haber querido que el artículo no se contraiga a los que están en sus provincias, solamente opinó que no se puede decir con propiedad que los esclavos han faltado a la condición impuesta, porque ellos no tienen voluntad para obligarse, ni aquélla se les ha hecho saber de un modo bien notorio, y que por lo mismo debe dejárseles la alternativa de elegir, hasta que el congreso de la nación determine sobre su libertad; pues aunque, como refiere alguno, en Ibagué se les ofreció la libertad por tres años de servicio, luego que volvieron a su país se desertaron, a pesar de que los señores no los admitían a su servicio, por no incurrir en la pena que se había antes impuesto de orden del gobierno para el que no presentara los que tuviese.

   Aunque se opuso a la libre elección que se les deja la razón de que ella parece proteger la servidumbre, se juzgó, sin embargo, conveniente para halagar a unos hombres que forman ya partidas de salteadores, porque no les ha quedado otro recurso, temiendo la pena de su deserción; y habiendo insistido un señor diputado en que se extienda a otras provincias, y no precisamente a las suyas la alternativa en que se les pone, sin perjuicio de que posteriormente se ocupe el cuerpo de la nación de su libertad; después de otras ligeras reflexiones, se declaró terminada la segunda discusión de los dos primeros artículos del proyecto del indulto.

   Continuada aquí la tercera discusión, pendiente del artículo 1° de la ley fundamental, tomó el señor Campos la palabra, y manifestó, expresando querer sosegar los temores de algunos señores opuestos a la centralización, que más fácilmente puede ser ocupado el supremo poder en el sistema federativo por algún tirano que en el de concentración, supuestas las escasas luces del pueblo, porque en éste todos los funcionarios elegidos popularmente serán una barrera del despotismo. Dijo que sólo una constitución con el carácter de permanente puede contener el poder militar; y después de otras observaciones, aventuró la siguiente predicción o conjetura: todas las asambleas nacionales futuras tendrán esta misma tendencia y predilección por la federación; pero en cien años no la verá Colombia; y después de cien años quizá verá caer con espanto la República de los Estados Unidos; porque la vida de las repúblicas es corta y desaparecerá este tiempo tan brillante hoy a nuestros ojos.

   El señor Domínguez dijo que él teme que prolongándose demasiado el centralismo, incidamos en la tiranía; añadió que él deseaba la unión por medio del sistema federativo; pero que las opiniones ya se inclinan a la uniformidad, y convencido de que las circunstancias demandan una sola república con un cuerpo legislativo, un poder ejecutivo y una alta corte de justicia, separada del tribunal que debe haber en cada departamento, suscribe desde luego a esta opinión. Que él no piensa -agregó- en legislaturas departamentales, ni juntas censorias, pero que sí quiere que se restablezcan las municipalidades, que han llegado a un pie tan decadente, y concluyó su discurso pidiendo se diera ya por terminada la última discusión del primer artículo de la ley.

   El señor Pereira, para probar que la opinión de la provincia del Cauca, su comitente, sí está pronunciada por el sistema federativo, leyó el capítulo o capítulos de sus instrucciones concernientes a este objeto, deduciendo de aquí que si otras provincias las hubieran dado, habrían también adherido a este gobierno.

   El señor Félix Restrepo dijo: "Yo convengo en que nos concentremos, pero hágase de tal suerte que no quedemos perpetuamente sujetos a este régimen de gobierno, cuando las circunstancias tal vez demuestren su inconveniencia".

   El señor Azuero se explicó así: "En defensa de mi amor a la libertad y de mi honor, me vindicaré de la nota que pudiera caer sobre mi conducta por la franqueza con que he manifestado mis opiniones, que han sido combatidas. Yo no desmentiré que he sido y soy afecto a la federación; pero no pudiéndose adoptar rigurosamente en la época en que nos hallamos, he propuesto un proyecto que él no la contraría, sino antes bien, es en la esencia del sistema.

   Yo no he pretendido ni pretendo una monarquía; buen testimonio es el proyecto presentado que se halla agregado a las actas; véase y léase detenidamente para que se convenza esta verdad. La felicidad de un pueblo no está vinculada a un solo régimen de gobierno; y un sistema de centralización en que queden divididos los poderes, libres los canales de las luces y se puedan hacer otros establecimientos benéficos, es muy propio para hacer a un pueblo feliz. Yo preguntaría a alguno si prefiere ser ciudadano de Holanda o Alemania, o vivir bajo las leyes de Gran Bretaña, y puedo asegurar que no postergará este último partido".

   El señor Gual comenzó su discurso interesando al congreso en que no olvide la tendencia inmediata que tiene Colombia con el antiguo mundo; que las relaciones de la Europa con esta parte de la América del Sur son íntimas, y deben considerarse muy profundamente; que Chile y el Perú puede decirse que tienen más expedición o franqueza para constituirse; que algunas potencias de la Europa meridional, como la Francia, Italia, España y otras, caminan a mejores establecimientos, y es de temerse la liga de las potencias del Norte; que nuestras circunstancias son imperiosas para obrar, y que, por lo mismo, no debemos detenernos en ensayos, que serían arriesgados; que él desea un gobierno enérgico, pronto y eficaz, cual debe establecerse, y que consulte las relaciones políticas y comerciales que tenemos con la Europa, sin que nos paremos pensando en ideas de perfectibilidad. Propuso por modelo el proyecto del señor Restrepo, y después de haber indicado algunos medios para precaver la tiranía, exigió que se oiga a la comisión de constitución.

   El señor Mutis, habiendo observado que todos los sufragios se inclinan a un sistema fuerte, vigoroso y enérgico, por la convicción de que aún no hay elementos para federar, añadió que en su concepto debe darse ya por terminada la tercera discusión.

   El señor presidente manifestó que, a su modo de ver, los votos están ya reunidos en un solo punto, aunque la cuestión ha sido verdaderamente de voces, pero de unas voces de verdadera utilidad; que los elocuentes discursos que acaba de oír, han afianzado más la opinión ya fijada, por un gobierno popular representativo, y dijo que los otros artículos decidirán de lo demás, según el modo como se organice la constitución, concluyendo con excitar a las nuevas reflexiones que puedan ocurrir.

   El señor Ballén, a consecuencia, expuso: de la excitación que el honorable señor presidente acaba de hacer, diré que la opinión de los pueblos por el gobierno federal está bien pronunciada. Por esta razón es extraño que se diga que los federalistas, en concepto de los defensores del partido opuesto, sólo tratan de fascinar. Discurrió por otras razones, y aplicando el símil de un arquitecto, añadió: que él conceptúa que la federación es un arca de perfumes, que los extiende por toda la República, con tal que se conserven por lo menos las bases y principios de ella, y concluyó apoyando la idea del señor Gual, de que la comisión de constitución presente el proyecto de unión.

   El señor presidente volvió a decir que la cuestión rodaba sobre este solo punto: que Venezuela y Nueva Granada se unen en un solo cuerpo de nación, bajo el pacto expreso de que su gobierno sea popular, representativo.

   El señor Santamaría atacó como ruinoso, perjudicial, el principio de que el diputado nivele su opinión por la del pueblo que lo nombra; insistió en que el representante sólo a Dios y a su conciencia debe responder de sus ideas, y no al pueblo que le da instrucciones, las cuales no pueden ser coercitivas. Hizo otras reflexiones, y concluyó elogiando a los señores diputados que por un convencimiento de principios han variado en su modo de pensar.

   El señor Valencia pronunció las mismas ideas que antes había manifestado y el señor Fernández Soto, elogiando el discurso del señor Gual, adhirió al proyecto de constitución presentado por el señor Restrepo, con tal que no se cierre enteramente la puerta a la federación.

   El señor Miguel Tobar hizo un elogio a la dignidad, elocuencia y esmero con que se ha llevado la presente discusión, y descendiendo a otros pormenores, llamó la atención al argumento, que no se ha tocado profundamente todavía, de la diversidad de genios, y recordó el pasado capitalismo, que queriendo obligar a las provincias a reconocer su respectiva cabeza, y éstas a los pueblos a que guardasen unidad para no desmembrar su territorio, nacieron de aquí las guerras intestinas que sufrimos. Así -continuó- sucedería ahora, aun respecto de Quito, si por una prudente demarcación no se preparan las bases de la federación futura, excitando alarmas y recíprocos celos. Dijo que la política es una ciencia de ardides y de estratagemas; interesó en el cuidado de evitar estos peligros y de elegir un sistema que, conciliando nuestra seguridad interior, no nos exponga a ser presa de nuestros enemigos exteriores.

   El señor Egea dijo: si Cartagena no hubiera estado libre e independiente, no habría tenido recursos para preparar sus empresas militares sobre Santa Marta. Habló del motivo de haber ocurrido en aquel tiempo a la simplificación del gobierno y concentración de ramos de hacienda y guerra; de la buena disposición que tienen los estados federados para contribuir a lo que ellos ven, y de la aptitud en que siempre se hallan en razón de ese espíritu de vitalidad que les anima. Reprobó las pequeñas fracciones de soberanías, que es causa de la emulación y de muchos males, y aplicó relativamente a la unión el ejemplo de una lanza, que compuesta de materias diferentes, de ninguna manera podría hacerse si éstas se quisiesen amasar contra su naturaleza y propiedades esenciales.

   El señor Luis Mendoza tomó la palabra, y dijo hacerlo sólo con el objeto de desvanecer las equivocaciones del señor Egea, su preopinante, en el resumen de la historia de Venezuela en la época pasada. Expuso entonces que no fue el capitalismo sino el terremoto el que perdió aquel país. Que la Nueva Granada se perdió por ese espíritu de soberanía que hizo independientes hasta los pueblos más pequeños, como Cheva, Girón y otros; el que llegó a tal grado, que Mariquita mandó por sí sola un comisionado al Norte de América; que Cartagena se sacrificó por las intrigas que impelieron al coronel Carabaño tomar a Santa Marta, lo mismo que después el ejército del general Bolívar, cuando Cartagena no quiso auxiliarle para la empresa sobre aquella plaza. Añadió que Quito, según las cartas que ha visto, no aspira sino a la independencia de sus amos; observó que el gobierno actualmente propuesto ni es un centralismo ni una federación rigurosa, sino uno y otro modificados; que el gobierno federativo es indudablemente el más perfecto, pero tiene sus abusos e inconvenientes, que es preciso corregirlos y enmendarlos; y después de haber tocado en otros obstáculos que se oponen a la unión, interesó la necesidad de estrecharlos por un vínculo de paz y fraternidad.

   En este estado hizo el señor presidente la siguiente moción:

   "¿Se declara terminada la tercera discusión del artículo 1° de la ley fundamental?".

   Y se decidió afirmativamente, quedando sólo el señor Quijano por la negativa.

   Con lo cual se levantó la sesión, y quedó señalado el día 4 para votar sobre la unión o artículo 1°.

Alejandro Osorio.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

ACTA 31. SESION DEL DIA 2 DE JUNIO

   Se abrió la sesión con asistencia de los señores Alejandro Osorio, presidente; Luis Mendoza, vicepresidente; Félix Restrepo, Fernando Peñalver, Francisco Pereira, Vicente Azuero, Vicente Borrero, Manuel Restrepo, Nicolás Ballén, Carlos Alvarez, Leandro Egea, Ignacio Márquez, Antonio María Briceño, Joaquín Plata, Antonio Bárcenas, José María Hinestrosa, Miguel Santamaría, Diego Gómez, Pacífico Jaime, Juan Ronderos, Miguel Domínguez, Salvador Camacho, Pedro Carvajal, Policarpo Uricoechea, Manuel Baños, Manuel Quijano, Gabriel Briceño, Bautista Estévez, Sinforoso Mutis, Miguel Tobar, Cornelio Valencia, Antonio Mendoza, Ramón Ignacio Méndez, Ildefonso Méndez, Cerbeleón Urbina, general Rojas, Prudencio Lanz, Francisco Otero, Pedro Gual, Joaquín Borrero, Manuel Escobar, Joaquín Fernández Soto, Francisco Soto, Casimiro Calvo, José Antonio Yanes y Miguel Ibáñez.

   Y no habiéndose concluido el acta del día anterior, se procedió a continuar la discusión de los artículos sobre el proyecto de indulto; hiciéronse algunas objeciones por distintos señores, y después de un ligero debate se declaró terminada la primera discusión de los artículos 3° y 4°, que dicen así:

   "Los esclavos desertores que se hallen en sus provincias y se acojan a este indulto, podrán escoger la alternativa de volver al dominio de sus amos o al servicio de las armas. Todos los que como desertores o como criminales de otra especie, inclusos los enemigos de la libertad, se encuentren refugiados en los montes perturbando con sus hechos la seguridad y sosiego público, con tal que no hayan cometido asesinato".

   La propuesta remitida por el poder ejecutivo al congreso sobre los ascensos de los señores Plaza, Mariano Montilla y Mujica, se pasó a la comisión militar, y a la de peticiones la solicitud de Silverio Pérez, que remite el colector de secuestros.

   Continuada la discusión sobre los artículos siguientes del proyecto de indulto, y hechas algunas observaciones en el debate, se declaró igualmente terminada la primera de los artículos 5° y 6°, que dicen así:

   "No serán comprendidos en este indulto los delitos de espionaje, conspiración contra la patria, cometida en el territorio libre, el homicidio voluntario, el robo, ni ningún otro que se cometa después de su publicación. El término de la duración de este indulto es el de cuatro meses desde su publicación en las capitales, y podrán aplicarlo todos los tribunales de justicia y los jueces ordinarios con dictamen de letrados".

   Aquí siguió la discusión pendiente del artículo 2° de la ley fundamental. El señor Gual fue de opinión que deben omitirse en él las últimas palabras: "abrazando, etc.", y el señor Miguel Tobar se adhirió a que no debe expresarse las provincias libres que quieran agregarse, en razón de que son conocidos los límites de Venezuela y Nueva Granada.

   El señor Gual pidió que se suprima el artículo, e hizo moción al intento. El señor Quijano se opuso a la dimensión matemática del territorio, porque en él se comprenden naciones indígenas independientes y pueblos que por estar ocupados por el enemigo aún no pueden manifestar su voluntad; y por lo mismo el territorio debe contener sólo desde el río Mayo para acá.

   El señor Miguel Tobar, hablando relativamente a la delicadeza y tino con que debe manejarse el congreso para no dar motivo de desunión, dijo que no considera a los quiteños más celosos que varias potencias de Europa ya reconocidas, las cuales entran en negociaciones con España, a pesar de que el rey de esta península ha sostenido el dictado de señor de todas ellas. Adujo el ejemplo de la Polonia, y por conclusión asiente en que no se nombre a Quito, pero que tampoco se dé a entender que reconocemos su independencia.

   El señor Luis Mendoza, apoyando lo expuesto por el señor Tobar, su preopinante, presentó el ejemplo de Caracas, añadiendo que no temamos tánto, pues que Quito debe apetecer la independencia y la unión.

   El señor Fernández Soto, después de haber elogiado a Quito en cuanto a su posición física, moralidad y virtudes, manifestó que para promover más fácilmente la unión de Quito a Colombia es conveniente que vaya, como ha solicitado el señor Domínguez, una diputación a Guayaquil y pase a Quito, a cuyo efecto apoyó la moción de este señor.

   El señor Peñalver aludió diciendo que la voluntad de Quito para unirse debe suponerse, pero que luego que reciba su libertad, podrá manifestarla expresamente.

   El señor Gual añadió que debiendo contener el artículo 1° estas palabrasó "las provincias libres de Venezuela y Nueva Granada se unen en un cuerpo de nación", si se adoptan es innecesario el 2° artículo.

   El señor Domínguez protestó no repetir lo que antes ha dicho. Aseguró que lo que quiere es evitar un rompimiento, pues que la presidencia de Quito comprende pueblos o provincias incorporados en Colombia, que si hubiera de reclamarlos sería hacer la guerra.

   El señor Osorio, presidente, dijo, después de otras cosas, que la constitución debe hacerse de modo que abrace a las provincias del sur de Nueva Granada, así como España hizo también extensiva la suya a las provincias ocupadas por el enemigo y a las de ultramar.

   El señor Santamaría contestó que la dificultad consiste en saber si nuestra constitución pueda comprender a Quito, que no tiene representantes en el congreso, siendo así que la soberanía está en la representación directa de los pueblos. Impugnó el ejemplo de la España y se adhirió a la opinión del señor Gual.

   El señor Peñalver dijo que en su concepto estos países no debían mirarse sino como partes desprendidas de la metrópoli que deben reunirse entre sí, y que por este aspecto siempre ha mirado él a Venezuela, Nueva Granada y Quito. Pidió que se dejase el artículo para cuando se trate de la constitución, a lo cual se opuso el señor Antonio María Briceño.

   El señor Francisco Soto fue de concepto que se diga solamente en el artículo 1° "las provincias libres de Nueva Granada y Venezuela forman un solo cuerpo de nación".

   El señor presidente quiere que haciéndose únicamente la unión de Venezuela y Nueva Granada ahora, se deje para la constitución lo demás, y el señor Escobar reprodujo en la materia el voto que tiene pronunciado el señor Azuero. Quedando pendiente la tercera discusión, se levantó la sesión.

   

Alejandro Osorio.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

 

ACTA 32. SESION DEL DIA 4 DE JUNIO

   Se abrió la sesión con asistencia de los señores presidente Alejandro Osorio, vicepresidente Luis Mendoza, Félix Restrepo, Fernando Peñalver, Vicente Azuero, Vicente Borrero, Manuel Restrepo, Nicolás Ballén, Carlos Alvarez, Leandro Egea, Ignacio Márquez, Antonio María Briceño, Joaquín Plata, Antonio Bárcenas, José María Hinestrosa, Miguel Santamaría, Diego Gómez, Pacífico Jaime, Juan Ronderos, Miguel Domínguez, Salvador Camacho, Pedro Carvajal, Policarpo Uricoechea, Manuel Baños, Antonio Malo, Bernardino Tobar, Miguel Zárraga, Manuel Campos, Manuel Quijano, Gabriel Briceño, Bautista Estévez, Sinforoso Mutis, Miguel Tobar,

   Cornelio Valencia, Antonio Mendoza, Ramón Ignacio Méndez, Ildefonso Méndez, Antonio Paredes, Cerbeleón Urbina, general Rojas, Prudencio Lanz, Francisco Otero, Diego Bautista Urbaneja, Pedro Gual, Joaquín Borrero, Lorenzo Santander, Mariano Escobar, Joaquín Fernández Soto, Casimiro Calvo, José Antonio Yanes y Miguel Ibáñez.

   Leídas las actas de 1° y 2 del presente mes, los señores Osorio, Márquez y Miguel Tobar pidieron se suprimieran sus discursos por no estar exactos con lo que dijeron; y el señor Miguel Domínguez observó que él se había expresado accediendo al centralismo, con tal que libertado Quito se forme un congreso general para dar el sistema de gobierno que convenga en aquellas circunstancias, y con esto quedaron aprobadas las dos actas.

   Seguidamente el señor Santamaría hizo esta moción: que presentándose por los señores diputados los discursos que han pronunciado en la discusión sobre la ley fundamental, y coordinados en la redacción de actas, se manden imprimir. La cual fue apoyada por los señores Azuero y Peñalver.

   Se leyó un oficio del tribunal de justicia de Cundinamarca, en que felicita al congreso por su instalación, y se mandó contestar satisfactoriamente.

   La nueva solicitud que hace la señora viuda del general English, demandando otra cantidad de pesos que allí expresa, se pasó a la comisión especial que entiende en este negocio.

   Visto el informe de la comisión militar sobre el ascenso de los señores Montilla, Plaza y Mujica, se señaló el jueves siguiente para su resolución.

   También se pasó a la comisión de legislación el oficio del poder ejecutivo, en que acompaña el de vicepresidente de Cundinamarca, relativo a que se imponga de las facultades que en él se hallan y las mande recoger para conservar la ciudad.

   En este acto se pasó a sesión secreta, y continuada la pública en cuanto a la tercera discusión pendiente del artículo 2° de la ley fundamental, el señor Azuero opinó que por ahora no debía entrarse, en su concepto, en la discusión ni consideración del artículo 2°, que se refundirá como corresponde en el proyecto de constitución.

   El señor Otero repuso que tiene una íntima conexión con la constitución la demarcación del territorio; que no nos hallamos en estado de hacer una constitución que pueda llevarse a efecto, porque cualquier división o reforma que se haga del territorio, nos produciría la ruina; que por ahora una ley que centralice todas las fuerzas para defendernos durante el tiempo de la guerra, es lo que debe practicarse, sancionando perpetuamente la unión de los dos departamentos, bajo un gobierno popular representativo para que pueda figurar y conservándose este mismo orden de cosas, pero librando a los pueblos de los males que padecen. Añadió que debe haber dos cámaras de legislatura, compuestas cada una de ocho a diez individuos, un presidente, dos vicepresidentes departamentales y dos tribunales de justicia.

   Terminada por mayoría de votos la tercera discusión del artículo 2° de la ley fundamental, se pasó al debate del artículo 3° del proyecto de indulto, y se declaró igualmente terminada su segunda discusión.

   Aquí se declaró por resolución del congreso que las votaciones que se hagan sobre los artículos 1° y 2° de la ley fundamental, deberán ser nominales, y en consecuencia, después de un debate preliminar en que se fijaron los términos de las mociones con la exactitud y precisión que pareció más conveniente para que la base fundamental de la constitución se distinga de ésta y no quede susceptible de interpretaciones, se procedió a la votación solemne de este acto.

   Primera moción. Leída en alta voz por el señor presidente: "¿Los pueblos de la Nueva Granada y Venezuela se unen en un solo cuerpo de nación, bajo el pacto expreso de que la forma de su gobierno sea popular representativo?". Resuelta afirmativamente, quedó el señor Baños por la negativa.

   Segunda moción: "¿Se formará una constitución en que no haya sino una sola legislatura, un poder ejecutivo y un supremo poder judicial, divididos los poderes exactamente?". Se resolvió por la afirmativa, y en ella votaron negativamente los señores Salvador Camacho, Leandro Egea, Ignacio Márquez, José María Hinestrosa, Juan Ronderos, Nicolás Ballén, Antonio Malo, Manuel Baños, Pacífico Jaime y Mariano Escobar.

   Tercera moción. "¿Se divide el territorio de la República en círculos o departamentos, como se juzgue más conveniente, eligiéndose para cada departamento o círculo un prefecto o presidente con las atribuciones que la constitución les conceda, conforme al sistema indicado en la proposición anterior?". Decidida afirmativamente, estuvieron por la negativa los señores Félix Restrepo, Antonio Malo, Manuel Baños y Juan Bautista Estévez; y los que han estado negativos en estas votaciones protestaron usar de su derecho por escrito en la sesión siguiente; con lo cual se levantó ésta.

Alejandro Osorio.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

 

ACTA 33. SESION DEL DIA 5 DE JUNIO

   Se abrió la sesión con la asistencia de los señores Alejandro Osorio, Félix Restrepo, Fernando Peñalver, Francisco Pereira, Vicente Azuero, Vicente Borrero, Manuel Restrepo, Nicolás Ballén, Carlos Alvarez, Leandro Egea, Ignacio Márquez, Antonio María Briceño, Joaquín Plata, José Antonio Bárcenas, José María Hinestrosa, Miguel Santamaría, Diego Gómez, Pacífico Jaime, Juan Ronderos, Miguel Domínguez, Salvador Camacho, Pedro Carvajal, Policarpo Uricoechea, Manuel Baños, Antonio Malo, Bernardino Tobar, Miguel Zárraga, Manuel Campos, Manuel Quijano, Gabriel Briceño, Bautista Estévez, Sinforoso Mutis, Miguel Tobar, Cornelio Valencia, Antonio Mendoza, Ramón Ignacio Méndez, Ildefonso Méndez, Antonio Paredes, Cerbeleón Urbina, general Rojas, Prudencio Lanz, Francisco Otero, Pedro Gual, Joaquín Borrero, Lorenzo Santander, Mariano Escobar, Joaquín Fernández Soto, Francisco Soto, Casimiro Calvo, José Antonio Yanes, Miguel Ibáñez.

   Leída el acta del día anterior, observó el señor Osorio que en la tercera proposición sobre división del territorio de la República en círculos o departamentos, falta la palabra "estados", que él leyó, y por cuya omisión no pasaba, pues caso de no haberse querido poner habría sido de la negativa, sin embargo de que sustancialmente no causa alteración; pero habiéndose opuesto algunos otros señores a que se hubiese leído esta palabra en la proposición al tiempo de votarla, lo que también manifestaron los secretarios, señalando el apuntamiento original que sirvió de modelo; exigió, no obstante esto, que así se consignase en el acta de hoy para su constancia. El señor Gómez (Diego) hizo ver que por el reglamento las proposiciones deben leerse antes de votarlas, y que por lo mismo, si el señor Osorio se equivocó, este es un asunto particular, lo mismo que el haber tenido, como representa, igual equivocación el señor Malo; pues esto de ninguna manera debe influir en la autenticidad de los actos y resoluciones del congreso.

   Leídas también las actas secretas de que no se había dado cuenta, el señor Quijano manifestó que él había pedido que se pusiese en ellas un extracto de las notas oficiales remitidas por el Libertador presidente, sobre lo que se refiere de los agentes y enviados de la República a Europa; y con esto quedaron aprobadas así la pública como las secretas.

   Leyóse una comunicación del ministro de la guerra sobre las últimas ocurrencias del ejército, cuyos partes acompaña, y se mandó contestar, devolviendo éstos, que el congreso queda enterado de las noticias.

   La consulta hecha a vuestra majestad sobre la interpretación de una ley en materia de secuestros, pasó a la comisión de legislación.

   La representación del señor Narváez en que manifiesta sus deseos de venir a desempeñar su diputación, se dirigió a la comisión de poderes.

   Asimismo se mandó hacer mención de la felicitación que hace al congreso el administrador general de correos de Bogotá.

   La solicitud de Juan Jorge Zigles se mandó pasar a la comisión de crédito nacional.

   La representación del señor Soto (secretario) se dejó para tomarla en consideración en la próxima siguiente sesión.

   En este acto, y después de haberse leído las protestas o votos de los señores que estuvieron por la negativa en la precedente votación de los artículos 1 ° y 2° de la ley fundamental, se procedió a la elección de presidente y vicepresidente del congreso por haber ya transcurrido el término que fija el reglamento, y hechas algunas votaciones que resultaron indecisas, salieron canónicamente electos. Presidente el señor Peñalver y vicepresidente el señor Márquez. El señor presidente ocupó la silla indicando su respeto y consideración al congreso.

   Se leyó seguidamente la alocución que el congreso dirige a los pueblos y al ejército, y aprobada se mandó pasar al poder ejecutivo para que haga imprimir 1.000 ejemplares, que deben ir firmados del presidente y secretarios y con la decencia que corresponde.

   Siendo la hora, se levantó esta sesión.

Fernando de Peñalver.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

 

ACTA 34. SESION DEL DIA 6 DE JUNIO

   Se abrió la sesión con la asistencia de los señores Fernando Peñalver, Ignacio Márquez, Félix Restrepo, Luis Mendoza, Manuel Restrepo, Nicolás Ballén, Carlos Alvarez, Leandro Egea, Antonio María Briceño, Joaquín Plata, José Antonio Bárcenas, Miguel Santamaría, Diego Gómez, Pacífico Jaime, Juan Ronderos, Miguel Domínguez, Salvador Camacho, Pedro Carvajal, Policarpo Uricoechea, Manuel Baños, Antonio Malo, Bernardino Tobar, Miguel Zárraga, Manuel Campos, Manuel Quijano, Gabriel Briceño, Bautista Estévez, Sinforoso Mutis, Miguel Tobar, Cornelio Valencia, Antonio Mendoza, Ramón Ignacio Méndez, Antonio Paredes, Cerbeleón Urbina, general Rojas, Prudencio Lanz, Francisco Otero, Pedro Gual, Lorenzo Santander, Joaquín Fernández Soto, Francisco Soto, Casimiro Calvo, José Antonio Yanes, Miguel Ibáñez.

   Se leyó y aprobó el acta del día anterior, y la secretaría dio cuenta de las dos mociones pendientes del señor Santamaría, sobre redacción de actas, y del señor Domínguez, sobre la diputación de Quito y Guayaquil, invitándolas a la unión.

   Tomado en consideración el proyecto de indulto que se está discutiendo, el señor Campos hizo la siguiente moción: "Si debe comprender el indulto a todos aquellos que han sido desterrados por el gobierno y no se sustanció su causa conforme a las leyes".

   Apoyada y admitida a discusión, se observó que muchas personas puede haber que por una providencia económico-gubernativa hayan sido confinadas por su conocida desafección a la causa americana; que volverlas al seno de la República sería muy peligroso en circunstancias en que aún no podemos calcular con seguridad la marcha de los negocios, y que es una clemencia mal entendida conceder amnistías que pueden exponer nuestro reposo, tranquilidad y aun la suerte misma del Estado. También se tuvo consideración por otra parte a que una medida de clemencia que llevase el carácter inviolable de la buena fe, nos atraería a los enemigos de la causa y pudiera conciliar su voluntad; pero pesadas todas estas razones con madurez, solicitó en medio del debate el autor de la moción que se le concediese licencia para retirarla, y en efecto, así se verificó por mayoría respetable de votos.

   Entonces el señor Gómez (Diego) presentó la siguiente proposición, que por no ser apoyada, no se admitió:

   "Se exceptúan de este indulto los reos de Estado que legítimamente sentenciados se hallen cumpliendo sus condenas, pero aquellos que por providencias económico-gubernativas se hallen desterrados o confinados, tienen derecho de pedir se les abra sus causas para ser oídos".

   Continuando el debate sobre los artículos del proyecto, se declaró terminada la tercera discusión del 1°, 2° y 3° del mismo proyecto.

   La moción del señor Quijano, que dice: "Los esclavos desertores gozarán este indulto dejándoles a su arbitrio volver al servicio militar o al de sus amos, o al de las municipalidades en obras públicas, mientras el soberano congreso toma en consideración su absoluta libertad", no fue admitida para discusión.

   Continuando el debate sobre él proyecto de indulto que se considera, se declaró terminada la segunda discusión del artículo 4°, que dice así:

   "Serán comprendidos también en este indulto los enemigos de la independencia que se presentaren a jurar fidelidad a la República, o se les concederá pasaporte para salir del territorio dentro de un término proporcionado".

   Girando luego la discusión al artículo 5° del proyecto que dice: "no serán comprendidos en este indulto...", se pasó a votación sobre si en él se suprime la parte de espionaje, y se decidió afirmativamente, quedando redactado en estos términos:

   "No serán comprendidos en este indulto el homicidio voluntario y el robo".

   Terminada la primera discusión de este artículo, y el 6° que dice: "ningún delito que se cometa después de la publicación de este indulto quede comprendido en él", se mandaron pasar por decisión del congreso a la comisión para que redacte según las observaciones hechas.

   Vista y considerada la solicitud del señor Soto de que se le admita la dimisión que hace de la secretaría de su cargo, se determinó negada; y con esto se levantó la sesión.

Fernando de Peñalver.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

 

ACTA 35. SESION DEL DIA 7 DE JUNIO

   Se abrió la sesión con la asistencia de los señores Fernando Peñalver, Ignacio Márquez, Félix Restrepo, Francisco Pereira, Vicente Azuero, Vicente Borrero, Manuel Restrepo, Nicolás Ballén, Carlos Alvarez, Leandro Egea, Antonio María Briceño, Joaquín Plata, José Antonio Bárcenas, José María Hinestrosa, Miguel Santamaría, Diego Gómez, Pacífico Jaime, Juan Ronderos, Miguel Domínguez, Salvador Camacho, Pedro Carvajal, Policarpo Uricoechea, Manuel Baños, Antonio Malo, Bernardino Tobar, Miguel Zárraga, Manuel Campos, Manuel Quijano, Gabriel Briceño, Bautista Estévez, Sinforoso Mutis, Miguel Tobar, Cornelio Valencia, Antonio Mendoza, Luis Mendoza, Ramón Ignacio Méndez, Ildefonso Méndez, Antonio Paredes, Cerbeleón Urbina, general Rojas, Prudencio Lanz, Francisco Otero, Pedro Gual, Alejandro Osorio, Joaquín Borrero, Lorenzo Santander, Mariano Escobar, Joaquín Fernández Soto, Francisco Soto, Casimiro Calvo, José Antonio Yanes, Miguel Ibáñez.

   Aprobada el acta de la sesión anterior, la secretaría dio cuenta de la comunicación que le dirige el señor diputado Marcano, exponiendo haber sido empleado por el poder ejecutivo en el seguimiento de una causa contra el general D'Evereux, y de la que hace el ministerio del interior acompañando la solicitud del ciudadano Rogerio Coronado, y los documentos pertenecientes a la elección de diputados en la isla de Margarita; y de la representación que dirige Juan Jorge Cristóbal Zigler, de nación holandés, en que pide por varias razones carta de naturalización, y estos tres negocios se mandaron pasar a la comisión de peticiones.

   Se dio cuenta de una representación que hace al congreso el coronel Augusto Low, en que se queja de la conducta que con él ha observado el excelentísimo señor vicepresidente de la República, y a solicitud de algunos señores se mandó leer. Habiéndose verificado la lectura, varios diputados opinaron que el poder ejecutivo, por sí o por medio del ministro respectivo, informe sobre este suceso; y algunos, como los señores Osorio y Malo, sostuvieron lo contrario, porque en cierta manera se constituía el congreso en clase de tribunal de residencia y llegaría el caso de que tuviese que oír reclamaciones provenientes de que se haya dispuesto por un subalterno de una gallina o de una oveja. El señor Osorio expuso también que semejante deliberación confundía los poderes, reasumiéndolos todos el congreso, cuando sólo era un cuerpo deliberante y el ejecutivo era un poder independiente del otro; pero a ésta replicaron los propugnadores de la contraria opinión, que no habiendo un senado ni ningún otro tribunal, ni teniendo el ejecutivo facultades absolutas, era necesario pedirle un informe con el objeto de aprobar su resolución si era legal, o alzar la fuerza, siendo arbitraria. Precedida pues una discusión bastante viva, el señor presidente fijó esta proposición: "¿El congreso quiere que el ministro venga a informar de la conducta observada por el ejecutivo en cuanto al coronel Low?", la cual resultó empatada. En seguida se puso a votación la que presentó el señor Bárcenas, así escrita."¿Si el congreso quiere que el ministro del interior, con noticia del poder ejecutivo, venga a informar sobre la ocurrencia del coronel Low?", y resultó votada negativamente por 28 contra 23. Habiendo observado entonces diferentes señores, y entre ellos el señor Luis Mendoza, que habían votado negativamente porque en su concepto el informe debía darse por el ejecutivo, sin indicarle el medio o instrumento de evacuarlo, se fijó esta proposición: "¿El congreso quiere que se pida informe al poder ejecutivo sobre la ocurrencia del coronel Low?", y resultó afirmativa, protestando contra ella el señor Osorio, entre otros motivos porque se infringía en su concepto el orden del día. En este acto el señor Bárcenas presentó por escrito esta proposición: "Que el congreso forme un tribunal, bien sea de los mismos diputados o de personas de fuera, que conozca de las quejas que se eleven contra el poder ejecutivo, ínterin se sanciona la constitución y se eligen los funcionarios"; la cual fue apoyada por el señor presidente Peñalver.

   En seguida el expresado señor Osorio manifestó que no había podido asistir a la lectura del acta del día 6, en la cual se le atribuían especies que él no había llegado a producir, y por lo mismo pedía que se suprimiera la parte comprensiva de su discurso, lo cual contradijeron algunos señores, porque habiendo ya el congreso aprobado el acta, de consiguiente había declarado su exactitud; pero el reclamante sostuvo lo contrario, pidiendo en consecuencia que el cuerpo declarase que era falsa el acta en la parte ya indicada. Entonces el señor secretario Santamaría pidió que no se dejara ofender así a la secretaría, atacándola de falsaria, cuando esta era una imputación muy grave, y el señor Osorio debía reclamar sólo contra su equivocación; mas el antedicho señor repuso que él no se paraba en palabras, y sólo pretendía que se supiera que no era su discurso el que se la había atribuido; y el señor presidente mandó que sobre esto se guardara silencio, advirtiendo al reclamante que la palabra falsa pronunciada por el señor Osorio era sumamente grave y de consideración muy grande.

   Se procedió a la lectura de los informes despachados por la comisión de peticiones, empezando con el que ha puesto en la solicitud de la ciudadana Bárbara Ortiz, que se queja contra el gobernador que fue de Mariquita, el vicepresidente de Cundinamarca y el tribunal de justicia del mismo departamento; y el congreso aprobó este informe, separándose al acto de votar los señores Ballén y Miguel Tobar, en razón de que habían conocido de este negocio, el uno como juez y el otro como procurador general de la República en el citado tribunal.

   Se aprobó también el informe de la comisión sobre la solicitud del padre fray Joaquín Guarín, y el que dio en la del ciudadano Juan José Guerrero fue desaprobado, declarando el congreso que el interesado ocurra donde corresponda, cuya determinación recayó también en la del doctor Tomás del Pino, habiéndose separado el señor Ballén al tiempo de la votación, a causa de que había sido juez en la providencia que reclamaba el querellante.

   Precedido todo lo expuesto, se iba a tomar en consideración el informe de la comisión militar, sobre el ascenso que su excelencia el Libertador presidente proponía en favor de los coroneles Plaza y Montilla y del teniente coronel Mujica; pero habiendo pedido el señor Félix Restrepo que esto se hiciese en sesión secreta, leído que fue el artículo del reglamento que habla de la materia, mandó el señor presidente despejar la sala.

   Continuando la sesión pública, se empezó a discutir por segunda vez el artículo 3° de la ley fundamental, diciendo el señor secretario Soto:

   DISCUSION

   Secretario Soto: "Sancionada la unión es enteramente inútil la cuestión sobre deuda, pues en virtud de aquélla el tesoro es uno solo, y por consiguiente, lo mismo es que se pague por una o por otra parte. La buena fe -añadió- y la justicia reclaman medidas para sacar de las prisiones a nuestros compatriotas que se hallan en las de Europa por deudas de la República".

   Señor Camacho: "Sobre ser una sola república no hay que hacer otra cosa sino nombrar una comisión que forme un reglamento que sirva de norma para la clasificación de la deuda nacional".

   El señor Campos: Apoyó la opinión del señor Soto, tanto más cuanto que cada república de las pasadas es por sí insolvente en el día; pero observó que las deudas de Venezuela en su primera república sí parece no debían pagarse in solidum; sin embargo -dijo-, este pago se compensará por las mutuas ventajas. Se extendió en encarecer las riquezas de Venezuela por su agricultura, feracidad y fácil proporción de exportar por sus muchos puertos, de donde dedujo que al fin en lo porvenir el tesoro de Venezuela cubriría en la mayor parte el crédito nacional; y ¿quién va -concluyó diciendo- a calificar cuáles han sido los armamentos, vestuarios, y elementos de guerra para sólo Venezuela y después para Cundinamarca?.

   El señor Mendoza: "Ya es inútil todo lo que no sea arreglar la deuda estando consolidado el tesoro. Es superfluo entrar en detalles, y aun imposible; no merece por otra parte la cuestión entrar en esos pormenores que arguyen cierta especie de desconfianza, después que hemos hecho una entera asociación de bienes, especialmente si se atiende a las riquezas de uno y otro punto", sobre cuya exposición se extendió bastante.

   El señor Otero: Preguntó si no alcanzando las rentas públicas debía ocurrirse a contribuciones extraordinarias para el pago de la deuda pública. En este caso -dijo- estimaba injusta la compañía para la satisfacción de deudas contraídas anteriormente, y pasó a encarecer las riquezas de Cundinamarca, suficientes, dijo, para sí misma.

   El señor Gual: Dijo que la obligación de pagar la deuda nacional es natural y recíproca. Se extendió sobre este objeto e hizo ver que la historia de nuestra guerra enlaza de tal suerte a entrambos países, que no es posible tomar aisladamente el punto en cuestión. La campaña en Venezuela y la Nueva Granada ha sido un plan uniforme, pues las operaciones son tan combinadas, que Venezuela debe considerarse como el frente que resiste al enemigo, siendo por su situación las puertas de Cundinamarca, y así, las armas que se han empleado en Venezuela deben considerarse como igualmente empleadas en la defensa de Cundinamarca. Hasta el año de 15 no se conoció deuda nacional ni en Venezuela ni en Nueva Granada, pero Morillo, reduciéndonos a la miseria, nos obligó a pedir. Entonces fue cuando Venezuela se esforzó en sacar todas las ventajas de su localidad, y desde entonces se contrajo deuda por consideración a ambos territorios que se trataban libertar. La deuda doméstica, comparada con los recursos del país, es cortísima, puesto que los Estados Unidos se encontraron con una deuda de $200.000.000, al tiempo de ser su independencia reconocida.

   El señor Peñalver: "Siendo Colombia quien deba pagar la deuda, no hay para qué entrar en calificaciones que pudieran ser odiosas".

   El señor Tobar (Miguel): "Cuando para conservar la vida y bienes de unos emplea los suyos otro, se halla aquél en obligación natural de satisfacer, sin embargo de no haber prestado previo consentimiento. Síguese de aquí que la deuda pública debe pagarse in solidum, puesto que fue contraída en favor también de la independencia de Cundinamarca"; no es esta cuestión -continuó- para decidirse por leyes civiles de compañía matrimonial de comercio, sino por otros principios más sublimes del derecho público. Se extendió en comprobar que la naturaleza ha unido a Quito, Cundinamarca y

   Venezuela, y que habiéndose contraído la deuda en beneficio de las tres, justo es que todas tres deban pagarla.

   Y con esto, habiéndose preguntado si se tenía por suficiente la discusión segunda del artículo 3°, se declaró así, levantándose la sesión.

Fernando de Peñalver.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

 

ACTA 36. SESION DEL DIA 8 DE JUNIO

   Se abrió la sesión con la asistencia de los señores Fernando Peñalver, Ignacio Márquez, Félix Restrepo, Francisco Pereira, Vicente Azuero, Vicente Borrero, Manuel Restrepo, Nicolás Ballén, Carlos Alvarez, Leandro Egea, Antonio María Briceño, Joaquín Plata, José Antonio Bárcenas, José María Hinestrosa, Miguel Santamaría, Diego Gómez, Pacífico Jaime, Juan Ronderos, Miguel Domínguez, Salvador Camacho, Pedro Carvajal, Policarpo Uricoechea, Manuel Baños, Antonio Malo, Bernardino Tobar, Miguel Zárraga, Manuel Campos, Manuel Quijano, Gabriel Briceño, Bautista Estévez, Sinforoso Mutis, Miguel Tobar, Cornelio Valencia, Antonio Mendoza, Luis Mendoza, Ramón Ignacio Méndez, Ildefonso Méndez, Antonio Paredes, Cerbeleón Urbina, general Rojas, Prudencio Lanz, Francisco Otero, Alejandro Osorio, Joaquín Borrero, Lorenzo Santander, Mariano Escobar, Joaquín Fernández Soto, Francisco Soto, Casimiro Calvo, José Antonio Yanes, Miguel Ibáñez, José María Castillo.

   Leída el acta del día anterior, observó el señor Bárcenas que no se halla en ella su moción, apoyada por el señor Peñalver, y resultando positivamente no haberse insertado, se pone aquí como resulta del cuaderno: "que el congreso forme un tribunal, bien sea de los mismos diputados, o de personas de fuera, que conozcan de las quejas que se elevan contra el poder ejecutivo, ínterin se sanciona la constitución y se eligen los funcionarios". Con esto y una corta enmendadura, se aprobaron las actas pública y secreta, y en este acto se incorporó el señor Castillo, previo el juramento de costumbre.

   Visto el informe de la comisión de peticiones sobre la solicitud de la señora viuda del general English, se advirtió que ésta se extiende a pedir alimentos mientras esté pendiente su demanda principal. Notóse por uno de los señores de la comisión que el no haberla abrazado, es porque en el mismo informe se manifiesta que el asunto no es del resorte del congreso.

   Tuviéronse presentes su orfandad, acreencias y los servicios de su marido, y rodando la disputa sobre si el negocio corresponda al congreso, siendo un cuerpo deliberante, opinó el señor presidente que en su concepto es preciso que el congreso dé la ley por la cual el poder ejecutivo le pueda asignar alguna pensión, consideradas estas y otras razones que se pusieron, haciendo ver que mañana se vería lleno el congreso de semejantes solicitudes, que aunque sean o parezcan de justicia, no por eso están dentro de las atribuciones de él. Repuso el señor Santamaría que éste no es puramente destinado a dar leyes o resoluciones generales, desentendiéndose de su cumplimiento; que para este efecto es para lo que se nombran comisiones especiales y perpetuas, que conozcan de los negocios ocurrentes; que las solicitudes promueven leyes, y que el congreso no debe ocuparse exclusivamente en los asuntos públicos, y olvidar del todo los particulares haciendo práctica la libertad.

   El señor Márquez hizo ver que estos son cabalmente los principios de la comisión, pero que el punto cuestionado exige otras calificaciones; y el señor Gabriel Briceño, conformándose a estas mismas ideas, manifestó que es impracticable todavía la asignación que se solicita, pues ni está clasificada la deuda, ni la personería de la señora con otros adminículos.

   El señor Osorio, confutando el voto del señor Santamaría, dijo que el congreso no se entretiene puramente de resoluciones y principios que no se reduzcan a la práctica; que hay gobierno y corporaciones con sus atribuciones respectivas; que el asunto que se debate, ni como ley ni como particular toca al congreso; no como ley, porque éstas son propias del cuerpo legislativo; no como particular, porque tales negocios corresponden a diferentes tribunales, según la naturaleza de ellos.

   Pero habiendo añadido el señor presidente que aunque es cierto que al congreso no corresponde la aplicación de la ley, sí puede y debe saber si se ejecuta o se infringe, por medio de alguna comisión que, a falta de senado, se nombre para este objeto. El señor José Manuel Restrepo se explicó así: que él ha oído principios ciertos y opiniones concordantes, aunque parezcan opuestas; que es verdad que esta convención no puede sino constituir, y que la legislatura, a manera del parlamento inglés, dará las leyes que deban aplicarse; que estas son las atribuciones de cada coporación, y que es tan cierto que se debe evitar la confusión de los poderes, que un político aconseja que éstos deben dividirse exactamente antes de cualquier convención, para evitar la tiranía. Más vale -añadió- que los particulares sufran algo, que distraerse el congreso en cuestiones que no le correspondan, y al efecto concluyó haciendo la moción que a la señora demandante se le prevenga ocurra al tribunal a quien toque; y apoyado por varios señores, se aprobó por mayoría de sufragios el informe de la comisión militar sobre la demanda de la señora English.

   Leyóse otro informe de la comisión de peticiones, sobre la solicitud del señor Pedro Carvajal, y habiéndose visto también ésta a propuesta del señor Ballén, salió el señor Carvajal del cuerpo, y por mayoría de votos quedó aprobado el informe.

   También se aprobó lo que informa la comisión de poderes, a representación del señor Marcano, para que se le permita retirarse a su país; y el de la comisión de peticiones, a solicitud del ciudadano Mariano Vigil Alonso, y Carlos Alonso, todos con mayoría.

   Aquí el señor Francisco Soto hizo la siguiente moción: "que se prevenga a la secretaría no admita representaciones de ningún particular, sean de la clase que fueren, ni de ningún cuerpo o tribunal de la República", la cual fue apoyada por el señor Ibáñez.

   Pero el señor Tobar (Miguel), discurriendo sobre este objeto, manifestó que no debe cerrarse enteramente la puerta para cualquier representación que se dirija al congreso porque queriendo huir de un extremo se incide en el otro, que no es de menos entidad; y el señor Joaquín Borrero opinó que la moción es tiránica, absurda y opresiva. Satisfizo el señor Soto con algunas razones tomadas de los discursos anteriores; pero conviniendo en esto, que sólo -dijo- le han dictado las opiniones que ha oído; y el señor Méndez (Ramón Ignacio) repuso que se horroriza de que a un congreso constituyente no se puede ocurrir, siendo así que todavía no hay una pauta que señale el tribunal o tribunales a quienes tocan los negocios. Citó un pasaje del congreso de Caracas, que examinó por medio de una comisión un consejo de guerra hecho a cierto oficial, y concluyó de aquí que este es el expediente que debe seguirse para precaver la tiranía y la opresión.

   El señor Méndez (Ildefonso), que debe elegirse un medio práctico y discreto entre la opinión del señor Restrepo y las ideas manifestadas en el discurso anterior; que es verdad que el congreso y semejantes convenciones no deben injerirse en asuntos contenciosos y de particulares, pero que no estando aún sancionada la constitución ni establecidos los tribunales y corporaciones que debe haber, es preciso que vele en la observancia de las leyes.

   Aquí el señor Restrepo volvió a tomar la palabra, y expuso que las solicitudes no deben desecharse cuando ellas se han elevado al congreso; que por este motivo no juzga admisible la moción del señor Soto, porque ellas pueden pasarse a las comisiones que se nombren, y observó, sin embargo, que el argumento que se hace de él, hecho al derecho, no es legítimo, pues el que la convención de Francia reasumiese todos los poderes y derramara mucha sangre, o el que el congreso de Caracas haya considerado un asunto particular, no hace regla ni debe servir de modelo para nuestras operaciones.

   Siguiéronse otras reflexiones, y después de ellas dijo el señor Castillo que se alejan del verdadero punto de la cuestión los señores preopinantes, tanto más cuanto se han generalizado los principios. Hizo una distinción entre peticiones puramente particulares y aquellas que tienen objetos generales; dijo que las comisiones que se forman son de la confianza del congreso, y a ellas debe someter su juicio; que éstas deberán clasificar los asuntos y difundirse más, para dar una idea clara de su naturaleza; pero que no debe asegurarse que el congreso es un cuerpo deliberante, de tal suerte que en circunstancias de no haber un gobierno, no pueda tener otras atenciones.

   Fijada pues la moción del señor Soto, se declaró inadmisible por una mayoría casi unánime de sufragios.

   Continuo el debate sobre la moción del señor Bárcenas, que ya se halla consignada, y modificó así el señor Soto (Francisco): "que el congreso, en el momento o caso que ocurra, forme un tribunal", la que apoyó el señor Yanes y después de haberse hecho por los señores Castillo y Santamaría algunas reflexiones relativas a la ocasión y al modo como el congreso deba fallar en estos asuntos de particulares, se votó afirmativamente, quedando señalado el lunes para su discusión.

   Puesto en tercera discusión el artículo 4° del proyecto de indulto, observó el señor Azuero que sin duda estaba mejor como se había concebido en el proyecto original, porque del modo como se halla redactado no exceptúan los graves y peligrosos delitos de conspiración y espionaje, y debatiéndose sobre este objeto, manifestó el señor Soto (Francisco) que para no exceptuar expresamente estos delitos de la comprensión del indulto, se había tenido presente el tratado de regularización de guerra.

   Pero el señor Miguel Tobar añadió que es mejor que por separado se ponga un artículo diciendo que esto se entienda sin perjuicio del tratado de regularización; porque hablar, como otro señor quiso, generalmente de los enemigos de la causa, parecía muy vago, a menos que se contraiga a los ocultos o retraídos en los montes; pues como ha observado antes, hay una verdadera diferencia entre los enemigos o desafectos y los criminales que atentan contra el gobierno.

   El señor Castillo, amplificando este voto, dijo que ha visto muchos decretos anteriores, en los cuales verdaderamente se llama o abren las puertas a los enemigos de la independencia, asegurándoles así en la impunidad de sus delitos; que para una prueba de clemencia puede contraerse el artículo a los enemigos de la independencia que actualmente se hallen presos o procesados, callando a los demás para no arruinar a la República y minar con esto el edificio; porque la multitud de indultos protege la impunidad de los delitos y es una verdadera prueba de la docilidad del gobierno. A este voto adhirió el señor Márquez y apoyó la proposición del señor preopinante.

   Observóse por el señor Ballén que deben igualmente exceptuarse los que hayan cometido asesinatos, como se halla puesto en el artículo del proyecto original; mas el señor Restrepo (Manuel) preguntó:

   "¿Qué se hace entonces con los jefes de guerrillas, quienes conservando sus guaridas traerían peores consecuencias que las que pudieran causar por el perdón de sus delitos?".

   El señor Joaquín Borrero observó que el indulto debe restringirse a los americanos, puesto que los españoles quedan escudados con el tratado de regularización.

   El señor Soto (Francisco), manifestando que hasta ahora había girado la disputa no sobre miras precisamente de justicia sino sobre objetos de política, quiso que para conseguirlos sean menores las restricciones, pues de otro modo el medio se haría ineficaz.

   El señor Osorio distinguió tres clases de enemigos: los que están fuera del territorio que han despreciado y aun conculcado algunos las invitaciones que se les han hecho, y quienes por lo mismo son indignos de clemencia cuanto más insusceptibles de enmienda; los que se han pasado ya, con quienes no habla el indulto, y los que están ocultos porque temen la pena de su delito, y a quienes únicamente debe extenderse aquél.

   Después de otras razones que se manifestaron en el debate, se declaró terminada la tercera discusión del artículo 4°, que en su nueva redacción con que se presentó dice así:

   "Serán comprendidos también en este indulto los enemigos de la independencia que estando en el territorio de la República se presentaren a jurar fidelidad, y a quienes si lo piden se concederá pasaporte para salir de él dentro de un término proporcionado".

   Se leyó seguidamente el artículo 5° en los términos que se mandó redactar, que son los siguientes:

   "No serán comprendidos el rapto, el robo ni el homicidio voluntario".

   Después de un corto debate contraído a los términos en que debe concebirse el artículo o artículos de excepción, para que no contraríen el tratado de regularización con objeto de que los enemigos no puedan sacar partido de interpretaciones para suponer que la infracción de éste los autoriza a renovar todos los horrores de la guerra pasada, sin embargo de que versando principalmente la disputa sobre si en el tratado están comprendidos los espías, el señor Castillo refirió haber sido ahorcado en calidad de tal un joven en Cartagena, lo que manifiesta que seguramente no lo están, o por lo menos no lo han juzgado así. Se preguntó por el señor presidente si parecía ya suficiente la discusión del artículo 5° referido, y habiéndose decidido el congreso por la negativa, se levantó la sesión.

Fernando de Peñalver.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

ACTA 37. SESION DEL DIA 9 DE JUNIO

   Se abrió la sesión con la asistencia de los señores Fernando Peñalver, Ignacio Márquez, Félix Restrepo, Francisco Pereira, Vicente Azuero, Vicente Borrero, Manuel Restrepo, Nicolás Ballén, Carlos Alvarez, Leandro Egea, Antonio María Briceño, Joaquín Plata, José Antonio Bárcenas, Miguel Santamaría, Diego Gómez, Pacífico Jaime, Juan Ronderos, Miguel Domínguez, Salvador Camacho, Pedro Carvajal, Policarpo Uricoechea, Manuel Baños, Antonio Malo, Bernardino Tobar. Miguel Zárraga, Manuel Campos, Manuel Quijano, Gabriel Briceño, Bautista Estévez, Sinforoso Mutis, Miguel Tobar, Cornelio Valencia, Antonio Mendoza. Luis Mendoza, Ramón Ignacio Méndez, Ildefonso Méndez, Antonio Paredes, Cerbeleón Urbina, general Rojas, Prudencio Lanz, Francisco Otero, Pedro Gual, Alejandro Osorio, Joaquín Borrero, Lorenzo Santander, Mariano Escobar, Joaquín

   Fernández Soto, Francisco Soto, Casimiro Calvo, José Antonio Yanes, Miguel Ibáñez, José María Castillo.

   Leída el acta del precedente día, observó el señor Bárcenas que se habían omitido los motivos de su moción, reducidos a que ya había ocurrido una queja y ocurrirían otras muchas sin tener una comisión o tribunal a donde pasen; y el señor Escobar y señor Ballén objetaron, el primero que no se había puesto su discurso sobre la moción del señor Soto, en que dijo que sin embargo de ser absurda, tiránica y opresiva, la hallaba consecuente a los principios expuestos; y el segundo expresó haberse omitido su dictamen hablando de la demanda de la señora English, en que aseguró que los tribunales tienen su escala, y el asunto no correspondía al congreso; con lo cual quedó aprobada.

   Leído un oficio de felicitación del reverendo obispo de Mérida, en que protesta obedecer al congreso y se complace de su instalación, y habiendo querido el señor Joaquín Borrero que se le contestase previniéndole venga a reconocerlo como el primer cuerpo de la nación, después de una corta disputa sobre los términos en que debía contestársele y si sabiendo que es un diputado electo por Maracaibo para la representación de Colombia, se le debe llamar o no, se decidió que sólo se le conteste satisfactoriamente, después de haberse opuesto a este llamamiento el señor Gómez (Diego).

   A la solicitud del señor Campos sobre que por los motivos que allí expresa se le permita retirarse a su curato, se acordó que pase a la comisión de poderes, así como a la de peticiones la del tesorero de Pamplona, en que pide al congreso la propiedad del destino.

   Visto el informe de la comisión de poderes, puesto a representación del señor Narváez y teniendo en consideración ya la importancia de su residencia personal en la villa de Mompós, como las ventajas que él trae a la República por su buena inteligencia y prácticos conocimientos en el destino que ejerce, al tiempo mismo que también se ha notado la voluntaria inclinación que manifiesta a venir al congreso; que no se debe coactar de manera alguna, porque en cierto modo es destructivo de la sociedad este principio y ataca la inviolabilidad de los diputados; considerado detenidamente todo esto, se hizo la siguiente moción:

   "¿Se aprueba el informe de la comisión de peticiones, evacuado en la solicitud del señor coronel Narváez, diputado nombrado por la provincia de Santa Marta?".

   Y se decidió negativamente, acordándose por mayoría de sufragios que se diga al coronel Narváez, por conducto del ministro del interior y justicia, que el congreso, penetrado de la necesidad que hay de que permanezca en el destino que ocupa, según el informe del vicepresidente departamental de Cundinamarca, deja a su prudencia y buen juicio venir a ocupar su lugar en esta sala o continuar en aquel destino que actualmente ejerce.

   Habiendo excitado el señor Castillo a que se llamen los suplentes más inmediatos, a cuyo efecto anunció al señor Caro, que se halla en este territorio, hizo moción el señor Restrepo que se califiquen los poderes de los diputados que faltan; y expresando el señor Gómez que para precaver cuestiones odiosas pedía que se procediese al orden diario, se acordó así por mayoría de sufragios.

