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Beijing Plus 10: An Ambivalent Record on Gender Justice

Molyneux, Maxine and Razavi, Shahra (2006) Beijing Plus 10: An Ambivalent Record on Gender Justice. Reporte técnico. United Nations Research Institute for Social Development, Géneva, Switzerland.

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Resumen

La Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (la “Conferencia de Beijing”) fue un acontecimiento histórico desde el punto de vista de las políticas, pues en ella se estableció un marco mundial de políticas para hacer progresar la igualdad de género. Trascurridos 10 años desde la Conferencia de Beijing, en marzo de 2005, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas presidió una reunión intergubernamental que tuvo lugar en Nueva York para examinar los avances alcanzados en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en virtud de la Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción. Este acontecimiento, conocido como “Beijing +10”, tuvo un perfil decididamente bajo. Su meta no era definir una agenda, sino confirmar la agenda existente; no se proponía formular políticas, sino afirmar las existentes. La pregunta que se hacen muchos movimientos femeninos internacionales es si este evento forma parte de un esfuerzo mundial en curso a favor de la igualdad de género o si señala el deterioro de este proceso. En el presente trabajo, que se alimenta de la investigación que se hiciera para el informe de UNRISD titulado Igualdad de género: La lucha por la justicia en un mundo desigual, se reflexiona sobre la historia ambivalente de los avances que han logrado las mujeres en las últimas décadas y se examina la forma en que el entorno de políticas ha cambiado durante todo el tiempo transcurrido desde que se celebrara el evento que ha constituido el punto culminante de los movimientos femeninos mundiales. A partir de una serie de indicadores utilizados comúnmente para medir el “avance de la mujer”, el documento sostiene que el historial de logros en materia de igualdad de género es más ambivalente y las influencias causales más diversas y menos unidireccionales de lo que en ocasiones se supone. También se indica que las políticas de desarrollo tienen un importante papel que desempañar para garantizar la obtención de resultados y que la primera fase de las reformas estructurales (que datan desde principios de los años 80) fue en muchos sentidos negativa para la mujer. En los 10 años transcurridos desde la Conferencia de Beijing, se han dado algunos cambios importantes en la política de desarrollo internacional y una valoración cada vez mayor de la necesidad de formular políticas sensibles a la cuestión de género. Para finales de los años 80, el “fundamentalismo de mercado” y la terapia de choque habían perdido buena parte de su atractivo, abriendo así espacio para nuevas ideas y enfoques sobre políticas y prácticas de desarrollo. El creciente descontento con los efectos sociales de las reformas y las críticas que han formulado importantes economistas de las instituciones financieras internacionales (IFI) han generado un cambio de políticas que con frecuencia se denomina el “Consenso post-Washington”. Las nuevas políticas han demostrado una disposición a brindar mayor atención a las inquietudes sociales y políticas, lo cual puede constatarse en conceptos como “capital social” y “buen gobierno”. La política social y, en especial, la reducción de la pobreza lograron ascender en la escala de prioridades internacionales durante los años 90. No obstante, tras este aparente consenso que se forjase en torno al vocabulario compartido de “pobreza” y “protección social”, existen interpretaciones encontradas de la política social en razón de las diferencias en cuanto a los valores, prioridades y visiones de la responsabilidad del Estado. Existen serias preocupaciones sobre si se está brindando o pueden brindarse opciones sostenibles para superar la pobreza en un contexto donde no existen medidas apropiadas de creación de empleos y de regeneración regional. Habida cuenta de que la mayor parte de la responsabilidad por el trabajo doméstico no remunerado recae sobre la mujer y que tiene menos acceso al dinero y a las oportunidades de generación de ingresos, es probable que la redefinición de la responsabilidad del Estado y el papel preponderante conferido a las fuerzas de mercado incidan negativamente sobre el tiempo y el acceso de la mujer a los beneficios sociales. El retiro del fundamentalismo de mercado ha permitido una rehabilitación parcial de la función del Estado como actor protagónico en el desarrollo, y se ha enfatizado el “buen gobierno” a través de la democracia, la participación, la descentralización y la integración de la sociedad. Una interpretación integral de la agenda del “buen gobierno” abarcaría la