   Leyóse entonces un memorial del señor Pedro Carvajal sobre su anterior solicitud, y se reservó para tratar de él el martes próximo venidero.

   Aquí se dio cuenta con un oficio del poder ejecutivo, en que informa los motivos que ha tenido para tomar la providencia de que se queja el coronel Low, y remite, por el ministerio del interior y justicia, la causa seguida al general D'Evereux con el mismo informe.

   También se vio una nota oficial del mismo poder ejecutivo, en que se queja o representa al congreso que habiendo recibido los señores secretarios antes de concluirse la sesión de ayer el oficio anterior, no dieron cuenta de él y lo reservaron hasta hoy.

   Tomando la palabra el señor Santamaría, manifestó que por el orden de proceder no era preciso haber dado cuenta del oficio, cuando ya se levantaba la sesión, aunque lo hubiesen abierto antes; porque el no tenía nota de urgencia, ni por su cualidad era preferente, que es la regla que debe seguirse y el método establecido por el reglamento, que no previene lo contrario, sino el orden regular del día, y que por lo mismo el poder ejecutivo había padecido una equivocación en el asunto de su queja.

   Creyendo el señor Restrepo (José Manuel) por las mismas razones ser ésta infundada, tomó el señor Osorio la palabra y dijo que como el día anterior se consideró de tánta urgencia este negocio, se extrañó con fundamento que por lo menos no hubiese expuesto la secretaría que estaba despachando.

   El señor Ballén observó que aunque es plausible el celo del vicepresidente, cree que la secretaría ha satisfecho; y contestando ésta a la objeción del señor Osorio, hizo ver que en aquello no hubo otra mira que guardar el orden del día, pues no debiéndose considerar el asunto como que ya se levantaba la sesión, era en vano dar cuenta de hallarse despachando.

   El señor Tobar añadió que aun le parecía indecoroso, así al congreso como al gobierno, ocuparse de un asunto o queja que más bien lleva el carácter de un chisme.

   Hecha la moción por el señor Gómez (Diego): "Si se contesta al poder ejecutivo que los secretarios han respondido satisfactoriamente en la queja que da contra ella", quedó resuelto por la afirmativa con una mayoría muy respetable.

   Diose cuenta en seguida de una representación, que en idioma inglés y escrito con lápiz, dirige el general D'Evereux al congreso, y el señor Miguel Tobar pidió que se leyese en sesión secreta; reducido esto a votación, se decidió negativamente por mayoría de sufragios, después de un corto debate que hubo en el particular.

   Por las razones que en favor de la publicidad expusieron los señores presidente, Luis Mendoza y Joaquín Borrero, y en que el segundo hizo ver que lejos de exigir secreto estas materias, ellas deben tratarse en público como un estímulo de honor para los oficiales de la República, a lo cual contestó el señor Tobar diciendo que él es consecuente a sus principios, pero que en esto no ha querido otra cosa que conformarse al grado de civilización de nuestro pueblo y evitar el desprecio o murmuraciones que tal vez serían consiguientes respecto a los magistrados por la propagación de estas especies.

   También interesó el señor Ballén por la sesión secreta las leyes siguientes de la materia, que demandan reserva en asuntos de gravedad y de delicadeza como el presente.

   Leyóse pues en público el memorial presentado por el general D'Evereux, y tomando el señor Gual la palabra, dijo así: que él es un comensal del general D'Evereux, que tiene con este sujeto estrechas relaciones de amistad, pero que, sin embargo, este es un doble motivo para interesar su voz contra la opresión que padece; que él no es un criminal y se le trata como tal; que se le arrastra de prisión en prisión como a reo de lesa majestad. Pintó la pieza indecente y sucia en que se le ha metido, e hizo ver que se le impiden aun las funciones naturales del hombre; graduó el orador de atentada y opresiva la conducta del gobierno, que no ha tenido consideración a los trámites delicados de un juicio criminal; añadió que el general D'Evereux merece, por su graduación y cualidades, atenciones propias de un gobierno liberal y ajenas de las que se han tenido con él, que apenas tendrían lugar en la monarquía argelina; dijo que el derecho de la seguridad personal es muy sagrado; que nunca habla con más gusto que cuando defiende al oprimido, y concluyó que el congreso nombre una comisión para que por medio de un intérprete pueda instruirse de lo que solicita el general D'Evereux.

   Habiéndose en este estado manifestado por la secretaría que acababa de llegar un pliego con la nota de urgente y reservado, se despejó la sala y se puso el congreso en sesión secreta, la cual resulta del acta respectiva.

   Continuada la sesión pública, se leyó en ella la causa seguida al general D'Evereux, que el poder ejecutivo acompaña al informe evacuado en la queja del señor Low.

   Vista la causa, expuso el señor Castillo que sin tocar en el fondo de ella, encuentra defectos sustanciales en su seguimiento, que producen la opresión de la persona procesada, que inducen injusticia en el procedimiento y pueden refluir en descrédito del gobierno. Opinó que debe alzarse la fuerza que se nota en cuanto a las formalidades del juicio y dejarse al encausado expeditos los medios para su defensa.

   Giró el debate sobre los términos con que se oprime al querellante, ya por la prisión indecente a que se le ha reducido, ya por el tratamiento poco decoroso que se le da, como no permitirle, conforme expuso el señor Gual, el nombramiento de un intérprete para extender su confesión, que sin embargo se considera evacuada cuando manifestó que él no ha querido faltar al respeto a la autoridad del gobierno, ni ofender a la persona que lo ejerce.

   En este acto presentó el señor Osorio la siguiente moción: "Que se deponga al vicepresidente de la República, por arbitrario y criminal", y fue apoyada por el señor Ronderos.

   Aquí el señor Tobar (Miguel) se opuso a la moción, graduándola de intempestiva, en razón de que todavía no se nota obstinación en el poder ejecutivo en cuanto al modo de conocer y proceder, y de odiosa y comprometedora del soberano en los términos que se propone.

   El señor José Manuel Restrepo, introduciendo su discurso con una expresión del aborrecimiento natural que tiene a todo acto de tiranía, quiso que se oyese primero al poder ejecutivo antes que se tome cualquier resolución; pero el señor Gual repuso que siendo el motivo de ésta la queja elevada por el general D'Evereux, debe oírsele primero antes que al gobierno, como que puede hacerse bien por medio de una comisión o de un individuo del congreso.

   El señor Castillo, contrayéndose a su dictamen, dijo que lo que ha expuesto resulta de las mismas diligencias del proceso; que le consta, porque lo está mirando, que su prisión es en la caballeriza de su casa; que él no tiene  interés por el general D'Evereux, pero que es de concepto que se le oiga primero.

   El señor Méndez (Ramón Ignacio) dijo que el asunto debe mirarse por dos aspectos: primero, con respecto a la falta cometida contra el supremo poder, y segundo, a la injuria de la persona del vicepresidente; que él no halla otro atentado en la causa sino el haber ejercido el poder ejecutivo actos judiciales después que delegó su conocimiento.

   Seguidamente hizo el señor Gual esta moción:

   "Que el congreso diga al ejecutivo ponga al general D'Evereux en comunicación con su majestad para que exprese lo que sea correspondiente a sus derechos, como lo solicita el insinuado general".

   El señor Méndez (Ildefonso) fue de concepto que se diga solamente al poder ejecutivo que lo traslade a una cómoda prisión y le permita los medios de su defensa, pues es injuriosa antes de confesionario levantarle la incomunicación; mas en este acto el señor Castillo insistió en que la exposición que ha hecho el general D'Evereux es una verdadera confesión, y que por consecuencia el obstáculo que opone el señor Méndez debe considerarse como insubsistente.

   Otros señores convinieron en que debe dársele una prisión más decente y proporcionada a su carácter; y entonces el señor Castillo hizo la siguiente moción:

   "Que estando instruido el congreso de que el general D'Evereux tiene por cárcel una pieza indecente e incómoda al alto carácter de un general de división, miembro de la orden de libertadores, se prevenga al gobierno que lo traslade a una prisión decente y proporcionada a su alta representación, con la comunicación de que no debe estar privado, y que por lo demás se continúe la causa por el tribunal competente, a cuyo fin se devolverá el proceso".

   Aquí notó el señor Urbina que ni hay datos para saberse si positivamente es un general de división, ni si tiene la condecoración que se expresa, y que a más de esto, es un cosa extraña y aun atentado que el general procesado feche su oficio con la expresión de "Cuartel general del Rosario".

   Continuado algún debate sobre este mismo objeto, añadió el señor Tobar (Miguel) que aunque él pesa las razones de los señores Méndez y demás congruentes no puede dejar de convenir con el señor Castillo en que la confesión se ha recibido ya y que es preciso que se reconozca que el acto de no permitirle la elección de un intérprete para su defensa es sumamente opresivo.

   Aquí el señor Pereira, adhiriendo al voto del señor Castillo, modificó así la moción:

   "Que se dirija al poder ejecutivo la representación del general D'Evereux, que ha dado motivo a la moción anterior". Y el señor Miguel Tobar hizo las dos siguientes mociones:

   "Que se franquee por el juez de la causa el recado necesario al general D'Evereux, para el solo efecto de que en su lengua materna instruya al tribunal que corresponda la queja contra los procedimientos que estima gravosos a sus derechos".

   Segunda: "Que se permita al procesado la elección de intérpretes de su satisfacción para los actos personales de la causa, salvo que conforme a derecho se nombre por el mismo juez otro por su parte para la justificación de los hechos".

   Después de haber pedido el señor Malo algunos esclarecimientos sobre la precedente moción del señor Castillo por el decoro con que debe tratarse el gobierno, y de haber observado el señor Márquez que las especies que se dicen sobre prisión y otros ajamientos, aunque sean ciertas, ellas deben constar al congreso, se modificó así la moción del señor Castillo.

   "Que estando instruido el congreso de que el general D'Evereux tiene por cárcel una pieza indecente e indecorosa al carácter de un general, se prevenga al gobierno que lo traslade a una prisión decente y proporcionada a su grado con la comunicación de que está privado, y que por lo demás se continúe la causa por el tribunal competente, a cuyo fin se devolverá el proceso acompañando la representación de dicho general y ha dado motivo a la anterior resolución".

   La primera parte de la moción quedó votada afirmativamente por 32 votos contra 10, protestando los señores Osorio y Ronderos. La segunda parte, a saber, "con la comunicación de que está privado", se votó por la negativa.

   El señor Malo hizo seguidamente esta otra moción, que no fue apoyada:

   "Que se remita el expediente al poder ejecutivo para que se continúe con arreglo a derecho la causa del general D'Evereux, permitiéndole los auxilios que necesite"; y previas otras reflexiones, en este acto, se levantó la sesión.

Fernando de Peñalver.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

 

ACTA 38. SESION DEL DIA 11 DE JUNIO

   Se abrió la sesión con la asistencia de los señores Fernando Peñalver, Ignacio Márquez, Félix Restrepo, Francisco Pereira, Vicente Borrero, Vicente Azuero, Manuel Restrepo, Nicolás Ballén, Carlos Alvarez, Leandro Egea, Antonio María Briceño, Joaquín Plata, José María Hinestrosa, Miguel Santamaría, Diego Gómez, Pacífico Jaime, Miguel Domínguez, Salvador Camacho, Pedro Carvajal, Policarpo Uricoechea, Antonio Malo, Miguel Zárraga, Manuel Campos, Manuel Quijano, Gabriel Briceño, Sinforoso Mutis, Miguel Tobar, Cornelio Valencia, Luis Mendoza, Ramón Ignacio Méndez, Ildefonso Méndez, Antonio Paredes, Cerbeleón Urbina, general Rojas, Francisco Otero, Pedro Gual, Joaquín Borrero, Lorenzo Santander, Joaquín Fernández Soto, Francisco Soto, Casimiro Calvo, José Antonio Yanes, Miguel Ibáñez, José María Castillo.

   Leída y aprobada el acta de la sesión pública del día 9 y también la de la sesión secreta, se dio cuenta y se leyó el informe de la comisión de legislación sobre la comunicación que hace el vicepresidente de Cundinamarca, relativa a que el congreso resuelva en cuanto a la dirección de la guerra, que a él está encomendada, y el que en su concepto podía encargarse al vicepresidente de la República, y habiendo observado algunos señores que para la decisión de este negocio debería esperarse el otro informe de las comisiones de hacienda y guerra reunidas, se determinó que mañana se tomara en consideración uno y otro asunto, puesto que dichas dos comisiones presentarían entonces el informe que se les ha pedido.

   Se dio también cuenta y aprobó el informe de la comisión de peticiones en la del ciudadano Pablo Crespo, y se mandó pasar a la misma la solicitud del señor diputado Malo, que pide licencia para retirarse temporalmente del congreso a causa de sus enfermedades.

   Se leyó igualmente el informe de esta comisión en la solicitud de Esteban Laborda, que reclama sus bienes secuestrados; y con ocasión de las observaciones que en él exponen los señores informantes, tomaron la palabra algunos diputados para manifestar el estado en que se hallan los bienes secuestrados en el departamento de Cundinamarca, las providencias generales que rigen en la materia, la circunstancia de que sólo el 3° o 5° ha debido ser confinado cuando el delincuente tiene herederos forzosos y el reclamante debe elevar sus reclamaciones a largas distancias ante el tribunal de justicia, no teniendo las juntas provinciales otras facultades que las de secuestrar, y en fin, que estos bienes raíces secuestrados si continúan en administración o depósito, por último habrán de perderse sin utilidad del Estado, en perjuicio de la hipoteca que en ellos tiene la deuda nacional y en el de los particulares, se fijó esta proposición, que fue votada afirmativamente:

   "Que la solicitud en cuestión pase a la comisión de hacienda para que, en vista de todas las disposiciones en materia de secuestros, presente un proyecto de ley que allane todos los inconvenientes".

   Precedido esto dijo el señor presidente que debía continuarse examinando el negocio del general D'Evereux, que había quedado pendiente en la sesión anterior; mas algunos señores querían se prefiriese la solicitud del coronel Low, como que por incidente de ella era que el poder ejecutivo había remitido la causa de aquel oficial; a lo cual replicó el señor Ildefonso Méndez que esto sería contra el reglamento, puesto que en él se prevenía que tomada ya para votar una proposición, conforme lo estaba la del señor Castillo, no debía pasarse a otra sin disponerse de aquélla. En este acto, el señor Gual hizo moción de que el sábado de cada semana se destinara para resolver asuntos particulares, y fue apoyado por otros varios señores, pasado lo cual se volvió a tomar en consideración el asunto de dicho general D'Evereux. Entonces el señor diputado Castillo dijo, protestando el respeto que tenía a cualquier sanción del congreso, por lo cual no podía menos de venerar la que contiene la segunda parte de su proposición (véase la sesión anterior) votada negativamente; la sujetaba sin embargo de nuevo a su resolución a la vez que era contraria a dos artículos expresos de la constitución de Venezuela, que está mandada a observar provisionalmente en toda la República; que estos dos artículos son constitutivos y esenciales del sistema judicial en todo país libre y conformes a la legislación española, en la cual se previene que la confesión de los reos se tome dentro de 24 horas, y a lo mas dentro de 3 días; y conviniendo en esto mismo los señores Azuero, Soto y otros varios, se hicieron después diferentes observaciones, no sólo apoyando al señor Castillo, sino contradiciendo sus razones e indicando que el congreso debía conducirse muy circunspectamente en el particular para no erigirse en tribunal de justicia, para no asumir las funciones del ejecutivo y para no establecer la tiranía en este cuerpo. Entonces el señor Gual, elogiando la prudencia de los que opinan por tal circunspección, observó que por lo mismo era necesario mandar reponer las nulidades que contiene el proceso del general D'Evereux. como que en él había traspasado sus límites el ejecutivo y usurpado las funciones del tribunal judicial; que él lo denunciaba así al congreso, y sobre la mesa existía ese proceso, donde constaba esta y otras infracciones y donde existía la prueba de la usurpación del ejecutivo. Se fijó la proposición siguiente, que fue votada negativamente contra seis señores diputados:

   "¿Si se revoca la votación de la sesión anterior, en que se acordó negativamente la segunda parte de la proposición del señor Castillo, a saber, que se diga al gobierno permita la comunicación de que está privado al general D'Evereux?".

   Entonces el señor Gómez (Diego), expresando que era necesario dar una regla sobre si el congreso tenía o no facultades, debía o no alzar la fuerza de que se hiciese por el ejecutivo, único poder de quien todas las corporaciones dependían, superior a todas ellas y el único que en concepto de algunos no podía ser contenido en sus límites sin riesgo de que el congreso asumiera todos los poderes, no obstante que ahora no hay un senado, y que por ningún motivo debía permitirse en un país que se dice libre la opresión contra el ínfimo de los ciudadanos ejercitada por ningún tribunal, juez ni poder, presentó esta proposición, que fue apoyada por el señor Azuero, pidiendo su autor que se dispusiera de ella con preferencia, como que era previa por su naturaleza, y él la presentaba con esta calidad: "que se declare por el congreso si está en sus atribuciones, en su poder, levantar la fuerza, la opresión o cualquier acto despótico, ejercido por el poder ejecutivo mientras por la constitución que se dará no designe el tribunal o corporación que deba contener el poder arbitrario"; y el señor diputado que la apoyó hizo después nuevas observaciones, que, a su entender, comprobaban la necesidad y utilidad de esta moción.

   Pero habiéndose advertido que la circunstancia de previa se desviaría algún tanto del negocio principal, acaso en perjuicio de la más eficaz providencia para hacer el bien, convino el señor Gómez en que se difiriera por ahora, y otro día se tomara en consideración.

   Enseguida el señor Ramón Ignacio Méndez presentó esta proposición, que fue apoyada por el señor Diego Gómez: "que se le permita comunicación con el congreso"; pero habiendo reclamado el señor Bárcenas que debía votarse primero la siguiente: "que el poder ejecutivo franquee al general los auxilios necesarios para su defensa y se devuelva la causa, porque él la había hecho antes de la del señor Méndez, y en su concepto era una adición que restringía menos la proposición primitiva, se convino en que ambas se redactasen en una sola, y efectivamente, así se verificó, votándose por la afirmativa y por partes dicha proposición, concebida en estos términos: "que el poder ejecutivo franquee al general D'Evereux los auxilios necesarios para su defensa, y se devuelva la causa, permitiéndole la comunicación con el congreso".

   Contra la primera parte protestaron los señores Gual, Santamaría y Soto, y la segunda fue votada por 22 contra 18.

   El señor Miguel Tobar pidió entonces que se votara la primera parte de la proposición que había presentado en la sesión anterior, la cual dice así: "que se franquee por el juez de la causa el recado necesario para el solo objeto de que en su lengua materna instruya a la autoridad que corresponda la queja contra los procedimientos que estima gravosos a sus derechos"; porque era necesario a su juicio indicar el modo de esta comunicación con el congreso, en cuyo acto el señor presidente dijo que podría ser el de franquearle tinta y papel, como se quería en la proposición, o el nombrar, si parecía bien, uno o dos señores diputados que fuesen a oír sus quejas; pero a este último arbitrio se opuso enérgicamente el señor Fernández Soto, porque aceptado -dijo- que el congreso se degradaría demasiado, se constituiría en calidad de protector, y renunciaría de consiguiente la imparcialidad que debe tener.

   El señor Gómez (Diego) manifestó entonces que la proposición del señor Tobar era absolutamente superflua, y votada negativamente (como no era imposible porque algunos podrían considerarla también minuciosa), vendría a eludir la fuerza de la resolución anterior, y que por eso pidió que primero se votara esta proposición previa: "¿si es superflua la del señor Miguel Tobar?"; la cual, siendo apoyada y votada, resultó afirmativa por una gran mayoría, omitiéndose por lo mismo disponer de la otra.

   Al tiempo de levantarse la sesión, por ser ya la hora acostumbrada, el señor secretario Soto anunció que había recibido un pliego del poder ejecutivo, que contenía dos ejemplares del número 101 del Correo del Orinoco, que se habían remitido sin oficio, y con esto terminó el acto.

Fernando de Peñalver.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

 

ACTA 39. SESION DEL DIA 12 DE JUNIO

   Se abrió la sesión con la asistencia de los señores Ignacio Márquez, Félix Restrepo, Francisco Pereira, Vicente Azuero, Vicente Borrero, Manuel

   Restrepo, Nicolás Ballén, Carlos Alvarez, Leandro Egea, Antonio María Briceño, José Antonio Bárcenas, José María Hinestrosa, Pacífico Jaime, Miguel Domínguez, Salvador Camacho, Pedro Carvajal, Policarpo Uricoechea, Manuel Baños, Antonio Malo, Manuel Campos, Manuel Quijano, Gabriel Briceño, Sinforoso Mutis, Cerbeleón Urbina, Cornelio Valencia, Luis Mendoza, Ramón Ignacio Méndez, Ildefonso Méndez, Antonio Paredes, general Rojas, Prudencio Lanz, Francisco Otero, Alejandro Osorio, Joaquín Borrero, Mariano Escobar, Joaquín Fernández Soto, Casimiro Calvo, José Antonio Yanes, Miguel Ibáñez, José María Castillo.

   Leída el acta de la sesión anterior, los señores Hinestrosa, Bárcenas, Ballén y Azuero hicieron contra ella sus observaciones, asegurando los tres primeros que no contenía ninguna de las razones que habían producido en la sesión de aquel día para oponerse a la moción del señor Castillo, ni para fundar las resoluciones del congreso, exponiendo además el señor Bárcenas que él había disuelto el argumento tomado de los artículos de constitución de Venezuela, con el hecho positivo de que esta constitución ni había sido promulgada en Cundinamarca, ni menos estaba en práctica en ninguno de sus pueblos. El señor Azuero pidió que pues se quería redactar una gran parte del debate en la que favorecía la opinión de los señores reclamantes, él también exigía a su vez se hiciese mención expresa de lo que él había pronunciado, sosteniendo al señor Castillo, y de los discursos de los señores Diego Gómez y Márquez, discursos en los cuales brillaba la exactitud y la justicia. El señor Ramón Ignacio Méndez insistió en que el acta presentaba bajo mal aspecto las determinaciones del congreso, pues que habiendo referido las razones alegadas por un diputado, sencillamente exponía después votaciones contrarias que podían mirarse como hijas de la obcecación y no del convencimiento que llevaban consigo las que las habían causado. Precedidas estas observaciones y acordado que se insertasen en la presente acta, mereció la aprobación del congreso.

   Se dio cuenta y mandó pasar a la comisión de peticiones la solicitud del señor Carvajal, en que pretende que el congreso por sí mismo resuelva el punto sobre que antes había reclamado por las razones que...; y a la comisión de hacienda un expediente dirigido por el ayuntamiento de Mérida, que se contrae a pedir que ciertos empleados en rentas aseguren su administración con la fianza correspondiente.

   Continuada la tercera discusión del artículo 5° del proyecto de indulto, tomaron la palabra sucesivamente los señores Márquez, Ballén, Yanes, Ildefonso Méndez, Luis Mendoza, Félix Restrepo, Campos, Ignacio Méndez y otros; y verificado esto, el señor vicepresidente Márquez, que presidía en defecto del señor presidente Peñalver, preguntó:

   "¿Si el congreso creía terminada la tercera discusión del artículo 5° del citado proyecto?". Y se votó afirmativamente, estando concebido en estos términos:

   "No serán comprendidos en este indulto el homicidio voluntario, el robo ni el rapto".

   Luego el señor vicepresidente puso a votación el artículo 1°, y fue aprobado, protestando el señor Mutis contra él y todos los demás, por cuanto en su concepto el indulto no debería comprender más que a los desertores.

   El artículo 2° se votó también por la afirmativa, y contra el 3°, que igualmente fue aprobado, protestaron los señores Quijano, Valencia y Urbina.

   Admitida una adición propuesta a este artículo 3° por el señor Márquez, que dice así: "los esclavos desertores que se hallen en sus provincias o en las confinantes", se votó también afirmativamente contra los señores Quijano, Restrepo, Estévez y Urbina, que salvaron sus votos.

   Sobre el artículo 4° se hicieron nuevas observaciones, de las cuales resultaba que era innecesario absolutamente y que debía suprimirse; y tomada votación sobre esta superfluidad, se decidió que no era superfluo y debía esperarse en el decreto. Entonces pidieron algunos señores que el artículo se dividiese en dos partes para la votación, y el señor Escobar, que la primera, que dice así: "serán comprendidos en este indulto los enemigos de la independencia que estando en el territorio de la República se presentaren a jurar fidelidad", fuese votada nominalmente; pero no habiendo obtenido el apoyo que exige el reglamento, la votación fue común y afirmativa por 24 votos.

   Sobre la segunda parte del citado artículo 4° hubo otra breve elucidación, y preguntado el congreso si se suprime esta parte, que dice así: "y a quienes se dará pasaporte si lo piden", se declaró suprimida por votación.

   En cuanto al artículo 5°, que expresa los delitos que deben ser exceptuados del indulto, varios señores diputados querían que también lo fuesen otros que indicaban, además del homicidio voluntario, el robo y el rapto, que contenía 8 artículos; y según estas observaciones el señor presidente pidió en regla votación sobre si se exceptúan los delitos de homicidio voluntario, falsificación de moneda, robo, hurto calificado, hurto simple, rapto y el de incendio; y el congreso declaró legalmente excluidos del indulto estos delitos.

   Habiéndose votado también que no se hablase en el indulto de los espías ni de los conspiradores, y quedando por lo mismo tácitamente comprendidos en él, protestaron los señores Márquez y Azuero.

   El señor Yanes presentó entonces esta proposición, que fue apoyada por el señor Hinestrosa: "que se restituyan a sus respectivos lugares las personas confinadas por motivos políticos, a algún país dentro del territorio de la República"; pero no se admitió a discusión, mas sí lo fue ésta del señor Azuero:

   "Que sean excluidos del indulto todos los delincuentes que ya estén sentenciados", y fue apoyada por el señor Carvajal y otros, señalándose el día de mañana para su discusión.

   El señor Osorio, recitando una lista alfabética de los delitos, contenida en un cuaderno impreso, manifestó que en su concepto, puesta la innovación del primer artículo del indulto y la excepción del delito de simple hurto, era necesario excluir otros muchos, como la sodomía, apostasía, bestialidad, etc., y concluyó haciendo esta moción: "¿Si se exceptúan algunos otros delitos?", la cual fue puesta en votación, y resultó aprobada.

   En consecuencia, el señor presidente preguntó, según las indicaciones hechas, si se exceptúan del indulto la bestialidad, la sodomía y el desafío, y el congreso, por votación, lo decidió afirmativamente. El señor presidente volvió a preguntar si aún quedaban delitos que exceptuar del indulto, y la votación resultó afirmativa.

   El señor Manuel Restrepo entonces se quejó de que por una fatalidad inconcebible se perdía el tiempo inútilmente; se quería volver ridículo un indulto que debía presentarse como la obra de la circunspección, de la filantropía y del juicio; y rogando a los señores diputados que se desprendiesen de todo lo que pudiera mirarse como personal, hizo la moción de "que se difiera la publicación del indulto para otro tiempo"; y fue apoyada por los señores Azuero, Soto y otros varios, modificándola el señor Mutis en estos términos: "que se difiera la publicación del indulto para otro tiempo, menos en cuanto a los artículos que hablan de desertores"; y siendo apoyada también esta modificación, votó el congreso afirmativamente la proposición primitiva con la modificación.

   Los artículos 6° y 7°, que están redactados en estos términos: "ningún delito que se cometa después de la publicación del indulto queda comprendido en él; el término de la duración de este indulto es el de cuatro meses, desde su publicación en las capitales de provincia, y podrán aplicarlo todos los tribunales de justicia y los jueces ordinarios con dictamen de letrado", se discutieron por segunda vez, porque creyó necesaria su aprobación o improbación, como que debe expedirse el indulto respecto de los desertores, y los artículos en cuestión son comprensivos de todos los demás.

   Se procedió después a continuar la tercera discusión del artículo 3° de la ley fundamental. El señor vicepresidente Márquez creyó que la deuda debía reconocerse in solidum sin necesidad de nueva investigación, puesto que ya era uno solo el tesoro y una sola la República, añadiendo el señor Ignacio Méndez, en comprobación de lo mismo, que Venezuela podía mirarse como un gasto de negocios que había contraído la suya en favor de sí misma y de la Nueva Granada. El señor Félix Restrepo indicó que la deuda contraída tenía tres épocas: la primera desde que se publicó la ley fundamental en adelante; la segunda, desde que se perdieron Venezuela y Nueva Granada el año de 15 y 16, y la tercera, desde que sucedió la revolución en el de 1810 hasta el principio de la segunda; que las deudas de la primera época debían pagarse in solidum porque ya Venezuela y Cundinamarca eran una misma cosa; que las segundas también debían serlo, porque de ellas había resultado un gran bien a la Nueva Granada, pero que las de la tercera época debían pagarse por cada uno de los dos estados, individualmente. Y los señores Manuel Restrepo, Azuero y Mutis opinaron lo contrario, pretendiendo que no era de admitirse tal distinción como injusta, impracticable y mezquina; añadiendo el último que si se examina bien el negocio, Cundinamarca está más recargada de deudas, puesto que debe pagar la contraída por el señor enviado real para la expedición del general Gregor. Entonces el señor secretario Soto renovó una moción que antes sólo había indicado y que ahora puso por escrito en estos términos: "que el congreso, reconocida in solidum la deuda nacional, prevenga al ejecutivo adopte medidas eficaces para excarcelación de los dos honorables ciudadanos nuestros que por servicios de la patria han contraído deudas en Londres, y actualmente gimen allí en prisión, con desdoro de Colombia e ignominia de sus representantes en congreso", la cual moción fue apoyada por los señores Escobar, Domínguez, Azuero y Mutis, adicionándola el último de esta manera: "que se pague con preferencia la deuda contraída por dichos señores".

   Siendo ya la hora, y no terminada la discusión tercera del artículo 3° de la ley fundamental, se levantó la sesión, habiendo avisado antes la secretaría que el ministro del interior le había remitido un pliego, al cual acompañaba la felicitación que hace al congreso el gobernador de Pamplona.

Fernando de Peñalver.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

 

ACTA 40. SESION DEL DIA 13 DE JUNIO

   Se abrió la sesión con la asistencia de los señores Fernando Peñalver, Ignacio Márquez, Félix Restrepo, Francisco Pereira, Vicente Azuero, Vicente Borrero, Manuel Restrepo, Nicolás Ballén, Carlos Alvarez, Leandro Egea, Antonio María Briceño, Joaquín Plata, José Antonio Bárcenas, José María Hinestrosa, Miguel Santamaría, Diego Gómez, Pacífico Jaime, Juan Ronderos, Miguel Domínguez, Salvador Camacho, Pedro Carvajal, Policarpo Uricoechea, Manuel Baños, Antonio Malo, Manuel Campos, Manuel Quijano, Gabriel Briceño, Bautista Estévez, Sinforoso Mutis, Miguel Tobar, Cornelio Valencia, Antonio Mendoza, Luis Mendoza, Ramón Ignacio Méndez, Ildefonso Méndez, Antonio Paredes, Cerbeleón Urbina, General Rojas, Prudencio Lanz, Francisco Otero, Joaquín Borrero, Lorenzo Santander, Mariano Escobar, Joaquín Fernández Soto, Francisco Soto, Casimiro Calvo, José Antonio Yanes, Miguel Ibáñez, José María Castillo.

   Leída el acta del día anterior obtuvo la aprobación del congreso, y seguidamente se vieron las protestas de los señores Quijano y Estévez. Leyóse también el oficio de felicitación que el gobernador de Pamplona dirige a vuestra majestad por medio del ministerio del interior y justicia.

   A continuación se dio cuenta, con el informe de las comisiones de legislación y de hacienda y guerra reunidas, sobre las facultades extraordinarias de que habla en su nota el vicepresidente de Cundinamarca, conferidas a éste por el Libertador presidente, y con el puesto a la memoria remitida por aquel jefe departamental, al que acompañan las comisiones cuatro proyectos de decreto sobre la introducción de extranjeros, elementos de guerra, alistamiento de 10.000 hombres, empréstito de $200.000, emisión de igual cantidad en vales para ocurrir a las actuales urgentes necesidades de la guerra y a la necesidad de levantar un cuerpo de reserva.

   Habiendo observado el señor Márquez que el punto de facultades extraordinarias o ilimitadas contenido en uno de los informes, se toca en los

   cuatro proyectos presentados y aun en ellos se restringen señalándoles algunos límites, y que por lo mismo son de verse primero los proyectos de decreto, pidió el señor Azuero, previa votación sobre la urgencia de éstos, cuya moción apoyaron los señores Soto, Restrepo y Santander.

   Entonces el señor presidente la fijó así: "¿Se considera urgente la materia de los informes de las comisiones de legislación, hacienda y guerra reunidas?", y resultó decidida afirmativamente.

   En acto continuo se hizo esta otra moción:

   "¿Los asuntos de que tratan los referidos informes exigen tres discusiones?", y quedó igualmente decidida por la afirmativa.

   Aquí, por una observación del señor Gómez, nacida de la materia misma que se discute, se advirtió que aunque al sancionar el reglamento de debates se tuvo muy presente un artículo sobre los negocios de urgencia, no se halla en el que sirve de regla para el congreso, y el señor Bárcenas pidió su inserción.

   Leyóse para la primera discusión el proyecto sobre alistamiento de 10.000 hombres que formen un cuerpo de reserva, y empréstito de $200.000 para su plantificación, ínterin el congreso considera detenidamente esta materia.

   Representó el señor Campos que la experiencia de los males que ha sufrido la provincia del Socorro de las extorsiones que se le han hecho, del modo como se practican las levas violentas e irregulares, al paso que ella sola ha dado del año de 19 a esta fecha al pie de 10.000 hombres; que se contiene en un suelo estéril y reducido y que son innegables las desventajas de su localidad, le hace pedir que se añada la expresión de que el alistamiento se haga guardándose alguna proporción en el censo de habitantes de cada provincia; y el señor Diego Gómez, después de asegurar que en siete meses que desempeñó el gobierno político de aquella provincia se sacaron muy cerca de 5.000 hombres de ella, quiso que también se tenga consideración al número de gentes que haya dado cada provincia.

   El señor Azuero extendió este pensamiento a que por el mismo congreso y por un cálculo lo más aproximado posible se forme la distribución y se prescriban algunas reglas cuya observancia será un alivio para los pueblos que han padecido más; a cuyo efecto hizo la siguiente proposición:

   "Que vuelva el proyecto a la comisión para que añada otros artículos en que se señale a cada provincia el contingente de hombres que deba suministrar conforme a su población, y en que se den algunas reglas sobre el modo de hacer el alistamiento por medio de la autoridad civil y formando clases".

   Votada negativamente, protestaron los señores Félix Restrepo, Azuero, Escobar y Carvajal.

   Observóse igualmente por el señor Ballén, en apoyo de la precedente proposición, ser muy conveniente la formación de una escala sobre jóvenes solteros y otras reglas que deben seguirse.

   Tomó el señor Castillo la palabra, y como individuo de una de las comisiones informó que todo esto se había tenido presente, pero que la premura con que debe hacerse la leva, por la probabilidad de un peligro que pueda sobrevenir de repente cuando aun todavía no hemos obtenido la victoria; la falta de censos, de cálculos aproximados y presupuestos, indujo a proponer el proyecto como se ha leído.

   En continuación del debate añadió el señor Tobar (Miguel) que él quisiera descubrir por qué el vicepresidente de Cundinamarca viene implorando el auxilio del congreso cuando debe tener, y positivamente tiene, facultades extraordinarias para cumplir las órdenes que se le hayan comunicado relativamente a este objeto; añadió que la medida, al paso que puede ser innecesaria, aumenta la miseria pública, y creyó que el congreso no debe meterse en esto sino solamente decirle que obre según sus facultades

   Convino el señor Azuero nuevamente en la necesidad de levantar los 10.000 hombres de reserva, para precaver las consecuencias de un suceso infausto y para dar a la nación una actitud más militar, pero insistió en que debe hacerse con la posible regularidad. Hablaron sobre este mismo objeto los señores Soto y Joaquín Borrero, y el primero apoyó la adición del señor Campos sobre que en las palabras del artículo 3°, que dice: "provincias libres de su mando", se ponga "guardada proporción en lo posible con su población y número de hombres que hayan contribuido"; lo que igualmente había apoyado ya el señor Gómez.

   En este acto el señor Baños dijo que en vano se ocupa el congreso en discusiones y medidas, pues habiendo desechado el gobierno teocrático que propuso, no debe prometerse ni prosperidad ni acierto en sus resoluciones; y pidió que así se consignara en el acta.

   Queriendo el señor Castillo conciliar las opiniones divergentes en cuanto a los medios, supuesto que todos convienen en la necesidad de levantar 10.000 hombres de reserva, propuso que se diga al vicepresidente de Cundinamarca haga la distribución guardando una proporción, regularidad y aun la posible dulzura en las providencias que se expidan para que ellas sean menos odiosas a los pueblos; y después de otras razones que se adujeron por los señores Tobar y Joaquín Borrero, se dio por terminada la primera discusión de este proyecto señalado con el número 1°.

   El señor Osorio interesó en este acto la importancia del asunto, demostrando con razones bien sólidas que las medidas de que se trata son nada menos que las que deben influir en la felicidad de Colombia.

   El señor José Manuel Restrepo, contrayéndose a la emisión de vales de que se trata en el proyecto que es el segundo en el orden de la discusión, observó que para evitar que éstos se falsifiquen, como se ha notado ya después de su lectura, pueden ir firmados de los ministros del tesoro público; cuya idea amplificó el señor Luis Mendoza indicando algunos medios precaucivos y que hagan más fácil la circulación; pero el señor Ballén manifestó que no encuentra tanta dificultad en precaver la falsificación como en hacer que la circulación sea cómoda y fácil, y para no tocar en este inconveniente, quiso el señor Tobar (Miguel) que no sean unos vales sólo para la salina sino que sea un papel moneda para evitar así el monopolio.

   El señor Campos desechó enteramente el proyecto de papel moneda que trae el descrédito del gobierno, la desconfianza de los particulares; que aumenta el robo y la disipación multiplicando los empleados, y al efecto aludió con un pasaje de Francia acontecido en tiempo de Enrique IV.

   El señor Félix Restrepo, después de haber manifestado la modestia y compostura con que debe hablarse en el congreso, y querido que al efecto se guarde el reglamento que prescribe este orden regular, expuso que en su concepto hay dos arbitrios adaptables para sacar los $400.000 que se necesitan, sin tocar con los inconvenientes que de otro modo parecen inevitables. El primero que propuso es la emisión de una moneda como la que está circulando, que para que sea menos susceptible de falsificación, puede ser moneda como pesetas, por ejemplo; que para ella se podría hacer un empréstito de $200.000 de la moneda antigua, que acaso serían bastantes para este fin, y que cuando las circunstancias dieran lugar o presentaran la oportunidad, se amortizaría la moneda nuevamente emitida, sin considerable gravamen de los propietarios, como se practicó por el gobierno español con la moneda caraqueña y otras que circulaban. Esta medida la creyó el señor opinante menos expuesta que la del papel, aun respecto de la introducción que se teme; pues el comercio con la extranjería se hace en doblones y pesos fuertes de los antiguos. Citó aquí una sentencia de Tácito: nec pax sine armis..., y continuando el orador su discurso, pasó al segundo arbitrio, que hizo consistir en una moderada imposición del 1 1/2% sobre las propiedades, que exigida en términos menos odiosos y según las reglas de la prudencia, no será tan odiosa para los pueblos como las que han sufrido; hizo ver que la contribución gradual de propiedades, impuesta por el vicepresidente de Cundinamarca, aunque ella no es extensiva al monte de los mayores caudales, es, sin embargo, la que se ha propuesto más asequible y equitativa, y recomendando de nuevo estos dos arbitrios, concluyó manifestando que los empréstitos se dificultan mucho, porque no hay fidelidad en el cumplimiento de las promesas, y que el papel moneda no es un recurso bueno, sino de muy malas consecuencias.

   El señor Zárraga, después de expresar que conviene en la mayor parte de las ideas del señor preopinante, y que no cree conveniente la emisión de papel moneda, propuso un impuesto sobre los alquileres de las casas, tanto más adaptable cuanto que sus propietarios no contribuyen nada al Estado.

   El señor Gabriel Briceño repuso que la República no necesita anticiparse el fondo de sus cobros ordinarios sino inventar otros extraordinarios y mayores, pues de lo primero lo que se requería precisamente era el déficit que le había de traer aquella anticipación en sus rentas anuales; pero el señor presidente aplaudió el medio de emitir este papel moneda, cuyo crédito depende de tan buena hipoteca, y cuya cantidad es verdaderamente corta.

   El señor Méndez (Ildefonso), desaprobando la imposición del 1 1/2% sobre las propiedades, en circunstancias de hallarse tan recargados los derechos, convino en todo lo demás con el señor Félix Restrepo, trayendo al efecto la historia del papel moneda de Cartagena; y el señor Ballén, aludiendo a este mismo objeto, dijo que él no ve en el proyecto de emisión de papel sino una sustitución de una moneda por otra, cuyo resultado será que en las salinas reciban en papel el ingreso que había de haber en metálico; y suscribió al de contribución del 1 1/2% sobre las propiedades.

   El señor Osorio, sin oponerse a las ideas del señor Restrepo, hizo ver que las ventajas del papel consisten en que no se engaña al público, como acontece en la moneda de baja ley, y demostró que el verdadero proyecto está en que por este medio se facilita el empréstito de la cantidad que necesitamos por ahora, y que no es fácil de otro modo conseguirla; continuó el señor Santamaría, y probó que, lejos de aumentar la riqueza pública, el feble o liga de la moneda no hace sino arruinar el comercio, porque los traficantes bien instruidos de esta circunstancia, reembolsan la pérdida que sufren en la moneda con el aumento proporcional en los aumentos de comercio, para verificar luego  el cambio por doblones o pesos fuertes sin gravarse con el tanto por ciento.

   El señor Azuero habló de remedios momentáneos y permanentes; quiso que a estos últimos pertenezcan los indicados por los señores Félix Restrepo e Ildefonso Méndez; que por ahora -continúa- se necesitan remedios del momento para levantar y sostener los 10.000 hombres de que se trata; propuso como tales y juiciosos los que presenta la comisión, pues que no es posible que los billetes caigan en demérito cuando, al contrario, tendrán mayor precio; pero hizo valer los inconvenientes ya expresados, de la falsificación y el monopolio, y creyó que la primera puede evitarse con el libro de toma de razón, aunque el segundo no está allanado. También quiso se evite la emisión del mayor número del que se decrete, y para el objeto juzga oportuno el que se prevenga que al modo como vayan introduciéndose en las administraciones sean proporcionalmente amortizados.

   Después de una disertación hecha por el señor Castillo en favor de este proyecto, que puede llamarse -dijo- para clasificarlo más, una moneda santa o el papel sal, como se llamó papel tabaco el de la Virginia, que salió a los Estados Unidos, toca en las atribuciones directas demasiado gravosas a los pueblos, y concluyó de aquí ser preferible el arbitrio presentado, y con esto se dio por terminada la primera discusión del proyecto número 2.

   Habiéndose leído el tercer proyecto sobre la introducción de fusiles en nuestro país, comenzó el señor Azuero la discusión queriendo que sea extensivo a todos los puertos de la República para que pueda llenarse mejor su objeto; y el señor presidente, discurriendo sobre él, advirtió que le parece excesiva la rebaja de derechos que se hace a este artículo; que en su concepto puede decirse que en igual valor de mercancías se bajará a los fusiles un 10%, y que es conveniente también fijar un término a la duración de este decreto, porque aun podrá ser un estímulo para que vengan muchos fusiles pronto con el fin de aprovecharse de la gracia.

   Objetóse por el señor Méndez (Ildefonso) que si la rebaja no es considerable podrán vender los fusiles a muy caro precio, pero se le satisfizo con la razón de que siendo ésta una mercancía que sólo puede comprarla el gobierno, éste la desechará si el precio no le ofrece utilidad.

   También se pretendió que la ejecución del decreto se encargue al vicepresidente de la República para los fines propuestos por el señor Azuero, y sin contradecir la reforma propuesta por el señor Peñalver, se tuvo presente que por la urgencia es [por lo] que directamente se manda comunicar esta medida al vicepresidente de Cundinamarca, aunque bien puede hacerse al primero, expresando que sea sin perjuicio de las contratas que haya hecho el segundo.

   Terminada la discusión de este proyecto de que se ha hablado, se pasó al otro, que trata sobre extranjeros.

   Túvose en consideración por el señor Márquez, que presuponiendo la constitución el decreto o ley de que se trata puede ser más oportuno dejarlo a la legislatura, supuesto que la pequeña cantidad de 12 reales que se les exige al tiempo de sacar su patente, ni puede llamarse un aumento del tesoro público, porque ella es demasiado mezquina; y habiendo otros señores convenido en la necesidad que tenemos de extranjeros artistas e industriosos por la falta de brazos que se nota en la vasta extensión de la República, aunque sí siempre es necesario el registro y otras precauciones, como observó el señor Santamaría, pues aun en los Estados Unidos, siendo notable ya el número de gentes que se introducen, particularmente en Louisiana, se han visto en este mismo caso, y nosotros tenemos que temer que ese sobrante de los ejércitos de la Europa, gente desde luego sin moralidad, costumbres o alguna profesión de qué subsistir, nos infecte las poblaciones si la medida se toma inconsiderablemente.

   Terminada también la primera discusión de este proyecto, se dio cuenta por la secretaría con los poderes de los señores Balbuena y Benítez, diputados para el congreso general, electos por la provincia de Maracaibo, y se pasaron a la comisión de poderes.

   Habiéndose desechado la propuesta del señor Restrepo de que hubiera sesión extraordinaria para continuar estas discusiones, se leyó un mensaje del poder ejecutivo dirigido al congreso, sobre la prisión del general D'Evereux y confinación del coronel Low, manifestando los motivos que al dictar estas providencias y los que tiene para no poner en ejecución la del congreso.

   Concluido, tomó la palabra el señor presidente, y después de haber insinuado que el gobierno insulta atrozmente al congreso graduando de precipitadas sus resoluciones, pero que, sin embargo, los asuntos que ocupan las atenciones del cuerpo son preferentes, y que por lo mismo éste puede diferirse; el señor Malo se opuso, haciendo ver que si el gobierno se excede, es preciso que se le contenga, y que si ha oprimido y oprime a los inocentes, debe ponerse un freno a la arbitrariedad y al despotismo, sobre cuya idea añadió otras reflexiones, y con esto se levantó la sesión.

Fernando de Peñalver.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

ACTA 41. SESION DEL DIA 14 DE JUNIO

   Se abrió la sesión con la asistencia de los señores Fernando Peñalver, Ignacio Márquez, Félix Restrepo, Francisco Pereira, Vicente Azuero, Vicente Borrero, Manuel Restrepo, Nicolás Ballén, Carlos Alvarez, Leandro Egea, Antonio María Briceño, Joaquín Plata, José Antonio Bárcenas, José María Hinestrosa, Miguel Santamaría, Diego Gómez, Pacífico Jaime, Juan Ronderos, Miguel Domínguez, Salvador Camacho, Pedro Carvajal, Policarpo Uricoechea, Manuel Baños, Antonio Malo, Bernardino Tobar, Miguel Zárraga, Manuel Campos, Manuel Quijano, Gabriel Briceño, Bautista Estévez, Sinforoso Mutis, Miguel Tobar, Cornelio Valencia, Antonio Mendoza, Luis Mendoza, Ramón Ignacio Méndez, Ildefonso Méndez, Antonio Paredes, Cerbeleón Urbina, general Rojas, Prudencio Lanz, Francisco Otero, Diego Urbaneja, Pedro Gual, Alejandro Osorio, Joaquín Borrero, Lorenzo Santander, Mariano Escobar, Joaquín Fernández Soto, Francisco Soto, Casimiro Calvo, José Antonio Yanes, Miguel Ibáñez, José María Castillo, Manuel Benítez, José Ignacio Balbuena.

   Se aprobó el acta suprimiéndose un pequeño discurso del señor Márquez, y con la advertencia que hizo el señor Félix Restrepo de que las expresiones de la introducción de su discurso ayer las dijo porque algunos señores se toman la libertad de censurar las opiniones de otros con poca modestia en su lenguaje.

   Visto y aprobado el informe de la comisión de poderes sobre los señores Benítez y Balbuena, diputados electos por la provincia de Maracaibo para representar en el congreso general, exhibieron el juramento de costumbre y tomaron asiento en la asamblea.

   Leyóse el oficio del Libertador presidente, en que renuncia sus sueldos, asignaciones y demás gracias a que tiene opción, y se difirió para tratar este asunto después.

   Leyóse igualmente un oficio remitido por el ministro del interior con los documentos que envía el vicepresidente de Cundinamarca, sobre el establecimiento de casas de educación, y se acordó pasarlo a una comisión especial que se nombre con este objeto.

   Diose también cuenta del proyecto de protomedicato del jefe departamental de Cundinamarca, del informe puesto a la solicitud del señor Carvajal, que se reservó para el sábado, y del que recayó en la del ciudadano Gabriel Valera, y el primero se mandó pasar a una comisión.

   Puesto en seguida a discusión el proyecto número 1° de las comisiones reunidas, observó el señor Tobar (Miguel) que si el reembolso debe verificarse en las aduanas de los puertos, disfrutarán solamente los comerciantes de facultades, pues aunque él será extensivo a los pulperos o pequeños mercaderes, éstos, por lo mismo, no pueden reembolsar allí cantidad que den, supuesto que no hacen introducciones.

   Oponiéndose el señor Azuero al proyecto de empréstito que por fin tiene que pagarlo el Estado, recomendó que más bien se emitan en billetes los $400.000 sobre la hipoteca de las salinas; pero el señor Joaquín Borrero creyó expuesto a fraudes este proyecto, y el señor Márquez, impugnándolo, adhirió más bien al de empréstito entre los pudientes, por ser más pronto y razonable.

   Seguidamente el señor Gómez (Diego) quiso se quiten del proyecto las palabras "dejando en pie la autorización ilimitada del vicepresidente de Cundinamarca", que no las creyó oportunas, y observó que el empréstito de los $200.000 a sólo el comercio de Cundinamarca es excesivo, y adicionó el artículo haciéndolo extensivo a los hacendados y demás personas pudientes, lo que apoyó el señor José Manuel Restrepo, añadiendo que puede ponerse en él lo que informa la comisión de legislación sobre las facultades del vicepresidente.

   El señor presidente reflexionó que tal vez será más asequible el empréstito ofreciendo algún rédito o premio a los prestamistas; mas el señor Francisco Soto lo creyó impolítico, porque ya se han hecho varios préstamos sin esta circunstancia, que introduciría la novedad.

   El señor Félix Restrepo, oponiéndose al préstamo exclusivo del comercio, hizo presente que es ruinoso a este ramo si no se extiende a todos los pudientes, pues los comerciantes tratarán de indemnizarse defraudando al Estado sus derechos; volvió a recordar sus ideas sobre emisión de moneda, y concluyó con que la de billetes es un remedio momentáneo y favorable a los monopolistas, pero contrayéndose el señor Campos a éstos, manifestó haber variado de ideas, porque no concebía el objeto con que se propone, aunque parece que sólo será adaptable amortizando pronto los billetes y haciendo otro empréstito que pueda cobrarse no sólo en numerario sino en especies, y que sirva para amortizar los billetes; y el señor vicepresidente propuso:

   "Que prestándose toda la cantidad de $400.000, los billetes del comercio pueden amortizarse en las aduanas y los de las demás personas pudientes en las salinas, refundiendo todo en un solo decreto".

   Recordada nuevamente la modificación del señor Gómez apoyada por otros dos señores, y suscitándose la duda si se admita a discusión, hizo ver su autor que ella no es más que una emanación o consecuencia de la materia que se discute.

   Los señores Quijano y Azuero insistieron por más pronto y realizable, en el proyecto de billetes de sal, que en la misma salina se vayan amortizando a proporción de su ingreso, pero el señor Domínguez, tocando los inconvenientes del empréstito y de los billetes, adhirió más bien a la emisión de moneda, y el señor Félix Restrepo, conviniendo en los billetes o papel sal, como remedio momentáneo, hizo valer de nuevo la necesidad de emitir una moneda y de una moderada capitación.

   El señor Estévez, con una disertación de sus ideas, propuso el aumento de un peso en la alcabala; y después de haber querido el señor Mutis que para ahorrar el tiempo todo proyecto se traiga por escrito, se dio por terminada la segunda discusión del presente, y giró al número segundo. En él observó el señor Ballén que el cálculo es inexacto en la emisión de billetes, porque el Estado nada adelanta en la cantidad, en razón de que ni los empleados reciben $200.000 cada mes, ni esta cantidad entra en la salina en igual tiempo, y tachó también de inexacto el de emisión de moneda.

   El señor Márquez, haciendo ver que los billetes o papel sal dificulta a los empleados la circulación, dijo que él no aumenta el erario ni se ocurre por este medio a la necesidad presente, porque el consumo es corto; para allanar, pues, el inconveniente, propuso un repartimiento en numerario por medio de vales o pagarés y con hipoteca en las salinas, que cree igualmente más adecuado a evitar el monopolio.

   Habiendo advertido el señor presidente que los billetes pueden circular comprando con ellos lo que necesita el soldado y pagando a los empleados alguna parte de su sueldo en papel, opuso el señor Tobar (Miguel), que siendo de pequeña cantidad, en breve se volverán pedazos por el roce y se amortizarán por sí mismos, cuando por otra parte ocurre la dificultad de no saberse el producto mensual de las salinas, ni tenerse otros datos; y satisfaciendo a esta objeción el señor presidente con que el papel sólo sirve para comprar sal, que la cantidad que se emite es muy corta, de modo que sólo puede mirarse como un ensayo, y que si algunos billetes se rompen ésta es ganancia para el Estado, el señor Gómez crey: así impracticable el proyecto, pues él había comprendido -dijo- que debía ser una moneda preciosa, exclusiva solamente para las salinas, pero admisible, sin embargo, en todo género de contratos y con hipoteca en ellas.

   El señor Tobar (Bernardino) hizo presente, en consecuencia, que es inexacto el cálculo, porque $200.000 cuando más se amortizarán en dos o tal vez en tres años, y la salina necesita por lo menos $10.000 mensuales para pagos y compras de lo necesario; y siguiendo la misma idea, añadió el señor Escobar que también es inútil, y que además resultaría un déficit inevitable, a lo que repuso el señor Santamaría que no se trata de una nueva riqueza, sino de adelantar el cobro de los fondos ordinarios mientras que se arbitran otros medios.

   El señor José Manuel Restrepo convino en que pagando a todo empleado con los billetes, y debiendo por lo mismo tener un curso general, no hay un inconveniente para la emisión; y el señor Egea opuso que sería hacer un fraude el dar un billete de sal, si luego el que lo recibía iba a la salina y no encontraba este género, porque se habría acabado; que por este motivo desea que el autor del proyecto absuelva la dificultad; y tomando la palabra el señor Osorio, individuo de la comisión, dijo que ésta lo único que había querido era presentar el proyecto de un empréstito forzoso hipotecando para su pago las salinas; y se dio aquí por terminada la segunda discusión del proyecto número 2°.

   Habiéndose pasado al número 3°, creyó el señor Gual indispensable asignar la cantidad de mercancías y de fusiles, y recordada la modificación del señor presidente contraída a que, en igualdad de mercancías, de fusiles y plomo, se rebaje a aquéllos un 10% de derechos, la apoyó añadiendo que para esto es indispensable que los fusiles se aforen en el mismo decreto o ley que se expida para hacer la rebaja a igual cantidad de otros efectos del 10% de derechos, puesto que los fusiles no deben pagar nada, y que en el aforo, que puede ser de $10 por cada uno y es fácil distinguir los alemanes y franceses de los de la torre de Londres; mas el señor presidente, observando que si no vienen fusiles es porque temen que no se les paguen, quiso que el aforo sea cuando más de $9. Aquí se dio por terminada la segunda discusión de este proyecto, y se puso a continuar la tercera del artículo 3° de la ley fundamental.

   Discurriendo por él, manifestó el señor Malo que desea saber si la palabra in solidum se toma en la acepción de los juristas, de modo que pueda ser reconvenido el deudor de mejor suerte por los acreedores, y así, para el pago de las deudas, se asigna algún fondo de las rentas ordinarias o si se recurrirá a contribuciones extraordinarias.

   El señor Calvo exigió que por una ley particular se reconociese la deuda y las más que de censos o imposiciones existían antes del año de 10; y el señor Peñalver, respondiendo a las objeciones del señor Malo, hizo presente que siendo unos los fondos de la República sin que las partes tengan algún erario separado, no hay caso de que cada una pueda ser reconvenida sin la otra, y que además se destinará algún fondo de los ordinarios para el pago de la deuda.

   El señor Osorio quiso que para el reconocimiento se expida una ley o decreto en que se hable de la deuda, se exprese desde cuándo se comenzará a pagar, de qué fondo, y que aun se pase al poder ejecutivo para que arbitre los medios de su más pronta solución; y el señor José Manuel Restrepo propuso que para el efecto se encargue a la comisión de hacienda de la formación de esta ley o decreto.

   Entonces el señor Gómez (Diego) hizo las siguientes proposiciones:

   1a El congreso reconoce y declara como deuda nacional todas las que en particular se han contraído legítimamente por los gobiernos republicanos que se han sucedido, así en Venezuela como en Nueva Granada, desde el principio de la transformación política.

   2a Las deudas contra el crédito nacional se legitimarán por una comisión nombrada por el actual congreso.

   3a Las deudas que resulten legítimas contra el crédito nacional por decreto de la comisión de que habla el artículo anterior se pagarán de los ramos, recursos o arbitrios que por el actual congreso o por la legislatura se asignen.

   Hablaron sucesivamente varios señores, pero sin oponerse al reconocimiento de la deuda, sino contrayéndose al modo y términos como debe reconocerse, y corroborando antes las razones de justicia, de reciprocidad de intereses y otras que adujeron para despejar la cuestión; concluyendo el señor Gual que la deuda de la República no es todavía una deuda nacional, sino de un deudor fallido, porque no está reconocida; y que, en su concepto, debe reconocerse la deuda sobre los bienes nacionales y fondos públicos.

   Reducido a votación el punto sobre si primero se hace el reconocimiento o se pasa antes a una comisión para que forme el decreto, quedó decidido por el segundo miembro de la proposición, y con esto se concluyó este acto.