liberalización política, la participación, los derechos humanos y atender los problemas de desigualdad social como parte del compromiso fundamental con la democracia. Esta agenda comprendería cuestiones como la legitimidad del Estado y problemas de capacidad y rendición de cuentas que los movimientos sociales y los movimientos femeninos han confrontado durante décadas. Si bien las reformas de la gobernanza pueden y deben atender las cuestiones relativas a la legitimidad del gobierno y la participación pública de los grupos socialmente marginados, tales reformas se han visto frecuentemente dominadas por una preocupación más limitada. De allí que, si bien la reciente atención que han prestado los donantes al “buen gobierno” es un acontecimiento positivo, mucho depende de cómo se interprete tal hecho. Una buena parte depende de si, por un lado la democratización de la política y la participación de los grupos sociales marginados se entienden como parte integral de los objetivos de la reforma y se incorporan al cambio institucional y, por otro lado, si la reducción de las desigualdades sociales y de género figura entre los principios fundamentales que orientan el programa de transformación institucional del Estado. Existen algunos aspectos del actual clima político internacional que limitan las posibilidades de que esto se cristalice, a saber, el aumento del poder político de las fuerzas conservadoras en los Estados Unidos y otros países y los sucesos del 11 de septiembre. Aunque el primero de estos hechos ha llevado a la adopción, por parte de Estados Unidos y con el apoyo de las fuerzas religiosas, de políticas conservadoras en cuanto a los derechos reproductivos y sexuales de la mujer, el último ha llevado a que se preste más atención y se asigne más financiamiento a la “seguridad”, en detrimento del desarrollo y los derechos humanos. En este trabajo se analizan la forma en que estos cambios en la política y el clima político internacionales en la última década han propulsado el surgimiento de nuevos problemas y desafíos para quienes participan en los movimientos femeninos mundiales., The 1995 Fourth World Conference on Women (the “Beijing conference”) was a landmark in policy terms, setting a global policy framework to advance gender equality. Ten years after Beijing, in March 2005, the UN’s Commission on the Status of Women presided over an intergovernmental meeting in New York to review the progress achieved on the commitments made in the Beijing Declaration and Platform for Action. This “Plus Ten” event was decidedly low key. Its aim was not agenda setting but agenda confirming; not policy formulation, but policy affirmation. Whether it proves to be part of an ongoing worldwide movement in support of gender equality, or whether it marks the decline of that process, is a question that many in international women’s movements are asking. This paper, drawing on research undertaken for the UNRISD report, Gender Equality: Striving for Justice in an Unequal World, reflects on the ambivalent record of progress achieved by women over the last decades and considers how the policy environment has changed over the period since the high point of the global women’s movements. Drawing on a number of commonly employed indicators of “women’s progress”, the paper argues that the record of achievement regarding gender equality is more ambivalent, and the causal influences more diverse and less unidirectional than is sometimes assumed. It also argues that development policies have an important role to play in securing outcomes, and that the first phase of the structural reforms (dating from the early 1980s) was in many respects negative for women. In the ten years since the Beijing Conference there have been some significant shifts in international development policy along with a growing appreciation of the need to develop gender aware policies. By the end of the 1980s, “market fundamentalism” and shock therapy had lost much of their appeal, opening up a space for new ideas and approaches in development policy and practice. Growing discontent over the social effects of the reforms, as well as criticism from leading economists in the international financial institutions have brought about a policy shift, which is sometimes referred to as the “post- Washington Consensus”. The new policies have shown a willingness to give social and political concerns greater attention, expressed under indicative headings such as “social capital” and “good governance”. Social policy and, in particular, poverty relief moved up the scale of international priorities in the 1990s. But behind the apparent consensus forged by a shared vocabulary of “poverty reduction” and “social protection”, there are conflicting understandings of social policy based on different values, priorities and understandings of state responsibility. There