Fernando de Peñalver.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

 

ACTA 42. SESION DEL DIA 15 DE JUNIO

   Se abrió la sesión, con la asistencia de los señores Fernando Peñalver, Ignacio Márquez, Francisco Pereira, Vicente Azuero, Vicente Borrero, Manuel Restrepo, Nicolás Ballén, Carlos Alvarez, Leandro Egea, Antonio María Briceño, Joaquín Plata, José Antonio Bárcenas, José María Hinestrosa, Miguel Santamaría, Diego Gómez, Pacífico Jaime, Juan Ronderos, Miguel Domínguez, Salvador Camacho, Pedro Carvajal, Policarpo Uricoechea, Manuel Baños, Antonio Malo, Bernardino Tobar, Miguel Zárraga, Manuel Campo, Manuel Quijano, Gabriel Briceño, Bautista Estévez, Sinforoso Mutis, Miguel Tobar, Cornelio Valencia, Antonio Mendoza, Luis Mendoza, Ramón Ignacio Méndez, Antonio Paredes, Cerbeleón Urbina, general Rojas, Prudencio Lanz, Francisco Otero, Alejandro Osorio, Joaquín Borrero, Lorenzo Santander, Mariano Escobar, Joaquín Fernández Soto, Francisco Soto, Miguel Ibáñez, José María Castillo, Manuel Benítez, José Ignacio Balbuena.

   Fue aprobada el acta de la sesión anterior, después de algunas observaciones que hicieron los señores Félix Restrepo, Quijano y Malo. El primero aseguró que en uno de los discursos que pronunció el día de ayer había expresado que habiendo el Libertador presidente eximido ya de todo derecho de introducción a los fusiles, estaba concluido el negocio de que se trataba, pues que ninguna otra gracia se podía conceder; y que esta exposición faltaba en dicha acta. El segundo manifestó que había opinado en favor del reconocimiento de la deuda nacional, no sólo desde que sucedió la transformación política, sino de algún tiempo atrás, a saber, quería que reconociera la República las demás deudas atrasadas que gravitaban sobre las tesorerías de algunas provincias y han de pagarse a diferentes acreedores particulares, y que esto se había omitido también en el acta, y el tercero indicó que su exposición estaba reducida a que la deuda se reconociese in solidum, con tal que se hiciera su pago de los fondos comunes y ordinarios. Después de la insinuada aprobación, se dio cuenta de un oficio del ministro del interior sobre las providencias tomadas por el provisor de Popayán para el establecimiento del cabildo eclesiástico de aquella iglesia catedral, y el congreso acordó se crease una comisión de negocios eclesiásticos, a la cual debe pasarse en informe este expediente.

   Se leyó la representación del señor diputado Egea, en que solicita licencia para retirarse del congreso por motivo de sus enfermedades y del temperamento cálido que se las aumenta, y se mandó pasar a la comisión de peticiones.

   Se dio cuenta de la solicitud que hace al congreso el español Juan Bosch, pidiendo carta de naturaleza, y se determinó que pasase a la misma comisión.

   Precedido esto, empezó la tercera discusión del proyecto de decreto presentado por las comisiones de guerra y hacienda reunidas, sobre que se levanten 10.000 veteranos para un ejército de reserva, y se haga un empréstito de $200.000, todo en las provincias conocidas bajo el nombre de departamento de Cundinamarca, y se acordó que se discutiese artículo por artículo. Como los dos primeros fueron considerados por algunos señores axiomas inconcusos, la discusión se extendió a ellos y al tercero; y después de haberse presentado nuevas observaciones sobre su esencia y términos en que están concebidos; después de haberse repetido aun varias de las que antes se habían producido, y después de haber considerado el asunto bajo todos sus aspectos y en las modificaciones que se habían hecho en las sesiones anteriores y constan de las actas respectivas, se votó afirmativamente el primero de los artículos dispositivos del citado proyecto, y también el segundo. He aquí las palabras de uno y otro:

   Artículo 1° Todos los ciudadanos de Colombia son soldados natos de la patria, y obligados a tomar las armas en su defensa cuando sean requeridos por el gobierno.

   Artículo 2° Es un deber de los mismos ciudadanos contribuir con todas sus facultades y con su fortuna para que tenga efecto la defensa de la República y el establecimiento de su independencia y libertad.

   El 3° fue puesto a votación por partes: la primera, que dice: "se autoriza al vicepresidente de Cundinamarca para que en todas las provincias libres de su mando aliste 10.000 hombres, guardada proporción en lo posible con su respectiva población, para formar un cuerpo de reserva, el que organizará, instruirá y disciplinará con arreglo a las órdenes e instrucciones que tengan del Libertador presidente, a los cuales en nada se deroga, sino que antes bien ratifica el congreso para este efecto", fue votada afirmativamente, salvando sus votos los señores Miguel Tobar y Osorio. La segunda parte se propuso así, dejando en pie la autorización ilimitada del vicepresidente; fue votada por la negativa.

   Entonces el señor vicepresidente, que presidía la sesión, por haberse retirado antes el señor presidente, quien al tiempo de verificarlo anunció al congreso que lo hacía a causa de sus indisposiciones, el señor vicepresidente, advirtiendo por lo que expusieron algunos señores que la votación había resultado negativa, por cuanto era innecesaria tal autorización, como que ya la  tenía el vicepresidente de Cundinamarca, propuso esta adición, si se agregan estas palabras "sin hacer novedad respecto de la autorización de facultades que haya recibido del Libertador presidente", y también fue negada por una mayoría de 23 contra 22 votos, protestando los señores vicepresidente Márquez, Fernández Soto, Urbina, Lanz, Osorio, Ballén, Estévez, Mutis, Zárraga y Soto.

   Los artículos 4° y 5° se discutieron también del mismo modo que los anteriores, es decir, con detención y bajo todos sus aspectos, teniendo en consideración la modificación del señor Gómez, que sustituyó a la palabra comercio las de entre los pudientes; y después de haberse acordado que se votara por partes, por razón de que no era conveniente a los prestamistas, que no son comerciantes, ocurrir a las aduanas para su pago, se votó afirmativamente la primera, que dice así: "Como esta masa de tropas aumenta considerablemente los gastos de la lista militar y no pueden alcanzar para ellos las rentas ordinarias y el producto de los impuestos existentes, mientras el congreso hace un arreglo general en el ramo de hacienda, autoriza igualmente al vicepresidente de Cundinamarca para que abra entre los pudientes de todo el departamento un empréstito forzoso de $200.000 en metálico", salvando sus votos los señores Félix Restrepo, Camacho y Escobar. Tratándose del modo como debiera votarse lo demás del artículo 4° dicho, y no conviniendo en él todos los señores, hizo el señor Diego Gómez esta moción, que fue apoyada y votada afirmativamente:

   "Que vuelva a la comisión el artículo en la parte que se discute, para que lo presente de nuevo, según las indicaciones que se han hecho".

   Iba a votarse el 5°, y el señor Félix Restrepo a tomar la palabra para hablar sobre su contenido, pero se le advirtió que ya estaba terminada su discusión. Suscitóse con este motivo un ligero debate; el señor vicepresidente pidió que la secretaría diera su informe sobre este particular, el cual confirmó que ya lo estaba efectivamente, y la votación se suspendió, sin embargo, para mañana, porque algunos señores expusieron que eran tan fuertes las razones que contra él se presentaban, que parecía menos malo desviarse un ápice del reglamento que no votar una proposición sobre la cual habían ocurrido tan graves dificultades. Y con esto se levantó la sesión.

Fernando de Peñalver.

   El diputado secretario,

 

Francisco Soto.

ACTA 43. SESION DEL DIA 16 DE JUNIO

   Se abrió la sesión con la asistencia de los señores que al fin se expresan.

   Leyóse el acta del día anterior, y aprobada, se pasó a la lectura de la comisión reservada del ministro del interior, relativa a los sucesos de Guayaquil y sur de Colombia, que se mandó devolver con los documentos adjuntos.

   Seguidamente se dio cuenta con la congratulación que hace la municipalidad de Ocaña y Rafael Diego Mérida, y el congreso queda enterado.

   Diose asimismo cuenta con el informe de la comisión de peticiones sobre la solicitud del señor Zigler, contraída a pedir carta de naturaleza, ofreciendo poner un steamboat en el Magdalena, y después de algún debate en que se quiso que deba preceder la ley de naturalización a la gracia que solicita, tanto más cuanto que su solicitud no viene documentada, ni se considera por parte de algunos señores ser bastante el ofrecimiento que hace, sin embargo de sus precedentes servicios a la República, de su adhesión y buenas disposiciones que manifiesta y ha manifestado, ya dispensando su protección a los patriotas y americanos perseguidos, se fijó por el señor presidente la siguiente moción: "¿Se conforma el congreso con el informe puesto por la comisión de peticiones a la solicitud de que se trata?", y decidida negativamente contra diez votos que estuvieron por la afirmativa, se hizo esta otra moción: "¿Se reserva la emisión de carta de naturaleza del señor Zigler para cuando se promulgue la ley de naturalización?"; habiéndose resuelto por la afirmativa, se acordó igualmente que se pase a la comisión de legislación para que presente un proyecto de ley sobre naturalización.

   La solicitud del señor Osorio sobre que se le permita retirarse temporalmente del congreso por los motivos que allí expresa, se pasó a la comisión de peticiones, y a la de poderes los que envía el reverendo obispo de Maracaibo, electo diputado del congreso para esta provincia, y a continuación se aprobó el informe de la de peticiones, puesto en la solicitud del ciudadano Gabriel Valero.

   Leído el que recayó en la del señor Pedro Carvajal, hubo una discusión sobre si la inviolabilidad de la persona de que gozan los diputados debe extenderse a las propiedades. Se adujeron razones en pro y en contra, y se observó que el interesado puede ocurrir al tribunal o tribunales donde corresponda, para que se revoque la providencia que reclama por perjudicial y gravosa. Túvose también en consideración que si la inmunidad no es extensiva a las propiedades, sería preciso, para evitar el gravamen que puede sobrevenir al que representa acceder a la licencia que solicita, y que en este caso el interés personal podría influir directamente en la disolución del cuerpo. Se insistió, por tanto, en la necesidad de hacer extensiva a las propiedades la inviolabilidad de los diputados, y pasado un corto debate, se aprobó por el congreso el informe de la comisión de peticiones, permitiéndose al señor Tobar (Miguel), presente un proyecto de decreto sobre la inmunidad de aquéllos.

   Hecha esta votación, continuaron algunas opiniones sobre la necesidad de una ley en la materia, y el señor Gual, entre otros señores, creyó que en la declaratoria de inviolabilidad de diputados, que tiene hecha el congreso, se envuelve la de los bienes, y que, por lo mismo, debe negársele la licencia que pretende subsidiariamente; también se observó que su pretensión es dirigida a que el congreso reforme la providencia que ha dado, en que le manda ocurrir a donde corresponda a su primera solicitud contra la determinación del administrador principal de alcabalas de Bogotá; y teniéndose presente, además, que aun en el caso de haberse tomado después de su venida alguna providencia que le sea gravosa, él tiene un derecho para reclamarla o pedir restitución, por hallarse ocupado en servicio de la República, se declaró negada la licencia que pide, por mayoría de sufragios; habiendo protestado en esta votación el señor Fernández Soto.

   Leyóse en seguida el informe o representación del vicepresidente de la República, y haciendo el señor presidente una narrativa de los hechos que lo han motivado, manifestó que el poder ejecutivo los desfigura, ya presentándolos por distinto aspecto, ya indicando de facciosos a los representantes que dieron sus sufragios en la resolución comunicada; añadió que es preciso hacerlo obedecer, y que se dé un ejemplo de firmeza para oponer una barrera a la arbitrariedad; que deben precaverse los males que de ella fluirían necesariamente y concluyó encareciendo que es muy notable y escandaloso el tratamiento de facciosos que se da a los diputados.

   Entonces el señor Gómez (Diego), expresando que el asunto que se considera se ha hecho importante por el honor mismo del congreso, hizo estas tres proposiciones, que fueron apoyadas por el señor Azuero: 1a, que la sesión sea permanente; 2a, que las votaciones sean nominales, y 3a, que el papel o comunicación del señor Nariño, que se acaba de leer, se imprima con los discursos que se pronuncien por los honorables miembros del congreso, e igualmente los nombres de las personas, con expresión de sus votos. Fundó la primera proposición en que aunque el asunto de que se trata es un incidente verdaderamente ajeno del congreso, ya que en él ha venido a comprometer su autoridad, se trate por lo menos en una sola sesión para no perder tiempo; la segunda, en que el público debe saber el nombre de sus representantes en todo asunto de importancia, para que de este modo las opiniones y aun las mismas palabras se midan más con la justicia, y los pueblos sepan siempre los motivos que han obrado en las resoluciones; y la tercera, en las mismas razones que la anterior.

   Girado el debate sobre el orden reglamentario que debe seguirse por la calidad y preferencia de los negocios, y habiéndose considerado que los tres proyectos de decreto que se discuten son de la última importancia para la defensa y salvación del país, como también el que este asunto no tenía día señalado, se acordó por el congreso que no se trate en la sesión presente, y entonces el señor presidente señaló para considerarlo el día mismo en que se concluyan los decretos presentados por la comisión de hacienda y guerra reunidas, si hubiere tiempo para ello. Aquí se hizo la moción: "Si el congreso quiere continuar este negocio en sesión extraordinaria", y no fue votada.

   Puesto en discusión el proyecto número 2°, habló el señor Félix Restrepo contra el de la emisión de billetes, calificándolo de ruinoso e inadaptable, y luego hizo las dos siguientes mociones, que fueron apoyadas por los señores Pereira y Carlos Alvarez: "1a, que se comunique al Libertador presidente la resolución tomada por el congreso sobre los 10.000 hombres que ha pedido al vicepresidente de Cundinamarca, con copia de la representación de éste, para que la tenga en consideración en las ulteriores resoluciones; 2a, que se diga al vicepresidente de Cundinamarca, que para limpiar los lugares de gentes perjudiciales aliste con preferencia los vagos, amancebados, aunque sean casados, y jugadores públicos".

   El señor Otero creyó también perjudicial el papel sal que dificulta el cambio o circulación en los objetos alimenticios y de primera necesidad y propuso como preferible el proyecto de emisión de moneda impugnando el de contribución del 1 a 1 1/2%, y quiso que los pueblos de Venezuela contribuyan igualmente al equipamento de los 10.000 hombres que deben alistarse en cuerpo de reserva.

   Aquí el señor presidente recordó la historia de aquellos pueblos, sus sacrificios por la libertad y los que deben estar haciendo para el ejército, que obra contra el enemigo común; y luego descendió a manifestar la conveniencia de los billetes, ya por la corta cantidad que se emite como por la buena hipoteca que queda afecta a la seguridad mientras se amortizan.

   El señor Márquez recalcó más en los inconvenientes que se tocan para la emisión del papel o vales de crédito, si éstos deben ser una moneda exclusiva para las salinas; otros señores aludieron con diferentes razones y desmenuzaron su utilidad y los obstáculos que es preciso vencer; y el señor Tobar (Miguel) observó que los billetes no deben correr en contratos de valor de $1 abajo.

   Habiéndose considerado otras razones por diferentes señores y recordado el señor Barcenas que este proyecto, meditado antes por el congreso de Nueva Granada, encalló para su expedición en los muchos inconvenientes que se encontraron y que precisamente se tuvieron presentes en aquella corporación.

   Pedida por el señor Ballén sesión extraordinaria, dijo el señor Pereira que no debe votarse, hasta que se tenga ésta, el asunto que se discute, porque van a dictarse -añadió- tres providencias que gravitan exclusivamente sobre el departamento de Cundinamarca, y cuyos obstáculos se han tocado, y teme que una resolución semejante sea la espada que corte el nudo de la unión.

   Después el señor Camacho propuso que en lugar de billetes se emita una moneda con 25 o 50.000 arrobas de plata de las iglesias, que puede suplir la presente necesidad, y en seguida se determinó que hubiese hoy mismo sesión extraordinaria, con lo cual se levantó ésta, que se abrió con la asistencia de los siguientes señores diputados: Fernando Peñalver, Ignacio Márquez, Francisco Pereira, Vicente Azuero, Vicente Borrero, Manuel Restrepo, Nicolás Ballén, Carlos Alvarez, Leandro Egea, Antonio María Briceño, Joaquín Plata, José Antonio Bárcenas, José María Hinestrosa, Miguel Santamaría, Diego Gómez, Pacífico Jaime, Juan Ronderos, Miguel Domínguez, Salvador Camacho, Pedro Carvajal, Policarpo Uricoechea, Manuel Baños, Antonio Malo, Bernardino Tobar, Miguel Zárraga, Manuel Campos, Manuel Quijano, Gabriel Briceño, Bautista Estévez, Sinforoso Mutis, Miguel Tobar, Cornelio Valencia, Antonio Mendoza, Luis Mendoza, Ramón Ignacio Méndez, Ildefonso Méndez, Antonio Paredes, Cerbeleón Urbina, general Rojas, Prudencio Lanz, Francisco Otero, Pedro Gual, Alejandro Osorio, Joaquín Borrero, Lorenzo Santander, Mariano Escobar, Joaquín Fernández Soto, Francisco Soto, Casimiro Calvo, José Antonio Yanes, Miguel Ibáñez, José María Castillo, Manuel Benítez, José Ignacio Balbuena.

   El señor presidente dispuso que continuase esta sesión, verificándose a las seis y media de la noche, con asistencia de los mismos señores diputados, y se dio principio con la lectura del proyecto de decreto señalado con el número 2°, y presentado por las comisiones de hacienda y guerra reunidas, en la que se acuerda la emisión de billetes en cantidad de $200.000, pagaderos en las administraciones de las salinas de Zipaquirá, Nemocón y Tausa, y continuó la discusión que esta mañana había quedado suspensa. Varios señores hicieron sus observaciones en favor o en contra del proyecto, no sólo en cuanto a la emisión de los $200.000 en billetes, sino principalmente con respecto a los medios y términos que señala para su circulación, amortización, etc. El señor Quijano renovó la moción presentada por el señor Valencia en la sesión del 15, y el señor Bárcenas hizo también la explanación de las que contiene el papel que leyó y se agrega a esta acta. He aquí su contenido:

   "Que se emitan billetes de cuatro, ocho, diez y seis y veinticinco pesos.

   "Que éstos se reciban como moneda preciosa, sin que por persona alguna se les ponga una traba o condición para recibirlos o se les quiera rebajar de su valor o vender más caro de lo que se daría por moneda contante, bajo la pena que se tenga a bien imponer, y con las explicaciones siguientes:

   "1a Que con billetes sólo de cuatro pesos se haya de comprar en efectos todo su valor, para que de este modo el vendedor no tenga que devolver cantidad; pero siendo dos o más los billetes o acompañándose a éstos los de otros valores, se estará al artículo siguiente.

   "2a Que los billetes se reciban en todos los contratos y ventas, siempre que lo que se contrata o compra cubra la mitad del valor del billete o billetes.

   "3a Que los compradores de sales en Zipaquirá, Nemocón y Tausa paguen las dos terceras partes en billetes y la otra en dinero efectivo.

   "4a Que la persona que compre menos de ocho reales de sal haya de pagar en dinero todo su valor.

   "5a Que en los mercados en que se venden muchas cargas de sal, siendo de una de ocho arrobas y de ahí para arriba la venta, el vendedor recibirá las dos terceras partes en billetes y la otra en dinero, con preferencia al que tenga billetes respecto del que compre con dinero solo.

   "6a Que a los empleados se les paguen los sueldos con dos terceras partes en billetes y la otra en dinero.

   "7a Que estos billetes, para que le sean de un recurso al gobierno, alivio a los pueblos, y para que sirva de un proyecto experimental que manifieste su utilidad y se continúe, o si se nota de perjudicial, que se amortice, ha de durar por dos años renovándose los billetes que se rompiesen o dañasen antes que llegue el tiempo de su amortización; que corra el tiempo o término desde el día en que se dé principio a su circulación, que el gobierno publicará.

   "Que se diga a los pueblos que las necesidades y apuros en que se halla el gobierno por la presente guerra y la de tener que levantar un cuerpo de reserva que lo menos conste de 8.000 plazas, y al mismo tiempo para aliviar a los pueblos y no hacerles el repartimiento de estos $200.000 a la consideración que el congreso ha tenido para decretar provisionalmente esta clase de billetes; y que el congreso espera la más eficaz cooperación en todos y cada uno de los individuos de Colombia, y que recibirán esta medida gustosos, en la que halla el congreso que no recae gravamen, ni el menor perjuicio a los pueblos".

   Después que el silencio que guardaban los señores diputados indicaba que ya el negocio estaba suficientemente discutido, el señor presidente excitó a que cualquiera de dichos señores tomase la palabra sobre la materia, y no habiéndolo verificado se declaró terminada la discusión. Entonces el señor Baños pidió que la votación fuese nominal; pero no habiendo logrado el apoyo que exige el reglamento, se desechó tal solicitud.

   Quería el señor vicepresidente Márquez que el proyecto volviera a la comisión para que, refundiéndolo de nuevo en cuanto al modo de hacer la emisión, establecer su circulación, y acordar su amortización, desvaneciera los inconvenientes que algunos señores habían objetado, lo cual haría en su concepto la comisión muy fácilmente, ya por la sabiduría del autor del proyecto y ya por la instabilidad de dichos reparos, pero el señor Castillo observó que este paso sería infructuoso hasta que la comisión no supiera si habría o no la emisión de los $200.000 en moneda sal.

   Entonces el señor presidente fijó esta proposición:

   "¿Si se emite el papel sal en cantidad de $200.000?", y fue votada afirmativamente por 22 contra 17, salvando sus votos los señores Bernardino Tobar, Fernández Soto, Alvarez, Félix Restrepo, Estévez, Quijano, Vicente Borrero. Ballén y Baños.

   Seguidamente se votó por la afirmativa en otra proposición:

   "¿Se devuelve el proyecto a la comisión para que redacte de nuevo el decreto en cuanto al modo de hacer la emisión según las indicaciones y observaciones que se han presentado en la discusión?".

   El secretario Soto manifestó al congreso la necesidad que había de que pronto se le diera término a este y los demás asuntos concernientes a el que se habían declarado urgentes, y pidió que mañana domingo hubiese sesión extraordinaria, pero el congreso resolvió lo contrario, protestando contra la votación afirmativa dicho secretario y los señores Ballén y Diego Gómez.

   Y con esto se levantó la sesión.

Fernando de Peñalver.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

 

ACTA 44. SESION DEL DIA 18 DE JUNIO

   Se abrió la sesión con la asistencia de los señores Fernando Peñalver. Ignacio Márquez, Francisco Pereira, Vicente Azuero, Vicente Borrero, Manuel Restrepo, Nicolás Ballén, Carlos Alvarez, Leandro Egea, Joaquín Plata, José Antonio Bárcenas, José María Hinestrosa, Miguel Santamaría. Diego Gómez, Pacífico Jaime, Juan Ronderos, Miguel Domínguez, Salvador Camacho, Pedro Carvajal, Policarpo Uricoechea, Manuel Baños, Antonio Malo, Bernardino Tobar, Miguel Zárraga, Manuel Campos, Manuel Quijano, Gabriel Briceño, Bautista Estévez, Sinforoso Mutis, Miguel Tobar. Cornelio Valencia, Antonio Mendoza, Luis Mendoza, Ramón Ignacio Méndez, Ildefonso Méndez, Antonio Paredes, Cerbeleón Urbina, general Rojas, Prudencio Lanz, Francisco Otero, Pedro Gual, Alejandro Osorio, Joaquín Borrero, Mariano Escobar, Joaquín Fernández Soto, Casimiro Calvo, José Antonio Yanes, Miguel Ibáñez, José María Castillo.

   Leyóse el acta de la sesión ordinaria, y con la observación hecha por señor Félix Restrepo sobre que faltaba en la discusión relativa a sacar prontos y eficaces auxilios para la guerra y para adelantar el cuerpo de reserva que se pretende, la reflexión de un señor diputado de que siendo este congreso de Colombia y no del departamento de Cundinamarca, la contribución de los $400.000 que se necesitan y cualquiera otra que se dirija al bien común, debe gravitar sobre toda la extensión de la República; a lo que contestó el señor presidente que se pondría en votación. Con ésta y la advertencia del señor Camacho de haber padecido una equivocación en cuanto al cálculo de arrobas de plata para emitir monedas, y leídas todas las protestas que hubo con el acta de la sesión extraordinaria, se aprobaron ambas, observando en ésta el señor Quijano que faltaba el proyecto de emisión de moneda, que propuso sin el peso ni la ley de ordenanza en lugar del papel sal.

   Leyóse igualmente la comunicación del ministro de la guerra, comprensiva del proyecto de creación de un nuevo departamento, que sirva de centro y base común, y la del vicepresidente de Cundinamarca, sobre envío de caudales para los diputados del congreso y demás objetos que expresa, remitidas, ésta por el ministro de hacienda, y aquélla por el del interior y justicia. La primera se mandó pasar a la comisión de legislación, y que entretanto se conteste que el congreso la ha tomado en consideración.

   También se leyó una representación del mismo vicepresidente de Cundinamarca, sobre la ley de repartición de bienes nacionales y solicitud que en ella se contiene, que se dirigió a la comisión de crédito público.

   El informe de la comisión de peticiones, en laque hace el señor Egea, fue aprobado por el congreso; y la solicitud del señor Malo se acordó concedida la licencia con calidad de temporal, después de una ligera discusión sobre todas las razones que ocurren para no conceder estas licencias sino temporalmente y de un modo compatible con la existencia del congreso.

   Los poderes del señor Domingo Briceño, diputado electo para el congreso general, pasaron a la comisión de este ramo.

   Solicitada por el señor Luis Mendoza decisión sobre si se llama al suplen te de este mismo señor, electo por la provincia de Maracaibo, en razón de que él ha venido por la de Mérida, se votó que pase esta moción a la comisión de poderes.

   Puesto en tercera discusión el proyecto número 3°, manifestó el señor Mutis contrayéndose a él, que la rebaja de derechos que se hace para facilitar la introducción de fusiles, la cree perjudicial, pues la escasez de este artículo que se nota en el país, no nace sino de que no hay dinero con qué pagarlos, porque su comercio es ventajoso para los especuladores, y con asegurar solamente el gobierno por una ley, que los fusiles que se introduzcan serán pagados fielmente con los mismos derechos que causen las ropas que acompañe el introductor, se tendrá con abundancia esta arma. En apoyo de esto, aseguró que el general Montilla trataba de verificar una contrata con mister R. Burkle, de 4.000 fusiles, pagaderos por derechos de introducción, lo que demuestra que no se necesita otro aliciente.

   El señor Gual expuso que su ánimo no ha sido, haciendo la adición del aforo, el que el precio indicado sirva de regla para la compra, sino sólo para  los demás efectos de la ley; lo que en cualquier sentido creyó perjudicial el señor presidente.

   El señor Castillo adhirió a lo adicionado por el señor Gual, expresándose las condiciones convenientes.

   El señor Gómez (Diego) quiso que el aforo verdadero sea el precio por que se les compre, y caso de no venderlos, el que se les dé a estilo de comercio.

   El señor Márquez estuvo por la opinión del señor Mutis, y otros señores que igualmente analizaron varias razones de consecuencia, pretendieron manifestar que el mejor atractivo para los introductores es la venta de los fusiles, la segunda de su precio y la exención de derechos que se deja a este artículo.

   Terminada la tercera discusión del proyecto que se ventila, se votó afirmativamente el artículo 1°, y el 2° también afirmativo por 25 votos contra 24, en estos términos:

   "Si el congreso quiere se haga rebaja de algunos derechos a las mercancías que se acompañen con los fusiles y el plomo que se introduzcan"

   Decidido éste, se fijó la siguiente moción: "¿Si la gracia de derechos es en la cantidad de mercancías que iguale al valor de los fusiles y plomo que se introduzcan?"; verificada la votación, resultó afirmativamente por 37 votos contra 12.

   Aquí el señor Gómez (Diego) hizo la proposición que apoyó el señor Márquez, de que la rebaja sea, no de un tanto por ciento, como dice el artículo, sino de una parte relativa a lo que debe pagarse en razón de derechos.

   Túvose una larga disputa sobre el sentido en que debe extenderse la concesión de la gracia y el modo de fijar una regla equitativa y proporcional que salve el inconveniente de la desigualdad de derechos de importación de los puertos de Nueva Granada y Venezuela.

   La proposición del señor Gómez la contrajo a estos términos:

   "Que la gracia de exención de derechos sea bajando una tercera parte de los que el introductor debería pagar por los efectos cuyo valor sea igual al de los fusiles y plomo introducidos en el mismo buque", pero ella fue negada, y entonces se hizo así la moción, que también resultó negativa:

   "Si la rebaja es la de la sexta parte de los derechos que causen los efectos introducidos y que acompañen los fusiles y el plomo".

   Aquí el señor Tobar hizo moción de diferir este objeto, y se declaró negada.

   Hecha seguidamente otra, "¿si la rebaja es del cinco por ciento?", se puso a votación, y resultó afirmativa por 25 contra 13.

   Pasando al artículo 3° del proyecto, hizo el señor Tobar (Miguel) esta moción, que fue apoyada por el señor Gómez (Diego):

   "Que respecto a que el congreso ha dictado estas leyes por excitación del vicepresidente de Cundinamarca y que por la urgencia de las circunstancias no se ha esperado a que se originen de parte del presidente, autorizado en las ramas de hacienda y guerra, de que se halla inhibido el vicepresidente de la República, se comuniquen a los vicepresidentes de los departamentos, para su ejecución, especificándose los motivos de dichas leyes".

   De aquí se originó un debate sobre si la ejecución se encarga al poder ejecutivo o directamente a los vicepresidentes departamentales para su más pronto cumplimiento.

   El artículo se votó negado, y luego se preguntó por el señor presidente "si se asigna tiempo para la duración de la gracia", y su decisión fue la misma contra 11 votos afirmativos.

   Insistiendo el señor Tobar en que debía votarse su moción, se preguntó igualmente: "si se admitía para discutirse", y resultó negativa la votación, en que protestaron su autor y el señor Gómez (Diego).

   En este acto se propuso al congreso: "Si el proyecto número 3°, que se ha considerado, pasa a la comisión para que redacte de nuevo éste según las observaciones hechas"; y votada afirmativamente se levantó la sesión.

Fernando de Peñalver.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

 

ACTA 45. SESION DEL DIA 19 DE JUNIO

   Se abrió la sesión con asistencia de los señores presidente y vicepresidente Fernando Peñalver, Ignacio Márquez, Francisco Pereira, Vicente Azuero, Vicente Borrero, Manuel Restrepo, Nicolás Ballén, Carlos Alvarez, Antonio María Briceño, Joaquín Plata, José Antonio Bárcenas, José María Hinestrosa, Miguel Santamaría, Diego Gómez, Pacífico Jaime, Juan Ronderos, Miguel Domínguez, Salvador Camacho, Pedro Carvajal, Policarpo Uricoechea, Manuel Baños, Antonio Malo, Bernardino Tobar, Miguel Zárraga, Manuel

   Campos, Manuel Quijano, Gabriel Briceño, Bautista Estévez, Sinforoso Mutis, Miguel Tobar, Cornelio Valencia, Antonio Mendoza, Luis Mendoza, Ramón Ignacio Méndez, Ildefonso Méndez, Antonio Paredes, general Gómez, general Rojas, Prudencio Lanz, Francisco Otero, Pedro Gual, Alejandro Osorio, Joaquín Borrero, Lorenzo Santander, Joaquín Fernández Soto, Casimiro Calvo y José María Castillo.

   Leída y aprobada el acta del día anterior, se leyó el informe de la comisión de poderes sobre los del reverendo obispo de Mérida, electo por Maracaibo para el congreso general.

   Aquí demandó el señor Gómez (Diego Fernando) se tenga a la vista el reglamento de elecciones y se examine cuidadosamente si en este prelado concurren las circunstancias necesarias para representante de Colombia; recordó su tenaz opinión al dogma de la libertad y aun a los americanos y sus censuras y pastorales expedidas, y quiso se llame a su suplente para que venga a incorporarse.

   La misma razón pretendió el señor Méndez debería militar respecto de la provincia que lo ha elegido, y partiendo de otras reflexiones citó el ejemplo de los coroneles Muñoz y Reyes Vargas, que también reprodujeron otros señores.

   Quísose que la calificación se contraiga solamente a los poderes, como se ha verificado hasta aquí, y se interesó mucho la razón política de que haya un prelado como éste en el seno del congreso, mucho más si se atiende al tratado que regulariza la guerra y el armisticio que ha precedido.

   Conviniendo el señor Azuero con la opinión del señor Gómez, manifestó haber oído decir que este prelado no ha querido reconocer el gobierno aun después de la devolución de Maracaibo; descendió a su historia política desde el principio de nuestra lucha, y recordó esa ominosa deferencia de nuestros pasados magistrados que, empeñados en congraciarse con los enemigos de la causa, les dispensaron una funesta protección. Creyó peculiar del congreso la calificación de sus diputados, y graduó de insuficiente o más bien contrario a la libertad la prueba que ha dado el señor Lazo cuando ha desertado de la España en tiempo que ésta camina a instituciones liberales, muy diferente del acto verdaderamente loable de los militares que han abandonado sus banderas comenzando la carrera de su conversión por hechos que convencen de su sinceridad.

   Los señores Ballén, Méndez, Valencia, Fernández Soto y otros, discurriendo por las virtudes morales y cristianas de este pastor, creyeron ser una política verdaderamente saludable la de admitirlo en el congreso, previo el juramento de su fidelidad y reconocimiento; y el señor Campos, analizando las razones ya tocadas en las precedentes opiniones y fijándose en su natural terquedad, creyó no convenir su incorporación en el congreso por las muchas protestas que acaso se verían en él.

   A moción del señor Camacho presentó el señor Gómez la siguiente proposición, que fue apoyada por el señor Mutis: "Que el reverendo obispo Lazo preste ante el gobierno el juramento de independencia y de obedecer al gobierno de Colombia, y que previa esta solemnidad se procederá por el congreso a deliberar sobre su incorporación".

   Continuó un corto debate en que se consideraron las mismas razones que ya se han manifestado en pro y en contra de su admisión, y tomando el señor Castillo la palabra: "juzgo que el prelado de que se trata es un verdadero ciudadano de Colombia que la ha reconocido en el hecho mismo de quedarse dentro de su territorio y de cumplimentar al congreso; atribuyo las dificultades que se oponen a la obra del tiempo y de la educación y de hábitos contrarios al sistema establecido", y adhiriéndose a su incorporación modificó así la proposición del señor Gómez: "Que se le admita prestando un juramento que comprenda el reconocimiento de la independencia, el de la observancia del pueblo, la obligación de defender ambas cosas con todos sus esfuerzos, con sus luces, con el influjo de su dignidad, y con su fortuna, y de desempeñar fielmente las altas funciones de representante y obedecer al gobierno".

   Hecha esta modificación y leído el reglamento de la materia a instancias del señor Gómez, apoyada aquélla por el señor Briceño, pidió el mismo señor Gómez que la votación fuese nominal, y en efecto así se verificó, quedando afirmativamente decidida, sin que hubiese más que tres votos negativos de los señores Santamaría, general Gómez y Diego Fernando, y expresando este último que su oposición era contraída a la admisión en el congreso del reverendo obispo.

   Concluido ya el período que fija el reglamento para presidente y vicepresidente del congreso, se procedió a nuevas eleciones, y después de alguna divergencia de sufragios, resultaron canónicamente electos, presidente el señor Ignacio Márquez, con 25 votos, y vicepresidente el señor Ramón Ignacio Méndez, con 39. El señor Márquez, al aceptar la silla, dirigió la palabra al congreso, y en un corto y reverente discurso manifestó su deferencia, su gratitud y reconocimiento.

   Aquí recordó el señor Santamaría la moción que tiene hecha sobre que se ponga una imprenta a disposición del congreso, que apoyó y modificó el señor Gómez, añadiendo: "Que se diga al poder ejecutivo compre una imprenta que sea propiedad especial del cuerpo legislativo, y el señor presidente, aludiendo a ella, señaló el viernes inmediato para que se trate.

   Procediendo al orden del día, se volvió a leer el mensaje del poder ejecutivo relativo a la causa del general D'Evereux. El señor José Manuel Restrepo tomó seguidamente la palabra, y manifestó el profundo dolor con que dice ha visto la inobediencia del gobierno al primer cuerpo de la nación. Protestó su sinceridad y las sanas intenciones que lo animaron; hizo ver que el congreso debe dispensar su protección al oprimido como una autoridad tutelar y tener mucha consideración con los militares, que son el baluarte de la independencia, y concluyó con que su sentir es se diga al poder ejecutivo que cumpla con lo mandado.

   Siguióse el señor Osorio pretendiendo se fijen los puntos de la cuestión, a lo que se opuso el señor Santamaría, pues en su concepto cada línea del mensaje puede discutirse y considerarse por el congreso; pero queriendo el señor presidente que la cuestión se contraiga a si debe o no sostenerse la providencia de este cuerpo, recordó el señor Peñalver la moción del señor Gómez relativa al mismo objeto.

   El señor Malo juzgó esta moción inadmisible en todas sus partes, y pasando luego a discutir por el contenido del mensaje, atribuyó la inobediencia del poder ejecutivo a que éste juzga la determinación indecorosa para el congreso; analizó menudamente los demás puntos que comprende aquella nota; llamó la atención del congreso a que se examine si el gobierno ha quebrantado alguna ley para la providencia que convenga tomarse; y habiendo insistido el señor Gómez en la sesión permanente que ha pedido, por los fundamentos que expuso en su moción, ofreció no separarse de este dictamen, aunque la permanencia de la sesión no debe entenderse en ésta, que está concluida ya.

   Quedando pendiente la discusión del mensaje para continuarse seguidamente por el orden del día, se concluyó este acto, señalando el señor presidente el día de mañana, a la hora acostumbrada, para la discusión del informe del señor Nariño sobre D'Evereux, y que en ella se decidirían al principio las proposiciones del señor Diego Fernando Gómez.

José I. de Márquez.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

 

ACTA 46. SESION DEL DIA 20 DE JUNIO

   Se abrió la sesión con asistencia de los señores Ignacio Márquez, presidente; Ramón Ignacio Méndez, vicepresidente; Félix Restrepo, Fernando Peñalver, Francisco Pereira, Vicente Azuero, Vicente Borrero, Manuel Restrepo, Nicolás Ballén, Carlos Alvarez, Antonio María Briceño, Joaquín Plata, José Antonio Bárcenas, José María Hinestrosa, Miguel Santamaría, Diego Gómez, Pacífico Jaime, Juan Ronderos, Miguel Domínguez, Salvador Camacho, Pedro Carvajal, Policarpo Uricoechea, Antonio Malo, Bernardino Tobar, Miguel Zárraga, Manuel Campos, Manuel Quijano, Gabriel Briceño, Bautista Estévez, Sinforoso Mutis, Miguel Tobar, Cornelio Valencia, Antonio Mendoza, Luis Mendoza, Ildefonso Méndez, Antonio Paredes, Cerbeleón Urbina, general Gómez, general Rojas, Prudencio Lanz, Francisco Otero, Pedro Gual, Alejandro Osorio, Joaquín Borrero, Lorenzo Santander, Mariano Escobar, Joaquín Fernández Soto, Francisco Soto, Casimiro Calvo, José Antonio Yanes, Miguel Ibáñez, José María Castillo y Domingo Briceño.

   Leída y aprobada el acta del día anterior, se leyó la protesta del señor Azuero, que se agregó a ella. Diose cuenta con los oficios de felicitación del discreto provisor del arzobispado de Bogotá, del cabildo eclesiástico y de los prelados de las comunidades, que se mandaron contestar satisfactoriamenteó y visto el informe del administrador de correos de aquella capital, se pasó a la comisión de hacienda, y a la de poderes se dirigieron los oficios de los señores diputados Blanco y Alcalá.

   Acordóse también que los cumplimientos o congratulaciones de particulares no deben contestarse, y la moción afirmativa se contrajo a la del administrador de correos de Ibagué.

   Aprobado el informe de la comisión de poderes, relativo a la diputación del señor Domingo Briceño en el congreso, entró este señor, y previo el juramento de costumbre, tomó asiento en la sala.

   Leída en seguida la memoria de la comisión permanente de Angostura, su fecha 16 de enero último, se mandó pasar por votación a las comisiones de hacienda y legislación.

   Hecha la moción: "Si el objeto con que se pasa a las dos comisiones referidas es para que informen sobre su contenido", se acordó negativamente y a continuación se hizo esta otra: "Si se dirige sucesivamente a una comisión especial para que informe sobre lo que contiene", y se resolvió por la afirmativa leyéndose luego la representación del señor Marcano, en que reclama su retiro.

   Después se dio cuenta con la nota del ministro del interior y justicia, que contiene adjunto el parte del vicepresidente de Cundinamarca sobre los últimos sucesos de Cartagena y Santa Marta.

   Procediendo al orden del día, se comenzó a tratar la moción del señor Gómez sobre sesión permanente y demás objetos que abraza, y se votó negada la permanencia de la sesión, salvando su veto el autor de la moción y el señor Azuero. Como a ella ha dado lugar el asunto que hoy considera el congreso sobre la causa del general D'Evereux y mensaje del poder ejecutivo, se declaró por mayoría que las votaciones ocurrentes en este negocio deben ser nominales.

   Pasando a la tercera proposición de la moción hecha por el señor Gómez, presentó el señor Zárraga modificada ésta en los términos que siguen: "Que se imprima también todo el expediente con lo más que exige la proposición"; y fue apoyada por varios señores.

   Teniéndose presente las razones que en pro y en contra de la impresión de estos documentos ocurre por las consecuencias que pueden producir un testimonio de las desavenencias suscitadas, ya en seno mismo del congreso, al mismo tiempo que por la gravedad y trascendencia del asunto, creyeron unos señores que para que las opiniones que aquí se manifiestan se presenten con la dignidad y decencia que corresponden, deben sujetarse al criterio de la opinión pública; y otros que, por el contrario, es peligrosa la difusión de unas ideas que pueden producir la discordia, el choque de los partidos y la ruina misma de la República.

   Analizaron los fundamentos del mensaje del ejecutivo y las razones que el congreso tuvo presentes para su determinación; inculcaron los motivos que expresa el gobierno en su referido mensaje y en que apoya su no cumplimiento. Protestaron algunos señores la sanidad de sus intenciones, el objeto saludable a que encaminan sus discursos y las miras de justicia que los han estimulado a sostener unos la dignidad y alteza del congreso, y otros el decoro del gobierno, proponiendo algunos señores transigir el negocio de un modo prudente y por medios de conciliación; y aquí es el acto en que el señor Ramón Ignacio Méndez modificó así la moción precedente: "Que se difiera la moción del señor Gómez para tiempo oportuno", y apoyada por el señor Zárraga, se votó afirmativamente contra los señores Peñalver, Diego Fernando Gómez, Calvo, Azuero, Ballén, Plata, Valencia, Santamaría, Francisco Soto e Ildefonso Méndez.

   Entonces, en acto continuo, se votó y quedó afirmativamente resuelta la moción que se copia: "Si este tiempo es para cuando se decida definitivamente el asunto de que se trata", quedando en ella negativos los señores Castillo, Azuero, Santamaría, Francisco Soto, Plata, Diego Fernando Gómez y Miguel Tobar.

   El señor Hinestrosa, previa una ligera discusión que hubo en este punto, fijó la siguiente moción, con objeto de que en el congreso pueda actuarse más claramente el asunto: "Que se le pida al poder ejecutivo, con sólo el objeto de verlo, el expediente contra el general D'Evereux". Esta la apoyó el señor Malo, y después de un corto debate en que se hicieron observaciones contraídas a que el congreso está bien instruido de los fundamentos de su providencia y del expediente y procedimiento del gobierno, de donde ha originado la presente cuestión, tomó el señor Castillo la palabra y modificó así la moción del señor Hinestrosa: "Que se pidan los autos originales necesarios para tomar en consideración el informe del poder ejecutivo". Votada afirmativamente, quedaron por la contraria los señores Escobar, Jaime, Alvarez, Gual, Restrepo (José Manuel), Campos, Castillo, Plata, Restrepo Félix, Miguel Tobar, Diego Fernando Gómez, Santamaría, Francisco Soto, Joaquín Borrero, Domingo Briceño, Antonio Mendoza, Calvo y Peñalver.

   Continuada alguna discusión sobre la lectura del mensaje y razones o más bien documentos que deben tenerse presentes para la definitiva resolución del negocio, no habiéndose terminado aquélla, y siendo pasada la hora, se levantó la sesión.

José I. de Márquez.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

 

ACTA 47. SESION DEL DIA 21 DE JUNIO

   Se abrió la sesión con asistencia de los señores presidente y vicepresidente Ignacio Márquez, Ramón Ignacio Méndez, Félix Restrepo, Fernando Peñalver, Francisco Pereira, Vicente Azuero, Vicente Borrero, Manuel Restrepo, Nicolás Ballén, Carlos Alvarez, Antonio María Briceño, Joaquín Plata, Antonio Bárcenas, José María Hinestrosa, Miguel Santamaría, Diego Gómez, Pacífico Jaime, Juan Ronderos, Miguel Domínguez, Salvador Camacho, Pedro Carvajal, Policarpo Uricoechea, Manuel Baños, Antonio Malo, Bernardino Tobar, Miguel Zárraga, Manuel Campos, Manuel Quijano, Bautista Estévez, Sinforoso Mutis, Miguel Tobar, Cornelio Valencia, Ildefonso Méndez, Antonio Paredes, general Gómez, general Rojas, Prudencio Lanz, Francisco Otero, Joaquín Fernández Soto y Domingo Briceño.

   Leída y aprobada el acta del día anterior, se dio cuenta con la representación del señor Bárcenas, declarándose negada una moción hecha sobre "si se pasaba a la comisión de peticiones". Se subsiguió una votación, por la cual se le concedía licencia temporal para retirarse del congreso, y habiéndose observado que la mayoría que hubo por la afirmativa no era bastante para hacer una resolución legal, se declaró nula la concesión de licencia en los términos que precedió.

   Leyóse igualmente una solicitud del señor Plata, contraída al mismo objeto, y así ésta como la del señor Campos se reservaron para considerarse el sábado inmediato, y la petición o solicitud instaurada por el señor Marcano se mandó pasar a la comisión de poderes.

   Aquí, después de un corto debate, hizo el señor Gómez la siguiente moción, que fue apoyada por el señor Domínguez: "que todos los asuntos incidentes y que no sean precisamente del resorte del cuerpo legislativo, se traten en sesiones extraordinarias y jamás en las ordinarias, para no perder el tiempo, que debe emplearse en los negocios de su instituto".

   Presentóse seguidamente por el señor presidente esta moción, apoyada por el señor Mutis: "que en cada semana haya tres sesiones extraordinarias". Así mismo presentóse otra moción que, apoyada, se votó afirmativamente, y es: "que el punto de traslación se trate en sesión extraordinaria", y a continuación se señaló el viernes en la noche para que se tenga.

   Leída íntegramente la memoria remitida por la comisión permanente de Angostura, como lo fue el día anterior, y tenida alguna discusión, se fijó la moción que aquí sigue: "Si el mensaje del vicepresidente se pasa a su tiempo a las comisiones a que se mandó pasar la memoria de la diputación permanente, y se contesta al ejecutivo dando razón de su recibo"; votada por la afirmativa, se levantó la sesión.

José I. de Márquez.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

 

ACTA 48. SESION DEL DIA 22 DE JUNIO

   Se abrió la sesión con asistencia de los señores presidente y vicepresidente Ignacio Márquez, Ramón Ignacio Méndez, Félix Restrepo, Fernando Peñalver, Francisco Pereira, Vicente Azuero, Vicente Borrero, Manuel Restrepo, Nicolás Ballén, Carlos Alvarez, Antonio María Briceño, Joaquín Plata, José Antonio Barcenas, José María Hinestrosa, Miguel Santamaría, Diego Gómez, Pacífico Jaime, Juan Ronderos, Miguel Domíguez, Salvador Camacho, Pedro Carvajal, Policarpo Uricoechea, Manuel Baños, Antonio Malo, Bernardino Tobar, Miguel Zárraga, Manuel Campos, Manuel Quijano, Gabriel Briceño, Bautista Estévez, Sinforoso Mutis, Miguel Tobar, Cornelio Valencia, Antonio Mendoza, Luis Mendoza, Ildefonso Méndez, Antonio Paredes, Cerbeleón Urbina, general Gómez, general Rojas, Prudencio Lanz, Francisco Otero, Pedro Gual, Alejandro Osorio, Lorenzo Santander, Joaquín Fernández Soto, Francisco Soto, Casimiro Calvo, José Antonio Yanes, José María Castillo, Domingo Briceño, José Gabriel Alcalá, Félix Blanco.

   Abierta la sesión, no se leyó el acta anterior, por no haberse redactado todavía, y comenzando por el orden establecido, se remitió a la comisión de peticiones la del español Antonio de León, que solicita carta de naturaleza; a la de hacienda la del desembargo que pretende José María Vásquez; y habiéndose aprobado el informe de la de poderes, sobre los señores diputados Blanco y Alcalá, presentado este último en seguida, exhibió el juramento de costumbre, y tomó asiento en la sala del congreso.

   Recibióse una nota del ministro del interior, dirigida a acompañar dos ejemplares del Correo del Orinoco. Pedida por un señor diputado la lectura de la causa del general D'Evereux, que había venido ya del poder ejecutivo, dirigió el señor Gual la palabra al congreso, y protestando ser su principal objeto vindicarse de la nota que se le echa antes que hacer odiosas acriminaciones, analizó por menor los hechos en que se le complica.

   Continuado el debate sobre esta misma materia, se hicieron algunas observaciones sobre el proceso, y los señores Baños, Bárcenas, Malo, Camacho y Antonio María Briceño, dirigieron sus opiniones a que se abra un medio de conciliación que siendo decoroso a la majestad del congreso no sea expuesto respecto del gobierno; lo que contradijo el señor Peñalver reponiendo que irrespetada como está esta convención, no halla un medio conciliatorio que no le sea degradante.

   El señor Méndez, después de haber elogiado las cualidades del señor general Nariño, que ejerce el poder ejecutivo, y creído que el crimen del general D'Evereux es un delito común y no militar, leyó en apoyo de sus ideas un capítulo o capítulos de la ordenanza militar, y concluyó de aquí que es de decirse al poder ejecutivo lleve, como ha debido llevar a efecto, los decretos del congreso en el presente negocio, pues que ellos han sido dictados porque se creyeron justos.

   El señor presidente exhortó por segunda vez al congreso para que conservando la armonía y buena inteligencia que deben reinar entre los poderes para dar consonancia a la marcha de los asuntos y de sus providencias, hizo una proposición, que apoyada al fin, se votó en los términos que se halla consignada en su respectivo lugar.

   En este acto tomó el señor Azuero la palabra, y pretendiendo con los fundamentos que expresó que el asunto debe mirarse por su mismo fondo, después de una ligera digresión, desenvolvió sus principios haciendo ver que siempre cuestiones particulares han sido el origen de actos de ley muy saludables; citó una doctrina de M. Solmé y un capítulo de la constitución española, con el cual quiso manifestar subiendo del origen de la causa, que el poder ejecutivo no debe prender a nadie, sino que esto ha de hacerse por los jueces competentes. Creyó que en ésta se han contravenido las ordenanzas militares, y que en vez de juez fiscal ella debió seguirse en la auditoría general de guerra. Aquí, partiendo de una doctrina de don Marcos Gutiérrez, hizo ver que aún siguiendo las leyes de la monarquía española, el general D'Evereux debió tener una prisión más decente, y analizando otros pormenores de la causa, sostuvo la justicia del decreto del congreso; sin embargo -dijo-, que ulteriormente delibere vuestra soberanía lo que le parezca convenir.

   Impugnando la doctrina del señor Méndez (Ildefonso), y fundándose en la misma ordenanza militar, atribuyó el señor Malo el conocimiento de esta causa al poder ejecutivo por el mismo desafuero en que incurre el duelista.

   El señor Osorio, comenzando por desenvolver los principios orgánicos del cuerpo político, recalcó en que el origen y causa de la tiranía es la reunión de los tres poderes, ya sea en una sola persona, en una particular corporación o en una convención; partiendo de aquí sus observaciones a la causa que se ventila, quiso probar que el congreso se excedió en emitir el decreto pasado al poder ejecutivo, con cuyo motivo tocó los pormenores del proceso. Dijo que la República debe temer muchos males por la funesta protección de un solo hombre que ha osado insultar al gobierno y provocar a duelo al magistrado que lo ejerce. Votó por una decorosa conciliación y aun se opuso a la medida presentada por el señor Márquez.

   El señor Castillo, protestando su imparcialidad y desinterés, se contrajo a aprobar la justicia del decreto. Afirmó que la convención lo puede todo en el sentido que lo pueden los pueblos, y para hacer ver que la reunión de los poderes no mina precisamente el edificio social, citó contra el funesto ejemplo de la Francia, cuyos males atribuyó a las pasiones, el que nos han dado los Estados Unidos del Norte que por algún tiempo no dividieron sus poderes; impugnó que el congreso se haya revestido de facultades judiciales al dictar el decreto que se comunicó al poder ejecutivo, pues para él no precedió un juicio, no hubo secuela de causa ni trámites forenses; tocó nuevamente la irregular, inmunda prisión a que está reducido el general D'Evereux, reprobada por las mismas leyes españolas, y observó que en el papel o mensaje del poder ejecutivo, como se le llama, no se hace otra objeción que la que en él se dice, respecto de la casa que sirve de cárcel o prisión aludiendo a lo que se ha dicho antes que este papel puede mirarse como objetivo de la providencia del congreso. Propuso que el papel vuelva al poder ejecutivo para que lo reforme convenientemente, y discurriendo por los fundamentos del decreto, concluyó que el congreso debe votar estas dos proposiciones: "1a, si ha podido tomar parte en este negocio; 2a, si debe revocar su providencia o no".

   Los señores Ramón Ignacio Méndez y Miguel Tobar, después de una corta disertación, abrieron un concepto sustancialmente conforme con el señor Castillo. El primero, después de una explanación de principios, pidió que el mensaje se vuelva al poder ejecutivo para que lo reforme con alguna expresión sobre el poco decoro con que trata al congreso; y el segundo en contradicción de lo que se ha dicho relativamente a la falta de leyes, recordó los reglamentos que se hallan insertos en el periódico o Gaceta de Bogotá, y leyó una proclama del Libertador Presidente que hace méritos de ellos.

   El señor Santamaría, introduciendo su discurso por las protestas de su sinceridad y de las sanas intenciones con que se ha conducido en el negocio, sin que de ninguna manera se le pueda acusar que ha plegado el ministerio de la secretaría que ejerce en el congreso, ni abusado de su representación en favor del general D'Evereux, después de haber declarado ante la faz del mismo congreso que no quiere ni admitirá nunca destino que no sea de presentar digna y libremente sus opiniones, quiso que el papel que se llama mensaje se vuelva al poder ejecutivo manifestándole la desaprobación de este cuerpo soberano, cuya opinión fue apoyada por el señor Gual.

   Aquí se fijó la proposición del señor Márquez, de que se ha hecho mérito en su respectivo lugar y se puso a votación en estos términos: "Que se diga al poder ejecutivo que el congreso, cuando decretó se diera al general D'Evereux una prisión correspondiente a su grado, fue en cuanto lo permitan las circunstancias; que se le franqueen los auxilios necesarios que admita el actual estado de la causa, y que se le ponga en comunicación con el congreso por medios decorosos sin que haya sido su intención que se presente a la barra, ni jamás haya querido derogar la ordenanza y las leyes, pues antes bien, ha querido que su causa se continúe conforme a ella, para cuyo efecto se devuelve el proceso recordándose al ejecutivo el decoro y dignidad que deben adornar sus mensajes".

   Votada afirmativamente por 32 sufragios, quedaron negativos los señores Osorio, Malo, Gómez (general), Paredes, Urbina, G. Briceño, Ronderos, Gómez (Diego), Azuero, Plata, Castillo, Santamaría y Francisco Soto.

   En este acto el señor presidente señaló el día de mañana para volver a tratar del indulto y con esto, siendo pasada la hora, se levantó la sesión.

José I. de Márquez.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

 

ACTA 49. SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 22 DE JUNIO

   Habiéndose presentado el señor diputado Félix Blanco, tomó asiento en el congreso, previo el juramento de costumbre.

   El señor presidente expuso entonces el objeto de la sesión extraordinaria, que era el de tomar en consideración y resolver lo conveniente con respecto a la traslación del congreso a otro pueblo, puesto que algunos señores diputados deseaban tal resolución. Con este motivo, habiendo tomado la palabra los señores Manuel Restrepo, Castillo, Peñalver, Antonio Briceño, Ignacio

   Méndez y otros, para manifestar que el congreso debía continuar aquí, no obstante que en el concepto de algunos la villa del Rosario no podría ser la capital de Colombia por su falta de recursos, y en seguida el señor Campos, para sostener lo contrario, por esta misma razón, por la poca salubridad del clima y escasez de libros; dicho señor presidente fijó esta proposición: "¿Si conviene que el congreso se traslade a otra parte?", la cual fue volada negativamente por una mayoría de 36 contra 8 votos; y con esto mandó el señor presidente se levante la sesión.

José I. de Márquez.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

 

ACTA 50. SESION DEL DIA 23 DE JUNIO

   Se abrió la sesión con asistencia de los señores presidente, vicepresidente, Ignacio Márquez, Ramón Ignacio Méndez, Félix Restrepo, Fernando Peñalver, Francisco Pereira, Vicente Azuero, Vicente Borrero, Manuel Restrepo, Nicolás Ballén, Carlos Alvarez, Antonio María Briceño, Joaquín Plata, José María Hinestrosa, Miguel Santamaría, Diego Gómez, Pacífico Jaime, Juan Ronderos, Miguel Domínguez, Salvador Camacho, Pedro Carvajal, Policarpo Uricoechea, Manuel Baños, Antonio Malo, Bernardino Tobar, Miguel Zárraga, Manuel Campos, Manuel Quijano, Gabriel Briceño, Bautista Estévez, Sinforoso Mutis, Miguel Tobar, Cornelio Valencia, Antonio Mendoza, Luis Mendoza, Ildefonso Méndez, Antonio Paredes, Cerbeleón Urbina, general Gómez, general Rojas, Prudencio Lanz, Francisco Otero, Alejandro Osorio, Lorenzo Santander, Joaquín Fernández Soto, Francisco Soto, Casimiro Calvo, José Antonio Yanes, Miguel Ibáñez José María Castillo, Domingo Briceño, José Gabriel Alcalá y José Félix Blanco.

   Se aprobaron las actas del día de ayer y se señaló el lunes próximo por la noche para tratar el asunto de renuncia de sueldos del Libertador presidente, y otros que deben verse en sesión extraordinaria para economizar el tiempo.

   El expediente sobre escuelas y oposición del padre guardián de Cali, pasó a la comisión de educación pública, y a la de poderes se dirigió la comunicación  del señor coronel Conde y la excusa del diputado Leiva, los asuntos de la señora Manuela García del Fierro y petición de Francisco Lezana y Encarnacón Pérez; la comunicación del señor Aguiar se pasó a la comisión de poderes.

   En la solicitud de licencia implorada por el señor Barcenas se votó afirmativamente esta proposición: "¿Si se concede la licencia que solicita este señor diputado?".

   Con este motivo y la que pretende el señor Campos, que también se votó afirmativa por mayoría de sufragios, se tuvo una larga discusión en que se consideraron las razones de utilidad pública y otras de congruencia, que exige tenerse presentes la existencia moral del congreso en contradicción de estas repetidas licencias, que tienden directamente a su disolución; y consideradas en seguida las solicitudes de los señores Plata y Osorio, que piden permiso para un retiro temporal, fundados en el arreglo de sus negocios y destinos particulares que ejercen, y que así lo piden, se declararon negadas por votación.

   A moción del señor Gómez Diego Fernando, que presentó en este acto y fue apoyada por el señor José Manuel Restrepo, y admitida a discusión, tenida ésta con la detención que demanda la materia, se decidió por el congreso a mayoría de votos: "que ningún diputado pueda separarse del cuerpo sin una licencia expresa de vuestra majestad".

   Aquí se leyó el informe de la comisión de poderes a que dio lugar lo representado por el señor Mendoza, y se aprobó por mayoría de sufragios.

   Recordada la moción del señor Santamaría, que modificó el señor Gómez, sobre que se haga traer una imprenta, se acordó a continuación: "que se indique al ejecutivo dicte sus providencias para que a la mayor brevedad posible venga una imprenta en que puedan darse a la luz pública los trabajos del congreso".

   Pasado esto, recomendó el señor presidente que es tiempo de tomarse en consideración el indulto general, pues a más de los poderosos motivos que se han tenido a la vista, ahora ha sobrevenido la unión de Venezuela y Nueva Granada, muy lisonjero para toda la República y estímulo verdaderamente digno de manifestar la humanidad y filantropía del primer cuerpo de la nación; y habiéndose puesto a votación por el señor presidente esta proposición, apoyada por el señor Bárcenas, "que se declare ha llegado el momento de la publicación del indulto general", se votó, y resultó afirmativa la decisión, acordándose igualmente que luego que se sancione el indulto se publique sin tardanza y a la mayor brevedad.

   Puestos en tercera discusión los artículos 6° y 7° del proyecto, se hizo moción: "Si entre los delitos expresados se comprende el de malversación de la hacienda pública"; se resolvió afirmativamente, y los dos artículos que se discuten quedaron concebidos así:

   "El término de la duración de este indulto es el de cuatro meses para los que estén dentro del territorio de la República, y seis para los que estén fuera de él, contados desde su publicación en las capitales de provincia, y podrán aplicarlos todos los tribunales de justicia, los jueces ordinarios, con dictamen de letrado, consultando con el tribunal superior, y los respectivos jefes militares"; el artículo 7° lo fue en esta forma: "ningún delito que se cometa después de la publicación de este indulto queda comprendido en él". En tales términos fueron aprobados los dos precedentes artículos.

   Ventilándose si los conspiradores contra la República quedarán comprendidos en el indulto, puesto que no están expresamente exceptuados, y fijándose la consideración en que se excluyen otros delitos que aunque corrompen la moral individual, no son, sin embargo, de tanta gravedad y trascendencia en el orden político, al paso que de ninguna manera es conveniente hacer una sanción contraria al tratado de regularización de guerra, y queriéndose por lo mismo fijar el sentido genuino del artículo, se presentó la proposición de este modo:

   "¿Si se habla de los conspiradores, y de consiguiente quedan exceptuados del indulto sin perjuicio de lo determinado en el artículo 7° del tratado de regularización?".

   Votada ésta resultó decidida por la afirmativa por unanimidad de sufragios.

   El señor Azuero había hecho moción relativamente a los reos sentenciados, y atendida la diferencia que hay entre los que están simplemente sentenciados o caminando para su destino, y los que están cumpliendo sus condenas, se votó afirmativamente la proposición, así:

   "Este indulto se extiende a los procesados y a los que estén en camino para su destino, con tal que no estén ya sufriendo su condena".

   Verificado esto, se determinó que pasen todos los artículos a la comisión de redacción para el fin de su instituto.

   Aquí el señor Gual presentó siete proyectos de ley por vía de moción,   sobre arreglo de rentas, aduanas, marina, y se acordó que se leyesen el lunes a primera hora.

   En este acto se levantó la sesión.

José I. de Márquez.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

ACTA 51. SESION DEL DIA 25 DE JUNIO

   Leída el acta del sábado 23 del corriente, fue aprobada por el congreso. En seguida se leyó la de la sesión del 21, que aún no se había presentado, y mereció la aprobación del cuerpo soberano, previa una muy ligera reforma.

   También se leyeron las protestas de los señores Vicente Azuero, doctor Fernando Gómez, Miguel Santamaría y Francisco Soto, contra la resolución del 22 de este mes, acordada por el congreso sobre el mensaje o informe del vicepresidente de la República, en la causa del general D'Evereux.

   Se dio cuenta de la solicitud que hace el ciudadano Enrique Puyana en nombre y con poder de los vecinos de la villa de Bucaramanga, a fin de que se restablezca la municipalidad que allí había, en consecuencia de las razones que expone, y el congreso mandó pasarla a la comisión legislativa para su informe.

   A la de hacienda se mandó pasar la representación que dirige, apoyada en documentos, la municipalidad de Medellín en la provincia de Antioquia, sobre siembra de anís en aquel territorio.

   A la misma comisión acordó el congreso que pasara la solicitud de Anastasio Velasco, español, vecino de Bogotá, sobre que se le desembarguen sus bienes secuestrados.

   Teresa Picón, natural de Neiva, vecina de Tunja y confinada en la de Casanare de orden del gobernador de aquella provincia, pide al congreso, por diferentes razones, indulto de la pena que sufre, y esta solicitud se mandó pasar a la comisión de peticiones.

   El ciudadano Ignacio Valenzuela, vecino de Maracaibo, ruega al congreso se digne mandar restituirle al dominio y posesión de ciertas casas que le fueron secuestradas en esta capital, y su majestad acordó que esta reclamación pasara a la comisión de hacienda.

   Se leyó y aprobó por unanimidad de sufragios el proyecto del decreto de indulto presentado por el señor Castillo, a quien como encargado de la comisión de redacción se había pasado en la sesión anterior para que lo redactase de nuevo, según las observaciones que se habían hecho. He aquí su contenido:

   "El congreso general de Colombia, deseando señalar con un rasgo de la piedad soberana la época venturosa en que se ha verificado su instalación, tan deseada de los buenos, y consolidado la unión de Venezuela y la antigua Nueva Granada que en adelante deben formar una sola República feliz por la sabiduría de sus leyes constitutivas, poderosa por sus riquezas e inmensos recursos, y responsables por sus virtudes, y por el valor y la constancia que la han conducido a la altura en que hoy se presenta al Universo; y considerando que no puede gozar completamente de la dicha que le prepara este suceso memorable, sin aliviar antes, en cuanto lo permitan las leyes, la política y la situación de la República, la suerte de los desgraciados que gimen bajo el peso de sus crímenes, ha venido en conceder, como por el presente concede, un indulto general a los delincuentes que sean capaces de él y que puedan gozarlo sin que resulte perjuicio a tercero, ni a la causa pública, a fin de poner nuevamente en el camino del honor y de la virtud a todos aquellos que por la debilidad de la naturaleza humana, por falta de luces y por consecuencia de las disensiones civiles hayan sido y estén todavía extraviados de él.

   "En consecuencia ha venido en decretar y decreta lo siguiente:

   " Gozan de este indulto todos los presos que se hallen en las cárceles de la República, siempre que no hayan cometido los delitos de homicidio voluntario, falsificación de moneda, mala versación de caudales públicos, rapto, robo, hurto calificado o simple, incendio, bestialidad, sodomía y desafío.

   " Son también exceptuados de la gracia los conspiradores contra la República, sin perjuicio de lo acordado en el artículo 7° del tratado de la regularización de la guerra.

   " Este indulto es extensivo a los reos fugitivos, ausentes y rebeldes, procesados o no procesados, que en el término de seis meses, si se hallan fuera de Colombia, y en el de cuatro si existen en el territorio de la República, se presenten a cualesquiera justicias, para que, dando éstas cuenta a los tribunales en donde penda su causa, se proceda a la declaración de la gracia.

   " Sólo son comprendidos en el indulto bajo las excepciones del artículo 1°, los delitos cometidos antes de su publicación, y de ningún modo los posteriores.

   " Gozan también del referido indulto los reos no sólo sentenciados, sino también rematados, aunque estén rematados para su destino, con tal que no estén ya sufriendo su condena, y que no lo hayan sido por los delitos exceptuados en los artículos 1° y 2°.

   " El término de la perpetración de los delitos y el que se señala a los fugitivos y ausentes debe contarse hasta y desde el día de la publicación en la capital de la República.

   " El indulto es también extensivo a los desertores de los ejércitos, escuadras, fuerzas sutiles y apostaderos, con tal que se presenten en los términos señalados en el artículo 3°, y que la deserción se haya consumado antes de la publicación de esta gracia en las capitales referidas y en el cuartel general en jefe, y en el divisionario más inmediato.

   " Los desertores que se acojan al indulto en los términos y con las condiciones expresadas, quedan libres de toda pena, pero no de continuar en el servicio.

   " Los desertores deben presentarse a cualquier oficial comandante de destacamento, de cuerpo de plaza o de ejército que resida en el pueblo en que se hallen o en el más inmediato; y en el caso de gran distancia podrán hacerlo a cualquier ordinario o pedáneo, quienes darán cuenta a los jefes respectivos para que se aplique la gracia por quien corresponda con arreglo a las leyes existentes.

   "10. Los esclavos destinados al servicio de las ramas que hayan cometido el delito de deserción, si se hallaren en las provincias en donde residen sus antiguos amos, gozarán de este indulto si se acogen a él, como a los demás desertores; y una vez que les sea aplicada la gracia, elegirán uno de dos extremos: o el de volver a su antigua esclavitud, o el de continuar en el servicio de las armas.

   "11. En fin, el indulto comprende también a los enemigos de la independencia que estando en el territorio de la República se presentaren a jurar fidelidad al gobierno, a los cuales se concederá pasaporte, si lo pidieren, para salir de él dentro de un término proporcionado.

   "12. Comuníquese al gobierno para su publicación y puntual cumplimiento.

"Villa del Rosario de Cúcuta, residencia del congreso, a 25 de junio de 1821 11°

   "El presidente del congreso,

José Ignacio Márquez.

   El diputado secretario,

Miguel Santamaría.

   El diputado secretario,

Francisco Soto"

   Según lo acordado en la última sesión, se leyeron los ocho proyectos de ley presentados por el señor diputado Gual sobre las materias siguientes:

   El primero, sobre derechos de introducción por los puertos de la República.

   El segundo, sobre exención de estos derechos a los efectos que en él se expresan.

   El tercero, sobre nacionalización de buques extranjeros.

   El cuarto, sobre prohibición de la introducción de varios frutos territoriales.

   El quinto, sobre derechos de toneladas.

   El sexto, sobre derechos de introducción de los tabacos extranjeros.

   El séptimo, sobre derechos de extracción de los metales preciosos.

   El octavo, sobre devolución de derechos de introducción concedida a varios artículos introducidos con calidad de exportación.

   Y todos se mandaron pasar a la comisión de hacienda.

   Inmediatamente se leyó el proyecto de decreto sobre alistamiento de 8 a 10.000 hombres, y empréstito de $200.000 entre los pudientes del departamento de Cundinamarca, y se puso a votación artículo por artículo.

   El 1°, 2°, 3°, 4° y 5° se votaron afirmativamente; con respecto a este último, hizo el señor Peñalver la siguiente adición:

   "Que se dividan las cartas de crédito por cuartas partes para facilitar su circulación en el comercio y su recepción en las aduanas, y evitar la complicación de cuenta", la cual, apoyada y discutida, se votó afirmativamente.

   En orden al referido artículo 5°, presentó el señor secretario Soto estotra proposición:

   "Que el documento de crédito presentado en una oficina, y del cual se pague la cuarta parte, se anota por ella, devolviéndosele al acreedor por el ministro que paga, dejando, no obstante, en su oficina la copia y demás requisitos acostumbrados", pero después la retiró porque la tuvo por innecesaria.

   El artículo 6°, a solicitud del señor Félix Restrepo, se dividió en dos partes para la votación. La primera, que dice:

   "Al mismo tiempo el vicepresidente de Cundinamarca pondrá en ejecución los demás arbitrios que se acuerden por ahora y que les serán comunicados", se votó negativamente. La segunda, que expresa:

   "Puede el vicepresidente de Cundinamarca usar de los demás arbitrios que le sugieran su celo y experiencia, según las facultades de que se halla investido", fue votada negativamente, porque una y otra se creyeron innecesarias y acaso peligrosas.

   El señor Peñalver hizo entonces esta indicación que fue apoyada por algunos señores: "que se pague el rédito de estas cantidades que toma el Estado por vía de empréstito"; y después de haber habido sobre ella varias observaciones que pusieron la materia en el mejor punto de vista, fue aprobada por el congreso.

   Se trató luego de saber el interés que debiera pagarse, y el modo como había de serlo, y el señor presidente, según las indicaciones que hicieron varios señores, fijó estas proposiciones, que fueron votadas sucesivamente del modo que se dirá.

   Primera. "Si será este interés el de un cinco por ciento". Negada.

   Segunda. "Si será el de un seis por ciento". Aprobada.

   Que este interés se pague cuando se amorticen los vales o cartas de crédito, fue proposición que igualmente se aprobó, indicándose también que cada vale debería contener la expresión de su primitivo valor y además el del interés del 6%, según el tiempo en que debería amortizarse.

   El artículo 7° se aprobó como está escrito, no obstante haber hecho el señor Miguel Tobar algunas reflexiones que en su concepto exigían que el decreto se comunicase para su ejecución al vicepresidente de Cundinamarca, ya porque a su solicitud había el congreso tomado en consideración este negocio, y ya porque dicho magistrado se halla investido en materias de hacienda y guerra de facultades extraordinarias que no tiene el vicepresidente de la República.

   El señor Félix Restrepo presentó seguidamente esta proposición: "que de la resolución tomada sobre la leva de 8 a 10.000 hombres, se avise al vicepresidente   del Estado con copia de la representación del vicepresidente de Cundinamarca para que la tenga presente en sus resoluciones posteriores", y el señor presidente acordó que mañana se dispusiese de ella.

   Acordó en fin el congreso que el proyecto con las reformas indicadas pasara a la comisión de redacción para que lo presentase de nuevo en su oportunidad.

   Después de esto se leyó el proyecto del decreto presentado por la comisión de hacienda que preside el señor Castillo, sobre la emisión de $200.000 en moneda sal, y el artículo 1°, previas diferentes observaciones, se votó afirmativamente en estos términos: "Se emitirán por el vicepresidente de Cundinamarca $200.000 en libranzas de seis, doce, diez y seis y 24 pesos, contra las salinas de Zipaquirá, Nemocón y Tausa".

   Los artículos 2° y 3° se votaron también afirmativamente, haciéndose al último esta adición: "y superintendente general de hacienda", palabras que deben colocarse a continuación de las otras "por el vicepresidente de Cundinamarca".

   Los artículos 4°, 5° y 6° se votaron igualmente por la afirmativa.

   Sobre el 7° hizo el señor Hinestrosa algunas reflexiones, de las que concluyó debía mandarse que a los empleados se les abone por lo menos la mitad de su sueldo en moneda sonante; pero habiéndose opuesto la consideración de que tal medida por su naturaleza tendía a desacreditar la moneda nueva, se votó afirmativamente dicho artículo, así como está escrito.

   El 8° se aprobó de este modo: "Todo el que rehusare admitirlos en pago de sueldos, deudas, o como precio de las rentas, será castigado irremisiblemente por la primera vez con la pena del duplo, con la del cuádruplo en la primera reincidencia, y con la misma y un año de destierro en la segunda reincidencia".

   Los artículos 9° y 10 fueron aprobados por una gran mayoría, sin discusión.

   Y el congreso acordó pasar de nuevo el proyecto a dicha comisión de redacción para que lo presentase conforme a las variaciones y reformas decretadas.

   Y con esto, por ser ya más de la hora, se levantó la sesión, habiéndose dado cuenta antes de la representación que dirige al congreso el redactor de actas, en que después de manifestarle su reconocimiento por el empleo que se le había conferido, lo renuncia por motivo de sus ocupaciones personales en otros negocios; se resolvió admitir esta renuncia sin perjuicio de que continuase dicho redactor en su oficio hasta que fuese provista la plaza.

José I. de Márquez.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

 

ACTA 52. SESION EXTRAORDINARIA DEL 25 DE JUNIO

   Leída la comunicación del ministro de hacienda, a la que acompaña la renuncia que hace el Libertador presidente de la República, de los sueldos, gratificaciones y pensiones a que tiene derecho en virtud de las leyes, como general en jefe y presidente del Estado, no habiendo ningún diputado tomado la palabra sobre el particular, el señor presidente fijó esta proposición: "¿Si conviene admitir la renuncia que hace el Libertador presidente?".

   Al momento discurrieron sobre ella varios señores diputados elogiando todos el desinterés y generosidad del donante, así como las otras virtudes que adornan su persona; pero algunos, como el señor Ramón Méndez, aseguraba que esta donación, por ser comprensiva de cuanto tenía el general Bolívar, pues que sus ricos patrimonios tal vez ya habían desaparecido, no debía ser admitida, cuya opinión contradijo el señor Azuero, decidiéndose por la admisión de aquel rasgo generoso que debía ser compensado por el congreso con el de autorizar al presidente para tomar lo que fuere suficiente a fin de atender a sus necesidades y procurarse una vida cuya conservación era tan preciosa a la República.

   El señor Castillo presentó entonces la siguiente proposición: "que la cesión de los sueldos ya vencidos y de la asignación que hace la ley como general en jefe, pueda hacerla el Libertador presidente y debe ser aceptada por el congreso; pero que los sueldos futuros y las gracias que pueda merecer a la República no pueden ser renunciados; que así se le conteste publicando su exposición y el decreto satisfactorio que recaiga sobre estos principios". Pero habiéndose objetado por el señor Blanco que el Libertador no renunciaba para lo futuro sino únicamente lo pasado, y que el contexto de su comunicación y documentos adjuntos acreditaban que un motivo de resentimiento era el que obligaba a su excelencia a dar un paso como éste, el señor Gual presentó la siguiente proposición, que apoyada, se votó afirmativamente: "se resolvió

   que bien puede el Libertador Simón Bolívar renunciar ante el futuro congreso los sueldos, gracias y asignaciones que le corresponden por las leyes; pero que teniendo presente su amor por la libertad, su constancia infatigable por defenderla, su integridad y su desprendimiento, jamás podrá renunciar a la gratitud de Colombia, que es su mejor patrimonio".

   A solicitud de los señores Manuel Restrepo y Francisco Soto, acordó el congreso que se impriman la contestación que se dio al Libertador cuando renunció la presidencia de la República, y la resolución actual, precedidas una y otra de su respectiva comunicación, y que todo se haga de la manera más decorosa que sea posible.

   Se leyó después el informe de la comisión de legislación sobre la solicitud del vicepresidente de Cundinamarca en que pide la reasunción de las facultades extraordinarias que le ha delegado el Libertador presidente en materias gubernativas y de hacienda y guerra; y después de haber manifestado algunos señores diputados su opinión negando unos que tuviera legalmente tales facultades ni que se las pudiesen delegar; asegurando otros que sí las tenía, pero que debían restringirse exclusivamente a las provincias que son el teatro de la guerra, y añadiendo otros que tampoco se podía asumir por el congreso semejante autorización, puesto que el presidente la había obtenido en las suyas ilimitadas y absolutas, entre las cuales es la segunda la de poderlas delegar; después de todo esto y de haberse leído los artículos 1° y 2° de la ley de 26 de febrero de 1819, expedida por el congreso de Venezuela, el señor presidente levantó la sesión, designando el día de mañana para la resolución de este negocio.

José I. de Márquez.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

 

ACTA 53. SESION DEL DIA 26 DE JUNIO

   Se abrió la sesión con asistencia de los señores presidente y vicepresidente Ignacio Márquez, Ramón Ignacio Méndez, Félix Restrepo, Fernando Peñalver, Francisco Pereira, Manuel Restrepo, Nicolás Ballén, Carlos Alvarez, Antonio María Briceño, Joaquín Plata, José Antonio Bárcenas, José

   María Hinestrosa, Miguel Santamaría, Diego Gómez, Pacífico Jaime, Juan Ronderos, Miguel Domínguez, Salvador Camacho, Pedro Carvajal, Policarpo Uricoechea, Manuel Baños, Bernardino Tobar, Miguel Zárraga, Manuel Quijano, Gabriel Briceño, Bautista Estévez, Sinforoso Mutis, Miguel Tobar, José Cornelio Valencia, Antonio Mendoza, Luis Mendoza, Ildefonso Méndez, Antonio Paredes, Cerbeleón Urbina, general Rojas, Prudencio Lanz, Francisco Otero, Pedro Gual, Joaquín Borrero, Lorenzo Santander, Mariano Escobar, Joaquín Fernández Soto, Francisco Soto, Casimiro Calvo, José Antonio Yanes, Miguel Ibáñez, José María Castillo, Domingo Briceño, José Félix Blanco, José Gabriel Alcalá, Vicente Azuero y Vicente Borrero.

   Aprobada el acta de la sesión ordinaria del día de ayer, se leyó la de la sesión extraordinaria, y también mereció aprobación del congreso, después de haber observado en cuanto a ella el señor Félix Restrepo que no contenía la exposición que hizo anoche de que cualquiera que fuese la resolución sobre la renuncia del presidente Libertador, relativa a los sueldos y pensiones que debieran pertenecerle por ella, no se debía entender ratificada la ley de repartición de bienes nacionales en favor de los militares.

   Se dio cuenta y leyó una representación documentada que dirige el ilustrísimo señor obispo de Mérida contra el gobernador de Maracaibo porque trataba éste de llevar a efecto la orden del rey de España, en que previno se pagasen los derechos de alcabalas en razón de los contratos celebrados sobre los frutos de bienes de eclesiásticos, y el congreso determinó pasar esta solicitud a la comisión eclesiástica para su informe.

   Se leyó la protesta del señor diputado Domingo Briceño contra la resolución del 23 del corriente en cuanto al decreto de indulto.

   El congreso aprobó el informe de la comisión de poderes, relativos a los del coronel Conde, diputado electo en la provincia de Guayana, y de consiguiente puede ya dicho señor venir a ocupar su lugar en esta sala.

   Se leyó por el señor secretario Santamaría, traducida al castellano, una representación que dirige en idioma inglés, escrita con lápiz, el general D'Evereux desde su prisión, y el señor presidente acordó que se tomara en consideración este negocio en sesión extraordinaria que se tendrá el 27 en la noche.

   El señor Joaquín Borrero manifestó al congreso que era en su concepto bien extraña la conducta del señor Lazo, obispo de Mérida, quien sin haber prestado el juramento de obediencia al gobierno, trataba ya de irse a Venezuela, sin poder adivinar con qué designio, y que esto era tanto más repugnante cuanto que ni avisaba, siquiera por urbanidad, si vendría o no a incorporarse en esta sala en calidad de diputado; y en consecuencia presentó la siguiente moción:

   "Que se diga al ejecutivo que habiendo pasado algunos días después de la comunicación hecha por este cuerpo para su incorporación en él al señor obispo Lazo, sin que haya contestado ni venido a tomar posesión, le prevenga no pase del lugar de San Antonio hasta tanto no quede a cubierto con la autoridad nacional sobre las sospechas que se tienen"; la que apoyó el señor Domingo Briceño, queriendo, sin embargo, que se omitiesen las palabras sobre las sospechas que se tienen, y el señor presidente señaló el día de mañana para tomar en consideración este negocio.

   El señor Félix Restrepo renovó la proposición que hizo ayer para "que se comunicase directamente al presidente de la República la resolución tomada sobre leva de 8 o 10.000 hombres, con copia de la representación del vicepresidente de Cundinamarca", y después de haber declarado admitida y que no era necesario discutirla de nuevo, puesto que sobre ella había rodado una gran parte de la discusión del asunto principal, se votó negativamente dicha proposición. Entonces presentó el expresado señor Restrepo, concebida en estos términos:

   "Que se prevenga al vicepresidente de Cundinamarca aliste con preferencia los vagos, amancebados y jugadores públicos, aunque sean casados", y el señor presidente señaló el sábado próximo para disponer de esta moción.

   Se leyó el decreto número tercero para compra de fusiles y gracia de derechos concedida a las mercaderías que acompañen dichos fusiles, que se había pasado al señor Castillo como encargado de la redacción, y se aprobaron sucesivamente todos y cada uno de sus artículos.

   Leído el informe del señor Osorio y el proyecto de decreto sobre reconocimiento de deuda nacional que se le había encomendado por vía de comisión, pareció mejor que se votase primero el artículo 3° de la ley fundamental, para que si resulta negado se procediese después a la votación de dicho proyecto; y entonces, a solicitud del señor Félix Restrepo, se dividió el artículo en dos partes: la primera, que dice: "las deudas que las dos Repúblicas han contraído separadamente son reconocidas in solidum como deuda nacional de Colombia", se votó afirmativamente por una muy respetable mayoría, protestando sólo el referido señor Restrepo; y la segunda parte de dicho artículo tercero fue igualmente aprobada, resultando por lo mismo innecesario el examen y votación del proyecto del señor Osorio, que dice así:

   "El congreso general de Colombia ha venido en decretar y decreta lo siguiente:

   " La República de Colombia reconoce como deuda nacional la contraída legítimamente con algunos extranjeros o casas de comercio por los gobiernos de Nueva Granada y Venezuela, desde la época de su transformación política.

   " En igual clase reconoce la deuda contraída con los empleados de la República y algunos particulares hijos de ella, que por varios decretos del gobierno se ha mandado reputar como crédito de la nación.

   " Reconocida la deuda como lo queda expresamente por el presente decreto, se procederá a su liquidación para cuando llegue el tiempo de pago.

   " Los bienes secuestrados quedan vinculados especialmente al crédito, y servirán igualmente de garantía todas las rentas de la República.

   "Comuníquese al poder ejecutivo para su publicación, impresión y circulación.

   "Villa del Rosario de Cúcuta, junio 25 de 1821 11°".

   Observándose por algunos señores que el presente congreso no debiera dar un paso retrógrado con respecto a la deuda nacional, que antes bien se hallaba en la urgente necesidad de crear el crédito público, sin lo cual no podía haber independencia ni libertad, y que por lo mismo era preciso señalar un fondo de amortización, presentó el señor Manuel Restrepo la siguiente adición a dicho artículo tercero, ya votado: "El congreso se ocupará inmediatamente en hacer liquidar la deuda nacional, y por una ley asignará los ramos y rentas que deben servir al pago del todo o alguna parte de la deuda", pero aunque fue apoyada por el señor Peñalver, después la retiró su autor para dar lugar a la que presentó el señor Gual, concebida en estos términos: "El congreso general creará un fondo particular de amortización con qué satisfacer el principal e intereses de la deuda nacional, luego que se haya verificado su liquidación"; y en seguida indicó algunos arbitrios que deberían formar dicho fondo como la aducción del 5% de todas las rentas de la República que debiera conservarse en calidad de un depósito sagrado, y las tierras baldías que serán muy productivas, siempre que se establezca una comisión de agrimensura tan necesaria para medir matemáticamente las tierras de los particulares y las del Estado y ahogar de este modo en su cuna el origen de tántos pleitos que hasta ahora han abrumado a los tribunales sobre límites de las propiedades territoriales. Apoyada, pues, dicha proposición, admitida y examinada, se votó luego afirmativamente.

   Se leyeron después los demás artículos de la ley fundamental, y previa la división que se hizo entre los que debían tomarse en consideración y los que ya no tenían fuerza alguna por haber terminado el tiempo de que se contraían, quedaron comprendidos en la primera clase el 7°, el 10, el 13 y 14, empezando inmediatamente su discusión.

   El señor Gual se creyó en el caso de repetir las observaciones que hizo alguna vez sobre la naturaleza de una ley fundamental, que en su concepto no era constitución del Estado, sujeta a las variaciones que podían inducir las circunstancias, sino el conjunto de ciertos principios eternos como el tiempo, a saber: el de la soberanía del pueblo, distribución de los poderes, gobierno representativo, y otros que llegó a indicar, pretendiendo que de ellos se formase la gran carta del pueblo colombiano, y el señor Castillo, explanando estas ideas, las sostuvo y concluyó haciendo esta proposición: "que se promulgue una ley separada de la constitución, que contenga los principios constitutivos de la libertad y unión de los pueblos de Venezuela y de la Nueva Granada".

   Después de estas y otras varias observaciones, se dio por terminada la primera discusión de los artículos 7°, 10, 13 y 14 de la ley fundamental, habiéndose aprobado la proposición que hizo el señor Castillo y apoyó el señor presidente, "que se declare por de la República el pabellón de Venezuela, y que la comisión de legislación informe sobre las armas y cuáles deban ser".

   En este acto el señor presidente mandó leer una comunicación del vicepresidente de la República, relativa al negocio del general D'Evereux, y señaló la sesión extraordinaria de mañana para tomarla en consideración. Y con esto, siendo ya la hora, se levantó la sesión, señalando antes el señor presidente el día de mañana para disponer de la proposición que hizo en días pasados el señor Félix Restrepo sobre libertad de esclavos.

   "El congreso general de Colombia, con el objeto de aumentar los ejércitos de la República, de armarlos convenientemente y de adquirir las armas y municiones necesarias con la mayor economía, ha venido en decretar y decreta lo siguiente:

   "Artículo 1° Todos los fusiles que se introduzcan por los puertos de la República, e igualmente el plomo, son libres de todo derecho.

   "Artículo 2° Toda cantidad de mercancías de un valor igual al de los fusiles y plomo introducidos en los mismos buques, pagarán un cinco por ciento menos en los derechos que actualmente se cobran en las aduanas; las mercancías que excedan al valor igual de los fusiles, no tendrán aquella rebaja.

   "Artículo 3° Para que las mercancías gocen de esta gracia, es necesario que los fusiles que las acampanan sean de recibo por su calidad superior; y así, a la liquidación de los derechos precederá el reconocimiento dispuesto por el jefe militar de la plaza en que se introduzcan.

   "Artículo 4° Los fusiles que resulten de recibo serán pagados fielmente con los mismos derechos que causare cada negociación, y en el caso de que no vengan acompañados de otras mercancías, con cualesquiera otros fondos, de manera que jamás se retarde el pago más de cuatro meses, a menos que el introductor no se convenga voluntariamente en un plazo más largo.

   "Comuníquese al gobierno para su publicación y debido cumplimiento".

José I. de Márquez.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

 

ACTA 54. SESION DEL DIA 27 DE JUNIO

   Se abrió la sesión con asistencia de los señores presidente y vicepresidente Ignacio Márquez, Ramón Ignacio Méndez, Félix Restrepo, Fernando Peñalver, Manuel Restrepo, Francisco Pereira, Vicente Azuero, Vicente Borrero, Nicolas Ballén, Carlos Alvarez, Antonio María Briceño, Joaquín Plata, José María Hinestrosa, Miguel Santamaría, Diego Gómez, Pacífico Jaime, Juan Ronderos, Miguel Domínguez, Salvador Camacho, Pedro Carvajal, Policarpo Uricoechea, Manuel Baños, Bernardino Tobar, Miguel Zárraga, Manuel Quijano, Gabriel Briceño, Bautista Estévez, Sinforoso Mutis, Miguel Tobar, José Cornelio Valencia, Antonio Mendoza, Luis Mendoza, Ildefonso Méndez, Antonio Paredes, general Rojas, Prudencio Lanz, Francisco Otero, Pedro Gual. Alejandro Osorio, Lorenzo Santander, Mariano Escobar, Joaquín Fernández Soto, Francisco Soto, José Antonio Yanes, Miguel Ibáñez, José María Castillo, Domingo Briceño, José Félix Blanco, José Gabriel Alcalá.

   Leída el acta del día anterior, fue aprobada.

   El señor Otero indicó que todos los negocios sobre asuntos eclesiásticos que habían pasado a otras comisiones antes de la creación de la que especialmente conoce de ellos, podían trasladarse a ésta, y así se acordó.

   Se mandó pasar a la comisión de crédito nacional la solicitud del señor García Cádiz, sobre que se le proporcionasen $1.000 en descuentos de los créditos que tiene contra el erario público. A la de peticiones la del señor Francisco Navarrete y compañeros, confinados en Casanare. A la de hacienda, la del señor Alejandro Pabón, en que reclama sus bienes secuestrados.

   Tomó asiento en el congreso el señor Francisco Conde.

   Leído el informe de la comisión de poderes, en que se calificaron de legítimas las razones por las que se excusa el señor Francisco Antonio Aguiar de venir a desempeñar la representación de Maracaibo, se puso a votación, y resultó aprobado. Se leyó el informe de la misma, sobre la exposición del señor Marcano para que se le declarase exento de la diputación que desempeña por la isla de Margarita; y a continuación se leyó una nueva representación, en la que expone la decadencia de su salud, pidiendo licencia para retirarse a Maracaibo a ponerse en curación, la que le fue concedida. Se dio cuenta del informe de la misma comisión que califica por insuficientes las excusas del señor Leiva para no venir al congreso como representante de la provincia de Neiva.

   El señor Joaquín Borrero sostuvo dicho informe, encareciendo la necesidad de obligar a todos al servicio de su patria, y particularmente a aquella clase de individuos que, so pretextos infundados, huyen de todo compromiso para ponerse a cubierto en cualquier evento de la guerra; y contrayéndose en particular a los motivos alegados por el señor Leiva, probó no deberse calificar de legales, y después de una corta discusión, se aprobó el informe de la comisión. Esta materia dio origen a discutir otra vez la obligación en que se halla el congreso para integrarse, mandando venir a los diputados que faltan, fijando el señor Castillo las siguientes proposiciones:

   "1a Que se encargue a la comisión de poderes que con vista de todas las actas de elecciones presente una lista circunstanciada de todos los diputados, principales y suplentes, que están en posesión, y cuáles son los que aún no han venido".

   "2a Que esta lista pase al poder ejecutivo para que les prevenga, de orden de vuestra majestad, que inmediatamente y sin excusa se pongan en camino para esta villa, con excepción de los militares nombrados y de los miembros de las cortes de justicia, declarando que los que se rehúsen a dar cumplimiento serán tenidos, como desde ahora se consideran, malos ciudadanos".

   El autor de la moción la fundó, entre otras razones, en que era necesario desde ahora prevenir los inconvenientes que se seguirían de aparecer la constitución firmada por menos de dos tercios del total de representantes nombrados por los pueblos.

   Algunos señores opinaron que la proposición del señor Castillo no podía ya ser asunto de resolución del congreso por haber acordado el 26 de mayo otra que parecía contraria a ésta.

   El señor Luis Mendoza se opuso a las últimas cláusulas que declaran ya de antemano malos servidores de la República a los diputados que no se prestasen al pronto cumplimiento de la orden del congreso, sin haberlos oído cuando pudieran tener graves inconvenientes para hacerlo, de cuya opinión fueron algunos señores.

   El señor Ballén propuso que se indicase solamente la comunicación de que serían declarados como malos ciudadanos. El señor Hinestrosa añadió que se les declarase sin opción a empleos y destinos de la República, lo que no fue aprobado.

   El señor Tobar (Miguel) discurrió sobre la necesidad de prevenir todo alegato de nulidad en la constitución por falta de firmas, principalmente de diputados de aquellas provincias cuya diputación es muy diminuta o ninguna en este congreso, porque si su instalación se hizo sin el completo de los dos tercios totales se debía a la imperiosa necesidad a que están subordinadas todas las leyes, pero habiendo cesado esta causa para cuando deba sancionarse la constitución, debía también cesar el efecto.

   El señor Castillo añadió que las firmas de los diputados que viniesen, eran por otra parte una ratificación de lo hecho antes. Prolongada la discusión por los inconvenientes y gastos que traía consigo el llamamiento de diputados que se hallan a largas distancias, se dio por suficientemente discutida, y puestas a votación las dos proposiciones del señor Castillo, resultaron aprobadas por una gran mayoría, con la exclusión de las últimas cláusulas que declaran a los diputados que no cumplieron, malos ciudadanos.

   El señor Blanco propuso que no constando haya nombrado sus representantes las provincias de Caracas, Coro y Riohacha, se comunique al poder ejecutivo dé las órdenes competentes para que procedan luego a sus elecciones, como asimismo a las demás provincias que puedan hallarse en el mismo caso. Admitida y discutida, se votó afirmativamente. El señor Yanes reclamó se llamase a los diputados principales que faltan de la provincia de Mérida. El señor José Manuel Restrepo hizo igual reclamación por la de Antioquia, puesto que el señor Santamaría es en el día diputado por Santa Marta.

   El mismo señor Restrepo introdujo la siguiente moción: "Que el congreso tome en consideración la ley y peso de las monedas que actualmente circulan en el territorio de la República, y la de que en adelante se acuñare"; fue admitida a discusión.

   Se leyó el proyecto del señor Restrepo (Félix), sobre medios y recursos para abolir la esclavitud. Discurrieron varios señores sobre la justicia y humanidad de esta medida, pero atendiendo a la gravedad de la materia, opinaron algunos señores debía pasar a un informe de una comisión, siendo de parecer opuesto otros señores por estar bien detallado y propuesto por una comisión que oficiosamente lo había formado.

   El señor Domínguez pidió que antes de entrar en la discusión de este proyecto se declarase si el departamento de Quito tiene o no representación en el actual congreso, lo que no fue apoyado. Se decidió por último unánimemente que debía admitirse a discusión el proyecto del señor Restrepo, dándose por verificada su primera lectura y señalándose el día de hoy para su primera discusión.

   El señor Domínguez presentó una nota comprensiva de la grande extensión de terreno del departamento de Quito, que se halla libre bajo el gobierno de Colombia.

   Siendo la hora pasada se levantó la sesión.

José I. de Márquez.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

 

ACTA 55. SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 27 DE JUNIO

   Reunidos a la hora acostumbrada los señores diputados y formada la sesión, expuso el señor presidente que había llegado el momento de ponerse todo el congreso en comisión para tratar del arreglo de secretaría y de la traslación del cuerpo a otra casa donde pudiera más cómodamente continuar sus trabajos. Erigido pues el congreso en comisión y restituido después a su orden natural a proposición del señor Castillo, se acordó nombrar una comisión de dos individuos que se encarguen de solicitar una casa para las sesiones, en donde haya también las piezas necesarias para la secretaría del congreso; y el señor presidente ofreció que para el primer día se presentará por quienes corresponda, un nuevo arreglo de secretaría, capaz de remediar los males que actualmente se padecen por falta de escribientes y de dar a la oficina toda la organización que debe tener. Precedido lo cual se continuó y terminó la discusión sobre el informe de la comisión legislativa relativo a la solicitud que hizo al vicepresidente de la República el de Cundinamarca para que se reasumiesen por él las facultades extraordinarias e ilimitadas que le había delegado el Libertador presidente; y después de un debate en que por algunos señores se manifestó que, en su concepto, además de ser innecesaria esta ilimitación era sumamente peligrosa y aun podía asegurarse que de ella se había abusado alguna vez; que se había extendido más allá del círculo que se le había señalado, y en fin, que era indecoroso al congreso conservarla en un magistrado cuando al cuerpo tocaba exclusivamente usar de tales facultades; y por otros señores diputados se satisfizo diciendo que nada podía innovarse en el particular, por cuanto el vicepresidente dependía, en el ejercicio de esta autoridad, del Libertador presidente, a quien se le había concedido en calidad de comunicable, porque así lo exigía el interés de la República con respecto a las provincias muy distantes de la residencia del congreso, donde el vicepresidente dirigía las operaciones militares, y porque aún no se había presentado siquiera un proyecto de ley que pudiera sustituirse a las que actualmente rigen en la materia. Después de todo esto y de haberse leído el expediente en cuestión, se aprobó esta proposición que fue fijada por el señor presidente: "¿Si se aprueba el informe de la comisión legislativa?", protestando contra ella los señores Ramón Méndez, Félix Restrepo, Camacho, Escobar y Pereira, siendo la resolución votada por 23 contra 20.

   Se levantó con esto la sesión indicando el señor presidente que el sábado próximo en la noche había sesión extraordinaria en que habrán de tomarse en consideración los negocios que no han podido despacharse en la presente.

José I. de Márquez.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

 

ACTA 56. SESION DEL DIA 28 DE JUNIO

   Se abrió la sesión con asistencia de los señores presidente y vicepresidente Ignacio Márquez, Ramón Ignacio Méndez, Félix Restrepo, Fernando Peñalver, Francisco Pereira, Manuel Restrepo, Nicolás Ballén, Carlos Alvarez, Antonio María Briceño, Joaquín Plata, José María Hinestrosa, Miguel Santamaría, Diego Gómez, Pacífico Jaime, Juan Ronderos, Miguel Domínguez, Salvador Camacho, Pedro Carvajal, Policarpo Uricoechea, Manuel Baños, Manuel Quijano, Gabriel Briceño, Bautista Estévez, Sinforoso Mutis, Miguel Tobar, Cornelio Valencia, Antonio Mendoza, Luis Mendoza, Ildefonso Méndez, Antonio Paredes, general Rojas, Prudencio Lanz, Francisco Otero, Pedro Gual, Alejandro Osorio, Mariano Escobar, Joaquín Fernández Soto, Francisco Soto, José Antonio Yanes, José María Castillo, Domingo Briceño, José Félix Blanco, José Gabriel Alcalá, Vicente Borrero, Miguel Zárraga y Cerbeleón Urbina.

   Aprobadas las actas de las sesiones ordinaria y extraordinaria del día de ayer, introdujo el señor Gual la proposición de que "cuando el congreso se ponga en comisión general, el presidente, al dejar la silla, nombre un presidente que haga guardar las reglas del decoro", fundándola en que la experiencia de anoche acreditaba que para que hubiese algún orden era necesaria esta resolución.

   Se dio cuenta de la solicitud que dirige al congreso el ciudadano Francisco Javier García, escribano del Socorro, pidiendo el título de su oficio, y se mandó pasar a la comisión de peticiones.

   El señor presidente reservó para el sábado próximo la del señor diputado Estévez, contraída a pedir se le admita la renuncia que hace de su diputación o se le conceda una licencia temporal.

   Hizo presente el señor Santamaría el conflicto en que se hallaba por haber sido requerido a interpretar en la causa del general D'Evereux, después que ya por el congreso se había determinado que estuviese con él en comunicación y cuando con su asistencia en calidad de intérprete contribuía indirectamente a eludir esta resolución. El señor presidente quería que la cuestión se mirase desde el punto de vista de si se permitía o no licencia a un diputado para ejercer las funciones de intérprete en una causa criminal, y tal era la opinión de algunos otros señores, pero contraria a los que sostenían que el negocio era saber, como efectivamente anunciaba el referido señor Santamaría, si el general D'Evereux o un reo cualquiera, podía estar en incomunicación con el soberano. Después de un corto debate sobre el particular, fijó el señor Santamaría esta proposición: "que para poder ejercer un acto de justicia y de humanidad en la interpretación de un reo, declare el congreso que ningún individuo en cualquier condición y en cualquier situación en que se halla en la República de Colombia, puede estar incomunicado con el cuerpo respectivo de la nación", la cual fue apoyada por el señor Azuero, y previa una ligera discusión, no fue admitida, votando afirmativamente los señores Ramón Méndez, Ildefonso Méndez, Castillo, Plata, Azuero, Diego Fernando Gómez, Santamaría, Francisco Soto, Joaquín Borrero y otros; y por la negativa, los señores presidente Márquez, Briceño y otros. El señor Gual expuso, después de la votación, que él había estado por la negativa porque la proposición envolvía la monstruosidad de suponer que pudiera estar un momento un reo privado de comunicación con el soberano. Resultó, en fin, desechada la moción por 25 contra 17.

   Leído el proyecto de ley sobre manumisión de esclavos, tomó la palabra el señor Félix Restrepo, y en un discurso elocuente y enérgico pintó con los colores más vivos los males de toda especie que sufren los esclavos, las razones urgentes de justicia que hay para darles su libertad y el bien que resultaría de ello a la República, para lo cual adujo textos de la sagrada escritura y principios elementales de la ciencia política y de la moral. Después descendió a explanar el proyecto sometido al congreso, y a manifestar la exactitud, justicia y tino de que se halla adornado, pidiendo en conclusión que vuestra majestad cumpla el voto de los buenos, llene el deseo de los infelices y satisfaga a la expectación del mundo, que contempla sus operaciones. Varios señores diputados hablaron sucesivamente, tributando las gracias en nombre de la humanidad al venerable defensor de sus derechos conculcados en los esclavos, apoyando el proyecto de decreto y discurriendo sobre todos y cada uno de sus artículos. El señor Castillo pretendía que el congreso declarase previamente: "si quiere aliviar desde ahora la suerte de los esclavos, ocupándose de este negocio; si cree que esto es de su autoridad y propio de la justicia y si este es el momento oportuno de hacerlo, no porque él no estuviese penetrado (continuó diciendo) de la autoridad del congreso, de la notoria justicia de esta resolución y de la oportunidad de pronunciarla sino para evitar que la discusón divagase sobre estos particulares desentendiéndose del contenido del decreto". Pero habiéndose objetado por el señor presidente que en el acto mismo de haberse admitido el proyecto a discusión estaban ya tácitamente pronunciadas, la autoridad del congreso, la necesidad, la justicia y la oportunidad del proyecto de ley, y no era de temer, por consiguiente, la divagación en los discursos, retiró su autor dicha moción previa.

   Al señor vicepresidente, Ramón Méndez, pareció excesiva la calificación de antirreligiosos que se daba a la esclavitud entre nosotros; y para demostrarlo citó al apóstol, quien aconsejó al esclavo de Filemón volviese al servicio de su amo, habiendo manifestado el último grado de celo contra el incestuoso de Corinto y los demás pecadores; y reflexionó que la Iglesia jamás había lanzado sus rayos ni condenado a los poseedores de esclavos; pero el señor Santamaría sostuvo lo contrario, indicando que nuestra religión era de paz y de consuelos, dulce y muy suave, que había sancionado el principio de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, y que este precepto era eludido de cierto modo por el que conservaba en la esclavitud a su prójimo.

   El señor Fernández Soto dijo se hallaba convencido de las reflexiones que había oído en contra de la esclavitud y tan tocado de la suerte miserable de los esclavos, que denunciaban solemnemente desde ahora a todos los suyos por libres de hecho, como que ya lo eran por derecho, para cuando el congreso sancionase la presente ley; y un aplauso universal indicante de la gratitud que merecía este rasgo de liberalidad y de justicia, fue la contestación decorosa y sublime que se dio a la filantropía y la munificencia. Entonces el señor Pereira pidió licencia al congreso para declarar, en aquel acto, libre al esclavo único que tenía y era su criado; y el señor Domingo Briceño protestó que desde aquel instante declaraba también libres a 14 que poseía y que formaban su patrimonio. El señor Fernández Soto volvió a tomar la palabra para manumitir en el acto todos los suyos haciéndolos desde ahora absolutamente libres. El señor Pedro Carvajal dio también libertad al que tiene, y fue seguido del señor Diego Fernando Gómez, que manumitió igualmente a los cuatro que posee; y el señor Bautista Estévez, anegados sus ojos en lágrimas de una dulce ternura, conmovido su corazón al considerarse miembro de un cuerpo que tiene hijos tan ilustres, espíritus verdaderamente filantrópicos, declaró que desde este instante era libre de hecho la única esclava que tenía, estimable por sus virtudes y sumamente necesaria para el desempeño de sus negocios domésticos. Se repitieron, sucesivamente, aplausos sobre aplausos a todos los manumisores y al venerable autor del proyecto de emancipación; pidieron los señores Gual y Ballén que el congreso mismo los felicitase, que se decretara acción de gracias para ellos y que la imprenta diera a entender inmediatamente al público quiénes eran los representantes de Colombia.

   El señor presidente habló entonces y observó que ni Roma, ni Esparta, ni Atenas, ni ninguna república de las recientes podía orgullecerse con mayor motivo que la de Colombia; que sus representantes no se contentaban con amar teóricamente la justicia, lo cual es tan fácil, sino que tenían un placer en cumplir sus saludables preceptos; y que podía esperarse que imitado este ejemplo, mil seres desgraciados renaciesen repentinamente para la libertad y la sociedad.

   Y con esto, siendo mucho más de la hora señalada y declarada ya concluida la primera discusión del proyecto de manumisión de esclavos, se levantó la sesión.

José I. de Márquez.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

 

ACTA 57. SESION DEL DIA 29 DE JUNIO

   Se abrió la sesión con asistencia del señor presidente y vicepresidente Ignacio Márquez, Ramón Ignacio Méndez, Félix Restrepo, Vicente Borrero, Manuel Restrepo, Nicolás Ballén, Carlos Alvarez, Antonio María Briceño, José María Hinestrosa, Miguel Santamaría, Miguel Domínguez, Salvador Camacho, Pedro Carvajal, Policarpo Uricoechea, Manuel Baños, Bernardino Tobar, Manuel Quijano, Juan Ronderos, Gabriel Briceño, Bautista Estévez, Miguel Tobar, José Cornelio Valencia, Antonio Mendoza, Ildefonso Méndez, Antonio Paredes, general Rojas, Prudencio Lanz, Francisco Otero, Pedro Gual, Alejandro Osorio, Joaquín Borrero, Lorenzo Santander, Mariano Escobar, Joaquín Fernández Soto, Francisco Soto, Miguel Ibáñez, José María Castillo, Domingo Briceño, José Félix Blanco, José Gabriel Alcalá, Casimiro Calvo, Sinforoso Mutis, Miguel Zárraga, Cerbeleón Urbina, Pacífico Jaime y José Antonio Yanes.

   Se aprobó el acta del día de ayer, previas las observaciones siguientes: el señor Valencia advirtió que en ella faltaba la expresión de que él también había manumitido el 27 de este mes al esclavo que lo acompañaba en esta capital; el señor Domingo Briceño expuso que su ánimo había sido libertar los esclavos de quienes como de su propiedad podía disponer a su arbitrio, pero no aquellos que constituían parte de la dote de su mujer, o estaban afectos a ellos, los cuales serían cuatro o cinco, pues que éstos ni él debía ni podía hacerlos libres; y el señor Miguel Tobar sostuvo que en la referida acta no se hallaban las razones que él había manifestado sobre el proyecto de manumisión, y en el acto reprodujo algunas de las más principales.

   Precedido esto, continuó la segunda discusión de los artículos 7°, 13 y 14 de la ley fundamental, difiriéndose la del artículo 10 para cuando la comisión legislativa haya evacuado el informe que se le ha pedido sobre las armas de la República, y a la cual también se mandó pasar, a solicitud del señor Quijano, un ejemplar que presentó de la ley del anterior congreso de la Nueva Granada sobre esta materia. No habiendo ocurrido ninguna reflexión que hacer sobre los citados artículos 7°, 13 y 14, se declaró terminada su segunda discusión.

   La moción del señor Domínguez para que se tome en consideración si conviene nombrar una comisión que trate con el pueblo de Guayaquil sobre su incorporación en Colombia, fue puesta en discusión. Se hicieron en cuanto a ella diferentes observaciones que de una parte manifestaban su utilidad y conveniencia y de otra los ningunos perjuicios que podría causar su ejecución, no obstante que a un señor diputado le pareció gravoso inducir con ella el ejemplo de que se hubiese de enviar una comisión para tratar de la incorporación de cada uno de los pueblos de Quito. Terminada la discusión, se decidió por una muy respetable mayoría, "que siendo las miras del congreso de Colombia que sus hermanos de Guayaquil y Quito se incorporen espontáneamente a la República, para cuyo efecto ha dirigido sus armas a procurarles su independencia, se diga al poder ejecutivo nombre una comisión de sujeto o sujetos hábiles en todo sentido para que negocie con dicho pueblo de Guayaquil y demás que se vayan libertando en el departamento de Quito sobre su libre incorporación a la República de Colombia".

   Se leyó el oficio del ministerio de hacienda a que acompaña el del vicepresidente de Cundinamarca sobre la falta que tiene de recursos para remitir los $10.000 que se le han pedido mensualmente por el de la República para dietas del congreso, y del actual oficio se había dado cuenta en una de las sesiones anteriores. Después de varias reflexiones, ya sobre que ciertas personas o empleados que miraban con odio la instalación y permanencia del congreso, podían aumentar sus murmuraciones viendo que consumía en cada mes esta cantidad cuando las dietas no alcanzaban a $6.000, ya sobre que los diputados no podían haber acreditado mayor moderación a la vez que todos los demás empleados, a excepción del Libertador presidente, habían tomado la mitad de sus sueldos, y ellos se contentan con las tres décimas partes, y ya sobre que es un principio innegable que al cuerpo legislativo corresponde examinar y pedir cuenta de los caudales públicos, sobre su inversión y todo lo relativo a esta materia, no sólo cuando los funcionarios han terminado en sus empleos, sino en todo tiempo y circunstancia, sin que por eso se abrogue la naturaleza de un tribunal de residencia, se decidió al fin: "que se conteste al vicepresidente de la República haberse enterado el congreso de la presente comunicación (la cual se ha de pasar a la comisión de hacienda para que informe), y se diga haga imprimir mensualmente la cantidad que consume el congreso en las dietas de los diputados y en sus demás gastos económicos".

   El señor Luis Mendoza, después de haber expuesto los motivos que tenía para ello, pidió que se diera al público una lista de las cantidades que se habían anticipado a los diputados para su venida al congreso, y el señor Yanes apoyó esta indicación. Varias fueron las razones que se adujeron en su favor, razones que todas tendían a conservar el decoro del cuerpo respectivo de la nación, mas sin haberse dispuesto de ella, el señor presidente levantó la sesión, por ser ya la hora señalada.

José I. de Márquez.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

 

ACTA 58. SESION DEL DIA 30 DE JUNIO

   Se abrió la sesión con asistencia de los señores presidente, vicepresidente, Ignacio Márquez, Félix Restrepo, Fernando Peñalver, Vicente Azuero, Vicente Borrero, Manuel Restrepo, Nicolás Ballén, Carlos Alvarez, Miguel Santamaría, Diego Gómez, Pacífico Jaime, Juan Ronderos, Miguel Domínguez, Salvador Camacho, Pedro Carvajal, Policarpo Uricoechea, Manuel Baños, Bernardino Tobar, Miguel Zárraga, Manuel Quijano, Gabriel Briceño, Bautista Estévez, Miguel Tobar, Cornelio Valencia, Antonio Mendoza, Luis Mendoza, Ildefonso Méndez, Antonio Paredes, Cerbeleón Urbina, Prudencio Lanz, Francisco Otero, Lorenzo Santander, Mariano Escobar, Joaquín Fernández Soto, Francisco Soto, José Antonio Yanes, Miguel Ibáñez, José María Castillo, José Ignacio Balbuena, Domingo Briceño, José Félix Blanco, José Gabriel Alcalá.

   Habiéndose leído el acta de la sesión anterior, el congreso tuvo a bien aprobarla. Procediéndose según el orden establecido a examinar las solicitudes sobre negocios particulares, se resolvieron las siguientes:

   El informe de la comisión legislativa sobre la del ciudadano Enrique Puyana, de la cual se ha hablado en las sesiones anteriores, y que estaba contraído a decir que el gobierno haga practicar ciertas diligencias previas para descubrir si Bucaramanga tiene el número de vecinos, fondos de propios y demás cualidades indispensables para el restablecimiento de la municipalidad, y que practicado esto, se devuelva el expediente al congreso para su resolución; fue aprobado en todas sus partes.

   También aprobó el congreso el informe de la comisión de peticiones sobre la del cabildo de Mérida, relativa a la traslación de la catedral de la ciudad de Maracaibo a la otra; sobre que se declaró libre la destilación de aguardiente, se continúe en el gobierno al coronel Paredes, y se agreguen algunos pueblos a su provincia, no habiendo tenido lugar la proposición que hizo el señor secretario Soto, concebida en estos términos:

   "Que en cuanto al punto de traslación la municipalidad a Mérida ocurra al gobierno para que allá se siga el expediente hasta ponerlo en estado de resolución; y que en orden a los otros tres puntos se apruebe el informe".

   Igualmente aprobó el congreso el de la comisión de hacienda en la solicitud del administrador general de correos de Bogotá, en que pide una nueva sanción de las ordenanzas y reglamentos del ramo; con motivo de este negocio, el señor Blanco presentó la siguiente moción: "que se declare franca de porte la correspondencia oficial y particular de los diputados", fundándola su autor en la miserable asignación diaria que se les ha hecho en otros cuerpos de igual naturaleza, y en que las más veces la correspondencia es promovida por las respectivas provincias y sobre negocios puramente legislativos o del resorte de la representación nacional, en que sólo entienden los diputados en calidad de tales y no como particulares. El señor Peñalver apoyó esta proposición, y el señor presidente señaló el lunes próximo para disponer de ella.

   Leída una comunicación de esta fecha, dirigida por el ministro del interior, en que transcribe la del Libertador presidente, relativa a proponer al general de división Rafael Urdaneta para el próximo ascenso de general en jefe, se mandó pasar a la comisión militar para su informe.

   Aprobó el congreso el que dio la comisión de arreglo de secretaría, en que propone para oficial redactor al ciudadano Antonio Caro, y un aumento de los sueldos de los oficiales segundo y tercero, distribuyendo al segundo el destino de archivero, que ahora desempeña el portero de la sala.