are serious concerns over whether sustainable routes out of poverty are being provided or can be provided in the absence of appropriate job creation measures and regional regeneration. Given women’s greater share of responsibility for unpaid care work and their less advantageous access to cash and income-earning opportunities, the redefinition of state responsibility and the greater role given to market forces are likely to impact adversely on their time and their access to social benefits. The retreat from market fundamentalism has seen a partial rehabilitation of the state as a significant actor in development, and emphasis has been placed on “good governance” through democracy, participation, decentralization and community ownership. A broad understanding of a “good governance” agenda would embrace political liberalization, participation and human rights, and would address problems of social inequality as part of a fundamental commitment to democracy. Such an agenda would encompass the kinds of issues of state legitimacy, capacity and accountability that social movements and women’s movements have confronted for decades. Although governance reforms can and should address issues of government legitimacy and the public participation of socially excluded groups, they have often been dominated by a much narrower preoccupation. Hence, while the recent donor attention to the question of “good governance” is to be welcomed, much depends on how it is interpreted. A great deal depends on whether the democratization of politics and the participation of marginalized social groups are seen as integral to reform objectives and are embraced in institutional change; and on whether reducing social and gender inequalities are among the core principles guiding the programme of state institutional transformation. There are aspects of the current international political climate that place limits on this occurring, namely the rise to political power of conservative forces in the United States and elsewhere, and the attacks of 11 September 2001. While the first has seen the adoption by the United States of conservative policies with respect to women’s reproductive and sexual rights, supported by religious forces, the latter has focused more attention and funding on “security” at the expense of development and human rights. The Paper examines how this ensemble of changing international policy and political climate over the past decade has given rise to new issues and challenges for those active in global women’s movements., La Quatrième Conférence mondiale sur les femmes (dite “Conférence de Beijing”), tenue en 1995, a marqué un tournant en définissant dans les grandes lignes les politiques à appliquer dans le monde pour progresser vers l’égalité des sexes. Dix ans après Beijing, en mars 2005, la Commission de la condition de la femme de l’ONU a présidé une reunion intergouvernementale à New York pour examiner dans quelle mesure les engagements pris dans la Déclaration et le Programme d’action de Beijing avaient été honorés. Cette réunion “Plus 10” s’est faite résolument discrète. Son but était non pas d’établir un programme mais de le confirmer, non pas de définir des politiques mais de les réaffirmer. S’inscrit-elle dans une évolution mondiale favorable à l’égalité des sexes ou marque-t-elle le déclin du processus? C’est une question que beaucoup se posent dans les mouvements féminins internationaux. Ce document, qui s’inspire de recherches effectuées pour le rapport de l’UNRISD, Egalité des sexes: En quête de justice dans un monde d’inégalités, revient sur le bilan contrasté qui a été dressé des progres accomplis par les femmes au cours des dernières décennies et étudie en quoi l’environnement politique a changé depuis ce moment fort dans la vie des mouvements féminins. Se fondant sur un certain nombre d’indicateurs couramment employés pour mesurer les “progrès des femmes”, les auteurs font valoir que les réussites en matière d’égalité des sexes sont plus ambivalentes et les causes plus diverses et moins unidirectionnelles qu’on ne le suppose parfois. Elles montrent aussi que les politiques de développement contribuent largement aux résultats et que la première phase des réformes structurelles (qui remonte au début des années 80) a été, à bien des égards, néfaste pour les femmes. Au cours des dix ans qui se sont écoulés depuis la Conférence de Beijing, la politique internationale du développement a connu des revirements importants et l’on a pris conscience de la nécessité de définir des politiques prenant en compte le genre. A la fin des années 80, le “fondamentalisme marchand” et la thérapie de choc avaient perdu beaucoup de leur attrait, laissant place à des idées et approches nouvelles dans la politique et la pratique du développement. Le mécontentement croissant suscité par les répercussions