   Se leyó el decreto sobre alistamiento de 8 a 10.000 hombres y empréstito de $200.000 en el departamento de Cundinamarca, presentado por el señor Castillo para su nueva redacción, y el congreso lo aprobó, no obstante las dudas expuestas por el señor Diego Fernando Gómez, apoyadas por otros señores y contraídas al artículo 4°, porque en su concepto ni un acreedor era obligado a recibir en pago una carta de crédito, vendría a resultar tal vez que sobre el primer préstamo hecho al Estado tendría otro, y de consiguiente a empeorarse su condición, pues que se creyó que el pago con la carta no era forzoso antes de estar vencido su plazo, ni tampoco el decreto destruía la esencia y las condiciones de los mutuos.

   También se aprobó la nueva redacción del decreto sobre comisión de las Libranzas de sal, en cantidad de $200.000, previa una ligera corrección de un yerro puramente de pluma, y uno y otro decreto se mandó que se comunicase al gobierno.

   Impuesto el gobierno de la solicitud del señor diputado Estévez para que se le admita la renuncia que hace de su representación o se le conceda una licencia temporal por los motivos que expresa y que él esforzó de palabra, se declaró negada, bajo uno y otro respecto.

   Habiendo el señor presidente insinuado, a solicitud del señor Castillo, que los diputados sean más exactos en su asistencia al congreso, y que cuando no puedan hacerlo cumplan con avisarlo, según está prevenido en el reglamento interior, hizo con este motivo el señor Fernández Soto la moción de que "a los diputados que no asistan sin causa reconocida y calificada por el presidente del congreso, se les descuente la dieta", la cual fue apoyada por los señores Diego Fernando Gómez y otros, y se asignó el lunes próximo para que se disponga de ella.

   Se empezó después la segunda discusión del proyecto de manumisión de esclavos, haciéndose artículo por artículo, y quedó terminada la de los dos primeros. En el curso de dicha discusión se hicieron varias indicaciones. La primera fue la del señor Peñalver, reducida a que el congreso arbitrase un medio de sustituir las hipotecas que se han impuesto en algunas esclavitudes en favor de determinadas acreencias, puesto que la libertad de los partos al cabo de ciertos años extinguiría semejantes hipotecas. La segunda fue del señor Ildefonso Méndez para que se previniese a los dueños diesen una educación moral y política a los niños hijos de esclavos, además de la educación física que debieran procurarles. Y la tercera, del señor Manuel Restrepo, apoyada por el señor Azuero, a fin de que dichos niños no salgan del poder de los amos de sus padres hasta que no tengan 20 años de edad, queriendo también el señor Miguel Tobar que continúen en calidad de libertos hasta el caso de que se verifique una de las causas que asignan las leyes para la emancipación de los hijos de familia.

   Al terminar su discurso el referido señor Tobar, produjo [emitió] ciertas expresiones que merecieron el aplauso de algunos diputados, significado por medio de palmoteos. El señor presidente reclamó entonces el orden, pero el señor Domínguez replicó que no se había quebrantado, y que tal demostración era propia de toda corporación representativa. Entonces el señor presidente fijó esta proposición: "que en adelante no se signifique de aplauso por medio del palmoteo", y fue apoyada.

   También se acordó que al tiempo de continuarse la discusión de esta materia se lea la memoria presentada hoy por el señor Pereira, y que le fue remitida por la provincia que lo ha elegido diputado en congreso.

   Y en este acto, siendo ya la hora señalada, se levantó la sesión.

José I. de Márquez.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

 

ACTA 59. SESION EXTRAORDINARIA DEL 30 DE JUNIO

   Reunido el congreso a la hora acostumbrada, se dio principio a la sesión con la lectura del último oficio del vicepresidente de la República, relativo a la causa del general D'Evereux, en el cual dice va a satisfacer el contenido del último decreto de su majestad, artículo por artículo.

   El señor presidente, observando el silencio que reinaba en la sala, propuso se dijera al ejecutivo quedaba enterado el congreso de su citado oficio; pero el señor secretario Soto, tomando la palabra, fijó esta proposición:

   "Que se diga al ejecutivo informe para la primera sesión del congreso si ha dado cumplimiento al decreto que por segunda vez se le ha comunicado, relativo al general D'Evereux", la cual fue apoyada por el señor Azuero.

   En seguida hablaron los señores Antonio Briceño, Osorio, Fernández Soto y Santander en favor de la primera proposición, y en contra de ella los señores Castillo, Peñalver, Santamaría y Miguel Tobar, haciendo éste la siguiente indicación:

   "Que se diga al ejecutivo no ha satisfecho el último punto sobre comunicación que debe dar al procesado con el congreso, porque todos y cada uno deben tenerla con el soberano, sean quienes fueren, y que es una extravagancia asegurar que teniéndola con el congreso, la tiene ya con la villa del Rosario como se dijo en el mensaje".

   Había tomado ya la palabra el señor Azuero, pero fue interrumpido por el señor presidente, quien tuvo a bien levantar la sesión, a causa de que la discusión se iba prolongando demasiado y ya eran las nueve y media de la noche.

José I. de Márquez.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

 

ACTA 60. SESION DEL DIA 2 DE JULIO

   Se abrió la sesión con asistencia de los señores presidente, vicepresidente, Ignacio Márquez, Ramón Ignacio Méndez, Félix Restrepo, Fernando Peñalver, Francisco Pereira, Vicente Azuero, Vicente Borrero, Manuel Quijano, Pedro Carvajal, Cornelio Valencia, Miguel Domínguez, Joaquín Fernández Soto, Manuel Restrepo, Carlos Alvarez, Mariano Escobar, Antonio María Briceño, Domingo Briceño, Gabriel Briceño, Luis Mendoza, Antonio Mendoza, Sinforoso Mutis, Ildefonso Méndez, Pedro Gual, Miguel Santamaría, Diego Fernando Gómez, Joaquín Plata, Francisco Otero, Miguel Ibáñez, Salvador Camacho, Manuel Baños, Miguel Zárraga, Bautista Estévez, Juan Ronderos, Pacífico Jaime, Nicolás Ballén, José María Hinestrosa, Miguel Tobar, Francisco Soto, Casimiro Calvo, Bernardino Tobar,

   José Antonio Yanes, Antonio Paredes, Cerbeleón Urbina, general Rojas, José Gabriel Alcalá y José Félix Blanco.

   Leída el acta de la sesión ordinaria del 30 de junio próximo, observó el señor Domingo Briceño que en ella faltaba la expresión de varias reflexiones que produjo [hizo] en apoyo de las del señor Luis Mendoza. He aquí su contenido en los términos siguientes:

   Dijo que habiendo oído los varios discursos de los honorables preopinantes, advertía en ellos un calor que ya tocaba en entusiasmo para aliviar una parte oprimida y degradada de la humanidad, al mismo tiempo que se olvidaban de los derechos y justicia que asistía a otra parte de la misma humanidad, que aunque no degradada, era desgraciada y compasible, y son los propietarios de esclavos en la época presente; que advertía una diferencia a todo medio propuesto de aniquilar la esclavitud aunque se vulnerase la justicia, la política, el derecho público y de gentes, y que por tanto no podía omitir el aparecer por patrono de los propietarios y abogar por la parte más débil en la presente cuestión, ya fuese para conservar los derechos de éstos o para que en caso contrario brillase más la resolución de su majestad, y porque habiendo salido de la clase de amo por la general manumisión que había hecho oportunamente el día anterior, en este soberano congreso, de todos los esclavos de su propiedad, aparecía más imparcial en su discurso, el que apoyó manifestando que jamás se debía hacer un mal por hacer un bien, que el propietario a quien se le privaba de la potestad dominica en los pactos, se le privaba de una propiedad legalmente adquirida, aprobada por todas las naciones de la tierra en el transcurso de muchos siglos, y aunque persuadido de la eterna injusticia de esta triste sanción de la debilidad humana, juzgaba también de justicia al particular poseedor de buena fe y que por desgracia ha constituido su subsistencia y el fruto de sus trabajos, su riqueza; en fin, funesta adquisición muy digna de la compensación para poderse libertar el vientre. Añadió que llegaba a su colmo la injusticia en pretender que el amo quedase obligado a alimentar el niño libre que nació de su esclava y darle maestros y enseñanzas, según algunos preopinantes, reteniéndolo hasta la edad de 16 años; y después de haber hecho una demostración práctica de que los amos que gozaban de todo el dominio y usufructo hasta el día, libertando las madres fecundadas, se ahorraban de duplicar los gastos de su valor, y que si no se veía realizar este cálculo, era debido a la falta de policía en la servidumbre libre, como igualmente el sostén de la esclavitud en las haciendas, pues casi no hay hacendado que no conozca los menos gastos y mayores ventajas que les resulta de trabajar con jornaleros libres, y no invertir esos grandes capitales en esclavitud. Tocó también los males que traía a la República todo proyecto paulatino de libertad, porque prendida la chispa eléctrica en los esclavos, de su futuro bien, ciertos ya de que sus amos han obrado mal, nadie podrá detenerlos para que no den el último paso, leyes, reflexiones, etc., no obran en estos casos, y por tanto pidió dicho señor Briceño que se anotase su voto para que se tenga presente en la sanción del reglamento que se discute, y es: que es más conveniente la libertad simultánea con tal que le preceda un reglamento de labradores para que se fijen cuadrillas, y que se circunscriba a los libertos a trabajar a sus patronos por tiempo limitado, dejando en ellos cierta porción de sus salarios por indemnización de su valor.

   Precedido esto, mereció dicha acta la aprobación del congreso.

   Se dio cuenta y leyó una comunicación del ministerio de hacienda a la que acompaña varios informes o datos que se habían pedido al ejecutivo en esta materia (véase la sesión del día 28 de mayo). Se dio cuenta del informe del reverendo obispo de Mérida en satisfacción del que antes se le ha pedido sobre la traslación de la silla episcopal, y el señor presidente reservó su lectura para una sesión extraordinaria.

   A la comisión de peticiones se mandó pasar la solicitud de María de Jesús Luján, que se dice vecina de Anserma, y confinada en la ciudad de Bogotá por orden del gobernador del Cauca, y a la de poderes la del señor don Miguel Peña, relativa a los que ha obtenido por las provincias de Barcelona y Margarita para su incorporación en el congreso.

   Se dio cuenta haber evacuado la comisión legislativa los que se le han pedido sobre los de la municipalidad de la ciudad de La Plata y vecindario de Zapatoca, relativo el primero a límites jurisdiccionales, y el segundo a creación de municipalidad en el referido pueblo de Zapatoca, y el señor presidente reservó su lectura para sesión extraordinaria.

   Previa la ligera discusión que exige el reglamento de proceder sobre la moción del señor Blanco, presentada en la sesión última, para que el congreso declare franca de porte la correspondencia oficial y particular de los diputados, resultó no admitida contra 19 votos que hubo por la afirmativa, protestando contra la resolución de dicho señor Blanco.

   Empezada la discusión de la proposición que hizo en la sesión última el señor Fernández Soto para que no gocen dieta los diputados no asistentes al congreso, sin previa manifestación de causa legítima, el señor Félix Restrepo pidió que se difiriese este negocio para cuando vuelva a observarse que los diputados no asisten oportunamente a las sesiones cuya proposición, que apoyó el señor Peñalver, fue aprobada por el congreso.

   Continuó la discusión segunda del proyecto de manumisión de esclavos, y sin haberse presentado observación alguna, porque ningún diputado quiso tomar la palabra, se declaró terminada esta segunda discusión con respecto a los artículos 3° y 4° del mismo proyecto.

   En cuanto al artículo 5°, hizo el señor Manuel Restrepo esta adición: fuera de la provincia, cuyas palabras deben colocarse después de las otras que prohiben la separación de los hijos de los padres y la de los casados, para que se entienda prohibida fuera de los límites de la respectiva provincia; y no ocurriendo otra reflexión, se dio por terminada igualmente la segunda discusión de este artículo, y la del 6°, sobre el cual no se hizo ninguna observación.

   Antes de empezar la del 7°, se leyeron, a solicitud de varios señores, el decreto del último congreso de Venezuela y la memoria que había presentado el señor diputado Pereira, uno y otro sobre la materia. El señor Mutis quería fuese absoluta la prohibición de introducir esclavos en el territorio de Colombia, fuera cual fuere el motivo de la introducción. El señor Peñalver pretendió se asignase el término de un año contado desde la introducción, para que pasado él, se tuviese por libre el esclavo que se hubiera introducido, no por vía de negociación sino en calidad de sirviente.

   El señor secretario Soto pidió que se añadiera un artículo sobre los esclavos fugitivos que se acojan al territorio de la República, y el señor presidente, con este motivo, presentó en calidad de adicional el artículo 50 de los dispositivos del decreto acordado por el congreso de Venezuela; y el señor Castillo hizo las siguientes indicaciones: primera, que se prohiba la introducción de esclavos de cualquier manera que se intente; segunda, que los fugitivos sean expelidos; tercera, que no se permita desembarcar a los que en cualquier número vengan por vía de negociación; cuarta, que prohibiéndose que ninguno pueda traer como sirviente doméstico más de un esclavo, se prohiba también la enajenación de éste en el país, y se haga entender al introductor la obligación que tiene de reexportarlo, dando para ello las debidas seguridades; y con esto se dio por terminada la segunda discusión del artículo 7°.

   En este acto dio cuenta la secretaría de que los señores de la comisión de constitución acababan de presentar el proyecto que habían formado, y que sometían ahora a la consideración del congreso. El señor presidente mandó que se leyera, después de haberlo sido el discurso preliminar que acompaña a dicho proyecto, y en el cual la comisión expone los motivos que ha tenido para no adherirse al que antes había presentado el vicepresidente de la República y para proponerse como tipo el del congreso de Venezuela. Leído el indicado proyecto, se declaró admitido a discusión por unanimidad de votos.

   Después de esto hizo el señor Manuel Restrepo la moción de que la primera discusión se tuviera por títulos, la segunda por secciones y la tercera por artículos, pues que de este modo se conciliaba el buen método con la mayor brevedad posible; y esta proposición fue apoyada.

   El señor Carvajal hizo la de que hubiese por la noche sesiones con el objeto de que se adelantase más en la importante obra de la constitución; y el señor Azuero ofreció, como individuo de esta misma comisión, que los señores que la componen se encargarían de recoger las principales observaciones que se hicieran en la discusión sobre esta materia.

   El señor secretario Soto pidió que pues no había por desgracia una imprenta regular en esta capital, se mandase copiar diez ejemplares, por lo menos, para que los puedan consultar los diputados, distribuidos en secciones; pero habiendo observado el señor Mutis que tal vez podrá darse a luz la constitución en esta pequeña imprenta, se encargó de hacer en el particular las indagaciones necesarias.

   El señor Peñalver pidió que de cada sesión ordinaria se destinasen las tres primeras horas para discutir la constitución, y las otras para los demás asuntos, y precedido todo esto, se continuó la discusión de la ley sobre manumisión de esclavos por los artículos 8° y 9°. En cuanto al último, presentó el señor Castillo la siguiente indicaciónó que sea una medalla de plata para los que manumitan diez esclavos, y de oro para los que manumitan todos los suyos, poniéndose en ellas esta inscripción: "Ciudadano benemérito de la humanidad", la cual fue apoyada por varios señores.

   Terminada la segunda discusión de los artículos 8° y 9°, se pasó a la del 10°, en la cual hizo el señor Azuero la indicación de que esta manda forzosa no fuese para el tiempo de la muerte, sino pagadera todos los años, y el señor Peñalver, que alcanzara al 5%. El señor Mutis quería que los esclavos manumitidos trabajasen el año siguiente a su manumisión en favor de la libertad de los otros, y que éste sea un fondo especial de manumisión. El señor Castillo presentó esta proposición:

   "Que se aplique a la manumisión de esclavos las llamadas mandas forzosas; un 5% del total del quinto de los bienes que heredan los descendientes; el mismo 5% del tercero y quinto de las herencias que pasen a herederos laterales; más dos reales anuales por cada esclavo de hacienda y minas desde la edad de 14 años hasta la de 55, y el doble por los domésticos de las mismas edades".

   Y habiéndose suspendido la segunda discusión de este artículo 10, se levantó la sesión, por ser ya más de la hora acostumbrada.

José I. de Márquez.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

ACTA 61. SESION DEL DIA 3 DE JULIO

   Se abrió la sesión con asistencia de los señores presidente, vicepresidente, Ignacio Márquez, Antonio María Briceño, Félix Restrepo, Fernando Peñalver, Francisco Pereira, Vicente Azuero, Vicente Borrero, Manuel Restrepo, Carlos Alvarez, Pedro Carvajal, Manuel Quijano, Mariano Escobar, Miguel Domínguez, Cornelio Valencia, Bautista Estévez, Juan Ronderos, Manuel Baños, Miguel Zárraga, Joaquín Fernández Soto, Francisco Soto, Miguel Santamaría, Diego Fernando Gómez, Joaquín Plata, Miguel Tobar, Francisco Otero, Miguel Ibáñez, Salvador Camacho, Sinforoso Mutis, Ramón Ignacio Méndez, Luis Mendoza, Antonio Mendoza, Lorenzo Santander, José María Castillo, Pedro Gual, Ildefonso Méndez, Nicolás Ballén, José María Hinestrosa, José Antonio Yanes, Casimiro Calvo, Cerbeleón Urbina, Gabriel Briceño, general Rojas, Antonio Paredes, Miguel Peña, Gabriel Alcalá, José Félix Blanco, Joaquín Borrero, Domingo Briceño, Bernardino Tobar y Pacífico Jaime.

   Leída el acta de la sesión anterior, fue aprobada por el congreso.

   Enterado su majestad del informe de la comisión de poderes sobre los del señor doctor Miguel Peña, diputado por las provincias de Barcelona y Margarita, en el cual se manifiesta que debe ocupar un lugar en el congreso, prefiriendo el nombramiento que obtuvo en la isla de Margarita como provincia más distante, fue aprobado dicho informe, y en su virtud se mandó avisar al interesado para que personalmente se presentara en la sala.

   Se dio cuenta y leyó la felicitación que dirigen al congreso los alcaldes ordinarios de Barranquilla, en la provincia de Cartagena, en su nombre y en el de aquella municipalidad, y se mandó contestar satisfactoriamente por medio de la secretaría.

   El señor presidente acordó reservar para sesión extraordinaria la lectura del informe del señor Mutis sobre la comisión que se le dio para solicitar otra casa donde se tuvieran las sesiones.

   El mismo señor Mutis dio cuenta, de palabra, del éxito que ha tenido su indagación para imprimir en esta villa el proyecto de constitución; aseguró que cada dos días podría imprimirse un pliego, y que el impresor calculaba ocho pliegos por toda la obra, de manera que el gasto podría importar, fuera del papel, la cantidad de $60 a $80. Habiéndose observado la economía que resultaría al fin de adoptar esta medida y la ventaja de que dentro de poco tiempo hubiese el número suficiente de ejemplares para que los pudiesen consultar cómodamente los señores diputados, fijó el señor presidente esta proposición:

   "Que se manden imprimir 200 ejemplares del proyecto de constitución, haciéndose los gastos de los fondos comunes"; y puesta a votación, resultó negada. Entonces manifestó el señor Hinestrosa que la negativa provenía del número que se había designado; que si se disminuía, probablemente sucedería lo contrario, y que en todo caso se votase por partes la primera proposición. Propuesta pues la cuestión en estos términos: "si se mandan imprimir cien ejemplares", fue aprobada y también la adición que presentó el señor Castillo para que "se imprima igualmente y por separado el discurso preliminar que la comisión acompañó a su proyecto". La segunda parte de la proposición fue votada afirmativamente, habiéndose concebido en estas palabras.

   "Que los gastos de la imprenta del proyecto y del discurso preliminar se hagan de los fondos comunes", protestando contra ella el señor Ballén de Guzmán.

   Pasado esto entró el señor Peña, y habiendo prestado el juramento de costumbre, tomó asiento en la sala.

   Procedióse en seguida al nombramiento de presidente y vicepresidente del cuerpo, por terminar en este día las funciones de los señores que ejercen estos destinos, y después de varias votaciones, resultó elegido para el de presidente el señor Márquez con 28 votos, y nombrado vicepresidente el señor Antonio Briceño, presbítero, por 37 votos. El primero, con un enérgico discurso, manifestó al congreso su reverente gratitud y los deseos que le animaban por el acierto de las resoluciones del cuerpo y por el de su propia conducta.

   Leyóse después la introducción y el título primero del proyecto de constitución. Se hicieron sobre su contenido varias observaciones. Querían algunos señores diputados que se sustituyese al nombre de Colombia el de Estados Equinocciales, porque en su concepto se clasificaba de este modo el que debiera tener la República; pero otros señores sostuvieron lo contrario, porque ya no podía decirse Estados Equinocciales a la vez que la República era una sola e indivisible; porque sobre los fundamentos que tuvo el congreso de Venezuela para darle la denominación de República de Colombia, fundamentos desde luego poderosos, había actualmente el muy grave de que el país era ya conocido en el mundo civilizado bajo este nombre, y su variación sería tenida con justicia como prueba de nuestra inconstancia y versatilidad.

   Excitó también la consideración de algunos señores diputados la invocación con que principia el proyecto. Se quería que se expresase en ella el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y también que la religión católica era la del Estado, y la obligación que tenía el gobierno de protegerla, porque en su juicio era preciso se distinguiera el pueblo de Colombia de los demás por su religión, puesto que la invocación era tan genérica que podían hacerla todos los cristianos y aun todos los hombres. Pero otros señores opinaron de contrario, manifestando que tales sanciones no eran propias de una constitución política ni de un congreso, sino de un sínodo; que en esta materia era necesario guardar un silencio profundo o caracterizar muy bien nuestra religión para no exponernos a críticas infundadas; que por el hecho mismo del silencio se entendía protegida la religión; y en fin, que si estableciésemos principios intolerantes burlábamos las invitaciones que habíamos hecho a los extranjeros para venir a establecerse en Colombia.

   Se observó igualmente que había una especie de contradicción entre el artículo primero, sección segunda del título primero, y la libertad del parto de las esclavas, a que tánto se inclina el congreso en el proyecto de ley que se discute sobre manumisión; pero se repuso de contrario asegurando que desaparecía la contradicción con la simple lectura del artículo citado (véase la nota).

   Habiendo manifestado algunos señores se reservaban la palabra para cuando se discutiese de nuevo este título, declaró el señor presidente terminada su primera discusión, sin que hubiese reclamación alguna en el particular.

   Continuó la segunda discusión del artículo 10 de la ley sobre manumisión de esclavos que ayer se dejó suspensa, y después de varias reflexiones se declaró terminada.

   En cuanto al artículo 11, hizo el señor Ildefonso Méndez la siguiente indicación: "que se declare si por la libertad que dieron los españoles a ciertos esclavos en odio de los republicanos, deben tenerse por libres"; y después de varias observaciones se declaró terminada la segunda discusión de este artículo.

   Procedióse a la del 12, y durante ella presentó el señor Santamaría la siguiente moción:

   "Que de todas las limosnas que se recogen a trueque de los hábitos con que se amortajan los difuntos, se aplique la mitad al santo objeto de la redención de los esclavos", la cual fue apoyada por el señor Fernández Soto y sostenida como justa y conveniente por algunos otros señores contra la opinión del señor Miguel Tobar, que, aunque la calificaba de lo primero, le negaba la última cualidad, en razón de que es necesario respetar las preocupaciones, principalmente aquellas que están resguardadas con el influjo de personas que honran con el santo nombre de la religión las logrerías con que se alimentan.

   El señor Diego Fernando Gómez introdujo entonces esta proposición: "que no solamente se destinen para la manumisión de esclavos las limosnas de para los lugares santos y redención de cautivos, sino que también se diga al gobierno hagan tomar cuentas a los que han recaudado estas limosnas, y lo que de ellas resulte se aplique al mismo objeto de la esclavitud". Y con esto, sin haber aún terminado la discusión segunda del artículo 12, se levantó la sesión, por ser ya más de la hora señalada.

   Se echó menos por último el catálogo de axiomas políticos que las constituciones de la Francia y las de América revolucionada contienen en sus primeras páginas, principios ciertos y evidentes de los cuales emanan naturalmente verdades luminosas que en todo tiempo deben hacer conocer al pueblo sus derechos y obligaciones; mas se replicó en satisfacción que el proyecto de constitución los contenía todos desarrollados y reducidos a la práctica, que es como realmente son útiles; que el presentar una lista de tales principios puramente teóricos sería bien fácil pero al mismo tiempo peligrosa, puesto que la ignorancia de los pueblos los haría entender con tanta inexactitud que lejos de procurarse con ellos la libertad, al contrario, los precipitaría en la licencia, y en fin, que el proyecto en esta parte era tan útil y ventajoso cuanto lo es la práctica a las más bellas teorías.

José I. de Márquez.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

 

ACTA 62. SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 3 DE JULIO

   Reunidos en la sala de sesiones a la hora acostumbrada los señores presidente, vicepresidente y demás señores que aparecen de la lista que se acompaña, se leyó el acta de la sesión extraordinaria del 30 de junio próximo, y fue aprobada sin contradicción.

   Siguióse la discusión del asunto que se había interrumpido en dicha sesión, tomando la palabra el señor Azuero, según que se le había reservado en ella este derecho. Habló pues dicho señor, y concluyó haciendo la siguiente proposición: "que se declare si el poder ejecutivo ha cumplido o no ha cumplido las determinaciones del congreso", la cual fue apoyada por el señor Castillo.

   Sucesivamente hablaron los señores Joaquín Borrero, el cual presentó también esta proposición: "que sabiéndose de público y notorio que el procesado D'Evereux ha marchado de Cúcuta de orden del ejecutivo estando pendiente este negocio, sin haberle dado cumplimiento a los decretos anteriores en la parte que se prevenía la comunicación con el congreso, se mande devolver al procesado a esta capital"; el señor presidente Márquez, quien hizo esta indicación: "que resuelva el congreso si conviene declarar que ha cumplido o no el poder ejecutivo"; el señor Baños, que renovó la proposición que en la noche anterior hizo el señor presidente, reducida a contestar "que el congreso quedaba enterado"; el señor Castillo, que fundó la del señor Azuero; y los señores Hinestrosa, Osorio, Ballén de Guzmán y Méndez, sobre el objeto en cuestión; y cuando ya iba a tomar la palabra el señor vicepresidente Antonio Briceño, se levantó la sesión por ser ya más de las nueve de la noche.

José I. de Márquez

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

 

ACTA 63. SESION DEL DIA 4 DE JULIO

   Se abrió la sesión con asistencia de los señores presidente, vicepresidente, Ignacio Márquez, Antonio María Briceño, Félix Restrepo, Francisco Pereira, Vicente Borrero, Vicente Azuero, Manuel Restrepo, Nicolás Ballén, Carlos Alvarez, Joaquín Plata, José María Hinestrosa, Miguel Santamaría, Diego Fernando Gómez, Pacífico Jaime, Juan Ronderos, Miguel Domínguez, Salvador Camacho, Pedro Carvajal, Policarpo Uricoechea, Manuel Baños, Bernardino Tobar, Miguel Zárraga, Manuel Quijano, Gabriel Briceño, Bautista Estévez, Fernando Peñalver, Cornelio Valencia, Antonio Mendoza, Luis Mendoza, Ramón Ignacio Méndez, Ildefonso Méndez, Antonio Paredes, Cerbeleón Urbina, general Rojas, Prudencio Lanz, Francisco Otero, Mariano Escobar, Joaquín Fernández Soto, Francisco Soto, Casimiro Calvo, José Antonio Yanes, Miguel Ibáñez, José María Castillo, José Ignacio Balbuena, Domingo Briceño, José Félix Blanco, Sinforoso Mutis, José Alcalá, Miguel Peña y Joaquín Borrero.

   Leída el acta de la sesión anterior, observó el señor Antonio Briceño que en ella faltaba la indicación que había hecho con respecto a la invocación en el proyecto de constitución de la República para que a la palabra autor se añadiese y Legislador del Universo. Los señores Ballén, Estévez, Hinestrosa y Baños reclamaron contra la secretaría porque había omitido sus nombres cuando se refería la opinión que habían manifestado ayer contraria a la citada invocación, porque la consideraban absolutamente diminuta, añadiendo el último que el señor secretario Soto se cuidaba muy bien de expresar su nombre propio cuando lo creía conveniente, y que él jamás había reproducido contra el silencio que se guardaba relativamente a sus discursos, porque no tenía la pretensión de lucir; y con este motivo el señor presidente resolvió se hiciera mención de esto y también de lo que ayer había pronunciado el señor Baños. Este señor diputado dijo pues en dicha sesión, que la invocación era poco significativa por demasiado universal, puesto que hasta los francmasones invocaban a Dios como autor del universo, y que nosotros, pueblo católico, apostólico, romano, debíamos invocarlo conforme a nuestra santa religión.

   El señor Ildefonso Méndez echó menos igualmente la indicación que había presentado el día de ayer sobre la ley de manumisión de esclavos contraída al impuesto que debiera cargarse, en su concepto, sobre las herencias que pasan a herederos extraños en favor de los fondos de la manumisión. Previas estas observaciones fue aprobada la referida acta.

   Leyóse después la comunicación del ministro de hacienda, que acompaña la del vicepresidente de Cundinamarca para que se tase el importe de los gastos que deben hacerse en varias funciones cívicas que han de celebrarse en la capital de Bogotá, y se mandó pasar a la comisión de hacienda para su informe, acordando, sin embargo, el congreso: "que se conteste al ejecutivo que el citado vicepresidente puede hacer estas erogaciones proporcionándolas a la solemnidad del día y al estado en que se halla el erario, sin perjuicio de la resolución general que habrá de dictarse en el particular"; proposición que fue presentada por el señor Castillo y aprobada por el congreso.

   Su majestad oyó con agrado la felicitación que le dirige desde Ocaña el gobernador de Mompós en el nombre suyo, de la municipalidad y del venerable clero de esta misma ciudad, y acordó se le contestare satisfactoriamente por secretaría.

   Se dio parte de la representación del señor José Quintana Navarro, sobre su nombramiento de diputado suplente por la provincia de Santa Marta, y enterado el congreso de su contenido, la mandó pasar en informe a la comisión de poderes.

   Leído el que ha evacuado esta misma comisión acompañando lista de los diputados, principales y suplentes, de las provincias, de los que han venido y se han incorporado en el congreso, de los que han sido excusados, de los que se han retirado temporal o perpetuamente, con previa licencia del cuerpo, y de los que deben llamarse para completar la representación, se resolvió: "que la secretaría presentase para la sesión inmediata la de los que deben venir a tomar asiento en esta sala".

   Procedióse en seguida a la discusión del proyecto de constitución de la República, leyéndose el título segundo de la misma. Pareció al señor Miguel Peña y también a otros señores diputados muy poco liberal el artículo 15 y en algún modo impolítico, porque a la vez hacía conocer al pueblo que no era absoluto el modo que tenía de ejercer su soberanía, chocando así contra la opinión generalmente recibida. Otros señores creyeron exacto el artículo y que era necesario evitar el peligro de frecuentes insurrecciones. Se produjeron de una y otra parte diferentes razones, y al fin el señor Peña, después de haber expresado que la palabra nación era demasiadamente impropia, y que en su lugar debía usarse la de pueblo, propuso que el artículo se concibiera en estos términos: "el pueblo en general ejercitará las atribuciones de la soberanía en las elecciones, y no depositará el ejercicio de ella en una sola mano".

   El señor Quijano reflexionó sobre el artículo 10, que habla del territorio de Colombia, porque a su entender se incluían en él las tribus o naciones indias todavía independientes, las cuales no debían incorporarse jamás contra su voluntad; a que replicaron otros señores que el artículo se contraía sólo del territorio, y que los indígenas podrían ser incorporados por medios suaves y de negociación, añadiendo el señor Peña que el acto de incorporación era muy propio y adecuado, como que ha poco tiempo lo han ejercido los Estados Unidos del Norte con respecto a las Floridas que les ha cedido la España, y ha tenido lugar en otras varias naciones.

   Precedido todo esto, y no habiendo ocurrido otra reflexión, se declaró terminada la primera discusión del título 2°, y se empezó la del siguiente, que trata de las asambleas parroquiales y electorales. En cuanto a él, expuso el señor Tobar (Bernardino) que notaba la falta de quién debiese calificar la idoneidad de los sufragantes, sobre lo que insistieron los señores Yanes y Briceño (Domingo), añadiendo que no siendo este un accidente sino sustancia de las elecciones, debía hacerse mención expresa en la constitución del medio para ocurrir a los inconvenientes que de su omisión pudieran seguirse, pareciéndole muy a propósito facultar a la misma junta electoral para decidir sobre la materia. El señor Azuero respondió que este era asunto de una ley reglamentaria, separada de la constitución, pues lo que hay de fundamental en este punto consiste precisamente en detallar las cualidades requisitas [requeridas] en los sufragantes; de lo contrario resultaría una constitución muy abultada, conteniendo más de lo que es precisamente fundamental.

   Terminada así la primera discusión de dicho título 3°, principió la del 4°, que habla del poder legislativo, habiendo acordado el señor presidente que los oradores se contrajeran a la sección 1a, que divide y demarca los límites y funciones de este poder, por cuanto el título en su totalidad era demasiadamente extenso. La discusión tuvo por objeto principalmente el artículo 48, que designa el origen que deben tener las leyes sobre impuestos, manifestándose por algunos señores las razones que hay para que esta clase de leyes inicie en la cámara de representantes. Se dijo que de esta manera se indicaba al ejecutivo a cuál cámara debía dirigir el presupuesto de gastos; que tal era el ejemplo que nos daban las naciones más ilustradas y libres; ejemplo que debería estar apoyado en principios muy sólidos; y que la cámara de representantes era con propiedad el cuerpo representativo de la nación, pues que el senado ejercía funciones especiales y era el moderador entre los poderes legislativo y ejecutivo. Pero a esta última razón replicaron otros señores que en la República de Colombia eran igualmente representantes los de una y otra cámara, y que si en Inglaterra la de los pares tenía cierta tendencia hacia el ejecutivo, era porque así lo exigía la diversa constitución de aquel Estado; porque los pares no eran nombrados por el pueblo, ni por consiguiente lo podían representar, y en fin, porque gozando allí los miembros del alto parlamento privilegios que no deben gozar los senadores de Colombia, era muy justo que en la cámara de los comunes tuviesen su origen las leyes sobre contribuciones, principalmente cuando el rey de la Gran Bretaña podía usar de la terrible prerrogativa del veto. Esto, no obstante, el señor Peña insistió en que debiera denegarse al senado la facultad de adicionar estas leyes y que sólo tuviese la de rechazarlas o aprobarlas.

   Algunos otros señores hicieron varias reflexiones sobre esta materia, y concluidas, se declaró terminada la primera discusión de la sección 1a, del título 4°, y en seguida continuó la del proyecto de ley sobre manumisión de esclavos, no habiendo ocurrido ninguna otra observación en cuanto al artículo 12, que se dejó pendiente en la sesión anterior, que la del señor José Manuel Restrepo, a saber, que se suprima este artículo como innecesario, porque la ley debe contener proyectos y no consejos.

   Con respecto al decimotercero, manifestó el mismo señor Restrepo que era necesario hacer en él la variación de nombres que inducía la nomenclatura adoptada por la constitución y que no pudieron tener presente los redactores de la ley.

   El señor Domingo Briceño fijó por escrito la siguiente indicación:

   "Que la junta o tesorería de esclavos no retengan jamás un depósito que exceda al valor con que se pueda manumitir un esclavo, de suerte que si el gobierno se sirve de estas cantidades, quede responsable la junta a ellas por no haber dado las manumisiones en tiempo".

   Pero al señor Yanes pareció insoportable la condición que se imponía a las juntas, puesto que ni quedaban ni podían quedar exentas de la autoridad del gobierno.

   El señor Pereira fijó también por escrito esta otra indicación: "Que los alcaldes comisionados para la colección de dicha donación den cuenta a la autoridad que corresponda, cada tres meses, así de las cantidades existentes como de los nombres de los contribuyentes para que se expongan al público en la Gaceta y sirva de estímulo a otros y se evite todo fraude"; y el señor Castillo la siguiente:

   "Que la junta se forme en cada distrito capitular; que si en la cabeza de distrito hay vicario eclesiástico, sea miembro de esta junta, y en su defecto, el cura de la misma cabeza; que para precaver la distracción de los fondos se decrete que por ninguna urgencia pueda el gobierno echar mano de ellos, y finalmente, que para asegurar el manejo de estos caudales se medite el modo de concentrar estas juntas en la cabecera de la provincia".

   Reflexionando el señor Estévez que no puede haber propiedad sobre un hombre, y que el derecho de libertad de cualquier individuo es absolutamente inajenable, propuso esta moción:

   "Que se manumitan los esclavos sin necesidad de la indemnización de los que se titulan señores de su libertad".

   Previas otras observaciones se declaró terminada la segunda discusión de dicho artículo decimotercero, también la del decimocuarto y la del decimoquinto, las cuales se hicieron por un orden sucesivo. En cuanto a este último artículo, expuso el señor Joaquín Borrero que en su concepto no debían ser preferidos en la manumisión los esclavos viejos a los jóvenes, porque de esta manera se vendría a beneficiar a los amos, y a perjudicar acaso a personas que ya no podrían subsistir sin la protección de aquéllos; y otro señor diputado añadió que en su concepto ni era justo ni conveniente destinar los fondos que actualmente se establecen para indemnizar a los amos de aquellos esclavos que ha declarado libres al gobierno, porque de su orden han ocurrido a tomar las armas en servicio de la patria, por ser esta una deuda del Estado y debía reconocerse, liquidarse y pagarse como todas las demás. Pero el señor Castillo, queriendo conciliar los dos extremos, fijó por escrito la siguiente indicación: "que se determine que una séptima u octava parte del total de los fondos destinados a este efecto, se aplique para indemnizar a los amos acreedores de la República por el valor de los esclavos que se dieron para el servicio de las armas"; y con esto se dio por terminada la discusión de este artículo.

   Sobre los artículos 16 y 17 no ocurrió ninguna reflexión, y por lo mismo, teniéndose por terminada su discusión, se procedió a la del 18, y es el último del proyecto. Generalmente pareció bien que los esclavos manumitidos se apliquen a los destinos en que puedan ser más útiles a la sociedad; pero en cuanto a lo demás que expresa el artículo, dijo el señor Joaquín Borrero que por él se hacía un ataque al derecho de propiedad; y otros señores que no sería muy conveniente cultivasen los esclavos las tierras contiguas a los caminos reales, no siendo la mejor esta clase de gentes; y que las baldías no debían precisamente darse a los esclavos aunque los primeros agraciados hubiesen perdido la propiedad por no haberlas cultivado, a causa de que, según mociones presentadas en este congreso, debían ser los baldíos una de las primeras garantías de la deuda nacional. Por esto y otras razones que adujo, fue de opinión el señor Miguel Peña que se suprimiese en dicho artículo desde las palabras teniéndose presente hasta su conclusión. Y con esto, habiéndose declarado concluida la segunda discusión de todo el proyecto de ley sobre libertad de esclavos, se levantó la sesión, por ser ya las dos de la tarde.

José I. de Márquez.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

   El redactor,

Antonio José Caro.

 

ACTA 64. SESION DEL DIA 5 DE JULIO

   Leída el acta de la sesión del día anterior, quedó aprobada.

   Se dio cuenta del informe dado por la comisión de poderes, en la comunicación del señor Quintana Navarro, sobre la renuncia del señor Jorge Higno, y el congreso la aprobó con la expresión de sin ejemplar, para cerrar así la puerta a otras renuncias de la misma clase.

   Se mandó pasar a la comisión de peticiones la que hace el ciudadano Pablo Lezada para que se le confiera el empleo de contrator del hospital de Maracaibo.

   Se dio cuenta de la solicitud hecha por Juan Esteban Laborda, sobre que se le devuelvan varios bienes que subsisten embargados a causa de su emigración, y en vista de ella se mandó que la secretaría legalizase el curso que ha tomado el negocio, acordando el señor presidente que para la primera hora de sesión extraordinaria se diera cuenta del informe que sobre esta materia ha extendido la comisión de hacienda.

   A ésta y a la de guerra reunidas se mandó pasar la solicitud del cabildo de esta capital, sobre la necesidad que hay de dictarse ciertas providencias para el gobierno económico de este pueblo en orden a moneda, alojamiento de tropas y aumento de propios.

   Se leyó la lista presentada por la secretaría, de los diputados que deben llamarse para completar la representación nacional, en la que a propuesta del señor Azuero se sustituyó al señor Domingo Caicedo, diputado propietario por la provincia de Neiva, en lugar del señor José María Domínguez, a quien había nombrado la comisión como suplente de aquél, y reducido a votación si debería pasarse dicha lista al poder ejecutivo para su cumplimiento, resultó determinado el punto por la afirmativa.

   Se continuó la segunda discusión de la sección 2a del título 4° del proyecto de constitución, y no habiendo ocurrido reparo alguno sobre ella, se dio por suficientemente discutida.

   Procedióse la lectura de la sección 2a, y concluida, dijo el señor vicepresidente: que la última atribución que se le da al congreso, la entendía demasiado extensa o superflua; lo primero, por la generalidad con que se dice ser de su resorte decretar todas las leyes y ordenanzas de cualquier naturaleza que sean; y lo segundo, porque estando detalladas anteriormente sus atribuciones y facultades, era en su concepto ociosa esta última declaratoria; y que, además, había advertido que nada se decía sobre la determinación de un círculo constitucional en cuyo recinto ejerciese el congreso una autoridad exclusiva, económica y gubernativa, cuya determinación era tanto más urgente en su juicio, que ella le daba toda la libertad y seguridad necesarias para sus deliberaciones, y era un freno al poder ejecutivo que lo contendría en los límites de su autoridad; a que contestó el señor Azuero exponiendo que aquella constitución sería la mejor que en menos palabras estableciese todas las reglas y previese a todos los casos, y que seguramente con sólo haberse dicho en el proyecto que el congreso tenía facultad para establecer todas las leyes y ordenanzas de cualquier género que fuesen, estaría evitada la duda que ahora se propone, pero que la comisión tuvo presente ser de absoluta necesidad detallarse en lo posible, cuáles sean las atribuciones del poder legislativo, y que esto es muy conforme a lo observado en otras naciones ilustradas, y, por último, que sobre la determinación del círculo que exigía el señor preopinante, ya se decía en la misma constitución que el congreso tendría en el lugar de su residencia el derecho exclusivo de policía, con la facultad de trasladarse al punto que más le conviniere, con lo que se obviaban los inconvenientes propuestos, además de que el círculo constitucional de que se hablaba sólo era adaptable a un gobierno federal como el de Norte-américa, sin embargo de que en aquel territorio no ejercía el congreso otra jurisdicción que la legislativa, pero que en el sistema de gobierno adoptado para la República de Colombia no podía tener lugar semejante idea.

   El señor Méndez (Ignacio) dijo que en la atribución undécima, donde se dice corresponderle al congreso asegurar por tiempo limitado a los autores e inventores de ciencias, artes útiles, el derecho exclusivo de sus escritos y descubrimientos, debía añadirse "y también a los introductores y perfeccionadores".

   El señor Briceño (Domingo), no sólo insistió en apoyar la proposición del señor vicepresidente sobre la determinación del círculo constitucional, sino que la extendió al establecimiento de una guardia nacional que afirmase la libertad y seguridad del congreso, y de no ser asequible por las razones expuestas por uno de los señores de la comisión, convenía así que se declarase proscrito, fuera de la ley o anatematizado civilmente al poder ejecutivo, que contra orden expresa del congreso acerca tropas, usaba de las armas o de cualquiera otra fuerza en contra de la representación nacional; a lo que el señor Restrepo satisfizo diciendo que es cierto que la constitución de Venezuela trae el artículo del círculo y lo ha visto también en otras constituciones, pero que la historia de la revolución de Francia demostraba claramente los inconvenientes que esto traía por el choque que a cada paso suscitaba entre el congreso y el poder ejecutivo; que éste tenía a su disposición sobre 20.000 hombres armados, y que no pudiendo ni debiendo el congreso levantar una guardia nacional que igualase aquel número, siempre la preponderancia estaría de parte del ejecutivo toda vez que quisiese abusar de su poder, y que, por lo tanto, no había otra guardia nacional que garantizase completamente la libertad y seguridad del congreso que la opinión pública.

   El señor Estévez observó que en las facultades extraordinarias que en la atribución 25 se le da al congreso para que las conceda al poder ejecutivo durante la presente guerra, no se dice si quede éste en la obligación de dar cuenta de su uso para la aprobación o desaprobación del congreso.

   El señor Briceño (Gabriel) dijo que semejante artículo lo consideraba redundante respecto a que estando prevenido en otro que en caso de conmoción interior el poder ejecutivo estaba autorizado para tomar todas las medidas extraordinarias que le pareciesen convenientes, aquél estaba incluido en éste, y por tanto era ociosa su repetición.

   El señor Azuero contestó que entre los dos artículos había una diferencia muy sustancial, pues la hay, y mucha, entre una conmoción interior a mano armada y un ataque imprevisto del enemigo; que el artículo en cuestión era esencialísimo, porque se debe evitar todo cuanto pueda dar motivo a la suspensión del cumplimiento de la constitución mientras dure la guerra, y que autorizado por ella el poder ejecutivo para tomar medidas extraordinarias, siempre queda en vigor su obediencia, puesto que la misma constitución es quien se las da.

   El señor Quijano expuso que le parecía inútil se dijese que las facultades extraordinarias sólo las ejerciese en el lugar del peligro, porque necesitando acaso que tocar con las provincias confinantes para sacar de ellas los auxilios o socorros que necesitase, ya empleaba estas facultades no sólo en el punto del riesgo, sino en otra grande extensión de terreno; que declararlo así sería concederle unas facultades ilimitadas, y que para obviar uno y otro extremo era de parecer se omitiese semejante artículo.

   El señor vicepresidente contestó que al principio creía un exceso de facultades las que se le concedían al ejecutivo por el citado artículo, pero que después de releerlo con más detenida reflexión creía que estaba perfectamente concebido y muy en su lugar, porque en él no se le concedían facultades ilimitadas sino extraordinarias, indispensables de tomarse en los momentos apurados que determina el mismo artículo, con el que se provee al gravísimo inconveniente que resultaría de la suspensión del imperio de la constitución en tan críticas circunstancias.

   El señor Briceño (Domingo) insistió en apoyo de la proposición del señor Quijano, siendo de opinión que para evitar cualquier abuso de parte del ejecutivo, debía declararse que el presidente de la República no mandase en persona los ejércitos; a lo que contestó el señor Azuero que sin necesidad de hacerse esa declaratoria se prevenía aquel inconveniente en la misma constitución cuando en el artículo 119 se disponía que el presidente no pudiese a un tiempo mandar en persona los ejércitos y desempeñar las funciones de la presidencia. Con lo cual se dio por suficientemente discutida por primera vez la sección 3a.

   El señor vicepresidente: que en su concepto era de moderarse el artículo de facultades de policía y economías del congreso en el lugar de sus sesiones, porque si esto sólo se circunscribía al sitio o recinto donde las tenía, lo creía ridículo, supuesto que no era posible atentar contra los bienes de sus diputados mientras estaba en sesión, como que no podía cargarlos consigo.

   El señor Azuero contestó que el artículo era tomado de la constitución de Venezuela, y que a lo que tendía era a evitar que se atentase contra los bienes de cualquier diputado, no sólo en el lugar de su residencia, sino en cualquier otro del territorio de Colombia.

   El señor Méndez (Ignacio) dijo que el poder judicial era tan independiente y soberano como el ejecutivo, y que así, era de concepto que sus consultas debía dirigirlas inmediatamente al congreso, a que satisfizo el señor Santamaría diciendo que era cierto que el poder judicial era independiente en el actual ejercicio de sus funciones, pero que no lo era tanto que no estuviese bajo la inspección del ejecutivo.

   El señor Quijano dijo que aún no creía satisfecha la duda del señor vicepresidente sobre las facultades económicas del congreso en el lugar de sus sesiones, pues aunque era sacado de la constitución de Guayana, ésta lo había establecido bajo el supuesto de determinársele un círculo para que en él ejerciese aquella autoridad, y que así creía que si había de correr el artículo, fuese con total arreglo a aquella disposición, estableciéndose el círculo ya indicado.

   El señor Méndez (Ignacio) insistió en que el poder judicial tenga sus comunicaciones directamente con el congreso, y que se añada la palabra ordinaria en el artículo 79, después de las otras en que dice cuyas funciones serían anuales desde una sesión hasta otra.

   El señor Gabriel Briceño expuso que en el artículo 74 debía determinarse el número de senadores o representantes para compelerse unos a otros a la concurrencia; a lo que contestó el señor Restrepo (José Manuel) diciendo que estando determinado por la misma constitución que habiendo uno más de la mitad, ya había número competente para entrar en sesión, siempre que llegase este caso podía interpelar una cámara a otra, además de que la misma constitución prevenía que el menor número reunido de una cámara podía compeler al resto de sus miembros a la asistencia, y efectuada ésta, ya se hallaba una cámara en disposición de obligar a la otra a la concurrencia. Con lo cual se dio por suficientemente discutida la sección 4a.

   En este estado, y cuando iba a proseguirse la tercera y última discusión del primer artículo del proyecto sobre manumisión de esclavos, se recibió un pliego del señor vicepresidente de la República, que abierto y leído por uno de los secretarios, decía así:

   "Palacio del gobierno en el Rosario de Cúcuta a 5 de julio de 1821.

   "El vicepresidente interino de la República, al soberano congreso.

   "Señor:

   "Es llegado el caso que anuncié a vuestra majestad en mi última comunicación, que suplico se traiga a la vista, y agregando a las razones que en ella expongo, la de hallarme gravemente enfermo, hinchado de medio cuerpo abajo, y en términos de haberme dicho el facultativo que me asiste que si duro aquí diez o doce días más tendré que salir en guando, hago renuncia de la vicepresidencia interina que obtengo por confirmación de vuestra majestad al nombramiento que en mí había hecho el Libertador presidente.

   "Esta solicitud es tanto más asequible cuanto que ya el tiempo de las eleciones parece que no debe tardar muchos días; y estando los señores ministros no sólo impuestos en los respectivos ramos que les son propios, sino en la marcha del gobierno en lo que le es peculiar y en los asuntos de Ocaña, como ramo de guerra, ellos podrán continuar en el despacho ínterin se hacen las elecciones, despachando cada uno los ramos de su ministerio y juntos los que correspondan al gobierno, como los decretos para la ejecución y cumplimiento de las leyes o decretos del soberano congreso, y otros a este tenor.

   "Espero pues que vuestra majestad, en consideración a todas las razones que dejo expuestas y a la indispensable necesidad de trasladarme al seno de mi familia a curarme con la buena asistencia que demandan mis enfermedades, se dignará acceder a mi solicitud, en la inteligencia de que me es absolutamente imposible continuar en el despacho de los asuntos del gobierno.

   "Esta renuncia, a que me obliga la imperiosa necesidad, no puede desviar de mi corazón la gratitud y alto aprecio con que miro la distinción que tanto el Libertador presidente como vuestra majestad se dignaron dispensarme elevándome a un puesto en que confieso con sinceridad que su carga es superior a mis débiles fuerzas, pero que esto mismo debe aumentar mi reconocimiento. En todo tiempo, recuperada mi salud, debe vuestra majestad contar con mi invariable resignación de sacrificarme todo entero por mi patria en cualquier destino que sea. Señor.

   "Firmado,

Antonio Nariño".

   El señor presidente manifestó que atendida la legitimidad de las causas que alega el señor Nariño para la dimisión del mando, era de admitirse desde luego, y procederse in continenti a la elección de la persona que debía sucederle, a que oponiéndose el señor Méndez (Ignacio), en razón de que la elección de la persona que debía ocupar la vicepresidencia era un asunto que demandaba mucho tino y meditación, contestó el mismo señor presidente que para reflexionarlo lo bastante, se difiriese la elección para esta noche en sesión extraordinaria; con cuyo motivo manifestó el señor Domínguez (Miguel) que este era un acto secundario o una consecuencia de la admisión de la renuncia, que aún no estaba acordada, y que por lo tanto era indispensable necesidad que antes de precederse a la elección debía tratarse de la admisión o inadmisión de la renuncia.

   El señor vicepresidente expuso que no debía pasar un solo instante sin que hubiese poder ejecutivo, ni podía mediar el más pequeño intervalo entre la admisión de la renuncia y la elección de otro vicepresidente.

   El señor Quijano, apoyando la observación del señor Domínguez, dijo que acaso esta tarde misma marchaba el señor Nariño, y que en tal virtud no era de diferirse para otro tiempo ni la admisión de la renuncia ni la elección de nuevo presidente.

   Después de varias exposiciones que hicieron otros señores diputados sobre la circunspecta y madura reflexión de que se necesitaba para proveer la vacante y la urgentísima necesidad de llenarla lo más pronto posible, manifestó el señor vicepresidente que para conciliar de algún modo la cordura en la elección con la brevedad que exigía la resolución a la representación del señor Nariño, era de opinión se le contestase admitiendo la renuncia, pero que continúe ejerciendo sus funciones hasta que el congreso provea de remedio, que será lo más pronto posible; que, como había expuesto el señor presidente, podía verificarse esta noche; cuya proposición, apoyada por otros varios señores diputados, y reducida a votación, resultó aprobada por una mayoría de 37 votos contra seis.

   Se procedió a la discusión del 8° artículo del proyecto, sobre manumisión de esclavos, y tomando la palabra el señor Restrepo (Félix), expuso: que se decía vulgarmente que los esclavos eran malos por naturaleza, y que si se les daba la libertad era exponerlos a ser peores; pero que esta maldad que se les atribuía era un efecto necesario y una forzoza consecuencia de su misma esclavitud, y con este motivo analizó los principales delitos en que incurrían, los cuales redujo a cinco, y son, en su concepto: 1°, el aborto; 2°, el infanticidio; 3°, el suicidio; 4°, el... (En blanco en el Manuscrito original) y 5°, los hurtos domésticos; y después de hacer ver que estos crímenes sólo provenían de la ignominiosa esclavitud en que yacían, y que el modo de evitar el que incurriesen en ellos era restituirlos a la libertad que les dio la naturaleza, prosiguió haciendo ver que los amos ejercían sobre ellos los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial; que era ocioso consignar en la constitución que en la República de Colombia estaban enteramente separados tales poderes, pues una gran parte de los individuos que la componen sufren en el silencio la tiranía de unos amos que los tienen reunidos; que hasta ahora la esclavitud se había tenido por legítima o por la venta que hace el individuo de su propia libertad, o por el derecho de la guerra, cuando ambos títulos son diametralmente opuestos al derecho natural; y que jamás deben tener efecto alguno en la sucesión, porque nadie es dueño de enajenar su libertad, así como no lo es de disponer de su vida, y porque la guerra sólo da facultad para matar al enemigo en lo reñido de la acción, pero de ningún modo para esclavizar de por vida al vencido, y mucho menos a su generación; que el derecho de propiedad que se alega por los amos no existe de manera alguna, pues es bien sabido el reprobado manejo con que se arrancan los asclavos de su país natal en la costa de Africa; que la dificultad que se objeta sobre el descaecimiento de las minas, ya está bastantemente disuelta en las discusiones anteriores, pues en el momento que se liberten 100.000 esclavos tendrá el estado 600.000 brazos útiles y dispuestos a cualquiera especie de trabajo; que la esclavitud se opone vigorosamente al progreso y fomento de la agricultura, cuando la libertad coopera eficazmente a hacerla florecer, como sucede en lo interior de la Nueva Granada y en Quito, donde hay un corto número de esclavos, y en todos los trabajos sólo se emplean hombres libres, y era lo mismo que acontecía en Roma, donde, mientras se cultivaba la tierra por éstos, se veía en el estado más brillante, y, por el contrario, en el último extremo de decadencia cuando en aquella ocupación se ejercitaban los esclavos, cuya opinión apoyó el orador con textos de los autores coetáneos; que la consideración de que en La Habana, Puerto Rico y demás islas había muchos esclavos y que la libertad de los de la República podría atraer notables trastornos o perjuicios, no debía ser obstáculo a la declaratoria; lo primero, porque así como para declarar nuestra independencia no consultamos a aquellos gobiernos, tampoco para hacer este honor a la humanidad teníamos necesidad de contar con ellos; y lo segundo, porque aunque suceda lo que sucediere en tales puntos, ellos eran el apoyo de nuestros enemigos, de donde se proveía de armas, municiones, víveres, etc.; que la esclavitud pugna directamente con las sagradas máximas del Evangelio, cuya doctrina afianzó con la autoridad de Vilanchieri, leyendo un párrafo de su obra, intitulada Ciencia de la legislación; que sobre la conveniencia y necesidad de decretar la libertad, aunque ya estaba bastante esclarecida la materia en las primeras discusiones, creía deber recordar para su mejor ilustración la opinión del excelentísimo señor Libertador presidente, leyendo (como en efecto leyó) la indicación que sobre este asunto hizo en su discurso pronunciado en el acto de la instalación del congreso de Venezuela; y reasumiéndose, concluyó ser de dictamen que la libertad de los hijos de los esclavos debía obrar sus efectos desde la instalación del congreso y no desde el día de la sanción de la ley, para marcar con este tan señalado acto de beneficencia una de las épocas más gloriosas que hasta ahora ha tenido la República.

   Algunos señores diputados se opusieron a esta proposición, alegando en comprobación de su dictamen las más sólidas razones, y habiéndose declarado suficientemente discutido el citado artículo y reducido a votación, quedó aprobado con sola la variación que propuso el señor Azuero de que donde dice los hijos de los esclavos serán libres, etc., se enmendase los hijos de los esclavos, etc.

   En seguida se propusieron a votación por el señor presidente estas tres proposiciones: "1a, ¿si la observancia de esta ley debe correr desde el día de su publicación?; 2a, ¿si desde su publicación en la capital de la República?; 3a, ¿si desde que la publicación se haga en las respectivas capitales de las provincias?"; y resultó votada afirmativamente la primera; negada la segunda, y declarada por la afirmativa la tercera. Con lo cual, y por ser ya pasada la hora, levantó el señor presidente la sesión.

José I. de Márquez,

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

   El redactor,

Antonio José Caro.

 

ACTA 65. SESION EXTRAORDINARIA DE LA NOCHE DEL 5 DE JULIO

   Se abrió la sesión con más del número de diputados necesario para formar congreso.

   Abrió la sesión el señor presidente, manifestando que una vez admitida la renuncia del vicepresidente de la República, era de procederse en el acto a la elección del sucesor, sin que tuviese lugar la propuesta que aquél hizo en su papel de renuncia de que prosiguiesen despachando los ministros.