sociales des réformes, ainsi que les critiques formulées par des économistes haut placés dans les institutions financières internationales (IFI) ont entraîné un changement de politique que l’on appelle souvent “l’après-Consensus de Washington”. Les nouvelles politiques ont témoigné de la volonté d’accorder plus d’attention aux préoccupations sociales et politiques, qui s’est manifestée par l’emploi de titres révélateurs comme “capital social” et “bonne gouvernance”. Dans les années 90, la politique sociale et, en particulier, la réduction de la pauvreté ont remonté dans l’échelle des priorités. Mais bien que l’emploi d’un vocabulaire commun, celui de la “pauvreté” et de la “protection sociale”, donne l’apparence d’un consensus, la politique sociale fait l’objet de conceptions contradictoires qui reposent sur des valeurs, des priorités et des représentations différentes de la mission de l’Etat. Est-il possible d’arracher durablement des populations à la pauvreté en l’absence de mesures suffisantes de création d’emplois et de relance des régions? La question suscite de sérieuses préoccupations. Les femmes assumant une plus grand part des soins non rémunérés et ayant moins d’occasions d’être rétribuées en espèces et de percevoir un revenu, la redéfinition de la responsabilité de l’Etat et le rôle plus grand laissé au marché risquent de se traduire pour elles par une limitation de leur temps libre et un moindre accès aux avantages sociaux. Le recul du fondamentalisme marchand s’est accompagné d’une réhabilitation partielle de l’Etat comme acteur important du développement et l’accent a été mis sur une “bonne gouvernance”, réalisable par la démocratie, la participation, la décentralisation et la réappropriation par la population. Un programme de “bonne gouvernance”, compris au sens large, couvrirait la libéralisation politique, la participation et les droits de l’homme et amènerait à s’attaquer aux inégalités sociales comme engagement fondamental à la démocratie. Un tel programme engloberait aussi les questions de la légitimité de l’Etat, de sa capacité et de son obligation de rendre des comptes, ce que réclame les mouvements sociaux et féminins depuis des décennies. Bien que les réformes de la gouvernance puissent et doivent tenter de résoudre les questions de la légitimité gouvernementale et de la participation aux affaires publiques des groupes sociaux exclus, leur souci dominant a été souvent beaucoup moins noble. Ainsi, s’il faut se réjouir de l’attention que les donateurs accordent depuis peu à la “bonne gouvernance”, encore faut-il savoir ce que l’on entend par là. La démocratisation politique et la participation des groupes sociaux marginalisés font-elles partie intégrante des objectifs de réforme et sont-elles inscrites au programme du changement des institutions? La réduction des inégalités sociales et entre les sexes figure-t-elle parmi les principes de base qui doivent guider la transformation des institutions de l’Etat? Certains aspects du climat politique international actuel, notamment l’arrivée au pouvoir de forces conservatrices aux Etats-Unis et ailleurs et les attentats du 11 septembre, freinent cette évolution. Si l’arrivée au pouvoir de forces conservatrices aux Etats-Unis a eu pour consequence l’adoption, avec l’appui de forces religieuses, de politiques conservatrices sur les questions des droits des femmes en matière de procréation et de sexualité, les attentats du 11 septembre ont focalisé l’attention et les crédits sur la “sécurité” au détriment du développement et des droits de l’homme. Les auteurs examinent comment ces différents facteurs, qui ont modifié la politique internationale et le climat politique depuis dix ans, ont été pour ceux qui militent dans les mouvements féminins à travers le monde à l’origine de nouvelles questions et difficultés.

Tipo de documento:Documento de trabajo - Monograph (Reporte técnico)
Palabras clave:Conferencia de Beijing, Derechos Humanos, Reconocimiento de Derechos, Igualdad de Género, Movimiento Social de Mujeres, Equidad de Género, Justicia de Género, Social Policy, Social Movements, Identity Policy
Temática:3 Ciencias sociales / Social sciences
3 Ciencias sociales / Social sciences > 36 Problemas y servicios sociales, asociaciones / Social problems & social services
Unidad administrativa:Proyectos Temáticos > Biblioteca Digital Feminista Ofelia Uribe de Acosta BDF > Derecho, legislación y políticas públicas
Proyectos Temáticos > Biblioteca Digital Feminista Ofelia Uribe de Acosta BDF > Economía, globalización y desarrollo
Proyectos Temáticos > Biblioteca Digital Feminista Ofelia Uribe de Acosta BDF > Movimiento de mujeres y feministas
Código ID:39695
Enviado por : Biblioteca Digital BDEFG
Enviado el día :28 Julio 2014 10:02
Ultima modificación:01 Junio 2015 21:50
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