   Apoyaron esta proposición los señores Luis Méndez, Peñalver y Azuero, fundando su parecer en motivos de conveniencia y necesidad. Y en su virtud expuso a votación el señor presidente la siguiente proposición: "¿se procede a elegir vicepresidente de la República?", y fue votada por la afirmativa.

   El señor Briceño (Gabriel) manifestó que antes de procederse a la elección debía declararse si para ser canónica la elección se necesitaba que en ella conviniesen las dos terceras partes de los miembros presentes; lo que apoyado por el señor Mendoza (Luis), y discutido ligeramente, lo redujo el señor presidente para que se votase, a la siguiente proposición: "¿Se hace la elección por las dos terceras partes de individuos presentes?". Y resultó votada por la afirmativa.

   En seguida el señor Quijano propuso que si después de tres escrutinios no resultaba elección, se procediese en el cuarto a hacer la concretación en seis individuos que hayan tenido mayoría de votos, cuya moción fue apoyada por algunos señores diputados; pero habiéndola modificado el señor Azuero en cuanto a que la concretación fuese en sólo tres de los que hubiesen obtenido mayores votos, resultó que reducida a votación conforme la propuso el señor Quijano, se resolvió por la negativa, y expuesta después conforme el concepto del señor Azuero, se votó afirmativamente.

   Sucesivamente propuso el señor Castillo que se excluyesen para ser elegidos los miembros del congreso por los inconvenientes que manifestó podrían resultar si se les declaraba aquella aptitud, y el señor Valencia apoyó este concepto exponiendo que el congreso no debía desprenderse de los miembros que estaban destinados a la sanción de la constitución.

   Los señores presidente, Mendoza (Luis y José Antonio), Gual, Santamaría y otros varios diputados, se opusieron a semejante proposición, fundando su negativa en que se restringía la elección, y de consiguiente no era libre; en que no había incompatibilidad para tener derecho a la elección por la circunstancia de ser el elegido miembro del congreso, de que era ejemplo el ex vicepresidente de la República; en que era más conveniente elegirlo del seno del congreso, porque además de hallarse reunidos en él los sujetos más dignos de obtener aquella magistratura, se obviaba el gravísimo obstáculo de tener que nombrar otro interino mientras que venía el electo, y en otras razones de congruencia, justicia y necesidad que oportunamente se adujeron.

   En su virtud, y dándose por bastante discutido el punto, expuso a votación el señor presidente la siguiente proposición: "¿Si esta elección puede recaer en los individuos del congreso?". La cual quedó votada afirmativamente.

   Entonces los secretarios, procediendo a contar el número de individuos presentes, hallaron el total de 48, quienes escribieron su voto en boletas separadas que al efecto se les repartieron, y recogidas después por los mismos secretarios, se hizo el correspondiente escrutinio, de que resultaron 27 votos a favor del señor Castillo; nueve al del señor José Manuel Restrepo; seis al señor Urbaneja; tres al del señor Gual, y uno al del señor Félix Restrepo, uno al del general Montilla y uno al del señor Domingo Caycedo.

   En este estado, y habiendo declarado el señor presidente no haber elección, se procedió a votar segunda vez en los mismos términos que en la primera, y hecho el segundo escrutinio, resultó tener 35 votos el señor Castillo; diez el señor José Manuel Restrepo, y tres el señor Urbaneja. Entonces el señor presidente dijo en alta voz:

   "El señor doctor José María Castillo es vicepresidente de la República de Colombia".

   Inmediatamente dicho señor Castillo tomó la palabra, y después de manifestar su vivo reconocimiento por el alto honor que se le hacía, se excusó vigorosamente de admitir tan respetable destino, fundándose principalmente en que su quebrantada salud no le daba lugar a dedicarse al trabajo que demandaba aquel empleo, y también que cuando era menor la responsabilidad de su encargo, ya se había ensayado en esta clase de destinos y ni había quedado satisfecho interiormente, ni había podido satisfacer a ninguno de sus conciudadanos, a lo que el señor presidente contestó que el señor Castillo se posesionara, y después hiciese su renuncia, cuya proposición fue apoyada por el señor Fernández Soto y el señor Ballén. El señor Castillo repuso que el hacerlo posesionar era no darle lugar a la excusa, en la que insistió con el mismo vigor que antes.

   Otros varios señores diputados hablaron en favor de la proposición del señor presidente, quien después de declararse suficientemente discutido el punto, redujo a votación la siguiente propuesta: "¿Si se admiten las excusas al señor Castillo?", la cual, por una absoluta y unánime conformidad de votos quedó resuelta por la negativa.

   In continenti procedió el señor presidente a tomarle al señor Castillo el correspondiente juramento, y verificado este acto se levantó la sesión.

José I. de Márquez.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

   El redactor,

Antonio José Caro.

 

ACTA 66. SESION DEL DIA 6 DE JULIO

   Se abrió la sesión con más del número de diputados necesario para formar congreso.

   Se leyó el acta del día anterior, y se aprobó con las observaciones que hicieron los señores Domingo Briceño, Estévez e Ignacio Méndez. El primero, sobre que su dictamen del día anterior había sido que cuando el poder ejecutivo tratase de acercar tropas o atentar de cualquier otro modo contra el congreso, se le declarase depuesto de su dignidad, y al pueblo en estado de insurrección, cuyas cláusulas altaban en el acta. El segundo (señor Estévez), que habiendo protestado contra la votación de ayer sobre el primer artículo del proyecto de ley sobre manumisión de esclavos, se había omitido semejante requisito, y en su virtud consignaba la protesta, que, leída, se mandó agregar al acta, y el tercero (señor Ignacio Méndez), que habiendo propuesto (en la discusión sobre el proyecto de constitución) que se añadiese a las atribuciones del congreso la de conceder amnistías, no se hacía mención alguna en el acta de esta especie.

   En seguida se dio cuenta de la solicitud del ciudadano Miguel Joaquín Ramírez, reducida a que se le mande abonar la mitad de los sueldos que ha devengado como gobernador político de Tunja, y se le ha retenido en la tesorería, como a todos los demás, y se mandó pasar a la comisión del crédito nacional.

   Se principió la discusión de la sección 5a del título 4° de la constitución, y concluida su lectura, dijo el señor Yanes que no se expresaba en el artículo 87 si el emplazamiento de que habla era para el lugar ya establecido o si quedaba su designación al arbitrio del congreso, lo que en su concepto traería graves inconvenientes (los cuales insinuó), concluyendo con que el lugar que debía elegirse para la residencia de este soberano cuerpo era el centro de la República.

   El señor Mendoza (Luis) contestó que aunque no se expresaba en el artículo el punto de la reunión, se suponía ser el lugar acostumbrado, pero que si variadas las circunstancias creía deber trasladarse a otra parte, estaba en su arbitrio disponerlo; cuyo parecer lo apoyó el señor Méndez (Ignacio). Sin embargo, repuso el señor Yanes, que siendo esta constitución la ley que debía dirigir en lo sucesivo las operaciones del congreso, debía expresarlo así, pues de lo contrario le daba unas facultades sin límites, y que por lo mismo creía deber modificarse el artículo expresándose estar autorizado el congreso para disponer su traslación cuando se viere acometido o no pudiese obrar con libertad.

   El señor Briceño (Gabriel) indicó poder allanarse la dificultad previniéndose que para determinar la traslación del congreso conviniesen las dos terceras partes de ambas cámaras, cuya proposición apoyó el señor Peñalver.

   El señor Azuero contestó que si se resolvía así era necesario disponer lo mismo para todas las deliberaciones del congreso, que debe suponerse que cuando el congreso determina cualquier cosa, es porque hay justos motivos para ello; y ¿a quién sino a él mismo le toca calificar la necesidad y la justicia de sus resoluciones? Que este cuerpo soberano está compuesto de los hombres más prudentes y circunspectos, y sería la mayor temeridad imaginarse que cuando llegase el caso de trasladar su residencia no lo hiciese con justos y urgentes motivos; que el congreso se compone de dos cámaras bastante numerosas, y que no puede caber en ambas esa festinación o ligereza que ya se les supone en trasladarse a cada momento y sin causas poderosas que lo obliguen a una determinación de tal naturaleza, de que es una prueba perentoria el mismo congreso actual, en el que, a pesar de estar reunido en sola una cámara y de haberse alegado las más fuertes y eficaces razones para su traslación a otro lugar, siempre habían quedado desatendidas por la madurez y circunspección de sus resoluciones, y que por tanto le parecía inútil cualquier explicación o adición al artículo.

   Y no habiéndose ofrecido otro reparo, se dio por suficientemente discutida la ya citada sección 5a del título 4°.

   Prosiguióse la lectura de la sexta del mismo título, y concluida dijo el señor vicepresidente que la primera condición que exige el artículo 90 para ser representante, cual es la de ser natural o vecino de la provincia que lo elija, traía gravísimos inconvenientes, porque debiendo recaer la elección en sujetos de talento, probidad, luces, etc., se cortaba en cierto modo la libertad de los electores no dejándoles extender la vista fuera de la provincia cuando pudiesen creer no hallar aquellas cualidades en ninguno de los de su recinto; y que constreñirlos a que eligiesen en su seno sería exponerlos a que echaran mano tal vez de los menos a propósito; que así como se dice que los representantes no lo son de la provincia que los eligió sino de la República, es en toda su extensión donde se deben buscar, y que de otro modo se estará en la precisión de admitir en el congreso los sujetos más ineptos, quedándoles a los pueblos la disculpa de que se les obligó a no elegir de otra parte; que los $500 anuales o $2.000 de propiedad que se exigen por la cláusula 3a del mismo artículo, le parecían unas cantidades demasiado exorbitantes, atendidas las presentes circunstancias, pues en el día son muy pocos los que las poseen, excepto los mercaderes, que no son los más a propósito para representantes, o aquellos que a título de revolución se han hecho ricos, pues es bien sabido que los hombres de bien no son los que progresan por estos medios; que en la cualidad también exigida por el mismo artículo de ser profesor acreditado, le parecía estar por demás este adjetivo, pues en su concepto bastaba ser profesor, lo primero, por la dificultad de encontrarse hombres de aquella clase, y lo segundo, por las reñidas contiendas que acarrearía una calificación de esta naturaleza; y últimamente, que no creía conveniente en el artículo 92 (cuando habla del derecho de acusar al presidente y demás empleados que expresa) se añadiese después de detallar los delitos por que deben ser acusados la expresión y demás altos crímenes, pues semejante generalidad ofreció muchas dificultades para calificarlos en la práctica.

   El señor Valencia contestó que por miserable que quisiese suponerse cualquier provincia, era imposible que dejase de tener en su recinto dos o tres hombres dignos de ser representantes; que la disposición o vecindad en la provincia que los elige evita el inconveniente de ser nombrado un mismo sujeto por varias provincias, inconveniente que se ha tocado en la elección de los diputados que componen el actual congreso; y que el pundonor de los nuevos electos los obligará a esclarecerse aun suponiéndose que al principio se encuentren torpes o embarazados; que por demás altos crímenes se entendía un asesinato, traición, etc., y que no la creía vaga esta expresión cuando de ella se usa en las constituciones de otros pueblos ilustrados; y por último, que el aditamento de acreditado a la palabra profesor se había puesto con el fin de que en la elección se prefiera el que tenga algún concepto entre sus conciudadanos al que carece absolutamente de él.

   El señor Peñalver expuso los perjuicios que acarrea el espíritu de provincialismo, que es el que se fomenta con la primera condición exigida por el artículo 90, cuya disposición priva de traer al congreso los hombres de mejores luces, que si escasean en unas provincias, abundan en otras. Y por esto y porque quita la libertad en la elección, lo cree perjudicialísimo, no obstante el inconveniente que le ocurre al señor Quijano, pues éste se salva por medio de suplentes.

   El señor Mendoza (Luis) hizo presente que los provinciales tenían un conocimiento práctico de sus respectivos países, y que éstos, reunidos a los de otras provincias, podían ilustrar al congreso acerca de las de su nacimiento, esclareciéndose ellos a su vez con el trato y roce de sus compañeros; que lo que en el día necesitamos es aprender la ciencia práctica de los gobiernos y no guiarnos por ideas abstractas y metafísicas; que lo de profesor acreditado se puede cambiar en sujeto de conocida ilustración, pues lo primero necesita grados, y tal vez muchos sin ellos son más a propósito que los que los tienen; y por último, que insistía en que los representantes debían ser nacidos o vecinos de las provincias que los elegían, por el conocimiento material y práctico que tenían de sus pueblos, el cual no se adquiere con los libros.

   El señor Yanes contradijo el concepto del señor Mendoza, pues observó que siempre era una traba la que se ponía a los pueblos en el único ejercicio de la soberanía que se le daba por la constitución, y añadió que no encontraba la menor proporción entre $2.000 que se exigen de capital y en su defecto $ 500 de renta, pues ni aun en el comercio produce aquel principal semejante rédito, y que por lo tanto creía deberse aumentar aquél o disminuirse éste.

   Tomó el señor Azuero la palabra y dijo que ya empezaban a tocarse las dificultades en la redacción de la constitución, siendo indispensable por lo mismo que el congreso meditase con detenida reflexión los reparos que se ponen comparándolos con el texto del proyecto; que el que se objeta acerca de ser los representantes nacidos o vecinos de las provincias que los eligen, lo creen desvanecido si se considera que no hay provincia por desgraciada que quiera ponderarse en donde no haya uno o dos hombres a propósito para ser representantes, pues entre 40.000 almas es moralmente imposible no encontrarse tan sólo uno, y en las provincias de mayor población se aumenta la imposibilidad de no hallarse dos sujetos entre 70 y 1.000 almas. La comisión (prosiguió) está muy distante del espíritu de provincialismo al estampar aquel artículo en el que sólo atendió a obviar los perjuicios que de él resultarían, puesto en otros términos de los en que se encuentra, y son entre otros el de que dejando a las provincias la libertad de elegir fuera de su distrito, sólo se nombrarían los sujetos residentes en la capital o sus cercanías para evitarles las incomodidades de un largo viaje a los que viven en los extremos, y el de que jamás se compondría el congreso de los nacidos o vecinos de las capitales, lo que daría un justo motivo a interminables quejas; que uno de los argumentos de los federalistas contra el gobierno central, era el de que éste no podría atender a los extremos, el cual queda por tierra llamando, como llama, cerca de sí a los hijos de las provincias más lejanas, quienes movidos por el amor a su país atraerían la atención del gobierno a los puntos más remotos; que las provincias celebrarían tanto más la representación que se les da cuanto que no es aérea sino real y efectiva, viendo transportarse de su seno al centro de la soberanía aquellos hombres que les merecen más confianza.

   Sobre el reparo de profesor acreditado, dijo que en todas partes se prefiere la riqueza a los talentos; que éstos proporcionan aquélla, y que si solamente se diese la preferencia a la riqueza, quedarían sumergidos los talentos en la oscuridad, lo que trató de evitar la comisión exigiendo ambas condiciones; que además es constante que el grado no da ciencia, y así es que hay muchos profesores acreditados que no son graduados; y por último, que aunque conocía no ser exacta la definición, también es cierto que no se había encontrado otra.

   Acerca de la objeción sobre los $2.000 que se exigen de propiedad o $500 de renta, dijo que serían muy pocos los que teniendo otras cualidades para representantes, no poseyesen una u otra cosa, y que era sumamente difícil encontrar una verdadera proporción matemática entre el capital y la renta; y concluyó exponiendo que la especificación de los demás altos crímenes que se echaba menos, ni era posible ni decente declarar al primer magistrado de la República, bastando explicar los más esenciales.

   El señor Peñalver dijo que, atendiendo a la desproporción que se nota entre el capital y la renta, creía deberse aumentar aquél, pues desde la más remota antigüedad los elegidos debían ser propietarios, aunque los electores no lo fuesen; que la propiedad es muy esencial en las elecciones, pues los que poseen alguna son los menos amigos del trastorno, lo que no sucede con los que carecen de ella, pues sobre no tener que perder, esperan ganar algo al abrigo de las novedades; que, además, el cuerpo legislativo es quien debe establecer y arreglar las contribuciones, y los que nada tienen serán muy liberales en su imposición, pues con nada contribuyen, lo que no sucederá si se compone de propietarios, quienes serán muy circunspectos en este punto muy celoso en vigilar sobre la inversión de las contribuciones como primeros interesados en ellas.

   El señor Mendoza (Luis) contestó que querer aumentar el capital era abrir la puerta a que se sentasen en el congreso los menos aptos, pues bien sabido es que los más ricos no son los más ilustrados; que el ejemplo de las naciones extranjeras que se citaban en oposición a su dictamen era muy al propósito para una declamación, pero no para seguirlo en la práctica, en un país donde por efecto de una guerra desoladora todo era miseria; que los principios, sean cuales fueren, deben acomodarse a las circunstancias, y que así como se dice que desde el año de 40 en adelante se necesita de saber leer y escribir para ser sufragante parroquial, así también desde esa época podrá aumentarse el capital para ser representante, en cuyo tiempo ya las circunstancias serán más felices.

   El señor Briceño (Domingo) dijo que debía restringirse la condición de los $2.000 de propiedad, pues de otro modo era muy fácil se incorporasen en el congreso hombres que no lo merecían, y mucho más al principio del establecimiento del gobierno; y que en orden a la expresión de profesores acreditados era de opinión se cambiase en la de profesores aprobados; que acerca de exigirse un representante por cada 40.000 almas, no habiendo censos exactos de las poblaciones que comprende la República, se tocarían mil embarazos para la próxima elección y aun para la siguiente por las casi insuperables dificultades que hay en formar padrones bien conformes y arreglados, a que se agregaba la notable desproporción que hay en la población de unas provincias comparada con la de otras; por todo lo cual era de dictamen ser mejor y más arreglada la disposición de la constitución de Guayana cuando a cada provincia le señala un determinado número de representantes.

   El señor Félix Restrepo, apoyando el artículo del proyecto sobre que los representantes sean hijos o vecinos de las provincias que los eligen, alegó dos razones en su abono: 1a, el egoísmo que desde luego influiría para nombrar los más lejanos en cada una si se les diese facultad de elegir en todas, y 2a, que siendo provinciales los representantes cuando vuelven a sus hogares, explican los motivos por que el congreso dispuso estas o las otras leyes, etc., y mientras viajan adquieren otras instrucciones útiles a su país.

   El señor Ildefonso Méndez expuso que necesitándose para ser representante dos años de residencia inmediatamente antes de la elección, y no incluyéndose entre las excepciones de ésta la de haber emigrado, se encontraba en el doloroso caso de no tener derecho a la representación, sin más motivo que el honroso de no haber vuelto a país español, por no quebrantar el juramento que había hecho de la independencia; que protestaba no le movía a hacer este reparo la ambición sino únicamente el justo deseo de no defraudarse de los derechos que le competen.

   Los señores José Manuel Restrepo y Azuero fueron de dictamen que en la excepción que excluye de aquella regla a los desterrados por el gobierno español se hallaban incluidos los que estaban en el caso del señor Méndez.

   El señor Soto observó que, o no entendía los artículos 92, 93 y 94, o no estaban bastante claros, pues notaba una especie de inconsecuencia cuando para acusarse al poder ejecutivo se exigía una violación manifiesta de la constitución, y para corregir y castigara los demás empleados no se necesitaba tanto.

   El señor vicepresidente, apoyando el dictamen de los señores Azuero y José Manuel Restrepo, sobre la reclamación del señor Ildefonso Méndez, y declamando contra los que a título de emigrados se hallaban en los países extranjeros llenos de comodidades y mirando con indiferencia el derramamiento de sangre de los patriotas, los cuales, en su concepto, debían detestarse y borrarse para siempre del número de los colombianos, contestó a la duda del señor Soto; que el poder ejecutivo es muy propenso a la violación de la constitución, y que en esta parte los perjuicios que causa son de mayor trascendencia; pero como también la persona que se elige para ejercitar aquel poder es la más acendrada y benemérita, se halla al abrigo de cualquier sospecha, y sólo una manifiesta y no equívoca violación de la ley puede dar derecho para acusarla.

   El señor Mutis alegó en apoyo de la reclamación del señor Méndez que las leyes deben ser claras y terminantes, y que atendiéndose al riguroso y literal sentido de ellas quedaba excluido el señor Méndez del derecho de la representación, lo que era tanto más injusto que los que emigraron y volvieron a indultarse entre los españoles gozaban de aquel privilegio, y que así, era de dictamen que todos los emigrados en el momento que viniesen gozasen de tan apreciable derecho.

   El señor secretario Santamaría opinó haber más casos de los que había expresado el señor Méndez, y que sería una falta de sentido común en todos los que componen la provincia de su nacimiento o residencia si sabiendo que había emigrado por amor a la independencia y que desde entonces no volvió a sujetarse al gobierno español, lo excluyesen del derecho a la representación.

   Apoyó y esforzó el parecer del señor vicepresidente en contra de los emigrados egoístas que aún se mantienen en países extranjeros, y concluyó ser su dictamen que se califique la conducta de cualquier emigrado que venga. A lo que contestó el señor Méndez (Ignacio) que la graduación y calificación de los emigrados era objeto de una ley particular pero no de la constitución. Con lo cual se dio por suficientemente discutida la citada sección 6a del título 4°.

   En seguida se leyó por uno de los secretarios cuanto se había determinado hasta ahora sobre la ley fundamental, y procediéndose a la discusión del artículo 7°, se expusieron a votación por el señor presidente las dos siguientes proposiciones: "1a, ¿una nueva ciudad con el nombre del Libertador Bolívar, será la capital de la República de Colombia? 2a, ¿su plan y situación se determinarán por el congreso general en mejores circunstancias?". Una y otra fueron votadas afirmativamente.

   Se leyeron los artículos 13 y 14, y después de una ligera discusión, se acordó pasarlos a una comisión para que tomando en consideración las observaciones hechas en la materia, presentase redactados los artículos conforme a ellas.

   Siguióse la discusión sobre el proyecto de manumisión de esclavos, y leído el artículo 2°, dijo el señor José Manuel Restrepo le parecía muy corta la edad de 16 años para dejarlos en entera y absoluta libertad; que por lo mismo le parecía se prorrogase aquel plazo hasta los 20, y que desde esta edad hasta los 25 pudiesen servir a sus amos si éstos gustaban de ello.

   El señor Restrepo (Félix) contestó que el gasto de crianza y manutención que hacían los amos estaba suficientemente compensado con los 16 años de servicio, supuesto que es poco lo que en aquello se impende y no deja de reportar alguna utilidad a los amos, principalmente en las haciendas; que el manumitirlos hasta los 20 años es una excesiva dilación, pues esta es la edad más florida, y que así tomando un medio es de dictamen que sólo se les alargue aquel plazo hasta los 18 años, y que la adición de los cinco años más a voluntad de los amos, no la cree conveniente, pues si éstos son buenos, naturalmente se quedaban con ellos los criados sin necesidad de que la ley lo prevenga.

   El señor Otero expuso que no hallaba la menor indicación que manifestase cuál sea la indemnización que se les da a los propietarios por mantener 16 años a los hijos de sus esclavos cuando aquéllos se mueren en este intermedio.

   El señor Briceño (Domingo) dijo que el costo de los esclavos desde que nacen hasta los 8 años importa por lo menos $400, y que puestos a jornal en los últimos ocho años sólo pueden dar de producto $144, cuya cantidad no alcanza a compensar la mitad de aquélla, y de consiguiente se perjudica notoriamente al amo, aun sin contar con la muerte de los esclavos en este intermedio; y que a efecto de conciliar el menor daño de los propietarios con el beneficio de los esclavos, era de parecer que de los fondos destinados a su libertad se indemnizase a los amos, a juicio de peritos, de los menoscabos que puedan padecer.

   El señor Blanco, después de haber observado que el cálculo del señor preopinante no era el de todas las provincias, fue de dictamen que los reglamentos de policía arreglen los salarios de modo que ni se perjudiquen los amos ni se les usurpe su trabajo a los esclavos.

   El señor Azuero opinó que cumplidos los 18 años continúen sirviendo los esclavos por un salario señalado y estipulado por los jueces del país, y que las mujeres prosigan en los mismos términos hasta que se casen.

   El señor Restrepo, apoyando la proposición del señor Otero, concluyó pidiendo que pase el artículo a una comisión, compuesta de hacendados o sujetos inteligentes en materia de jornales, tanto en Cundinamarca como en Venezuela, para que informe a la mayor brevedad sobre el tiempo que deben continuar los hijos de los esclavos en el servicio de sus amos; cuya proposición, apoyada que fue por otros señores diputados, y reducida a votación, resultó empatada por 19 votos negativos contra otros tantos afirmativos.

   Y siendo más de la hora se levantó la sesión.

José I. de Márquez.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

   El redactor,

Antonio José Caro.

 

ACTA 67. SESION DEL DIA 7 JULIO

   Se abrió la sesión con más del número de diputados necesario para formar congreso.

   Se leyó el acta del día anterior, y quedó aprobada con sola la observación que hizo el señor Mendoza (Luis) de que se agregase a su dictamen de ayer sobre la calidad que exige la constitución de ser los representantes naturales o vecinos de las provincias que los eligen, la especie que insinuó de que esto no es coartar la libertad de la elección, sino arreglar o conformar a la ley esta misma libertad.

   Se dio cuenta de una representación hecha por María Josefa Serrano, en que reclama un conuco como secuestrado, y se mandó reservar para su tiempo.

   Iba a proseguirse en la lectura de la sección 7a del título 4° del proyecto de constitución, y con tal motivo hizo presente el señor Miguel Tobar ser de dictamen que las discusiones sobre la constitución se llevasen por separado y no se mezclasen con otras materias, porque además de quedar así confundidas entre una infinidad de asuntos inconexos, ofrecería grandes dificultades, cuando tratasen de imprimirse, entresacarlas de esa multitud de negocios y de especies ajenas enteramente de su asunto.

   Hecha esta indicación, se leyó dicha sección, y concluida, observó el señor Bernardino Tobar ser muy corta en su concepto la edad de 30 años que por el artículo 93 se requiere para ser senador, fundándose en que siendo éste un destino en que además de las luces y talento, requiere mucho juicio, madurez y experiencia, no consideraba poder lograrse a aquella edad esta reunión de circunstancias, y que por tanto era de dictamen se les asignase la edad de 40 años; a lo cual contestó el señor Valencia diciendo que los 30 eran suficientes, pues el que a este tiempo no tiene juicio, tampoco lo logra a los 80.

   El señor Méndez (Ignacio), reflexionando sobre el artículo 105, en que se previene necesitarse el voto unánime de las dos terceras partes de senadores para condenar a los empleados de la República que según el artículo 92 correspondía su acusación a la cámara de representantes, manifestó que semejante disposición tendía a dejar impunes los delitos, supuesta la dificultad que hay en semejantes votaciones de estar acordes las dos terceras partes de los sufragantes. Y sobre el artículo 106 hizo presente el grave inconveniente que acarrea remitir al acusado, después de la deposición decretada en el senado, al tribunal a quien correspondiese, por la prevención que en aquel mismo hecho llevaba ya el reo en contra suya; prevención que es de necesidad influyese mucho en la última sentencia del tribunal de justicia.

   El señor Peñalver contestó que el tribunal de justicia en este caso no hace más que aplicar la ley, imponiendo la pena a que se hizo acreedor el reo por la sentencia del senado.

   El señor Méndez (Ildefonso), después de reproducir cuanto dijo ayer acerca del tiempo de vecindad que se exige para ser representante y senador, pidió se le explicase ¿cuáles son esas órdenes e instrucciones que según el artículo 102 deben darse por la cámara de representantes al que escoge de entre sus miembros para que haga las funciones de acusador? Porque -continuó- el oficio de fiscal es oficio de buena fe, es decir, que debe acusar al reo si encuentra mérito suficiente para ello; pero si no lo halla, es también de su obligación abogar por él; de lo cual se sigue que, como estas instrucciones de que habla el artículo citado sólo pueden tener por objeto el que lo acuse, jamás llegará el caso de que hable en favor del acusado, por no verse en el riesgo de traspasarlas.

   A esto contestó el señor Mendoza (Luis) que el objeto de las instrucciones que se dan al acusador no es otro que el de manifestar y detallar los puntos sobre que debe fundarse la acusación, porque sin estos datos (preguntó) ¿cómo podrá el fiscal extender la acusación si los ignora?.

   El señor Borrero (Vicente) manifestó ser inútiles en su concepto semejantes instrucciones, porque siendo el acusador individuo de la misma cámara que determina la acusación, es de suponerse que se halla instruido en los motivos en que ésta se funda, y así, le parecía ociosa la prevención de que se diesen tales instrucciones, lo que apoyó el señor vicepresidente.

   Contestó el señor Mendoza (Luis) que sí son necesarias para que el acusador manifieste en todo tiempo que se arregló y procedió conforme a ellas; y en apoyo de este concepto dijo el señor Miguel Tobar que en todo juicio criminal se dan instrucciones al fiscal o acusador, pues tales deben llamarse la sumaria que se forma al reo antes que el proceso se ponga en estado de pasárselo; pues en ella él provee todos los puntos en que debe fundar la acusación; y que como en el caso de la cuestión no existe tal sumaria, nada tiene de repugnante que se le den aquellas instrucciones. Además de que no pudiendo ser toda la cámara la acusadora, tampoco es extraño que al delegar esta función en uno de sus miembros le suministre todos los puntos en que debe fundar la acusación.

   El señor secretario Soto fue del mismo dictamen, y en apoyo del artículo 105, que previene el voto unánime de las dos terceras partes de los senadores, dijo que estimaba muy arreglada esta disposición, porque mientras mayor fuese el número de votos exigidos para la condenación del acusado, más y más rehuiría la justicia con que procedía.

   El señor Ballén dijo que entre los artículos 106 y 107 hallaba una terrible contradicción, pues en éste se declaraba que los decretos, autos y sentencias que el senado pronuncie en estos juicios tienen fuerza; y si tienen fuerza y deben ejecutarse inviolablemente por lo mismo, ¿porqué -preguntó- se ha de pasar el reo al tribunal de justicia a ser allí juzgado de nuevo, como dispone el artículo 106? Y si (como puede suceder) que en este nuevo juicio se descubra estar inocente el acusado, ¿cómo es -volvió a preguntar-que este tribunal revoca la sentencia del senado?

   El señor Mendoza (Luis) apoyó este concepto diciendo ser muy probable que en el senado se hubiese procedido contra el reo por una calumnia que trajese todas las apariencias de verdad, pero que en la realidad no lo fuese; a lo que contestó el señor Valencia manifestando que es muy difícil, por no decir imposible, que en el senado se procediese sobre una calumnia, mucho más cuando para la sentencia se exigía la unanimidad de las dos terceras partes de votos, pero que, sin embargo, aun cuando se supusiese llegar a suceder un caso tan remoto, nada era de extrañarse que, declarada la inocencia del reo, se le repusiese a sus antiguos honores y empleos.

   El señor Peñalver dijo: que el juicio que ejerce el senado en el caso de que se habla es un verdadero juicio de juris; que en la cámara de representantes se examina el delito del empleado, y en vista de este examen se determinara la acusación; que en la del senado se hacen comparecer y se toman las declaraciones a los testigos, se oyen las excepciones y defensa del acusado, se le da vista de todo al acusador, y en fin, se sigue la causa por todos los trámites legales hasta ponerla en estado de sentencia; pero que ésta solamente se reduce a declararlo delincuente de tal o cual crimen, y que a este efecto de la aplicación de la pena a que se haya hecho acreedor es cuando se pasa a la corte de justicia.

   A esto repuso el señor Ballén que, siendo así, está impropiamente dicho en el artículo que se pasa al acusado al tribunal de justicia para que allí sea juzgado, supuesto que ya lo ha sido en el senado, y así, lo que debía decirse era que se pasa a aquel tribunal para que por él se le aplique la pena.

   El señor Miguel Tobar dijo que este juicio no es de jurados, como se supone, porque si lo fuese, daba lugar a la recusación de los senadores; que su verdadera denominación es la de juicio de desafuero en el que sólo se declara quedar desaforado el reo; y la de la corte de justicia un juzgado ordinario donde conforme a aquella sentencia se procede contra él para la punición a que sobre el desafuero se haya hecho acreedor, como sucede entre los tribunales eclesiásticos y la jurisdicción civil, y que por lo mismo creía estar conformes y arreglados los artículos de que se trataba.

   Contestó el señor Méndez (Ildefonso) que suponía fuese un juicio de desafuero, pero que aun concedido este principio, siempre quedaba en pie la dificultad; porque desaforado el reo y pasado para ser juzgado a la corte de justicia, podía suceder muy bien que en ella se indemnizase, que así se declarase, y de consiguiente digno a su reposición; y he aquí por esta sentencia un tribunal superior al senado, quien por este hecho acaso podría atraerse la odiosidad del pueblo, mucho más si el individuo contra quien había procedido merecía el concepto público; pero que no había tal juicio de desafuero sino un juicio cabal y perfecto, por lo cual era impropia la expresión de que el acusado se pasase al tribunal de justicia para ser allí juzgado, la cual debía enmendarse diciendo "que se pasaba para la aplicación de la pena".

   El señor Baños dijo que en el caso de la cuestión el senado es un verdadero tribunal de justicia, y por lo mismo con facultades no sólo de declarar el delito sino también de sentenciar la aplicación de la pena, y que así, no debía pasar en su concepto al tribunal de justicia sino al poder ejecutivo para que la ejecutase, cuyo modo de pensar fue apoyado por el señor Ballén.

   El señor secretario Santamaría expuso que es casi imposible que en el senado se juzgase sobre una calumnia, pues hasta ahora no hay ejemplo de que esto hubiese sucedido; pero que sin embargo creía muy conveniente que en estos casos presidiese al senado el presidente de la alta corte de justicia; lo primero, porque es perito en el derecho; lo segundo, porque su asistencia autorizaba en gran manera este juicio; y lo tercero, porque de este modo, cuando se pronunciase la sentencia, pudiese decirse ser moralmente imposible que no fuese justa.

   El señor Azuero habló en favor de los artículos, por estar así en otras constituciones, y porque hay diferencia de delitos cuyo conocimiento es propio y peculiar de los tribunales de justicia; pero que observaba que a la cámara de representantes sólo se le da derecho para acusar a cierta clase de empleados, y que él desearía tuviese facultad para acusar a todos los empleados públicos en razón de la mala administración de sus oficios y en todos los crímenes que violasen el orden social, y que el senado oyese y juzgase tales acusaciones sin perjuicio de que los tribunales de justicia conociesen en los demás crímenes de su resorte; que no por esto se limitaba la autoridad de los tribunales de justicia, a quienes siempre correspondía determinar la aplicación de la pena; y concluyó apoyando la proposición del señor Santamaría de que en los casos de juzgar y sentenciar el senado estuviese a su cabeza el presidente de la alta corte de justicia.

   El señor Peñalver apoyó el concepto del señor Azuero en cuanto a que la cámara de representantes acuse a todos los empleados públicos, y con esto se dio por bastantemente discutida la última sección del título 4°.

   Seguidamente se procedió a la lectura de las dos primeras secciones del título 5°, sobre lo cual observó el señor Miguel Tobar que el tiempo a que se concreta el artículo 12 que, para las facultades extraordinarias que por él se conceden al poder ejecutivo, ofrece muchos inconvenientes y tal vez perjuicios irreparables, pues según está concebido, sólo puede ejercerlas cuando ya se ha explicado la conmoción interior de que habla el artículo, y cuando llega este caso ya los revolucionarios tienen tomadas las medidas, de modo que si se arrojan a echar mano de las armas, es porque les asiste una probabilidad del buen éxito en su criminal empresa; y si hasta entonces ha tenido amarradas las manos el poder ejecutivo, mucho será que en momentos tan críticos pueda salvar la patria, cuyo peligro estaría evitado si hubiese podido sofocar en su cuna las maquinaciones de los perturbadores del orden; así que le parecía deber explicarse que aquellas extraordinarias facultades que debe ejercer no se le dan hasta los momentos de pronunciarse la rebelión, sino desde que se maquina, pues para proceder contra los promovedores de ella basta la platica, como dice la ley de Partida.

   El señor Pereira habló sobre los artículos 117, 124 y 134. Acerca del primero dijo que dándose al poder ejecutivo la facultad de convocar al congreso, es dar margen más bien a que impida su reunión, pues siendo éste un freno al abuso de sus facultades, tratará por cuantos medios estén en la dilatada extensión de su poder de que nunca llegue el caso de que se congregue, o cuando menos, de demorar extraordinariamente su reunión. Y que así, creía muy oportuno se modificase aquel artículo expresándose en los que se habla de la formación del congreso que éste se reúna en el tiempo determinado sin necesidad de la convocación del ejecutivo. En orden al segundo, dijo que el poder ejecutivo era el más temible, y si al cúmulo de facultades de que se halla revestido se le agregaba el poder moral de hacerse criaturas en la atribución que se le concedía de nombrar todos los empleos de la República, ¿qué aliciente -preguntó- le quedará al congreso para ser amado y respetado?. Todos los hombres -prosiguió- obran por interés y conociendo que sólo del poder ejecutivo pueden esperar el logro de sus deseos en la mejora de sus fortunas, no habrá ciudadano que no se ponga de su parte, y he aquí minada peligrosamente la existencia del gobierno. Y sobre el tercero, expuso que el concederle al presidente de la República, después de terminadas sus funciones, perpetuo asiento, voz y voto en el senado, era una verdadera aristocracia, y con semejante prerrogativa se tendía a que quedasen impunes cualesquiera delitos que hubiese cometido en el tiempo de su mando, cuando, por el contrario, terminado éste, y para evitar ambos inconvenientes, debía volver a la condición de simple ciudadano y quedar confundido entre la multitud; además de que con la disposición del artículo se daba lugar a que dentro de cierto período se reuniesen en el senado una porción de expresidentes, cuyos votos, así por su número como por su respeto, podrían sofocar la voluntad general del senado.

   El señor Méndez (Ildefonso) apoyó la proposición del señor Tobar (Miguel), y hablando sobre el artículo 128, en que se faculta al congreso para conmutar las penas capitales, dijo que no lo creía conveniente porque daba margen a que hombres de caudal, de relaciones y de influjo no sufriesen la pena merecida por sus crímenes, y a que pudiesen maquinar cualquier conmoción, en la seguridad de que cuando fuese descubierta se les conmutaría la pena, que de este modo sólo pesaría sobre los desvalidos, lo que era una horrenda injusticia.

   El señor vicepresidente contestó que el artículo lo creía muy análogo a los principios de justicia y humanidad, pues ni se le faculta al poder ejecutivo para que deje impunes los delitos, ni se autoriza a los tribunales de justicia para que infrinjan la ley; que su objeto sólo es dar un arbitrio para que sin faltar a ella se ejercite la humanidad en obsequio de las prendas estimables que por otra parte puede tener el delincuente, pues nada tiene de extraño ni de singular que un hombre de relevantes méritos y servicios hechos a la patria, tuviese la desgracia de haber delinquido; y en este caso -preguntó- ¿quedarán olvidadas tan apreciables circunstancias sin haber arbitrio para dejar de imponerle la inexorable severidad de la ley?

   El señor Miguel Tobar manifestó que todos los autores convienen en que se puede hacer gracia, pero que no se deben adoptar todos los extremos; así que para conmutar la pena, debe primero calificarse la especie de méritos y servicios que pudiesen alegarse, porque al delito que se cometió en la línea de estos mismos méritos y servicios, no debe en manera alguna dispensársele de la pena, así como no se le perdonaría a un habilísimo herrero el delito de que hiciese una primorosa llave falsa con la que robase un tesoro, porque el mérito de esta habilidad era perjudicialísima en él. Que por lo mismo, tampoco debería dispensarse el crimen de atentar contra la patria al que hubiese hecho muchos servicios en su favor, porque este mérito lo hacía más delincuente; y que bajo estos principios creía arreglado el artículo, sin que valiese el argumento de que solo pesaría la ley sobre el infeliz o desvalido, pues esta clase de personas no pueden hacer grandes y relevantes servicios.

   El señor Yanes dijo que la ley no debe ser inexorable, pues algunas veces es muy conveniente y necesario usar de indulgencia y hacer gracia, y que por lo tanto, era de sentir que estaba bien meditado el artículo; pero que acerca del 124, conformándose con la opinión del señor Pereira, le parecía que debe ser del resorte del congreso la distribución de todos los premios y la provisión de todos los empleos, así de primer orden como subalternos.

   El señor Azuero, contestando a cuantos reparos se habían objetado, dijo, sobre que el poder ejecutivo convoque al congreso, que la comisión consultó en esto a la independencia del mismo congreso, pues cuando llegue el caso de la convocatoria, ya deben estar reunidos en el lugar designado los miembros que han de componerlo, como que su apertura se fija para el 2 de enero, y le da facultad a cierto número de representantes para que compela al otro a la reunión; así que convocar el poder ejecutivo no es otra cosa, verdaderamente hablando, que darle un nuevo impulso.

   Sobre que los empleos públicos los provea el poder ejecutivo, expuso que hay dos clases de empleosó los populares y los civiles; que el modo de llenar aquéllos ya estaba detallado en la constitución, y que no dejar el nombramiento de los segundos al poder ejecutivo sería privarle del derecho inherente que tiene a proveerlos; que en estos últimos empleos, los hay de primera y segunda clase; que en los de la primera se comprenden los ministros y agentes diplomáticos y todos los militares desde coronel, inclusive, arriba, y éstos no puede darlos el poder ejecutivo sin el consentimiento del congreso; que respecto de los de segunda clase, se dice en el artículo 124 que le corresponde el nombramiento de aquellos que no se lo impida la constitución o la ley ; que es bien sabido el orden de proceder en estas provisiones, de las cuales, en muchas, no hace otra cosa que confirmar pero no dar; y en otras tiene que arreglarse a la terna que se le pasa por los jefes subalternos; y, por último, que como el nombramiento de presidente de la República siempre ha de recaer en la persona que reúna las mejores y más brillantes cualidades su elección, salva los temores que sobre esta facultad pueden suscitarse.

   Sobre las facultades extraordinarias que se le dan al poder ejecutivo en caso de conmoción, fue de parecer que no se le limitaba a ejercerlas hasta el punto de que ésta hiciese su explosión, pues siempre que el bien y seguridad de la República lo exija, lo faculta otro artículo (que es el 127) para que arreste las personas que crea convenientes poniéndolas dentro de 48 horas a disposición de los respectivos tribunales; con lo que se evita el inconveniente indicado por el señor Miguel Tobar, y la arbitrariedad de que a cada paso, por simples y tal vez falsas delaciones, esté ejerciendo el poder ejecutivo facultades extraordinarias.

   Sobre concedérsele al presidente de la República (después de concluido su mando) asiento, voz y voto perpetuo en el senado, dijo no parecer justo ni conveniente que después de haber servido y desempeñado fielmente tan alto, delicado y arduo encargo, quedase reducido a la última condición y confundido entre la multitud; que su asistencia al senado le traería la mayor utilidad, pues podría ilustrarla con sus conocimientos y con la experiencia práctica que había adquirido en el difícil manejo del gobierno, y le añadiría un nuevo grado de fortaleza contra las maquinaciones y ataques de otro presidente que no fuese tan justo como él, y por último, que atendida la edad en que por lo menos se debía entrar a aquel empleo, el tiempo de su mando y las reelecciones que de una misma persona pudiesen hacerse, en ningún período llegarían a juntarse arriba de cuatro o cinco ex presidentes, y este corto número jamás podría ahogar el voto general del senado.

   Sobre la conmutación de la pena capital que se le concede al poder ejecutivo, manifestó que no se deja a su arbitrio, supuesto que el mismo artículo que le atribuye esta prerrogativa exige que sea a propuesta del competente tribunal, y esta excepción, sobre restringirle la arbitrariedad en tales casos, da a los tribunales un motivo más para que se miren con el aprecio que merecen, lo que muy lejos de ser perjudicial es útil, justo, necesario y conveniente.

   El señor Domínguez, apoyando la proposición del señor Pereira, insistió en que era perjudicial la prerrogativa que se concede a los ex presidentes del asiento, voz y voto perpetuo en el senado, así por la tendencia que tiene a la aristocracia, como por el gravamen que resulta al Estado con los nuevos sueldos que de por vida tendrán como senadores. A lo que añadió el señor Pereira, en confirmación de su ya expuesto parecer, que un senador no es ni puede ser de peor condición que un presidente, y ¿por qué -preguntó- no se le concede a aquél esta distinción? El mejor premio -prosiguió- de un presidente que ha llenado debidamente sus funciones es quedar gozando pacíficamente de los derechos de simple ciudadano, como lo queda el senador.

   El señor vicepresidente contestó que el servicio más importante que puede hacerse al Estado es el de un presidente que ha llenado bien y cumplidamente el ejercicio de su magistratura, y que este singular y recomendable mérito exigía muy de justicia que se apreciase y recompensase de algún modo. Que no eran de sentir tendiese a la aristocracia el honor que se le hacía, pues distinguir de por vida a las personas ya tenía lugar en la República, de que eran buen ejemplo las dos órdenes que hay establecidas en ella, cuales son la de Boyacá y libertadores; y que si a un militar, por haberse hallado en tres campañas, se le concedía una distinción hasta su muerte, ¿por qué -preguntó- no se podrá conceder aquella gracia a un presidente que felizmente terminó el espinoso camino del mando? Pero sin embargo -prosiguió- encontraba un arbitrio de modificar el artículo, previniéndose en él que durante el año que por el 133 se le prohibe salir del territorio de la República, quede confundido entre la multitud y expuesto a ser acusado, juzgado y sentenciado en los mismos términos y ante los mismos tribunales que el último ciudadano; pero que cumplido este plazo sin la menor nota, se le conceda la gracia de senador honorario.

   El señor Peñalver, hablando sobre el artículo 124, dijo que es principio admitido por todos los publicistas de que mientras más se diseminen o esparzan las facultades del gobierno, es mayor su impotencia y su debilidad. Así que quitarle la facultad al poder ejecutivo (como se había propuesto) de proveer los empleos que la constitución le concede, era despojarlo de una de las cualidades que lo constituyen más respetable. Que no nombrados los empleados por el presidente de la República, jamás se le podrá hacer responsable de su perverso manejo, supuesto que fue otro quien los nombró, y que la mejor contención que puede ponerse al ejecutivo para precaver el abuso de esta facultad está en la acusación que pueda hacerse al senado de todos los empleados; y con referencia al artículo 134, manifestó que no sólo creía justo se le concediesen los honores de senador al presidente que desempeñó bien las funciones (porque el congreso debía premiar el mérito, y mucho más un mérito tan extraordinario), sino que en su concepto era conveniente, así por el nuevo decoro, más representación y mejor ilustración que su entrada le daba al senado, como por el freno que ella le imponía al nuevo presidente, quien se contendría mucho viendo en aquel cuerpo hombres que no debían ignorar el camino que pudiese emprender al despotismo, supuesto que ellos conocían prácticamente todas las veredas.

   El señor Tobar (Miguel) añadió que el mayor problema que está por resolverse en las repúblicas, es que el hombre grande quede reducido a la condición de simple ciudadano, y que esta dificultad ha obligado a adoptar en ellas principios de injusticia, tal que entre otros el ostracismo de Atenas, por lo cual y otras razones que adujo concluyó manifestando estar arreglado en su concepto el artículo 134.

   El señor Domínguez (Miguel) dijo que dos cosas pueden influir para que los senadores vitalicios no correspondan a los buenos designios que con su establecimiento puedan haberse formado: 1a, que la continuación en el mando enerva la energía, y 2a, que componiéndose el senado de hombres avanzados en edad, y siendo cosa muy averiguada que cuanto más adelantan los hombres en años, tanto más son atacados de las pasiones, principalmente de la codicia, era muy de temerse que compuesto el senado de esta clase de personas fuese siempre batido por la ambición, de lo cual resultaría el intento de perpetuarse en el mando, y de esta idea la introducción al despotismo, frustrando así las justas esperanzas de los pueblos con burla de sus sacrificios.

   El señor Camacho apoyó la opinión del señor Domínguez y el señor Méndez (Ignacio) dijo que nada más plausible que darle mayor importancia, autoridad y respeto al senado, lo cual se lograba con la disposición del citado artículo 134; pero que para evitar esa tendencia al despotismo que se recelaba, era de dictamen que sólo se concediese al presidente que hubiese servido bien por dos veces aquel destino. Que no era de dictamen proveyese los empleos de primer orden, porque esto de hacerse criaturas es el más poderoso aliciente para erigirse en déspota; y que en su concepto estaba bien que la cámara de representantes acusase ante el senado a todos los empleados públicos, pero que esta acusación no debía perfeccionarse sino contra los empleados de primer orden.

   El señor Baños expuso que era de concedérsele al presidente que terminó cumplidamente sus funciones, la prerrogativa de senador honorario, pero que esto sea después que sufra una severa y rigurosa residencia en que salga perfectamente justificado, y que igualmente era de dictamen se le dé al poder ejecutivo la facultad de conceder empleos, al menos los militares, designándose la escala de sus facultades para conferir los otros.

   El señor presidente declaró quedar suspensa la discusión por la gravedad de las materias que se habían tocado, y en su virtud se continuó la última del artículo 2° sobre manumisión de esclavos, cuya votación había quedado empatada el día de ayer.

   El señor Restrepo (Félix) dijo que el medio que se había propuesto de pasarlo a una comisión lo creía inútil porque ésta necesitaba hacer una prolija y exacta regulación de los jornales y alimentos en todas las provincias, por la variedad que se advierte de ambas cosas en todas ellas, y que el congreso podría resolverlo sin la exactitud de este cálculo, que a su parecer era infructuoso, porque en los dos años de la lactancia nada gasta el amo ni pierde el servicio de la esclava; que ya a los ocho años comienza a servir el hijo, y que aun suponiendo que antes de ellos no hubiese servido, es la mitad de los 16 la que lo mantiene el amo; de modo que a ocho años de haberlo alimentado corresponden otros ocho años de haberse aprovechado de su servicio; así que bien mirado, quedan a mano el amo y el criado, aun sin rebajar a favor de éste los dos años de la lactancia en que nada gastó el propietario. Que gran parte de los autores de economía política conviene en que el trabajo de un hombre basta para alimentar a diez, y en efecto se ven muchos jornaleros que sostienen honradamente una familia de seis o siete personas; pero que aun reduciendo aquel cómputo a cuatro y hasta a tres, sale ganancioso el amo; que en la provincia de Antioquia se pagan cuatro reales por jornal, y que el amo apenas gasta uno en la manutención diaria del esclavo, de lo que resulta que le queda debiendo otro que suponiendo gaste uno y medio, también queda aprovechado, y que si, lo que nunca sucede, impende dos, al cabo de los 16 años queda a mano con el sirviente. Y que por esto y otras reflexiones que apuntó, era de opinión ser suficiente lo demostrado para que el congreso determinase el punto sin necesidad de pasarlo a una comisión.

   El señor Tobar (Miguel) dijo que creía no se consultaba al beneficio de los hijos de las esclavas, ni a la justa indemnización de los amos emancipando a aquéllos a los 16 años, porque a tan corta edad no puede serle útil al muchacho salir de la potestad domínica, que es la que ejercita en el propietario. Que sólo desde la pubertad es desde cuando puede ser el hombre verdadero jornalero, pero que antes no. Que la mayor parte de los muchachos se mueren según la tabla de las probabilidades de la vida, según Buffon, y que por esto, por el peligro de las esclavas en el parto y el perjuicio de las enfermedades en que sólo gasta el amo sin reportar la menor utilidad del criado, era de dictamen de ver reservarse la emancipación para otra edad, tal como la de 20 o 18 años.

   El señor José Manuel Restrepo insistió en la necesidad de que pasase el asunto a la comisión que indicó ayer para recompensar debidamente a los propietarios sin el menor perjuicio de los libertos.

   El señor Peñalver preguntó: ¿Cómo se pagaba la manutención de los tullidos, fatuos, dementes y de los que se mueren entre la edad de 10 años?

   El señor presidente expuso que ceder una parte de la propiedad en beneficio de la humanidad no era un sacrificio tan penoso, que si los 18 años de servicio compensaban otros tantos de alimento, ya quedaba satisfecho el propietario, pero que si aún se le quedaba debiendo algo, sacrificase esta pequeña parte en obsequio del trabajo de que se aprovechó y que le rindieron la madre y sus ascendientes.

   El señor Yanes contestó que se trataba de decretar un perjuicio y en tal caso el congreso sería culpable de una injusticia; que por lo tanto se debía tomar un sesgo, y en su concepto no había otro sino que de los fondos destinados a la manumisión de los esclavos se compensase a los propietarios los perjuicios de los que se mueren y el menoscabo de lo que aquéllos pudieron impender en los alimentos de éstos hasta la edad de 18 años.

   El señor Borrero (Vicente) dijo que viéndose el amo en la forzosa obligación de mantener al hijo de la esclava sin esperanza de retribución, era muy probable tratase, por cuantos medios pudiese, de deshacerse del muchacho; así que lejos de serle útil a éste emanciparlo a la corta edad de 16 años, le era demasiadamente nocivo.

   Habiéndose declarado el punto suficientemente discutido, y vuelta a reducir a votación la proposición del señor José Manuel Restrepo, resultó segunda vez empatada por 21 votos afirmativos contra otros tantos negativos.

   En esta virtud propuso el mismo señor Restrepo que se votase la primera parte del artículo, pero los señores Yanes, Fernández Soto, Peñalver, Quijano, Ignacio Méndez y Blanco, se opusieron, por quedar siempre en su vigor la duda que ofrece la indemnización debida a los propietarios.

   El señor Tobar dijo que el jornal está en razón directa del valor de los alimentos en todas partes, y que así, para fijarse en toda la extensión de la República lo que pueden consumir y rendir los hijos de las esclavas en el tiempo que su manutención debe correr a cargo de los propietarios, basta que se consulte a un inteligente en esta capital, pues el jornal y alimentos de este punto sirve de regla cierta para los demás de Colombia. En tal estado se levantó la sesión, por ser más de la hora, quedando la discusión pendiente.

José I. de Márquez.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

   El redactor,

Antonio José Caro.

 

ACTA 68. SESION EXTRAORDINARIA DEL 7 DE JULIO

   Se abrió la sesión con más del número de diputados necesario para formar congreso.

   Reunidos a la hora acostumbrada los señores presidente, vicepresidente, y demás individuos en el número suficiente, se leyó y aprobó el acta de la sesión extraordinaria del 5 de este mes, sin que hubiese precedido reclamo alguno.

   Tomado en consideración el informe de la comisión de hacienda en la solicitud de algunos individuos cuyos bienes han sido secuestrados, para que su majestad mandara restituírselos, el congreso, en su conformidad, acordó que se pidan al ejecutivo todas las leyes, decretos y resoluciones expedidas por el anterior congreso de Venezuela, por el Libertador presidente y vicepresidente departamentales que han arreglado la materia de secuestros.

   Leyóse después la comunicación del ministerio de hacienda a que acompaña la del vicepresidente de Cundinamarca, sobre los $10.000 que dice se le han pedido mensualmente para dietas de diputados; y por todos sus aspectos la indicación del señor Luis Mendoza para que se mande imprimir la lista de las cantidades que se dieron anticipadamente a los señores diputados para su venida a Cúcuta, proposición que fundó su autor en nuevas razones, conducentes todas a conservar el buen nombre del congreso. Cuando se iba ya a votar se advirtió que por la salida que tuvieron que hacer de la sala dos señores diputados, con motivo de sus enfermedades, no había número; se levantó la sesión, expresando el señor presidente que en lo sucesivo esperaba que los demás señores serían un poco más exactos en la asistencia al congreso.

José I. de Márquez.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

   El redactor,

Antonio José Caro.

 

ACTA 69. SESION DEL DIA 9 DE JULIO

   Se abrió la sesión con más del número de diputados necesario para formar congreso. El señor presidente manifestó que las actas debieran ser más cortas, según la resolución del congreso.

   A solicitud del secretario Soto se leyó en sesión secreta la representación que dirige al congreso el alcalde primero de Maracaibo, Manuel José Amador, su fecha a 13 de junio de 1821 en la misma ciudad, sobre el estado político de Maracaibo, y enseguida la carta dirigida por el mismo al señor diputado Domingo Briceño y la representación de la municipalidad de Mérida contra el gobernador de aquella provincia, por la prisión del alcalde ordinario primero, que ha ejecutado aquél, según se dice, arbitraria e ilegalmente.

   El señor presidente hizo esta proposición: "que pasen estos dos asuntos al poder ejecutivo"; se votó afirmativamente, añadiendo "que pase al ejecutivo el informe de la comisión de hacienda sobre la solicitud del ayuntamiento de Mérida, acerca de dar fianzas los empleados civiles.

   Se declaró terminada la primera discusión de las dos primeras secciones del título 5°, y se procedió al artículo 2° de la ley de manumisión.

   El congreso, por votación afirmativa, resolvió acceder a la solicitud del señor Manuel Restrepo para retirar la proposición casada en dos anteriores sesiones.

   Se votó el artículo 2° afirmativamente, con la adición de edad de 18 años, por 28 votos contra 17 votos.

   El señor Gual hizo esta indicación, después de haberla fundado: "los anteriores artículos no derogan en manera alguna las leyes que rigen sobre la emancipación de los hijos de la potestad paterna, en todo lo que no se oponga a lo que en ellos se establezca", y el señor Félix Restrepo la apoyó.

   Se votó negativamente la indicación del señor Azuero, que dice así: "desde esta edad de 18 años hasta la edad de 25, continuarán sirviendo los jóvenes ya libres a sus antiguos amos, bajo la precisa condición de ganar un salario conforme a la naturaleza de su respectivo trabajo, y a los precios que se acostumbran en el país".

   Se procedió a la discusión del artículo 3°, y se decidió ya terminada, añadiendo el señor Briceño que después de las palabras padres o parientes del esclavo se agregue la de o extraños.

   El señor Camacho propuso que el indemnizador extraño en que la indemnización con previo consentimiento del amo y del juez o de la junta, si no quisiere el amo [sic].

   Se votó afirmativamente, y también la indicación del señor Briceño (Antonio).

   Continuó la discusión de la sección 2a, título 4°, del proyecto de constitución, y el señor Méndez (Ramón) dijo que en lugar de capitán general, hablando de las funciones del presidente, se pusiese jefe natural de las fuerzas de mar y tierra, y que era su opinión que el poder ejecutivo tuviese la facultad de remover a los empleados civiles que hubiesen dado motivo para ello.

   El señor Otero dijo que estaba por demás expresar ser atribución del dicho poder hacer ejecutar las actas del poder legislativo, pues bastaba la mención de leyes, como que toda resolución emanada de este poder, tiene fuerza de ley, que echaba menos la atribución de celar por el buen orden y conservación de la religión, siendo como es su protector el ejecutivo; por lo que debía mencionarse no deber conferirse ningún beneficio eclesiástico sin su consentimiento. Por último, que el poder ejecutivo propusiese los empleados, pero reservándose el senado su nombramiento.

   El señor Méndez (Ramón): que cuando haya de usar el ejecutivo de las facultades ilimitadas se aconseje precisamente con el vicepresidente y secretarios. El señor Pereira: que le parecía más acertado dejar al senado la facultad de nombrar un dictador en tales casos, antes que dejar a discreción del ejecutivo el uso de facultades ilimitadas. El señor Briceño (Antonio María): que las dificultades que se ofrecen por experiencia piden más claridad y exactitud en el artículo 119; por este artículo queda a la elección del presidente el mando de las armas en campaña, y si el presidente es hábil para este mando, como se deja a su voluntad lo que cederá en perjuicio de la República ¿o a quién corresponde calificar su habilidad?. Por otra parte, la experiencia demuestra la incompatibilidad de la administración general con el mando militar; mejor sería establecer que el presidente nunca pueda salir a campaña. El señor Ballén: que la admisión de los ex presidentes al senado no era un privilegio, como se había dicho en la sesión del 7, sino un premio justamente adquirido, así bien como las cruces concedidas a los militares; fue de la misma opinión que el señor Otero en cuanto al modo de proveer los empleos; sostuvo la facultad de condonar la pena capital, poniendo por ejemplo la utilidad que resultaría a la República salvar la vida a un delincuente que pudiera prestarle grandes servicios. El señor Briceño (Gabriel): que no debe dejarse al presidente la facultad de mandar los ejércitos, pues teniendo miras ambiciosas podía ganarse la fuerza y hacerse un tirano, y si por otra parte no es militar, se aventura la salud de la patria; preguntó si el senado podía desechar las propuestas de empleados, a lo que se respondió afirmativamente. El señor Azuero: que la comisión, al conceder al presidente la facultad de salir a campaña a tomar el mando en jefe, tuvo en consideración que podían concurrir eminentes cualidades militares en el presidente, y no era justo privar de ellas a la República, consistiendo tal vez en su mando el bien público; que para obviar los inconvenientes que de ello pudieran seguirse había provisto la constitución, pues debiendo nombrar el senado a los jefes militares, siempre quedaba a la inspección de éste si mandaría o no el presidente la fueza armada; que el temor de que abusase de ella no se salvaba por la disposición contraria, puesto que en todo caso él era el que disponía de las fuerzas de mar y tierra; que el presidente, saliendo a campaña, deja de obrar por el mismo hecho como tal; que de prohibirle el salir de la capital podrían seguirse perjuicios, pues algunas veces acaso convendría que saliese a revisar las fuerzas o a examinar personalmente algún objeto de la administración pública; que estando el poder supremo distribuido en el legislativo, ejecutivo y judicial, ya se entendía que correspondiendo a cada uno sus particulares atribuciones velarían por todo lo que dijese relación a la religión en los diversos efectos que tocasen a sus funciones. El señor Briceño (Antonio María) pidió que se hiciese mención expresa de la explicación del señor Azuero sobre que el presidente no saliese a tomar el mando de las armas sin consentimiento del senado. El señor Méndez (Ildefonso): que para evitar el inconveniente de que abusase de la fuerza el presidente, en este caso, se permitiese a todo ciudadano llevar armas; pero se advirtió que el proyecto de constitución no lo prohibe.

   El señor Tobar (Miguel) expuso que aún quedaba en pie la dificultad objetada por el señor vicepresidente, porque si el presidente no es militar o no posee cualidades para ser general, aunque por otra parte las tenga excelentes para estar al frente de la administración civil, se dejaría siempre en la constitución la puerta abierta para ser perjudicada la República en un punto muy esencial. No ocurriendo otras observaciones, se dio por suficientemente discutida y terminada la discusión de las dos primeras secciones del título 5°.

   Se procedió a la tercera discusión de artículo 2° de la ley sobre abolición de esclavitud. El congreso accedió, por votación, a la solicitud del señor Restrepo (José Manuel), de retirar su proposición casada con las dos anteriores sesiones; puesto a votación el artículo 2°, quedó sancionado por 28 votos contra 17, en los términos siguientes: "Será una obligación de los dueños de esclavos mantener y educar a los niños hijos de éstos, que nazcan desde el día de la publicación de la ley; pero éstos, en recompensa, deberán indemnizar de los gastos impendidos en la crianza, prestando a aquéllos sus obras y servicios hasta la edad de 18 años cumplidos.

   El señor Azuero introdujo la siguiente adición: "Desde esta edad de 18 años hasta la de 25, continuarán sirviendo los jóvenes ya libres a sus antiguos amos, bajo la precisa condición de ganar un salario conforme a la naturaleza de su respectivo trabajo y a los precios que se acostumbran en el país".

   El señor Gual hizo esta indicación después de haberla fundado: "los anteriores artículos no derogan en manera alguna las leyes que rigen sobre la emancipación de los hijos, de la potestad paterna, en todo lo que no se oponga a lo que en ella se establezca".

   El señor Azuero dijo parecerle inútil esta indicación; fundó su adición en que por ello se consultaba mejor a la educación de los ya libres, pues de lo contrario el amo descuidaría de ella, tratando de sacar por el trabajo de ellos la mayor ventaja posible que sabe debe terminar a los 18 años de edad.

   Fue rebatida por los señores Briceño (Antonio María), Ballén, de Guzmán y el señor presidente, porque querer obligar a un hombre completamente libre a trabajar precisamente a determinado amo es una injusticia y esclavitud de hecho, y por otra parte el gobierno tendría cuidado de la educación y ejercicio de los libres. Puesta a votación, se resolvió negativamente.

   Se procedió al artículo 3°, y el señor Briceño (Antonio María) pidió que después de padres o parientes de esclavos se agregase la de extraños.

   El señor Tobar (Miguel) se opuso a esta adición, pues por ella quedaba autorizado cualquier extraño para aprovecharse del trabajo del joven, so pretexto de haber pagado los alimentos, con perjuicio del amo en cuya casa había nacido, lo que es injusto, resultando ser la caridad del extraño una caridad interesada.

   El señor Fernández Soto: que contando haber muchos amos que no dan el necesario alimento y vestidos, no se entienda con ellos la indemnización.

   El señor Soto (secretario): que querer sujetar al hijo del esclavo ya libre a servir precisamente a tal antes, era hacerlo de peor condición que al esclavo, quien en ciertos casos pueden solicitarlo.

   El señor Briceño (Antonio María): que no hay duda se pueden hacer donaciones por causa de libertad, y no había razón para prohibir se hiciesen igualmente para satisfacer los gastos de alimentos en el caso, en obsequio de una completa libertad.

   El señor Santamaría sostuvo la exclusiva de extraños, añadiendo a las razones del señor Tobar que así lo exigía la utilidad misma de los que se hacen objeto de la libertad de extraños, pues nada importaba que se hiciesen absoluta y totalmente libres de la potestad de sus amos si su subsistencia y educación no quedaban aseguradas.

   Rebatió el señor Estévez, probando que por las leyes mismas españolas se provee para este caso, y el señor Borrero (Vicente) añadió que la discreción y gobierno económico de los magistrados, junto con las demás provisiones del proyecto de ley, obviaban este inconveniente del amo o del juez o de la junta, en caso que el amo no quiera.

   Puesto a votación el artículo 3°, con la adición del señor Briceño, quedó aprobado en los términos siguientes:

   "Si antes de cumplir la edad señalada quisiesen los padres, parientes o extraños sacarlo del poder del amo, pagarán a éste lo que se regula justo por los alimentos que le han suministrado, lo que se hará por un avenimiento privado o por el prudente arbitrio del juez".

   El señor Tobar (Miguel) salvó su voto en la parte en que el artículo comprende la adición del señor Briceño; con lo cual, siendo la hora, se levantó la sesión.

José I. de Márquez.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

   El redactor,

Antonio José Caro.

 

ACTA 70. SESION EXTRAORDINARIA DEL 9 DE JULIO

   Se abrió la sesión con más del número de diputados necesario para formar congreso.

   Reunidos los señores presidente, vicepresidente y demás individuos, a la hora acostumbrada, empezó la sesión continuando la materia que había quedado pendiente en la anterior. Después de un ligero examen de la proposición del señor Luis Mendoza, fue votada en los términos siguientes: "que también se imprima una lista de las cantidades que se dieron por vía de anticipación a varios diputados, hasta el 6 de mayo, en que se instaló el congreso, con expresión de lo que recibió cada uno".

   Se leyó el informe del reverendo obispo de Mérida, sobre la solicitud del ayuntamiento de esta ciudad, para que la silla episcopal se traslade allí, de la de Maracaibo; y examinado el negocio se votó afirmativamente la siguiente proposición, que fijó el señor presidente:

   "Que pase a la comisión eclesiástica, copiándose en el expediente la parte del informe de la municipalidad de Mérida, sobre materia de traslación de dicha silla episcopal".

   Se dio cuenta y leyó el informe de la comisión de peticiones en la de Teresa Pinzón, vecina de Tunja y confinada en la provincia de Casanare, de orden, según dice, de aquel gobernador, y precedidas varias interesantes reflexiones sobre el tino con que debía manejarse este punto, procurando conciliar la seguridad del país con la justicia de los reclamantes, presentó el señor Ignacio Méndez la siguiente moción: "que sin detrimento de la seguridad pública el gobierno oiga los reclamos de las personas sentenciadas, sin haber precedido un juicio legal, para que se restituyan a sus hogares". Fue apoyada por el señor Miguel Domínguez y admitida a discusión.

   Durante ella, el señor Azuero la modificó así: "que se diga al poder ejecutivo que sin detrimento de la seguridad pública, pueda aliviar la suerte de las personas desterradas o confinadas sin juicio formal, permitiéndoles, conforme a las circunstancias de cada una, restituirse a su domicilio o trasladarse a lugares más cómodos e inmediatos a sus familias, y exigiéndoles, si lo juzgare conveniente, algunas fianzas o cauciones"; y el señor Hinestrosa apoyó esta modificación.

   Opinó el señor presidente que era necesario con frecuencia resolver si esta moción debería sufrir las tres discusiones que exigen las leyes o actos legislativos, pues que sin esta precisa resolución nada podría hacerse. Algunos señores, como los honorables Gual, Azuero y otros, manifestaron que el punto no era precisamente un acto legislativo, puesto que por él no se alteraban, corregían ni derogaban las leyes anteriores, ni introducían otras nuevas; y sólo ejercitaba el congreso aquel derecho sublime de inspección sobre todos los empleados, derecho que no se ejerce forzosamente haciendo leyes; pero sin resolver el punto, se difirió para la sesión primera extraordinaria.

   Leyóse después el informe evacuado en virtud de concesión, por el señor Bernardino Tobar, sobre la gracia de indulto que reclaman los reos de homicidio ejecutado en la persona del teniente Francisco Serrano en la provincia de Pamplona, y el congreso lo aprobó.

   Igualmente aprobó el de la comisión de peticiones, relativo a la solicitud de Pedro Lezama, vecino de Maracaibo; y a la de hacienda se mandó pasar la comunicación que hace el señor ministro de este ramo, acompañando la de su excelencia el Libertador presidente, en que recomienda a las viudas de los vicepresidentes Roscio y Azuola para que se les asigne una pensión alimenticia.

   Practicado esto, se levantó la sesión.

José I. de Márquez.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

   El redactor,

Antonio José Caro.

ACTA 71. SESION DEL 10 DE JULIO

   Se abrió la sesión con más del número de diputados necesario para formar congreso.

   Se aprobó el acta de la sesión ordinaria, previa la reclamación del señor Baños de haberse omitido la indicación que hizo sobre que una vez indemnizados de los alimentos los amos de esclavos cuyos hijos fuesen ya libres en virtud de la ley de abolición de esclavitud, o llegados a la edad de 18 años, diesen los amos cuenta a la junta que haya de establecerse tanto para constancia de su libertad como para que cuide de su ocupación.

   Se leyó la representación del diputado Borrero (Joaquín), sobre alcabala de cacao en la provincia de Neiva, y se resolvió pasarse a la comisión de hacienda.

   Se leyó el oficio del señor Orbegozo, diputado suplente por la provincia de Pamplona, y el congreso acordó pasase a ocupar su asiento, como se verificó, previo el juramento de estilo.

   Se procedió a la lectura de las secciones 3a y 4a del título 5° del proyecto de constitución.

   El señor Pereira notó que faltaba un artículo que prohibiese a los secretarios autorizar las órdenes del presidente que fuesen contrarias a la constitución y leyes.

   El señor Méndez (Ramón) dijo que estas reflexiones tendrían lugar para cuando se tratase de responsabilidad.

   El señor Briceño (Domingo) fue de opinión que no se dejase libertad al presidente para aconsejarse con los consejeros que le da el proyecto de constitución, sino que se le imponga la necesidad de aconsejarse siempre, aunque no sea obligado a seguir el consejo. Opinó asimismo por la responsabilidad de los ministros, entre otras razones, porque muerto el presidente, pudieran dar por determinaciones de éste las que no son sino suyas. Por otra parte, siendo responsables los ministros, podrán objetar, y por este medio ser un obstáculo más contra la conducta inconstitucional del poder ejecutivo.

   El señor Baños creía que el consejo del vicepresidente no debía tener lugar, pues ha de considerarse como un consejo interesado, pues se podía llamar consejo de casa; en su lugar, parece debía admitirse un senador, tanto más cuanto que se nombra a un ministro de la alta corte de justicia.

   El señor Valencia observó que estando sujetas a la inspección del senado las operaciones del ejecutivo, no hay necesidad de añadir la responsabilidad de los ministros.

   El señor Pereira sostuvo esta responsabilidad, fundándose en que siendo los ministros, como es de suponer, personas de gran saber, su dictamen no puede menos que tener un poderoso influjo en la conducta del ejecutivo.

   El señor Mendoza (Luis): sería poner la autoridad ejecutiva en muchas manos conceder a los ministros el derecho de objeción, que es una especie de veto, lo que interrumpiría la unidad y vigor de la acción del gobierno; es preciso dejarla desembarazada; basta con que sus operaciones estén sujetas a la inspección del senado, especialmente cuando pertenece exclusivamente al ejecutivo la elección de ministros.

   El señor Mutis dijo que la economía pide menor número de ministros que los que asigna el proyecto, acreditando la experiencia que se pueden unir dos ministerios en uno; a lo que respondió el señor Valencia que esta numeración se había hecho con arreglo a la extensión e importancia de los negocios que ocurrirían con el tiempo, pero que la misma constitución dejaba al arbitrio del ejecutivo unir los ministerios cuando hubiese consideraciones para ello.

   El señor Peñalver opinó por la responsabilidad de los secretarios del despacho, sobre lo que anunció hablaría en otra discusión. Con lo que se dieron por suficientemente discutidas las secciones 3a y 4a del título 5°.

   Se abrió la discusión de las secciones 1a y 2a del título 6°.

   El señor Joaquín Borrero desaprobó la inamovilidad de los magistrados de la alta corte, por no ser en su opinión conforme tal perpetuidad con un sistema republicano, lo que fue apoyado por el señor Pereira, añadiendo que esto era echar los cimientos de una monarquía y se violaba el primer derecho de los pueblos, que era el de sufragio; que el ejecutivo no puede tener tantos conocimientos como el pueblo para la elección de jueces, y hecha ésta, como indica el proyecto, vendrían aquéllos a ser una emanación del poder ejecutivo, con quienes podría coligarse.

   El señor Ballén: si bien conocía que la inamovilidad de los jueces traía muchas ventajas, por otra parte daba margen a que jueces asegurados con la perpetuidad de sus empleos, cometerían defectos de aquellos que por no ser públicos, no se pueden probar ante el senado; que esta perpetuidad cerraba la puerta al mérito de otros letrados.

   El señor Camacho, desenvolviendo el mecanismo del sistema representativo, concluyó que el pueblo debe nombrar jueces, y lo contrario sería sofocar el estímulo.

   El señor Gual refutó los discursos anteriores; fundó la inamovilidad de los jueces durante el tiempo de su buena conducta en ser ella la base sobre que estriba la independencia del poder judicial de todo influjo del ejecutivo. En este punto convienen todas las constituciones de naciones libres; es un principio consagrado en la republicana del Norte. Por el prospecto de constitución el poder judicial no es una emancipación exclusiva ni del legislativo ni del ejecutivo. Tales son, dijo, las precauciones que se han tomado para acertar con la elección de los hombres más aptos para la administración de justicia, que en esta parte va mucho más adelante que la del Norte.

   El señor Fernández Soto dijo que quisiera ver cómo se salva el inconveniente de privar al pueblo del derecho de sufragio en el sistema representativo.

   Replicó el señor Gual que el sistema representativo estriba principalmente en el conocimiento y opinión de los pueblos sobre los individuos, y por consiguiente el derecho de nombrar inmediata y explícitamente recaía sobre sus representantes al cuerpo legislativo. Pero que hay otros nombramientos que vienen del pueblo implícitamente, tal como el de jueces, para cuya elección se requieren más conocimientos y prudencia que los que el pueblo en masa puede tener.

   El señor Briceño (Antonio María) impugnó el nombramiento periódico de jueces por los graves inconvenientes que se seguirían; y la elección inmediatamente popular para jueces no es la más a propósito para acertar con personas idóneas. La comparación que se haga de representantes no es exacta, pues para su nombramiento tiene el pueblo datos positivos.

   El señor Peñalver añadió que el poder judicial no era rigurosamente un poder, sino una ramificación del ejecutivo, de quien pende en parte; para sustraerlo, pues, de cualquier influjo de aquél, no había otro remedio que la inamovilidad; lo contrario hacía a los jueces fuertes con el débil y débiles para con el fuerte, sabiendo que un poderoso podría intrigar por resentimientos luego que fuesen removidos de sus puestos.

   El señor Ballén aseguró que decir no era un verdadero poder el judicial sería infringir la ley fundamental, y los inconvenientes apuntados por el señor preopinante se evitaban en el ejecutivo.

   El señor Méndez (Ildefonso) no aprobaba la elección de jueces, por tantos rodeos como indica el proyecto, pues no aparece emanación del pueblo; y si este poder no menos necesario que el legislativo y ejecutivo, siendo éstos nombrados por aquél, debería serlo también el judicial.

   El señor Azuero: que para acertar en la materia es preciso seguir principios prácticos y no transportarnos a la esfera de las abstracciones. Nosotros tenemos que seguir por mucho tiempo lo que vemos practicado por las naciones que conocen por usos la libertad; no veía todavía probado en ninguno de los discursos precedentes que la inamovilidad de los jueces pusiese a éstos en roce con el poder ejecutivo ni prestase fundamento para coligarse. Que la esencia de los gobiernos representativos se salvaba con la emanación implícita del pueblo en muchos casos y elecciones, pues puede decirse, aun en una monarquía representativa, que el pueblo nombra radicalmente todos los empleados.

   El señor Fernández Soto insistió en que la perpetuidad de los jueces lleva consigo el odio de los pueblos, como lo probaban las audiencias.

   El señor Briceño (Antonio María) probó no ser la perpetuidad la que hacía aborrecibles a los oidores, sino la clase de legislación que aplicaban y especie de sujetos que para este fin remitía España. No hay -dijo- ningún punto de comparación entre audiencias y magistrados nombrados inmediatamente por un cuerpo legislativo.

   El señor Azuero notó que los virreyes, corregidores y jueces movibles en el sistema español habían sido los peores; que la perpetuidad misma era el mejor estímulo, pues para subir al eminente puesto de alto magistrado en la República, había primero que recorrerse una grande escala de empleos y judicaturas; que las elecciones populares son esenciales para la libertad pero no para el acierto, pues una sola persona suele hacer más acertadas elecciones que la multitud. Con lo cual se cerró la discusión del título 6°, y se procedió a la del 7°.

   Los señores Restrepo (José Manuel) y Gual encarecieron la excelencia de este título, fundado en la división de intendencias de Méjico, cuyas ordenanzas son el único monumento de sabiduría y utilidad que nos dejaba la España. Probaron las ventajas que resultarían de su observancia y su compatibilidad con nuestro nuevo sistema.

   El señor Briceño (Antonio María) pidió que donde dice que los departamentos se señalen por el congreso, se añada por el actual para poner a los presentes diputados a dejar concluido tan interesante punto. Pero el señor Azuero advirtió que se iba a presentar la distribución de departamentos. Luego se dio por terminada esta discusión.

   El señor Azuero presentó redactada el acta de unión. Se aprobaron los artículos 9, 10, 11, 12 y 13.

   El señor Ballén hizo esta adición al artículo... "En celebridad del Salvador del mundo, bajo cuyo patrocinio se ha logrado esta deseada unión".

   Observaron algunos señores la impropiedad e inexactitud de esta cláusula, como añadida a las anteriores, y puesta a votación fue desaprobada, excepto por tres señores.

   Se indicó que la ley fuese firmada por todos los diputados, y comunicada al ejecutivo por una diputación del congreso.

   Siguióse después la tercera discusión del artículo 4° de la ley de manumisión de esclavos, y fue aprobada en los términos siguientes: "Cuando llegue el caso de que por haber cumplido los 18 años salgan los jóvenes del poder de los amos de sus madres, será una obligación de éstos informar a la junta, de que se hablará después, sobre la conducta y procedimientos de dichos jóvenes, a fin de que promueva con el gobierno se les destine a oficios útiles".

   Discutido por tercera vez el artículo 5°, fue aprobado en estos términos: "No podrán venderse los esclavos separándose los hijos de los padres, fuera de la provincia en que se hallen, hasta la edad de la pubertad".

   Sobre este artículo se hicieron antes nuevas observaciones en cuanto a su verdadera inteligencia. El señor Balbuena preguntó: ¿cuál sería la suerte del niño cuya madre se vendía a otro amo, si debía quedarse en la casa del antiguo señor, o pasar a la del nuevo?. A lo que se le respondió que el punto estaba implícitamente discutido en éste y los artículos anteriores, y que además no era de presumir llegara a suceder que un amo quisiese conservar en su poder un niño que de nada podría servirle, y que en tal evento el comprador de la madre se apuraría para satisfacer también el importe de los alimentos del hijo.

   Sobre el artículo 6° se advirtió faltaba imponer al que contra su tenor vendía un esclavo para extraerlo fuera del territorio de la República. El señor Joaquín Borrero quería fuese crecida la multa que debiera imponerse, porque si no el vendedor, pagándola, embolsaría siempre una cantidad, como que en la extranjería vale un esclavo más de $500 o $600. El señor presidente asignó la del duplo; el señor Mutis, la de $500; el señor Azuero, el simple, y el señor

   Otero, la de $100; pero todos convenían en que el esclavo quedara libre por ese mismo hecho. Y el señor presidente, con el objeto de conciliar las opiniones y evitar los inconvenientes, fijó por escrito esta proposición: "Se prohibe absolutamente la venta de esclavos por fuera del territorio de Colombia, lo mismo que su extracción con el propio objeto; el infractor será obligado a restituir los esclavos dentro de cuatro meses, quienes por lo mismo quedan libres, y no verificando la restitución, pagará la multa de $400 por cada esclavo, aplicado para los fondos de manumisión".

   Se observó en fin que el ejecutivo dictaría sus providencias precautivas en cumplimiento de esta ley, para evitar su infracción, y al efecto haría tomar las medidas de registrar los buques, y otras semejantes, y que por lo mismo era innecesario que se indicase por el congreso.

   En este estado, siendo ya la hora, se levantó la sesión, quedando pendiente el artículo.

José I. de Márquez.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

   El redactor,

Antonio José Caro.

 

ACTA 72. SESION EXTRAORDINARIA DEL 10 DE JULIO

   Se abrió la sesión con más del número de diputados necesario para formar congreso.

   Leídas las actas de las sesiones extraordinarias del 7 y 9 de este mes, merecieron la aprobación del congreso.

   Diose cuenta y se leyó el informe de la comisión militar relativo al ascenso de general en jefe para que ha propuesto el Libertador presidente, por medio del ministro del interior, al general de división Rafael Urdaneta, y en el cual expone la comisión que para proceder con acierto es necesario pedir al ejecutivo todos los reglamentos o decretos dictados en materia de grados y ascensos militares, y el congreso aprobó dicho informe.

   Habiéndose leído el informe de la comisión de legislación sobre la solicitud del vecindario de Zapatoca en la provincia del Socorro, dependiente de Cundinamarca, en que pide el restablecimiento de municipalidad en dicho pueblo, su majestad tuvo a bien aprobarlo en todas sus partes, acordando por lo mismo que el ejecutivo pusiera el expediente en estado de resolución, y que entonces lo devolviera al congreso para dictar lo que convenga. Aprobó también el que ha evacuado la misma comisión en el expediente remitido al congreso por el ministro del interior, y que se había seguido ante la vicepresidencia de Cundinamarca sobre supresión de la municipalidad en la ciudad de La Plata, provincia de Neiva, y en cuyo informe la comisión es de sentir se acceda a la indicada supresión, conservándose sin embargo un alcalde ordinario, dos de barrio y un procurador general, los cuales, reunidos, desempeñen las funciones de la junta municipal de propios, todo en calidad de provisorio hasta que el restablecimiento de dicha ciudad permita el de su cabildo.

   Leído el informe de la comisión de peticiones sobre el expediente remitido también por el ministro del interior, sobre deslinde de territorio entre las provincias de Bogotá y Mariquita, y en el cual la comisión exponía que se reservase la decisión de este negocio para cuando el congreso trate en la constitución de la demarcación de provincias, cantones, etc., después de varias observaciones se resolvió que pasara segunda vez a la misma comisión, para que informe nuevamente, teniendo en consideración lo que se ha expuesto en esta misma noche.

   Ultimamente se leyó el informe de la comisión de crédito nacional, en la solicitud de José Jorge Cristóbal Zigler, natural de Honda, para que se le manden satisfacer $4.949 y pico de reales, resto de mayor cantidad que suplió en efectos al almirante Brion y al comandante general Montilla, según aparece de los documentos que presenta.

   Varias fueron las observaciones que se hicieron sobre esta materia, relativas a manifestar que no era del resorte del cuerpo deliberante decretar en este particular, sino de los tribunales u otras corporaciones de la República, pues que al congreso tocaba sólo reconocer, como ya había reconocido, la deuda nacional. El señor Manuel Restrepo quería que el interesado ocurriera al ejecutivo, para que allí se acordara lo conveniente, y al intento hizo la moción por escrito. El señor Baños pretendió que el expediente volviera a la comisión para que informase sobre el restablecimiento de un tribunal de liquidación que había de fijarse en las provincias litorales, puesto que ya había cesado en sus funciones la comisión de liquidación existente en Guayana; y el señor presidente, sosteniendo el informe de la comisión y alegando el ejemplo de lo que antes se había resuelto en una solicitud de madame English, bastante parecida a la de que se trata, opinó que el congreso comunicara que este no era asunto de este resorte, y que el demandante ocurriese a donde corresponde. Pero habiéndose objetado que este era un modo vago de escapar a la dificultad, a la vez que ni aun la opinión en el congreso era uniforme sobre el tribunal a quien debía ocurrirse en este negocio; que la solicitud de Zigler estaba suficientemente documentada y era líquida su deuda, y que el vicepresidente de Cundinamarca había pagado y continuaba pagando otras acaso contraídas en circunstancias menos apuradas, se levantó la sesión sin haberse decidido el punto, por ser ya las nueve de la noche.

José I. de Márquez.

   El redactor,

Antonio José Caro.

 

ACTA 73. SESION DEL DIA 11 DE JULIO

   Se abrió la sesión con más del número de diputados necesario para formar congreso.

   Leída el acta de la sesión anterior, fue aprobada por el congreso, previa la observación del señor Félix Restrepo, contraída a que faltaba en ella la que ayer hizo el señor Quijano, que aprobó su señoría, sobre que el acta de unión presentada por el señor Azuero, nuevamente redactada, no era conforme a lo que se había acordado con respecto a la demarcación del territorio de la República.

   Procedióse después a la lectura del título 8° del proyecto de constitución, y por ser demasiadamente extenso, se resolvió que se discutiera por partes, alcanzando la primera hasta el artículo 176, inclusive, y la segunda desde allí hasta el fin de dicho título.

   Dijo en cuanto a la primera el señor Fernández Soto (eclesiástico) que echaba menos la declaración del derecho que tenían los colombianos para llevar armas.

   El señor Ballén encontraba un gran inconveniente en el artículo que previene el mandamiento de prisión por escrito por el idiotismo de muchos alcaldes en los pueblos.

   El señor Tobar (Miguel): Si la declaración que se previene en un artículo haya de tomarse dentro de 24 horas, equivale a confesión, es incompatible con el otro, que establece la incomunicación hasta de tres días, y si es puramente indagatoria no siendo ésta siempre innecesaria, no debía ser asunto de un artículo constitucional.

   El señor Méndez (Ignacio) opinó que esta declaración era confesión, y los tres días de que habla el otro artículo se entiende para cuando hay complicación u otros delitos; que en los casos de conmoción pueden comisionarse jueces.

   El señor Mutis echaba menos el artículo que pusiese trabas a los alcaldes naturalmente inclinados a oprimir a los presos. Que no se pongan grillos, esposas, etc., sin orden expresa del juez; que se declare expresamente no se pueda compeler a declarar contra parientes, en lo que insistió el señor Borrero, por ser contra naturaleza.

   El señor Méndez (Ildefonso): que para asegurar un reo basta la reclusión. La casa del ciudadano no debe ser allanada de noche, y cuando se haga en el día sea para registrar ciertos y determinados aposentos; que en ningún caso se registren papeles o correspondencia epistolar.

   El señor Hinestrosa veía en los artículos sujetos a discusión puerta abierta para dejar impunes los delitos; porque seguro el reo de que no se le ha de prender hasta que no se forme la sumaria, aprovechará este tiempo para escaparse. La dificultad de encontrar los testigos no permite hacer tan pronto la sumaria, que por consiguiente ordénese el arresto del delincuente y procédase a formar la sumaria.

   El señor Tobar (Miguel), fundándose en la ignorancia de los alcaldes y dificultades que ofrece la necesidad de acompañar siempre el mandamiento de prisión, según el caso que adujo por ejemplo, era de parecer se tomase el temperamento de que dicho mandamiento hubiese de expedirse dentro de un número determinado de horas.

   El señor Mutis: Entre nosotros no hay virtudes como en otros pueblos para creerse todo ciudadano en la obligación de declarar e interesarse por el descubrimiento y castigo de los delitos.

   El señor Méndez (Ildefonso) fue de opinión que hubiese por lo menos semiplena prueba para prisión, pues si se procede por sólo sospechas vagas puede padecer el inocente.

   El señor Hinestrosa dijo que fuese así cuando el juez procede por acusación antecedente, pero no cuando actúa de oficio.

   El señor Briceño (Antonio María) encareció el estado de ignorancia de nuestros pueblos, y admitir los requisitos que previene el artículo para proceder a prisión, era exponerse a dejar impunes los delitos.

   El señor Pereira: que se declare expresamente que las penas no serán perpetuas.

   El señor Baños creía poco claro e inexacto el primer artículo que establece el libre uso de la prensa conforme a las leyes, porque siendo las españolas que habían regido enemigas de aquélla, era preciso expresar las leyes de que se habla. El señor Briceño (Antonio María) respondió que debían entenderse las del reglamento de libertad de imprenta, que acordaría el congreso a su tiempo.

   El señor Azuero dijo que nada se hubiera conseguido con todo lo discutido en la constitución, si no se aseguraban las leyes de la libertad individual, que es la parte esencial de toda constitución libre; que en el título sujeto a discusión apenas se habían asentado unos principios muy generales que forman parte muy en contra de las libertades de otros pueblos, que se rigen por gobiernos representativos; que se notase en la misma constitución de España las variaciones sustanciales que en esta materia se habían introducido; las dificultades objetadas para la formación de sumarios, previo el arresto, no tenían lugar, porque o se aprehendía in flagranti al reo, y entonces previene la constitución que todo ciudadano puede asegurarlo, o se procedía por datos o hechos, y éstos mismos se reducían a sumaria; que no se exigía supiese leer el alcalde, pero sí que retuviese el mandamiento de prisión, firmado por el juez; que parecía superflua la prohibición expresa de grillos, cepos, cadenas, etc., cuando previene un artículo no se empleen otros medios de seguridad que los ordenados por el juez,y en otro artículo se establece que toda pena que no sea necesaria, es injusta y prohibida.

   Terminada así la primera discusión del título 8° de la constitución, se leyó una comunicación que se acababa de recibir del poder ejecutivo, en que solicita del congreso su consentimiento para nombrar a uno de los individuos del cuerpo que desempeñe en Maracaibo la importante comisión que expresa. El señor Fernández Soto confesó la necesidad de esta medida, como que ella en cierto modo tenía su origen en lo que se hizo presente al congreso en la última sesión secreta; pero con todo eso, creyó que no era inconveniente se desprendiera de un miembro que precisamente había de hacer falta, tanto más cuanto el congreso no había otorgado esta licencia cuando acordó se nombrase una diputación a Guayaquil y Quito. Pero habiéndose observado la notable diferencia que hay entre uno y otro caso, y que los asuntos de Maracaibo afectaban más de cerca al centro de la República, el congreso aprobó esta proposición fijada por el presidente: ¿se accede a la solicitud del poder ejecutivo en la presente materia?". No habiendo recaído ninguna resolución sobre la indicación que hicieron los señores Valencia y otros para que el diputado nombrado tuviese un derecho de elección, sobre lo cual dijo el señor Blanco que era innecesaria esta advertencia, puesto que ninguno de los representantes de Colombia se excusaría de prestar sin muy graves motivos un servicio tan interesante a la nación.

   Hizo presente en seguida el señor diputado Azuero la nueva redacción del acta de unión, que según expuso denominaba ahora Ley fundamental de la unión de los pueblos de Colombia, en razón de que había circulado en toda la República, y era conocida en las naciones con esta denominación, por lo cual no creía conveniente inducir novedad. Leída la referida ley fundamental según su presente redacción, y observado que todos sus artículos estaban sancionados por el congreso, o expresados según las indicaciones hechas en la discusión, menos el 5°, que aún no se había votado, hubo sobre él un ligero debate suscitado por el señor Félix Restrepo, que aseguró no era tampoco conforme a las resoluciones del congreso, y terminó al fin con prevenirse a la secretaría que en la sesión del día de mañana informase con vista de las actas si estaba o no votado y en qué términos, no obstante que algunos señores, refiriéndose a su memoria, afirmaron que estaba el artículo discutido suficientemente por tercera vez en la ley fundamental de Venezuela, y precisamente en el artículo 2° de la misma.

   En este acto se leyó un oficio del poder ejecutivo a que acompaña el del vicepresidente de Cundinamarca, en que reclama las instrucciones que deben darse al general Sucre, comandante en jefe del ejército de la República en Guayaquil, y enterado el congreso de su contenido, lo mandó pasar a la comisión de legislación para su informe.

   Continuó después la tercera discusión del artículo 6° del proyecto de ley sobre manumisión de esclavos, y la modificación presentada por el señor presidente (véase la sesión anterior). Se habló algo más sobre la materia y la necesidad que había de proporcionar las penas a la gravedad de la culpa en el caso de infracción; de denotar con claridad quién o quiénes eran los infractores, y precaver todos los obstáculos que pudieran eludir la disposición, y convenido que la proposición del señor presidente se votara por partes, resultó afirmativa la votación de la primera, que así está escrita: "se prohibe absolutamente la venta de esclavos para fuera del territorio de Colombia, lo mismo que su extracción con el propio objeto".

   La segunda parte, que dice: "el infractor será obligado a restituir los esclavos extraídos dentro de cuatro meses (los cuales por el mismo hecho quedan libres)", sufrió un nuevo examen sobre la inteligencia de la palabra infractor; pero habiéndose observado que en ella se comprendía al comprador o quien exportaba esclavos, al capitán del buque y aun al vendedor si se le podía justificar que había celebrado la venta a sabiendas de que el comprador pretendía extraer el esclavo para fuera de Colombia, y que los infractores de una ley, todos incurren en una misma pena, fue aprobada la segunda parte del artículo como está escrita.

   Y en cuanto a la tercera parte, se votó primero negativamente "si la cantidad de la multa sería la de $ 1.000", y en seguida fue aprobada en los términos siguientes: "y no verificando la restitución pagará la multa de $500 por cada esclavo, aplicables para los fondos de manumisión".

   Concluido esto se levantó la sesión, por ser ya cerca de las dos y media de la tarde.

José I. de Márquez.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

   El redactor,

Antonio José Caro.

 

ACTA 74. SESION DEL DIA 12 DE JULIO

   Se abrió la sesión con más del número de diputados necesarios para formar congreso.

   Aprobóse el acta de la sesión anterior, habiendo indicado el señor Félix Restrepo que aún no se había estampado en ella lo que tuvo lugar en la del 10, y había reclamado ayer relativamente al artículo 2° de la ley fundamental sancionada por el congreso de Venezuela, y al 5° del proyecto redactado al presente, sobre lo cual, por ser negocio tan importante, era necesario insistir en su reclamación. Son injustos -dijo- e impolíticos los términos en que se ha reasumido, puesto que en ningún caso debe ni siquiera indicarse que hay derecho para atacar con la fuerza al departamento de Quito.

   El señor diputado Fernández Soto exhibió una representación que por su conducto dirige al congreso el ilustrísimo señor obispo de Mérida, protestando lo hacía por desempeñar una confianza, y no porque él apoyase ni menos prohijara el contenido de este informe. Leído que fue por uno de los secretarios, y advertido que su objeto era pedir el restablecimiento de la inquisición, se mandó pasar a la comisión eclesiástica, no obstante que algunos señores diputados manifestaron que tal reclamación, contraria a los principios de la justicia, a los de la razón y a las luces del siglo, debía ser absolutamente desechada, porque a pesar de todo ello, así lo exigía el orden guardado hasta ahora y porque siempre habría lugar a resolver en la materia lo más justo y conveniente.

   La solicitud del gobernador de Casanare para que se le permita proceder a imponer penas capitales a los cuatreros y bandidos que se han levantado en aquella provincia, estando evacuada la sumaria, por ser este el medio más seguro para extirpar aquella clase de malhechores que con motivo de la guerra se ha aumentado en dicha provincia, solicitud que elevó al gobierno el vicepresidente de Cundinamarca y el ministro del interior ha transmitido al congreso, se mandó pasar a la comisión legislativa para su informe.

   Leídos los informes de la comisión de educación pública sobre el decreto expedido por el vicepresidente de Cundinamarca, relativo al establecimiento de escuelas y sobre la solicitud de los gobernadores políticos del Cauca y Pamplona, dirigida al congreso por el ministerio del interior, y al gobierno por el citado vicepresidente, para la erección de ciertas cátedras en dichas provincias, con supresión de los conventos de frailes que ya no pueden sostener comunidad, y leídos los cuatro proyectos de ley que presenta la misma comisión, el primero sobre erección de escuelas en todos los pueblos de la República, el segundo para establecer colegios y casas de educación en cada una de las provincias de Colombia, el tercero para que se ponga comunidad en los conventos de regulares que se expresan, y en caso de no verificarse, aplicarlos a la educación pública, y el cuarto sobre establecer escuelas y casas de educación en los conventos de monjas, fueron estos proyectos admitidos a discusión, no obstante que el señor Hinestrosa reclamó el orden porque se alteraba, según expuso, el de discutir la constitución, que era el principal objeto del congreso, habiendo el señor presidente contestado que admitirlos a discusión no era proceder inmediatamente a ella con interrupción de la constitución, y que a él tocaba señalar el día en que debiera verificarse.

   A la comisión de educación pública se mandó pasar la solicitud del señor Juan José Pérez, natural de Caracas, que pidió al vicepresidente de Cundinamrca licencia para establecer y dirigir una academia en Bogotá, en la cual, entre otras cosas, se han de enseñar los idiomas francés e inglés y principios de matemáticas. A la de legislación, la competencia suscitada entre el comandante y municipalidad de Ocaña, que también dirigió al gobierno el vicepresidente de Cundinamarca, y ha elevado al congreso el ministro del interior. A la de petición, la representación del señor Juan José Cadenas, que se dice general y plenipotenciario de Méjico, y reclama del gobierno de Colombia la protección de un buque para regresar a su país, y ha dirigido también al congreso el referido ministro. Y a la comisión militar se mandó pasar la solicitud del señor Ignacio Torres, en que pide al congreso, por las razones que expresa, se le refrende el despacho de coronel que obtuvo en la anterior época de la República.

   El señor diputado José Antonio Yanes presentó al congreso el título que ha recibido del reverendo obispo de Mérida, Laso de la Vega, en el cual solemnemente lo nombra fiscal para que defienda los derechos eclesiásticos ante la representación nacional. Suscitóse con este motivo un corto debate en que los señores Domingo y Antonio Briceño, Fernando Gómez y otros, manifestaron que este prelado ya no podía hacer una burla más notoria del congreso; que no había querido tener siquiera la urbanidad de contestar a la secretaría, como ella lo acababa de informar, la comunicación que le dirigió del decreto en que se le abría la puerta para tomar asiento en esta sala como diputado nombrado por Maracaibo, añadiendo el señor Antonio Briceño que se le permitiese en este momento una corta digresión para exponer debía justamente admirarse de que no hubiesen los señores diputados ostentado aquella entereza que observó cuando se trataba del anterior vicepresidente de la República, y guardasen, ahora y ayer, en los insultos que habían oído, escritos por el vicepresidente de Cundinamarca, un silencio que tocaba en una indiferencia degradante. El señor Domingo Briceño presentó entonces por escrito la siguiente proposición: "que se diga al poder ejecutivo haga que el reverendo obispo Laso preste el juramento de obediencia al gobierno y reconocimiento de la independencia de Colombia, con apercibimiento de que será extrañado si no cumple inmediatamente;"y la apoyaron los señores Urbina y otros. Y el señor Luis Mendoza pidió que el congreso hiciera cumplir el decreto anterior, en que admitía al señor obispo en calidad de diputado con tal que prestase el juramento que se indicó entonces. Pero advirtiendo el señor presidente que siempre sería laudable la circunspección en este negocio y que la comisión eclesiástica podía informar sobre él y sobre la medida que debiera tomarse con respecto al reverendo obispo, fija esta proposición: "que pase el papel dirigido al señor Yanes a la comisión eclesiástica para su informe, extendiéndolo también sobre la conducta que ha guardado el citado obispo de Mérida para con el cuerpo soberano"; y votada, resultó afirmativa por una muy considerable mayoría.

   Procedióse después a la discusión del título 9° del proyecto de constitución. El señor Ildefonso Méndez echó menos la facultad de revisarla periódicamente cada 10 o 20 años, que debía tener el congreso, y hacia este particular dirigió su discurso, el cual terminado, no habiendo ningún otro señor tomado la palabra, se dio por fenecida esta discusión y también la primera del proyecto de constitución en su totalidad.

   En cumplimiento de lo que ayer dispuso el congreso, informó la secretaría, con vista de las actas, y leyéndolas en la parte necesaria, que el artículo 2° de la ley fundamental sancionada por el congreso de Venezuela, al cual es referente el 5° del proyecto, redactado por el señor Azuero, se dio por suficientemente discutido por tercera vez en la sesión del 4 de junio, y en consecuencia el señor presidente advirtió que a pesar de ello habría actualmente una muy ligera discusión para proceder a votarlo. Reprodújose de una parte lo que se dijo en aquel tiempo, a saberó que por ningún motivo se indicase a los quiteños se les podía incorporar por la fuerza en la República de Colombia, porque Venezuela y Cundinamarca reunidas no tienen semejante derecho, ni es conveniente presentarles ideas que los retraigan de la unión por revestirlas de miras de conquista; y de otra parte se repitió la contestación de entonces que en el artículo no se imponía a Quito una obligación forzada ni se hacía alarde de un derecho, sino que se le excitaba a la incorporación porque así lo exigía su utilidad y la nuestra, porque de ese modo no se podría echar nunca en cara al presente congreso que se había olvidado de Quito, ni se daría lugar a peligrosas novedades, y porque debíamos imitar al congreso de Venezuela cuando acordó la unión de aquel país y el de Cundinamarca, dejando sin embargo a los quiteños la facultad de separarse o ratificar después su incorporación en una futura convención, así como ahora se ha ratificado la de los dos departamentos referidos. Precedido pues un fuerte debate y llamado a votación dicho artículo, se votó afirmativamente (siendo la votación nominal) por los señores presidente Márquez, vicepresidente Antonio María Briceño, Gabriel Briceño, Laso, Yanes, Peñalver, Ignacio Méndez, Calvo, Paredes, Ildefonso Méndez, Balbuena, general Rojas, Luis Mendoza, Antonio Mendoza, Urbina, Francisco Soto, Santamaría, Azuero, Gómez, Miguel Tobar, Plata, Ibáñez, Otero, Manuel Restrepo, Camacho, Alvarez y Bernardino Tobar (que son 27), contra los señores Valencia, Félix Restrepo, Quijano, Orbegozo, Jaime, Ballén, Ronderos, Hinestrosa, Estévez, Carvajal, Miguel Domínguez, Pereira, Fernández Soto, Baños y Domingo Briceño (que son 15), protestando los señores Félix Restrepo, Valencia y Quijano.

   Leída nuevamente dicha ley fundamental para pedir la votación del congreso sobre si estaba bien o mal redactada, el señor Yanes dijo que el artículo 3° había sido injerido sin previo acuerdo del cuerpo, a lo que replicaron los señores presidente y Azuero que así estaba escrito en la primera redacción, y que además el congreso había declarado en la sesión anterior que era innecesaria su votación, por cuanto sólo contenía el juramento prestado por los señores diputados al tiempo de su incorporación. Se declaró pues la aprobación de dicha ley en los términos redactados, habiendo una formal votación, y son como sigue. He aquí la ley:

   "LEY FUNDAMENTAL DE LA UNION DE LOS PUEBLOS DE COLOMBIA

   "Nos los representantes de los pueblos de la Nueva Granada y Venezuela, reunidos en congreso general.

   "Habiendo examinado atentamente la ley fundamental de la República de Colombia, acordada por el congreso de Venezuela en la ciudad de Santo Tomás de Angostura, a 17 días del mes de diciembre del año del Señor de 1819, y considerando:

   " Que reunidas en una sola República las provincias de Venezuela y de la Nueva Granada, tienen todas las proporciones y medios de elevarse al más alto grado de poder y prosperidad.

   " Que constituidas en Repúblicas separadas, por más estrechos que sean los lazos que las unen, lejos de aprovechar tántas ventajas, llegarían difícilmente a consolidar y hacer respetar su soberanía.

   " Que íntimamente penetrados de estas ventajas todos los hombres de talentos superiores y de un ilustrado patriotismo, habían movido a los gobiernos de las dos repúblicas a convenir en su reunión, que las vicisitudes de la guerra impidieron verificar.

   " Finalmente, que las mismas consideraciones expuestas de recíproco interés y de una necesidad tan manifiesta, fueron las que obligaron al congreso de Venezuela a anticipar esta medida, que en cierta manera estaba proclamada por los constantes votos de ambos pueblos.

   "Por todos estos motivos, en el nombre y bajo los auspicios del Ser Supremo, hemos venido en decretar y decretamos la solemne ratificación de la ley fundamental de la República de Colombia, de que va hecha mención, en los términos siguientes:

   "Artículo 1° Los pueblos de la Nueva Granada y Venezuela quedan reunidos en un solo cuerpo de nación, bajo el pacto expresado de que su gobierno será ahora y siempre popular representativo.

   "Artículo 2° Esta nueva nación será conocida y denominada con el título de República de Colombia.

   "Artículo 3° La nación colombiana es para siempre e irrevocablemente libre e independiente de la monarquía española y de cualquiera otra potencia o dominación extranjera. Tampoco es, ni será nunca, el patrimonio de ninguna familia ni persona.

   "Artículo 4° El poder supremo nacional estará siempre dividido para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial.

   "Artículo 5° El territorio de la República de Colombia será el comprendido dentro de los límites de la antigua capitanía general de Venezuela y el virreinato y capitanía general del Nuevo Reino de Granada. Pero la asignación de sus términos precisos queda reservada para tiempo más oportuno.

   "Artículo 6° Para la más ventajosa administración de la República, se dividirá su territorio en seis o más departamentos, teniendo cada uno su denominación particular y una administración subalterna dependiente del gobierno nacional.

   "Artículo 7° El presente congreso de Colombia formará la constitución de la República, conforme a las bases expresadas y a los principios liberales que ha consagrado la sana práctica de otras naciones.

   "Artículo 8° Son reconocidas in solidum como deuda nacional de Colombia las deudas que los pueblos han contraído separadamente; y quedan responsables a su satisfacción todos los bienes de la República.

   "Artículo 9° El congreso, de la manera que tenga por conveniente, destinará a su pago los ramos más productivos de las rentas públicas; y creará también un fondo particular de amortización con qué redimir el principal o satisfacer los intereses luego que se haya verificado su liquidación.

   "Artículo 10. En mejores circunstancias se levantará una nueva ciudad con el nombre de Libertador Bolívar, que será la capital de la República de Colombia.

   "Su plan y situación serán determinados por el congreso, bajo el principio de proporcionarla a las necesidades de su vasto territorio, y a la grandeza a que este país está llamado por la naturaleza.

   "Artículo 11. Mientras el congreso no decrete las armas y el pabellón de Colombia se continuará usando de las armas actuales de Nueva Granada y pabellón de Venezuela.

   "Artículo 12. La ratificación del establecimiento de la República de Colombia y la publicación de la constitución, serán celebradas en los pueblos y en los ejércitos con fiestas y regocijos públicos, verificándose en todas partes esta solemnidad el día en que se promulgare la constitución.

   "Artículo 13. Habrá perpetuamente una fiesta nacional por tres días, en que se celebre el aniversario:

   " De la emancipación e independencia absoluta de los pueblos de Colombia.

   " De su unión en una sola República y establecimiento de la constitución.

   " De los grandes triunfos e inmortales victorias con que se han conquistado y asegurado estos bienes.

   "Artículo 14. La fiesta nacional se celebrará todos los años en los días 25, 26 y 27 de diciembre, consagrándose cada día al recuerdo especial de uno de los tres gloriosos motivos, y se premiarán en ellas las virtudes, las luces y los servicios hechos a la patria.

   "La presente ley fundamental de la unión de los pueblos de Colombia será promulgada solemnemente en los pueblos y los ejércitos, inscrita en los registros públicos y depositada en todos los archivos de los cabildos y corporaciones, así eclesiásticos como seculares, a cuyo efecto se comunicará al supremo poder ejecutivo por medio de una diputación.

   "Fecha en el palacio del congreso general de Colombia, en la Villa del Rosario de Cúcuta, a 12 de julio del año del Señor de 1821, undécimo de la independencia".

   Causa fue esta para que el señor vicepresidente Briceño reclamase la atención del congreso para decidir esta cuestión: "¿si sancionado un punto por votación del cuerpo podía después un diputado insistir votando negativamente en los asuntos dependientes de dicha sanción, sólo porque ella haya sido contraria a la opinión particular del sufragante?", dando por razón de que la conducta observada en la precedente votación le obligaba a pedir la resolución de esta materia en que se minaba la autoridad del congreso porque se desconocía la importancia que tiene la mayoría en todo cuerpo colegiado. Respondióse por diferentes señores que una vez dada la sanción ya el diputado debía obedecerla, respetarla y suponerla un principio para sus votaciones posteriores, porque si no casi nunca llegaría el caso de sostenerse una ley, a la vez que verosímilmente todos sus artículos no habrían sido conformes a todos y cada uno de los diputados.

   Se procedió después al examen de las dos proposiciones apoyadas, la primera sobre que esta ley fundamental se firme por todos los señores diputados, y la segunda para que se comunique al ejecutivo por medio de una diputación; y discutida algún tanto la primera se levantó la sesión, dejándose para el día de mañana la decisión de una y otra, por ser las dos y cuarto de la tarde.

José I. de Márquez.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

   El redactor,

Antonio José Caro.

 

ACTA 75. SESION EXTRAORDINARIA DE LA NOCHE DEL 12 DE JULIO

   Se abrió la sesión con más del número de diputados necesario para formar congreso.

   Leída y aprobada el acta de la sesión de ayer, dijo el señor Félix Restrepo que las sesiones extraordinarias se contrajesen a negocios más importantes que aquellos que se han tocado en ellas, pues que nunca los de un particular deben ser preferidos en la resolución a los de un interés general, para lograr de este modo la pronta conclusión de los trabajos del congreso, que de otra suerte vendrían a durar en perjuicio de los pueblos, que pagan las dietas, muchos meses. El señor Manuel Restrepo, apoyando todo esto, presentó por escrito la siguiente proposición, que aseguró había redactado con el objeto de

   que el congreso la tomara en consideración por las grandes ventajas que en su concepto debía producir: "Debiendo el congreso ocuparse con preferencia a todos los demás negocios, en sancionar la constitución de la República y en decretar varias leyes que demandan imperiosamente las circunstancias en los diferentes ramos de la administración pública, se hará entender por medio de la prensa o los individuos que hayan hecho peticiones al congreso, que sólo se despacharán por ahora las que fueren urgentes o de un interés general, difiriéndose el despacho de los demás negocios de particulares para cuando lo permitan las atenciones más importantes". Seguidamente presentó esta otra proposición: "que sólo se destine una sesión extraordinaria en cada semana para despachar los asuntos particulares". Y una y otra fueron apoyadas por los señores Azuero, Santamaría, Valencia y otros. Habiendo sido admitidas a discusión, se votaron después afirmativamente, la primera por 30 votos contra 11, y la segunda 35 contra seis, previas las diferentes reflexiones que tuvieron lugar en la discusión de entrambas.

   El mismo señor Manuel Restrepo fijó otra proposición, que apoyada, admitida y discutida, se votó afirmativamente por 24 contra 16 votos. He aquí su contenido: "Que haya sesión extraordinaria en los lunes, martes, jueves y viernes de cada semana"; y el señor Gómez (Fernando) la adicionó en estos términos: "que se entienda esto por ahora para que haya lugar a que después se aumente el número de sesiones extraordinarias".

   Hizo entonces presente el señor secretario Santamaría que él y su compañero habían votado afirmativamente la última proposición, y con gusto y complacencia de su parte porque deseaban la pronta terminación de los trabajos del congreso; pero que para llevar esto a cabo era necesario que las actas no contuviesen los debates, ni siquiera su espíritu como hasta ahora exigían los señores diputados y algunas veces con escrupulosidad, porque ya el tiempo que les quedaba era demasiadamente corto y subsistían aún los inconvenientes que antes se habían manifestado, y tocaba el mismo congreso de falta de escribientes y enfermedad del redactor y de que el trabajo estaba por esta razón sumamente recargado; que en lo sucesivo las actas, como en otras partes, no contendrían sino lo puramente dispositivo y las mociones presentadas, pero de ningún modo los debates ni discursos.

   Después de esto fijó el señor presidente Márquez la siguiente proposición: "que la sesión extraordinaria sea de dos horas, desde las seis hasta las ocho de la noche". Y fue votada por la afirmativa por 28 votos, habiéndose resuelto negativamente la adición que hizo el señor Bailen y luego modificó el señor Estévez; la adición fue concebida en estos términos: "que la sesión extraordinaria consagrada a negocios particulares dure cuatro horas", y la modificación restringía el tiempo a tres horas no más.

   Ultimamente se acordó que la última sesión extraordinaria de cada semana fuese la destinada para negocios particulares, con lo cual se levantó la sesión, por ser ya más de la hora prefijada.

José I. de Márquez.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

   El redactor,

Antonio José Caro.

 

ACTA 76. SESION DEL DIA 13 DE JULIO

   Se abrió la sesión con más del número de diputados necesario para formar congreso".

   Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior. El señor Fernández Soto advirtió faltar en ella ciertas expresiones que había vertido el señor Peñalver cuando se discutía el artículo 5° de la ley fundamental, y el señor Yanes expresó que su concepto no se había redactado con la exactitud debida; y a uno y otro señor contestaron los señores Azuero y Miguel Tobar que si hubiese de redactarse íntegramente el discurso de cada uno, entonces ellos exigirían también que se hiciese así respecto de lo que habían dicho y no constaba individualmente en el acta. El señor Santamaría añadió que no tenía derecho un diputado para pedir se insertasen las expresiones o palabras producidas por otro, y que la exactitud del acta debía regularse en cuanto a las resoluciones que contuviese. En seguida se leyeron las protestas de los señores Félix Restrepo y Quijano, relativanes que contuviese. En seguida se leyeron las protestas de los señores Félix Restrepo y Quijano, relativas a la votación de dicho artículo 5°".

   Los ministerios de hacienda y del interior y justicia han pasado al congreso los expedientes que se van a indicar, y sobre ellos han recaído las resoluciones que igualmente se expresan:

   El informe del almirante Brion sobre el estado de la marina de la República y medios de sostenerla y aumentarla, se mandó pasar a las comisiones de hacienda y guerra reunidas.

   El estado de rentas de la Nueva Granada relativo al año de 1819, que se ha dirigido al para los objetos a que pueda ser útil este conocimiento, se mandó pasar a la comisión de hacienda.

   El informe del gobernador del Chocó sobre establecimiento de bodegas en el paso de Bebará, se mandó pasar también a la misma comisión.

   El ciudadano José María Maldonado Lozano ha presentado al gobierno un proyecto sobre amonedación de platino, que elevado a la consideración del congreso, se ha mandado pasar a la comisión de hacienda para que informe.

   A la misma acordó su majestad que pasara el expediente promovido por el gobernador del Socorro para que allí las rentas se recauden por arriendo y no por administración.

   También se mandó pasar a ella otro expediente, que versa sobre recargo de derechos en los efectos introducidos por las bocas del Dagua, que remitió al gobierno el vicepresidente de Cundinamarca.

   El proyecto presentado por el gobernador del Citará sobre aumento de la renta de propios en aquel distrito, se mandó pasar a la comisión de legislación.

   El señor José María del Real, residente en Londres y antiguo enviado del gobierno de la Nueva Granada, representó al presidente de la República la conducta del general Mac Gregor y el ministerio ha elevado este asunto a conocimiento del congreso para los efectos convenientes relativamente al nombramiento de diputado que ha obtenido dicho general, y su majestad acordó que sobre esto informara una comisión especial.

   El ministerio del interior ha dirigido un expediente sobre la navegación del río Atrato, y el congreso se sirvió pedir informe en orden a este punto a una comisión que a moción de un diputado se erigió en aquel acto, teniendo por objeto evacuar los que se exijan sobre caminos públicos y navegación de ríos.

   La de poderes debe informar sobre la comunicación del general vicepresidente de Cundinamarca relativa a la venida del señor diputado Estanislao Vergara, según así lo resolvió el congreso, y la educación pública, sobre la solicitud del cura de la villa del Socorro, que pidió al gobierno se le mandase entregar aquel hospicio de padres capuchinos con sus libros y muebles para destinarlos a una casa de enseñanza.

   Procedióse después a la segunda discusión del proyecto de constitución y previas varias y diferentes reflexiones se dio por terminada, sucesivamente, la de las dos secciones en que está dividido el título 1°; la de la primera sección del título 2°, sobre la cual se advirtió que todo su contenido estaba ya sancionado en la ley fundamental, por cuya razón el señor Ignacio Méndez pidió que en el artículo respectivo se añadiese virreinato y capitanía general del Nuevo Reino de Granada, conforme a dicha ley; y la sección 2a del citado título 2°".

   Seguidamente se continuó el examen de las dos proposiciones adicionadas a la ley fundamental sobre "que se firme por todos los señores diputados y se comunique al poder ejecutivo por medio de una diputación"; íbanse ya a votar una y otra, pero se suspendió el acto porque el señor Gual informó que en las secretarías no existía ningún decreto del congreso o gobierno de Venezuela sobre armas de la República, ni tampoco las había en ellas, y que por lo mismo la ley contenía un error de hecho que era necesario evitar. Enterado el congreso de esta circunstancia, convino de una manera legal, expresada por la votación que requiere el reglamento, de proceder a reformar el artículo 11, en los términos siguientes: "mientras el congreso no decrete las armas y el pabellón de Colombia, se continuará usando de las armas actuales de Nueva Granada y el pabellón de Venezuela"; y precedido esto, dicho señor Gual, por medio de moción, presentó un proyecto de decreto sobre las armas que provisionalmente debe adoptar el congreso, cuya moción fue apoyada. Entonces sí tuvo lugar la votación de las dos anteriores proposiciones, y una y otra fueron aprobadas por una gran mayoría.

   Conforme al orden del día, siguió después la tercera discusión de la ley de manumisión de esclavos. Presentadas algunas reflexiones sobre el artículo 7° y las proposiciones que en cuanto a él se hicieron en la primera y segunda discusión, se votó en estos términos: "Se prohibe la introducción de esclavos de cualquier manera que se haga; ninguno podrá traer como sirviente doméstico más de uno, el cual no podrá ser tampoco enajenado en el país; al introductor se hará entender la obligación en que queda de reexportarlo dando para ello las debidas seguridades. Los esclavos introducidos contra la prohibición de esta ley quedan libres por el mismo hecho".

   Votáronse negativamente estas dos indicaciones que a dicho artículo 7° se habían presentado en la sesión del 2 de julio: "1a, que sean expelidos los esclavos fugitivos; 2a, que no se permita desembarcar a los que en cualquier número vengan por vía de negociación"; aquélla porque pareció contraria a los más sanos principios de política y ésta porque está decidida en las otras.

   El señor Domingo Briceño hizo la siguiente moción:

   "Que todos los esclavos que se introduzcan en el territorio de Colombia, ya sea en el servicio doméstico, si en otra especie de servicio como el de marineros, sea obligado el amo a su reembarque en el tiempo que se le asigne, y en caso de contravención quedarán libres"; y sin haberse dispuesto de ella por no estar apoyada, se procedió a la tercera discusión del artículo 8°, y todas las indicaciones que a él son referentes, que se presentaron en las sesiones anteriores.

   Interrumpida la discusión para leer las partes que remitió el poder ejecutivo de la batalla de Carabobo, que ganaron las armas de la República contra el ejército español, el 24 de junio próximo pasado, se levantó la sesión a la una y media de la tarde, por cuanto era necesario dejar explicar de algún modo el gozo que tenían los señores diputados al ver terminada felizmente una campaña que ponía fin a la guerra en el departamento de Venezuela.

José I. de Márquez.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

   El redactor,

Antonio José Caro.

 

ACTA 77. SESION EXTRAORDINARIA DE LA NOCHE DEL 13 DE JULIO

   Se abrió la sesión con más del número de diputados necesario para formar congreso. Se aprobó el acta de la sesión del 12 de este mes, sin reclamación alguna.

   Continuado el examen del informe de la comisión de crédito público sobre la solicitud del holandés Cristóbal Zigler de que otras veces se ha hablado en las sesiones anteriores, habiendo expresado varios señores el orden que había llevado el negocio antes de traerlo al congreso y que no constaba en el expediente que el comandante general de la costa y subdelegado de rentas, ni el vicepresidente de Cundinamarca se hubiesen denegado a pagar esta deuda, ni las cantidades que ya están satisfechas, se votaron negativamente estas dos proposiciones: "1a, ¿se aprueba el informe de la comisión? 2a, ¿se pasa este expediente al gobierno?"; pero sí se votó por la afirmativa la que fijó el señor diputado Gual: "que el señor Zigler ocurra a usar de su derecho donde le convenga".

   Leído el informe de la comisión de peticiones en la de la señora Manuela García del Fierro, viuda del coronel Joaquín Palacios, en que se reclama el montepío militar, y en el cual expone la comisión que pase el expediente a la de legislación para que presente un proyecto de ley sobre esta materia, el congreso, por votación, tuvo a bien aprobarlo.

   Se leyó después el informe de la misma comisión de peticiones en la solicitud del señor Sebastián López, vecino de Bogotá, en que reclama por recurso de injusticia notoria contra la alta corte de aquel departamento en el negocio que expresa y sobre el cual la comisión era de sentir que se erigiese un cuerpo senatorio de individuos del congreso para que oyese ésta y las demás reclamaciones semejantes, conforme al artículo respectivo de la constitución de Venezuela; y después de las varias reflexiones que se hicieron, presentó el señor Azuero la siguiente proposición, que fue apoyada por el señor Miguel Tobar: "Que se recomiende a la comisión de legislación este asunto y otros de igual naturaleza para que en el proyecto de arreglo de tribunales proponga el que deba conocer de ellos"; la cual, sin haberse votado, se levantó la sesión por ser ya la hora señalada.

José I. de Márquez.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

   El redactor,

Antonio José Caro.

 

ACTA 78. SESION DEL DIA 14 DE JULIO

   Se abrió la sesión con más del número de diputados necesario para formar congreso.

   Leída y aprobada el acta del día anterior, se dio cuenta de las comunicaciones que se indican, y sobre las cuales recayó la resolución que se expresa.

   Por el ministerio del interior se ha remitido el acta de elección de diputados de la provincia de Maracaibo para los objetos que puedan convenir, y el congreso tuvo a bien mandarla pasar a la comisión de poderes.

   El gobernador político del Socorro representó al vicepresidente de Cundinamarca que en aquella provincia se pagaban, en la época anterior de la República, los maestros de escuela de primeras letras, de la cantidad que satisfacían los vendedores de aguardiente de caña tomado en la administración del ramo, y que este recurso podría adoptarse de nuevo para llevar a efecto el establecimiento de escuelas en los pueblos más pobres; y el expediente se ha elevado al congreso por el ministerio del interior. Su majestad acordó que sucesivamente informasen sobre él las comisiones de educación pública y hacienda.

   La diputación permanente que había en Guayana ha remitido, por medio de la secretaría del congreso, y con oficio, varios expedientes sobre marina y competencias entre el almirantazgo y demás autoridades de la isla de Margarita; y su majestad tuvo a bien que sobre todo este negocio informara una comisión especial que al intento habrá de crearse.

   José Otero, en nombre de los vecinos de Zapatoca, ocurrió al gobierno solicitando la creación de municipalidad y erección de villa en aquel pueblo; y el ministerio del interior elevó este expediente a la consideración de su majestad, pero el congreso, teniendo presente que sobre este negocio por recurso que se hizo directamente ya se había comunicado al ejecutivo la resolución conveniente, acordó: "que se devuelva al gobierno para que obre con los documentos que se acompañan en el expediente ya citado".

   A la comisión de hacienda se mandó pasar la solicitud de la superintendencia general de rentas de Cundinamarca, en que señala el presupuesto de sus gastos económicos y pide un libramiento para que se paguen; solicitud que dirigió la superintendencia al vicepresidente del mismo departamento y éste al gobierno del Estado.

   A la misma comisión se mandó pasar un expediente promovido por el ciudadano Enrique Puyana, que dirigió al vicepresidente de Cundinamarca, al gobierno, y éste al congreso, en el cual solicita el interesado, por varias razones, se le exima del pago de dos meses del arriendo del estanco de aguardiente de Girón el año de 1819; y también la representación del cabildo de

   Pamplona para que a los pueblos de indígenas de aquel cantón municipal se les conceda rebaja del derecho de tributos, ya vencido.

   A la comisión de legislación se pidió informe sobre la dificultad que han encontrado el gobernador político de Cartagena para que los indígenas de aquella provincia tengan el protector que les designa un decreto del vicepresidente de Cundinamarca, informe que este magistrado dirigió al vicepresidente de la República y que por el ministerio del interior se ha elevado al congreso.

   El ciudadano Ambrosio Roche solicitó del vicepresidente de Cundinamarca se le nombrase director de las minas de Zequía con la asignación de $1.000 anuales, y sobre este negocio se mandó que informara la comisión segunda de hacienda, que por moción presentada por el señor vicepresidente Antonio María Briceño y apoyada por varios señores, se erigió por acuerdo formal del congreso, en atención a que eran muchos los asuntos de que estaba encargada la primera, y por cuyo motivo el pronto despacho de los que van ocurriendo diariamente exigía esta creación.

   La municipalidad del Iscuandé solicitó ante el vicepresidente de Cundinamarca se impusiera un derecho en la navegación del río Tapaje para aumento de sus fondos de propios, y el gobierno ha dirigido al congreso este asunto para su resolución; su majestad acordó que informase la comisión de legislación.

   También acordó que la misma comisión informase sobre la solicitud que hicieron al vicepresidente de Cundinamarca el corregidor y alcaldes de la villa de Plato en la provincia de Santa Marta, pidiendo que se les asignase un escudo de armas.

   El señor diputado Vicente Borrero pidió entonces se advirtiese a la secretaría que en adelante no franqueara a los interesados sus expedientes ya despachados con los informes que hubiesen presentado las respectivas comisiones; reclamación que tenía por motivo el haberlo visto practicado así en el expediente de Juan Buenaventura Ortiz; y el señor secretario Santamaría, protestando que este sería único ejemplar que pudiera citarse en la materia y proveniente de una pura equivocación, protestó que en lo sucesivo se guardaría el mejor orden posible en el particular y se continuaría comunicando sólo el acuerdo del congreso.

   Procedióse en seguida a la discusión de la constitución. Después de varias reflexiones se dio por terminada la segunda de la sección 1a del título 3°, y en cuanto a ella, se hicieron las siguientes indicaciones: el señor Yanes pidió que a los pobres honrados, aunque no tengan la calidad que exige el artículo, se les declarase hábiles para votar; el señor Fernández Soto, que a los curas por el conocido influjo que tienen en los pueblos se les conceda el derecho de presidir las elecciones primarias; el señor Escobar, que se declare que los testigos asistentes a las elecciones primarias no tengan parentesco entre sí ni con el juez que preside; y el señor Ignacio Méndez pidió, en fin, que por una ley supletoria se declare quién es o debe ser tenido por vecino.

   Luego siguió la segunda discusión de la sección 2a del citado título 3°, y terminada, previas las observaciones que hicieron varios señores diputados, principió la de la 1a sección del título 4°, que habla del poder legislativo. El señor Ignacio Méndez presentó en esta materia la siguiente indicación: "Que en cuanto a las dos terceras partes que se exigen en las cámaras para resolver el sostenimiento de una ley objetada por el ejecutivo, se entienda sólo con respecto a una de las cámaras, y no en las dos". Y quedando pendiente la discusión, se continuó el examen de la ley de manumisión de esclavos.

   Sobre el artículo 8°, que dice: "Será una obligación forzosa de todo testador que tenga descendientes manumitir un esclavo cuando los que posea lleguen al número de diez; y no teniendo descendientes, de cada diez uno; lo mismo se observará en los intestados; los esclavos que se manumitan en uno y otro caso no serán los enfermos e inválidos, que no pueden procurarse su subsistencia, pues entonces en vez de un beneficio se les haría un grave mal", pidió el señor Félix Restrepo, como introductor del proyecto, y efectivamente obtuvo licencia para retirarlo para que en su lugar el congreso examinase los fondos de manumisión que se indicaron en la primera y segunda discusión.

   Las proposiciones que hicieron los señores Quijano y Domingo Briceño no fueron apoyadas; el primero quería que los réditos de las haciendas denominadas de temporalidades se pudieran pagar al Estado que es el capitalista, en esclavos, quedando éstos libres por el mismo hecho, y que se aplique a los fondos de manumisión el feble de la moneda en las dos casas que hay en la República; y el segundo pretendía que tuviesen igual aplicación los esclavos de haciendas secuestradas.

   Examinándose después las referidas indicaciones presentadas en las sesiones anteriores, se votaron sucesivamente las siguientes proposiciones:

   "¿Se grava en un 5% el quinto de los bienes de los que mueren dejando descendientes legítimos?", y su resolución fue negativa, así como también cuando se fijó el 4%; pero resultó afirmativa cuando se asignó el 3%, habiendo 27 síes y 11 noes. "¿Se grava en un 5% el tercio de los bienes de los que mueren dejando ascendientes legítimos?", y esta proposición fue negada, así como resultó casada la votación cuando se asignó el 4%; pero se votó afirmativamente la asignación del 3% en el tercio de la herencia cuando el que muere deja ascendientes legítimos. "¿También se grava en un 3% el quinto de los bienes de los que mueren dejando ascendientes legítimos?"y esta proposición fue negada por 23 contra 16.

   Preguntóse después "¿si se grava en un 5% el total de los bienes de los que mueren dejando herederos laterales?"y habiéndose negado esta proposición y la que seguidamente se propuso fijando sólo el 4%, se votó por la afirmativa, la que lo redujo al 3%, protestando el señor Miguel Tobar.

   Luego se votó por 23 contra 16 "que se grave en un 10% el total de los bienes de los que mueren dejando herederos extraños", protestando los señores Miguel Tobar, Manuel Restrepo y Santamaría.

   La indicación que también se hizo en la segunda discusión de que "las llamadas mandas forzosas de Jerusalén, redención de cautivos y demás objetos para que ellas se destinan, se apliquen a los fondos de manumisión", fue negada por votación formal a causa de que, según se expuso en la última discusión, era poco decente a la República continuar un tributo que casi nunca había logrado su objeto, que en el día no podía ni debía verificarse, y que además, recargaba demasiado a los propietarios, dando, por otra parte, de ese modo el congreso el sello de su autoridad a semejante sacatina. Por esta última razón, y para que nunca llegara a creerse que el congreso sostenía la usanza extravagante de sepultar los cadáveres con ciertas mortajas o hábitos, ni mucho menos la de venderlos a precios subidos, pidió el señor Santamaría licencia para reiterar la indicación que hizo sobre esta materia, y efectivamente la obtuvo del congreso; pero no la consiguió el señor Mutis para retirar la suya, concebida en estos términos: "Que se aplique al fondo de manumisión el producto del trabajo del esclavo manumitido en el año siguiente al día de su libertad", pues que se renovó por otro señor diputado, y sobre ella nada se dispuso.

   Lo fue por unanimidad de sufragios esta otra indicación, presentada igualmente en la discusión segunda: "que se aplique a los fondos de manumisión el impuesto de dos reales anuales por cada esclavo desde que tenga la edad de 14 hasta la de cincuenta y cinco años, el cual impuesto debe pagar su respectivo amo".

   El señor Manuel Restrepo introdujo en este acto la siguiente proposición, que fue apoyada: "Que la comisión de legislación presente un proyecto de ley extinguiendo las mandas forzosas y aplicando los caudales existentes a los fondos de manumisión"; y el señor Azuero, apoyado por el señor vicepresidente Briceño, presentó esta moción: "que pase el proyecto de ley a una comisión para que redacte de nuevo con mayor exactitud, los artículos que faltan por sancionarse, acompañándole para que le sirvan de norte los ya sancionados"; y habiendo expuesto el laudable objeto que se proponía, que era el de economizar el tiempo, pues que la materia vendría entonces mejor preparada para resolverse, se votó afirmativamente su proposición; concluido lo cual se levantó la sesión, por ser ya las tres de la tarde.

José I. de Márquez.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

   El redactor,

Antonio José Caro.

 

ACTA 79. SESION DEL DIA 16 DE JULIO

   Se abrió la sesión con más del número de diputados necesario para formar congreso.

   Aprobada el acta de la sesión anterior, se dio cuenta y leyó la comunicación oficial del Libertador presidente de la República, su fecha en el cuartel general de Valencia a 25 del próximo pasado junio, en la que da parte de la gloriosa victoria que obtuvo el ejército libertador contra el enemigo, derrotando al general Latorre en los campos de Carabobo en el día anterior; comunicación que dirigió al vicepresidente de la República y que por su conducto se ha elevado al congreso. Concluida la lectura, manifestó el señor presidente que era necesario indicase de alguna manera este cuerpo representativo su gratitud a los que tan gloriosamente habían defendido la independencia y libertad de la nación, y que al intento los señores diputados podrían expresar su opinión. Se expuso entonces por uno de ellos que para que la resolución fuese revestida de la dignidad correspondiente del cuerpo deliberante, y al ejército que se había cubierto de gloria y que había terminado la campaña y asegurado acaso para siempre el territorio de la República, presentaba la siguiente moción: "que una comisión forme a la mayor brevedad un proyecto de decreto en que la República manifieste su gratitud al general, jefes, oficiales y soldados del ejército que ha destruido al enemigo en la acción de Carabobo"; que igualmente exprese "el funeral que corresponde a los ínclitos jefes Cedeño y Plaza y asigne a sus familias las gracias que corresponden". Y que en la primera parte del decreto sean comprendidos también "el jefe, oficiales y soldados que bajo la sabia dirección del comandante general de la costa han destruido la fuerza sutil del enemigo en la bahía de Cartagena el mismo día 24 de junio".

   Y el señor Domingo Briceño, apoyando lo que algunos señores habían dicho de los distinguidos servicios del general Páez, a quien tánto recomienda el Libertador presidente en su citada comunicación, y a quien en nombre del congreso en el campo mismo de batalla había saludado general en jefe por la gloriosa conducta que en ella había observado, presentó esta proposición: "que en atención a los importantes y distinguidos servicios que ha hecho en todo tiempo el señor general Páez y actual recomendación hecha por su excelencia el Libertador, por su brillante servicio en Carabobo, el soberano congreso, por aclamación, publique y otorgue el ascenso de general en jefe de dicho señor Páez". Pero habiéndose observado por algunos señores que a pesar de los méritos de este general, bien conocidos de todos los diputados y que desde luego merecían la gratitud nacional, el medio de la proclamación siempre sería ruinoso y de perjudiciales consecuencias e indigno del pulso y detención del congreso; y que el confundir en un mismo decreto a los vencedores en Carabobo con los de Cartagena era, además de embarazoso, una acción precipitada, puesto que ni aún se había recibido el parte oficial de esta acción. El señor Briceño convino en retirar su proposición, y el autor de la otra en hacer lo mismo respecto de la tercera parte de la suya.

   En cuanto a las otras dos partes, las contradijeron algunos señores, porque el restringir a la comisión la facultad de informar comprometiéndola a los puntos indicados en momentos de entusiasmo, era pretender que la resolución; [sic] y por esto, convenido en que se retirase, se votó afirmativamente esta moción:

   "Que la comunicación del Libertador presidente pase a una comisión especial para que conforme a ella presente un proyecto de decreto sobre todo su contenido, y en el cual se indique la suma gratitud de la República".

   Leyóse después el oficio de congratulación que dirige al congreso por su instalación el comandante general de la costa, Mariano Montilla, y enterado su majestad, acordó que se contestara satisfactoriamente.

   Con este motivo se recordó la tardanza que se experimentaba en la impresión y promulgación de la proclama que en 5 de junio dirigió el congreso a los pueblos y tropas de mar y tierra, y se añadió que esta falta se cometía en mengua de la gratitud que había querido manifestar el cuerpo representativo a la nación y en desdoro de sus miembros. Se habló entonces de que en esto sólo tenía culpa la miseria de la capital, donde no había imprenta ni los demás medios correspondientes a la silla del gobierno; y después de varias reflexiones se votó esta proposición: "que se diga al ejecutivo dé las órdenes convenientes para que se imprima, publique y circule a la mayor brevedad la alocución dirigida por el congreso a los pueblos y a los ejércitos".

   Enterado el congreso de la comunicación del poder ejecutivo en que se habla de los decretos o reglamentos que se le habían pedido sobre ascensos militares con motivo de la propuesta que ha hecho el Libertador presidente en favor del general Urdaneta, se acordó que el expediente íntegro pasara de nuevo a la comisión de guerra para su informe.

   "Que pasase a la de crédito público la comunicación del ministro de hacienda en que a nombre del poder ejecutivo expone respetuosamente las observaciones que le obligan a pedir tome el congreso en consideración la ley de repartición de bienes nacionales para su reforma", fue lo que se acordó de una manera legal sobre dicha comunicación, votándose al efecto por los señores diputados.

   La señora María Inés Sánchez, viuda, vecina de esta villa, solicitó que de los bienes secuestrados a don Francisco A. Jácome, se le mandase pagar cierta cantidad que le debe según resulta de los documentos que acompaña; y el congreso mandó que informara sobre ello la comisión de peticiones.

   Precedido todo lo cual, continuó la segunda discusión de la sección 1a del título 4° del proyecto de constitución, que había quedado pendiente, y en ella hizo el señor vicepresidente Briceño (Antonio María) la indicación de que añada al artículo respectivo que la ley o decreto en materia urgente, no objetada por el ejecutivo dentro de los dos días señalados, tenga fuerza de tal; y previas otras reflexiones se declaró terminada esta discusión, y en seguida la de la sección 2a del mismo título 4°.

   En este momento se recibió y leyó un oficio del ministerio del interior a que acompaña el parte del comandante general de la costa, relativo a la gloriosa acción obtenida contra la fuerza sutil del enemigo en la bahía de Cartagena el 24 del pasado, de que ya se ha hecho mención en esta acta; y el congreso acordó se devolvieran los partes como pedía el ministerio para mandarlos imprimir.

   Prevalido de esta oportunidad se renovó por su autor la moción de que el congreso manifestara también su gratitud por medio de un decreto al jefe, oficialidad y tropa del ejército de la costa que se había distinguido en esa acción, según que antes se había propuesto; y removido el obstáculo que por algunos señores se objetó de infringirse el orden del día con este incidente, previas varias observaciones, reducida a votación la proposición fue desechada contra 16 votos que hubo por la afirmativa.

   Siguió después la segunda discusión de la sección 3a de la constitución. Durante ella y apoyadas en diferentes observaciones se hicieron las indicaciones siguientes: el señor Félix Restrepo pidió que también tuviera el congreso la facultad de retener los breves y bulas pontificias; el señor Domingo Briceño que en la atribución 16 se añadiese la de "o no decretar la guerra", porque apenas se le daba la afirmativa de decretarla; el señor Luis Mendoza, que se reformara la 25a, autorizando al congreso para conceder facultades extraordinarias al general en jefe que mande el ejército y no al poder ejecutivo, como está allí escrito, porque esto era inexacto, queriendo además el señor vicepresidente Briceño que esto no fuera sólo en la presente guerra de independencia sino en cualesquiera otras. Precedidas varias y muy importantes reflexiones, se declaró terminada la segunda discusión de dicha sección 3a, título 4°, del proyecto.

   Se leyó finalmente la nueva redacción de los últimos artículos de la ley de manumisión de esclavos que presenta la comisión especial a quien se encargó este trabajo.

   Discutido el 9°, se votó en los términos siguientes: "Para colectar estos fondos se formará en cada cantón una junta llamada de manumisión compuesta del primer juez del lugar, del vicario eclesiástico foráneo, y en su defecto del cura, de dos vecinos y un tercero nombrados estos tres por el gobernador de la provincia".

   El artículo 10, que dice: "Formadas las juntas, elegirán un comisionado en cada parroquia para que llevando lista de los que mueren y de las herencias que dejan se cobre con la mayor brevedad y exactitud el impuesto de manumisión de esclavos, de que se hará cargo el tesorero con la debida cuenta y razón para darla a su tiempo a quien corresponda", se aprobó sin discusión.

   El 11 se votó en estos términos: "Los tesoreros de los fondos de manumisión presentarán anualmente sus cuentas a los ministros principales del tesoro de la provincia, y cuando no lo haya, a los que estuvieren más inmediatos; éstos las glosarán, y el gobernador de la provincia las formará".

   El 12 se aprobó sin discusión, y lo mismo el 13; aquél está concebido en estos términos: "Anualmente, en los días destinados a fiestas nacionales la junta de manumisión de cada distrito libertará a los esclavos que pueda con los fondos existentes; su valor se satisfará a los amos ajusta tasación de peritos, escogiéndose para la manumisión los más honrados e industriosos". Y este otro en los siguientes: "Cuando no haya esclavos en el cantón o provincia, los fondos se destinarán por el jefe del departamento a la manumisión de esclavos de otra provincia; si no los hubiere en todo el departamento, el presidente de la República designará a los esclavos que deban manumitirse con aquellos fondos", y precedido todo esto se levantó la sesión.

José I. de Márquez.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

   El redactor,

Antonio José Caro.

 

ACTA 80. SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 16 DE JULIO

   Se abrió la sesión con más del número de diputados necesario para formar congreso.

   Leída y aprobada el acta de la sesión del 13 de este mes, continuó la tercera discusión del proyecto de ley de manumisión de esclavos, según la nueva forma en que se había redactado.

   El artículo 14 se votó como está escrito, en estos términos: "La contribución de que habla el artículo 8° quedará abolida por el mismo hecho de que se extinga la esclavitud en todo el territorio de la República, y ninguna autoridad podrá aplicar a otro destino la menor porción de sus productos".

   Sobre el 15, que dice: "Se declaran perpetuos e irrevocablemente libres todos los esclavos y partos de esclavas que habiendo obtenido su libertad en fuerza de leyes y decretos de los diferentes gobiernos republicanos, fueron después reducidos nuevamente a la esclavitud por el gobierno español; los presos respectivos declararán la libertad acreditándose debidamente", se hicieron varias observaciones. Dudábase si quedarían excluidos de la libertad los esclavos a quienes otros jefes militares la habían concedido antes que hubiese un gobierno legalmente establecido, como sucedió en Apure, cuando la casi total pérdida del país; pero habiéndose reflexionado que estos individuos habían sido garantidos en su libertad por el jefe supremo de la República, y posteriormente por el congreso de Venezuela, se creyó estaban justamente comprendidos en el artículo.

   El señor Ildefonso Méndez reprodujo su indicación de que a los esclavos libertados por los españoles en odio de la independencia se les volviera a la esclavitud, pero se le satisfizo diciendo que ese sería objeto acaso muy justo de otra ley, mas no de la presente en que se retraía de libertar y no de restituir a la esclavitud a los ya libres.

   El señor Estévez insistió de nuevo en la proposición que antes fue desechada de que "se diera una libertad simultánea y universal a todos los esclavos", pidiendo que en el acta se hiciera expresa mención de esta solicitud y de la protesta que pronunció de que deseaba vivir y morir como un hombre libre; y el señor Otero apoyó todos sus argumentos porque la justicia, en su concepto, exigía devolver el más precioso bien que es el de la libertad cuando ya se poseía de mala fe, y de ningún modo sin ofender la conciencia se podía conservar en esta posesión.

   El señor Carvajal introdujo y fundó esta proposición: "que en caso de que el congreso decrete el artículo 15 como está escrito, se refrende la libertad de tributos que los anteriores gobiernos de la primera época de la República concedieron a los indios"; y fue apoyado por el señor Mendoza. Quiso también que se votara el artículo 9° del proyecto primitivo de ley de manumisión, que habla de las condecoraciones que deberán concederse a los manumisores voluntarios de esclavos, y después de varias reflexiones el señor presidente preguntó: "si el congreso suprime todo cuanto ha suprimido la comisión en esta nueva redacción"; y esta proposición fue votada afirmativamente, protestanto los señores Estévez y Carvajal.

   El señor Quijano presentó por escrito la siguiente moción, que fue apoyada por dicho señor Carvajal: "que se declare por el actual congreso: que puedan los esclavos comprar a censo las fincas de los amos que quieran venderlas por su legítimo valor, quedando obligados a pagar in solidum los réditos hasta que rediman el principal; que redimida la finca quede a las familias de los que lo han verificado, la propiedad de ella para trabajarla en común, o si fuere posible que se divida entre los que existan al tiempo de la redención; que esté a cargo de los gobiernos provinciales velar especialmente por medio de las juntas que se establezcan o por el de los jueces territoriales sobre el buen régimen civil y sobre la labor de la finca para que se llenen los deseos del gobierno y la satisfacción de los réditos o de los principales de los que fueron amos".

   Precedido todo lo cual, se dio por terminada la tercera discusión, y se votó el artículo 15, último, como está escrito, levantándose inmediatamente la sesión por ser más de la hora señalada.

José I. De Márquez.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

   El redactor,

Antonio José Caro.

ACTA 81. SESION DEL DIA 17 DE JULIO

   Se abrió la sesión con la asistencia de los señores presidente José Manuel Restrepo, Alejandro Osorio, Miguel Santamaría, Francisco Soto, Félix Restrepo, Vicente Borrero, Carlos Alvarez, Vicente Azuero, José Antonio Borrero, Manuel María Quijano, Pedro Carvajal, Cornelio Valencia, Miguel Domínguez, Joaquín Fernández Soto, Francisco Pereira, Mariano Escobar, Bernardino Tobar, Antonio María Briceño, Francisco Otero, Miguel Ibáñez, Francisco Orbegozo, Pacífico Jaime, Salvador Camacho, Joaquín Plata, Miguel Tobar, Ignacio Márquez, Diego Fernando Gómez, Miguel Zárraga, Policarpo Uricoechea, Juan Ronderos, Nicolás Ballén, Bautista Estévez, Francisco Conde, Miguel Peña, Luis Mendoza, José Antonio Mendoza, Pedro Gual, Sinforoso Mutis, Ildefonso Méndez, José Prudencio Lanz, Lorenzo Santander, Andrés Rojas, Francisco Gómez, Antonio Paredes, Ramón Ignacio Méndez, José Félix Blanco, José Gabriel Alcalá, Cerbeleón Urbina, Bartolomé Osorio, Gabriel Briceño, Domingo Briceño.

   Se leyó el acta del día anterior, y quedó aprobada con la observación que hizo el señor Domingo Briceño.

   Se dio cuenta de la solicitud que hace la señora Camila Durán, viuda del ciudadano Emigdio Benítez, por la que reclama el valor del hato de San Nicolás como consumido en la subsistencia de los ejércitos de la República, y se mandó pasar a la comisión del crédito público.

   A la de legislación se mandó dirigir el oficio del ministro del interior, sobre que se resuelva la representación que acompaña de los curas de Cáqueza y Usme para que se permita edificar a los blancos en las plazas y resguardos de los pueblos de indios.

   A la de peticiones, la que hace la señora María Josefa Rey Vargas, viuda del señor Joaquín Vargas, para que se le socorra con algo, en atención a los méritos y servicios de su marido y a haber muerto en la ocupación que hicieron los españoles de la plaza de Portobelo.

   Se mandaron reservar para sesión extraordinaria la lectura, discusión y resolución de tres informes dados, el primero por la comisión de caminos y navegación, sobre la del río Atrato, y los dos últimos, por la comunicación del general Santander en orden a instrucciones al general Sucre, y sobre la competencia suscitada entre el cabildo y el comandante de Ocaña.

   Se leyó el informe de la comisión de legislación presentando el proyecto de ley sobre libertad de imprenta, y verificada también la lectura de éste, resolvió el congreso, por votación formal, se admitiese a discusión. En seguida y tratándose de proceder a la elección de presidente y vicepresidente del congreso, por concluir hoy sus funciones los señores Ignacio Márquez y Antonio María Briceño, propuso el señor José Manuel Restrepo que para economizar el tiempo que se emplea en los escrutinios por no suceder que en el primero se reúna el número de votos que para semejantes elecciones exige el reglamento de la materia, se reforme el artículo 2°, que trata del asunto, declarándose bastar cualquier mayoría para la elección del presidente y que se reconozca por vicepresidente el individuo que se aproxime más a esta mayoría, y sin embargo de que los señores Miguel Tobar y Antonio María Briceño fueron de dictamen que semejantes elecciones se hiciesen por la noche, como hubiese sido apoyada por otros señores diputados la proposición del señor Restrepo, después de una ligera discusión fue votada y resuelta afirmativamente por las dos terceras partes de los miembros presentes. En su virtud se procedió a la referida elección en los términos de estilo, y resultaron electos para presidente el señor José Manuel Restrepo con 23 votos y el señor Alejandro Osorio para vicepresidente con cinco votos.

   En seguida se leyó el informe de la comisión militar sobre la propuesta que el Libertador presidente hace en favor del general Urdaneta para que se le confiera el inmediato ascenso de general en jefe.

   Los señores Ignacio Méndez, Antonio María Briceño y Fernández Soto fueron de opinión que si se resolvía en el acto la concesión del grado al señor Urdaneta, prefería éste en antigüedad al general Páez, y que para evitarle esta postergación a un general de tan recomendables y relevantes servicios, se declarase que la antigüedad de este último en el mismo grado le corriese desde el día en que el Libertador, a nombre del congreso, se lo había conferido en el campo de batalla después de la gloriosa acción de Carabobo. Y los señores Gómez, Soto, Ildefonso Méndez, Félix Restrepo, Ballén, Miguel Tobar, Conde y José Manuel Restrepo, fueron de dictamen que la resolución debía recaer por el mismo orden con que vinieron las propuestas; que en su virtud no debía diferirse la del general Urdaneta por la antelación con que fue hecha y presentada, dejando la determinación de la del señor Páez para cuando informase la comisión, en cuyo caso se resolvería en honor de este jefe lo que se creyese conveniente; y declarado suficientemente discutido el punto, puso a votación el señor presidente la siguiente proposición: "¿Aprueba el congreso la propuesta que hace el Libertador presidente para general en jefe en favor del general Urdaneta?". La cual fue votada afirmativamente.

   Verificado esto, se procedió a la segunda discusión de la sección 4a del título 4° del proyecto de constitución, y concluida su lectura, expuso el señor Méndez (Ignacio), en apoyo de su dictamen anteriormente manifestado sobre que sean directas al congreso las comunicaciones del poder judicial, que ya hay un artículo sancionado sobre esto mismo en el reglamento interior del congreso y en el 7°.

   El señor Ballén manifestó la duda que en su concepto ofrece el artículo 75 de ser juez parte cada cámara del congreso en el conocimiento de la causa y castigo del que les faltase al respeto, según en él se determina.

   El señor Briceño (Antonio María) insistió en su anterior dictamen sobre el derecho de policía del congreso en el lugar de sus sesiones y que se establezca un círculo donde ejerza una autoridad exclusiva, económica y gubernativa.

   El señor Miguel Tobar, contestando a la objeción del señor Ballén, dijo haber mucha diferencia entre un cuerpo moral y un cuerpo físico; que en éste puede el individuo proceder por pasión pero no así el moral, por ser compuesto de muchos, y que sin degradar la autoridad del congreso, no se le podía despojar de la atribución que se le declara por el ya citado artículo de proceder contra los que le falten al respeto.

   El señor Camacho propuso que las atribuciones declaradas al congreso por el artículo 73 se reduzcan a sólo destituir a los miembros que infrinjan sus reglamentos y de ninguna manera se extiendan a castigarlos. Con lo cual se dio por suficientemente discutida aquella sección y se procedió a la discusión de la 5a del mismo artículo, sobre la que, no habiéndose ofrecido reparo alguno, se pasó a la de la 6a.

   El señor Peñalver dijo que el residuo de las 30.000 almas exigido por el artículo 89 para nombrar cualquier provincia otro representante, le parecía excesivo, y que en su concepto debía rebajarse a 25.000, cuya proposición apoyó el señor Yanes, y el señor presidente contestó que éste, al parecer exceso, estaba compensado con el nombramiento de representantes por otras provincias, que no llega, ni con mucho, su población a las 40.000 almas que se exigen para la elección de cada representante.

   El señor Méndez (Ildefonso) hizo presente que por el artículo 92 sola la cámara de representantes tiene el derecho a la acusación de los empleados en los casos que en él se detallan, y que en su dictamen debía dejarse al pueblo la facultad de provocar la acusación para ocurrir así a los inconvenientes que trae consigo aquella exclusiva, los cuales insinuó.

   Con lo que se dio por suficientemente discutida dicha sección, y en su virtud se procedió a tratarse de la 7a, sobre la cual, y contrayéndose el señor Félix Restrepo al artículo 99, en que por última condición para ser senador se exige una propiedad de $4.000, o en su defecto $500 de renta, dijo que habrá muchos que puedan ser idóneos y no tengan en bienes raíces aquella cantidad, tales como los militares, y aun habrá muchos comerciantes que siendo a propósito para senadores, aunque manejen un caudal de mayor consideración, acaso no tendrán una propiedad raíz de aquel valor, y de consiguiente unos y otros quedan despojados de semejante derecho, asistiéndoles, por otra parte, cualidades que los hagan merecedores a él.

   El señor Briceño (Antonio) repuso a esta dificultad que la ley de repartición de bienes del Estado les da a los militares una propiedad raíz, y el señor presidente añadió que el sueldo que gozan los militares equivale al usufructo de aquella propiedad, y que los comerciantes en el rédito o ganancias que les produce su caudal, gozan de la renta de que carecen cuando no tengan en bienes raíces la cantidad que exige aquel artículo.

   Se dio por bastantemente discutida esta sección, y se pasó al examen de la 1a del título 5°.

   El señor Tobar (Bernardino) dijo parecerle muy admirado e insignificante el empleo de vicepresidente por no tener en qué ocuparse mientras no sustituye al presidente.

   El señor Briceño (Gabriel) dijo que así como para subrogar a los senadores y representantes no hay el arbitrio de suplentes, así tampoco debe establecerse el empleo de vicepresidente de la República, y que por tanto era de dictamen que el presidente del senado supla a aquél en los casos que debía hacerlo el vicepresidente, cuya proposición apoyó el señor Briceño (Antonio Naría) y el señor Peñalver. El señor Valencia insistió en la importancia del empleo de vicepresidente, y el señor secretario Santamaría, en apoyo de esta opinión, añadió que su establecimiento no es tan inútil, porque el presidente tendrá que ocuparlo en muchas visitas, comisiones, etc.; que el presidente partirá con él el trabajo tomando consejo de él, como que es hombre en quien deben suponerse luces y conocimientos para la dirección del gobierno, y así es regular tenga una parte muy activa en él, no de derecho sino de hecho.

   El señor Miguel Tobar dijo que las fechas eran peligrosísimas, y que la expectativa o próxima esperanza de entrar a la presidencia, nada tenía de extraño obrase en el vicepresidente con tal vehemencia, que lo hiciese atentar contra la vida del presidente, que por tanto, y para obviar tan terrible inconveniente, era de parecer que la sucesión del mando se organice de tal modo que la subrogación sea accidentalmente hasta elegirse el propietario; que para ello creía insignificante el empleo de vicepresidente, y como tal debía, en su concepto, suprimirse.

   Declaróse por suficientemente discutida esta sección, y en su consecuencia se pasó a discutir la 2a del mismo título.

   El señor Ignacio Méndez expuso creer de absoluta necesidad que se le faculte al poder ejecutivo para formar reglamentos, decretos e instrucciones dirigidos a la mejor y más pronta ejecución de las leyes, y que se enmiende el artículo 119, diciendo que el presidente es jefe natural de todas las fuerzas de mar y tierra de la República, y no capitán general, como en él se expresa.

   El señor Félix Restrepo dijo que es muy peligroso el que el presidente confiera todos los empleos según dispone el artículo 124 y que este peligro lo manifiestan la autoridad y la razón; aquélla por el concepto de algunos publicistas cuyas opiniones, concordes en este punto, hizo presentes, y ésta porque por el medio de nombrar todos los empleados y gobernadores, tiene el presidente en su mano la facultad de hacerse reelegir, pues con hacerles sobre ello una indicación, a estos últimos basta para que ellos manejen la cosa de tal modo que recaiga en él la mayoría de los sufragios; que a esto se agrega el nepotismo, pues nada de extraño tiene que el presidente prefiera en las provisiones a sus hijos, a sus parientes, a sus amigos, y a sus paisanos, y que por esto y otras razones que alegó, era de parecer que a los empleos que se les detallase cierta asignación los confiriese el presidente con aprobación del congreso; que para la provisión de otros hasta cierta renta, le pasase una terna para que éste eligiese, y que los demás de primer orden, como agentes diplomáticos, etc., quedase su provisión exclusivamente a la del congreso, porque el cuerpo legislativo, que no confiere empleos, sólo tiene una soberanía ideal; y que a fin de evitar el que los empleos recaigan en sólo los sujetos que están a la vista del presidente y que son sus conocidos, se anuncien las vacantes en las gacetas, para que ocurran a solicitar su nombramiento todos los que se consideren con méritos para ello.

   El señor Pereira notó la contradicción que hay en su concepto, por haberse dicho que el último grado de la milicia era el de general en jefe, cuando en la constitución se dice que el presidente es el capitán general de los ejércitos, lo que dio motivo a que el señor Ignacio Méndez insistiese en su dictamen de que se enmendase el artículo diciendo ser el jefe natural de las tropas.

   Con esto se dio por suficientemente examinada aquella sección, y se pasó a la discusión de la tercera del propio título, sobre lo que contrayéndose el señor Pereira al artículo 136, dijo que le parecía superfluo el dictamen que el consejo debe darle al presidente en los negocios de gravedad, porque además de que esto es una traba y un impedimento que se pone a la pronta resolución que acaso pueden exigir, de nada serviría una vez que se le exime al presidente de la obligación de adherirse a él; a lo que contestó el señor Antonio María Briceño que sí lo creía conveniente, pues de seguirlo o no seguirlo el presidente, se enteraría el senado si procedía con juicio y rectitud, y de este modo podría calificar debidamente su conducta, haciéndole cargo cuando desestimase el voto del consejo, debiendo seguirlo, y de la misma opinión fueron los señores presidente, Peñalver e Ignacio Méndez, quien añadió debía obligarse al presidente a que en todos los negocios arduos consultase al consejo, dejándolos en libertad de conformarse o no con su parecer, pues de este modo jamás le quedaría la disculpa de que el consejo no le había manifestado su modo de pensar.

   Con lo dicho se declaró suficiente la discusión de esta sección y se pasó a la cuarta del mismo título, sobre la que expuso el señor Peñalver que si los ministros son unos simples secretarios, está bien que no se diga nada acerca de la responsabilidad de su manejo, pero que si son jefes de sus respectivos ramos, como efectivamente lo son, pues expiden órdenes con entera independencia del poder ejecutivo, debe declararse ser responsable del buen o mal desempeño de sus empleos; a lo que contestó el señor Mendoza (Luis) diciendo que los ministros son responsables de hecho al presidente que los nombra y al senado que los juzga.

   El señor Méndez (Ignacio) dijo ser de parecer que los ministros tengan la facultad de rechazar cuanto les mande hacer el presidente de la República que se oponga a la constitución y a las leyes, siendo del mismo dictamen el señor Baños, quien expuso que cuando no se les concediese aquella facultad, al menos se les declarase la de dar parte inmediatamente al senado.

   El señor Santamaría dijo que es monstruoso ese veto en los ministros, porque con él se destruye la unidad del gobierno cuyo poder ejecutivo quedaba dividido de este modo en seis personas, cuales eran el presidente y los cinco secretarios; y que la conducta de aquél estaba más que suficientemente celada por la vigilancia del senado, por la del público y por la pluma de los escritores por medio de la libertad de la imprenta. De este mismo parecer fue el señor Antonio María Briceño, con lo que se dio por suficientemente discutida esta sección, y siendo pasada la hora se levantó la sesión.

J. Manuel Restrepo.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

   El redactor,

Antonio José Caro.

 

ACTA 82. SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 17 DE JULIO

   Leyóse el acta de la sesión anterior. El señor Estévez pidió que se suprimiese el concepto que se le atribuía relativamente a la manumisión de esclavos o se expresase en el acta todo el objeto y términos de su discurso. Precedida esta observación, fue aprobada por el congreso.

   Se dio cuenta y leyó el informe de la comisión eclesiástica sobre la solicitud del reverendo obispo de Mérida para el restablecimiento del tribunal de la inquisición en Colombia, de que se ha hecho mención en el acta del 12 de este mes, y sobre lo demás que entonces acordó su majestad relativamente a la conducta de dicho prelado. La comisión es de parecer que desentendiéndose el congreso de tan temeraria solicitud por ser injusta y contraria a las luces del siglo, a los intereses de la religión y a la libertad del país, del nombramiento que hizo de fiscal eclesiástico ante la representación nacional en el señor doctor José Antonio Yanes como una novedad desconocida, peligrosa y degradante del cuerpo representativo, y mirando su conducta desde el punto de vista en que la presenta, se acuerde un decreto en que se le prevenga otorgue inmediatamente el juramento de independencia de la España, sosteniendo la causa de Colombia con su opinión, su influjo y sus rentas, y que en caso de no hacerlo, sea extrañado de la República y ocupadas sus temporalidades, conforme a las leyes, a cuyo fin debiera pasarse al ejecutivo la comunicación conveniente.

   El señor Joaquín Borrero presentó un cuadro de la conducta observada por el obispo desde el principio de la revolución en Colombia, del carácter tenaz y reacio de este prelado, de los males que ha causado a la República, del desprecio con que ha mirado la comunicación del congreso en que se le previno viniera a ocupar un asiento en esta sala en virtud de los poderes que él mismo había remitido de la provincia de Maracaibo, y de los errores y principios sediciosos que contiene el manuscrito que presentó al congreso en favor de la inquisición; y después de todo esto fijó por escrito la siguiente proposición: "Que se haga venir al reverendo obispo por el poder ejecutivo y se le extrañe de la República por la vía que no toque con su diócesis", la cual fue apoyada y sostenida con nuevas razones por el señor Peñalver.

   El señor secretario Soto pidió que la votación en este negocio fuese nominal, y su solicitud fue apoyada por los señores presbíteros Blanco y Antonio Briceño; Escobar, Domínguez, Gabriel Briceño, Carvajal, Quijano, Valencia, Santamaría, Fernando Gómez, Joaquín Borrero, Orbegozo, Plata y el señor presidente Restrepo.

   Precedida una larga discusión sobre el informe de la comisión, manifestando que debía votarse con preferencia a la proposición del señor Joaquín Borrero, pues que no era modificación sino moción absolutamente diversa o contraria de aquél, y considerando el negocio por todos sus aspectos, el señor presidente fijó esta proposición: "¿El congreso aprueba el informe de la comisión, menos en cuanto a prometer, bajo juramento, el obispo de Mérida, sostener la causa de la independencia con sus propias rentas?", para evitar de este modo el inconveniente que algunos señores habían objetado de que ni podía ni debía el obispo destinar sus rentas a este objeto, a la vez que los cánones les habían señalado otro muy diferente. Y votada afirmativamente dicha proposición, el señor presidente previno que para la primera hora de la sesión próxima ordinaria la secretaría tuviese a mano el decreto que antes había acordado el congreso, y en el cual se había asignado la fórmula del juramento que debía prestar para que conforme a él se decidiera la dificultad que había ocurrido sobre las rentas. He aquí los señores que aprobaron la proposición: presidente José Manuel Restrepo, Urbina, Alcalá, Antonio Briceño, Peñalver, Azuero, Vicente Borrero, Ballén, Alvarez, Plata, Hinestrosa, Gual, Santamaría, Ronderos, Domínguez, Camacho, Carvajal, Uricoechea, Bernardino Tobar, Quijano, Pereira, Gabriel Briceño, Mutis, Valencia, Ramón Ignacio Méndez, Paredes, general Rojas, Otero, Fernández Soto, Francisco Soto, Calvo, Yanes, Ibáñez, Blanco, Lanz, Balbuena, Santander, Fernando Gómez, Orbegozo, Conde, contra los señores Baños, Félix Restrepo, general Gómez, Estévez, Ildefonso Méndez, expresando el último que su voto había sido negativo por cuanto él quería que el obispo de Mérida fuese extrañado inmediatamente, sin previo requerimiento, que ya antes había despreciado su ilustrísima.

   Después de todo esto el señor presidente nombró para componer la diputación que debe presentar al supremo poder ejecutivo la ley fundamental de la República en la mañana del día siguiente, a los señores general Gómez, coronel Paredes, Juan Ronderos, Escobar, Domínguez, Ibáñez.

   Y se levantó la sesión.

J. Manuel Restrepo.

   El diputado secretario,

Francisco Soto.

   El redactor,

Antonio José Caro.

 

ACTA 83. SESION DEL DIA 18 DE JULIO

   Se abrió la sesión con la asistencia de los señores presidente José Manuel Restrepo, Alejandro Osorio, Miguel Santamaría, Francisco Soto, Félix Restrepo, Vicente Borrero, Carlos Alvarez, José Antonio Borrero, Manuel Quijano, Cornelio Valencia, Pedro Carvajal, Joaquín Fernández Soto, Miguel Domínguez, Mariano Escobar, Francisco Pereira, Bautista Estévez, Nicolás Ballén, Juan Ronderos, José María Hinestrosa, Policarpo Uricoechea, Luis Mendoza, José Antonio Mendoza, Francisco Otero, Miguel Ibáñez, Francisco Orbegozo, Salvador Camacho, Pacífico Jaime, Antonio María Briceño, Ignacio Márquez, Diego Fernando Gómez, Vicente Azuero, Joaquín Plata, Miguel Tobar, Bernardino Tobar, Gabriel Briceño, Domingo Briceño, Prudencio Lanz, José Félix Blanco, José Gabriel Alcalá, Pedro Gual, Ildefonso Méndez, general Rojas, general Gómez, Cerbeleón Urbina, Francisco Conde, Miguel Peña.

   Se leyó el acta de la sesión anterior, y quedó aprobada.

   Se votó de nuevo el proyecto de decreto sobre el reverendo obispo Lazo, por la duda suscitada anoche, y quedó aprobado con la siguiente reforma: "con todos sus esfuerzos, con sus luces, con el influjo de su dignidad y con su fortuna".

   Se dio cuenta de un oficio del ministro del interior al que acompaña una solicitud del cabildo de Bogotá, en que reclama la agregación a sus propios de la renta del camellón, y se mandó pasar a la comisión 2a de hacienda.

   A la misma se mandó pasar también otro oficio del mismo ministro al que acompaña una consulta de los ministros del tesoro público de aquella capital, en orden a varias dudas que se les ofrece en el ajuste de los sueldos de los ministros del tribunal de justicia.

   A la comisión de legislación se determinó pasase otro oficio del mismo ministro al que acompaña una solicitud del vicepresidente de Cundinamarca sobre arreglo y dotación de las secretarías de aquella vicepresidencia.

   Se leyó el informe de la comisión de legislación sobre la consulta del vicepresidente de Cundinamarca acerca de las instrucciones que le pide el general Sucre para el arreglo del departamento de Quito, y puesto a votación quedó aprobado.

   En seguida se procedió a la segunda discusión de la sección 1a del título 6° del proyecto de constitución, sobre lo que propuso el señor Márquez que la alta corte de justicia sea tribunal de casación, que conozca de recursos de injusticia notoria, y que para evitar en cuanto sea posible el peligro de soborno o cohecho en sus ministros, además de las cualidades requeridas por la constitución, se exija una propiedad raíz en los individuos que hubiesen de nombrarse; a lo que contestó el señor Santamaría diciendo no haber tal necesidad, porque además de que la perpetuidad o inamovilidad de sus empleos y los sueldos que disfrutan los ponen al abrigo de aquel riesgo, regularmente los letrados no tienen propiedades, porque las consumen en su educación y estudios; que exigiéndose semejante propiedad es menester determinarle su valor, y acaso sucedería que muchos sujetos aptos para aquel ministerio no podrán obtenerlos por carecer de aquel requisito; de cuya opinión fue también el señor Méndez (Ildefonso).

   El señor Tobar (Miguel) apoyó el dictamen del señor Santamaría, y añadió que no sólo no debían tener propiedades porque ellas dan lugar a conexiones y a distraerse de su ministerio en los individuos que las poseen, sino que si fuese posible no debían ser casados o a lo menos prohibírseles contraer matrimonio dentro de cierta distancia, porque el peligro del cohecho es muy despreciable en comparación de los comprometimientos a que obliga una mujer. Que igualmente era de dictamen que no fuesen nativos del país donde ejerciesen sus funciones; que se les asignasen pingües dotaciones y que si poseyesen propiedades fuese a gran distancia, o en otra jurisdicción que la suya.

   El señor Santamaría repuso que no sólo no convenía el que el matrimonio fuese un obstáculo para ser ministro de justicia, sino que en su dictamen deberían ser preferidos los casados a los que no lo fuesen, porque además de que el matrimonio es de promoverse por todos los medios, es demasiadamente sabido que el casado tiene más obligaciones de ser hombre de bien que no el célibe.

   El señor Ildefonso Méndez indicó, con referencia al artículo 142, que la expresión por lo menos es superflua, porque el número de los ministros debe ser fijo y cierto, y así era de declararse terminantemente si son cinco, siete o más, y el señor Ignacio Méndez expuso que siendo muy factible que muchas causas tengan su iniciativa en la alta corte de justicia, es indispensable haya dos salas para que en una se juzguen en primera instancia y en la otra en segunda, y que no siendo suficientes cinco individuos para llenarlas, debe aumentarse su número.

   Se dio por bastantemente discutida esta sección, y se pasó a la segunda del mismo título, sobre que no se ofreció otra objeción que la que puso el señor Miguel Tobar en el artículo 150, diciendo no entender por qué los ministros de las cortes superiores han de ser nombrados a propuesta de la alta corte de justicia, y no de los representantes; con lo cual se pasó a la segunda discusión de la sección 1a del título 7°.

   El señor Briceño (Antonio María), con referencia al artículo 153, dijo que los intendentes departamentales no deben ser agentes inmediatos del presidente de la República, como allí se determina, sino de los respectivos ministros, o si no, es menester borrar el artículo 140, donde se declara que cada secretario es jefe del ramo o departamento que le está encargado.

   El señor Briceño (Domingo) expuso que las atribuciones de los intendentes están muy diminutas, no diciendo una sola palabra sobre lo militar, pues si son como los vicepresidentes departamentales existentes, serán jefes políticos y militares, pero si se establece en cada departamento un jefe militar independiente del intendente, da margen a una continua lucha entre sus respectivas autoridades, lo que acarreará perjuicios de enorme trascendencia, y que para evitarlos era de concepto que si se establecen gobiernos militares sean con dependencia de los respectivos intendentes.

   Se declaró suficientemente discutida esta sección, y se pasó a la 2a del mismo título, sobre la que no habiéndose ofrecido reparo alguno que objetar, se dio por discutida la segunda vez, y en su virtud dispuso el señor presidente se leyese el proyecto de ley presentado por la comisión de educación pública para fundar escuelas de primeras letras en todas las parroquias de la República, y después de leído se determinó proceder a la primera discusión de sus primeros siete artículos.

   El señor secretario Soto, contrayéndose al artículo 7°, dijo que en las parroquias donde no haya cabildos, no debe en su concepto formare por el pueblo la terna para el nombramiento de maestro, sino por la junta que el artículo 3° previene se forme para hacer el repartimiento que debe cubrir el sueldo de aquél.

   El señor Briceño (Antonio María) expuso que como una vez declarados los indios ciudadanos debe refundirse el valor de sus resguardos en la masa de bienes del Estado, y siendo por otra parte muy poco (y ninguno en muchas partes) el remanente de los propios, es consiguiente que vendrían a quedar reducidos los fondos destinados para dotación de las escuelas a solas las suscripciones o reparticiones que no tendrán lugar en mucho número de parroquias por la actual miseria. Que se dice que los gobernadores sean quienes nombren los maestros a propuesta de los respectivos cabildos o juntas de vecinos, pero que no se expresa qué clase de maestros deben ser éstos, cuando, en su concepto, las cualidades que son de exigirse en ellos deben ser, si no mayores, al menos iguales a las de los representantes. Que nada se dice de su examen ni quién debe examinarlos, pues aunque no es de necesidad que sea un sabio el que se elija para maestro, debe ser un hombre de luces, de principios, de moral y de buena educación. Que su dotación debe ser lo más pinge posible. Que las escuelas que en la actualidad está fundando el reverendo obispo Lazo contrapesan a las que establece el proyecto, cuyos maestros puestos por él no producirían los mejores resultados, y que por lo mismo era de dictamen deber declararse que todas las escuelas deben cimentarse por el mismo modelo de las del proyecto.

   El señor secretario Soto contestó que lo del sobrante de resguardos alude a un decreto del Libertador presidente, en que previene deben arrendarse y que siempre hay sobrantes; que es cierto que los propios no alcanzan en algunas partes a cubrir sus atenciones, pero que en otras hay sobrantes, como en el Socorro y San Gil, y en aquellas donde no los haya tiene lugar la suscripción y repartición; que conviene con el señor preopinante, en cuanto al examen, pero que no le parece conveniente se indique en la ley quiénes sean esos examinadores ni los puntos a que debe contraerse el examen.

   El señor Domingo Briceño dijo que la ley es muy útil, pero que no tiene otro patrocinador que el común de las demás leyes, siendo así que la educación pública es en sus resultados el punto de la más alta importancia y de la mayor trascendencia; que en su concepto, [es] el patrocinador más a propósito que puede ponérsele a una sociedad de amigos del país que debe establecerse en las cabezas de provincia, cuyo principal objeto sea extender, averiguar, celar y tratar del cumplimiento de la ley y examinar a los maestros; que con semejante establecimiento se logran dos cosas: primera, una fuerza creadora, y segunda, los elementos y bases sobre que deben fundarse las escuelas, pues las juntas arbitrarán los medios de adquirir los fondos necesarios para su fundación, ya que en todas las provincias no son iguales los productos de propios y resguardos,